El catedrático español Jesús Huerta de Soto publicó recientemente un análisis sobre los efectos económicos de la pandemia. Las reflexiones son muy interesantes, y destaco este párrafo donde se cuestiona no el saber médico de “los expertos”, sino su legitimidad para intervenir en nuestras libertades más básicas:
Mención aparte merece la dependencia y complicidad respecto del Estado de todo un corifeo de científicos, “expertos” e intelectuales, dependientes del poder político y que se dedica a dar un supuesto respaldo científico a todas las decisiones emanadas del mismo, utilizándose así la aureola de la ciencia para dejar desarmada e indefensa a la sociedad civil. Y es que la “ingeniería social” o socialismo cientista es una de las manifestaciones más típicas y perversas del estatismo pues, por un lado pretende justificar que los expertos, por su supuesto mayor nivel de formación y conocimientos, están legitimados para dirigir nuestras vidas y, por otro, se pretende bloquear cualquier queja u oposición, trayendo simplemente a colación el supuesto respaldo de la ciencia.
En el mismo sentido se había expresado Bongiovanni (aquí su artículo), al sugerir que:
Si un epidemiólogo sostiene, por ejemplo, que a cierta tasa de contagio observable estima que se producirán cierta cantidad de muertes (descripción) y concluye que entonces es necesario realizar una cuarentena intensiva (valoración), está dando un salto sin justificarlo. Por ejemplo, ¿es el costo de evitar dichas muertes socialmente menos oneroso que el costo de realizar una cuarentena? Puede que sí, puede que no. La ciencia no clausura el debate valorativo, lo abre. El médico cuando describe es un galeno, pero cuando opina sobre cómo balancear medidas sanitarias con otros valores (económicos, éticos o constitucionales, por ejemplo) hay que imaginarlo sin guardapolvos ni estetoscopio. Con derecho a opinar, claro, pero sin considerar su opinión como excluyente. Su merecida autoridad se ciñe a los confines del plano descriptivo. En el plano valorativo, son sólo un jugador más.
Estamos frente a una nueva forma de tiranía de los expertos, que en base a su conocimiento de una rama específica de la ciencia, creen que pueden conducir a toda la sociedad a su antojo. En el medio está el daño económico y moral que muchos parecen ignorar.
Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano. Es Sub Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE. Sigue a @ivancarrino
Macri se subió al escenario a demostrar que aún es el portavoz de ese 41% de los votos que supo conquistar tras el golpe de realidad de las PASO 2019. Llama la atención que el expresidente pareció encarnar en sí mismo el latiguillo que suele utilizar para criticar el regreso del kirchnerismo al poder.
Es propio del cruento mundo bélico la expresión que manda a contar los muertos recién cuando se encuentran realmente fríos. Como la política no deja de ser un tipo de guerra por otros medios, tal como supo afirmar el genio militar Carl von Clausewitz, quizá la frase cobró especial sentido para Horacio Rodríguez Larreta y otros aspirantes al sillón de Rivadavia del espacio cambiemita, cuando se hizo conocido el sugestivo título del libro del expresidente Mauricio Macri.
No hay que ser un lúcido hermeneuta para deducir que, si alguien publica sus memorias de gobierno desde un supuesto retiro con el título de “Primer Tiempo”, es porque en la punta de la lengua y en la cúspide de su propia ambición hay por delante un posible “segundo”. La política suele tener esa ambivalencia tan esquizoide, compatibilizando episodios de enorme complejidad analítica con burdos trucos de magia a la plena vista del espectador. Por tanto, los que suponen que este relanzamiento de Mauricio Macri que se sucedió días atrás con la excusa de su nuevo libro, oculta la intención verdadera de convertir al ex presidente meramente en el mascarón que capte la munición gruesa del kirchnerismo para facilitarle el paso luego a un delfín propio, desconocen que si la política tuviese esa gestualidad generosa no sería política sino tal vez filosofía o religión.
En la práctica, Macri se subió al escenario a demostrar que aún es el portavoz de ese 41% de los votos que supo conquistar tras el estrepitoso golpe de realidad de las PASO de 2019. Y también para dejar en claro que, si bien ese porcentaje no fue suficiente para retener por entonces la presidencia, sí lo es para ser hoy un referente con suficiente capacidad de veto dentro de su espacio como para condicionar en breve las listas de legisladores que estarán en juego y para disputar, si así lo quisiese luego, nuevamente el mando nacional. Este posible giro del destino tiene un parangón bastante similar del otro lado de la cordillera en donde gobierna hoy Sebastián Piñera, político con infinidad de similitudes con Macri, que supo perder su reelección frente a Michelle Bachelet en 2014 para regresar al sillón de mando, cuatro años después.
