REFLEXIONES SOBRE EL SÍNDROME DE ALADINO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Siempre me han atraído los razonamientos que abren nuevos cauces fértiles y que son contrarios al conocimiento convencional y, bien fundamentados, despejan lo que, en general, aparece como contraintuitivo. Es el caso, por ejemplo, de las primeras líneas de un artículo del gran Leonard E.Read publicado en 1965, titulado “Cuando los deseos se convierten en derechos”.

He aquí la elucubración de Read: comienza por preguntarle al lector si procedería en consecuencia si estuviera en sus posibilidades el frotar la célebre lamparita de Aladino y lograr que se resuelvan los problemas de todos. El autor se adelanta a pronunciarse enfáticamente por la negativa. Sostiene que, si a él se le presentara esa situación, se abstendría de proceder de esa manera puesto que ello comportaría la completa eliminación de todos los esfuerzos y las responsabilidades posibles por parte de cada uno, lo cual bloquearía el consiguiente ejercicio de sus facultades al límite de atrofiarlas por completo. Y, sigue diciendo Read, esto último implicaría la eliminación de todo lo propiamente humano.

Sorpresiva conclusión en verdad, pero no deja de ser correcta tomada en el contexto que el autor la toma. No es que cuanto mayores los problemas y obstáculos mejor será el futuro de la humanidad. Todos tratamos de minimizar los problemas y si podemos ayudar a alguien cercano que se encuentra en trances difíciles lo hacemos de buen grado. El tema estriba más bien en un canto al orden natural. En mostrar que, en realidad, estamos en el mejor de los mundos posibles. Que la proporción de problemas y soluciones es la adecuada para fortalecer el carácter y mantener el ánimo. Menos mal que no está en las posibilidades de los megalómanos gubernamentales el planificar el cosmos e introducir “correcciones” porque los estallidos de las galaxias estarían a la orden del día (como apunta Eduardo Solari, pensemos que la Tierra se desplaza en su recorrido elíptico en torno al sol a una velocidad de 106.000 kms. por hora y sin piloto). Ya bastantes trifulcas, desaguisados, dolores, miserias y calvarios crean los energúmenos de la planificación por parte de quienes detentan el monopolio de la fuerza y sus secuaces.

En algunas oportunidades se ha especulado acerca de que ocurriría si Dios o el momento primero hubiera creado un universo perfecto. Pues sencillamente tal universo no hubiera existido ya que, por definición, no pueden coexistir dos perfectos (uno tendría lo que no tiene el otro y, por ende, no serían perfectos). El hecho de que yo esté escribiendo esta nota muestra que hay un comienzo, una causa incausada: si la cadena de causas que permiten que esté escribiendo estas líneas fueran literalmente en regresión ad infinitum sería otra manera de decir que las causas que me dieron origen nunca comenzaron, ergo no sería posible que esté abocado a esta tarea. Y esto no es una cuestión religiosa en el sentido vulgar de la palabra, se trata de la mera lógica que para nada es incompatible con la conjetura del Big-Bang ya que se trata de un fenómeno contingente y no necesario y, mucho menos, con la inexorabilidad de la evolución.

El título del artículo que comentamos al inicio nos da pie para señalar que prevalece una gran confusión respecto de lo que significa el derecho. Hoy se alegan derechos que no son tales. El derecho a una vivienda digna, derecho a la alimentación adecuada,  derecho a la atención médica, derecho a la educación suficiente, derecho a la recreación, derecho de los niños a jugar, derecho a los trabajadores a vacacionar, derecho a una buena remuneración, derecho a un medio de locomoción y, como hemos comentado en una columna reciente, el derecho al orgasmo.

Todos estos y muchos más podrán ser aspiraciones o deseos pero no constituyen derechos. A todo derecho corresponde una obligación. Si el lector percibe una remuneración de mil, existe la obligación universal de respetar esa propiedad, pero si el lector pretende el “derecho” de obtener dos mil cuando no los gana y si se accediera a semejante pretensión, necesariamente significaría que se impondría la obligación sobre terceros a proporcionar la mencionada diferencia con lo que se habrían lesionado sus derechos. Por tanto, se trata de un pseudoderecho.

