Tratando de aguantar hasta el final, rodeada de los peores.

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 6/10/14 en: http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=160527&se=1003

Mi impresión es que CFK debe intuir que vamos hacia un desastre económico y que tal vez no llegue a fines del 2015 sin una gran crisis económica y social…

Desde mi punto de vista la salida de Fábrega del BCRA no implica haber perdido a un gran economista especializado en moneda y bancos. Haber trabajado muchos años en un banco no quiere decir que el hombre sea un conocedor de los temas monetarios y financieros, aunque sí puede ser un hábil operador. Desconozco el caso de Fábrega.

Su breve plazo por el BCRA no se caracterizó por ser muy innovador. Se limitó a devaluar (en forma insuficiente), obligar a los bancos a vender parte de sus tenencias en moneda extranjera y a endeudarse en pesos para financiar al tesoro colocando Letras del BCRA, Notas y pases. En enero el stock de LEBACs, NOBACs y pases netos era de $ 109.500 millones. El promedio de los primeros 19 días hábiles de septiembre, último dato disponible al redactar estas líneas, el stock de esta deuda había trepado a $ 211.000 millones. En ambos casos sin considerar la deuda en dólares que contrajo el Central que ronda los U$S 6.300 millones. Lo que hizo Fábrega fue sustituir parte del financiamiento al tesoro con emisión monetaria, por endeudamiento en el mercado interno duplicando esa deuda de corto plazo. Una receta que ya la hemos visto en el pasado y terminó en la hiperinflación.

¿Por qué hizo eso Fábrega? Tal vez para “comprar” tiempo para el gobierno. Devaluaba y absorbía liquidez del mercado para frenar algo la inflación pagando una tasa de interés hasta que Kicillof moderaba el desastre fiscal.

Si esa fue la estrategia, Fábrega se equivocó fiero, porque ni CFK ni Kicillof iban a bajar el gasto público. Son gastomaníacos por necesidad política y por ignorancia económica. Por necesidad política para tratar de mantener lo que le queda de clientelismo político. Por ignorancia económica porque creen que subiendo el gasto se reactiva la economía. Todavía no entendieron que el gasto público es una simple transferencia de ingresos de unos sectores de la sociedad, los que pagan impuestos, hacia otros sectores, los que reciben esos impuestos. La demanda total no se modifica salvo que se financie con deuda externa o consumiendo stock de capital. Esto último fue lo que hicieron durante 11 años y así estamos en infraestructura y nuestros ahorros para la jubilación destruidos luego que nos confiscaran lo que teníamos en las AFJP.

Qué llevó a CFK a maltratar públicamente a Fábrega para que se vaya del cargo, solo ellos los saben. Lo cierto es que, claramente, CFK, de aquí hasta el final de su mandato, solo puede rodearse de los peores elementos de la sociedad. De los menos capaces. Las razones son múltiples. En primer lugar porque nadie capaz va a formar parte de un gobierno que no tiene credibilidad. En segundo lugar, porque como la venganza y la persecución son su forma de gobierno, el trabajo sucio solo pueden hacerlo los menos cultos. Los que tienen menos valores de respeto por el otro. En tercer lugar, porque CFK tiene esa clara inclinación a exigir que la aplauda y le rindan pleitesía. Solo se puede formar parte de su gobierno si se la mira como a una líder a la que hay que rendirle honores y alabanzas. ¿Quién con formación y dignidad puede llegar a querer hacer todas esas cosas que implican arrastrarse como ser humano? De manera que, dada la tormenta económica que ha generado el gobierno, solo los peores van a tener el manejo de la nave. Y dudo que vayamos a parar a buen puerto con semejantes elementos.

Pero, al mismo tiempo, lo que podemos esperar es un gobierno cada vez más autoritario. Es que cuando uno mete la pata en economía y no quiere dar marcha atrás, solo le cabe seguir avanzando en las regulaciones y controles hasta llegar a un punto que tiene que violar derechos individuales para sostener.
Ejemplo, el déficit fiscal genera expansión monetaria para financiarlo. Esa emisión produce inflación. Como el gobierno no quiere dar marcha atrás bajando el gasto, solo le queda tratar de disimular la inflación con controles de precios. Los controles de precios llevan a escasez de productos y aparecen los mercados negros. ¿Cómo combaten la escasez? Sancionando una ley de abastecimiento que otorga poderes absolutos al gobernante destruyendo la división de poderes. El burócrata decide señala a un supuesto culpable y él mismo lo juzga y lo sanciona cobrándole una multa, metiéndolo preso o confiscándole las mercaderías. No hay derecho a la defensa para el ciudadano que queda sometido a los caprichos del gobierno que se pone cada vez más autoritario. ¿Qué clase de colaboradores se necesitan para implementar el autoritarismo? A sectores sin formación, con alto grado de resentimiento y deseos de venganza.

