UNA “LEY ANTIDESPIDOS” CONTRA EL PAÍS Y LOS TRABAJADORES

Por Enrique G. Cárrega

El proyecto de “ley antidespidos” votado en el Senado declara la emergencia ocupacional en el país, prohíbe los despidos y las suspensiones por 180 días, y dispone que si hay despidos las empresas abonarán el doble de la indemnización actual. También establece que si hay despidos, los trabajadores pueden pedir judicialmente el reingreso a los puestos de trabajo, cobrando los salarios caídos. Se prevé para los juicios, adicionalmente, un trámite sumarísimo, lo que permite visualizar una nueva ola de juicios laborales.

La propuesta se agrava dado que prevé que el empleador no puede despedir directamente al trabajador con justa causa; previamente debe someterse a un procedimiento administrativo en el Ministerio de Trabajo, con intervención del sindicato.

Se consideran PYMES las que no superaron los siguientes montos anuales de facturación: Construcción 270 M, Comercio 650 M, Actividad Agropecuria 160 M, Industrias 540 M y Servicios 180 M.

El proyecto contempla que la la ley no será aplicable a los trabajadores que se incorporen a partir de su vigencia. Pero la masa actual de trabajadores queda contemplada.

En la Cámara de Diputados se busca un acuerdo para excluir a las Pymes de los alcances de la ley. Se incluye un proyecto para abaratar los costos para el primer empleo, lo que se aplica en el mundo para flexibilizar a los trabajadores con menores cargas sociales patronales e indemnizaciones reducidas.

El Gobierno podría vetar la ley, si se sanciona, en un contexto en el que promete crear 200.000 puestos de trabajo en los próximos 18 meses.

El proyecto, si se transforma en ley y se aplica, generará efectos contrarios a los buscados.

Es que las empresas que planearon reducir su plantilla de trabajadores, ya lo han empezado a hacer. Pero no hay despidos masivos, al punto de que cuando se requirió a los sindicatos que identifiquen a las empresas que producirían los invocados despidos generalizados, hubo silencio. Como también hay silencio sobre la presentación de la declaración jurada de bienes por parte de la cúpula sindical que se ha enriquecido groseramente en los últimos años usando los aportes de los trabajadores.

Además, y lo más importante, debe señalarse que se genera un desincentivo enorme para la contratación de nuevos empleados y para la formalización del empleo en negro.

La propia Cristina Kirchner, cuando era senadora, se opuso fuertemente a la ley de emergencia económica  que suspendía los despidos por seis meses y disponía la doble indemnización. Ella intervino en la sesión del 6 de enero de 2002 para decir: «Señor presidente: voy a solicitar  autorización a este cuerpo para abstenerme en la votación de este proyecto de ley».

Este proyecto de ley parece obedecer solo a un intento de parte de la oposición de entorpecer la gestión gubernamental, intentando aprovechar políticamente los costos de las medidas que conducen al ordenamiento del país, luego de su descalabro. Es evidente, desde cualquier óptica, que el proyecto perjudica al país, al generar inseguridad jurídica, al ahuyentar inversiones, al precarizar el empleo, al desincentivar la generación de empleo genuino y de calidad.

Enrique G. Cárrega es Procurador y Abogado (UBA). Profesor de Relaciones Laborales de la Maestría en derecho empresario en ESEADE.

La ley antidespidos aumentará el desempleo

Por Iván Carrino. Publicado el 30/4/16 en: http://www.ivancarrino.com/la-ley-antidespidos-aumentara-el-desempleo/

 

Como siempre sucede con estas iniciativas, el resultado será totalmente contrario al esperado.

En Argentina no existen estadísticas oficiales. El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que dejó de gobernar el 10 de diciembre del año pasado, intervino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con el objetivo de disfrazar la cruda realidad que se vivía en el país en materia de inflación, crecimiento económico y pobreza.

En términos de empleo, los datos siempre mostraron buenos resultados. El último informe publicado mostró un 5,9% de desocupación, el guarismo más bajo en 28 años. Dudosa credibilidad.

En la actualidad, el INDEC está en proceso de reconstrucción, por lo que no hay datos oficiales de desempleo. Lo que sí hay, sin embargo, son datos de la evolución del empleo en el sector privado, provistos por el Ministerio de Trabajo, que revelan que la situación tiene un estancamiento desde hace al menos cinco años.

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Otro dato relevante lo ofrece el Fondo Monetario Internacional, que prevé que el desempleo en Argentina trepará a 7,8% en 2016 y luego se reducirá a 7,4% en 2017. No es un dato para alegrarse, pero nada parecido a una crisis o emergencia ocupacional.

Sin embargo, algunos políticos y comunicadores se empeñan en repetir que el país está atravesando una profunda crisis del mercado laboral, con una ola de despidos que parece crecer día a día y hora tras hora.

En respuesta a ello, el Senado le dio media sanción a una ley “antidespidos” que prohibirá los despidos sin causa por seis meses, también las suspensiones, e impondrá dobles indemnizaciones para cada empleado que deba ser desafectado de la plantilla.

Ahora bien, como siempre sucede con estas iniciativas, el resultado será totalmente contrario al esperado. Finalmente, de aprobarse esta legislación, el desempleo, lejos de caer, subirá.

A ningún empresario le gusta despedir empleados. Después de todo, despedir a una persona (si no es por cuestiones de desempeño personal estrictamente) refleja que la situación económica de la empresa es delicada y que necesita hacer un ajuste para intentar sobrevivir.

Lo más deseable para el empresario, entonces, es contratar, no despedir personal.

En este marco, si una empresa se ve en la necesidad de despedir a un trabajador, lo mejor que puede pasar es que esa decisión sea tomada con el mínimo de restricciones posibles. Es que si lo contrario sucede, y el costo de despedir se eleva o directamente se transforma en una violación a la ley, la decisión que tendrá que tomar el empresario será la de cerrar su fábrica.

El resultado, finalmente, será no sólo que la ley no pudo evitar el despido de esa persona en particular, sino que terminó generando el desempleo de todos los trabajadores de la empresa. Un verdadero “tiro por la culata”, como suele decirse.

Los mercados libres se caracterizan por lo que Joseph Schumpeter definió como “destrucción creativa”. En ese proceso, abren las puertas nuevas empresas y cierran otras todo el tiempo. Sin embargo, el resultado no es el masivo desempleo, sino la continua mejora de los procesos productivos y el aumento de la producción de los bienes y servicios que consumimos.

A la vez, se terminan generando nuevos puestos de trabajo y mayores salarios reales.

Prohibir despidos, encarecerlos y dificultar los procesos de mercado no sólo es malo para las empresas, sino que también es directamente perjudicial para todos los trabajadores a quienes supuestamente se quiso beneficiar en primer lugar.

En conclusión, prohibir los despidos generará desempleo. Por tanto, la medida no protege, sino que destruye las fuentes de trabajo. Lo mejor que podemos hacer en esta coyuntura es cuidarnos de las “buenas” propuestas de ciertos legisladores y recordar que de buenas intenciones está lleno el camino al infierno.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.