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Inflación y gasto

Por Gabriel Boragina Publicado  el 7/5/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/05/inflacion-y-gasto.html

 

Existe la creencia, y en algunos casos la convicción, no sólo entre personas comunes sino también entre nombrados economistas que, en tanto la inflación constituye un problema económico, el gasto publico (en rigor, del gobierno) no lo es, o -al menos- no lo es tanto como la primera. No parece advertirse, en muchos casos, que existe una correlación entre esta y aquel. Políticos, periodistas -e incluso- economistas claman por reducir la inflación pero, casi al mismo tiempo, suelen afirmar que el gasto estatal es “inflexible a la baja”. Esta muletilla, que tiene mucho de dogma y poco de juicio racional, se ha popularizado a través de los tiempos, hasta convertirse en una especie de máxima económica.

“Quizás exista aún alguna esperanza de que los socialistas democráticos se den cuenta de aquello que sus antecesores, los Conservadores, no observaron, principalmente que la causa fundamental de la inflación es el excesivo gasto del gobierno y que todas las normas sobre precios y salarios en el mundo no acarrearán el bienestar económico hasta que el Gobierno ponga su propia casa en orden.”[1]

La concatenación es clara y debería ser sencilla de observar por parte de los que hablan a diario del tema. Cuando el gasto del gobierno supera un cierto límite (y siempre -o muy a menudo- lo excede) los métodos previstos para sufragarlo ya no son suficientes, y se hace necesario echar mano a otros recursos. Conforme hemos visto antes, la manera legal de costear el gasto gubernamental es a través de los impuestos. Y decimos “legal” en virtud de que así debe estar determinado previamente en la ley de presupuesto de la nación. Cuando los fondos fiscales son inferiores a los gastos, y la curva de Laffer hace sentir sus típicos efectos, los gobiernos recurren a la inflación.

“Tal vez la prioridad número uno sea una disminución, aunque gradual, del gasto público; el gasto del gobierno y su administración deben equipararse con los impuestos si se desea reestablecer el equilibrio monetario en la economía inflacionaria. En un grado mucho menor, los controles de salarios podrían cumplir una función breve y de importancia “cosmética” en la reducción de las expectativas relativas a los incrementos de precios, reduciendo la propensión marginal de los individuos a consumir, y preparando al país para reducciones en la prestación de servicios por parte del Gobierno.”[2]

En realidad, la solución final es reducir el gasto estatal al mínimo indispensable. Para lo cual, como es sabido y tantas veces hemos dicho, se hace necesario redefinir las funciones que debe cumplir un gobierno (a veces se expresa con la alocución “funciones del estado”. Es mas preciso hablar de “gobierno” porque el que gasta es este y no el estado-nación en su conjunto). Es importante para ello entender que, allí donde las funciones estatales se expanden implica en forma automática una congrua contracción de las actividades de los particulares (individuos y empresas). Como con meridiana sabiduría ha enseñado el profesor Ludwig von Mises, por cada peso que gasta el “estado” habrá un peso menos para que gasten los privados. Si con el objetivo de costear el gasto estatal el gobierno echa mano a la inflación (conforme lo hace con frecuencia), normalmente los problemas que se pretenden solucionar se agravan, como sucede con las políticas monetarias activas:

“La mayoría de las crisis financieras tienen su origen en causas macroeconómicas y el problema se propaga con base en el sistema de reservas fraccionarias y los seguros de depósito que no cumplen con los criterios de Sjaastad. Entre las causas detonantes de origen macroeconómico están las que surgen de políticas económicas que son inconsistentes en el tiempo. Por ejemplo, ha sido muy común que países con alta inflación hayan usado el tipo de cambio como ancla para estabilizar la economía. La mayoría de esos países fracasaron en estabilizar la economía por no usar una política fiscal congruente con la del tipo de cambio. No lograron la estabilización y terminaron en una crisis bancaria.”[3]