Mi impresión es que CFK debe intuir que vamos hacia un desastre económico y que tal vez no llegue a fines del 2015 sin una gran crisis económica y social. Si ese es el escenario, opta por rodearse de La Cámpora porque, no solo desconfía del peronismo tradicional, sino que además necesita rodearse de gente que esté dispuesta a violar todas las normas de respeto y derechos individuales para defender a su líder. En otros términos, si CFK visualiza una crisis, tal vez no por razonamiento sino porque posiblemente disponga de información que nosotros no disponemos, entonces tratará de aguantar la crisis con un grupo de incondicionales que estén dispuestos a hacer cualquier cosa para intentar sostenerla hasta el final de su mandato.

La puesta en escena que hizo el martes de la semana pasada denunciando un posible atentado contra ella desde el norte, al tiempo que se pelea con Alemania y la galaxia entera, muestra que CFK parece estar preparando la escenografía para denunciar una imaginaria conspiración que no la deja gobernar. El mejor argumento que tiene a mano para el caso que la crisis económica se transforme en crisis social. Lo que le juega en contra es que de la oposición no hay nadie que esté desesperado por acortarle su mandato. Al contrario, prefieren esperar a que le explote a ella la bomba que armó. Y ella va a tratar de estirar la mecha lo más que pueda, con La Cámpora barriendo cuánto derecho individual existe. Si eso no alcanza, la denuncia de conspiración planetaria ya está planteada.

Mientras tanto, solo cabe esperar más regulaciones, autoritarismo, creciente deterioro económico, más descontento social y ver hasta dónde aguanta CFK sin recursos para calmar el malhumor social con otra fiesta de populismo.

Un párrafo final. El BCRA acaba de anunciar que los bancos tienen que pagar una tasa de interés mínima del 23% anual. Con una inflación del 41% anual y acelerándose, intuyo que muchos dirán, con esta tasa de interés real negativa, te regalo el 23% y me quedo con los verdes.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Ley de Abastecimiento: un proyecto subjetivo y soberbio.

Por Gustavo Lazzari. Publicado el 17/9/13 en: http://opinion.infobae.com/gustavo-lazzari/2014/09/16/ley-de-abastecimiento-un-proyecto-subjetivo-y-soberbio/

 

El proyecto de ley de abastecimiento llamado “Nueva Regulación de las relaciones de producción y consumo” es una muestra más de la petulancia de los gobernantes. 

Según el proyecto el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comercio, podrá:

Regir la  compraventa, permuta, locación de cosas muebles, obras, y servicios  – materias primas directas o indirectas y sus insumos – que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento así como otro bien o servicio que satisfaga necesidades  básicas orientadas al bienestar de la población. (art 1)

Podrá a su vez, establecer márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios. 

Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción. Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios como así en la fabricación de determinados productos, dentro de “niveles o cuotas mínimas”.  Acordar subsidios, Requerir toda documentación, Exigir presentación de libros, documentos, papeles, y todo elemento relativo a la administración, realizar pericias, Proceder al secuestro de información y documentación, Crear registros y libros especiales, establecer licencias comerciales  (Art2)

Además, el proyecto autoriza a los gobernadores a fijar precios máximos en sus jurisdicciones. Si fuera mayor al precio nacional deben pedir permiso a la secretaría de comercio. (art 3)

Todo con la intención de castigar acciones privadas tales como (Art 4): Elevar artificialmente los precios no acorde a costos y obtener ganancias abusivas, revaluar existencias, (salvo autorización), acaparar materias primas o productos. Formaren existencias superiores a las necesarias, Intermediar o permitir intermediar innecesariamente, destruir mercaderías o bienes, Negar o restringir injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios. O que no la incrementaren habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación a ello. , Desviar o discontinuar el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada, No tuvieren para su venta o discontinuasen la producción de bienes o servicios con precios máximos y mínimos, márgenes de utilidad fijados.

