Argentina: Macri presidente

Por Gabriel Boragina. Publicado el 23/11/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/11/argentina-macri-presidente.html

 

Las recientes elecciones celebradas que dieran el triunfo al candidato opositor Mauricio Macri merecen algunas reflexiones. Sin duda, cabe calificarlas de históricas, pero no por lo que señalan la mayoría de los “analistas” políticos y periodistas, en cuanto a haber sido el primer balotaje que se lleva a cabo en la Argentina, sino en otro sentido, por el cual significa haber vencido al poderoso aparato montado por la siniestra banda del FpV*. No puede resultar de ninguna manera sencillo doblegar al partido oficialista, máxime si se tiene en cuenta la mas de una década reteniendo ilegítimamente el poder, tiempo más que suficiente como para haber armado toda una estructura que, en otros casos, le hubiera permitido perpetuarse en la cúspide del mismo. El triunfo de Cambiemos tiene -por este sólo hecho- un mérito muy grande.

Otro rasgo significativo de estas elecciones fue el que, a pesar del escandaloso fraude cometido por el gobierno (que por el hecho de ser tal, controla todo el aparato electoral, como asimismo todo el mecanismo de escrutinio y conteo de los votos) pese a todo esto decimos, Cambiemos logró imponerse, aunque, sin duda, por una cantidad de votos muchísimo mayor que la anunciada oficialmente. Prueba de ello son las fotografías de las actas que circularon ampliamente por las redes sociales (en especial por Twitter) y de las cuales el periodismo (tanto el oficial como el mal llamado “opositor”) no dieron cuenta. A luces vista, las fotografías comprobaban de que manera los fiscales del oficialismo adulteraron las actas para disminuir los votos de Cambiemos y aumentar artificialmente los del FpV. El fraude electoral no es nuevo en la Argentina, y ya lo practicó con éxito el mismo FpV en las dos anteriores elecciones presidenciales previas a la reciente. Dado el natural temor a formular denuncias que tiene la gente y a la fuerte propaganda oficialista en aquellas oportunidades, mas una cuota grande de resignación entre la ciudadanía en aquellos momentos, sumados otros factores menores, las denuncias fueron escasas y, como suele ocurrir en todo gobierno hegemónico, no prosperaron, fueron desestimadas o directamente silenciadas.

Esta vez el fraude fue menor, y aunque sin duda importante, al fin de cuentas, fracasó.

Otro aspecto, esta vez lamentable pero también típico del periodismo argentino, es el bajo nivel de los comentarios y análisis políticos en los medios tradicionales, aunque no escapan a esta bochornosa escala el de denominados “politólogos” de “prestigio” que -como en anteriores oportunidades- se centraron en la presunta escasa diferencia de votos entre Macri y Scioli, aspecto sin duda completamente irrelevante para quien maneje mínimas nociones de ciencia política.

Más allá que -tal hemos expuesto- estamos casi seguros que la diferencia de votos fue no menor a un 10% u 8%, de ninguna manera desmerece ni desluce el triunfo que esa diferencia hubiera sido (como se dice) menor.

Ningún presidente argentino, ya sea hubiera obtenido los votos que hubiera conseguido, gobernó menos (o con menos poder) que si -en los hechos- hubiera logrado el 99% de los votos. La cantidad de votos nada cuenta para gobernar (aunque cuenta para impresionar a mentalidades infantiles). Para ejemplos recientes parecen haber olvidado esos sedicentes “politólogos” que Kirchner -quien formalmente alcanzó un escaso 22% de votos- gobernó hasta el final como si hubiera ganado por el 100% al punto tal de haber creado una dinastía que, proponiéndose perpetuarse en el poder, logró hacerlo por más de una década. Y antes de él, tampoco ningún presidente gobernó por menos, sino por más. Es que el número de votos otorgan al ganador solamente un poder formal, que no siempre coincide con el poder real o material. Por lo que, en los hechos y en la práctica, formalmente para el ganador es lo mismo haber ganado por 1 voto que por todos los millones de sufragios que sean imaginables. Con más razón en la política argentina, donde -lamentablemente- lo que cuenta simplemente es ganar para acceder al poder, y una vez en posesión de él lo que se haga con el mismo es otro cantar.

Por otra parte -y desde un punto de vista estrictamente democrático- lo que tendría que importar (y que verdaderamente importa) es como -tras las elecciones- quedaron configuradas las cámaras legislativas, y no la cantidad de votos que obtuvo el candidato presidencial vencido.

También resultan ridículos los comentarios que mostraban preocupación por el hecho de que Cambiemos tendría que acordar con otras fuerzas políticas, porque, además de pasar por alto que todos los presidentes (unos mas, otros menos) se han visto obligados a ello, Macri ya lo ha hecho con la UCR y con la Coalición Cívica-ARI (antes de presentarse a las elecciones), partidos ambos -hasta lo que no hace relativamente mucho- no le eran afines. El presidente Macri ya demostró habilidad y flexibilidad en dicho sentido. Creemos entonces que no hay motivo ninguno como para suponer que no pueda lograr pactos a nivel nacional con otras fuerzas políticas, por lo que -al momento- las dudas que esos “politólogos” y “periodistas” manifiestan no tienen -a nuestro juicio- ni antecedentes ni asidero alguno que las justifiquen.

En suma, las críticas de muchos “periodistas” y “analistas” hechas al vencedor Macri en función del resultado electoral numérico nos parecen de la ridiculez y absurdidad más enorme, pueril y espantosa. La ciudadanía argentina se mostró en esta ocasión más juiciosa y más madura que muchos “analistas políticos” de la prensa oral y escrita.

En lo sustancial, el presidente Macri recibe un país destruido por las fuerzas letales del FpV, por lo que la terea de reconstrucción que le espera no será de ningún modo simple. Pero su efectiva gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le brinda un antecedente muy auspicioso y favorable.

No somos amigos de hacer pronósticos y menos en materia política, por lo que -al momento- no cabe más que augurarle al flamante presidente de todos los argentinos el mejor éxito en la tarea que, en lo que sea positiva contará con todo nuestro apoyo. Y en lo que no, con nuestra amistosa crítica constructiva.

*FpV: siglas del Frente para la Victoria, rama del peronismo conformado por el matrimonio Kirchner.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

La luz al final del túnel

Por Gabriel Boragina. Publicado el 31/10/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/10/la-luz-al-final-del-tunel.html

 

Por primera vez en mucho tiempo, existe una verdadera posibilidad de que la Argentina se libere de lo que no hemos dudado en denominar una auténtica dictadura con apariencia democrática, un disfraz de democracia que se fue desdibujando a lo largo de los tres sucesivos y excesivamente extensos gobiernos del nefasto FPV (Frente para la Victoria) de los no menos tenebrosos Kirchner, una efectiva y sombría secta política conformada por un heterogéneo grupo de peronistas, otros autollamados “progresistas”, y un número importante de ex terroristas y sus ideólogos, tanto del pasado como del presente. Un coctel explosivo por donde lo mire.

En este sentido, puede decirse sin hesitación que la Argentina está ante una oportunidad histórica para sacudir el pesadísimo yugo de quienes -desde el primer día de acceso al gobierno- hicieron de su eternización en el mismo su único objetivo, aunque no fuera, desde luego, hecho explícito por sus mentores.

Los costos políticos y económicos que ha tenido que pagar, y que con toda seguridad aun todavía tendrá que afrontar la sociedad argentina por esta aciaga experiencia, han sido tremendos. Pero al fin, parece que la gente ha llegado a un feliz punto de saturación, en el cual la necesidad de una transición a una situación más normal y coherente quiere imponerse con alguna fuerza.

El gobierno, pese a los resultados claramente negativos a su gestión, sigue encerrado en un delirante relato, construido cuidadosamente al mejor estilo del tristemente célebre sicario nazi Joseph Goebbels, Ministro de Propagada de la Alemania de Hitler, cuya *estrategia* de lavado de cerebros el FpV cultivó con fruición de la mano de teóricos afines reunidos bajo diferentes denominaciones. La prueba de ello es que el último discurso presidencial mostró definitivamente que, aun en las peores circunstancias, el gobierno no se encuentra dispuesto a abandonar la mentira, la prepotencia, la soberbia y la falsedad más escandalosa de su accionar en el tiempo, aun contra cualquier evidencia en contrario, por más contundente que esta sea.

Como hemos expuesto en otras tantas ocasiones, la sociedad argentina demoró muchísimo tiempo en reaccionar ante el cúmulo de atropellos, tropelías, trapisondas y violaciones continuas a los derechos más elementales del ser humano cometidos por el gobierno del tremebundo FpV. Ciertas características que hacen al pueblo argentino facilitan que inescrupulosos se hagan del gobierno y lo retengan.

Resulta realmente saludable que la sociedad haya reaccionado, aun cuando el oficialismo guarda alguna esperanza de continuar perpetuando sus maléficas acciones en cuanto resquicio le sea proclive.

Se impone con toda necesidad la exigencia de un gobierno de signo contrario al del FpV y sus personeros, porque no existe otra salida en medio de las actuales circunstancias para superar la terrible crisis moral, educativa, económica (en una palabra crisis social total) en el que se encuentra sumido el pueblo argentino.

Los Kirchner se han empeñado en pulverizar todo vestigio de racionalidad en la gente, y es a esto a lo que nos vemos obligados a sobrevivir, superar y destruir.

De cualquier manera, el grado de daño ha sido tan grande que, ni aun si el oficialismo continuara gobernando la situación podría seguirse sobrellevando. Un hipotético gobierno oficialista sólo lograría profundizar el camino al abismo al que el FpV dirigió el país desde el primer día de ascenso al poder.

Los desafíos que encuentra el próximo gobierno consisten en remontar la trágica herencia de la secta hasta ahora al frente del Ejecutivo.

Entre la larga lista, destacan : en volver a poner en funcionamiento las instituciones republicanas, prácticamente aniquiladas a lo largo de los tres lamentables y sucesivos gobiernos unipersonales del FpV, tal que -como hemos dicho en ocasiones anteriores- uno de los principales objetivos que se plantea todo movimiento o persona que aspira a consolidar una fuerza dictatorial es, precisamente, la destrucción de las bases de la democracia y del republicanismo, y estas son las bases sobre la cuales estaban sentados los orígenes no sólo del poder político argentino, sino de la armoniosa convivencia social del pueblo. El FpV se propuso, desde sus mismos comienzos -y pese a la conformación de un contrario discurso mentiroso cuidadosamente elaborado también desde la misma época- la demolición de aquellos cimientos, por lo cual su reconstrucción imperiosamente se impone.

Como también hemos manifestado en más de una vez, el modelo de gobierno que siempre ha tenido en mente la banda compuesta por los integrantes del FpV ha sido constantemente el que el chavismo venía imponiendo desde poco antes de fines del siglo pasado en Venezuela, es decir, una tiranía con ciertos visos de aspecto democrático, donde con regular periodicidad se permitía a la gente concurrir a las urnas para hacerles creer que la tiranía que se estaba consolidando delante de sus ojos, poseía positivas apariencias de legitimidad. La estrategia de penetración fue desgraciadamente exitosa en Venezuela, y en este esquema consintió -ni más ni menos- el proyecto de gobierno del FpV, sobre todo durante sus dos primeros periodos. Y no nos cabe duda que todavía ese es el proyecto del FpVen caso de lograr llegar nuevamente al Ejecutivo. He allí no toda, pero parte de su peligrosidad. A diferencia deArgentina, la dictadura chavista venezolana se prolongó en base a dos factores que consideramos clave: el sólido sostén militar de la misma, y la fuente de cuantiosos ingresos que representa el monopolio estatal sobre un recurso natural estratégico: el petróleo, que le brinda al gobierno venezolano el poder económico suficiente como para dominar al pueblo casi a voluntad.

Los argentinos tienen la ocasión de revertir este verdadero camino de servidumbre -como no dudaría en llamarlo el premio Nobel de Economía Friedrich A. von Hayek-. Lamentablemente, el pueblo argentino -como hemos destacado- no es rápido de reflejos a la hora de advertir, prevenir y solucionar los males que les son propios. Esperemos que esta vez la reacción sea firme y duradera, y que configure el comienzo de una segura nueva etapa. La etapa de la refundación de lo que alguna vez fuera y se llamara con orgullo República Argentina

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Resistencia a la opresión

Por Gabriel Boragina. Publicado el 25/7/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/07/resistencia-la-opresion.html

 

Para poder entender el tema de la resistencia a la opresión, es necesario previamente dar algunas nociones básicas sobre la legitimidad del poder, para lo cual nada mejor ni más apropiado que la autoridad del Profesor Constitucionalista Dr. Germán J. Bidart Campos que enseña:

“La legitimidad “de origen” y “de ejercicio”. 51. — Tradicionalmente se ha hablado, con referencia al poder, de una legitimidad de origen, y de una legitimidad de ejercicio.

  1. a) La legitimación de origen hace al título del gobernante, y depende concretamente del derecho positivo de cada estado, como que consiste en el acceso al poder mediante las vías o los procedimientos que ese derecho tiene preestablecidos. En el estado democrático, se dice que el acceso al poder y la transmisión del poder operan mediante la ley y no por la fuerza.
  2. b) La legitimidad de ejercicio se refiere al modo de ejercer el poder. Genéricamente, podemos decir que si, objetivamente, el fin de todo estado radica en la realización del bien común o valor justicia, la legitimidad de ejercicio se obtiene siempre por la gestión gubernativa enderezada a aquel fin, y, viceversa, se pierde por el apartamiento o la violación del mismo.

La pérdida de la legitimidad de ejercicio proporciona título, con base en la justicia material, y en circunstancias extremas de tiranía o totalitarismo que producen la obturación de otras vías exitosas, para la resistencia del pueblo contra el gobernante. Vamos con ello, en la teoría política, hacia el derecho de resistencia a la opresión y en el derecho constitucional hacia el tema del derecho de revolución.

El derecho de resistencia está previsto en el art. 36 contra los que ejercen los actos de fuerza que la norma nulifica e incrimina (ver nº 53).”[1]

Al referirse al art. 36, el autor citado está haciendo alusión a la Constitución de la Nación Argentina. Un “estado democrático” -de acuerdo al criterio anterior que compartimos- debe reunir, entonces, para su existencia estos dos requisitos, si falta alguno de ellos no podría, pues, hablarse de “estado democrático” sino de una dictadura, tiranía o un estado totalitario. Pensamos que esto último es lo que ha sucedido en la Argentina durante los tres largos e ininterrumpidos gobiernos del FpV (Frente para la Victoria, encabezado por la tenebrosa secta Kirchner, en los que, si bien en apariencia, se habría cumplido la primera de las condiciones (de la cual tenemos justificadas dudas que hemos expuesto en más de una oportunidad y en diversas ocasiones), resulta más que claro que no se cumplió de ningún modo la segunda de ellas.

En efecto, lejos de perseguir “la realización del bien común o valor justicia” dicha secta ha procurado la concreción de metas sectoriales o particulares de afines u obsecuentes al poder detentado durante un dilatadísimo periodo, en que se prostituyó no sólo el valor justicia, sino todos los demás valores y la convivencia misma dentro del seno de la sociedad. Situaciones como la descripta, habilitan el derecho a la rebelión por parte del pueblo sometido al capricho de tales déspotas, sedientos megalómanos insaciables de poder, como tantas veces se los ha visto.

Lamentablemente, los tiranos siempre han hecho hincapié en la primera de las exigencias, omitiendo toda alusión a la segunda, de hecho la más importante de los dos atributos de la legitimidad, dado que la elección de un gobierno se agota simplemente en el acto electoral, en tanto que el ejercicio del mismo conlleva un tiempo muchísimo más dilatado, por cuanto cobra mayor gravedad la circunstancia de que ese ejercicio se aparte de la realización del bien común o del valor justicia como ha sido el caso.

“50. — Es sugestiva la ubicación del art. 36, que preserva al poder, dentro del rubro de los nuevos derechos y garantías. Por eso, también lo ligamos al sistema de derechos.

En efecto, es fácil entender que el orden institucional y el sistema democrático hallan eje vertebral en dicho sistema de derechos, y que atentar contra el orden institucional democrático proyecta consecuencias negativas y desfavorables para los derechos. No en vano en el art. 36 también viene encapsulado, con definición expresa, el derecho de resistencia dentro del marco genérico que incrimina las conductas que lesionan al bien jurídico penalmente tutelado en forma directa por la constitución, para evitar la ruptura en la transmisión legal del poder.(Ver nº 49).

Es algo así como una cobertura general, con bastante analogía respecto del clásico delito del art. 29 que, a su modo, también tiende a preservar un similar bien jurídico, cuando da por cierto que la concentración del poder en el ejecutivo, o en los gobernadores de provincia, al fisurar la división de poderes pone a merced del gobierno la vida, el honor o la fortuna de las personas.”[2]

Cualquier intento de concentración del poder habilita el derecho de rebelión de la ciudadanía para desplazar a ese poder. Y este derecho, se encuentra plasmado en la Constitución de la Nación Argentina, pero aunque no estuviera por ella contenido hay que concluir que el derecho de rebelión y de resistencia a la opresión no desaparece como tal, por cuanto se trata de un derecho natural del hombre, y no de algo que para ser deba contar con un previo “reconocimiento” positivo legal.

No son muchos, lastimosamente, los gobiernos que creen que la soberanía reside -en definitiva- en el pueblo mismo y no en los gobernantes. Por otra parte, queda claro que el abuso de poder es un delito tipificado por la constitución y penalmente sancionado. Los gobiernos no tienen derecho a violar derechos, y esto es lo que justifica plenamente el derecho de rebelión contra un gobierno que vulnera el sistema de derechos que garantiza la constitución. Derechos todos anteriores al hombre y no creados por el hombre.

La “transmisión legal del poder” implica que el poder se trasmite a otra persona diferente a quien lo ejercía hasta el momento en que dicha transmisión ha de tener lugar, es decir, implica la esencia del sistema democrático la alternancia del poder para evitar la perpetuación en el mismo de una o más personas de un único signo.

[1] Bidart Campos, Germán J. Manual de la Constitución Reformada – Editorial Ediar. Tomo I – pág. 84 y 85.

[2] Bidart Campos, Germán J. Manual de la Constitución Reformada. Tomo III, Ob. Cit. pág. 14/15

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Destrucción de valores: Gramsci y la “violencia de género”

Por José Benegas. Pubicado el 3/6/15 en: http://josebenegas.com/2015/06/03/destruccion-de-valores-gramsci-y-la-violencia-de-genero/

 

Argentina es un país gobernado desde hace 12 años por un grupo que, desde el vamos, tenía en su haber la desaparición de mil millones de dólares de una provincia. Un gobernador que llegó a la presidencia favorecido por un presidente provisorio (Duhalde) para evitar la llegada de Carlos Menem a su tercera presidencia, había sacado fuera del país ese dinero y nunca más se supo de él. Llegó a presidente con el 22% de los votos después de que Menem renunciara a participar en la segunda vuelta electoral. El gobierno de Kirchner, seguido después del de su mujer, se dedicó a construir un imperio propio al rededor del estado. Administró el país como si fuera un botín. Para eso se alió a la primitiva izquierda violenta del peronismo, reavivando juicios de derechos humanos, a costa de tirar por la borda todo tipo de garantías constitucionales. También fue apoyado en eso por todo el país “bienpensante”, porque el valor máximo de la corrección política era estar contra Menem y Kirchner ofrecía la vuelta al estatismo más acérrimo. Practicó una receta estrictamente populista para acrecentar su poder.  Es decir, la explotación de cualquier debilidad para legitimar el poder absoluto y la expoliación masiva en favor de su grupo.

Parte importante del método político kirchnerista ha sido favorecer al delito. No solo el propio, sino el común. Instalar jueces que propician que los delincuentes son víctimas de la sociedad y que luchar contra el delito es luchar contra los pobres. Suena absurdo para cualquiera, pero esto que acabo de decir es bastante textual, no se trata de una exageración. Toda protesta por el delito callejero era tomada por un gran aparato de propaganda como fascismo. El kirchnerismo fue la primera banda política en tener su propia agrupación de delincuentes en las cárceles, llamada “Vatayón militante”, así, con V.

Esto último es también parte de una metodología gramsciana de destrucción de valores (incluída la V). No porque detrás haya una utopía socialista, sino el interés de una banda por tener todo el poder y el control y quedarse con los recursos. Nada tiene que valer, porque el individuo debe ser sometido a unas condiciones en las que no pueda confiar en su propio juicio. Eso lo hace fácil de manejar.

Otra parte de la metodología es la creación y utilización del mito, al que llaman “relato”. Los “derechos humanos” son el mito que incorporaron, bajo el cual justificaron todo tipo de defraudaciones al fisco. Convirtieron a las Madres de Plaza de Mayo en una empresa constructora de viviendas y produjeron un desfalco de unos trescientos millones de dólares. Bonafini al identificarse con los derechos humanos era intocable. Podía emitir cheques sin fondos que los jueces no se atrevían a tocarla. Esa era justo el tipo de impunidad que Kirchner vio que podría lograr subiéndose a la ola izquierdista. Para kirchner la “ideología” era una cobertura para robar, como lo es para todos sus seguidores hoy, ninguno de los cuales hace referencia a ideas, sino sólo conflictos donde ellos son buenos y quienes se oponen son malos. Es decir, populismo.

Los medios fueron controlados mediante la pauta oficial, las amenazas y el uso de los organismos de inteligencia. Durante los primeros años del kirchnerismo la política fue prohibida de hecho en la televisión abierta y ya promediando su mandato, también en la televisión por cable. La información se despolitizó como en los años de gobiernos militares. Solo después de romperse la relación de la banda de kirchner con el grupo Clarín, volvió de a poco el periodismo. A partir de ahí, Kirchner comenzó un plan de conquista cultural comprando personajes de la farándula para que lo defendieran de cualquier cosa, e incorporando jóvenes sin escrúpulos con grandes sueldos para realizar trabajos partidarios con dinero del estado. Armó su propio sistema de propaganda para reemplazar a Clarín. Su propósito fundamental era denostar a los adversarios para mantener al país en conflicto permanente. A esto le llamó la propaganda “revalorizar a la política”, aunque era precisamente lo contrario a lo que habían hecho. Retiraron la política y después la reemplazaron por grupos de fanáticos que carecen de opinión propia o de ideas. Nada más toman partido en el momento que se los indica el poder, contra aquellos que les indica el poder.

Volviendo a la seguridad, el índice de delitos creció exponencialmente. La policía fue instruida para no recibir denuncias de modo de manejar las estadísticas. La sociedad así se mantenía atemorizada y anulada políticamente y entretenida con los conflictos preparados por el estado. Todo fue reemplazado por peleas de la farándula decadente.

El populismo requiere utilizar el resentimiento. El estado es el que pone fin a las “injusticias sociales”. Entonces mientras a un argentino se lo puede matar en la calle en nombre de la lucha de clases, nadie puede decirle a otro cosas discriminatorias como hacer alusión a su peso, estatura etc. El gobierno administrativamente sanciona toda discriminación de modo estricto, reitero, mientras avala los crímenes. La razón es que la discriminación alude a actividades antipáticas de la población pacífica, donde el gobierno puede meterse para dividir. No produce ningún efecto en el comportamiento antipático, no es lo que le interesa. Sino mantener disciplinada a la sociedad y acostumbrada a que el gobierno produce las consignas y la sociedad obedece.

La introducción ha sido larga para llegar a la cuestión del título, la llamada “violencia de género”. La ley en cuestión fue sancionada en el año 2009, pero en plena campaña electoral de este año 2015, el estado ha iniciado una campaña para que en todos los programas de televisión y radio se convierta en el monotema la llamada “violencia de género” y el “femicidio”. Cualquiera diría siguiendo los medios argentinos que de repente los hombres se han puesto a matar mujeres y de modo no menos repentino, al gobierno le empiezan a importar los crímenes. Pero en realidad es todo lo contrario.

Primera aclaración. El Código Penal argentino sanciona al homicidio, como no podía ser de otra manera. El homicidio no hace ninguna referencia de género, es sólo el idioma castellano. Se sancionan del mismo modo las muertes de varones y mujeres. En segundo lugar, uno de los agravantes del homicidio es la “alevosía”, es decir la debilidad de la víctima aprovechada por el victimario. No importa si uno u otro son varón y mujer. La alevosía incluye cualquier evidente desproporción. Con ello abarca también el delito contra los niños.

La introducción del género es una forma de colectivizar la responsabilidad e introducir la idea de que lo importante no es matar sino a quién matar. A su vez expandir la noción de que los hombres matan a las mujeres y no que determinados individuos son responsables de actos criminales y como tales deben ser castigados. La responsabilidad se diluye en un conflicto político general. Así como cuando matan a alguien en la calle para robarle el reloj, se trata del ejercicio de la lucha de clases, cuando un hombre mata a una mujer, se trata del conflicto entre el género masculino, contra el femenino. Se expande una culpa general, quién no se adose a la campaña también entra en el sector de los sospechosos. Hay que obedecer, seguir las consignas oficiales y la de cualquiera que grite desigualdad, de otro modo uno se coloca en el lugar de “feminicida”.

A su vez cuando empieza a importar si el muerto es varón (instrumento de la lucha de clases) o mujer (víctima de todo el genero masculino), el homicidio en si pierde valor. Se lo reemplaza por una lucha igual de inventada que la de clases para promover el resentimiento y el poder del estado. Se reemplaza el problema de justicia que hay detrás del crimen, por el problema de “igualdad de género” que hay en el programa político oficial. La destrucción de la justicia como valor que da más protagonista al tirano como protector.

La ley en si mezcla los delitos cometidos contra la mujer, que ya tenían recepción legal, con la igualación forzada, la creación de organismos culpabilizadores que no tienen nada que ver con la lucha contra el crimen y el otorgamiento de poder a la mujer que es estigmatizada como débil, con independencia del pensamiento retrógrado, para que pueda utilizar al estado cada vez que se vea contradicha o enfrentada sin violencia por un hombre. Los hombres matan a las mujeres porque no hay igualdad, ese es el mensaje.

La sociedad rendida no enfrenta nada de esto. El plan es muy eficiente en la destrucción de valores y el sembrar divisiones creando pequeños déspotas que le van indicando a los demás cómo deben pensar o comportarse. A su vez la educación enseña a alejarse de las abstracciones y los significados de las cosas. Parece dar lo mismo luchar contra la violencia familiar de cualquier tipo, que convertirlo en una lucha de géneros. Todo tiene que dar lo mismo para que la oveja en lugar de sentirse esclava se sienta protegida. Quién lo denuncie contará con poco respaldo. Mi problema es que no lo puedo evitar.

Todo delito debe ser combatido sin convertirlo en instrumento de objetivos políticos. Esa no es una lucha colectivista, es la protección del individuo, contra la agresión de otro individuo o de un grupo.

 

José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE.

Argentine Ruling Rocks The Sovereign Debt Market

Por Alejandro A. Chafuén. Publicado el 2/7/14 en: http://www.forbes.com/sites/alejandrochafuen/2014/07/02/argentine-ruling-rocks-the-sovereign-debt-market/

The recent decision by the U.S. Supreme Court to let stand a ruling by New York District Court Judge Thomas Griesa could have a major impact in the world economic scene. The ruling favors Argentine creditors and it requires the Argentine government to pay the debt owed to bond holders who did not agree to the terms offered in a previous partial settlements (the “holdouts”). The continued effort of the Argentine government to fight the ruling is based on its lack of understanding of how independent courts operate.

Seven years ago, during a trip to Peru, I had the privilege of spending four days attending programs with Justice Antonin Scalia. It was the first time that a Supreme Court justice had gone to Peru. During his presentation, a panel discussion with some of the highest authorities of the Peruvian judiciary, Scalia said: “During my entire career as a federal judge and Supreme Court justice, which now spans 26 years, never once, never once was I was approached by someone from the executive or the legislative power to try to exert influence in a case that was before me in one of my courts.”

A journalist interviewed me at the end of Scalia’s visit and asked me what impressed me most about his lectures. I repeated the above story and the journalist said to me: “It must be difficult to find a man with the integrity of Scalia.” Sure, it is difficult to find human beings like Scalia, but the journalist mistakenly thought that the independence of the judiciary in the U.S. was a matter of one person, not an institutional trait. Peru’s judiciary is not noted for its independence.

The notion of an independent judiciary that would constrain the government is even rarer in Argentina. In the World Rule of Law Index, Argentina scores a dismal 0.35 out of 1 in the category: Limits to the Government by the Judiciary. Peru does not score much better, only 0.45, but is moving in the right direction.

As for most of its tenure, the Argentine government presided by Nestor and Cristina Kirchner saw a judiciary system mostly subservient to government interests. Because of this it is natural that they would think the U.S. courts could also be manipulated. The Argentine government and negotiators don’t understand that U.S. federal courts are still independent. The politicization of the nomination process in the U.S. has not lead to the direct manipulation of the highest courts.

A few weeks ago, before the ruling, and as a last ditch effort, the Argentine government sent a delegation to lobby the Obama administration and theWashington-based international bureaucracies. They asked them to “intervene” on behalf of the Argentine government. It proved futile. After the ruling, which recognized the rights of the creditors, the first official response from the Argentine government was to publish a one page advertisement in the Wall Street Journal attacking the decision of the judge.

Other countries are watching this battle. In Peru there is more willingness to play by the rules. José Luís Sardón, one of the main hosts of Scalia’s trips to Peru, spent most of his academic life as an intellectual entrepreneur in the area of law. His law department, at the Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, has acted as a high-level, non-politicized legal think tank. Sardón produced a journal, Revista de Economía y Derecho, which has been elevating the discourse on legal and juridical matters in his country. Unlike the Argentines, who were recently greeted with “bad” news, Peruvians were greeted with the refreshing news that the Peruvian Congress had approved the appointment of Sardón to the highest court of the land.

The end result of the Argentine debt dispute is not certain. Agustín Etchebarne, executive director of Libertad y Progreso in Argentina, and with ample experience in the investment world, believes that, in the end, Argentina will negotiate with the holdouts. The clock started ticking, and if it does not reach an agreement by the end of July, it will likely default. Complying with the law might not be as costly as the Argentine government assumes. The latter fear that if they offer a better deal to the holdouts, the deal has to be offered to the 92 percent who have agreed to worse terms. Etchebarne believes that since the government is not offering to pay, rather it is being forced to pay, that “it is not clear that judges will rule in favor of the other creditors.”

Steve Hanke, a senior fellow at the Cato Institute, and a professor at Johns Hopkins University, stressed that Argentina needs to create a positive shock. Complying with the ruling should reduce the country’s risk and send signals to the world that Argentina is again open to true, not just crony, business. Etchebarne adds that from the energy to the agricultural sectors, and many others, there are abundant opportunities for investments in Argentina. Complying with the ruling might benefit the development of a healthier Argentinean economy in the near future.

Although it is hard to be optimistic about Argentina, the future of countries are not sealed. During the late 1980s, respected Latin American analysts were forecasting the disintegration of Peru as a nation. There is still much to improve in Peru but its country default risk runs today at 1.3 percent compared to 14.6 percent for Argentina.

The Argentine government might portray the hedge fund owners that represent most of the holdouts as greedy vultures, but few have been more voracious than the Argentine government authorities. They have speculated that their use of their arbitrary powers will allow them to continue with their practices with almost total impunity. It is the poor of Argentina who have paid the price for government policies that have taken their country to the lower places in the rule of law rankings. If the Argentine political and media pressure would have been able to sway a U.S. federal court it would have set an awful precedent and would have unleashed an increase of similar practices by other countries. On the other hand, the Supreme Court’s decision to let stand Judge Griesa’s ruling will make it more difficult for other countries to restructure its debts in an arbitrary and unjust manner. It should also lead to an improvement of the legal frameworks governing defaults by sovereign countries.

