Argentina y el dilema del gasto publico

Por Gabriel Boragina Publicado  el 22/8/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/08/argentina-y-el-dilema-del-gasto-publico.html

 

“El gobierno nacional y las provincias anunciaron el acuerdo para dictar una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Con este consenso se espera facilitar el tratamiento en el Congreso y la posterior adhesión de cada jurisdicción. El objetivo declarado es inducir a que en los tres niveles de gobierno se tienda a una administración más transparente y austera del gasto público. Para ello, se fijan límites al crecimiento del gasto público, el empleo y el endeudamiento y reglas para la publicación de información sobre las finanzas públicas.“[1]

Difícilmente estos objetivos se vean realizados con una simple reforma de la ley (en caso de lograrse) si no se modifica la política económica del gobierno. Como ya expresamos en otras ocasiones anteriores, la política económica del poder ejecutivo se encamina decididamente hacia una estrategia de tipo desarrollista. Prueba de ello son los discursos y los hechos concretos del gobierno en los que ambos se orientan a ambiciosos planes de obra pública, los que incluyen tanto la de infraestructura como habitacional. Sabido es que la obra pública, sea que la lleve a cabo el propio gobierno o la concesione a particulares, necesita recursos del Estado, y esos fondos imprescindiblemente se traducirán en incrementos del gasto público. Ergo, dificultosamente se pueda comprometer a través de esta ley mayor austeridad (la que también debería definirse claramente) cuando la política económica de fondo reclama una menor austeridad.

“La Ley de Responsabilidad Fiscal originalmente fue puesta en vigencia en el año 2005, pero a partir del año 2009 las reglas fueron relajadas al punto que se diluyó su operatividad. El argumento utilizado en ese momento para justificar las excepciones fue afrontar las consecuencias de la crisis internacional. La crisis pasó rápidamente, pero el relajamiento en la administración del gasto público se mantuvo. Con las reformas acordadas ahora se procura restablecer el espíritu original que inspiró en su momento la ley.“[2]

A ello hay que sumar lo dudoso que resulta que por medio de una ley se logre evitar los desbordes que, tanto los políticos como quienes los apoyan, promueven para que esas mismas leyes terminen infringidas. La ley se sancionó en 2005 y no consumó sus cometidos, en buen romance significa que ni el propio gobierno de entonces la cumplió ni tampoco hubo una exigencia de la ciudadanía en que se la observe. Ahora se trata de impulsar una nueva ley o una reforma (no queda claro el punto). Pero la cuestión clave sigue siendo el poco respeto de la ciudadanía (políticos incluso) de las leyes, que si bien se declaman, en los hechos se incumplen o se violan, en el mejor de los casos. Artilugios legales basados en la crisis internacional determinaron la inoperatividad de la ley (que técnicamente como tal puede ser excelente).

“Para evaluar la eficacia de las reformas consensuadas resulta pertinente tener en cuenta la dinámica que muestran las finanzas públicas en los tres niveles de gobierno en los últimos años. Según datos del Ministerio de Hacienda entre los años 2005 y 2015 se observa que:

* El gasto público nacional pasó del 14% al 26% del PBI.

* El gasto público provincial pasó del 12% al 17% del PBI.

* El gasto público municipal pasó de 3% a 4% del PBI”

Estos datos muestran que lo que prevaleció en la última década fue una enorme irresponsabilidad fiscal. Sumando los tres niveles de gobierno arroja que el gasto público consolidado pasó del 29% al 47% del PBI. De esta forma, el histórico crecimiento de la presión impositiva no fue suficiente para financiar semejante expansión de las erogaciones del Estado. El resultado es un desequilibrio de las cuentas públicas insostenible. El aspecto más negativo de este proceso es que este aumento de gasto público no brindó más y mejores servicios del Estado. Los resultados educativos, sanitarios, en materia de justicia y seguridad y servicios básicos en general muestran un severo deterioro.“[3]

Gasto público consolidado

Nación, provincias y municipios // En % del PBI

Si se considera que el objeto del gasto público es la educación, la sanidad, la justicia, seguridad y servicios básicos (no se aclara que significa esto último, porque lo básico para unos puede ser superfluo para otros), indicados -al mismo tiempo- que con los niveles de gasto explicitados anteriormente aun así aquellos rubros “muestran un severo deterioro”,¿qué puede esperarse si a todo esto (que a nuestro juicio es excesivo) se le agrega -además- un ambicioso plan de obras públicas que pretende abarcar a todo el país?. La única solución a este dilema es privatizar y desregular toda la economía, remedio que causa rechazo generalizado, ya que se lo asocia a la triste y malograda experiencia adoptada en los años 90 cuando se le dio ese nombre a la trasferencia de monopolios estatales a otros privados, se desreguló muy poco y mal, se financió todo con endeudamiento, y se implantó una política monetaria de tipo de cambio fijo en lugar de libre.

Pero, calculamos que difícilmente el gobierno vaya en esta dirección. El desarrollismo implícito que inspira la filosofía económica del presidente Macri y su equipo es claramente intervencionista, cree en un rol activo del estado-nación en la economía. Pero, adicionalmente, a ese desarrollismo le añade otro ingrediente -que no era propiamente desarrollista- y que es el asistencialismo, que está asociado con el populismo y el estado de bienestar.