Esta ley stalinista parte de errores conceptuales básicos, impropios de una persona que al menos respete la más elemental operatoria comercial.  Con haber atendido un mostrador de un quiosco durante unos meses alcanza para comprender que el articulado es delirante, irreal y altamente peligroso. 

Los errores conceptuales básicos son los siguientes.

  1. El proyecto considera que la información del mercado se puede captar, agrupar, decodificar y comprender.
  2. Supone además que el Estado puede hacer esa tarea.
  3. Supone además que el Estado, una vez con toda esa información, puede lograr los cálculos económicos pertintentes para saber cuánto producir, cómo, cual es el costo, cuales los precios de venta.
  4. Supone que pudiendo hacer todo eso, el Estado es inmaculado, e incorruptible
  5. Supone en definitiva que con una planilla Excell y un fusil se puede reemplazar al mecanismo de precios del mercado.

La realidad es que la información de los proceso de mercado no se puede agrupar, ni concentrar toda junta. El mercado es ante todo un proceso de descubrimiento. Todos los agentes, empresas, trabajadores, profesionales, etc tienen “un poco de información”.

Es impensable e inviable que un secretario de comercio pueda obtener todos esos pedacitos de información.

Por ello es impensable la planificación. No hay planificación sin multas ni machetes policiales. Las experiencias fracasadas de controlar los precios por parte del nazismo, el comunismo y los gobiernos militares así lo indican.

Los precios son incontrolables en el sentido de que no dependen de una “junta de planificación” o “secretaría iluminada”.  No es fácticamente posible conocer todos los costos y todos los precios. El proyecto complementario a la Ley de Abastecimiento que crea el “Observatorio” es otro disparate.

Lo que es controlable es la inflación pero por una vía distinta la política monetaria sana y racional.

Pretender establecer lo que dice el articulado sobre controlar utilidades, precios, suministros y cantidades no supone solo que el Ejecutivo está jugando al empresario sino que está jugando a ser todos los empresarios a la vez.

El proyecto presupone que los funcionarios pueden hacer mejor las cosas que el empresario. Si así fuera los invito a ser empresarios con su propio dinero y no mediante empresas públicas con todos los privilegios estatales.

De hecho, si el funcionario puede fijar precios, cantidades, márgenes, líneas de producción equivale a manejar directamente la empresa.  Sin embargo no es imaginable ver al mismo funcionario respetando esos parámetros oficiales pagando los mismos sueldos, los mismos costos, los mismos impuestos que las empresas.

El articulado implica una elevada subjetividad por parte de la autoridad de aplicación. En ningún párrafo se aclara qué significa “elevado margen de utilidad”, ni “nivel de existencias elevado”, ni “grado de intermediación deseable”.  Ante tal ambigüedad el poder arbitrario se magnifica. Tal poder arbitrario deriva necesariamente en la corrupción. La ley de abastecimiento generará más corrupción.

El mejor mecanismo para eliminar la inflación es la competencia en un contexto de estabilidad macroeconómica, política monetaria sana y apertura económica.

Un funcionario controlando precios no es otra cosa que un petulante al borde de la corrupción intentando una quimera. Todo a costa del bienestar de los argentinos.

El proyecto de ley de abastecimiento generará

  • Menores inversiones y por tanto menor nivel de empleo
  • Creciente desabastecimiento
  • Elevados niveles de evasión y corrupción administrativa
  • Cierre de empresas y menor incentivo a la inversión externa en Argentina.
  • Lejos de favorecer a los consumidores esta ley los convertirá en mendigantes frente a góndolas vacías.

 

Gustavo Lazzari es Licenciado en Economía, (UCA), Director de Políticas Públicas de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, y fue investigador del Proyecto de Políticas Públicas de ESEADE entre 1991-92, y profesor de Principios de Economía de 1993 a 1998 y en 2002. Es empresario.