Por increíble que parezca hoy vivimos en la era de los pseudoderechos, los cuales incluso están insertos en muchas constituciones que teóricamente fueron concebidas y promulgadas para limitar el poder y, sin embargo, dan rienda suelta al abuso y al atropello más flagrante de los derechos de las personas. Estos procedimientos aberrantes, naturalmente afectan muy especialmente a los más necesitados puesto que al resquebrajar el orden jurídico se deterioran los marcos institucionales que garantizan los derechos de propiedad que, precisamente, hacen posible el crecimiento de las tasas de capitalización que son la única razón que explica los mayores ingresos y salarios en términos reales.

Aunque Read no se refiere en estos términos al asunto que consideramos, está implícito en sus argumentaciones. En todo caso, concordamos con este autor cuando pone de manifiesto que si no resulta conveniente echar mano a la célebre lamparita para resolver los problemas de todos, es mucho menos aceptable echar mano compulsivamente a los bolsillos de otros para resolver nuestros males. El aparato estatal, jugando al Aladino, es la peor y más dañina de las ilusiones. Es el síndrome de Aladino en el que quedan atrapados y engañados tantos ingenuos, seducidos, embaucados y empobrecidos por tanta patraña.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

La soberbia de un Estado invasivo

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 31/8/17 en: http://www.lanacion.com.ar/1823636-la-soberbia-de-un-estado-invasivo

 

La intervención de los aparatos estatales en la economía perjudica a la gente, especialmente a los más necesitados, porque el derroche de capital afecta salarios e ingresos

Giovanni Papini, mi cuentista favorito, destaca que los siete pecados capitales derivan de la soberbia y escribe en una de sus múltiples ficciones (no siempre tan ficciones) que “el soberbio no tolera ser contrariado, el soberbio se siente ofendido por cualquier obstáculo y hasta por la reprensión más justificada, el soberbio siempre quiere vencer y superar a quien considera inferior a él [?] El soberbio no concibe que cualquier otro hombre pueda tener cualidades o dotes de las que él carece; el soberbio no puede soportar, creyendo estar por encima de todos, que otros estén en lugares más altos que él”.

Por mi parte, aplico esta premisa general de Papini al terreno de la relación entre gobernantes y gobernados. Gobernar significa mandar y dirigir. Leonard E. Read nos enseña que, para mayor precisión, se debería haber recurrido a otra expresión, porque hablar de gobernante sería tan inapropiado como denominar al agente de seguridad de una empresa “gerente general”, ya que la función del monopolio de la fuerza es velar por los derechos de las personas y no regentearlas.

Pero resulta que los primeros mandatarios han mutado en primeros mandantes y, en lugar de proceder como efectivos agentes de seguridad de los derechos, los conculcan, con lo que se cumple la profecía de Aldous Huxley en su terrorífica antiutopía, en la que muchos piden ser sometidos, para desgracia de quienes mantienen su integridad y autoestima (lo cual es infinitamente peor que el Gran Hermano orwelliano).

En realidad, el espectáculo que ofrecen los burócratas que se consideran omniscientes es digno de una producción de Woody Allen: se dirigen a la audiencia como si estuviera compuesta por infradotados e imparten órdenes ridículas a diestra y siniestra, por ejemplo, sobre cómo deben ser los precios de bienes y servicios, sin percatarse de que las leyes de mercado operan por cuerda separada y de que cada intromisión inexorablemente provoca daños y desajustes de consideración.