Mas que inconsistentes en el tiempo, cabria hablar de políticas económicas que son incompatibles entre sí. Entre ellas ocupan un lugar destacado los controles de todo tipo, inclusive los mas populares que son los controles de precios. Cabe considerar que fijar el tipo de cambio no es más que un control de precio como cualquier otro, la diferencia distintiva es que lo que se regula es la paridad a que debe estar una moneda respecto de otra, o de un conjunto de diferentes signos monetarios entre sí. En el caso que analiza el autor en comentario, la eclosión vino como consecuencia de no querer reducir la inflación (en verdad, no poder, saber o querer reconocer los orígenes de la misma), y -por las mismas razones- no bajar impuestos,  ni tampoco querer resignar la política expansiva del gasto estatal. Y así:

“Por ejemplo, Argentina y Chile durante los primeros años de la década del 1980. Argentina uso una tabla de devaluación prefijada y preanunciada desde diciembre de 1978 hasta febrero de 1981. Su política crediticia también tenía una tabla que era consistente con la tabla del tipo de cambio. Sin embargo, una política fiscal de aumento del gasto público generó un endeudamiento público creciente. También el sector privado se endeudó debido a que había gran liquidez internacional con tasas de interés muy bajas. Cuando fue obvio que la única manera en que el gobierno argentino podía pagar su deuda externa era no pagando la interna, el tipo de cambio fijado explotó. Esto causó un problema muy grande tanto en el portafolio de los bancos como a quienes tenían sus deudas bancarias en dólares, generando una crisis bancaria donde el fraude también encontró un clima propicio.”[4]

El anclaje del tipo de cambio y el sistema de devaluaciones programadas no solucionan -de ninguna manera- una política ampliatoria de gasto estatal que se pretende financiar con los mecanismos habituales: presión  fiscal, endeudamiento y –finalmente- inflación, a los que se apela cuando van fracasando los planes de ingeniería social y económica que se elaboran desde las esferas del poder.

[1] Robert L. Schuettinger – Eamonn F. Butler. 4000 Años de Control de Precios y Salarios. Cómo no combatir la inflación. Prólogo por David L. Meiselman. Primera Edición. The Heritage Foundation. Editorial Atlántida – Buenos Aires. Pág. 169

[2] Robert L. Schuettinger – Eamonn F. Butler. 4000 Años de Control…Ob. cit. Pág. 188

[3] Valeriano F. García. Para entender la economía política (y la política económica). Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos México, D. F. 2000. pág. 98

[4] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 98

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Crisis de deuda: una lección de la historia

Por Alejandro O. Gomez. Publicado el 18/6/2014 en: http://opinion.infobae.com/alejandro-gomez/2014/06/18/crisis-de-deuda-una-leccion-de-la-historia/

 

Como consecuencia de la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos de no revisar el fallo del Juez Thomas Griesa, el gobierno se ve inmerso en un verdadero dilema sobre cómo resolver este problema sin profundizar los costos ya asumidos por su impericia o desidia. Lamentablemente, esta no es la primera vez que el país se ve inmerso en una crisis provocada por un alto endeudamiento o condiciones macroeconómicas externas poco favorables. Veamos por caso lo que sucedió durante la presidencia de Nicolás Avellaneda (1874-1880), quien debió afrontar la crisis de 1873-76.

 

Si bien es cierto que una de las principales medidas que tomó el gobierno en su oportunidad fue la de honrar la deuda pública por sobre todas las cosas, eso no fue lo único que caracterizó el accionar del gobierno nacional en esa oportunidad. Roberto Cortés Conde en su libro Dinero, Deuda y Crisis, al referirse a Avellaneda dice: “No hubo gobierno en la Argentina que, enfrentado a una drástica caída de ingresos, haya asumido, con tanta decisión, la difícil determinación de reducir los gastos.” En estas líneas se puede apreciar la primera gran diferencia entre las medidas tomadas por las autoridades actuales y Avellaneda, me refiero a la firme decisión de bajar el gasto público.

¿Por qué el país había llegado a la crisis en 1873-76? Una respuesta muy simple sería que se gastó más de lo que ingresó. Desde 1862, el país estaba organizado definitivamente como una nación unificada, pero tenía muchas tareas pendientes, ya que entre 1810 y 1860 se había consumido sus ingresos en luchas externas e internas. La labor de los llamados presidentes fundadores (Mitre, Sarmiento y Avellaneda) era la de poner en marcha el país. Para ello se recurrió al crédito público, ya que el país no había generado recursos propios. En estos primeros años (1860-1875) la deuda  pasó de 10 millones de pesos fuertes a 40 millones. Este gran ingreso de divisas incrementó notablemente la actividad económica en un país en el que estaba todo por hacerse, sobre todo en el rubro obras públicas. Según el ministro de Hacienda, 1872 fue un año de enorme progreso económico, ya que la actividad económica estaba impulsado por el empréstito de 1870.

En este marco de euforia y crecimiento constante, el problema principal estuvo dado por el aumento desmedido del gasto. La administración pública estimó una recaudación mayor de la que finalmente obtuvo. Cortés Conde señala que “los problemas financieros tuvieron su origen en la práctica de autorizar por leyes especiales y acuerdos de gabinete gastos no previstos en el presupuesto, disponiendo para ello rentas generales, que  ya estaban afectadas”. Al finalizar el año 1874, los primeros síntomas de la crisis ya se podían apreciar, los ingresos habían caído un 20% con respecto al año anterior.  En 1876, los recursos seguían cayendo, y el gobierno nacional no podía hacer frente a los gastos presupuestados. La mayor parte de los recursos provenían de las rentas de la Aduana, y estos a su vez estaban íntimamente ligados a las exportaciones, que no habían crecido al mismo ritmo que los gastos. A esto habría que sumarle la caída de los precios internacionales de los productos agropecuarios.

Este es el panorama que tiene ante sí el presidente Avellaneda. ¿Qué medidas tomaría para salir de la misma? A mediados de 1876 envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto. En el mismo se estima una disminución del gasto en 25%; al tiempo que se establece una reducción del 15% en todos los sueldos, pensiones, jubilaciones, retiros y comisiones, lo que complicó notablemente la situación de todos los empleados públicos. De todos modos, esto no era suficiente, ya que el gobierno tenía que hacer frente a los vencimientos de deuda de corto plazo (una gran parte de los mismos estaban relacionados con el empréstito de 1870 para obras públicas). Fue ante esta dramática situación que el presidente pronunció la conocida frase:

“La República puede estar hondamente dividida en partidos internos; pero tiene sólo un honor y un crédito como sólo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay dos millones de argentinos que economizarán sobre su hambre y su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros.”

Estas palabras nos muestran el carácter del presidente Avellaneda ante una situación de crisis. Si bien, uno de los principales problemas que enfrentó fue el de la deuda pública, no agotó sus medidas en la  renegociación de la misma, sino que buscó las causas que habían llevado a la situación de insolvencia del Estado Nacional. La respuesta la encontró en el desmedido gasto público, por este motivo dispuso la reducción del mismo en todos los sectores de la administración pública, al tiempo que renegoció el vencimiento de la deuda.

Ante situaciones de crisis extremas no alcanza con quejarse de la mala suerte o la poca predisposición negociadora de los “fondos buitres” sino que hay que demostrar qué se ha hecho en todos estos años para ser un país más confiable y digno del crédito público. Claramente se aprecia que las palabras de Avellaneda no han llegado al oído de las actuales autoridades ya que el costo del mal manejo de la deuda público es algo que no sólo afecta al gobierno si no a todos los ciudadanos del presente y del futuro.

 

Alejandro O. Gomez se graduó de Profesor de Historia en la Universidad de Belgrano, en el Programa de Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Master of Arts in Latin American Studies por la University of Chicago y Doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Es profesor de Historia Económica en la Universidad del CEMA