Entre la ficción y el terror:

Por Gabriela Pousa: Publicado el 10/9/14 en: http://www.perspectivaspoliticas.info/entre-la-ficcion-y-el-terror/

 

Aunque parezca mentira, Página 12 me ayudó esta mañana a encontrar la síntesis exacta de lo que viene. Y es que en la segunda parte de una entrevista realizada a Julian Assange, este sostiene que “para que una autoridad controle no hace falta que haga nada, sólo hace falta que genere una sensación de miedo, porque las personas toman decisiones basadas en sus percepciones antes que en la realidad”

Nadie puede negar que la Presidente juega, en estos días, con herramientas clave que infunden temor y preocupación no sólo en sectores productivos sino en la sociedad en su conjunto. La ley de Abastecimiento, la metodología de cierta parte de la Gendarmería, las exhortaciones hacia lo que puede pasar cuando el año termina, etc., no son sino un modo de dominar a través de la génesis de miedo.

Basta observar el ridículo operativo que se efectuó la semana pasada en la calle Florida para “encanutar” cuevas y arbolitos, para adivinar de qué trata la nueva película oficial. Ya no es simple ficción, hemos pasado al género del terror. Guillermo Moreno fue reemplazado por gendarmes que buscan sin encontrar un ápice. ¿O alguien avisó previamente?

Lo cierto es que este escenario de espanto paraliza. El miedo ha mantenido paralizada a la ciudadanía durante diez años y a Cristina le ha dado resultados. Cegada a ver consecuencias de sus actos, la mandataria cree que paralizando posibles reacciones sociales, puede continuar controlando todo. Pero todo está ya fuera de control: el dólar, el gasto público, los fondos buitre, las reservas, la inflación, el default, el déficit fiscal y hasta el vicepresidente de la Nación. En cualquier momento, Cristina se aviva y lo culpa de haberse robado los fondos de Santa Cruz. Estos socios así son…

Lo cierto es que la única motivación de la dirigencia es demostrar que tiene el control. La jefe de Estado no analiza ninguna solución a las demandas perentorias de la gente, por el contrario cada aparición suya aumenta la distancia entre sociedad y dirigencia.. La brecha nunca fue tan grande. Cada uno vive en su propia Argentina, tan disímiles ambas que compararlas es como si se comparase a Canadá con Zambia.

El argentino promedio no especula con el dólar, ni le importa si Kicillof tiene más poder que el titular del Banco Central, si hay autos en las concesionarias o si Randazzo anuncia un pasaporte capaz de ser tramitado por internet. Tampoco se desvela analizando si la policía que lo cuida o debería cuidarlo es federal o metropolitana.Salgamos del microclima porque de lo contrario la percepción de lo que ocurre distará considerablemente de la realidad así como el relato oficial dista de ella.

La confusión la provoca también Cristina cuando, en sus cadenas televisivas, insiste en decir que es la Presidente de los 40 millones de argentinos y argentinas. No es verdad. Puede serlo en teoría pero en la practica, la jefe de Estado sólo le habla a un puñado ínfimo de coterráneos.

Imaginen el interés de Salustriana en el impuesto a Netflix comentado recientemente por la mandataria. Imaginen a los habitantes del interior de Formosa escuchando la conveniencia de pagar holdouts de este lado de la frontera o mismo oír al ministro de Economía explicando la cuadratura del círculo. Es inútil, hay una Argentina que no puede ni quiere descifrar el enigma de unas oratorias tan absurdas como mezquinas.

Aquellos que cuentan el peso para llegar a fin de mes quieren saber cuándo le ofrecerán una mejor calidad de vida o cuándo, al menos, le facilitarán las herramientas para hacerlo. A aquel que viaja a las 6 de la mañana en el Sarmiento no le interesa cómo la Presidente anuncia trenes chinos, quiere verlos y comprobar si realmente se viaja más seguro y digno.

La vecina del conurbano bonaerense no busca que le saquen la estatua de Cristóbal Colón porque a la señora le gusta más la de Juana Azurduy. Busca sí, salir a la calle tranquila y no despedirse de la familia porque uno sabe que sale pero no si vuelve en Argentina.

Recuerdo la sentencia de Albert Camus: “A un país sé lo conoce por cómo muere su gente“. Y acá se están muriendo adolescentes por balas perdidas mientras están en el recreo de la escuela o en sus casas parados en la puerta. Y son apenas dos ejemplos de cientos. Pero de la inseguridad no habla Fernandez de Kirchner ni nadie del gobierno.

Pretender que se crea que una garita en la puerta de un colegio menguará el delito es como si un médico pretendiese que un enfermo de cáncer crea que va a sanarse con un par de aspirinas por día . Seguimos pues con la política furtiva de parches. El único objetivo del kirchnerismo es hallar culpables y erigirlos enemigos para luego presentarlos como responsables del caos que ellos mismos provocaron.

