Mi nuevo hijo de papel

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 26/10/19 en:  https://www.elpais.com.uy/opinion/columnistas/alberto-benegas-lynch/mi-nuevo-hijo-papel.html

 

Tengo la satisfacción de que mi último libro titulado El poder corrompe será presentado en Montevideo por María Dolores Benavente, presidente de la Academia Nacional de Economía de Uruguay, Martín Aguirre, Director de este centenario periódico en el que ahora aparecen estas líneas y por Eduardo Palacios, mi colega en la Mont Pelerin Society. El libro es editado por el CED que preside Hernán Bonilla quien es el responsable de haber organizado la referida presentación.

 

El título de la obra deriva del célebre dictum de Lord Acton: “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente” que fue parte de una misiva que este historiador le envió el 5 de abril de 1887 al Obispo de la Iglesia de Inglaterra, Mandell Creighton, a raíz de su aseveración en el sentido de que gobernantes y miembros de la Iglesia debían ser tratados con benevolencia. Así, en el pasaje pertinente, responde Acton en la referida misiva: “No puedo aceptar su canon en cuanto a que debemos juzgar al Papa y al Rey de manera distinta a otros hombres con una presunción favorable que no han hecho mal. Si hay alguna presunción se ubica en lo opuesto en lo que atañe a quienes mantienen una posición de poder, mayor cuanto mayor sea el poder que ostentan.”

 

Mi libro en modo alguno descalifica a todos los que han pasado por el poder político en el sentido que no han sido todos los que se han dejado tentar por el mal uso de los dineros públicos ni se han adaptado a la nefasta idea de que el Leviatán debe ser más adiposo. Por el contrario, los ha habido de un cuidado especial respecto a lo que no les pertenece y, en cantidades mucho menores, los que incluso se esforzaron por mantener en brete al aparato estatal para que retorne a los límites de un sistema republicano y así revertir tendencias del empobrecedor estatismo.

 

Desafortunadamente estos últimos casos son muy minoritarios en el mundo que nos ha tocado vivir, especialmente si observamos la creciente xenofobia y los consiguientes nacionalismos y mal llamados “proteccionismos” en Europa y en Estados Unidos, para no decir nada de algunos sucesos lamentables en nuestro continente con gastos públicos crecientes que se traducen en deudas alarmantes, impuestos asfixiantes y manipulaciones monetarias descabelladas.

 

El problema radica en la batalla cultural que por el momento estamos perdiendo en la esfera política los partidarios de la sociedad abierta en detrimento de los derechos de las personas y sus respectivas autonomías a manos de megalómanos que apuntan a manejar a su antojo las vidas y las haciendas ajenas.

 

Es a esta batalla cultural a que apunta mi nuevo libro. Pretende una contribución a fundamentar los valores y principios de la libertad como medio no solo para el respeto recíproco sino para mejorar las condiciones morales y materiales de todos, muy especialmente de los más carenciados. Lamentablemente en el nombre de los pobres se adoptan una y otra vez medidas que los perjudican de modo muy especial, puesto que los derroches se traducen en consumo de las tasas de capitalización que, a su turno, constituyen la única causa de mayores salarios e ingresos en términos reales.

 

La tradición de pensamiento liberal se resume en el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. En otros términos se trata de recurrir a la fuerza solo y exclusivamente cuando hay lesiones de derechos, esto es siempre con carácter defensivo, nunca para imponer modos de vida privativos de cada cual. El establecimiento de límites al abuso del poder fue la idea del constitucionalismo moderno.

 

Hoy en día muchas constituciones parecen un catálogo de aspiraciones de deseos mezcladas con pseudoderechos, es decir, facultades que se otorgan para arrancar el fruto del trabajo ajeno. Así, para ilustrar el aserto recordamos que en la Asamblea Constituyente Ecuador, hace poco seriamente se sugirió –afortunadamente la moción no prosperó- incluir en  un artículo “el derecho al orgasmo de la mujer”.

 

Mi texto intenta mostrar que el liberalismo no se corta en tajos por lo que incluye la exploraciones de muy diversas avenidas que tratan temas éticos, filosóficos, jurídicos, históricos y económicos al efecto de poner en evidencia que abarca las más importantes manifestaciones humanas. Dada mi profesión de economista, es pertinente traer a colación un pensamiento del premio Nobel en economía Friedrich Hayek en cuanto a que “el economista que solo se queda en la economía será un estorbo, cuando no un peligro público”. Nuestra especialización exige completar la formación con los antedichos campos de estudio para poder pronunciarnos con solvencia sobre la ciencia económica.

 

Nadie mejor que el marxista Antonio Gramsci para resumir el eje central de nuestro problema medular, solo que lo proponía desde la visión opuesta a la nuestra: “tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura”. Por eso es que resulta vital comprender que el proceso educativo libre demanda sistemas de puertas y ventanas abiertas de par en par en un contexto competitivo en el que la imposición de estructuras curriculares desde el poder político dan por tierra con la necesaria excelencia.