El proceso es coordinado a través de los precios, que actúan como si fueran un tablero de señales que indican a los operadores las siempre cambiantes circunstancias para saber cuándo y dónde invertir o desinvertir. La información está fraccionada entre millones de actores, pero cuando desde el poder se pretende dirigir vidas y haciendas ajenas, se concentra ignorancia. Al irrumpir los megalómanos gubernamentales sobre la base de que “no puede dejarse que las cosas se desarrollen vía la anarquía del mercado y, por tanto, el gobierno debe dirigir”, se afecta gravemente el proceso. Esto perjudica a la gente, muy especialmente a los más necesitados, puesto que el derroche de capital afecta salarios e ingresos en términos reales. Idéntico fenómeno ocurre en el mercado financiero, agrícola, industrial o cambiario. En este último caso, resulta tragicómico observar debates sobre la devaluación, es decir, el establecimiento de un nuevo precio artificial que se le ocurre a cierto tecnócrata.

Mucha razón tenía el premio Nobel en Economía Friedrich Hayek al titular su célebre libro La arrogancia fatal, que precisamente se refiere a los efectos sumamente perjudiciales de los supuestos controles que imponen los aparatos estatales. “Nuestros políticos -escribió Woody Allen- son ineptos y corruptos y, a veces, las dos cosas en el mismo día.” Esta decadencia sólo puede revertirse instalando nuevos y efectivos límites al poder para mantenerlo en brete. De ningún modo debemos esperar que los problemas se resuelvan con “gente buena” en el gobierno, puesto que el tema no es de personas, sino de los incentivos que marcan las instituciones.

Como bien ha explicado Thomas Sowell, no se trata tampoco de contar con computadoras de gran capacidad de memoria para que los políticos en funciones coordinen las operaciones mercantiles, puesto que no sólo “descoordinan”, sino que, sencillamente, la información no se encuentra disponible antes de la realización de las operaciones correspondientes.

No es procedente aplicar a un gobierno la terminología que se aplica a una empresa. La administración empresaria apunta a alinear incentivos para lograr objetivos comunes, atentos al cuadro de resultados, para conocer si se da en la tecla con las preferencias de la gente, lo cual se traduce en ganancias, o si se yerra, lo que se refleja en los consecuentes quebrantos. Esto no ocurre en un país, en el que sus habitantes tienen muy diversos proyectos y metas, que los gobernantes deben proteger, siempre y cuando no se lesionen derechos de otros.

Si un gobernante afirma que merced a su gestión se incrementó la producción de, por ejemplo, pollo, habrá que indagar acerca de las políticas dirigidas a ese objetivo que favoreció esa producción, lo cual va en detrimento de la producción de otro bien o servicio que, a su vez, genera un efecto negativo, ya que el proceso contradice lo que hubiera preferido la gente de no haber mediado la mencionada intervención. Éste es el despropósito central de las llamadas empresas estatales: en el momento de su constitución significan derroche de capital, puesto que se desvían los siempre escasos recursos hacia áreas distintas de las prioridades que hubiera establecido el consumidor.

En realidad, empresa estatal es una contradicción en los términos, ya que la actividad empresaria no es un simulacro ni un pasatiempo: en la empresa se arriesgan recursos propios y se asume la responsabilidad por los resultados (a diferencia de los empresarios prebendarios que deben su posición a los favores que le otorga el gobierno de turno). Si se afirmara que la empresa estatal no cuenta con privilegios, no tendría sentido su constitución, directamente operaría con todos los rigores del mercado.

De todo este enjambre que provoca la soberbia se desprenden las declaraciones sorprendentes de gobernantes que, como en Venezuela, hablan de “el derecho a la felicidad suprema” o en Ecuador, de establecer “el derecho al orgasmo de la mujer”, propuesta de la Asamblea Constituyente afortunadamente frustrada. Es que se ha perdido por completo la noción del derecho que significa que, como contrapartida, hay la obligación de respetarlo. Entonces, si alguien reclama el derecho a percibir algo que no obtiene lícitamente (porque los congéneres no se lo reconocen) y esto es otorgado por el gobierno, es decir que el prójimo coactivamente lo debe entregar, significa que se ha lesionado el derecho del prójimo, que queda reducido a un pseudoderecho.