En algunos casos, la estrategia les da resultados pero son resultados tan efímeros como los parches disfrazados de políticas de Estado. Estamos viviendo en un eterno status quo donde nada cambia en lo que al gobierno respecta. A esta altura, esa actitud autista del oficialismo no asombra pero si sigue asombrando la aceptación pasiva de la ciudadanía.

Qué “Relatos Salvajes” sea sólo una película es verdaderamente una casualidad en Argentina. La gente soporta pero la calle es ya una estación de servicios donde se expende nafta. Si el gobierno sigue jugando con fuego sabemos lo que nos depara. Tendrá que cambiar la gente para salir de este tren fantasma porque quien lo conduce no está dispuesta a modificar nada.

 

 

Gabriela Pousa es Licenciada en Comunicación Social y Periodismo por la Universidad del Salvador (Buenos Aires) y Máster en Economía y Ciencias Politicas por ESEADE. Es investigadora asociada a la Fundación Atlas, miembro del Centro Alexis de Tocqueville y del Foro Latinoamericano de Intelectuales.

Un golpe mortal a la economía

Por Iván Carrino. Publicado el 31/8/14 en: http://opinion.infobae.com/ivan-carrino/2014/08/31/un-golpe-mortal-a-la-economia/

 

Para la mayoría de los economistas del mundo, Estados Unidos salió de la Gran Depresión gracias a la Segunda Guerra Mundial. En efecto, si uno mira los números del PBI norteamericano, 1940 es el año en que se regresa al mismo nivel que 1929. Sin embargo, esos números están fuertemente afectados por el esfuerzo prebélico del Gobierno, lo que hace que el PBI no sea la medida más adecuada para medir el bienestar de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los consumidores no están mejor cuando se fabrican tanques y ametralladoras, sino cuando se innova y se multiplican los bienes de consumo que mejoran directamente su calidad de vida.

Un indicador que tardó más en recuperarse fue la inversión privada, que recién superó los niveles previos a la crisis en 1946, una vez finalizada la guerra, dando lugar a una recuperación verdadera y sostenible que impactó directamente en la calidad de vida de la población. ¿Por qué tardó tanto la inversión privada en recuperarse y, por tanto, en sentar las bases para la recuperación sostenible? Para el economista Robert Higgs, se debió a la “incertidumbre de régimen”, es decir, a la “preocupación por parte de los inversores privados de que los derechos de propiedad sobre su capital y la renta que este produce serán atacados por la acción del gobierno. Tales ataques pueden surgir de muchas fuentes, que van desde simples aumentos de impuestos, a la imposición de nuevos tipos de impuestos, a la confiscación directa de la propiedad privada. Muchas amenazas intermedias pueden surgir de diversos tipos de regulación, por ejemplo, de los mercados de valores, del mercado de trabajo y los mercados de productos. En cualquier caso, la seguridad de los derechos de propiedad no descansa tanto en la letra de la ley sino en el carácter del gobierno que hace cumplir o amenaza esos presuntos derechos de propiedad”.

Como puede verse, Higgs no habla de otra cosa que de lo que conocemos como “seguridad jurídica” o “calidad institucional” y atribuye, nada menos que a este concepto, la demora de los Estados Unidos en recuperarse de la Crisis del 30. El tema no es menor ya que, por estos lares, el gobierno no parece entender bien la importancia de brindar seguridad jurídica o certidumbre de régimen. Para el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el concepto en sí mismo es “horrible” y para la presidente Cristina Fernández son los empresarios y no el Gobierno los que tienen que “generar confianza”.

En este sentido, no solo impulsan una modificación a la Ley de Abastecimiento para perseguir a las empresas con la excusa de que ponen precios altos y acaparan mercadería, sino que ya han ensayado con más medidas del estilo como las discrecionales licencias de importación, las sucesivas prohibiciones para exportar productos, la confiscación de los fondos de las AFJP y la imposición de un sistema de control de cambios, donde luego de su flexibilización, solo a la porción más rica de la población se le permite ahorrar en dólares oficiales y hasta el 20% de sus ingresos.

Por si esto fuera poco, en un país que estuvo en default el 52% de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno entra nuevamente en suspensión de pagos por negarse a pagarle a los holdouts y propone al Congreso una ley para que unilateralmente se cambie la jurisdicción de pago. Esto no solo afecta los derechos de propiedad de los tenedores de bonos, sino que implica un mayúsculo incumplimiento de la sentencia de la Justicia norteamericana, enviando el mensaje de que Argentina es un país que siempre respeta las sentencias a menos que sean en su contra.

Tanto el default -voluntario o involuntario- como las medidas de intervención que le dicen a los empresarios “ustedes van a ganar plata cómo y cuando yo quiera”, son todos elementos que contribuyen a generar incertidumbre de régimen con el consecuente desincentivo a la inversión.

Los resultados de estas políticas están a la vista y por eso es que no solo es necesario que el Congreso no respalde ninguna de estas iniciativas, sino que aquellos que están pensando en postularse para las elecciones del 2015 tengan esto en cuenta y hagan de la seguridad jurídica la piedra fundamental de su política económica. De no ser así, seguiremos la senda del deterioro que emprendimos hace más de 50 años.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Trabaja como Analista Económico de la Fundación Libertad y Progreso, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y profesor asistente de Economía en la Universidad de Belgrano.

El fin de la libre empresa:

Por Antonio Ignacio Margaritti. Publicado el 14/8/14 en: http://economiaparatodos.net/el-fin-de-la-libre-empresa/

 

El Jefe de Gabinete, el ministro de Justicia y el equipo económico están intentando que las improvisaciones acumuladas en  tantos años no les estallen en el rostro dejando un tendal de víctimas sin parangón en la historia argentina

ESTATIZAR LOS MERCADOS.

Con el ánimo alterado, tratando de encontrar una salida al embrollo creado por ellos mismos y en su desesperación por escapar a las consecuencias de sus chapuzas, el gobierno se ha metido en un túnel oscuro y sombrío sin saber adónde le conduce.

Han preparado un proyecto de ley de “Defensa del consumidor” distorsionando el art. 43 de la Constitución Nacional. Este proyecto agrava todos los vicios de la vieja ley de Abastecimiento sancionada en 1974 poco después de la muerte de Juan Perón y dejada en suspenso en 1991 por otro gobierno peronista, el de Carlos Menem.

Ahora se disponen repetir los mismos errores de 40 años atrás pero amplificándolos. Tratan de crear tribunales políticos con mayor poder que los propios jueces de la Constitución y con facultades de aplicar multas millonarias a cualquier empresario que no cumpla con este intento de manipular políticamente la economía.

La idea de estos funcionarios, consiste en “estatizar los mercados” reemplazando la ley de la oferta y demanda por la voz de mando de un comisario político que dependerá del Secretario de Comercio,  quien indicará a todo el mundo empresario:

A)  qué se debe producir,

B)  cuánta cantidad tienen que fabricar,

C)  quiénes pueden transportarla,

D)  cómo debe ser comercializada,

E)  cuál será el precio de cada etapa y

F)  cuánta la ganancia permitida.

Esta norma sería aplicable a todos los factores de la producción, del comercio y de las actividades intermedias, incluyendo los servicios.

DECISIONES PRIVADAS SOMETIDAS A LA POLÍTICA.

Este despistado proyecto merece ser leído con atención porque implica el principio del fin de la libre empresa en Argentina y el inicio de un sistema chavista de organización de la economía, sujeto a marchas y contramarchas, supeditado al mando de gente inexperta.

Con absoluta soberbia,  creen estar en condiciones de asignar sabiamente los recursos productivos mejor que los mercados libres. Piensan utilizar la Planilla Excel y el cálculo de costos basado en la Cadena de Valor de Michael Porter     (clickear  EPT 2/04/14: La planilla Excel nunca podrá reemplazar al mercado;  EPT 26/03/14: Vamos a un nuevo fracaso: la planificación estatal de la economía)

Cabe recordarles que el Prof. Porter, de la Universidad de Harvard,  propuso una estrategia competitiva  basada en la confrontación, mediante el análisis de las cadenas de valor. Por ello, organizó la firma Monitor Group para que las empresas enfrenten  la competencia combatiendo a los rivales. Esta firma consultora llegó a tener 27 sedes en 17 países del mundo, pero tuvo que declararse en bancarrota,  incapaz de pagar la luz y el alquiler de sus propias oficinas siendo adquirida en 2012 por Deloitte.