Sin embargo, lo que llamó la atención de ese final de tarde del último jueves es que Macri pareció encarnar en sí mismo el latiguillo que suele utilizar para criticar el regreso del kirchnerismo al poder.
En tal sentido, el “volvieron iguales” que suelen espetar tanto él como los seguidores de su espacio, cobró especial dimensión cuando comenzaron a llegar al encuentro no solo varios de los rostros que resultaron para propios y ajenos los principales responsables de aquella oportunidad perdida de 2019, con el ex Jefe de Gabinete Marcos Peña a la cabeza, sino por la estética predominante, llena de los mismos lugares comunes que el macrismo arrastra desde su primera elección en la ciudad de Buenos Aires en 2007. No faltaron los livings de entrevista mano a mano, los globos, los colores, las mismas camisas azules con pantalones pinzados y hasta la típica canción de la fallecida Gilda de fondo.
Paradójicamente, Macri siempre supo referenciarse a sí mismo como un hombre lejano a la política y cercano al mundo de los negocios. Extraño sería poder encontrar el caso de alguna multinacional que, tras un fracaso como el que él mismo reconoce en su libro, relance su marca con el mismo CEO en primera fila y los mismos logos impresos en sus banners de promoción.
“No entendieron nada”, decía en este sentido hace unas horas un viejo armador bonaerense que no fue parte del encuentro, a su troupe de seguidores, mientras anunciaba que iría a una interna dentro de este espacio. El análisis simbólico de este primer paso hacia un potencial regreso, parece darle la razón.
Macri y su entorno inmediato, parecen seguir sin ser capaces de dimensionar el enorme impacto centrípeto que tiene una estética simbólica y discursiva propia de un sector absolutamente minoritario del país, concentrado en la urbe porteña. Justamente uno de los puntos que tal vez más han impedido con el paso del tiempo que Juntos por el Cambio se transforme en algo más que “el menos malo” en su inteligente juego polarizador con el kirchnerismo. Juego que a la postre puede permitir (quizá nuevamente) ganar una elección pero que estará siempre lejos de posibilitar el nivel de acuerdo necesario para cambiar el derrotero de la que quizá sea, con datos concretos, la nación más fracasada del globo durante el Siglo XX y lo que va del XXI.
Así mismo, de la mano de esta ética proyectada en símbolos e imágenes, se volvió a percibir ese ethos endogámico tan propio del macrismo, con cientos de jóvenes desesperados por congraciarse con sus referentes personales y por cumplimentar los diferentes roles tribales que este espacio les exige desde hace años para pertenecer. Quizá la decepción más grande devenga entonces de los miles que en los últimos meses comenzaron a pensar en la posibilidad de que el macrismo vuelva a la senda con la que supo conquistar legitimidad en sus comienzos. Un camino que se referenciaba sin culpas con la contundencia ideológica de referentes internacionales como el español José María Aznar, quien solía incluso enviar a miembros de la poderosa Fundación FAES a capacitar a los jóvenes macristas en una clara sintonía de éstos para con ideas propias del espectro de derechas; situación que conforme fueron ganando gravitación dentro del espacio referentes como el mencionado Peña y algunos otros, fue ocultada con una vergüenza que muchos al día de hoy no logran comprender.
Desde entonces, el macrismo se convenció a sí mismo de desdeñar la ideología, recortar los discursos, esconder o “tercerizar” la política tradicional, al mismo tiempo que se llenaba de eslóganes lavados y de esa estética cumpleañera que volvió a ser protagonista en las últimas horas. Paradójicamente, fue en gran medida esta “lógica stevia”, como supieron bautizarla sus principales detractores, la que Macri abandonó tras el fracaso de las PASO, cambiándola por los actos masivos, la presencia adusta, beligerante e ideológica de su candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto y por la confrontación directa y sin miramientos con el kirchnerismo, lo que generó, sorpresivamente para el peñismo y no para los que pedían hacía años ese tipo de salto al ring, que Macri recuperase ese 41% de votos que le permiten este regreso incipiente.
Aún falta mucho. Incluso para el determinante octubre próximo. Sobre todo, en un país acostumbrado a vivir sentado sobre una montaña rusa de imprevistos y malas noticias. Sin embargo, quizá Macri debiera hoy mismo replantearse mucho de lo que hizo en este regreso, seguir escuchando a otras voces disonantes, como viene haciendo desde hace algunos meses, y permitir que esas otras expresiones más consistentes que existen dentro de su espacio terminen por tallar la impronta determinante que, en este momento con sabor a final de época, el país parece necesitar.