“Las reformas acordadas sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal van en el sentido correcto. Sin embargo, resultan insuficientes para devolver sustentabilidad a las finanzas públicas, aun cuando todas las jurisdicciones se ajusten estrictamente a las pautas previstas.“[4]

Aunque los autores del informe no aclaran a qué tipo de insuficiencias se refieren, en el caso de ser las señaladas en los párrafos anteriores por nosotros podemos estar básicamente de acuerdo con ellos. Hace falta una profunda reforma del estado en el sentido apuntado por nosotros más arriba: desregular y privatizar todos los sectores económicos y reservar al gobierno el control de las leyes, la justicia y la seguridad, y… no más.

[1] IDESA. “RÉCORD DE GASTO PÚBLICO CERCENA EL PROGRESO”. Informe del 20 de agosto de 2017 – Número 718 (todas las negrillas corresponden al texto original).

[2] IDESA, Op. Cit. Ídem.

[3] IDESA, Op. Cit. Ídem.

[4] IDESA, Op. Cit. Ídem

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Metas fiscales sinceras para el nuevo ministro de Hacienda

Por Adrián Ravier. Publicado el 3/1/17 en: http://www.infobae.com/opinion/2017/01/03/metas-fiscales-sinceras-para-el-nuevo-ministro-de-hacienda/

 

Fijar metas sobre el déficit fiscal consolidado tiene sus dificultades, pero al menos no se le estará mintiendo a la gente

La selección del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, parece acertada. En sus primeras palabras en la nueva función reconoció que el Gobierno está “administrando recursos de terceros, de la sociedad”, palabras que son lógicas pero que escaseaban en las bocas de los pasados ministros del área. Durante décadas la irresponsabilidad fiscal ha sido la norma.

Los titulares de los diarios expresan los tres objetivos que se plantea el nuevo ministro: “Bajar el déficit, subir el gasto de infraestructura y disminuir impuestos distorsivos”. No hace falta ser economista para notar la obvia inconsistencia entre ellos. Haría mucho bien que el Gobierno sustituyera la idea de gasto público en infraestructura por incentivos a la inversión privada, a través de concesiones a empresas multinacionales especializadas en distintas áreas, que de hecho ha sido la norma en el desarrollo de infraestructura de la región en los últimos 25 años.

Pero esta nota tiene otro objetivo, que es cuestionar las metas fiscales que se propone el Gobierno. En pocas palabras, el objetivo de Dujovne es similar al que tenía Alfonso Prat-Gay, en reducir el déficit fiscal primario de nación del 4,8% actual (a confirmarse en los próximos meses) hasta 3,3% para 2017 (aun cuando el presupuesto lo estima en 4,2%), del 1,8% para 2018 y del 0,3% para 2019.

El éxito del blanqueo y la esperada recuperación de la actividad económica ayudan a tener cierto optimismo de corto plazo respecto del cumplimiento de estas metas, pero bien podría ocurrir que las metas se alcanzaran y, sin embargo, el déficit fiscal consolidado, que es el que importa, se mantuviera en los preocupantes niveles actuales.

En primer lugar, el déficit consolidado debería tener en cuenta tanto el que alcanza la nación como el que alcanzan las provincias y los municipios. Afortunadamente, Dujovne ha tenido en cuenta este factor, al menos en el objetivo de comprender a las provincias en algún tipo de ley de responsabilidad fiscal. No puede dejar de mencionarse aquí la defensa que ensaya Domingo Cavallo cuando lo atacan por su gestión en materia fiscal durante el menemismo. Lo cierto es que alcanzó cierto equilibrio fiscal en nación, pero los déficits que acumularon las provincias llevaron al país a la ruina. Por más que el ex ministro lo niegue, era su responsabilidad acordar un equilibrio fiscal en los tres niveles y no sólo a nivel nacional.

En segundo lugar, el déficit consolidado debe considerar los intereses de la deuda. Es sabido que Argentina emprendió este año un programa de transición excesivamente gradual apoyado sobre el endeudamiento público. La medida se justifica quizás en cuestiones políticas y sociales, pero lo cierto es que Argentina cuenta con una deuda que gradualmente elevará los intereses por la deuda pública.

Si Argentina establece metas fiscales enfocadas sólo sobre el déficit primario, no contemplará el déficit que acumula por la vía de los intereses de la deuda. Bien puede ocurrir que las metas se alcancen, reduciendo, por ejemplo, el déficit primario de 4,8% al 3,3%, pero al mismo tiempo se eleve el déficit consolidado por la vía de los intereses de la deuda. La hipótesis resulta bastante probable considerando las necesidades de deuda que tiene el país para este ejercicio.

Argentina puede alcanzar la meta en 2019 de un 0,3% de déficit fiscal primario para nación, pero todo su alcance puede verse neteado si no se contiene el déficit de provincias, y si los intereses de la deuda aumentan en los próximos tres años.

Nuestro país bien podría cerrar 2019 alcanzando las metas fiscales, pero con un déficit consolidado de 4,6 por ciento. Se podrían cumplir las metas fiscales, que las provincias mantuvieran el déficit actual y que los intereses se incrementaran un 0,2% cada año. No parece ser un escenario pesimista.

Fijar metas sobre el déficit fiscal consolidado tiene sus dificultades, pero al menos no se le estará mintiendo a la gente afirmando que el desequilibrio fiscal estará resuelto. Tal como están planteadas las metas fiscales, Argentina sólo cambiará la composición de las partidas, pero el déficit fiscal seguirá siendo parte de nuestra historia con sus obvias consecuencias lógicas: presión tributaria récord, altísima inflación, o explosión de la deuda y altos intereses para la inversión.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.