Sobre esta endeble base esperan solucionar los problemas que ellos mismos han generado,  intentando redoblar la apuesta con un insensato intervencionismo y desafiando las leyes del azar, formuladas por el matemático suizo Bernouilli.

Se proponen reemplazar el derecho a decidir libremente y a organizar la propia empresa por las órdenes de un comisario político, incompetente y ajeno a toda responsabilidad. Los empresarios tendrán que cumplir instrucciones de un oprobioso  Estado servil.

NO PUEDE TAPARSE EL SOL CON UN DEDO.

El problema del equipo económico radica en su mente y en el menosprecio  por la realidad al adherir a un esquema dialéctico de origen hegeliano que cree que la acción humana se mueve por la oposición de las contradicciones, donde los que no piensan como ellos son enemigos.

Esta teoría está basada en la falsa creencia de que el funcionario sabe más que la gente lo que cada uno necesita y está dispuesto a pagar.  Por eso comienzan a usurpar el derecho de la propiedad y se disponen a ejercer la violencia contra los empresarios, perturbando seriamente el orden social.

El error fundamental de este tipo de medidas  no sólo es económico sino  antropológico. Puesto que  consideran  a todo ser humano como simple elemento o molécula del organismo social, de manera que el bien del individuo se debe subordinar al funcionamiento del mecanismo burocrático manejado por el Gobierno.

Por otra parte, consideran que este mismo bien individual puede ser alcanzado por el Gobierno, al margen de una opción libre con responsabilidad personal asumida por cada uno frente al bien o el mal.

Quizás sin darse cuenta  reducen a los individuos a meros autómatas de una  serie de relaciones sociales, aniquilando el concepto de que la persona es un  sujeto autónomo de decisión moral, que edifica el orden social con su acción humana libre.

Si estos personajes consiguiesen su propósito, el ciudadano argentino emprendedor carecerá de todo lo que pueda llamar “suyo”. Perderá su capacidad para actuar con iniciativa propia.  Pasará a depender de una ridícula maquinaria burocrática manipulada por ignorantes.

Entonces habremos perdido la dignidad humana y quedará entorpecido definitivamente el camino hacia la libertad y la  justicia para constituir una auténtica comunidad humana.

 

Antonio I. Margaritti es Contador Público, profesor universitario, consultor de empresas, experto en temas fiscales y fue profesor de ESEADE.

Argentina impulsa ley para planificar cada nivel de su economía.

Por Belén Marty: Publicado el 13/8/14 en:  http://es.panampost.com/belen-marty/2014/08/13/argentina-impulsa-ley-para-planificar-cada-nivel-de-su-economia/?fb_action_ids=10152220152416583&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

 

En el marco de una nueva ofensiva del Gobierno argentino frente a los empresarios, el oficialismo presentó el pasado 5 de agosto en la mesa de entradas del Senado el proyecto de ley Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo (léala al final de esta nota).

Esta legislación busca reemplazar a la vigente Ley de Abastecimiento estableciendo precios máximos, niveles de producción y márgenes de utilidad, y ya despertó duras críticas en el sector industrial.

El objetivo de este proyecto de ley presentado por el oficialismo es “evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor”.

La principal diferencia con la antigua ley promulgada durante la dictadura militar en 1974 que establece penas de prisión a aquellos empresarios acusados de desabastecimiento, es que el proyecto actual promueve una mayor estatización del mercado: fija precios máximos, e incorpora bajo el mandato de la ley el actual acuerdo que tiene el Gobierno con los proveedores y distribuidores de productos en la campaña de Precios Cuidados.

“Resulta esencial observar el comportamiento del sistema de precios y el grado de concentración económica que promueve un marcado abuso de una posición dominante por parte de grupos económicos concentrados”, indica la propuesta en su consideraciones preliminares.

Además define al rol del Estado como aquel que consiste “en defender el interés del usuario para que el precio y la calidad de las prestaciones sean compatibles con la oferta efectuada por las empresas”.

Una ley para controlarlo todo

El artículo 2 del proyecto establece que en caso de ser “estrictamente necesario” la Secretaría de Comercio podrá: “establecer para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios” y dictar normas que rijan la comercialización y distribución de la producción, como también podrá disponer la continuidad de la fabricación de determinados productos.

El mismo artículo permitiría al ente gubernamental asignar “volúmenes de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios”.