Algunos se precipitan a decir, en este sentido, que la fórmula Macri-Bullrich es un “improbable con alta posibilidad de ocurrencia”. Habrá que ver qué tienen para decir entonces un Horacio Rodríguez Larreta que resiste calzarse el traje de Jefe de Gabinete, aunque le quepa tan a medida y un Martín Lousteau, quizá decidido a quitar la mira de la Ciudad e ir por la presidencia, lo que podría generar que la pata radical del armado concretase los amagues de ruptura con los que apalanca su interna hoy.
Mauricio Alejandro Vázquez es Título de Honor en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Ciencias del Estado por la Universidad del CEMA, Magister en Políticas Publicas por la Universidad Torcuato Di Tella y coach certificado por la International Coach Federation. Ha trabajado en la transformación de organismos públicos y empresas. Actualmente es docente de Teoría Política, Ética, Comunicación, Metodología y administración en UADE y de Políticas Públicas en Maestría de ESEADE. También es conferencista y columnista en medios como Ámbito Financiero, Infoabe, La Prensa, entre otros.Síguelo en @triunfalibertad
Los juegos retóricos del kirchnerismo en su total decadencia aburren. Pero vale la pena utilizar sus actuales invocaciones para invalidar de una vez y para todas el veneno con el que intentaron inocular a las raíces republicanas de nuestra constitución.
Si el número en las elecciones fuera determinante de una legitimidad del tipo que estaban defendiendo hasta ayer, se tendrían que ir ya, junto con la totalidad de los jueces de la estudiantina llamada “justicia legítima”. Eso sería ahora “democratizar” al Poder Ejecutivo y a la Justicia. El gobierno de Cristina Kirchner debiera darse por terminado dado que un 75% de los votantes lo rechazan. Lo único que les permite seguir es, en principio, el sentido de legalidad que estaban negando con fanatismo durante la discusión sobre la intervención del Poder Judicial o las arremetidas contra la prensa por ser contraria al credo obligatorio de los supuestos dueños del 54%. Es decir, todavía están ahí porque el gobierno es gobierno por lo que dice la Constitución y no por el mero grito de las urnas.
Hay muchas razones por las que el gobierno de Cristina Kirchner podría ser juzgado en el contexto de juicio político establecido por la Constitución. Pero haber perdido las elecciones no está entre ellas. Ni siquiera existe una pérdida de legitimidad por representar apenas al 25% de los votos válidos emitidos, suponiendo que eso no se amplíe en octubre. Porque la legitimidad no es el resultado de una operación matemática, sino de un silogismo jurídico cuya premisa mayor es la legalidad republicana.
Si la señora continúa a cargo, es porque todo lo que han dicho sobre la obligación del país de someterse a sus caprichos eran burdas falacias inaceptables para un estudiante secundario. Tiene suerte en el fondo de que este todavía no sea el país que quiso diseñar, porque en ese caso además de tener que irse ya a casa, el próximo gobierno tendría que aplicar contra ellos la misma metodología facciosa con un estado policial y la entrega de privilegios a todos los que los ataquen.
El populismo falsifica los presupuestos republicanos para la construcción de una dictadura. Dictadura es el gobierno en el que no hay normas abstractas sino sólo pura voluntad política. La mentira más grande a la que apelan es a la supuesta fuerza legitimadora de un resultado electoral para cualquier cosa. Pero en verdad la mayoría como voluntad, no existe. Es sólo un resultado de sumar voluntades que son independientes y que han coincidido en un momento sin conexión entre ellas, sin ponerse de acuerdo ni tener un plan común. No es un ente que está detrás del gobierno habilitándolo para cometer cualquier barbaridad. Por eso tiene suerte la señora, si no tendría que estar abriendo su ¿estudio jurídico?
José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE.
El actual gobierno de Venezuela (como se suponía que iba a ocurrir) ha incumplido -abierta y totalmente-el mandato expreso que le diera UNASUR de llevar adelante una auditoría completa del resultado de las recientes elecciones presidenciales venezolanas.
Me refiero obviamente a las que están archi-sospechadas de fraude, las últimas realizadas luego de la muerte de Hugo Chávez. Motivo por el cual, la legitimidad de Nicolás Maduro como mandatario de su país esté fuertemente cuestionada. Ocurre que son muchos los que suponen que, si no hubiera sido por el fraude cometido, hoy el empeñoso Henrique Capriles sería el presidente de Venezuela y no Nicolás Maduro.
Las cosas, para la gente, no han cambiado. Nada. Henrique Capriles sigue siendo claramente más popular que Nicolás Maduro, un personaje realmente de madera, torpe, sin atractivo personal, ni carisma alguno. Un individuo, Maduro, que es todo lo contrario de la simpatía. Una suerte de toro en un negocio de venta de porcelanas. Peligrosísimo. Porque se lleva todo -y a todos- por delante y porque no vacila un solo instante en insultar descaradamente a cualquiera, como si la obligación de ser cortés a él no le correspondiera nunca.
En efecto, un reciente estudio del “Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), Gestión de Gobierno y Coyuntura Política”, revela que el 45,1% de los venezolanos, si tuviera la oportunidad de hacerlo, hoy votaría por Henrique Capriles para presidente de su país. Esto, con total prescindencia de por quién votó en la elección pasada.
En paralelo, apenas un 39,3% de los venezolanos manifiesta que votaría, en cambio, por el bolivariano Nicolás Maduro. Pese a la masiva propaganda oficial, con los dineros de todos. Un 15,7% de los encuestados, como siempre suele ocurrir, o no sabe o no contesta. O, peor, en un país donde el gobierno hace de la intimidación un instrumento constante de gobierno, oculta -presumiblemente por temor- cual es su verdadera opinión.
La investigación se realizó con gran cobertura, esto es en las cinco regiones del país. Entre el 16 y el 29 de julio pasados.
Como ciertamente cabía suponer, la encuesta también dejó claro que la gente cree que, de haber podido materializar su triunfo, Henrique Capriles hubiera sido mejor gobernante que Maduro al tiempo de tratar de resolver los acuciantes problemas económicos que enfrenta Venezuela como consecuencia del caos en que la desordenada gestión de Hugo Chávez la dejara. En medio de la escasez de todo, incluyendo alimentos esenciales, de la creciente sequía cambiaria y de una inflación que es ya galopante. Hoy los venezolanos son “viajeros de segunda”. Cuando deben salir del país sólo pueden comprar mil dólares. Nada.
No obstante, Nicolás Maduro, haciéndose el distraído respecto de UNASUR, se aferra como puede al poder y pretende que sulegitimidad existe, que es total. Claramente, no lo es. Una pena, porque ahora le toca presidir pro témpore al desprestigiado MERCOSUR, al que muchos de nosotros pertenecemos. No nos gusta que alguien así, de pronto nos represente. Particularmente porque para Maduro el MERCOSUR es apenas una tribuna política más a manipular desde sus diversas tarimas. Un instrumento de dominación.
Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California. Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.
En un fallo verdaderamente histórico, la Corte Suprema de Justicia invalidó este martes, con la sola disidencia de uno de sus siete miembros, la ley de reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por el oficialismo como pieza clave del proyecto de “democratización” de la justicia anunciado este año por la presidenta en el inicio de sesiones ordinarias del congreso.
Entre otras cosas, la Corte determinó que algunos de los artículos medulares de la citada ley eran inconstitucionales dejando sin efecto el decreto mediante el cual se convocaba a elección popular y partidaria de los representantes de jueces, abogados, académicos y científicos que suponía desde luego el desconocimiento del principio mismo de representación de estos estamentos técnicos previsto en la constitución. En este sentido, la Corte estuvo a la altura de las circunstancias al defender uno de los pilares del sistema democrático republicano como es la independencia del Poder Judicial, poder del Estado que “tiene la legitimidad democrática que le da la Constitución Nacional, que no se deriva de la elección directa”. Asimismo, la Corte dejó sin efecto las modificaciones introducidas por la ley con respecto al quórum del Consejo, que hubieran permitido a una mayoría simple de sus miembros seleccionar a los jueces y eventualmente removerlos en caso de no alineamiento con la política oficial.
¿Hacía falta semejante desgaste institucional? ¿Nadie previno a la presidenta que no saldría airosa de una jugada que incluso terminó uniendo a la oposición con el objetivo de preservar la Constitución? ¿Tampoco se le advirtió que su proyecto había de movilizar también a amplios sectores de la población que, sin distinción de partidos, y aun emancipados de sus propios representantes en quienes no se ven representados, saldrían en defensa de ese orden constitucional que el oficialismo se ha empeñado en transgredir?
Existen muchos aspectos del funcionamiento de la Justicia argentina que merecen y deben ser corregidos y mejorados. Sin embargo, no se trataba de echar abajo el árbol para alcanzar esos frutos.
Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO, es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM.
Pudimos ver el 25 de mayo el significado real de la referencia a una “década ganada” con la que el kirchnerismo define su paso por el poder. La fecha que celebra un acontecimiento nacional se utilizó para un acto partidario con las acostumbradas fantasías y autosobreseimientos que se conocen como “el relato”. Los que ganaron la década saben que los demás la perdimos, por eso que no hicieron otra cosa que convocar a empleados, proveedores y clientes de su sistema y excluirnos a todos los demás.
Demuestran con esa actitud su plena consciencia de que si ganaron la década fue a costa de todos los demás.
