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Descentralización y gasto

Por Gabriel Boragina Publicado  el 14/8/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/08/descentralizacion-y-gasto.html

 

Hay autores que, comprendiendo los nocivos efectos que un gasto público desbordado puede ocasionar, han insinuado diversas recetas para contenerlo. Por ejemplo:
“Con el fin de establecer defensas institucionales sólidas frente a demandas sociales que no es posible atender en el corto plazo y evitar eventuales desbordes populistas, cabe sugerir: [….] Reservar al Presidente de la República (o Primer Ministro en un régimen Parlamentario) -también por norma constitucional- la iniciativa exclusiva de ley en materias que signifiquen aumento del gasto público, mayores beneficios previsionales, creación de empleos estatales o incrementos tributarios.”1
El objetivo es plausible, y ya nos hemos explayado sobre los males de un gasto público que no cumple ni con las finalidades del gobierno, ni permite libertad a la actividad privada. Si bien la cita enuncia como problemas “el aumento del gasto público, mayores beneficios previsionales, creación de empleos estatales o incrementos tributarios”, poniendo a todos ellos -al parecer- en un mismo rango, en rigor los beneficios previsionales, los empleos estatales y los incrementos tributarios son consecuencia y no causa del gasto público. Por supuesto que, el gasto no se reduce a estos ítems, sino que sus partidas comprenden muchas otras erogaciones, pero el autor citado ha querido circunscribirse a aquellas que -según él- considera las de mayor demanda social.
Ahora bien, la cuestión de otorgarle al presidente de la república o primer ministro facultades exclusivas en materia de iniciativa legal para proponer medidas semejantes es, desde nuestro punto de vista y como habitualmente se suele decir, “un arma de doble filo”. Pareciera que la idea es sustraerle al congreso o parlamento tales prerrogativas, presumiblemente porque ha de suponerse que los legisladores o parlamentarios serán mas vulnerables que el presidente o primer ministro a las presiones populistas. Sin embargo, nosotros no encontramos base, ni lógica ni racional, a tal interpretación. Por el contrario, creemos no equivocarnos si observamos que la experiencia política (la latinoamericana es un muy buen ejemplo) demostró que han sido muchos presidentes los que fueron susceptibles y altamente influenciables a las demandas populistas. Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, y mas tarde Chávez en Venezuela, los Kirchner nuevamente en Argentina, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, etc. impulsaron y dieron cabida por igual a las pretensiones populistas para elevar el gasto público (sistemáticamente llamado “social” como si pudiera existir algún gasto público que no tuviera por destino satisfacer una demanda social).
Finalmente, habría que apuntar que la medida propuesta podría atentar contra la división republicana de poderes, y -al mismo tempo- ser una tentación para ambiciones personalistas y -por ultimo- para aspirar a la implantación de una dictadura. Instintivamente, no nos parece prudente la propuesta. Que la iniciativa legislativa sobre el gasto público se concentre en una sola mano como que se distribuya entre muchas no es por cierto mejor que contar con una regla que lo limite, sea quien fuere quien la proponga.
Tampoco resulta tranquilizante la necesidad de una reforma constitucional para determinar quien será -en suma- quien tendrá la iniciativa de proponer leyes sobre el gasto público. Por triste experiencia es sabido que las reformas constitucionales son ocasiones propicias para que los políticos que las llevan a cabo introduzcan de contrabando muchas otras normas que poco o nada benefician a la comunidad, y si -en cambio- favorecen sus propias posiciones de poder. Los ejemplos abundan en la historia de reformas constitucionales que, lejos de ser positivas para el interés de la gente, han resultado -por el contrario- muy negativas, sobre todo en materia de derechos individuales
“Debe comprenderse que no existe una definición precisa, mucho menos una fórmula —ni un sentido general, ni específico para cada país— ya sea para medir el nivel óptimo de descentralización o para indicar la ubicación ideal de los recursos, responsabilidades y poderes entre las diferentes esferas del gobierno. Vale la pena ilustrar la simple comparación de la evolución de la distribución gubernamental del gasto público en Chile y en Brasil desde la década de los ochenta. Mientras que en el primero la participación de los gobiernos subnacionales en el gasto nacional ha crecido del 4 al 13%, en el segundo se ha elevado del 35 al 48%; en otras palabras, la descentralización chilena ha avanzado más en términos relativos, aunque sigue siendo un sistema tan centralizado como lo fue Brasil en los años de apogeo del régimen militar.”2
La primera observación a realizar respecto de este párrafo arriba transcripto es que el autor hace una completa asimilación entre nivel de gasto público y descentralización. Es decir, toma ambos términos como sinónimos. Los gobiernos centrales pueden favorecer el aumento del gasto público provincial o estadual, o pueden desalentarlo. Las provincias o gobiernos subnacionales pueden endeudarse a cuenta de las arcas nacionales, o hacerlo por su cuenta. Todo ello debería estar debidamente reglamentado. Y por sobre todas las cosas, limitado. Habría que encontrar mecanismos por los cuales se habilitara una enmienda constitucional que solamente tuviera por objeto fijar una regla restrictiva a la facultad de los gobiernos -tanto nacionales como provinciales- a endeudarse sin mas limite que el de la propia voluntad política por encima de los recursos reales y efectivos con los cuales aquellos verdaderamente cuentan en sus tesoros.
Cuestiones diferentes son la descentralización del gasto y la de funciones. No son lo mismo o, al menos, no nos parece tan seguro que ambos conceptos lo sean. Pensamos como cosa distinta la descentralización de funciones y el costo que cada una de esas funciones demande concretamente al ente político o administrativo que tenga a su cargo. Determinada función puede delegarse a una repartición administrativa, provincial o municipal. No obstante, a menos que se le conceda una completa y absoluta autarquia, podría legalmente establecerse que la financiación de dicha actividad quedara a cargo del gobierno nacional. Este seria el caso de una mera descentralización funcional pero no financiera. Se delegan o descentralizan las funciones, pero no su financiamiento Claro que se podría cuestionar -con razón- de que este se trate de un verdadero caso de descentralización, dado que, quien maneja los fondos necesarios para la función es (en los hechos) el que esta gestionando la función, ya que sin tales recursos la función seria imposible de cumplir, por mucho que se la hubiera descentralizado legalmente.
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1 EDGARDO BOENINGER-“El papel del Estado en América Latina”- Capítulo I. En Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC, pág., 124.
2 JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO – THEREZA LOBO.”Descentralización fiscal y participación en las experiencias democráticas tardías”, Capítulo V. pág. 259-260. En Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía…Ob. Cit. ,
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Los políticos y la ideología

Por Gabriel Boragina Publicado  el 9/8/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/08/los-politicos-y-la-ideologia.html

 

Dado que el término ideología tiene (como sucede con casi todas las palabras de nuestro lenguaje) distintas significaciones, dependiendo de los autores y disciplinas de que se traten, me apresuro a aclarar que -en lo que sigue- hablaré de ideología en el sentido que le otorga el diccionario de la RAE, que -para mayor claridad- procedo a transcribir y dice:

ideología
De idea y -logía, sobre el modelo del fr. idéologie.
1. f Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.
2. f. Fil. Doctrina que, a finales del siglo XVIII y principios del XIX tuvo por objeto el estudio de las ideas.
(Real Academia Española © Todos los derechos reservados)

Específicamente, el concepto que emplearemos es el de la primera acepción, que -por otra parte- es el más comúnmente aceptado por el público y, en este orden de ideas, observamos una cierta tendencia de los políticos (al menos los latinoamericanos a desdeñar las ideologías, criticarlas, afirmar que las mismas ya están “caducas”, y que -como “prueba” de todo ello, sostienen- vivimos en una época posmoderna.

No están solos en esta interpretación, ya que -al expresarla- no hacen más que trasladar a sus discursos el pensamiento dominante de la colectividad acerca del tópico.

Pero el mero examen de la primera acepción del término arriba definido -y que hemos adoptado para nuestras actuales reflexiones- nos da la pauta que los que así se expresan, o están equivocados o sencillamente no dicen la verdad.

Si seguimos la primera acepción del diccionario, tenemos que llegar a la forzosa conclusión de que no hay persona alguna sobre la faz de la tierra que carezca de ideología. Y los políticos menos aún pueden declarar, sencillamente, su ausencia o independencia de ella.

Lo que -en cambio viene sucediendo con este tipo de discurso político es que, mediante el mismo, los candidatos a cargos electorales buscan eludir definiciones precisas en cuanto a sus objetivos políticos y –principalmente- la manera de llevarlos a cabo, en el supuesto caso de que accedan a posiciones de poder.

No es solamente que tengan in mente –en hipótesis de ser electos- esquivar sus compromisos sino que, aun cuando no este ello dentro de sus planes, tampoco quieren quedar descolocados a la hora de la elecciones en el supuesto de un violento cambio de opiniones de aquellos que ellos piensan serán segmento de su mercado electoral. Cualquier clara definición de parte de los candidatos que no concordara con la base ideológica de su electorado y que los dejara “descalzados”, podría costarles la elección y quizás su misma carrera política.

Aseverar que ellos carecen de ideología les permite la libertad necesaria como para apadrinar la que evidencien los electores potenciales mayoritarios, porque es de estos de donde se espera el tan ansiado voto que -finalmente- encumbre a esos políticos en los cargos que aspiran obtener.

Para este fin, los políticos acuden a equipos de marketing que hagan los estudios que sean necesarios y poder determinar con la mayor exactitud que sea posible que es lo que aguarda mayoritariamente el electorado de los que vayan a representarlos desde las distintas posiciones de poder. Buscan así apuntar a un determinado “nicho” electoral, en el que especulan captar la mayor cantidad de sufragios viables.

Por supuesto, no todos los candidatos tienen, ni los recursos, ni las habilidades, ni la perspicacia necesarias para lo anterior.

Quienes cuyos personales compromisos ideológicos sean muy férreos y que no coincidan plenamente con los del plafón cultural y político de los electores, tendrán muchas más dificultades para convencer y atraer el voto mayoritario necesario que le admita aspirar al cargo postulado. Los más “pragmáticos” serán, en ese alcance, los mejor posicionados. Ello, en tanto y en cuanto ese voto mayoritario no concuerde con la particular e inflexible ideología del primer grupo.

Como dejamos dicho, en el extremo opuesto al de los -que podríamos llamar- ideológicamente dogmáticos, se encuentran los autotitulados “pragmáticos”.

Vale aquí aclarar nuevamente que, los autodenominados “pragmáticos” no es que carezcan de ideología o de teorías políticas (si se prefiere distinguir una de las otras). Todos, sin excepción nos movemos en base a teorías previas que acogimos, y aquellos “pragmáticos” lo hacen de la misma manera, quizás sin conciencia (o con ella) de estar actuando bajo el influjo de ideas o teorías de otras personas. Pero nadie -en el plano humano- escapa a esta regla.

Dentro de los políticos encontramos gente inteligente en un extremo e ignorante en el opuesto pasando -en el medio- por todas las gamas dables de matices y grados entre una y otra. Este es otro de los factores que no debe perderse de vista a la hora de cosechar frutos electorales.

Pero el oficio político (y hoy habría que hablar, en rigor, de la profesión política) exige la flexibilidad necesaria para esos cuyo objetivo sea hacerse del poder a cualquier costa. En esto último han demostrado una detestable habilidad y un nauseabundo “éxito” los políticos peronistas quienes, a través del tiempo y desde la fundación del partido homónimo por Juan Perón, dejaron en claro, por intermedio de todos sus candidatos, su condición y merecida calificación de mercenarios del poder.

El fascismo pretendió representar una posición “intermedia” entre el comunismo y el capitalismo declarando a ambos sus enemigos. En Argentina J. D. Perón procuró exactamente lo mismo, pero el fresco fracaso del fascismo y nazismo derrotados en la guerra le impidió rotular a su régimen de fascista. Quiso –entonces- presentarlo como algo “diferente” al fascismo pero con sus mismos ideales. No se le ocurrió mejor idea que darle su propio nombre al movimiento: y así quedó, “peronista”. Su eslogan predilecto era: “Ni yankees ni marxistas, peronistas”, adaptado del de Mussolini que ante idéntica alternativa concluía y respondía con el “fascistas” como palabra final. No había, pues, diferencia alguna entre el fascismo y el peronismo excepto de etiquetas. Menem -que encabezó el cuarto gobierno peronista- si bien mantuvo el discurso de “justicia social” de su fundador, se vio -en cambio- forzado a cambiar de política. El matrimonio Kirchner igualó o superó la corrupción de Perón, y combinó lo peor de este y de su predecesor.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Gasto y carga tributaria

Por Gabriel Boragina Publicado  el 6/8/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/08/gasto-y-carga-tributaria.html

 

Muchas veces, la iniciativa para aumentar el gasto público no proviene de parte del gobierno, sino que es una demanda que procede de sus mismas bases electorales:

“La mayor parte de los gobiernos reconoce los nuevos retos pero enfrenta la realidad cotidiana de cotos de poder, presiones por aumentar el gasto público, llamadas a resolver problemas particulares y conceptos que ya no operan, pero que siguen dominando el discurso político y el debate burocrático.”1

No estamos seguros que se trate de “La mayor parte de los gobiernos”, pero sí de que muchos de ellos, que asumen como cierto que un mayor intervencionismo perjudica a la población en lugar de beneficiarla, se ven obligados -por presiones de la opinión pública y de su propio electorado- a ceder a reclamos populares que demandan una mayor injerencia de los poderes políticos en los asuntos privados.

“a) En primer término, hay conciencia en que el aumento de salarios nominales por la vía de la ley o decreto, así como el control de precios de artículos de consumo masivo sólo generan inflación y desempleo, con lo que se perjudica de manera fundamental a los propios sectores que tales medidas pretendían proteger. b) Similar concordancia se ha ido generando en relación a los subsidios indiscriminados como instrumento de redistribución del ingreso, tanto por su alto costo (incrementado por filtraciones en gran escala hacia sectores de ingresos medios, distintos de las respectivas poblaciones objetivo), como por el hecho de que esas filtraciones, así como la mayor inflación resultante del incremento en el déficit fiscal (inducido por el descontrolado aumento del gasto público generado por los subsidios), terminan por configurar un sistema altamente inequitativo.”2

Aquí tendríamos que diferenciar (en relación al punto “a” de la cita) a la conciencia de quién se habla, a saber: si de la del gobierno o la de los gobernados, porque la cuestión varía en forma tangencial si se trata de la de uno o de la de los otros. Del contexto de la cita, parece surgir con claridad de que la conciencia a la que se refiere es la de los gobiernos, pero si esto fuera así, no nos parece que sean muchos los gobernantes que tengan conciencia de tal cosa. Y si la tuvieran, la persistencia en mantener semejantes medidas estaría revelando una táctica maquiavélica, con el único objeto de sostenerse en el poder, a pesar de poseer pleno conocimiento de lo perjudicial de las mismas. No obstante, hemos de hacer una observación al autor en comentario. Y es que no coincidimos en cuanto a que “el aumento de salarios nominales por la vía de la ley o decreto” genere inflación, aunque sí es verdadero que lo hacen con el desempleo. Ello, relativo a la suba nominal de los salarios puede financiarse por otros conductos, que no necesariamente deben ser inflacionarios (entendiendo por inflación aquí, no la mera alza de los precios como popularmente se la considera, sino la emisión de dinero por causas exógenas al mercado).

El mismo comentario podríamos hacer respecto al punto “b” del párrafo citado. Si existe conciencia de ello (como sostiene el autor en examen) la porfía en el derrotero de una política de subsidios sería demostrativa –como ha sucedido en el caso argentino durante el gobierno de los Kirchner- de una finalidad muy diferente a la de un “instrumento de redistribución del ingreso”. En el ejemplo argentino, el subsidio fue utilizado por el nefasto matrimonio como mecanismo electoral de captación de votos, creando un mercado cautivo de menesterosos mendicantes de “planes sociales”, y transferencias “sociales” de todo tipo, a cambio de un voto favorable al dador de turno. Si bien a costa de esos mismos votantes que cedían sus voluntades políticas en pago a las dádivas recibidas por el gobierno, la política del matrimonio mencionado les permitió a ellos dos subsistir en el poder por tres periodos consecutivos, durante los cuales arrasaron con todas las instituciones democráticas y republicanas, amen de desatar una crisis económica sin precedentes, tanto por su magnitud como por su escandaloso enriquecimiento personal con cargo a los recursos públicos.

“Como es natural, no existen fórmulas objetivas para identificar un nivel óptimo de carga impositiva y de su distribución entre impuestos directos e indirectos, pero el debate sobre la materia se ha racionalizado notablemente en la última década. Las consideraciones anteriores han ido produciendo un desplazamiento, en el análisis de la equidad, del esfuerzo fiscal desde el sistema tributario a la composición y eficacia del gasto público.”3

Es auténtico, no existen dichas “fórmulas objetivas”, dado que el “nivel óptimo de carga impositiva y de su distribución entre impuestos directos e indirectos” es algo reservado a la percepción puramente subjetiva de cada persona en particular que se pueda considerar como “contribuyente”. Por otra parte, los sujetos a impuestos no tienden a diferenciar lo que deben tributar conforme a si se tratan de impuestos directos e indirectos. Quien está obligado a pagar impuestos hace su cálculo sobre un importe neto que incluye uno y otro tipo de impuestos4. Lo real es que, para lo que alguno pueda ser un gravamen alto, para otro puede serlo bajo y viceversa. En punto al aspecto “equidad” que menciona el autor citado, podemos decir que nuestro sistema tributario es uno de los más inequitativos que existe, aun considerado desde el ángulo de visión interno. La carga tributaria no sólo esta pésimamente distribuida, sino que es altísima. Y respecto “a la composición y eficacia del gasto público” cabe agregar que, la primera es la mas arbitraria, e incluso, disparatada que pueda encontrarse, y en lo atinente a su “eficacia” es muy poca y -en muchos casos- nula.
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1 Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC, pág. 32
2 EDGARDO BOENINGER-“El papel del Estado en América Latina”- Capítulo I. En Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía...Ob. Cit. ,pág. 52,53.
3 EDGARDO BOENINGER-“El papel del Estado en América Latina”- Capítulo I. En Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía…Ob. Cit. ,pág. 54.
4 Hemos criticado en otra parte la distinción jurídica entre impuestos directos e indirectos. Véase nuestra obra Impuestos. Una muy breve introducción al tema. Ediciones Libertad.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

EL VÍNCULO TRUMP-PUTIN

Por Alberto Benegas Lynch (h).

 

Ahora que el gobierno estadounidense se ha embarcado en una relación especial con el ruso, principalmente a través de su Presidente y el Secretario de Estado y los embrollos y renuncia del flamante Secretario de Seguridad, es el momento de considerar esa vinculación.

 

Aunque hay chantajes, espionajes y amenazas veladas y no tan veladas por parte de los secuaces de Putin en base a informaciones confidenciales de todo tipo que el gobierno ruso ha ido acumulando sobre la vida íntima de políticos estadounidenses incluido a Trump, aunque esto ocurre el nuevo jefe de la Casa Blanca estima que acercamientos con el Kremlin puede rendir frutos positivos a contracorriente de todo lo sucedido en los últimos cien años desde 1917, problemas con el gobierno de Estados Unidos que se acentuaron a partir de la finalización de Yalta. Ahora Trump justifica su anunciado acercamiento al decir que “Putin es muy apreciado por su pueblo y por la comunidad internacional” (?).

 

Trump preside el otrora baluarte del mundo libre y en el  contexto de sus diatribas contra la prensa llama poderosamente la atención que abandone su responsabilidad de cuidar la constitucional libertad de la expresión del pensamiento. En lugar de explicar lo que no comparte opta por insultar y por prohibir a los medios la entrada a sus  ahora llamadas “conferencias de prensa” como si fuera el dueño de la Casa Blanca y no respondiera ante el público por sus actos igual que en una “república bananera”, o como si su vocero fuera el comisario de los medios de comunicación.

 

Estremecen sus embates a la Justicia en lugar de respetar la división de poderes. También alarman sus reiterados ataques contra el libre comercio, su xenofobia, su militarismo y el aumento astronómico del gasto público que promete (esta avalancha inaudita de insensatez no da espacio para ponderar la reducción de ciertos impuestos y el intento de mejora en algo de los esquemas de educación y salud). En su primer discurso ante las dos Cámaras del Congreso tocó muchos temas pero el eje central se basó en su nacionalismo -mal llamado “proteccionista” desde el decimonónico Friedrich List en Alemania- lo cual acarreará muchos sinsabores para el pueblo estadounidense y para el resto del mundo.

 

En  este cuadro de situación, preocupa su acercamiento a un gobierno corrupto y sus ininterrumpidos asaltos a las libertades individuales que, sin los campos de exterminio soviéticos, en buena medida ha continuado con aquella política hasta el presente, comandadas por un ex matón de la KGB.

 

Rusia está dominada por un gobierno de mafias desde el colapso del comunismo. Los mismos capitostes de la KGB se instalaron en el gobierno y se repartieron empresas y mercados cautivos como botín de guerra. Ahora que el peligro se acentúa, se hace necesario reiterar algunos pasajes que escribí antes.

 

La historia de Rusia es en verdad muy desoladora, primero el terror blanco de los zares y zarinas con su criminal policía secreta (Ojrana), luego el asesino terror rojo y ahora las mafias. En sus memorias, Vladimir Bukovsky, uno de los tres disidentes de mayor calado junto con sus amigos Solzhenitsin y Sajarov, declara que “el monstruo que crearon nuestros Frankenstein mató a sus creadores, pero él está vivo, muy vivo. A pesar de los informes optimistas de ciertos medios de comunicación occidentales, que en los años transcurridos desde entonces han proclamado que Rusia entró en la era de la democracia y la economía de mercado. No hay evidencias, ni siquiera perspectivas de que así sea. En lugar de un sistema totalitario, ha surgido un estado gangsteril, una tierra sin ley en la cual la antigua burocracia comunista, mezclada con el hampa, se ha convertido en una nueva elite política, así como en una nueva clase de propietarios”.

 

Como es sabido, la Unión Soviética provocó el mayor descuartizamiento humano desde 1917 a 1989, matanzas sin precedentes llevadas a cabo por un gobierno (solo sobrepasadas por Mao) y, sin embargo, Putin reivindica en la Universidad de Moscú a los verdugos y también enaltece las atrocidades en Hungría, en la ex Checoslovaquia y en Chechenia en un contexto de mordazas a la prensa y simulacros electorales administrados por la antigua nomenklatura.

 

Yuri Y. Agaev explicó en una visita a Buenos Aires que después del fiasco de Gorbachov y su perestroika (un subterfugio para implantar “el verdadero socialismo”), el Fondo Monetario Internacional desbarató la posibilidad de contar por primera vez con liberales en el gobierno al financiar abundantemente al grupo opositor que finalmente se hizo con el poder.

 

Personas de gran coraje como los mencionados y como lo fue Anna Politkovskaya (luego asesinada), han contribuido a poner su valioso granito de arena para modificar la dramática situación de los rusos. Politkovskaya fundó en Moscú con un grupo de amigos el diario Novaya Gazeta, con la idea de competir nada menos que con Pravda el periódico oficial que paradójicamente significa “verdad”.

 

Desde ese nuevo periódico denunció permanentemente la corrupción y los atropellos del gobierno de Putin en todos los frentes. Como sucede en esos sistemas, fue reiteradamente amenazada de muerte y advertida de los serios peligros que corría incluso por amigos periodistas de Occidente, como el director de The Guardian de Londres. Esto ocurría en un contexto donde, según el Grupo Helsinki, solamente en Moscú durante los gobiernos de Putin, fueron asesinados por los esbirros del régimen seis periodistas, sesenta y tres fueron golpeados malamente, cuarenta y siete fueron arrestados y cuarenta y dos fueron imputados penalmente.

 

A pesar de todo, la extraordinaria periodista de marras proseguía con sus denuncias en sus valientes artículos de investigación. Consignó que el fundamento de su actitud era que “si alguien cree que puede vivir una vida confortable en base a pronósticos optimistas, allá ellos, es la forma más fácil pero también constituye la pena de muerte para nuestros nietos” (este pensamiento hay que refrescarlo también en otros lares).

 

Randon House de New York publicó su impresionante y muy ilustrativo diario bajo el título de A Russian Diary. A Journalist Final Account for Life, Corruption and Death in Putin`s Russia. La autora murió asesinada en el ascensor de su casa a manos de los sicarios del gobierno. Antes de eso publicó un libro de una notable investigación cuyo título en la versión castellana es La Rusia de Putin donde documenta muy acabadamente los reiterados atropellos e iniquidades llevadas a cabo por los hampones de Putin y los desaguisados y la miseria que debe sufrir el común de la gente.

 

Desafortunadamente la caricatura de democracia no solo tiene lugar en Rusia donde ganan tiranuelos de diversos colores, se habla de “elecciones limpias” como si se tratara de un torneo irrelevante sin otro fondo que lo numérico aunque se haga tabla rasa con los derechos.

 

En esta línea argumental, consigno en esta nota telegráfica una reflexión del antes mencionado Bukovsky (que también nos visitó en Buenos Aires con motivo de un acto académico), elucubraciones apuntadas en sus antedichas memorias tituladas To Built a Castle. My Life as a Dissenter: “Miles de libros se han escrito en Occidente y cientos de diferentes doctrinas han sido creadas por políticos encumbrados al efecto de encontrar un compromiso con los regímenes totalitarios. Todos evaden la única solución correcta: la oposición moral”.

 

En estos climas mafiosos siempre aparecen dictadores (de facto o electos) que resumen bien lo que ocurre, Putin no es el único ejemplo: Trujillo en la República Dominicana y Getulio Vargas en Brasil dijeron en sendos discursos “a los amigos todo, a los enemigos la ley” a sabiendas de lo horrendas de sus normas legales y Perón, en la Argentina, espetó “al enemigo, ni justicia”, por ello, contrariando toda la mejor tradición, fabricó el billete de un peso con el símbolo de la Justicia con los ojos destapados y fue uno de los pioneros en cambiar la Constitución para reelegirse e hizo tabla rasa con la noción del derecho, lo cual reiteró en sus tres mandatos (el último, principalmente a través de sus ministros José López Rega y José Ben Gelbard). En nuestros días han surgido nuevos sátrapas liderados por los Castro, Chávez-Maduro y la infame dinastía norcoreana y sus imitadores que achuran todo vestigio de libertad y dignidad bajo diversos ropajes y trampas inauditas, objetivos imitados parcialmente por los Correa, Ortega, Morales y Kirchner.

 

Ya 400 años antes de Cristo, Diógenes recurría a la alegoría de andar con una lámpara “en busca de un hombre honesto”. Ahora rindo este modesto pero muy sentido homenaje a los que se ponen de pie y son capaces de escribir y decir lo necesario para cambiar. Tal como repetían los Padres Fundadores en Estados Unidos: “El costo de la libertad es su eterna vigilancia”. En cada acto el hombre no parte de cero, no podemos apreciar el presente ni conjeturar sobre el futuro sin basarnos en el pasado, por tanto, tomemos los casos de los que hablan fuerte y claro sin concesiones al efecto de dar cabida a la luz diogenista.

 

En el último libro de los citados aquí de Politkovskaya se lee un párrafo que puede resumir la obra, al tiempo que pone al descubierto la raíz del problema que debemos combatir y no solo en Rusia: “Nadie acude a buscar justicia a unos tribunales que alardean sin tapujos de su servilismo y su parcialidad. A nadie en su sano juicio se le ocurre ir a buscar protección a las instituciones encargadas de mantener el orden público, porque están corrompidas por completo”.

 

Ni bien los burócratas comienzan a articular discursos tendientes a elaborar sobre lo que le conviene y lo que no le conviene a la gente en sus vidas privadas, comienzan los peligros ya que a poco andar esos megalómanos se constituirán en los árbitros forzados  y ladrones disfrazados de empresarios para manejar a su antojo el fruto del trabajo ajeno con lo que se apoderan de sus vidas.

 

Como queda dicho, el sistema gangsteril impuesto en Rusia es lamentablemente la continuación por otros medios de los horrores establecidos por el terror blanco y el aun más tremebundo terror rojo. Horrores basados en mentiras, no en errores lo cual es humano, sino en falsear deliberada, voluntaria y sistemáticamente todo cuanto esté al alcance de gobernantes inescrupulosos.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

En nombre de los pobres, se los explota de la peor manera

Por  Alberto Benegas Lynch (h) y Martín E. Krause. Publicado el 8/12/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1965274-en-nombre-de-los-pobres-se-los-explota-de-la-peor-manera

 

Muchos son los problemas que debe enfrentar el actual gobierno. En el nivel macro resulta medular disminuir el astronómico gasto público, lo cual significa terminar con funciones incompatibles con el sistema republicano. Para no remontarnos más allá de principios de los setenta, Perón recurrió a la inflación para financiar el gasto; los militares echaron mano al endeudamiento público; Alfonsín, a la inflación; Menem, al endeudamiento; los Kirchner, a la inflación, y ahora resulta que otra vez se pretende el endeudamiento para no enfrentar el problema de fondo de un Leviatán alarmante y sobredimensionado.

Consideramos que éste es el eje central de lo macro. Respecto de lo micro, son muchos los temas que deben encararse a la brevedad al efecto de no repetir recetas fallidas que indefectiblemente conducirán a idénticos fracasos del pasado. Como no puede tratarse todo al mismo tiempo, en esta nota nos concentramos en el problema de las villas y concretamente en la ciudad de Buenos Aires.

La solución que proponemos para los habitantes de las villas de emergencia, que también lo será para la ciudad, consiste en asignarles derechos de propiedad de la tierra sobre la que han fabricado viviendas precarias y, en su caso, la propiedad horizontal.

 

Por otra parte, el estudio de la propiedad para los ocupantes informales ha sido trabajado por muchos autores, en particular por Hernando de Soto y Enrique Ghersi en El otro sendero. Esta asignación de derechos de propiedad genera incentivos para mejorar las viviendas e incluso el barrio. Debemos recordar que lo que hoy llamamos “civilización” surgió a partir de la efectiva posesión de la tierra y la posterior formalización de ese derecho.

Sin propiedad formal, el mercado inmobiliario es insignificante y restringido, no hay crédito ni instrumentos legales para evitar o resolver una ocupación o el incumplimiento de un contrato de alquiler. O más bien, si los hay, resultan en condiciones muy onerosas.

En cambio, en el contexto de la institución de la propiedad, esto atraería la atención inmediata de operadores inmobiliarios para adquirir esas propiedades y revenderlas en el mercado o para construir inmuebles de mucho mayor valor y, asimismo, permitir que los vendedores se muden a viviendas infinitamente mejores.

Los funcionarios públicos no suelen pensar de esta forma y ponen en evidencia un capricho “planificador”. Les gustaría que esos barrios tuvieran otra disposición. Un urbanizador privado tendría en mente la valorización de la tierra y podría comprar propiedades allí, invirtiendo su dinero -no por la fuerza el de los contribuyentes- y podría desarrollar proyectos de diversa naturaleza que, como ahora se dice, “pongan en valor” la zona.

Sin ninguna duda, si las legislaciones son zigzagueantes y, consecuentemente, la seguridad jurídica no existiera, el proceso señalado no tendría lugar, ya que ningún inversor arriesgará sus recursos para que en medio de la operación irrumpan legisladores que con un entusiasmo digno de mejor causa modifiquen las reglas. Hay que estar en guardia con los que, al contrario de Friedrich Hayek, Bruno Leoni y tantos otros pensadores liberales, consideran que el Poder Legislativo es para cubrir todos los recovecos de la vida de las personas, con disposiciones y reglamentaciones de toda índole, con lo que asfixian la libertad. Es como escribía Marco Aurelio Risolía: “Igual que en el campo de la economía, en el terreno jurídico la inflación de la ley reduce su valor”.

Tenemos que recordar que no siempre hubo villas de emergencias en este país. Los inmigrantes pobres se alojaban en los conocidos “conventillos” de la ciudad, para luego acceder a la vivienda a través de la compra de terrenos en los suburbios en cuotas extendidas en el tiempo. La degradación de la moneda y las regulaciones destruyeron esa forma de financiamiento de la vivienda. Las leyes de control de alquileres y desalojos de hecho privó a multitud de familias de sus ahorros invertidos en pequeños departamentos para alquilar y terrenitos en los cuales tenían depositadas sus esperanzas para su futuro. Sin moneda, no hay crédito a largo plazo. En su lugar, los programas de viviendas propuestos por los aparatos estatales no sólo son insuficientes, sino que suelen desembocar en todo tipo de escándalos de corrupción, como nos dan a conocer las noticias casi diariamente.

Se podría pensar que el procedimiento sugerido constituye un premio y un incentivo para tomar predios públicos a la espera de ser recompensados por ofertas atractivas y proceder a los arbitrajes correspondientes. Sin embargo, la situación no es muy diferente de la actual en el sentido de que los usurpadores podrían contar con vivienda si proceden, como lo han hecho, por ejemplo, los habitantes actuales de la villa 31.

El tema es estar atentos para no permitir nuevos asentamientos que sean arrebatos de espacios públicos. Pero los funcionarios públicos no suelen estar atentos, por deficiencias administrativas y porque sus faenas exceden la de eficaz gestor inmobiliario. Naturalmente el riesgo de conflictos varios se reduciría si el sector público dejara de poseer ciertos espacios que no cumplen con ningún fin de utilidad. Al menos en esta instancia del proceso de evolución cultural, no tiene razón de ser la propiedad inmobiliaria estatal que no sea la vía pública, plazas, parques o edificios para sus oficinas.

Estimamos que las medidas que al momento se adoptan son políticas que no pasan de retoques circunstanciales, prevalece el problema de fondo preparado para que demagogos de diverso color utilicen a los pobres en provecho propio.

El tema no consiste en la buena o mala voluntad de los funcionarios de turno, el tema radica en las instituciones que establecen incentivos en una u otra dirección.

En un plano más amplio consignamos que al efecto de lograr salarios e ingresos más elevados, muy especialmente para los más necesitados, deben establecerse las condiciones indispensables para facilitar el ahorro y la consecuente inversión. Esto no sólo requiere marcos institucionales civilizados, sino que demanda modificaciones fiscales que se traduzcan en la actualización de las valiosos propuestas alberdianas en cuanto a la eliminación de impuestos directos y progresivos que atentan contra la inversión, y reducir las alícuotas de los indirectos y proporcionales en el contexto del federalismo tributario hoy inexistente, para así retomar la mejor tradición argentina.

Esto sólo puede lograrse si se encaran reformas estructurales compatibles con una sociedad abierta, medidas que deben ponerse en marcha y darles principio de ejecución antes de que sea tarde. Sólo interesan los resultados y el balance de la gestión, las explicaciones son irrelevantes. Desde hace décadas, en nombre de los pobres se los explota de la peor manera.

 

Coautores de los libros En defensa de los más necesitados (Atlántida) y Proyectos para una sociedad abierta (Abeledo-Perrot)

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Segundo semestre sin magia

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 3/7/16 en: http://economiaparatodos.net/segundo-semestre-sin-magia/

 

Se equivocan quienes creen que la sola presencia de Mauricio Macri en el sillón de Rivadavia es condición necesaria y suficiente generar un tsunami de inversiones

Finalmente llegamos al segundo semestre y nada mágico pasó porque nada mágico tenía ni tiene que pasar. Se equivocan quienes creen que la sola presencia de Mauricio Macri en el sillón de Rivadavia es condición necesaria y suficiente generar un tsunami de inversiones.

Por otro lado es tal el destrozo económico e institucional que hizo el kirchnerismo en estos 12 años, que recuperar el país de semejante destrucción va a llevar tiempo. Diría que en realidad llevamos como mínimo 70 años de destrucción populista y eso no se revierte en un semestre. Cualquier país que uno analice cómo salió de la pobreza y creció (Irlanda, Corea, España, etc.) muestra que a partir del momento que se volvieron racionales y dejaron de lado el estatismo, intervencionismo y populismo, les llevó 20 años alcanzar niveles de ingreso per capita del orden de los 20.000 a 25.000 dólares anuales.

Por ahora el PRO logró remover las políticas económicas más guarangas heredadas del kirchnerismo, como el cepo cambiario, los controles de precios, los derechos de exportación y terminar de arreglar con los holdouts por citar algunos ejemplos.

En rigor lo más problemático era salir del cepo sin que estallara el sistema financiero y cambiario, y el gobierno lo logró. Bajar los derechos de exportación está perfecto, pero tampoco fue una medida tan complicada. Lo que ingresaba al fisco por derechos de exportación de trigo, maíz, girasol, etc. eran monedas, de manera que no sacrificó nada eliminando ese impuesto. En el caso de la soja, la baja de 5 puntos porcentuales es un incentivo para recuperar parte de rentabilidad que este grano había perdido por efecto del aumento de los costos internos. Los productores más alejados del puerto veían que los números no cerraban. Pero en términos fiscales lo que se pierde por bajar 5 puntos el impuesto se gana con el aumento del tipo de cambio de manera que el gobierno adoptó una medida correcta con los derechos de exportación pero tampoco fue algo muy complicado de aplicar. Diría que lo más insólito es que el kirchnerismo se haya encaprichado durante años en mantener una medida que claramente no le convenía desde el punto de vista fiscal. Solo la ignorancia y el resentimiento que siempre dominó al kirchnerismo pueden explicar semejante capricho.

El segundo semestre seguramente va a ser más tranquilo que el primero. El primer semestre tuvo una inflación más alta por la salida del cepo y el consiguiente aumento del tipo de cambio, por el incremento parcial de las tarifas de los servicios públicos. Además en el primer semestre el BCRA tuvo que lidiar con la liquidación de las ventas a futuro que realizó el gobierno anterior generando una pérdida de $ 53.000 millones.

Es muy probable que el segundo semestre tenga una tasa de inflación más baja que en el primer semestre pero todavía muy alta para pretender ser un país normal.

En términos de actividad económica tendremos sectores funcionando muy bien como el agropecuario y otros complicados como la industria manufacturera por la recesión en Brasil. Todo parece indicar que el promedio de la actividad económica dará una suerte de estancamiento. Tal vez tengamos un segundo semestre con estancamiento e inflación del 20% anualizada. Solo Dios sabe el número final.

Pero el punto que más me preocupa no es tanto embocar el número de inflación del segundo semestre o cuánto subirá o bajará el PBI. El dato relevante y central consistirá en ver si el gobierno comienza a torcer el timón de esta nave populista que durante 70 años nos ha lanzado a esta persistente decadencia.

Nadie está pidiendo que en los próximos seis meses el gobierno resuelva los problemas de los últimos 70 años. Sería una locura. Pensemos en la generación del 80 que construyó una Argentina próspera. Luego de la batalla de Caseros en febrero de 1852, se sanciona la Constitución de 1853 pero recién en 1880 el país termina su proceso de organización nacional. A esos líderes políticos, verdaderos estadistas, como Mitre, Sarmiento y Avellaneda les llevó 27 años culminar el proceso de organización nacional. El punto es que esos estadistas, que tenían sus diferencias, apuntaban hacia el mismo modelo de país: integrado al mundo, con respeto por los derechos de propiedad, previsibilidad en las regla de juego para atraer inversiones, en fin, lo que se denominan instituciones de buena calidad.

Decir que el kirchnerismo dejó una bomba de tiempo económica es ya una obviedad. Pero en el fondo la economía argentina tiene recurrentes crisis (1975, 1981, 1985, 1987,  1989, 1999 y 2001) entre otras causas por tener un estado sobredimensionado que destruye la riqueza que genera el sector privado.

El desafío del segundo semestre, a mi juicio, es que el gobierno empiece a mostrar un camino totalmente diferente al seguido hasta ahora. Es decir, comenzar a tener un estado más chico y eficiente. Hoy tenemos un estado gigantesco que no ofrece ni el más mínimo servicio de seguridad que debería ofrecer el estado.

Seguramente el gobierno podrá argumentar que no tiene la fuerza política en el Congreso para poder imponer un cambio de rumbo. Es un argumento posible, aunque uno escucha a varios de los funcionarios del actual gobierno y muchas veces solo parecen querer diferenciarse del kirchnerismo en que ellos administrarán más eficientemente un sistema corrupto e ineficiente. Limitan todo a un problema de personas cuando en rigor es un problema de sistema.

Argentina dejó de ser un desierto para pasar a ser uno de los países más prósperos de la tierra cuando dejó de ser gobernada por caudillos y comenzó a ser gobernada por instituciones. La Constitución de 1853. Y entró en decadencia cuando abandonó las instituciones como forma de gobierno y volvió a ser gobernada por caudillos (Perón, Menem, Duhalde, Kirchner).

El desafío es volver a ser gobernados por instituciones y no por caudillos. Eso significa cambiar el sistema económico e institucional, no administrarlo eficientemente como dicen ahora en el PRO. Veremos qué camino elige Macri.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Nuestra economía mercantilista

Por Gabriel Boragina. Publicado el 21/2/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/02/nuestra-economia-mercantilista.html

 

Que el sistema económico actual a nivel mundial es el capitalismo de libre mercado, es algo que resulta habitual escuchar y leer en casi todas partes, y -en verdad- existen muy pero muy pocas personas que dudan de ello. Y esto, no sólo considerando la gente común y corriente, sino importantes profesionales, de prácticamente todos los campos de las ciencias, incluyendo a varios premios nobel también de todas las ramas del saber, involucrando, por supuesto, la economía.

Correlativamente con esta idea, también existe la convicción (entre el mismo grupo de personas) que el libre comercio es la regla actual en el mundo económico internacional, atribuyéndose a aquel capitalismo y a este libre comercio exterior la causa de la pobreza.

“Esta visión peculiar del comercio exterior procede en gran medida de la versión mercantilista, especialmente aquel razonamiento que se conoce con el nombre de “el Dogma Montaigne” el cual sostiene que la pobreza de los pobres es consecuencia de la riqueza de los ricos. Montaigne analizaba el lado monetario de las transacciones. De este modo se imaginaba que si alguien vende una silla y obtiene cien pesos, el vendedor ha aumentado su patrimonio por esa suma mientras que el comprador lo ha reducido por el mismo monto. Desde luego que con este razonamiento se pierde el lado no monetario de la transacción y también se pierde de vista que en toda transacción libre y voluntaria ambas partes ganan. Si el comprador de la silla realizó la transacción es porque para él los cien pesos tienen un valor menor que la silla que obtuvo a cambio y lo mismo ocurre en la dirección opuesta con el vendedor. Pero del Dogma Montaigne surge el deseo morboso de acumular divisas como si la situación de caja y bancos y la correspondiente liquidez reflejara solidez patrimonial. Cualquiera que haya estudiado introducción a la contabilidad sabe que las riquezas y pobrezas relativas se miden en base a los patrimonios netos y no a la disponibilidad de efectivo.”[1]

En la enorme popularidad del dogma en cuestión (que en su hora no fue cuestionado, y que por tal motivo se lo bautizó como dogma precisamente) encontramos el origen remoto de la justificación teórica que diera -mucho mas tarde- pie al socialismo y al intervencionismo económico más generalizado a horizonte planetario. No existe mejor prueba del éxito del dogma en cuestión que observar lo extendido que está en las naciones la tendencia de los gobiernos a interferir en los asuntos económicos y a restringir las transacciones, ya no solamente internacionales sino también en el ámbito interno.

“Vale la pena detenerse en una cita de Robert Lekachman en la que describe el significado del mercantilismo:

Colbert, el más grande de los mercantilistas franceses del siglo XVII, dio forma a numerosos controles, profusamente detallados sobre los productos manufacturados. Colbert buscaba la uniformidad nacional de los artículos elaborados […] sus reglamentaciones eran meticulosas y minuciosas. Los decretos para el período 1666-1730 ocuparon cuatro volúmenes, totalizando 2.100 páginas. Le dieron aun mayor vigor tres suplementos aparecidos posteriormente, casi tan substanciales como los anteriores. La observancia de estas leyes era una constante preocupación. El intendente, el representante del Rey en cada distrito, era el responsable de la obediencia de los fabricantes y comerciantes. Por lo tanto, sus funcionarios realizaban periódicas es imprevistas inspecciones. Cuando encontraban que un género, en cualquiera de sus etapas de elaboración, no estaba encuadrado dentro de las especificaciones, estaban facultados a aplicar el castigo correspondiente que, por lo general, era una cantidad establecida de azotes […][2]

El paralelismo -a la luz de la cita anterior- con nuestra época es asombroso. Parece al respecto que nada hubiera cambiado. Incluso a los argentinos evoca la memoria del ex secretario de comercio interior, el peronista Guillermo Moreno, funcionario del FpV de los Kirchner, cuyas pretensiones y acciones –salvando las diferencias de épocas- eran usualmente análogas a las de Colbert. Pero es de justicia decir que no sólo Colbert y Moreno procedieron de manera similar, sino que habitualmente la mayoría de los funcionarios que se hacen cargo de las carteras de economía en el plano nacional siguen políticas similares, lo que permite ver la vigencia del dogma Montaigne en el tiempo desde aquel lejano siglo XVI hasta nuestros días, constituyendo una nueva prueba de cómo extendidos errores perduran a lo largo de los siglos y resisten al tiempo. Claro que, ya no se estila aplicar azotes a quienes tratan de vivir honestamente del fruto de su trabajo, aun cuando funcionarios como el mentado Moreno hubieran compartido de muy buen agrado esa pena u otras peores. Hoy en día, los que “osan” querer comerciar sin trabas burocráticas son sancionados con impuestos, multas, confiscaciones y, en no pocos casos, condenas de prisión.

“En el siglo XVII, la primera reacción sistemática contra el prevalente mercantilismo fue la fisiocracia. Como es sabido, el mercantilismo consiste en la insidiosa intromisión gubernamental en los negocios privados. Constituye el aspecto medular de esta corriente de pensamiento el establecimiento de precios máximos, monopolios estatales, permisos para comerciar, la imposición de carnets para agremiarse y la manía de controlar el comercio exterior suponiendo que es bueno exportar y malo importar. Los comerciantes pedían que se deje hacer (laissez-faire) a las actividades lícitas. Era un grito de libertad y un pedido angustioso a las autoridades para que no se entrometan en el comercio libre. Cada vez que los gobernantes arremeten contra la capacidad creativa y la producción de bienes y servicios se repite el pedido de laissez-faire, aunque no se recurra textualmente a esa expresión francesa.”[3]

No cabe duda -a la luz de esta cita- que el sistema económico actual -no sólo en Argentina sino a nivel global- es de este tipo, es decir, mercantilista. Como tampoco existe ningún margen de error cuando afirmamos que el mercantilismo no tiene puntos de contacto con el liberalismo ni con el capitalismo.

[1] Alberto Benegas Lynch (h) “Comercio exterior e integración regional”. Pág. 5

[2] Alberto Benegas Lynch (h) “Comercio… “. Idem pag. 5

[3] Alberto Benegas Lynch (h). El juicio crítico como progreso. Editorial Sudamericana. Pág. 306.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Argentina: Macri presidente

Por Gabriel Boragina. Publicado el 23/11/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/11/argentina-macri-presidente.html

 

Las recientes elecciones celebradas que dieran el triunfo al candidato opositor Mauricio Macri merecen algunas reflexiones. Sin duda, cabe calificarlas de históricas, pero no por lo que señalan la mayoría de los “analistas” políticos y periodistas, en cuanto a haber sido el primer balotaje que se lleva a cabo en la Argentina, sino en otro sentido, por el cual significa haber vencido al poderoso aparato montado por la siniestra banda del FpV*. No puede resultar de ninguna manera sencillo doblegar al partido oficialista, máxime si se tiene en cuenta la mas de una década reteniendo ilegítimamente el poder, tiempo más que suficiente como para haber armado toda una estructura que, en otros casos, le hubiera permitido perpetuarse en la cúspide del mismo. El triunfo de Cambiemos tiene -por este sólo hecho- un mérito muy grande.

Otro rasgo significativo de estas elecciones fue el que, a pesar del escandaloso fraude cometido por el gobierno (que por el hecho de ser tal, controla todo el aparato electoral, como asimismo todo el mecanismo de escrutinio y conteo de los votos) pese a todo esto decimos, Cambiemos logró imponerse, aunque, sin duda, por una cantidad de votos muchísimo mayor que la anunciada oficialmente. Prueba de ello son las fotografías de las actas que circularon ampliamente por las redes sociales (en especial por Twitter) y de las cuales el periodismo (tanto el oficial como el mal llamado “opositor”) no dieron cuenta. A luces vista, las fotografías comprobaban de que manera los fiscales del oficialismo adulteraron las actas para disminuir los votos de Cambiemos y aumentar artificialmente los del FpV. El fraude electoral no es nuevo en la Argentina, y ya lo practicó con éxito el mismo FpV en las dos anteriores elecciones presidenciales previas a la reciente. Dado el natural temor a formular denuncias que tiene la gente y a la fuerte propaganda oficialista en aquellas oportunidades, mas una cuota grande de resignación entre la ciudadanía en aquellos momentos, sumados otros factores menores, las denuncias fueron escasas y, como suele ocurrir en todo gobierno hegemónico, no prosperaron, fueron desestimadas o directamente silenciadas.

Esta vez el fraude fue menor, y aunque sin duda importante, al fin de cuentas, fracasó.

Otro aspecto, esta vez lamentable pero también típico del periodismo argentino, es el bajo nivel de los comentarios y análisis políticos en los medios tradicionales, aunque no escapan a esta bochornosa escala el de denominados “politólogos” de “prestigio” que -como en anteriores oportunidades- se centraron en la presunta escasa diferencia de votos entre Macri y Scioli, aspecto sin duda completamente irrelevante para quien maneje mínimas nociones de ciencia política.

Más allá que -tal hemos expuesto- estamos casi seguros que la diferencia de votos fue no menor a un 10% u 8%, de ninguna manera desmerece ni desluce el triunfo que esa diferencia hubiera sido (como se dice) menor.

Ningún presidente argentino, ya sea hubiera obtenido los votos que hubiera conseguido, gobernó menos (o con menos poder) que si -en los hechos- hubiera logrado el 99% de los votos. La cantidad de votos nada cuenta para gobernar (aunque cuenta para impresionar a mentalidades infantiles). Para ejemplos recientes parecen haber olvidado esos sedicentes “politólogos” que Kirchner -quien formalmente alcanzó un escaso 22% de votos- gobernó hasta el final como si hubiera ganado por el 100% al punto tal de haber creado una dinastía que, proponiéndose perpetuarse en el poder, logró hacerlo por más de una década. Y antes de él, tampoco ningún presidente gobernó por menos, sino por más. Es que el número de votos otorgan al ganador solamente un poder formal, que no siempre coincide con el poder real o material. Por lo que, en los hechos y en la práctica, formalmente para el ganador es lo mismo haber ganado por 1 voto que por todos los millones de sufragios que sean imaginables. Con más razón en la política argentina, donde -lamentablemente- lo que cuenta simplemente es ganar para acceder al poder, y una vez en posesión de él lo que se haga con el mismo es otro cantar.

Por otra parte -y desde un punto de vista estrictamente democrático- lo que tendría que importar (y que verdaderamente importa) es como -tras las elecciones- quedaron configuradas las cámaras legislativas, y no la cantidad de votos que obtuvo el candidato presidencial vencido.

También resultan ridículos los comentarios que mostraban preocupación por el hecho de que Cambiemos tendría que acordar con otras fuerzas políticas, porque, además de pasar por alto que todos los presidentes (unos mas, otros menos) se han visto obligados a ello, Macri ya lo ha hecho con la UCR y con la Coalición Cívica-ARI (antes de presentarse a las elecciones), partidos ambos -hasta lo que no hace relativamente mucho- no le eran afines. El presidente Macri ya demostró habilidad y flexibilidad en dicho sentido. Creemos entonces que no hay motivo ninguno como para suponer que no pueda lograr pactos a nivel nacional con otras fuerzas políticas, por lo que -al momento- las dudas que esos “politólogos” y “periodistas” manifiestan no tienen -a nuestro juicio- ni antecedentes ni asidero alguno que las justifiquen.

En suma, las críticas de muchos “periodistas” y “analistas” hechas al vencedor Macri en función del resultado electoral numérico nos parecen de la ridiculez y absurdidad más enorme, pueril y espantosa. La ciudadanía argentina se mostró en esta ocasión más juiciosa y más madura que muchos “analistas políticos” de la prensa oral y escrita.

En lo sustancial, el presidente Macri recibe un país destruido por las fuerzas letales del FpV, por lo que la terea de reconstrucción que le espera no será de ningún modo simple. Pero su efectiva gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le brinda un antecedente muy auspicioso y favorable.

No somos amigos de hacer pronósticos y menos en materia política, por lo que -al momento- no cabe más que augurarle al flamante presidente de todos los argentinos el mejor éxito en la tarea que, en lo que sea positiva contará con todo nuestro apoyo. Y en lo que no, con nuestra amistosa crítica constructiva.

*FpV: siglas del Frente para la Victoria, rama del peronismo conformado por el matrimonio Kirchner.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

La luz al final del túnel

Por Gabriel Boragina. Publicado el 31/10/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/10/la-luz-al-final-del-tunel.html

 

Por primera vez en mucho tiempo, existe una verdadera posibilidad de que la Argentina se libere de lo que no hemos dudado en denominar una auténtica dictadura con apariencia democrática, un disfraz de democracia que se fue desdibujando a lo largo de los tres sucesivos y excesivamente extensos gobiernos del nefasto FPV (Frente para la Victoria) de los no menos tenebrosos Kirchner, una efectiva y sombría secta política conformada por un heterogéneo grupo de peronistas, otros autollamados “progresistas”, y un número importante de ex terroristas y sus ideólogos, tanto del pasado como del presente. Un coctel explosivo por donde lo mire.

En este sentido, puede decirse sin hesitación que la Argentina está ante una oportunidad histórica para sacudir el pesadísimo yugo de quienes -desde el primer día de acceso al gobierno- hicieron de su eternización en el mismo su único objetivo, aunque no fuera, desde luego, hecho explícito por sus mentores.

Los costos políticos y económicos que ha tenido que pagar, y que con toda seguridad aun todavía tendrá que afrontar la sociedad argentina por esta aciaga experiencia, han sido tremendos. Pero al fin, parece que la gente ha llegado a un feliz punto de saturación, en el cual la necesidad de una transición a una situación más normal y coherente quiere imponerse con alguna fuerza.

El gobierno, pese a los resultados claramente negativos a su gestión, sigue encerrado en un delirante relato, construido cuidadosamente al mejor estilo del tristemente célebre sicario nazi Joseph Goebbels, Ministro de Propagada de la Alemania de Hitler, cuya *estrategia* de lavado de cerebros el FpV cultivó con fruición de la mano de teóricos afines reunidos bajo diferentes denominaciones. La prueba de ello es que el último discurso presidencial mostró definitivamente que, aun en las peores circunstancias, el gobierno no se encuentra dispuesto a abandonar la mentira, la prepotencia, la soberbia y la falsedad más escandalosa de su accionar en el tiempo, aun contra cualquier evidencia en contrario, por más contundente que esta sea.

Como hemos expuesto en otras tantas ocasiones, la sociedad argentina demoró muchísimo tiempo en reaccionar ante el cúmulo de atropellos, tropelías, trapisondas y violaciones continuas a los derechos más elementales del ser humano cometidos por el gobierno del tremebundo FpV. Ciertas características que hacen al pueblo argentino facilitan que inescrupulosos se hagan del gobierno y lo retengan.

Resulta realmente saludable que la sociedad haya reaccionado, aun cuando el oficialismo guarda alguna esperanza de continuar perpetuando sus maléficas acciones en cuanto resquicio le sea proclive.

Se impone con toda necesidad la exigencia de un gobierno de signo contrario al del FpV y sus personeros, porque no existe otra salida en medio de las actuales circunstancias para superar la terrible crisis moral, educativa, económica (en una palabra crisis social total) en el que se encuentra sumido el pueblo argentino.

Los Kirchner se han empeñado en pulverizar todo vestigio de racionalidad en la gente, y es a esto a lo que nos vemos obligados a sobrevivir, superar y destruir.

De cualquier manera, el grado de daño ha sido tan grande que, ni aun si el oficialismo continuara gobernando la situación podría seguirse sobrellevando. Un hipotético gobierno oficialista sólo lograría profundizar el camino al abismo al que el FpV dirigió el país desde el primer día de ascenso al poder.

Los desafíos que encuentra el próximo gobierno consisten en remontar la trágica herencia de la secta hasta ahora al frente del Ejecutivo.

Entre la larga lista, destacan : en volver a poner en funcionamiento las instituciones republicanas, prácticamente aniquiladas a lo largo de los tres lamentables y sucesivos gobiernos unipersonales del FpV, tal que -como hemos dicho en ocasiones anteriores- uno de los principales objetivos que se plantea todo movimiento o persona que aspira a consolidar una fuerza dictatorial es, precisamente, la destrucción de las bases de la democracia y del republicanismo, y estas son las bases sobre la cuales estaban sentados los orígenes no sólo del poder político argentino, sino de la armoniosa convivencia social del pueblo. El FpV se propuso, desde sus mismos comienzos -y pese a la conformación de un contrario discurso mentiroso cuidadosamente elaborado también desde la misma época- la demolición de aquellos cimientos, por lo cual su reconstrucción imperiosamente se impone.

Como también hemos manifestado en más de una vez, el modelo de gobierno que siempre ha tenido en mente la banda compuesta por los integrantes del FpV ha sido constantemente el que el chavismo venía imponiendo desde poco antes de fines del siglo pasado en Venezuela, es decir, una tiranía con ciertos visos de aspecto democrático, donde con regular periodicidad se permitía a la gente concurrir a las urnas para hacerles creer que la tiranía que se estaba consolidando delante de sus ojos, poseía positivas apariencias de legitimidad. La estrategia de penetración fue desgraciadamente exitosa en Venezuela, y en este esquema consintió -ni más ni menos- el proyecto de gobierno del FpV, sobre todo durante sus dos primeros periodos. Y no nos cabe duda que todavía ese es el proyecto del FpVen caso de lograr llegar nuevamente al Ejecutivo. He allí no toda, pero parte de su peligrosidad. A diferencia deArgentina, la dictadura chavista venezolana se prolongó en base a dos factores que consideramos clave: el sólido sostén militar de la misma, y la fuente de cuantiosos ingresos que representa el monopolio estatal sobre un recurso natural estratégico: el petróleo, que le brinda al gobierno venezolano el poder económico suficiente como para dominar al pueblo casi a voluntad.

Los argentinos tienen la ocasión de revertir este verdadero camino de servidumbre -como no dudaría en llamarlo el premio Nobel de Economía Friedrich A. von Hayek-. Lamentablemente, el pueblo argentino -como hemos destacado- no es rápido de reflejos a la hora de advertir, prevenir y solucionar los males que les son propios. Esperemos que esta vez la reacción sea firme y duradera, y que configure el comienzo de una segura nueva etapa. La etapa de la refundación de lo que alguna vez fuera y se llamara con orgullo República Argentina

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Resistencia a la opresión

Por Gabriel Boragina. Publicado el 25/7/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/07/resistencia-la-opresion.html

 

Para poder entender el tema de la resistencia a la opresión, es necesario previamente dar algunas nociones básicas sobre la legitimidad del poder, para lo cual nada mejor ni más apropiado que la autoridad del Profesor Constitucionalista Dr. Germán J. Bidart Campos que enseña:

“La legitimidad “de origen” y “de ejercicio”. 51. — Tradicionalmente se ha hablado, con referencia al poder, de una legitimidad de origen, y de una legitimidad de ejercicio.

  1. a) La legitimación de origen hace al título del gobernante, y depende concretamente del derecho positivo de cada estado, como que consiste en el acceso al poder mediante las vías o los procedimientos que ese derecho tiene preestablecidos. En el estado democrático, se dice que el acceso al poder y la transmisión del poder operan mediante la ley y no por la fuerza.
  2. b) La legitimidad de ejercicio se refiere al modo de ejercer el poder. Genéricamente, podemos decir que si, objetivamente, el fin de todo estado radica en la realización del bien común o valor justicia, la legitimidad de ejercicio se obtiene siempre por la gestión gubernativa enderezada a aquel fin, y, viceversa, se pierde por el apartamiento o la violación del mismo.

La pérdida de la legitimidad de ejercicio proporciona título, con base en la justicia material, y en circunstancias extremas de tiranía o totalitarismo que producen la obturación de otras vías exitosas, para la resistencia del pueblo contra el gobernante. Vamos con ello, en la teoría política, hacia el derecho de resistencia a la opresión y en el derecho constitucional hacia el tema del derecho de revolución.

El derecho de resistencia está previsto en el art. 36 contra los que ejercen los actos de fuerza que la norma nulifica e incrimina (ver nº 53).”[1]

Al referirse al art. 36, el autor citado está haciendo alusión a la Constitución de la Nación Argentina. Un “estado democrático” -de acuerdo al criterio anterior que compartimos- debe reunir, entonces, para su existencia estos dos requisitos, si falta alguno de ellos no podría, pues, hablarse de “estado democrático” sino de una dictadura, tiranía o un estado totalitario. Pensamos que esto último es lo que ha sucedido en la Argentina durante los tres largos e ininterrumpidos gobiernos del FpV (Frente para la Victoria, encabezado por la tenebrosa secta Kirchner, en los que, si bien en apariencia, se habría cumplido la primera de las condiciones (de la cual tenemos justificadas dudas que hemos expuesto en más de una oportunidad y en diversas ocasiones), resulta más que claro que no se cumplió de ningún modo la segunda de ellas.

En efecto, lejos de perseguir “la realización del bien común o valor justicia” dicha secta ha procurado la concreción de metas sectoriales o particulares de afines u obsecuentes al poder detentado durante un dilatadísimo periodo, en que se prostituyó no sólo el valor justicia, sino todos los demás valores y la convivencia misma dentro del seno de la sociedad. Situaciones como la descripta, habilitan el derecho a la rebelión por parte del pueblo sometido al capricho de tales déspotas, sedientos megalómanos insaciables de poder, como tantas veces se los ha visto.

Lamentablemente, los tiranos siempre han hecho hincapié en la primera de las exigencias, omitiendo toda alusión a la segunda, de hecho la más importante de los dos atributos de la legitimidad, dado que la elección de un gobierno se agota simplemente en el acto electoral, en tanto que el ejercicio del mismo conlleva un tiempo muchísimo más dilatado, por cuanto cobra mayor gravedad la circunstancia de que ese ejercicio se aparte de la realización del bien común o del valor justicia como ha sido el caso.

“50. — Es sugestiva la ubicación del art. 36, que preserva al poder, dentro del rubro de los nuevos derechos y garantías. Por eso, también lo ligamos al sistema de derechos.

En efecto, es fácil entender que el orden institucional y el sistema democrático hallan eje vertebral en dicho sistema de derechos, y que atentar contra el orden institucional democrático proyecta consecuencias negativas y desfavorables para los derechos. No en vano en el art. 36 también viene encapsulado, con definición expresa, el derecho de resistencia dentro del marco genérico que incrimina las conductas que lesionan al bien jurídico penalmente tutelado en forma directa por la constitución, para evitar la ruptura en la transmisión legal del poder.(Ver nº 49).

Es algo así como una cobertura general, con bastante analogía respecto del clásico delito del art. 29 que, a su modo, también tiende a preservar un similar bien jurídico, cuando da por cierto que la concentración del poder en el ejecutivo, o en los gobernadores de provincia, al fisurar la división de poderes pone a merced del gobierno la vida, el honor o la fortuna de las personas.”[2]

Cualquier intento de concentración del poder habilita el derecho de rebelión de la ciudadanía para desplazar a ese poder. Y este derecho, se encuentra plasmado en la Constitución de la Nación Argentina, pero aunque no estuviera por ella contenido hay que concluir que el derecho de rebelión y de resistencia a la opresión no desaparece como tal, por cuanto se trata de un derecho natural del hombre, y no de algo que para ser deba contar con un previo “reconocimiento” positivo legal.

No son muchos, lastimosamente, los gobiernos que creen que la soberanía reside -en definitiva- en el pueblo mismo y no en los gobernantes. Por otra parte, queda claro que el abuso de poder es un delito tipificado por la constitución y penalmente sancionado. Los gobiernos no tienen derecho a violar derechos, y esto es lo que justifica plenamente el derecho de rebelión contra un gobierno que vulnera el sistema de derechos que garantiza la constitución. Derechos todos anteriores al hombre y no creados por el hombre.

La “transmisión legal del poder” implica que el poder se trasmite a otra persona diferente a quien lo ejercía hasta el momento en que dicha transmisión ha de tener lugar, es decir, implica la esencia del sistema democrático la alternancia del poder para evitar la perpetuación en el mismo de una o más personas de un único signo.

[1] Bidart Campos, Germán J. Manual de la Constitución Reformada – Editorial Ediar. Tomo I – pág. 84 y 85.

[2] Bidart Campos, Germán J. Manual de la Constitución Reformada. Tomo III, Ob. Cit. pág. 14/15

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.