Mitos sobre la coyuntura global

Por Adrián Ravier. Publicado el 15/5/13 en http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2013/05/15/mitos-sobre-la-coyuntura-global/

 En los últimos días ha surgido una extensa literatura en los medios acerca de las dificultades económicas que experimenta la Unión Europea, y el contraste con una recuperación norteamericana. Insisten estos analistas en que la dicotomía encuentra sus causas en las distintas políticas económicas aplicadas. Del lado europeo, “el fundamentalismo fiscal alemán” con sus “ajustes a ultranza” para eliminar el déficit fiscal. Del lado norteamericano, “políticas de demanda” que priorizan la creación de empleo y la recuperación de la actividad económica. Desde luego, estos analistas no hablan en el vacío, sino que se posicionan sobre la macroeconomía dominante, que en situaciones de crisis se apoya sobre la sombra de Keynes y su Teoría General, hoy encabezada por Paul Krugman.

Lo cierto, sin embargo, es que la salud de la economía norteamericana no es mejor que la europea. Si algo reconocemos los críticos de Keynes es que las “políticas de demanda” tienen efectos positivos de corto plazo. Esto permitió a Obama reducir la tasa de desempleo por debajo del 8 % a pocos días de las elecciones, lo cual empujó a los votantes a confiarle un nuevo mandato. Pero difícilmente la economía norteamericana pueda -con este tipo de políticas- devolver a los inversores la confianza que necesitan para emprender y crear empleo genuino. Si bien es cierto que a partir de julio de 2012 hubo un repunte de los mercados bursátiles, éste perdió fuerza, lo que se complementa con retrocesos tanto en la actividad económica -en el último trimestre de 2012 se contrajo a sólo 0,1 %-, como en el empleo -que llegó al 7,9 % en enero de 2013.

La Unión Europea no está mejor. Pero esto no se debe a los “ajustes a ultranza”, sino a la ausencia de una reducción del déficit. Las cuentas públicas siguen mostrando deficiencias, lo cual impide que los mercados recuperen confianza e inviertan en el Viejo Continente. Lejos de reducir el déficit, lo que hace la Unión Europea es financiar el déficit de los 17 países del euro con dinero del banco central, aspecto que fue remarcado por un experto en asistir a gobiernos desde la autoridad monetaria como Alan Greenspan. La consecuencia lógica, entonces, es que la crisis siga su curso, pero ahora propagándose hacia los países centrales, como Francia y Alemania, el primero en recesión y el segundo con una desaceleración de la actividad económica.

El pronóstico para 2013 es realmente crítico para el mundo desarrollado, aunque atractivo para la región latinoamericana. Mientras la Reserva Federal y el Banco Central Europeo inunden los mercados con sus divisas -con tasas de interés entre 0 y 0.25%-, y mientras China haga lo propio por evitar sobrevaluar su moneda, los precios de los commodities seguirán alcanzando nuevos niveles récord, visualizándose en abultados superávit comerciales. Al mismo tiempo, los capitales seguirán acercándose a nuestra región a la espera de tasas de interés más elevadas en Estados Unidos. Esto es una oportunidad única de desarrollo que al momento Brasil, Chile, Perú, Colombia y Uruguay están aprovechando, mientras Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela desperdician.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

 

El Intervencionismo estatal y la falsificación de las políticas públicas

Por Eduardo Filgueira Lima.

  “Me resulta difícil comprender y explicar como se instalan diversas conductas y pensamientos en el ser humano”. Lord Acton.

Desde el iluminismo continental europeo – del que somos fieles herederos – se consolidó crecientemente la idea de que no era relevante conceder aspectos referidos a las libertades individuales en pos de obtener supuestos réditos por la dilución de los riesgos y esfuerzos personales en el colectivo social.

Las ideas colectivistas ya fueron esbozadas en el S. XVIII, por varios autores[1], partícipes ideológicos del pensamiento instaurado por la Revolución Francesa y profundizado en los años sucesivos.

Desde la social-politik[2] instaurada en la Alemania del Siglo XIX, hasta la delegación de crecientes poderes y facultades a los gobiernos ya entrado el Siglo XX, bajo el supuesto que ellos sabrían cuidar más y mejor los intereses de los ciudadanos, este pensamiento se ha convertido de manera progresiva en predominante en el comportamiento social. Los inmigrantes fueron los importadores de estas ideas – nacientes en Europa – a nuestros países.

Y este pensamiento no ha sido casual, porque se vio reforzado por corrientes ideológicas y pensadores diversos (como J. M. Keynes[3], W. Beveridge[4] y J. Rawls[5], entre otros), quienes desde diferentes aspectos o visiones posibilitaron y dieron sustento para el desarrollo del estado de bienestar (Welfare State).

De hecho las atribuciones del estado fueron crecientes y en mayor o menor grado no solo “todo se convirtió en terreno fértil para la intervención estatal”, sino que a su vez “todo en lo que interviene el Estado se convierte en materia de políticas públicas”.

Este desarrollo no fue igual en todos los países. Algunos comprendieron que la intervención del estado debía tener límites precisos: 1) por razones políticas como el avasallamiento de las libertades individuales, y 2) por razones económicas: ya que el libre intercambio basado una real y abierta economía de mercado, posibilita una creciente generación de bienes y riqueza – sin necesidad de regulaciones excesivas del estado, ni planificaciones centralizadas – con innovación tecnológica, mejora de la accesibilidad, como de la calidad de los productos y que ello conduce a un “orden social espontáneo”, que inevitablemente genera crecimiento económico y subsecuente desarrollo.

Otros por el contrario, fueron enseñados a pensar y aceptaron, que no solo el Estado podía ser eficiente en su desempeño, sino que además podía velar por ellos y resolverles casi todos sus problemas.

Los administradores – entiéndase: gobernantes de turno –fueron complacidos en sus apetencias, pues nada hay más placentero que administrar sin demasiados compromisos (y como sucede en muchos países: sin rendir cuentas), los recursos de terceros para destinarlos según propias conveniencias disfrazadas con el edulcorado discurso del responder al “bien común”, que solo es lo que el gobernante interpreta como tal.