 

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Legislación sindical, el caso argentino

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 26/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/26/legislacion-sindical-el-caso-argentino/

 

Lo primero es subrayar que en una sociedad abierta el derecho a asociarse o no asociarse constituye uno de los postulados básicos a los efectos de la cooperación social. Cómo deben ser las asociaciones es algo que no compete a quienes están fuera de ellas; en primer lugar, los gobiernos, que solo deben velar porque no haya lesiones de derechos, en caso de que las hubiera, dicha agrupación se convierte en una asociación ilícita.

Pero antes de otras consideraciones sobre el tema sindical, es menester aclarar con toda precisión que los salarios y los ingresos en términos reales de deben exclusivamente a la cuantía y la calidad de ahorros internos y externos invertidos en un contexto de conocimientos relevantes, lo cual hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la diferencia entre zonas de mayores o menores salarios basadas en el primer caso en marcos institucionales respetuosos de la propiedad de cada cual.

El nivel de salarios no es solo monetario, es también no monetario, como lo son todas las condiciones laborales que rodean al caso desde los períodos de descanso a la música funcional. En rigor, estas condiciones no pueden ser legisladas, como queda dicho, son consecuencia de los niveles de las tasas de capitalización. Más aun, si se legislan más allá de demandas civiles o penales por incumplimientos contractuales o delitos, los resultados indefectiblemente son el desempleo, en primer lugar, de aquellos que más necesitan trabajar y, en segundo lugar, de todos a quienes las condiciones laborales son superadas por las normas legales respecto a las antedichas tasas de inversión. El voluntarismo no cuadra.

Mientras que los recursos sean limitados en relación con las necesidades, nunca bajo ningún concepto puede haber sobrante de aquel factor esencial que es escaso, esencial, puesto que no se concibe la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso de trabajo manual e intelectual.

La vida es una transición, todo lo que piensan todos en todas las oficinas consiste en mejorar, lo cual, a su vez, se traduce en reasignaciones humanas y materiales. La mayor productividad libera factores humanos y materiales al efecto de trabajar en otros emprendimientos. En un mundo idílico donde hay de todo para todos todo el tiempo, naturalmente no hay necesidad de trabajar, lo cual significa que se está en Jauja, situación que sería una bendición para todos. Pero las cosas no son así, hay necesidades insatisfechas, por lo que hay que aplicar faenas para atenderlas.

 Nuevos métodos que elevan la productividad, nuevos bienes y servicios importados del exterior más baratos y de mejor calidad, la robotización y equivalentes liberan trabajo, el empresariado, atento a nuevos negocios, busca capacitar a nuevo personal al efecto de lograr sus arbitrajes adicionales. Como hemos dicho antes, ese fue el sentido y el destino del hombre de la barra de hielo cuando apareció la refrigeradora o el del fogonero cuando irrumpió la locomotora Diesel.

Lo peor que puede hacerse si se desea elevar el nivel de vida es destruir capital, con ello no habrá aumentado el empleo, sino que provoca disminuciones en los salarios en términos reales.

Por su parte, las huelgas deben ser entendidas como el derecho a no trabajar en cualquier momento siempre y cuando se cumplan los preavisos estipulados si los hubiere. Pero el derecho a huelga no es la intimidación y la violencia que no permitan que otros ocupen puestos de trabajo. Una cosa es el derecho a no trabajar y otra bien distinta es imponer situaciones a otros contra la voluntad de los destinatarios.

En el caso de procedimientos intimidatorios y violentos cuando se confunden con la huelga está implícita la equivocada idea de que constituye un procedimiento para elevar salarios. Si esto fuera cierto, habría que incrementar los métodos violentos de igual manera que si se considera que el nivel de vida puede incrementarse por decreto, las legislaciones, en este sentido, habría que redoblarlas. Pero como queda dicho, los salarios dependen solo de la inversión per cápita, que si disminuyen, disminuirá el salario, si se mantiene el stock de capital descontadas las respectivas amortizaciones, el salario mantendrá su nivel y si se incrementa el capital, consecuentemente aumentarán los salarios.

Tampoco tiene sentido alegar que los gobiernos deben interferir en las relaciones laborales para evitar “el desequilibrio en el poder de contratación”. En esta línea argumental, se sostiene que no es permisible que contrate un millonario con una persona que no tiene para llegar a fin de mes, al fin de semana o al fin del día. Es del todo irrelevante cómo sean las características patrimoniales o el volumen de sus respectivas cuentas corrientes, lo relevante son las tasas de capitalización. Si un millonario pretendiera pagar menos de lo que establece el mercado, simplemente se queda sin colaboradores. Un empleador puede contar con una situación patrimonial boyante y otro estar quebrado, pero ambos, si desean contratar trabajo manual e intelectual, deben abonar lo que exige el mercado. En lugares en donde los salarios son altos, no se debe a la generosidad de empleadores ni a la mezquindad de salarios bajos en otras zonas, sino, como hemos repetido, al volumen de capitalización.