Lo dicho no es obstáculo para que se dé ayuda al prójimo con recursos propios, pero es inaceptable la hipocresía de prenderse de un micrófono y usar la tercera persona del plural para apoderarse del fruto del trabajo ajeno. La filantropía remite a la primera persona del singular.

En contraposición al Estado de Derecho, hoy vivimos en la era de los pseudoderechos, es decir, la aniquilación del derecho propiamente dicho, que, necesariamente, se refleja en un enorme perjuicio para todos, muy especialmente para los más débiles económicamente, a quienes -al demolerse la estructura jurídica- se les corta la posibilidad de mejorar su bienestar.

Hay un correlato inverso entre los nombres de los ministerios y lo que ocurre (recordemos el Ministerio de la Verdad, de Orwell, en plena mentira oficial) y el absurdo Ministerio de Bienestar Social, donde es seguro el malestar, y así sucesivamente. El propio Ministerio de Economía constituye un despropósito, porque manejar la economía genera los desajustes señalados. Es mejor recurrir al Ministerio de Finanzas Públicas, de Hacienda o, más modestamente aún, Secretaría del Tesoro.

Nadie sabe a ciencia cierta qué hará la semana que viene, porque las circunstancias se modifican. Pero la petulancia mayúscula de ciertos funcionarios pretende manipular las vidas de millones de personas. Además, la gente debe tener siempre presente que cada vez que se recurre a los ingresos del aparato estatal, son los vecinos los que pagan, ya que ningún gobernante financia de su propio peculio.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

EL PROBLEMA ES LA SOBERBIA

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Giovanni Papini, mi cuentista favorito, destaca que los siete pecados capitales se subsumen en la soberbia y escribe en una de sus múltiples ficciones (no siempre tan ficciones) que “el soberbio no tolera ser contrariado, el soberbio se siente ofendido por cualquier obstáculo y hasta por la reprensión más justificada, el soberbio siempre quiere vencer y superar a quien considera inferior a él […] El soberbio no concibe que cualquier otro hombre pueda tener cualidades o dotes de las que él carece; el soberbio no puede soportar, creyendo estar por encima de todos, que otros están en lugares más altos que él”.

 

Por mi parte, aplico esta premisa general de Papini al terreno de la relación entre gobernantes y gobernados. Ya de por si ésta terminología resulta un tanto estrafalaria ya que gobernar significa mandar y dirigir lo cual, en una sociedad libre, debería estar reservado a cada cual. En este sentido recuerdo una vez más que Leonard E. Read nos enseña que, para ser preciso, se debería haber recurrido a otra expresión porque la utilizada es tan inapropiada como sería el denominar al guardián de una empresa “gerente general” ya que la función del monopolio de la fuerza es limitarse a velar por los derechos de las personas siendo funcionarios de la población que los contratan y pagan para que le sirvan.

 

Pero resulta que los primeros mandatarios han mutado en primeros mandantes y el mandamás, en lugar de proceder como efectivo guardián de los derechos los conculca con lo que se cumple la profecía de Aldous Huxley en su terrorífica antiutopía, en la que muchos piden ser sometidos para desgracia de quienes mantienen su integridad y autoestima (lo cual es infinitamente peor que el Gran Hermano orwelliano).

 

En todo caso, sea con Orwell o con Huxley estamos frente a una situación en donde peligra la libertad y las autonomías individuales frente a los crecientes zarpazos del Leviatán. Etienne de La Boétie ha escrito que en realidad “son, pues, los propios pueblos los que se dejan o, mejor dicho, se hacen encadenar, ya que con solo dejar de servir, romperían sus cadenas”.

 

Si observamos cada una de las intervenciones estatales que en esta instancia del proceso evolutivo tienen lugar fuera de la estricta protección a los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad, concluimos que la ridícula y contraproducente soberbia del gobernante desconoce la armonía del orden natural y los consecuentes procesos espontáneos con lo que la descoordinación y los fenomenales desajustes arruinan la concordia y conducen a la miseria moral y material.

 

Son espectáculos dantescos que para los observadores colocan a los megalómanos en situaciones tragicómicas, mientras las cacareadas “juntas de planificación”, “consejos sociales”, “expertos en desarrollo comunitario” y demás dislates dictaminan sus estropicios con seriedad digna de un pelafustán y sin sonrojarse mientras declaman absurdos justificativos con la idea de mitigar los resultados alarmantes de su gestión en todos los ámbitos donde meten  la nariz de la manera más torpe y grotesca que pueda uno imaginar. Desconocen el orden natural y pretenden sobreimprimir un desorden que ellos conciben en sus calenturientos desvaríos.

 

De este enjambre nacen las expresiones rimbombantes y cacofónicas con la intención de cubrir sus despropósitos como las citadas “programación funcional equilibrada”, “planificación logística paralela”, “ dirección global balanceada”, expresiones que solo pueden surgir de mentes ofuscadas y de un calado muy menor. Resulta en un teatro de muy mala calidad prestar atención a los discursos de ministros y presidentes frente a las cámaras, habitualmente en cadena nacional y con tonos elevados recurriendo a lenguaje de guerra, supuestamente para vencer a enemigos que ellos mismos crean y que todo quedaría tranquilo en la paz de los arreglos contractuales libres y voluntarios si  desaparecen simplemente de la escena y dejan  de provocar embrollos de diversa naturaleza.

 

Ah! se suele exclamar, esto quiere decir que hay que dejar las cosas liberadas a su suerte sin que nadie administre la asignación de recursos. Craso error, hay que dejar que cada uno administre lo suyo y no meterse compulsivamente con el fruto del trabajo ajeno. De eso precisamente se trata. Este comentario va especial aunque no únicamente dirigido a muchos colegas economistas que en gran medida de un tiempo a esta parte han sido entrenados para manipular las haciendas del prójimo. De ahí el chiste -en verdad no tan chiste- de una persona que presenciaba un desfile militar y constató que luego de la marcha de soldados, tanques y misiles apareció una agrupación de hombres vestidos de traje gris por lo cual le preguntó a su vecino de que se trataba. Recibió como respuesta “son economistas, no sabe el daño de que son capaces”.

 

En realidad el espectáculo que ofrecen los burócratas que se autoconsideran omniscientes es digno de una producción de Woody Allen: se dirigen a la audiencia como se estuviera compuesta por infradotados en el contexto de impartir órdenes irracionales a diestra y siniestra, por ejemplo, sobre como deben ser los precios de bienes y servicios sin percatarse que las leyes de mercado operan por cuerda separada y que cada intromisión inexorablemente provoca daños de consideración.

 

Antes he ilustrado el tema con lo que en su momento ha dicho el periodista John  Stossel respecto a lo que sucede con un trozo de carne envuelto en celofán en una góndola en un supermercado. Stossel nos invita a cerrar los ojos e imaginar en regresión el motivo por el cual se encuentra ese bien disponible. Los agrimensores, los fabricantes de postes junto a las largas faenas de plantaciones, talas, transportes y cartas de crédito y a las muchas empresas que horizontal y verticalmente participan como proveedores de equipos, las tareas de alambrado, los plaguicidas, los fertilizantes, la siembra, las cosechadores, los caballos, monturas y riendas, todo el proceso de la ganadería y el personal. Nadie salvo en la última etapa estaba pensando en el trozo de carne en la góndola. Cada uno estaba considerando su labor específica aplicando el conocimiento del caso que no es compartido por otros que cuentan con informaciones distintas para sus diversos trabajos.

 

Todo esto es coordinado a través de los precios que actúan como si fuera un tablero de señales que indican a los operadores las siempre cambiantes circunstancias para saber cuando y donde invertir o desinvertir. Pero luego irrumpen los megalómanos gubernamentales en base a que “no puede dejarse que las cosas se desarrollen por la anarquía del mercado”, situación en la que desaparece la carne, el celofán y frecuentemente el propio supermercado. Idéntico fenómeno ocurre en el mercado cambiario, financiero o industrial.

 

Mucha razón tenía el premio Nobel en economía Friedrich Hayek al titular su célebre libro La arrogancia fatal que precisamente se refiere a los efectos sumamente perjudiciales de los supuestos controles que imponen los aparatos estatales. Volviendo a Woody Allen, éste escribe sobre quienes habitualmente se desenvuelven en esos ámbitos: “Nuestros políticos son ineptos y corruptos y, a veces, las dos cosas en el mismo día”. Esta decadencia solo puede revertirse instalando nuevos y efectivos límites al poder para mantenerlo en brete, y de ningún modo esperar que los problemas se resuelvan con “gente buena” en el gobierno puesto que el tema no es de personas sino de incentivos que marcan las instituciones.

 

Como bien ha explicado Thomas Sowell, no se trata tampoco de contar con ordenadores con gran capacidad de memoria para que los políticos en funciones coordinen las operaciones mercantiles, puesto que, como queda dicho, no solo des-coordinan sino que sencillamente la información no se encuentra disponible antes de la realización de las operaciones correspondientes.

 

No es para nada procedente la ilegítima extrapolación del denominado gobierno a una empresa. La administración empresaria apunta a alinear incentivos para lograr objetivos comunes atentos al cuadro de resultados al efecto de conocer si se da en la tecla con las preferencias de la gente, lo cual se traduce en ganancias o si se yerra lo que se refleja en los consecuentes quebrantos. Esto no ocurre en un país donde sus habitantes naturalmente tienen muy diversos proyectos y metas que los gobernantes están supuestos de protegen siempre y cuando no se lesiones derechos de otros.

 

Si un  gobernante afirma que merced a su gestión se incrementó la producción de, por ejemplo, pollo habrá que indagar acerca de las políticas dirigidas a ese objetivo que significa que favoreció esa producción, lo cual va en detrimento de la producción de otro bien o servicio que, a su vez, genera un efecto negativo ya que el proceso contradice lo que hubiera preferido la gente de no  haber mediado la mencionada intervención. Este es el desbarajuste central de las llamadas empresas estatales: en el momento de su constitución significan derroche de capital puesto que se desvían los siempre escasos recursos hacía áreas distintas de las prioridades que hubiera establecido el consumidor (de hacer lo mismo que hubiera hecho, tampoco tiene sentido la empresa estatal).

 

De todo este enjambre que provoca la soberbia, se desprenden las declaraciones sorprendentes de gobernantes como “el derecho a la felicidad suprema” en Venezuela o la afortunadamente frustrada propuesta de la Asamblea Constituyente en Ecuador de establecer “el derecho al orgasmo de la mujer”. Es que se ha perdido por completo la noción del derecho que significa que como contrapartida hay la obligación de respetarlo. Entonces, si alguien reclama el derecho a percibir algo que no obtiene en el mercado (es decir, que los congéneres no se lo reconocen) y esto es otorgado por el gobierno quiere decir que el prójimo coactivamente lo debe entregar lo cual significa que se ha lesionado su derecho por lo cual significa un pseudoderecho.

 

Es que incluso hay un correlato inverso entre los nombres de los ministerios y lo que ocurre (recordemos el Ministerio de la Verdad en plena mentira oficial), por ejemplo, el tragicómico Ministerio de Bienestar Social donde es seguro en malestar y así sucesivamente. El propio Ministerio de Economía constituye un despropósito porque es para manejar la economía que es precisamente lo que generan los desajustes señalados, es mejor recurrir más modestamente a la Secretaría de Finanzas Estatales.

 

En resumen, la soberbia de los funcionarios es la causa de tanto entuerto. La gente no  debería tolerar tanta arrogancia en el manejo prepotente de sus vidas y propiedades y tener presente que cada vez que se recurre a los ingresos del aparato estatal son los vecinos los que pagan ya que los burócratas nunca recurren a sus patrimonios (en todo caso, muchas veces, se llevan recursos para alimentar sus cuentas personales).

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.