Lo que nos muestra el espectáculo que el kirchnerismo nos ofrece al borde del abismo es el rompimiento de vínculos sociales generales. Es la liberación que ellos ven como heroica de toda responsabilidad de ese poder que ostentan derivado de una legalidad que nos debería amparar a todos. Significa dar muerte a la legitimidad en función de la oportunidad que la legitimidad ofreció.
El negocio durará mientras fuera del oficialismo se tenga una visión autoritaria y opresiva de la idea de democracia como poder ilimitado de quien se impuso en las urnas. Si a esta privatización de los fines de la autoridad constituida se le sigue reconociendo justificación por un día en el que se realizaron unas elecciones, asimilando la asunción de un gobierno electo a la unción de un Nerón, entonces habrá que aguantársela o unirse a ellos.
Desde fuera del kirchnerismo se sigue compartiendo la posición de la mujer golpeada que permanece en el hogar en el que se dan las hostilidades. Que se queja y hasta denuncia, pero no cree que sea legítimo romper el pacto que no existe porque ya ha sido roto por el violento. Como el caballo que cree que sigue atado al palenque aunque las riendas estén sueltas.
Gobiernan para ellos y festejan el botín en nuestra cara. Al identificarse con el todo, decretan directamente nuestra inexistencia, pero existimos con toda claridad a la hora de pagar sus fiestas. No quieren deshacerse de nosotros, como el golpeador no tiene interés en deshacerse de su víctima.
Cuando se los critica, se llama a otra forma de convivir o se reclama que no se siga robando ni mintiendo, el aparato estatal tilda al disconforme de enemigo. Es decir nos coloca la supuesta legalidad en un vínculo con ella similar al que John Locke describía como “estado de guerra”.
Es entonces cuando viene la estocada final de esta perversión. Repasemos lo que ha pasado con todos, desde Mirtha Legrand, al campo, Clarín, Blumberg o cualquiera de los demás enemigos señalados del gobierno; esto es la deslegitimación de la víctima y el denunciante por medio de una segunda línea del aparato de propaganda: la de los neutrales que se dicen a sí mismos los serios. Unos que no denuncian al gobierno, por lo tanto tampoco lo padecen, porque denunciarlos sería ser enemigos (dado que las alternativas han sido reducidas a eso) y ellos quieren mostrarse “serios”. Los serios serán el estilete con el que se terminará de asesinar la reputación de los enemigos. No sólo serán atacados por el gobierno, sino también por la seriedad bienpensante, lo que los deja sin posición legítima alguna que puedan exhibir después de haber sido puestos a la parrilla.
El gobierno faccioso y autoritario produce este panorama sumamente patológico: agrede, explica las reacciones como enemistad y obtiene la colaboración de un ejército de tibios que para estar en el medio evitarán las críticas y demostrarán su neutralidad asimilando crítica o el ejercicio de la defensa a una hostilidad y ceguera que sólo cabe asignar al gobierno.
Así pasan de a poco a convertirse en marcados y muertos civiles cada uno de los elegidos, de la mano de los que repiten cosas como “no estoy ni con Clarín ni con el gobierno”, “acá hay una pelea en la que no tengo nada que ver”.
O si no su variante más miserable: “no hay que hacerle el juego a la derecha”, lo que es lo mismo que decir “hay que mentir para que no ganen los otros” o “que no se sepa así podemos seguir siendo de izquierda”. Todos perciben que el poder y su liturgia es un lugar de privilegio y que lo perderán si dejan correr la verdad así como así sin censura o autocensura.
El kirchnerismo es enfermo, pero deja también una sociedad profundamente enferma. Eso es lo que hemos ganado.
José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE.
La justificación “clásica” del derecho de propiedad como un derecho humano fundamental proviene de Locke (1988), quien deriva este derecho de la propiedad que cada uno tiene sobre su propio cuerpo y luego de las cosas que haya obtenido con su propio trabajo:
“Porque este trabajo siendo la incuestionable propiedad del trabajador, ningún Hombre salvo él mismo puede tener derecho a lo que así se ha mezclado, al menos donde queda suficiente en común para los demás” (p. 288). Esta última parte de la frase es la famosa “condición” (proviso) de Locke ha sido objeto de cientos y miles de páginas de debate académico acerca de su significado, si bien el mismo Locke presenta una respuesta tan sólo unas páginas más adelante:
“A lo cual déjenme agregar que quien se apropia de tierra para sí mismo a través de su trabajo, no reduce sino que aumenta la reserva común de la humanidad. Porque las provisiones sirviendo al sostenimiento de la vida humana, producidas por un
acre de tierra cercada y cultivada son … diez veces más que aquellas que resultan de un acre de tierra, de riqueza similar, desperdiciado en común” (p. 294).
Locke, John (1988), Two Treatises of Government, (Cambridge: Cambridge University Press.
Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).