Alejandro A. Chafuén es Dr. En Economía por el International College de California. Licenciado en Economía, (UCA), es miembro del comité de consejeros para The Center for Vision & Values, fideicomisario del Grove City College, y presidente de la Atlas Economic Research Foundation. Se ha desempeñado como fideicomisario del Fraser Institute desde 1991. Fue profesor de ESEADE.

Amado Boudou, apenas otro soldado…

Por Gabriela Pousa. Publicado el 2/6/14 en: http://www.perspectivaspoliticas.info/amado-boudou-apenas-otro-soldado/

 

Se robaron todo. Desde lo más nimio hasta lo más grande. Desde el espacio de la estatua de Colón hasta la fábrica de billetes, desde los terrenos fiscales en El Calafate hasta los medios de comunicación. Desde la independencia legislativa hasta la justicia imparcial, desde la cultura hasta la moral.

Se van. Pero se van a medias. Dejan herencia para que se los recuerde durante muchos años.. Además hay “soldados de la causa” esparcidos en todo espacio político, me refiero a inescrupulosos aspirantes a ser o seguir siendo garrapatas de un Estado desvirtuado e ineficiente en lo más básico: salud, educación, seguridad.

En once años han alterado mucho más que la institucionalidad del país. Han menguado la calidad de vida de los argentinos que, paradójicamente o no, se lo permitimos... Ahora, los ojos se fijan en Amado Boudou que, en rigor de verdad, no es sino un caso más, como lo fuera en su momento Guillermo Moreno.

Ambos han hecho lo que el matrimonio Kirchner les han pedido que hagan. Ambos son soldados, no forman ejércitos aislados. El autor intelectual de lo que acontece ha muerto, la autora material ocupa el Ejecutivo Nacional. Boudou es la herramienta, el ejecutor del capricho presidencial. Todos lo sabemos. Sin Cristina no hay Amado.

Quizás sea un buen momento para poner el foco en la sociedad más que en la dirigencia por eso, y por dos razones básicas más: 1) el gobierno no hace sino aquello que la gente le deja hacer 2) los dirigentes no son foráneos, son emergentes de los ciudadanos.

Este último punto, Cristina lo ha asimilado con maestría. No en vano lucha por situarse del lado del argentino medio, precisamente aquel que frente a la mencionada hipótesis reacciona contundente: “Yo no los he votado”. Pero claro, una cosa es la responsabilidad intrínseca de todo ciudadano, y otra muy diferente la de su Presidente.

Aferrada a aquel slogan que utilizara hace unos años cuando se situó a sí misma como “primera ciudadana”, adopta la conducta de cualquiera de nosotros. Pero a no confundirse: no es igualdad, es estrategia. No es empatía, es conveniencia.

Así, frente a cualquier evidencia de la ignominia que genera, se lava las manos o sale a hablar como si estuviese en una mesa de bar: “Vamos che, no me vengan a decir que no están mejor que hace diez años“, nos contó un día. Y sin rigor científico en los datos sostuvo que Argentina supera a Australia y Canadá como quien dice que Funes Mori es mejor que Messi o Neymar.

En definitiva, habla como hablaba la “Doña Rosa” de Neustadt o la Salustriana de su cadena nacional desde la más supina ignorancia. Ahora bien, la ignorancia de aquellas es involuntaria carencia de conocimiento en la materia, en cambio, la ignorancia de la Presidente corresponde o debería corresponder a la categoría de “administración fraudulenta”, a delito de estafa, de traición a la Patria.

Lo de ella no es ausencia de conocimientos sino manipulación adrede de estos, utilización oportunista de amnesia, fabricación adulterada de estadísticas, tergiversación de la historia y sistematización de la mentira. En una palabra, es el relato perverso y maniqueo estructurado para deshacerse de responsabilidades, situándose en un rol que no le corresponde. No es víctima es victimario.

Cristina no es una ciudadana más que puede juzgarnos y decirnos cómo vivir desde atrás de un atril. En todo caso, somos nosotros quienes podemos demandarla al igual que Dios y la Patria. No hacerlo deviene de haber convertido a la democracia representativa en una democracia meramente delegativa.

Tampoco puede la titular del Ejecutivo hacer silencio frente a lo que está sucediendo. Usted o el vecino puede no opinar sobre Amado Boudou y Ciccone, pero quién lo llevó a la vicepresidencia de la Nación debe ineludiblemente dar una explicación. Los roles están alterados y en consecuencia, mal actuados.

La gente entiende el país como caparazón donde ampararse, no como propietarios comprometidos a mantenerlo en buen estado. Hay un sentido utilitario de ciudadano, así como también lo hay de la política. Todo es “a conveniencia”, de uno u otro lado.

En ese sentido, es grande la similitud entre la jefe de Estado y los soberanos. Ambos se equivocan en su conducta. Una no administra para el bienestar común, y el resto acepta la desidia mientras pueda sobrellevarla, o mientras en el bolsillo haya plata.

En rigor, estamos sumidos en una mediocridad espantosa que no sólo nos borra del mundo civilizado, sino que nos lleva a vivir la Argentina como una jungla: sin ley, sin norma, sin premios ni castigos. Una jungla donde prevalece el más fuerte no él más idóneo, donde al talentoso lo relega el escandaloso, la moral pasó de moda, y la virtud… La virtud apenas si quedó en algún libro de la biblioteca, de esos que nunca se abrieron pero que están allí porque el lomo combina con los sillones o las cortinas.

No nos engañemos. Boudou no era una eminencia económica. Siquiera era simpático, de ojos claros. Antes de ser bendecido con su actual cargo, su mérito fue saquear las AFJP. Al currículum lo venció un capricho y un prontuario.

Estamos confinados a una mediocracia excesiva por ausencia de compromiso cívico, de coraje, de valentía. Por ejemplo, acompañar la “cruzada” del Dr. José María Campagnoli no es ir y levantar un pedestal al fiscal sino defender lo que nos corresponde: la institucionalidad que será garantía de república y libertad.

Con el “yo no la voté” no nos desligamos de culpa si acaso después no lo acompañamos por algo más que la mera queja urbana, el lloriqueo de sobremesa y el confort de la derrota.

Porque la victoria no da derechos, obliga, mientras el fracaso ofrece el descanso de la “victimología”, una de las peores drogas de estos días. Entonces, en el rol de víctimas, nos creemos con razones para cruzarnos de brazos y exigir que todo, incluso la solución, nos sea dado. En idéntico rol se posiciona la jefe de Estado, no hace nada de lo que debería hacer. Sin embargo, el silencio otorga, sigue otorgando…

De ese modo, en la inacción permanente, terminamos apañando el populismo, y soportando figuras de la talla de Amado al frente de alguna facción que no hace sino responder, obedientemente, a la Jefe de Estado.

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Gabriela Pousa es Licenciada en Comunicación Social y Periodismo por la Universidad del Salvador (Buenos Aires) y Máster en Economía y Ciencias Politicas por ESEADE. Es investigadora asociada a la Fundación Atlas, miembro del Centro Alexis de Tocqueville y del Foro Latinoamericano de Intelectuales.

Democracia no es lo mismo que libertad

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 10/3/14 en: http://economiaparatodos.net/democracia-no-es-lo-mismo-que-libertad/

 

Si hay algo que los recientes sucesos en Venezuela deben dejar en claro, es que vivir en democracia no es lo mismo que vivir en libertad

Tan importante es esta diferencia que en piases que se dicen democráticos como Venezuela, aquellos que reclaman por sus libertades individuales mueren bajo la mano del mismo estado que se supone debe protegerlos. Es preocupante ver la confusión que hay en la opinión pública, medios, e incluso en políticos de carrera respecto a esta distinción que los hechos nos muestran pueden llevar separar entre la vida y la muerte. Defender la violencia del gobierno de Maduro porque fue elegido “democráticamente” es confundir medios con fines. La democracia no es un fin en sí mismo, es un medio para cambiar gobiernos de manera pacífica, no un método para pasar de un autoritarismo a otro. Son las instituciones republicanas (estado de derechos, igualdad ante la ley, y división de poderes) lo que nos lleva a vivir en libertad. Lamentablemente vivir en democracia no alcanza. La historia nos enseña que la diferencia entre democracia sin república y dictaduras puede ser materia discutible. ¿Qué diferencia a un dictador que pone presos a sus opositores y no se inmuta ante la muerte de sus ciudadanos de un “demócrata” que hace lo mismo utilizando el argumento del voto como excusa? ¿Desde cuándo los votos dan derecho a ejercer el poder de manera autoritaria?

 

Los liberales clásicos fueron muy claros y cuidadosos en distinguir entre democracia como método de elección a través del voto y un gobierno limitado que no puede abusar de su poder. Hayek diferenciaba explícitamente entre “democracia limitada” (república) y “democracia ilimitada” (autoritarismo.) Lo primero lleva al desarrollo y crecimiento económico. Lo segundo lleva a pobreza y perdida de libertades individuales. No es casualidad que las democracias ilimitadas esten gobernadas por una clase política con grandes riquezas y un pueblo empobrecido. Es tan impreciso como injusto criticar a Hayek por sus reparos a las democracias ilimitadas como si su postura fuese una crítica a las democracias limitadas. Pero lo cierto es que las críticas de la izquierda y el socialismo no siempre se caracterizan por su rigurosidad y cuidado. Mises también llamaba la atención sobre el problema de que si bien la democracia garantiza el cambio pacífico del gobernante de turno de ninguna manera garantiza que las mayorías voten correctamente. Hitler, Perón, Allende, Chavez, Maduro, y los Kirchner son sólo algunos casos que muestran que la democracia puede llevar al poder a gobiernos que limitan en lugar de proteger las libertades individuales.

 

Cuando no se vinculan los conceptos de “democracia” y “gobierno limitado” la historia nos muestra que el resultado pueden ser gobiernos autoritarios. Tomar el poder con los votos en lugar de con las armas no puede ser excusa para justificar autoritarismos como los que aún persisten en varios países de latino américa. Los límites institucionales son fundamentales dado que la democracia lleva a los candidatos a hacer promesas que no pueden cumplir o que requieren de violentar los derechos y propiedad de la minoría a favor de la mayoría. Estas promesas llevan a incrementar el gasto público, a otorgar beneficios, protecciones a empresarios amigos del poder, etc. Es decir, todas medidas que atentan contra la creación de la riqueza necesaria para mantener las promesas incumplibles que el candidato populista hace durante su campaña. Que el “argumento liberal (libre mercado y libertades individuales) no sea políticamente correcto no hace del socialismo y populismo sistemas virtuosos. Si ese fuera el caso, no sería necesario imponer con métodos violentos el Socialismo del Siglo XXI. Ganar votos y tener razón son cosas bien distintas.

 

Buchanan argumentaba que en la naturaleza humana se encuentra la necesidad de sentir protección. El rol que en una época cumplía la religión, hoy es ocupado por el Dios estado. La responsabilidad y la incertidumbre de hacerse cargo de los propios aciertos y desaciertos no es una idea atractiva cuando se puede usar la democracia como excusa para apropiarse de la propiedad de terceros o para protegerse de la competencia. Esta estatolatría nos ofrece falsas esperanzas a las cuales la sociedades se siguen aferrando.

 

Argentina no ha tenido la mejor experiencia en lo que respecta al liberalismo. Ante lo poco atractivo de estas ideas, algunos liberales ceden a sus principios para obtener votos con la esperanza de producir algún cambio desde adentro de la política. Pero el resultado es generar aún más confusión sobre qué es y no es el liberalismo. ¿Cuánto tiempo hay que dedicar a explicar que Martínez de Hoz no era liberal? ¿Cuánto tiempo hay que dedicar, por ejemplo, a explicar que los 90 no fueron una década liberal y que neoliberalismo no es lo mismo que liberalismo? Los liberales clásicos a veces tenemos la impresión de tener que dedicar más tiempo a explicar que no es liberalismo que a tener que explicar sus beneficios y límites.

 

Es esta falta de separación entre democracia y libertad (república) es lo que termina llevando a manifestaciones como las que se ven en Venezuela y han ocurrido en Argentina en los últimos años. Cuando la clase política dice, por ignorancia o desinterés, que hay que respetar a un gobierno que dice “ir por todo” porque ganó las elecciones, entonces el ciudadano ya no puede confiar en sus representantes para que protejan su patrimonio y libertades individuales. La dirigencia política debe recordar que ser políticamente correcto puede ser institucionalmente peligroso. Roza la hipocresía el político que pide al ciudadano que vote mejor mientras él apoya democracias ilimitadas porque es la postura políticamente correcta. La legitimidad de un gobierno no proviene sólo del voto, es un requisito necesario que el gobierno respete los principios republicanos.

 

Mientras los que se dicen opositores a la democracia ilimitada del Kirchnerismo balbuceen cuando se les pregunta por la situación en Venezuela, como si este no fuese un caso lo suficientemente claro de abuso inexcusable de poder, Argentina difícilmente tenga por delante cambios institucionales profundos. Es importante, entonces, que la ciudadanía tenga presente la importancia de la república para el largo plazo y le exija a la clase política lo que no puede o no quiere ofrecer: república con estado de derecho.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.

La libertad en las calles

Por Mario Vargas Llosa: Publicado el 9/2/14 en: http://elpais.com/elpais/2014/03/06/opinion/1394116119_987776.html

 

Hace ya cuatro semanas que los estudiantes venezolanos comenzaron a protestar en las calles de las principales ciudades del país contra el Gobierno de Nicolás Maduro y, pese a la dura represión —20 muertos y más de 300 heridos reconocidos hasta ahora por el régimen, y cerca de un millar de detenidos, entre ellos Leopoldo López, uno de los principales líderes de la oposición—, la movilización popular sigue en pie. Ha sembrado Venezuela de “Trincheras de la Libertad” en las que, además de universitarios y escolares, hay ahora obreros, amas de casa, empleados, profesionales, una ola popular que parece incluso haber desbordado a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la organización sombrilla de todos los partidos y grupos políticos gracias a los cuales Venezuela no se ha convertido todavía en una segunda Cuba.

Pero que esas son las intenciones del sucesor del comandante Hugo Chávez es evidente. Todos los pasos que ha dado en el año que lleva en el poder que le legó su predecesor son inequívocos. El más notorio, la asfixia sistemática de la libertad de expresión. El único canal de televisión independiente que sobrevivía —Globovisión— fue sometido a un acoso tal por el Gobierno, que sus dueños debieron venderlo a empresarios adictos, que lo han alineado ahora con el chavismo. El control de las estaciones de radio es casi absoluto y las que todavía se atreven a decir la verdad sobre la catastrófica situación económica y social del país tienen los días contados. Lo mismo ocurre con la prensa independiente, a quien el Gobierno va eliminando poco a poco mediante el sistema de privarla de papel.

Sin embargo, aunque el pueblo venezolano ya casi no pueda ver, oír ni leer una información libre, vive en carne propia la descarnada y trágica situación a la que los desvaríos ideológicos del régimen —las nacionalizaciones, el intervencionismo sistemático en la vida económica, el hostigamiento a la empresa privada, la burocratización cancerosa— han llevado a Venezuela y esta realidad no se oculta con demagogia. La inflación es la más alta de América Latina y la criminalidad una de las más altas del mundo. La carestía y el desabastecimiento han vaciado los anaqueles de los almacenes y la imposición de precios oficiales para todos los productos básicos ha creado un mercado negro que multiplica la corrupción a extremos de vértigo. Solo la nomenclatura conserva altos niveles de vida, mientras la clase media se encoge cada día más y los sectores populares son golpeados de una manera inmisericorde que el régimen trata de paliar con medidas populistas —estatismo, colectivismo, repartos de dádivas— y mucha, mucha propaganda acusando a la “derecha”, el “fascismo” y el “imperialismo norteamericano” del desbarajuste y caída en picado de los niveles de vida del pueblo venezolano.

El historiador mexicano Enrique Krauze recordaba hace algunos días el fantástico dispendio que ha hecho el régimen chavista, en los 15 años que lleva en el poder, de los 800.000 millones de dólares que ingresaron al país en este periodo gracias al petróleo (las reservas petroleras de Venezuela son las más grandes del mundo). Buena parte de ese irresponsable derroche ha servido para garantizar la supervivencia económica de Cuba y para subvencionar o sobornar a esos Gobiernos que, como el nicaragüense del comandante Ortega, el argentino de la señora Kirchner o el boliviano de Evo Morales, se han apresurado en estos días a solidarizarse con Nicolás Maduro y a condenar la protesta de los estudiantes “fascistas” venezolanos.

La prostitución de las palabras, como lo señaló Orwell, es la primera proeza de todo Gobierno de vocación totalitaria. Nicolás Maduro no es un hombre de ideas, como advierte de inmediato quien lo oye hablar; los lugares comunes embrollan sus discursos, que él pronuncia siempre rugiendo, como si el ruido pudiera suplir la falta de razones, y su palabra favorita parece ser “¡fascista!”, que endilga sin ton ni son a todos los que critican y se oponen al régimen que ha llevado a uno de los países potencialmente más ricos del mundo a la pavorosa situación en que se encuentra. ¿Sabe el señor Maduro lo que fascismo significa? ¿No se lo enseñaron en las escuelas cubanas donde recibió su formación política? Fascismo significa un régimen vertical y caudillista, que elimina toda forma de oposición y, mediante la violencia, anula o extermina las voces disidentes; un régimen invasor de todos los dominios de la vida de los ciudadanos, desde el económico hasta el cultural y, principalmente, claro está, el político; un régimen donde los pistoleros y matones aseguran mediante el terror la unanimidad del miedo y el silencio y una frenética demagogia a través de los medios tratando de convencer al pueblo día y noche de que vive en el mejor de los mundos. Es decir, el fascismo es lo que va viviendo cada día más el infeliz pueblo venezolano, lo que representa el chavismo en su esencia, ese trasfondo ideológico en el que, como explicó tan bien Jean-François Revel, todos los totalitarismos —fascismo, leninismo, estalinismo, castrismo, maoísmo, chavismo— se funden y confunden.

Es contra esta trágica decadencia y la amenaza de un endurecimiento todavía peor del régimen —una segunda Cuba— que se han levantado los estudiantes venezolanos, arrastrando con ellos a sectores muy diversos de la sociedad. Su lucha es para impedir que la noche totalitaria caiga del todo sobre la tierra de Simón Bolívar y ya no haya vuelta atrás. Leo, esta mañana, un artículo de Joaquín Villalobos en EL PAÍS (Cómo enfrentarse al chavismo), desaconsejando a la oposición venezolana la acción directa que ha emprendido y recomendándole que espere, más bien, que crezcan sus fuerzas para poder ganar las próximas elecciones. Sorprende la ingenuidad del exguerrillero convertido (en buena hora) a la cultura democrática. ¿Quién garantiza que habrá futuras elecciones dignas de ese nombre en Venezuela? ¿Lo fueron las últimas, en las condiciones de desventaja absoluta para la oposición en que se dieron, con un poder electoral sometido al régimen, una prensa sofocada y un control obsceno de los recuentos por los testaferros del Gobierno? Desde luego que la oposición pacífica es lo ideal, en democracia. Pero Venezuela ya no es un país democrático, está mucho más cerca de una dictadura como la cubana que de lo que son, hoy en día, países como México, Chile o Perú. La gran movilización popular que hoy día vive Venezuela es, precisamente, para que, en el futuro, haya todavía elecciones de verdad en ese país y no sean esas rituales operaciones circenses como eran las de la Unión Soviética o son todavía las de Cuba, donde los electores votan por candidatos únicos, que ganan, oh sorpresa, siempre, por el 99% de los votos.

Lo que es triste, aunque no sorprendente, es la soledad en que los valientes venezolanos que ocupan las “Trincheras de la Libertad” están luchando por salvar a su país, y a toda América Latina, de una nueva satrapía comunista, sin recibir el apoyo que merecen de los países democráticos o de esa inútil y apolillada OEA (Organización de Estados Americanos), en cuya carta principista, vaya vergüenza, figura velar por la legalidad y la libertad de los países que la integran. Naturalmente, qué otra cosa se puede esperar de Gobiernos cuyos presidentes comparecieron, prácticamente todos, en La Habana, a celebrar la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y a rendir un homenaje a Fidel Castro, momia viviente y símbolo animado de la dictadura más longeva de la historia de América Latina.

Sin embargo, este lamentable espectáculo no debe desmoralizarnos a quienes creemos que, pese a tantos indicios en contrario, la cultura de la libertad ha echado raíces en el continente latinoamericano y no volverá a ser erradicada en el futuro inmediato, como tantas veces en el pasado. Los pueblos en nuestros países suelen ser mejores que sus Gobiernos. Ahí están para demostrarlo los venezolanos, como los ucranios ayer, jugándose la vida en nombre de todos nosotros, para impedir que en la tierra de la que salieron los libertadores de América del Sur desaparezcan los últimos resquicios de libertad que todavía quedan. Tarde o temprano, triunfarán.

 

Mario Vargas Llosa es Premio Nobel de Literatura y Doctor Honoris Causa de ESEADE.

¿Logrará el terrorismo de izquierda chileno setentista permanecer en la impunidad?

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 25/9/13 en: http://www.eldiarioexterior.com/emilio-j-cardenas-42916.htm

 

La noticia periodística viene de Chile. A primera vista luce intrascendente porque no parecería (a primera vista) ser demasiado importante.

Pero, como veremos, ciertamente lo es. Porque se refiere a hechos criminales abominables, que ocurrieron en ese país, aunque hace ya más de tres décadas, que lo cierto es que aún están absolutamente impunes.
La “Fundación Simón Yévenes” -que lleva el nombre de un dirigente vecinal asesinado en agosto de 1970 por una de las organizaciones de la guerrilla marxista chilena, el Frente Popular Manuel Rodríguez (FPMR)- presentó una denuncia formal ante la justicia de su país, solicitando que se investiguen 106 atentados, homicidios, secuestros y lesiones graves. Todos ellos acaecidos a partir del 4 de noviembre de 1970, cuando asumiera el gobierno el ex presidente Salvador Allende Gossens, y todos aparentemente cometidos por parte de las distintas organizaciones armadas marxistas que en Chile recurrieron a la violencia contra civiles inocentes para sembrar indiscriminadamente el terror en ese país. Al mismo tiempo que fenómenos bien parecidos aparecieron también en varios otros países de nuestra región.
Entre ellos, el atentado que dejó muerto a Simón Yévenes, así como el que le costara la vida al ex vice-presidente de Chile, Edmundo Pérez Zujovic, el 8 de junio de 1971. En todos los casos, en clara violación de los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares.
La Corte de Apelaciones de Santiago, a través de su presidente, Alfredo Peiffer, acogió la denuncia referida y remitió -como claramente correspondía- todos los antecedentes respectivos a la fiscalía.
La denuncia pide inter alia que se cite a declarar como testigos, al ex presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier, quien en su momento fuera el ex jefe militar del MIR; a la popular ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, ahora nuevamente candidata a la presidencia, quien fuera médico de miembros del FPMR; y a su ex pareja: Alex Vojkovic Tries, quien a su vez fuera el vocero del FPMR, entre 1985 y 1987.
Ocurre que en América Latina las Convenciones de Ginebra de 1949, la columna vertebral del Derecho Humanitario Internacional, son apenas “letra muerta”. Con excepción de Perú y ahora también de Colombia. Pese a que esas normas son jus cogens esto es, de aplicación directa y obligatoria en todos los Estados.
En la mayoría de los países de nuestra región, incluyendo concretamente a la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, esas importantísimas normas -que han simplemente codificado la costumbre internacional- no se aplican. Es como si no existieran. Están rodeadas de un muro sospechoso silencio judicial. No existen, curiosamente, pese a haber sido ratificadas y transformadas en derecho interno. Especialmente, la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, aplicable específicamente a los “conflictos armados internos”, como los que estallaran en los cuatro países antes nombrados, en la trágica década del 70.
Esto es así, pese a que la Corte Internacional de Justicia sostuviera que esas normas son aplicables a este tipo de enfrentamientos armados. Lo que ocurrió en el sonado caso “Nicaragua”. Y  a que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en el caso “La Tablada”) adoptara idéntico criterio, recordando que la cláusula común 3° de todas esas convenciones (que es la que sintetiza la protección conferida a los civiles inocentes) es ciertamente de aplicación directa también en los “conflictos armados internos”.
Pero la realidad es que en la Argentina, por ejemplo, se sostiene que no hubo nunca un “conflicto armado interno” y, por consiguiente no hubo “crímenes de guerra” (esto es “delitos de lesa humanidad” cometidos durante los “conflictos armados internos”). Sólo hubo, sostienen, delitos comunes, respecto de los cuales ya no es posible accionar, porque han corrido las prescripciones del caso. Por eso es que hay ex responsables directos o indirectos de gravísimas atrocidades, que hoy están transformados en legisladores, filósofos de la realidad, periodistas con alguna inmerecida notoriedad, o hasta presidentes. Como si ellos simplemente no hubieran sido responsables de nada. Directa o indirectamente. De nada.
Solamente hubo, dicen, insurgencia o en todo caso bandidismo. Esto es enfrentamientos armados desorganizados, aislados, esporádicos y de corta vida. De poca intensidad, entonces. Frente a esto, las miles de muertes que, hoy se sabe, son atribuibles a las organizaciones guerrilleras en la Argentina se disfrazan hábilmente de “actos aislados”. Pese a que sus responsables tenían organización militar, controlaron territorio, operaron con su propia oficialidad y hasta con tribunales militares. Y, peor aún, pese a que además está probado que los conflictos armados internos que asolaron a la región y dieron lugar al también abominable terrorismo de Estado, tenía un fuerte apoyo externo, del que se vanagloriara alguna vez el propio Fidel Castro, cuando -en declaraciones del 4 de julio de 1998- admitiera expresamente su papel activo en la promoción -y sostenimiento- de la subversión marxista regional, en procura de crear lo que el mismo llamara: un “Vietnam gigante”.  Cabe agregar que, advertido que fuera por sus correligionarios, de la gigantesca gravedad de su formal reconocimiento, Don Fidel se llamó -desde entonces- a silencio total. Hasta por su propia seguridad personal al deambular por el mundo, particularmente después de la creación del Tribunal Penal Internacional.
Entre 1969 y 1979, las organizaciones guerrilleras y terroristas, representadas principalmente por el ERP, Montoneros y otras estructuras de menor envergadura militar, cometieron 21.644 atentados (uno cada cuatro horas, durante diez horribles años, entre los que se contabilizaron 1.501 homicidios; 1.746 secuestros, y 5.052 colocaciones de bombas. Estos datos surgen de la causa 13, donde se dictara la sentencia condenatoria de la Junta Militar, en 1985.
Con lo antedicho sobre la mesa, la pregunta es: ¿logrará la justicia chilena que los crímenes de la izquierda marxista de los 70 no sigan en la mayor de las impunidades? Admito que soy escéptico, pero todas las posibilidades están abiertas. Como lo están también en la Argentina, cuando el largo ciclo de los Kirchner, que ya ha comenzado a agotarse, finalmente se termine.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

Argentina: Una década de total incapacidad de diálogo

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 15/7/13 en http://www.eldiarioexterior.com/argentina-una-decada-de-total-42507.htm

El combativo matrimonio Kirchner se instaló en lo más alto del poder de la República Argentina hace ya una larga década. Perdida, por supuesto, pese a las afirmaciones publicitarias del oficialismo. El matrimonio la condujo con un estilo inédito, de perfiles cada vez más autoritarios.

El de las decisiones caprichosas. El que -incapaz de escuchar- se ha vuelto cada vez más altivo y hasta belicoso. Intimidante, por cierto. Dentro y fuera de las fronteras. Absolutamente intolerante con los demás, especialmente con quienes de pronto (superando el miedo) osan hacer públicas sus disidencias. Proclive a caer en la hipérbole en cada oportunidad.
 
Con esas patológicas características, que se instalaron en lo más alto del poder argentino, no sorprende demasiado que el país se haya rodeado inevitablemente de soledad y terminado en el actual aislamiento. Irrelevante hasta en el insulto o la protesta.
 
Ni que Argentina se haya vuelto (oficialmente) cada vez más bolivariana. Como parecería demostrarlo la concurrencia de su presidenta a la reunión de Cochabamba, (en desagravio a Evo Morales por la incómodo perturbación que sufriera en el reciente sobrevuelo europeo de su avión presidencial) a la que, en rigor, sólo concurrieron unos pocos mandatarios de UNASUR. Esto es, solamente los presidentes de Ecuador, Venezuela, Uruguay y el ex sargento y dictador de Surinam (la ex Guyana holandesa), Dési Bouterse. El hijo de Bouterse Dino, recordemos, fue alguna vez condenado por narcotráfico y contrabando de armas. Ahora bajo la protección de su padre, comanda una milicia juvenil armada que responde a la denominación de Counter Terror Unit que, con el pretexto de estar oficialmente encargada de controlar al terrorismo en Surinam, controla todo y a todos en ese país.
 
Lo sucedido -o sea la incapacidad evidente de poder seguir usando a UNASUR cual auténtico títere que se maneja a control remoto- sumado a lo similar ocurrido cuando los bolivarianos recientemente convocaran (siempre con urgencia, como si se tratara de cuestiones de vida o muerte), también sin éxito, a otra “Cumbre” de UNASUR, en este caso para repudiar ruidosamente las conversaciones de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, con la OTAN, nos muestra que UNASUR ya no es apenas un mecanismo cautivo -belicoso e hiperbólico- que está a total disposición de los líderes bolivarianos, que la cuentan entre sus instrumentos de poder. UNASUR hoy está dividida. No responde a la conducción verticalista venezolana que lo caracterizara en su despegue.
 
El mecanismo de la UNASUR creado para excluir o alejar del diálogo regional a todos los que no coincidieran con Hugo Chávez y con Néstor Kirchner (incluyendo a México) está ahora demostrando que la visión aislacionista y cerrada que originalmente impulsara su nacimiento ya no lo caracteriza necesariamente. Ha dejado, entonces, de ser un mero muñeco pintado y servil.
 
Mientras tanto, la intimidad entre Cristina Kirchner y el ilegítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, crece. Por minuto. En la última visita de Nicolás a Cristina, el primero se declaró “kirchnerista” y la segunda lo agasajó con una cena que incluyó la firma de nuevos convenios bilaterales. En serie. Hablamos de 147, todos firmados durante el mandato de Cristina. Los que deben sumarse a los 60 acuerdos bilaterales adicionales que fueran suscriptos con Venezuela en tiempos de Néstor Kirchner. El total es entonces 207. Increíble simbiosis, en los papeles solamente.
 
Mientras tanto, la inflación (desbocada) se come vertiginosamente los ingresos de los ciudadanos de ambos países. Y las inversiones, por obvia desconfianza, han caído absolutamente a pique. Pero de eso no se habla.
 
El norte político del oficialismo argentino es hoy Venezuela. Nadie más. Tampoco Brasil. Por ahora al menos.
 
Hasta la propia Dilma Rousseff -claramente asediada por la ola gigantesca de protestas que ha explotado en su propio medio- ha tomado distancia de las diatribas y quejas de alto vuelo que caracterizan a la política exterior bolivariana e impedido que sigan afincadas en UNASUR.
 
El diálogo de Argentina con el resto del mundo necesita ahora, queda visto, muletas. Tiene que ser en coro, con los bolivarianos. La Argentina de los Kirchner no se anima a ser solista. Señal de falta de fe en si misma. O consecuencia de una asfixia que, poco a poco, se ha ido apoderando de los argentinos. Lamentable.
 
Pero las encuestas comienzan a ratificar que un país ahora disconforme con el autoritarismo podría haber iniciado un viraje político saludable que, en octubre próximo, lo aleje del autoritarismo que hoy lo carcome y perturba.
 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.