 Es por ello que debemos distinguir entre “el como y el cuanto” de la intervención estatal, ya que diversas formas e intensidad de la misma   generan diferentes efectos.

En los países más intervencionistas y en los que el estado se entromete en toda actividad que está a su alcance, porque además así lo requiere para su financiamiento y sostén, en general se conduce a más estatismo, más populismo y mayor arbitrariedad política.[6]  

Los países desarrollados desde la revolución industrial han logrado escapar de “la trampa malthusiana” (en la que todavía se debaten muchos países “under” del subdesarrollo en especial en África) y el desfase en el nivel de vida entre estos países más ricos y los más pobres, ha pasado de 4 a 1, en el lapso de 100 años, a 50 a 1, y ello fue consecuencia que la libertad en la gente operó para que desarrollaran las conductas necesarias para modernizar sus economías y generar riqueza[7].

Sin dudas que los intervencionistas debieran explicar lo sucedido en apenas los últimos 150 años en los que desde la revolución industrial, el capitalismo dotó a la humanidad de ingentes riquezas, medios de subsistencia, así como mejoras de sus ingresos y condiciones de vida.

En especial los países desarrollados supieron comprender que el Estado no debe intervenir más allá de lo razonable, ya que toda intervención deviene en distorsiones luego difíciles de corregir y que originan crisis cuya génesis se encuentra en las irresponsables decisiones políticas y de política económica de los gobiernos y la banca. 

El Estado solo debiera garantizar la libertad, el derecho de propiedad, reglas claras y estables de funcionamiento, con seguridad jurídica, así como un irrestricto respeto a las leyes para el buen funcionamiento del mercado, es decir: todo lo que permite el crecimiento económico y una mejora sustancial en las condiciones de vida del conjunto de la sociedad.

¿Cómo promover una sana inversión a largo plazo en un territorio que es tóxico y hostil? ¿Cómo crear riqueza en unos países que se dedican principalmente a rapiñarla y consumirla? ¿Cómo lograr una cierta previsibilidad a largo plazo en los cálculos empresariales cuando la nota dominante es la imprevisibilidad?6

¿Qué otra forma existe de generar riqueza?,..¿Es el Estado acaso el que ha demostrado ser eficiente en la asignación de los recursos?,.. Muchos países de nuestra región – otros ya han iniciado su despegue – y el nuestro en especial son un ejemplo de la inoperancia del estado, y no solo porque se considere que han imposibilitado el normal desarrollo del mercado, sino porque la clase política nos ha convencido – y lo hemos aceptado – que ellos: administradores de los recursos del estado, nos pueden ofrecer desde el mismo y por sus acciones, una mejor salvaguarda a nuestras aspiraciones. Y este fue el argumento que justificó una creciente y desmedida intervención estatal, ahogando al acrecentamiento de un mercado que hubiera posibilitado un mayor crecimiento económico y mejor desarrollo social.

Peor aún, estos gobernantes – considerándose a sí mismos portadores del “bien común” y representantes de las aspiraciones de los ciudadanos – que no son más que simples “populistas”, terminan por suponer que ellos mismos resultan indispensables para sostener los programas de gobierno y las políticas públicas aceptadas con cierto consenso y en ese camino degradan las instituciones, se afanan por perpetuarse en el poder a cualquier costo y sus acciones políticas manipulan la opinión pública, intentando que no salga a la luz, que confunden el poder público con sus intereses personales.

También se nos ha convencido que el origen de todos nuestros males son las inhumanas y despiadadas fuerzas egoístas del mercado,.. desconociendo que es precisamente este el que posibilita las relaciones de intercambio y mejora, basado en el interés individual, y que a largo plazo alcanza a todos los miembros de la sociedad: a unos en mayor y a otros en menor medida, ya que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas habilidades, ni todos somos capaces de apropiarnos del conocimiento y de los recursos al mismo tiempo.  

Y es esta condición: “con seguridad a unos más y a otros menos”, la que más ha intervenido para convencernos de falsos igualitarismos.

Al decir de W. Churchill: “…el vicio inherente al capitalismo es el reparto desigual de las bendiciones; mientras que la virtud inherente al socialismo es el reparto inequitativo de las miserias…”

Pero el mercado tiene su propia condición moral, si bien es cierto que no es posible su buen funcionamiento sin alguna regulación que limite los excesos, tampoco es sustentable un estado que funcione sin los recursos que el mercado le provee. Es decir: existen algunos límites necesarios en un mercado libre que se supone necesario para el crecimiento y desarrollo social,.. pero de la misma manera debieran existir límites precisos a la intervención del estado, que no lo puede todo y frecuentemente lo que puede lo hace mal.

Al decir de R. Nozick: “…convengamos que el mercado puede ser ineficiente, pero el Estado lo es siempre mucho más,…”

Lo que resulta confuso e injusto a la mente humana es que percibe que en muchas circunstancias el mercado no puede alcanzar el óptimo paretiano[8] y es por lo mismo que espera de la intervención del estado la resolución de estas denominadas “fallas del mercado”, mediante regulaciones e intervenciones directas, que supone erróneamente más equitativas y eficientes.

Y aunque es cierto que existen quienes quedan rezagados, porque no alcanzan a valerse por sí mismos, es que se entiende que de ellos es de quienes debería ocuparse subsidiariamente el estado. A ellos deberían alcanzar eficientemente las políticas públicas. Porque “…no existe razón alguna para que el Estado no asista a los individuos cuando tratan de precaverse de aquellos azares comunes de la vida contra los cuales, por su incertidumbre, pocas personas están en condiciones de hacerlo por sí mismas (…) como en el caso de la enfermedad y el accidente , (….) Esta demanda de seguridad es, pues, otra forma de la demanda de una remuneración justa, de una remuneración adecuada a los meritos subjetivos y no a los resultados objetivos de los esfuerzos del hombre”.[9]

Es de esta forma – y pocos son los que ya discuten la idea – que se implementan las políticas públicas, con el objetivo que el estado lleve adelante acciones que provean a maximizar el bienestar general.

Difícil es describir el alcance de los términos e inclusive cuales son las acciones mejor costo-efectivas para proveer al bienestar general. Con seguridad lo que es bueno para muchos puede resultar innecesario o incluso perjudicial para otros.

De igual forma se acepta que además de las funciones originarias del estado (representatividad, seguridad, defensa, definición de normas y Justicia), puede intervenir en regular los procedimientos más adecuados para facilitar el acceso a los así denominados “bienes públicos”, cuya definición también resulta difícil más allá de la conocida: “…no exclusión y no rivalidad,…” Y ello en especial por las diferentes características de los así denominados: bienes de interés público, pues depende de cómo se lo analice e interprete, todo puede llegar a ser “de interés público” y eventualmente todo en lo que interviene el estado lo es, pues de una u otra manera afecta nuestras vidas.

Esto significa con claridad que existe aceptación prácticamente universal sobre la intervención del estado en la generación de condiciones que permitan alcanzar a todos determinados bienes de interés común – y que maximizan el bienestar general – como pueden ser salud y educación, así como por lo menos es dudosa su efectiva forma de intervención.

Y otro aspecto que debe mencionarse es que no en todos los casos en los que se espera la intervención del estado, este debe hacerlo de la misma manera dadas las distintivas características de los bienes públicos.

Por ejemplo, la facilitación de los mecanismos para que estos bienes públicos se encuentren al alcance de todos no significa necesariamente que los mismos deban ser provistos por el estado.

La excesiva intervención tiene grandes riesgos, aunque el discurso político nos haya convencido de lo contrario.

Es por ello que – aunque se acepta la idea y necesariamente se la promueve – las salvedades y resguardos también fueron hechos, ya que se advierte que aún siendo menor el intervencionismo estatal siempre se producen importantes transformaciones en la economía, que además tienen importantes ciclos y diversa evolución, porque están ligadas indisolublemente a los cambios demográficos y epidemiológicos (cuando se trata de cubrir las necesidades de previsión en vejez, y enfermedad) y a los ciclos económicos cuando se trata por ejemplo de cubrir el desempleo.

Por otra parte todas estas intermediaciones de los agentes del estado permiten un importante paso facilitador de la corrupción. Porque es así cuando los políticos ponen sus propios intereses por encima de los del público o cuando los oficiales del gobierno exigen dinero y favores de los ciudadanos por servicios que deberían ser libres. La corrupción termina siendo no sólo un “ensobrado” y pagos con dinero, sino también una grave afectación de las instituciones, con toma de decisiones erróneas que afectan nuestras vidas[10]. Sin mencionar además los enormes costos de transacción que se generan – y que paga toda la sociedad – y los costos de oportunidad que origina la distracción de recursos que podrían ser más útiles en satisfacer las necesidades de la gente, que en engrosar los bolsillos de los funcionarios.  

Aunque algunos – afortunadamente escasos – pensadores puedan defender el populismo como una forma de participación ciudadana, en realidad establece una relación de dependencia entre “el cliente” y el administrador (el gobernante y sus funcionarios) de los recursos: la intervención del estado permite discrecionalidad, amiguismo y prebendas, en las transferencias todo lo cual promueve su uso político. Mientras el cliente queda dependiente y subordinado al beneficio que le otorga su benevolente proveedor.

El financiamiento de las acciones prebendarías – y de las otras – por parte del estado requiere recursos crecientes, se trata de una infinita espiral inflacionaria del gasto público, que tiene raigambre en su misma funcionalidad. El gasto público creciente puede financiarse por varias vías: por ejemplo la venta de activos, el endeudamiento, el cobro de impuestos, la venta de servicios y la emisión monetaria.

En nuestro país el gasto público alcanza el 40% del PBI[11], y existe una relación inversa (en el análisis inter-temporal) entre gasto público y crecimiento. Aunque la evidencia empírica no es concluyente, porque ello depende de la orientación final (siempre discrecional y política) que se dé al mismo gasto. Es decir: no solo es importante cuanto se gasta, que sustentable es, sino cómo y en qué.

Un ejemplo claro de lo anterior encontramos en estos momentos en las diferencias existentes entre países de un mismo bloque: aquellos que a pesar de haber intervenido con fuertes políticas públicas (Alemania, Estonia, Suecia, Finlandia, etc.) y teniendo un importante gasto público, se han ocupado de generar condiciones para incrementar su tasa de capitalización, con lo que producen más y pueden sostenerse con baja tasa de desempleo. Mientras que otros (España, Portugal, Italia, Grecia, etc.), a la par que han intervenido de igual forma – pretendiendo dar “todo a todos”, con un exceso en el gasto – no han logrado desarrollar genuinamente un sistema productivo que lo sustente.

Lo incomprensible del tema es que “los indignados” de Europa, requieran ahora lo mismo que – con variantes – los condujo a la situación en la que hoy se encuentran: mayor gasto para responder a mayores demandas,.. sin considerar que “…no hay almuerzo gratis,..” (M. Friedman) y que resulta insostenible un gasto importante, sin un aparato productivo que lo respalde.

La explicación se sustenta a que el gasto público solo puede mantenerse constante (o incremental) en el tiempo si el sistema productivo es suficiente como para generar la riqueza que ese gasto requiere.

De otra forma – incluso este es tema de debate en Europa en este momento – el equilibrio fiscal solo puede mantenerse mediante un recorte en el gasto (cuestión duramente resistida por “los indignados” que verían recortados sus beneficios) o una suba de los impuestos. En cualquier caso se trataría de una transferencia de recursos.

Otra forma podría ser el endeudamiento, pero esto a su vez exige que la deuda un día se pague. Es decir: puede estar hoy en el límite de lo que se puede asumir con perspectivas de pago, o bien comprometer a las generaciones futuras.

Se ve entonces que la única forma de afrontar genuinamente la intervención del estado y el gasto público que ello genera, es que su intervención no llegue a sofocar la actividad productiva del mercado.  

En el discurso político de nuestros gobernantes en la Argentina actuamos sobre el supuesto erróneo de haber logrado el desendeudamiento. Pero ello no es cierto ya que “la reestructuración de deuda de 2005 no habría desendeudado a la economía argentina, en términos del PBI, con respecto a la situación de 2001. Esto ocurre porque, además de que se reestructuró sólo una parte de la deuda que entró en default 2001, el Gobierno Nacional siguió emitiendo deuda en 2002; 2003 y 2004 (entre el default y la reestructuración).

En 2006 y 2011 sucede lo contrario; hay un aumento nominal del nivel de endeudamiento, pero una caída de la relación Deuda/PBI. Entre 2005 (US$128.630 millones) y 2011 (US$178.963 millones), la deuda nominal creció 39.1% (US$50.333 millones), pero su peso cayó 28.9 puntos porcentuales en términos del PBI. En pocas palabras, a pesar de que el peso de la deuda disminuye en relación al Producto, su nivel nominal sigue creciendo, desvirtuando en alguna medida la política de desendeudamiento oficial…”[12].

De esta manera no solo continuamos incrementando la deuda, sino que a su vez la política pomposamente denominada “de desendeudamiento” conduce a mantenernos al margen del sistema financiero internacional, precisamente cuando existen capitales que podrían contribuir mediante inversiones a nuestro desarrollo.

No es por ello llamativo que seamos uno de los países de la región que han tenido la menor inversión externa. Según un informe de la consultora AMF, en 2012 la inversión externa se desplomó nada menos que un 75% respecto al 2011. El año pasado la Argentina sólo recibió el 1,4% de las inversiones que entraron a Latinoamérica y el Caribe[13]. Y ello perpetúa nuestra dependencia del subdesarrollo. De tal forma como contribuyen otros factores, dependientes de políticas económicas distorsivas que responden a medidas de coyuntura y de nefastas consecuencias a largo plazo.

Además de lo expuesto en nuestro país asistimos a su vez asombrados a la implementación de políticas que irresponsablemente agravan nuestra condición: 1) la expansión de la masa monetaria (vía emisión) que alcanza al 40% interanual[14], y que impacta en la economía por ser uno de los factores reconocidos más importantes en la generación de inflación y 2) la presión impositiva vía recaudación que pasó, entre los años 2002 y 2012 del 19,9% al 36,7% del PBI, es decir que bastante más de un tercio del ingreso generado por el país es apropiado por el Estado a través de los impuestos[15].

No se trata de un problema menor: la supervivencia de un estado prebendario e ineficaz, clientelar y corrupto, que ofrece servicios ineficientes, además ahoga a la actividad económica que es la única que puede generar riqueza genuina.

Es por ello que nos encontramos en una situación en que el empleo público crece más que el privado, casi el 45% de estos últimos se encuentran con temor a perder su empleo[16] y más del 40% de todos los empleados se encuentra en condiciones de informalidad.

Otro de los aspectos a tener en cuenta en las intervenciones del estado es que la definición de políticas se deja en manos de supuestos expertos que siempre se encuentran identificados con el poder político de turno y por lo mismo responden a los intereses políticos,.. ¿no es esta acaso una de las circunstancias por las que el estado termina siendo colonizado (casi por asalto),.. por grupos afines,.. por un pensamiento único, que es lo mismo que decir: una única forma de ver las cosas?

Esta distorsión que produce la intervención del estado afecta en su matriz la eficiencia y efectividad lo que de las políticas públicas se espera. Y es por lo que los jubilados terminan siendo más pobres, los servicios que se brindan en salud y educación se ven afectados en su calidad y solo se sostienen por el esfuerzo y dedicación de unos pocos aplicados con esmero.

Es importante considerar que las políticas públicas deberían ser un denominador común en la solución de los problemas que afectan a la gente pero además poniendo razonabilidad en maximizar el bienestar general. Por ejemplo – y aunque parezca un perimido argumento utilitarista – las políticas de salud debieran promover una población más saludable, no solo por razones humanitarias y morales, sino porque es sabido que una población más sana es a su vez más productiva. Y ello es útil al país.

Otro planteo que ha cambiado sustantivamente las condiciones en las políticas de salud y el requerimiento de dilución del riesgo mediante el aseguramiento es que dada la impresionante innovación tecnológica – que indudablemente ha mejorado las perspectivas en lo referido a la disponibilidad de recursos para facilitar procedimientos diagnósticos y terapéuticos – nos ha convertido a la par a todos en “pobres” para afrontar individualmente los costos.

Lo mismo – aunque en otra dimensión – sucede con las políticas educativas, o en áreas como energía, e infraestructura (aunque en todos los casos el estado entiendo que debe ser solo un facilitador y no necesariamente un proveedor), mientras se defina que, cuanto, para qué y en qué medida es necesario y sustentable.

Los planes de asignaciones para los más desfavorecidos deberían poder ser reemplazados – en lo posible – y en el mediano o largo plazo por ingresos genuinos generados en el mercado productivo del país. La prolongación en el tiempo de manera prebendaría solo beneficia al gobernante dadivoso, pero excluye al receptor de un futuro venturoso.

En nuestro país ya existen hasta tres generaciones de receptores de planes que suponen recibir “lo posible”, y se mantienen sin siquiera “lo suficiente”, por debajo de las condiciones mínimas de dignidad y sin posibilidades de acceder a un futuro mejor.

Ello pone en evidencia que nuestro país no produce lo necesario. El aparato productivo ha sido ahogado por el estado, en el que hemos encontrado refugio todos, como si este pudiera darnos cobijo y satisfacer nuestras necesidades sin requerir de nadie que lo sustente.

Y ello incluye a los empresarios – no solo los amigos del poder – que haciendo gala (salvo honrosas excepciones) de una increíble inoperancia han buscado también su propio rédito: ser protegidos arancelariamente y/o ser subsidiados (subsidios directos o indirectos) también por el estado. 

Todos estos desvíos ocurridos por políticas discrecionales nos colocan en situación de desventaja, no solo con los países desarrollados sino incluso con muchos de nuestros propios vecinos, que han comprendido que nada se puede recibir sin desarrollar un aparato productivo suficiente y que además nos permita insertarnos en el mundo.

Solo de ese modo las políticas públicas ascienden el primer escalón que es  hacerse posibles. Pero ello no significa que sean eficientes, o equitativas o que sus resultados sean los deseables, que son escalones superiores.

De esta forma vemos como se desnaturalizan y falsifican desde el poder las políticas públicas, porque el irresponsable accionar de los gobernantes puede hacernos creer que todo lo que hacen es lo que se les ha requerido con la confianza del voto y que es lo que la gente necesita, aunque no sea así. Ya que por un lado las mismas resulten insuficientes, ineficientes e inequitativas y por otro pongan en riesgo de sucesivas y evitables crisis económicas al país, por el dispendio de sus recursos. 

Porque el estado cuando interviene sin límites, tiende a extender sus acciones más allá de lo que debe y como consecuencias:

  • Malgasta el dinero de los contribuyentes,
  • Subsidia discrecionalmente para obtener la mayor cantidad de votos, quitando recursos a los más productivos,
  • Tiende a ser deficitario endeudándose, emitiendo y generando inflación, en lugar de reducir el gasto público,
  • Distribuye privilegios y no alienta al empresariado productivo, generando incentivos inversos,
  • Genera mercados cautivos, en lugar de alentar la mejora de los servicios basados en la competencia,
  • Acrecienta la cantidad de organismos, funcionarios y empleados públicos, lo que conduce a un mega-estado que subsiste a costa del sector productivo,
  • Desalienta los votantes libres de influencia y aumenta los cautivos del presupuesto público.[17]

Entonces: ¿qué es lo que nos diferencia de lo que han logrado otros países ya desarrollados y muchos vecinos ya caminan en el mismo sentido, mientras nosotros quedamos rezagados?

Y en este punto he analizado y acuerdo que juega un importante papel la calidad de nuestras instituciones[18],.. pero considero además que es importante analizar la lógica con que se moviliza la acción colectiva en nuestra sociedad (que por un buen tiempo puede ser manipulada),.. pero más aún es importante la calidad de nuestros gobernantes y su séquito de aduladores que – lealtad partidaria mediante – se juegan su propio destino político.

[1] Rousseau, J. J. “Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes” (1755) y “Du contrat social” (1762)

[2] Owens, P. “From Bismarck to Petraeus: The question of the social and the Social Question in counterinsurgency”. University of Sussex, UK (2013)

[3] Keynes, J. “Teoría General del empleo, el interés y el dinero” (1936).

[4] Beveridge, W. “Report of the Inter-Departmental Committee on Social Insurance and Allied Services” (1942)

[5] Rawls, J. “Theory of Justice” (1971)

[6] Rallo, J. R. “El circo del estatismo europeo” (2013) http://www.libertaddigital.com/opinion/juan-ramon-rallo/el-circo-del-estatismo-europeo-67553/

[7] Clark, G.  “A farewell to alms”. Princeton University Press (2007)

[8] Dada una asignación inicial de bienes entre un conjunto de individuos, un cambio hacia una nueva asignación que al menos mejora la situación de un individuo sin hacer que empeore la situación de los demás.

[9] Hayek, F. “Caminos de servidumbre”. Ed. Alianza, Madrid (1995)

[10] Transparecy International http://www.transparency.org/cpi2012/results

[11] Massot & Monteverde “El gasto público ya es 45% del PBI…” http://cepoliticosysociales-efl.blogspot.com.ar/2012/07/el-gasto-publico-ya-es-45-del-pbi-pero.html (2013)

[12] Economía & Regiones Consultora. http://www.economiayregiones.com.ar/es/index.php (2012)

[13] AMF Consultores http://www.amfeconomia.com/ (2013)

[14] Rossi, R. “El financiamiento de la inflación” http://cepoliticosysociales-efl.blogspot.com.ar/2012/09/el-financiamiento-de-la-inflacion.html (2012)

[15] IDESA (Inf. Nº 487) http://cepoliticosysociales-efl.blogspot.com.ar/2013/04/cargas-sociales-explican-un-tercio-de.html (2013)

[16] Kritz, E. SEL Consultores (2013)

[17] Buchanan, J & Tullock, G. “The calculus of consent: Logical foundations for constitutional democracy” (1962)

[18] http://www.libertadyprogresonline.org/2012/07/12/indice-de-calidad-institucional-2012/

Eduardo Filgueira Lima es Médico, Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social,  Magister en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE y Profesor Universitario.

 

Acerca del presupuesto de Estados Unidos

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 21/3/13 en http://www.rionegro.com.ar/diario/acerca-del-presupuesto-de-estados-unidos-1100994-9539-nota.aspx

Recientemente, luego de la prórroga desde el fin del año pasado, entró en vigencia la cuestionada ley de Control de Presupuesto de los Estados Unidos, o Budget Control Act (Public Law 112–25), del 2 de agosto del año 2011.

Atrás quedaron las expresiones vertidas por el presentador de noticias y comentarista político Chris Matthews, de la cadena de cable Msnbc, que en su programa Hardball acusó a los republicanos de usar “las mismas viejas tácticas de la Guerra Fría de la CIA para desestabilizar el país”, llamándolos “antipatrióticos”.

El motivo de tan aguda calificación había sido, naturalmente, la consideración del llamado abismo fiscal, el techo de la deuda o el secuestro. Son éstas diferentes expresiones referidas a la contención del gasto y déficit fiscal estadounidense puesto que, según palabras del comunicador, “los legisladores republicanos amenazaron con bloquear al gobierno ya que les disgusta a quién el pueblo estadounidense ha elegido como presidente”.

El énfasis de los comentarios puso de relieve vívidas y agitadas pasiones, encendidas en torno de lo que avizora como un tema crucial de la economía más grande del planeta; no sólo por los efectos domésticos de la ley en cuestión, sino porque sus eventuales consecuencias –en un mundo globalizado– mantienen en vilo a la mayor parte de los países del orbe.

Esta radical postura, entre otras, requiere plantear un esclarecimiento en ambos frentes: las ideas y la praxis. Las diferencias han sido y seguirán siendo expuestas, enfáticamente, tanto en el campo de la investigación como en las discusiones políticas.

En el plano académico concurren dos tradiciones intelectuales bien diferenciadas: una corriente de pensamiento supone que los mercados funcionan mejor si no se interviene en ellos y la otra cree que la intervención del gobierno puede mejorar notablemente el funcionamiento de la economía.

Los problemas de la gran depresión, como fenómeno refundante, provocaron grandes avatares en el marco de las ideas. John Maynard Keynes, la principal autoridad de la corriente intervencionista durante el siglo XX, escribió su obra cumbre, “La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”, en el escenario de la gran crisis de los años treinta, con los Estados Unidos inmerso en lo más hondo de su depresión y luego de que Inglaterra hubiera experimentado tasas de desempleo de dos dígitos. En definitiva, se pensó entonces que no sólo se estaba haciendo una contribución intelectual, sino que se estaba tratando un problema crítico que ponía en peligro la existencia misma de la civilización.

El eje de su teoría general era el énfasis en la demanda efectiva, es decir, la demanda agregada. Según el propio Keynes, a corto plazo la demanda efectiva determina la producción, aun cuando ésta acabe por retornar a su nivel natural a largo plazo.

Este autor aseguró que era una actitud irresponsable afirmar que la economía retornara por sí a su nivel natural. Bajo esta visión, tratar de equilibrar el presupuesto en un escenario depresivo no sólo es un error, sino uno muy grande y de mucho peligro. En consecuencia, el activo uso de la política fiscal resultaría de vital importancia para retornar a un elevado nivel de empleo.

Los activistas consideraron que no hay una relación estrecha entre crecimiento de la oferta monetaria y la tasa de inflación a corto plazo, ya que el crecimiento del dinero es sólo uno de los factores que afectan a la demanda agregada. Las variaciones del tipo de interés apenas afectaban la demanda y la producción. Por esta razón, la política monetaria no ejercía una marcada influencia. Estos atributos, entonces, se consideraban de exclusiva potestad de la política fiscal.

Dos décadas más tarde, el auge de este enfoque de posguerra con fundamento en el Estado de Bienestar empezó a languidecer. Muchos descreyeron entonces de esa construcción y su credibilidad emprendió el camino a la baja. Este desplazamiento de énfasis estuvo estimulado, sin dudas, por el lento crecimiento y la inflación elevada que experimentaron los países industrializados hacia los años setenta.

En la actualidad, algunos economistas como Jeffry Sachs consideran que en el período limitado por la década del setenta y el año 2008 –en que la crisis financiera volvió a dominar el pensamiento de la administración de Obama y gran parte del partido laborista del Reino Unido– la gestión de la demanda keynesiana estuvo en eclipse intelectual.

En esa línea argumental, el nuevo fortalecimiento del keynesianismo en Estados Unidos, obedece a la influencia de Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro, Paul Krugman y Joseph Stiglitz, ambos Premio Nobel de Economía, y a la política de dinero fácil de Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, fiel a la creencia de que estimular a corto plazo la expansión fiscal y monetaria era necesaria para compensar el colapso de la crisis hipotecaria.

En el campo político, la administración de Obama ha consistido en cuatro años de déficit presupuestario estructural (ajustado cíclicamente) de hasta el 10% del producto interno bruto o más, tasas de interés de corto plazo cercanas a cero con el fin de recuperar el desempleo por encima del 6,5% y el nuevo objetivo de la Fed de mantener las tasas cercanas a cero a largo plazo; sin contar, por supuesto, con la decisión sistémica de sostener indefinidos déficit fiscales hasta el año 2022.

Empero, la distancia que separa al presidente Obama con la Cámara de Representantes –mayoritariamente republicana– parece no corresponderse con el fulgor de la batalla dialéctica. Al menos, claro está, hasta el acuerdo de agosto del 2011 cuando republicanos y demócratas aprobaron recortes para forzar un pacto de largo alcance sobre la reducción del elevado déficit público, que ha sido superior al 7% en el año 2012.

A la luz de los acontecimientos el eje del debate es, sin más ni más, que la recuperación del empleo y el crecimiento económico no han llegado. Éste es un punto de inflexión sobre el que sucumben antiguas alianzas, otrora persuadidas por las dicotómicas ideas keynesianas de estímulo o depresión.

Las diferencias, no obstante, son sólo de matices y más grandes en los dichos que en los hechos ya que, con relativas discrepancias, republicanos y demócratas convalidan permanentes déficits fiscales hasta entrada la próxima década.

Las reducciones presupuestarias, recientemente iniciadas, consisten en recortes iguales de fondos del Departamento de Defensa y programas no militares entre los ejercicios fiscales 2013 a 2021. En el año 2013, esas reducciones se logran automáticamente mediante la anulación de una porción presupuestaria de recursos (acción reconocida como el secuestro). Esta medida afecta mayormente a programas discrecionales, así como algunos programas y actividades que se financian con gastos obligatorios.

Según advirtió la Oficina de Presupuesto del Congreso, los cambios podrían aumentar el nivel de desempleo por encima del 9,1% y amenazaría la recuperación económica de Estados Unidos. Asimismo, en los últimos días, diferentes dependencias del gobierno federal advirtieron sobre las nefastas consecuencias de los recortes en diversas áreas como: el transporte, la educación y las inspecciones sanitarias.

Bajo este escenario, no sería descabellado suponer que el gobierno estadounidense padece de un tortuoso ejercicio de austeridad, signado, en partes semejantes, por recortes del gasto y subidas de impuestos.

Ahora, no es así, los recortes del gasto son puramente ornamentales y contrastan con el severo mandoble impositivo que recae sobre las espaldas de los contribuyentes. Frente a un descenso en los gastos presupuestados del orden de 9.000 millones de dólares (resultantes de contraer el 0,25% del presupuesto total de 3,563 billones de dólares, asignados en el 2012), los ingresos crecen hasta un 19,63%, lo que equivale a un incremento de la recaudación de 478.000 millones de dólares. Quizás haya sido algo exagerado hablar de “abismo fiscal”.

Así, el déficit del presupuesto federal para el año fiscal 2012, de 1,128 billón de dólares o 7,3% del PBI según la estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, marca el cuarto año consecutivo con déficit billonario. Con estos y otros cambios de política que figuran en el actual ley, el déficit se reducirá a un monto estimado de $ 641.000 millones, para el año fiscal 2013 (o 4% del PIB), aunque seguirá siendo deficitario.

Finalmente, sin señales certeras de recuperación real y con una relación deuda/producto que ha superado el 100%, pocos son los motivos para ser halagüeños. Sobre todo, porque en tanto no se advierta que el intervencionismo estatal resulta una amenaza creciente, en la economía mundial, más difícil será resolver el problema. El cual consiste, justamente, en sustraer el ahorro de manos de los gobernados con el fin de que quienes gobiernan lo gasten a su antojo.

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), Profesor Titular en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

Juan Carlos de Pablo y el sobretodo de Hayek

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 25/3/13 en http://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2013/03/25/juan-carlos-de-pablo-y-el-sobretodo-de-hayek/#more-4790

 Juan Carlos de Pablo (UCEMA) tiene una columna semanal en el diario La Nación donde, a través de diálogos ficticios, comenta problemas de coyuntura económica según distintos economistas a lo largo de la historia de la disciplina. En esta ocasión, de Pablo hace referencia a la anécdota (1931) del comentario de Hayek sobre el desempleo que provocaría un aumento en el consumo de sobretodos. Cuenta la tradición oral que durante una de las exposiciones de Hayek en Cambridge (UK), Richard Kahn le pregunta “¿Dice Ud. que si mañana me compro un sobretodo, eso va a aumentar el desempleo?”, a lo que Hayek responde “Sí, pero tengo que desarrollar mucha matemática para explicar por qué.”

De Pablo dice que a pesar que esta anécdota llegó a nuestros días de forma oral, “el sentido de la afirmación es suficientemente claro como para dar lugar a interpretaciones que destacan su inverosimilitud, grosería, y sobre todo falta de oportunidad.” El tratamiento de de Pablo sobre esta anécdota es una buena oportunidad para hacer una aclaración sobre la teoría del ciclo de Hayek.

De Pablo entabla un diálogo ficticio con Francisco García Olano (1908-1980) para explicar las afirmaciones de Hayek. En la ante última pregunta, “¿Qué le parece, como explicación del ciclo [económico]?” Olano responde “En 1931 era una ridiculez. John Maynard Keynes, pero no sólo él, y no exclusivamente en Inglaterra, recomendaba la realización de obras públicas (¡no la estatización de empresas!), para que a raíz del mayor ingreso alguien comprara algún sobretodo, en algún momento. Porque en aquel entonces la cuestión no era cuándo se efectuarían las compras, sino si se realizarían o no, a la luz de las pésimas expectativas existentes.”

La explicación de de Pablo sobre la teoría de Hayek me parece imprecisa, sino errónea. En primer lugar de Pablo apunta correctamente en su nota al mencionar que el problema, según Hayek, es la inversión en proyectos que no son rentables a tasas de interés de equilibrio cuando se sigue una política monetaria de bajas tasas de interés. Pero luego la explicación se desvía hacia los efectos de incentivar la compra de sobretodos hoy en lugar de esperar a que los consumidores los compren cuando deseen como si el problema fuese el cuándo se compra el sobretodo y no el cómo se lo produce.

El problema, según Hayek, no es cuándo se compra un sobretodo, sino producir sobretodos con una inversión y estructura de capital que no es sostenible sin una política de dinero fácil. Al dejarse llevar por la anécdota del sobretodo, de Pablo ridiculiza erróneamente la explicación de la teoría de Hayek. No se sigue, entonces, que la solución Keynesiana sea preferible por que no cae en la ridiculez de preocuparse por el cuándo se compra el sobretodo sino por generar ingresos para que eventualmente alguien compre el sobre todo.

Si para de Pablo lo importante es mantener el flujo de ingresos en una nota sobre Hayek, entonces podría haber citado el mismo “Prices and Production” (libro que surge de las charlas donde se dio la anécdota del sobretodo) en lugar de entablar un diálogo ficticio con Olano. En “Prices and Production”, Hayek explícitamente hace referencia a la necesidad de mantener el flujo nominal de ingresos estables (un caso de NGDP targeting) en el capítulo IV. No hacía falta que Olano intente adivinar equivocadamente la postura de Hayek, bastaba con preguntarle al mismo Hayek. De Pablo hubiese evitado una ridiculización sin fundamentos de haber comparado las políticas de inversión pública (Keynes) versus NGDP targeting (Hayek junto a no pocos contemporáneos) en lugar de caracterizar a Hayek en base a una anécdota de la que carecemos un contexto claro.

Nicolás Cachanosky es Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE), y Doctor en Economía, (Suffolk University). Es profesor universitario.

 

La política y su malestar

Por Enrique Edmundo Aguilar. Publicado el 30/1/13 en http://www.elimparcial.es/america/la-politica-y-su-malestar-117878.html

A fines del año pasado la editorial Sudamericana publicó El malestar de la política, del ensayista argentino Juan José Sebreli, autor de Buenos Aires. Vida cotidiana y alienación, Los deseos imaginarios del peronismo, El asedio a la modernidad, Crítica de las ideas políticas argentinas , y otros tantos títulos destacados. Su propósito, como se indica al comienzo, es el de redefinir algunos conceptos políticos que, “por pereza mental o por motivos utilitarios”, resultan habitualmente despojados de su genuino significado.

A este fin, Sebreli repasa además las ideas de autores esenciales en la historia de la disciplina que fueran víctimas, ellos también, de interpretaciones distorsionadas no sólo por parte de sus críticos sino de sus propios seguidores. Más precisamente, la sección del libro titulada “Pensamiento y política” (precedida por otra más concisa que se interroga sobre las tensiones entre filosofía y ciencia política) está dedicada a esta revisión, donde se dan cita nombres tales como Maquiavelo, John Stuart Mill, Kant, Hegel, Marx, Weber, Carl Schmitt, Keynes, Leo Strauss y John Rawls, especialmente escogidos en virtud de esos problemas de interpretación que suscitaran sus escritos. Asimismo, esta sección incorpora atinadas reflexiones sobre la relación entre el intelectual y la política y las diferentes tipologías que esta relación admite según sea el grado de compromiso del intelectual con la realidad que lo circunda, un partido o ideología determinados, el gobierno de turno, etc.

La tercera y última parte, titulada “Conceptos fundamentales de la teoría política”, es la que responde más puntualmente al propósito de la obra al identificar algunos vocablos de los que se ha hecho con frecuencia un uso equívoco e interesado. Igualdad, libertad, democracia, izquierda, derecha, fascismo, populismo…, he ahí algunos de esos términos. En particular, son dignas de destacar las páginas sobre el populismo, no sólo por su actualidad sino por lo que suponen como contribución al entendimiento de este fenómeno que, sin ser totalitario, se aproxima a esta categoría por su recurso a “la movilización de masas, la politización permanente, el culto al líder y el relato de la épica lucha contra los enemigos internos y externos”, rasgos que, en algunos casos latinoamericanos (como el chavismo o el “neopopulismo kirchnerista”) se acompañan también de clientelismo, corrupción, “un autoritarismo que pasa por democrático” y una ideología pseudoprogregista.

Un aporte al debate democrático. Aun siendo trillada, la fórmula quizá sirva para sintetizar las razones que hacen de este ensayo una lectura recomendable.

 Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM.

 

Inflación: pan para hoy, hambre para mañana

Por Enrique Edmundo Aguilar. Publicado el 8/8/12 en http://www.elimparcial.es/america/inflacion-pan-para-hoy-hambre-para-manana-109399.html

 En su último editorial, la revista Criterio, de Buenos Aires, se refirió largamente al proceso inflacionario que sufre la Argentina que ha llevado al gobierno a cometer el imperdonable error de “falsear las estadísticas respectivas durante ya cinco años”. Se señala ahí que en nuestro país el aumento anual de los precios al consumidor “es el quinto más alto entre 187 países, de los que sólo seis tienen más de 20%; veinte, entre 10 y 20%; y 161, menos de 10%”. ¿Quiénes nos acompañan en ese que podríamos llamar selecto “grupo de los seis”? Bielorrusia, Etiopía, Venezuela, Uganda, Sudán (antes de su partición) e Irán. Finalmente, el editorial se detiene en el análisis de algunas posibles soluciones a este problema que es primariamente político y que, por lo mismo, no podrá remediarse en tanto perdure “el enconado ensimismamiento del Gobierno”.

Mientras avanzaba mi lectura, tenía a mano un ejemplar del libro de James Buchanan y Richard Wagner Democracy in Deficit. The Political Legacy of Lord Keynes (1977), en uno de cuyos capítulos los autores discuten con aquellos economistas de filiación keynesiana que sostienen que la inflación puede ser un pequeño y necesario precio a pagar como paliativo al desempleo. Entre otras cosas, explican además cómo la inflación, al destruir las expectativas mayoritarias, provoca reacciones cortoplacistas que son al cabo la respuesta racional a un escenario donde el mañana se revela incierto y las previsiones se malogran.

Se diría que en la Argentina nos hemos acostumbrado a la inflación y a la consiguiente depreciación de nuestra moneda. No es la primera vez que nos pasa y sabemos de sobra cómo termina esta historia asociada al control de cambios y otros arranques de intervencionismo estatal. Pero evidentemente nos falla la memoria. Mientras tanto, el gobierno parece decirnos: “¡Consuman, consuman! ¡El ahorro y la inversión son cosas de antaño!”

 Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM.

 

Nueva refutación de Keynes:

Por Carlos Rodríguez Braun. Publicado el 10/6/12 en http://www.expansion.com/2012/06/10/opinion/tribunas/1339362190.html

A mediados de los años ochenta entrevisté a Hayek para Revista de Occidente, y me dijo: “Keynes era un genio, pero no era un buen economista”.

Esto último es lo que demuestra el joven investigador y profesor Juan Ramón Rallo en su libro Los errores de la vieja economía (Unión Editorial), que despliega una sana insolencia gracias a la cual no cree que las cosas sean verdad sólo porque las diga el más célebre de los economistas.

Así como la crisis de 1930 fue señalada por la izquierda como la prueba de que el capitalismo era intrínsecamente inferior al socialismo, la crisis actual también ha reverdecido a los enemigos de la libertad de todos los partidos, que ya no jalean a Marx con el entusiasmo de otrora, pero que están encantados redescubriendo a Keynes. Conviene, por tanto, refutarlo, que es el propósito de este libro.

Lo que escribe Rallo, en línea con Henry Hazlitt, es una “Guía de Keynes” siguiendo la Teoría General, pero no laudatoria, como las clásicas de Alvin Hansen o Raúl Prebisch, sino crítica. Empieza subrayando la equivocación de Keynes en su asalto a la Ley de Say, porque distorsionó al economista francés. A continuación desarrolla las tres variables exógenas que determinan, junto con el nivel de empleo, la demanda efectiva –la propensión a consumir, la eficiencia marginal de capital y los tipos de interés– y prueba sus interrelaciones, en contra de las tesis keynesianas.

Tras las tergiversaciones de Say vienen las definiciones confusas y los errores en el planteamiento de las unidades, en las expectativas y en la categorización del ahorro y la inversión. Los engaños del consumo keynesiano, esa especie de milagro que permite ahorrar sin dejar de consumir, culminan en propuestas disparatadas conforme a las cuales cualquier gasto mayor es bueno. Denuncia Rallo los errores de Keynes sobre el tipo de interés, el ahorro y la inversión; la eficacia marginal del capital no es decreciente a largo plazo ni inestable a corto. Y el problema no radica en la carestía de medios de pago, sino en “la extraordinaria e imprudente elasticidad en su creación y en las consecuencias de su destrucción acelerada”; Keynes no reconoce los problemas del capital “cegado por su obsesión contra el atesoramiento de dinero”. Demoniza erradamente la especulación, como tantos otros, y con sus falacias “consiguió anular el principal mecanismo de ajuste que existe en las economías capitalistas para coordinar de manera consistente los planes de todos los individuos”.

La conclusión del doctor Juan Ramón Rallo es que no es cierto que la salida de la crisis deba pasar por más gasto público y más inflación, medidas que pueden dificultarla. Tampoco cree en la trampa keynesiana, ampliamente compartida a derecha e izquierda, de que la coacción política y legislativa deba aumentar por nuestro bien o para salvar el capitalismo mediante el paradójico expediente de socializarlo.

El Dr. Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.