Es frecuente escuchar el argumento que las medida y proyectos del oficialismo son legitimas dado que cuentan con los votos. El famoso 54% y los votos en el Congreso parecerían ser no sólo necesarios, sino también suficientes para legitimizar cualquier curso de acción.
Este punto de vista, sin embargo, confunde promulgación de una ley con el hecho de que efectivamente una ley se encuentre sujeta a derecho. Esta concepción, sin embargo, puede desembocar en democracias absolutistas, donde la diferencia con otros gobiernos autoritarios no democrácticos es de jure, pero no de facto ¿Cuáles son los límites de la democracia? Ciertamente no por votar una iniciativa la misma es justa o acorde a derecho. Por ejemplo, el voto no hace justo, ni éticamente aceptable, esclavizar a una parte de la población. Si es el voto lo que hace que una ley sea legitima, el famoso 54% kirchnerista podría votar que el restante 46% sean sus esclavos. Pero no es la cantidad de votos, sino principios éticos y morales los que nos hacen ver en esa iniciativa una profunda falta de principios. ¿Qué se puede y no se puede decidir por medio del voto?
Aquellas iniciativas que afecten derechos de terceros no podrían ser ignorados por un voto mayoritario. Justamente el punto de la división republicana de poderes es proteger a las minorías de las mayorías, las cuales no pueden votar cualquier iniciativa que deseen si lo que impera es un verdadero estado de derecho republicano. Las leyes de tránsito pueden ilustrar este punto. Conducir por la izquierda o la derecha, velocidades máximas, señalizaciones, etc., no afectan a derechos de terceros. Es indistinto si se conduce por la izquierda o por la derecha siempre y cuando todos conduzcan por el mismo lado. Lo que el voto democrático no puede hacer es exigir a los conductores a dónde deben dirigirse, dado que ello sí atenta contra sus libertades individuales.
De allí la posibilidad de que actos de gobierno sean ilegitimos a pesar de haber sido aprobados en el congreso. Y de allí también la importancia de un sistema judicial que no se limite a hacer ver las leyes promulgadas, sino asegurarse que las mismas sean acordes a los derechos individuales que la Constitución Nacional debe defender. De lo contrario, el sistema judicial pierde uno de sus roles centrales ¿Acaso los votos hacen legítimo, por ejemplo, que un gobierno le imponga al contribuyente en qué moneda debe ahorrar, o que le restrinja su libertad para entrar y salir del país? ¿Y si esto es ilegitimo, acaso no le corresponde al poder judicial limitar lo que el Congreso se cree con el derecho de votar? No hay duda de que un gobierno puede actuar de esta manera haciendo uso del monopolio de la fuerza, pero que lo pueda hacer no quiere decir que lo deba hacer, ni mucho menos sea el poder lo que legitimiza un curso de acción.
Lo que diferencia a una democracia republicana de una autoritaria es actuar dentro o fuera de los límites que legitimizan sus actos. Suele identificarse a estos límites de acción de un gobierno con la Fórmula de Bastiat, que dice lo siguiente: Un gobierno no puede realizar actos que llevados a cabo por un individuo serían considerados un delito. Si un individuo comete un delito al seguir cierto curso de acción, ¿cómo no lo es también cuando lo hace el estado?
Cruzar este límite es lo que lleva a un gobierno a presentar rasgos autoritarios. Si los principios republicanos implican que el individuo es el soberano, y los derechos del estado le son delegados por los individuos, entonces el estado no posee legitimidad de actuar por fuera de los derechos que le han sido delegados. ¿Si, por ejemplo, yo no tengo derecho a imponerle al lector en qué moneda actuar, entonces de dónde obtiene el estado ese derecho? El argumento del 54% debe explicar de dónde obtiene el estado el derecho al «ir por todo» cuando esos derechos no le pueden haber sido transferidos por los individuos. O bien se argumenta que es el voto lo que da origen al derecho, y no el derecho lo que limita qué se puede y no votar, o entonces en definitiva se tiene la postura de que el fin justifica los medios. Claramente un derecho que no existe no puede serle delegado al estado, por lo que al actuar crónicamente fuera de derecho el gobierno se vuelve en los hechos un ente autoritario. Estos gobiernos no se ubican así mismos debajo del derecho, como cualquier individuo, sino que se arroga una posición superior. Para estos gobiernos, no todos son iguales ante la ley, ellos son diferentes al arrogarse el poder de hacer cumplir una ley no acorde a los derechos de la sociedad que son gobierno.
¿Pero acaso no es cierto que practicamente todos los gobierno hacen actos que si seguimos la Formula de Bastiat no deberían poder hacer? ¿No es legítimo, entonces, que el gobierno también cruce ese límite y «vaya por todo»? Es cierto que la Argentina no es el único país dónde los estados realizan actos que no le corresponden, pero no es menos cierto que parece preocuparse por sobresalir frente al resto. Sin embargo, las fallas de otros países no son excusa válida para cometer el mismo error en mayores magnitudes. El gobierno K es como un invitado a una fiesta que llega y debe irse manejando su propio vehículo, por lo que no debería tomar alcohol si desea comportarse responsablemente. Sin embargo, al llegar a la fiesta ve a otro invitado que también ha llegado en vehículo tomando una media copa de vino. Dado esto, el gobierno K se autoconvence que es legítimo emborracharse por completo dado que otros están tomando media copa de vino. La falla de la media copa de vino no justifica una borrachera desenfranada.
Los problemas institucionales y culturales no son meras curiosidades intelectuales. Corea del Norte y Corea del Sur comparten su historia y cultura, pero difieren radicalmente en sus instituciones. Es el correcto marco institucional el que define si Argentina se quiere parecer a Corea del Norte o a Corea del Sur. Una vez dado el correcto marco institucional que respete la libertad individual y los derechos de propiedad, es el mismo proceso de mercado el que hace florecer a la economía del país. Los problemas económicos de Argentina requieren más de una corrección institucional que de una económica.
Nicolás Cachanosky es Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE), y Doctorando en Economía, (Suffolk University). Es profesor universitario.
La expropiación de YPF es solo un paso más de un gobierno que avanza sin límites sobre los derechos de propiedad y el orden republicano. La indiferencia de la gente frente a estos avances hace pensar que el límite está en la economía.
Si bien el gobierno no deja macana por hacer en materia de política económica, hay que reconocer que esas macanas apuntan a sostener su poder político. Hoy vemos como, encandilada por televisores, autos y celulares, una mayoría relativa le otorgó un cheque en blanco a Cristina Fernández que, por ahora, lo sabe usar muy bien. No porque esté generando políticas sustentables de largo plazo, sino porque está acumulando un poder que anula el sistema republicano y tiende a una autocracia cada vez más marcada.
Cristina Fernández tiene el monopolio de la fuerza. Muy pocos confían en la justicia y el parlamento está controlado por sus seguidores que votan sin chistar cuanto proyecto de ley le envía el Ejecutivo. En definitiva, Cristina Fernández detenta hoy un poder casi absoluto. Ese poder absoluto determina que aquellos que no comparten la política del gobierno tengan miedo de hablar. No digo en público solamente, sino por teléfono. Por mi profesión de asesor económico son muchas las charlas telefónicas que tengo y la gente tiene pánico a ser escuchada por miedo a tener sus teléfonos intervenidos. Hasta en los mails se observa ese temor. La gente se siente observada y controlada. La impunidad con que se mueve el gobierno puede llegar a límites inconcebibles. ¿Será cierto que en la Secretaría de Comercio, a los empresarios que van a tramitar un permiso de importación, los atiende el Sr. 12, 34, o 17? ¿Será cierto que no dan a conocer sus nombres y se manejan con números?
Lo concreto es que Cristina Fernández interpreta que el 54% de los votos que obtuvo en octubre pasado la autoriza a utilizar esa mayoría circunstancial para imponer leyes que pueden ser sancionadas por el Congreso pero que no tienen legitimidad. Y cuando digo que no tienen legitimidad quiero decir que una ley, por más que sea votada por la totalidad de los miembros de la Cámara de diputados y senadores, no pueden violar el derecho a la libertad y a la propiedad. Nadie decide pertenecer a una sociedad para ser sometido como un esclavo por el monopolio de la fuerza del Estado.
Las personas están dispuestas a sacrificar parte de sus ingresos y mantener un Estado para que éste defienda sus derechos, no para que los viole. El problema se presenta cuando, ya estando dentro de la sociedad, una mayoría relativa le otorga poderes a una persona para que use el monopolio de la fuerza a su antojo, por más que los fundamente en leyes ilegítimas, y someta a la población con el monopolio de la fuerza que le fue delegado para otra cosa. Y en este punto insisto una y otra vez: las leyes votadas por una mayoría no son legítimas cuando violan los derechos de las personas.
La estatización de YPF, más allá de si cumplió con las inversiones comprometidas o no, es solo un paso más en ese contante avance del Estado sobre la propiedad privada y explica la fuga de capitales que tiende a acelerarse. Basta con ver como escaló el dólar contado con liquidez para advertir que la gente entró nuevamente en pánico ante esta arremetida estatizadora. Puesto en otros términos, la estatización de YPF es otro paso más en la aplicación de políticas que buscan sostener el poder político del gobierno aún violando el derecho de propiedad.
Recordemos que los intentos por avanzar sobre los derechos de propiedad incluyen a la fallida 125, la confiscación de los ahorros en las AFJP, la apropiación de reservas del BCRA y luego la reforma de la Carta Orgánica, la prohibición de ejercer toda industria lícita como es la de importar o vender los bienes que uno produce al precio de mercado y mil formas más de intervencionismo y estatismo.
Cristina Fernández sabe que solo puede sostenerse en el poder si mantiene económicamente conforme a unos 10 u 11 millones de electores. Si uno mira la última elección, sobre 28,7 millones de electores, Cristina Fernández obtuvo 11,6 millones de votos que representan el 40% del electorado. Es decir, entre los votos en blanco, los impugnados y los que no van a votar, Cristina Fernández necesita el apoyo de unos 10 millones de personas para alzarse con la victoria. El resto, por una oposición incompetente, por desidia de la gente o lo que sea, queda sometida a los caprichos del kirchnerismo.
Debo reconocer que buena parte de la oposición tampoco se diferencia tanto de las propuestas kirchneristas. Puesto en otros términos, ofrece una especie de kirchnerismo bueno. Basta con ver cómo van a votar por la estatización de YPF y sus discursos en los medios para advertir que tampoco es que ofrecen una propuesta tan diferente. El gran interrogante es si existe demanda para una propuesta totalmente diferente. Me pregunto si prendería en el electorado un discurso que hable de la cultura del trabajo, de lo denigrante que son los llamados planes sociales, de las ventajas de participar del comercio internacional e integrarse al mundo, de los beneficios de la competencia, de la seguridad jurídica para atraer inversiones y generar más puestos de trabajo, en fin ¿prenderá en el electorado un discurso sobre la libertad que debe imperar en un país para que pueda desarrollarse la capacidad de innovación de la gente y de esta forma progresar? Francamente no tengo una respuesta categórica al respecto. Por ahora me inclino a pensar que esos 10 millones de votantes están más cómodos recibiendo una asignación universal por hijo, un subsidio, el empresario PYME feliz de no tener que competir con productos del exterior y grandes empresarios haciendo suculentos negocios con el Estado…hasta que se convierten en enemigos.
Lo cierto es que la base de apoyo de Cristina Fernández, que le permite arremeter contra la propiedad privada y atemorizar a la gente con el aparato de compulsión del Estado, es mantener relativamente tranquilos a esos 10 millones de votos que le otorgan la mayoría dada lo impresentable de la oposición y sus divisiones y vedetismos.
Si se acepta la tesis de los 10 millones de votantes conformes, entonces, lo que cabe esperar es que, ante la creciente escases de recursos para mantener contento a esos 10 millones de electores, en el futuro veamos nuevas confiscaciones y avances sobre los derechos de propiedad. Los que producimos todos los días en base a nuestro esfuerzo sin privilegios ni subsidios, tendremos que redoblar nuestro trabajo para sostener a esos 10 millones de personas. Y creo que la tarea va a ser agotadora porque al esfuerzo diario se le agregará las trabas que impone el Estado con su intervencionismo y creciente apriete fiscal.
El único límite que le veo al poder absoluto que ostenta el kirchnerismo, es la economía. En la medida que no se generan los recursos necesarios para mantener contento a los 10 millones que viven a costa de los que producen, el escenario político y social puede complicarse seriamente para el gobierno. Ellos saben que solo pueden seguir con este atropello institucional solo si redoblan continuamente la apuesta expoliando a los que producen y confiscan flujos e ingresos en nombre de la solidaridad social y la soberanía nacional.
El gran interrogante es el siguiente: ¿cómo reaccionaría el kirchnerismo ante un escenario de descontento social si cada vez hay menos recursos para repartir? ¿Utilizará la fuerza pública para disciplinar a los descontentos acentuando al autoritarismo o buscará alguna salida decorosa denunciando conspiraciones que no los deja gobernar?
Francamente no tengo la respuesta al interrogante del párrafo anterior, pero lo que sí me queda claro es que, por ahora, el único límite que le veo a esta destrucción de la república es la economía. Si la economía no les financia la fiesta de consumo, se acaba el apoyo de los 10 millones para los que gobierna el kirchnerismo.
Seamos sinceros, si bien es necesario insistir en el valor de las instituciones y los beneficios de un gobierno limitado, a la inmensa mayoría de la población poco le interesa ese tema. El bolsillo manda a la hora de votar. Por lo tanto, reconozcamos que el kirchnerismo leyó muy bien el comportamiento de la mayoría de los argentinos y actuó en consecuencia para construir su poder en detrimento de la democracia republicana.
En definitiva, como el límite está en la economía, me parece que antes de perder el apoyo de los 10 millones de votantes veremos nuevos avances sobre los derechos de propiedad y las libertades individuales. Salvo que obre un milagro, se vienen tiempos difíciles.
Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.
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