En la letra E de dicho artículo se establece la posibilidad de que el organismo que preside hoy día Augusto Costa pueda requerir “toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico” y le permite “disponer la cancelación de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales” y “a incautar, consignar e incluso vender bienes y servicios escasos o en infracción, sin juicio de expropiación previo”.

Por su parte, el artículo 3 señala que los gobernadores de las provincias argentinas podrán fijar dentro de sus jurisdicciones precios máximos.

El proyecto también establece modificaciones en las sanciones, que serían solamente de índole económica. Serán sujeto de multas, entre otros, aquellos comerciantes que eleven artificial o “injustificadamente” los precios de sus bienes o servicios, quienes destruyan (sus) mercaderías o bienes o negaren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios.

Las multas pueden llegar a los AR$10 millones (US$797 mil) con la posibilidad de clausura del comercio o la compañía por 90 días.

Proyecto respaldado por funcionarios kirchneristas

El director de la Secretaría de Comercio, Augusto Costa, se reunió con directivos de la Unión Industrial Argentina y defendió la propuesta.

“Con estas modificaciones vamos a tener herramientas legales para circunscribir al ámbito de las relaciones de consumo la administración del comercio, al mismo tiempo que se actualizarán los montos de las multas que se aplican y se legitima el funcionamiento de la Comisión de Defensa de la Competencia”.

En la misma medida, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich declaró que no puede decirse que el proyecto es inconstitucional porque lo que hace es buscar hacer cumplir el articulo 42 de la Constitución Nacional. Dicho artículo indica que los consumidores tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos.

Además, pidió sostener un “debate abierto” en el Senado. Indicó que este conjunto de medidas busca “generar un marco regulatorio para el proceso de formación de precios tendiente a generar mayor equidad en la cadena de valor” y evitar “la concentración, que desnaturaliza el proceso de formación de precios”.

Avalancha de críticas del sector privado

José Patiño, dirigente del partido político opositor Unión por Todos, expresó que el debate debe tener en cuenta si el proyecto garantiza o no aquellos derechos contemplados en la Constitución.

Lo esencial es que esa discusión se dé basada en la libertad de comercio que establece el artículo 14 de la carta magna, afirma Patiño. “El sentido de las leyes es regular con el objetivo de que se garanticen los derechos establecidos en la Constitución y esta ley justamente hace lo contrario”.

Iván Cachanosky, analista económico de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió que los cambios que quiere llevar a cabo el oficialismo son sumamente peligrosos.

“Representan un avance del Estado muy fuerte sobre el sector privado, que no le corresponde realizar. Si los precios son altos es porque el Gobierno estuvo a pura emisión los últimos años y porque la gente confía cada vez menos en el peso, debido a que pierde poder adquisitivo. Nada tiene que ver con que los empresarios son ambiciosos. Si fuera cierto el argumento de que hay inflación por la especulación ambiciosa de los empresarios, deberíamos preocuparnos, ya que implicaría que todos los países de la región —a excepción de Venezuela— tendrían empresarios menos ambiciosos, porque la inflación promedio de la región es de alrededor de 4% anual”, explicó.

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) envió ayer una carta al presidente del Senado en la cual manifiestan una severa preocupación por el avance de este proyecto.

“Es evidente que el proyecto en cuestión no solo hace desaparecer en la práctica la capacidad de iniciativa y decisión de la empresa como tal, con la cual se afecta no solo la producción e inversión, sino también el empleo y el desarrollo de unidades productivas cualquiera sea su dimensión, sumado a que se verán afectados los tratados bilaterales vigentes para la promoción de las inversiones extranjeras suscritos por la Nación, creando en forma innecesaria e inconstitucional, nuevas fuentes de conflictos internacionales”, cita el documento al que tuvo acceso PanAm Post.

Por su parte, el economista y empresario argentino Gustavo Lazzari expresó que “esta ley otorga a los Gobiernos un instrumental casi estalinista que genera todo menos precios bajos y artículos de calidad”.

El vicepresidente de  la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, fue aún más duro e indicó que no van a acompañar el proyecto. “Es inconsistente con la iniciativa privada”,señaló a La Nación.

Carlos Raúl De la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, se mostró preocupado por la posibilidad de que la autoridad competente clausure negocios e informó que desde su organización están evaluando cómo el proyecto afectaría los derechos individuales para tomar acciones.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.