De más está decir que los incumplimientos contractuales, los engaños o las lesiones de derechos deben ser adecuadamente castigados, pero los arreglos contractuales libres y voluntarios no deben ser interferidos por los aparatos estatales ni por bandas ocultas en máscaras sindicales.

Idéntico razonamiento se aplica a todos los servicios que preste la asociación sindical, en primer lugar, de salud o cualquier otro servicio que debe estar abierto a la competencia y en ningún caso consecuencia de aportes obligatorios y mucho menos a través de llamados “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo ajeno.

Asimismo, las representaciones o no representaciones sindicales deben estar abiertas a todas las variantes, siempre y cuando se trate de arreglos libres y voluntarios en el contexto de contrataciones colectivas o individuales, según lo prefieran los interesados.

En el caso argentino, de tanto en tanto se detienen a sindicalistas corruptos, pero hasta el momento no se han modificado las leyes que dan sustento a un sistema fascista de representación coactiva a través de la figura de la personería gremial que arrastra a todos los gremios desde la década del cuarenta, que está presente en la legislación de ese país, junto a los antes referidos agentes de retención (más bien estafas legales) y afiliación coactiva de facto, en el contexto de escandalosos negociados monopólicos de obras sociales y similares.

Limitarse a arremeter contra la corrupción sindical fascista concentra la atención en los efectos, pero si no se abroga la legislación autoritaria, quedan sin tocar las causas del fenómeno. Lo mismo ocurre con retoques de superficie a las normas vigentes en lugar de eliminar de cuajo el mal que afecta principalmente a los trabajadores.

En la época de gloria de los argentinos, cuando los salarios y los ingresos en términos reales de los peones rurales y de los obreros de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España, cuando la población se duplicaba cada diez años debido a la multitudinaria inmigración para “hacerse la América”, en ese período las relaciones laborales estaban regidas por los 4015 artículos del Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, de los cuales seis estaban referidos específicamente a los contratos laborales.

Luego se promulgaron multiplicidad de leyes “para proteger al trabajador” referidas a los más variados temas “al efecto de dotar al trabajador de conquistas sociales” y con ello comenzó el derrumbe en el nivel de vida de la gente, muy especialmente de los más necesitados, por las razones antes apuntadas, en contexto de la sandez de “establecer adecuadas relaciones entre el capital y el trabajo”, sin percatarse de que el capital son instrumentos inanimados que no contratan y que, por ende, se trata de contrataciones entre distintos tipos de trabajo entre empleadores y empleados. Con el argumento de proteger a los trabajadores se los aniquiló, con la idea de protegerlos de supuestas explotaciones se los sacó de la órbita de la protección rigurosa del Código Civil, los tribunales ordinarios y posibles aseguradoras. Se fabricó el fuero laboral, con lo que se agregó a las referidas desgracias negocios fenomenales de la industria del juicio para beneficio de chicaneros del nuevo fuero.

En esta especie de rapsodia para el desastre se incluyeron algunas figuras que son tragicómicas, como el aguinaldo, es decir, la aparición como arte de magia de un treceavo mes en el año, sin percibir que si se paga un monto adicional en el año, manteniendo los demás factores constantes, habrá que pagar de menos durante los otros 12 meses. Si esto no fuera de este modo, habría que convertir el año en 40 meses o más para hacer a la gente más rica, lo cual no requiere comentarios adicionales.

Así se llegó en la Argentina a una verdadera e inaudita explotación de los trabajadores por los aparatos estatales a los que se enancó una maquinaria quebrada y fraudulenta de unas así denominadas jubilaciones insertas en el sistema de reparto en el que se estafa a quienes aportan el fruto de su trabajo para recibir cifras irrisorias que no guardan proporción alguna con las sumas que le han sido retenidas en su vida activa, muy lejos de cualquier cálculo de interés compuesto.

En este cataclismo se habla de “la clase trabajadora”, que supone que hay otra clase que la explota, sin percibir el origen marxista de la idea misma de clase que deriva de sostener que el proletario y el burgués tienen una estructura lógica distinta, lo cual da lugar a la teoría del polilogismo que nunca ni Marx ni ningún marxista han explicado en qué consisten esas estructuras que se diferencian de los silogismos aristotélicos.

Desde Adam Smith el asunto está resuelto, este autor ha consignado en 1776: “La propiedad que cada hombre tiene es su propio trabajo, ya que es el fundamento original de toda otra propiedad, por lo que es la más sagrada e inviolable” y Juan Bautista Alberdi, al comentar la Constitución liberal argentina de 1853, escribió: “Toda la grande escuela de Adam Smith está reducida a demostrar que el trabajo libre es el principio esencial de toda riqueza creada”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres