El Martín Fierro como primera gran denuncia de la corrupción argentina

Por Carlos Newland: 

 

El Gaucho Martín Fierro (1873) de José Hernández busca reflejar la mentalidad y las condiciones de vida de habitantes rurales del siglo XIX. Para nosotros es una obra clásica que describe vivencias y experiencias que son comunes a los argentinos y a las sociedades de todos los tiempos.  Aquí quisiéramos destacar uno sus contenidos, la denuncia de la corrupción, entendida como el manejo que hacían ciertos funcionarios públicos en pos de su beneficio privado. Hernández se enfocó en la cuestión tal como era percibida por el gaucho bonaerense en su vida cotidiana y por ende no consideró pertinente señalar los grandes negociados de los gobiernos nacionales o provinciales, en las compras estatales o en la contratación de obra pública. Se concentró más bien en los manejos de las autoridades políticas locales y de los jefes de las unidades militares en la frontera. Ambos ámbitos afectaban significativamente la vida de los habitantes de la campaña, ejemplificada a través de la figura y desventuras del  gaucho Fierro. El cuadro que presenta parece ser razonablemente fidedigno, según puede inferirse de la interesante compilación de documentos de la época presentada por el historiador Eduardo Míguez (El Mundo de Martin Fierro, 2005).

 

El primer destinatario de las críticas de Hernández es el conjunto de los jueces de paz, autoridades locales con funciones policiales y judiciales, designados por los gobiernos provinciales. Claramente muchos de estos funcionarios se aprovechaban del poder que detentaban para obtener beneficios y hacer exacciones a costa de la población.  Para mantener sus puestos necesitaban, en primer lugar, garantizar que sus partidos fueran los ganadores en las elecciones. Para lograr este objetivo presionaban o forzaban a los paisanos bajo su jurisdicción a elegir a los candidatos de sus propios partidos. Los jueces de paz perseguían a los pobladores que no asistían a los comicios o a aquellos que aparecían portando boletas de otros partidos, y se las arrebataban. Por todo ello, según el poema, resultaban elegidos los peores candidatos:

 

Ricuerdo que esa ocasión

daban listas diversas;

las opiniones dispersas

no se podían arreglar:

Decían que el Juez por triunfar

hacía cosas muy perversas.

 

Cuando se riunió la gente

vino a ploclamarla el ñato;

diciendo con aparato

«que todo andaría muy mal;

si pretendía cada cual

votar por un candilato.»

El anhelo de Fierro era el derecho a votar libremente, así declama:  “Mande el que mande, yo he de votar a quien quiera”. Claro que cuando un individuo ejercía este derecho corría el riesgo de ser castigado y enviado a la frontera. Entre los hechos delictivos vinculados a los funcionarios estaba el de asociarse con criminales para despojar a los lugareños, así lo marca el texto:

 

Decían que por un delito

mucho tiempo andubo mal;

un amigo servicial

lo compuso con el Juez,

y poco tiempo después

lo pusieron de Oficial.

 

En recorrer el partido

continuamente se empleaba.

Ningún malevo agarraba

pero traía en un carguero,

gallinas, pavos, corderos

que por ay recoletaba.

 

No se debía permitir

el abuso a tal estremo:

mes a mes hacía lo mesmo,

y ansí decía el vecindario,

«este ñato perdulario

ha resucitao el diezmo.»

 

Otra práctica de los jueces de paz o sus asociados era la de aprovecharse de la custodia de los bienes de huérfanos mediante la designación de administradores expoliadores. Asimismo,  tenían la facultad de elegir  a aquellos pobladores destinados a la frontera. En lugar de hacerlo aleatoriamente, escogían a quienes  no consideraban de su confianza, a los que no votaban a su partido o a los que no aceptaban sus arbitrariedades.

 

La segunda instancia de corrupción se daba en los fortines. A los gauchos se los obligaba a enrolarse en la milicia, debiendo servir en unidades de la frontera durante un largo e impreciso periodo. Muchos no cobraban el sueldo estipulado, y se puede deducir que sus remuneraciones “se perdían” por alguna parte.  En el caso de Martín Fierro, no le abonaron su salario durante dos años. Por otra parte, la corrupción existente en los fortines afectaba la alimentación de los soldados. Aunque se adquirían alimentos para el rancho, los jefes hacían facturar a los proveedores por una cifra mayor a las vituallas recibidas, quedándose con la diferencia:

 

A mí no me jué tan mal

pues mi oficial se arreglaba;

les diré lo que pasaba

sobre este particular.

 

Decían que estaban de acuerdo

la Bruja y el provedor,

y que recebía lo pior…

Puede ser, pues no era lerdo.

que a más en la cantidá

pegaba otro dentellón,

y que por cada ración

le entregaban la mitá.

Y que esto, lo hacía del modo

como lo hace un hombre vivo:

firmando luego el recibo,

ya se sabe, por el todo.

 

Dentro del cuartel los oficiales y suboficiales iban sustrayendo parte de  los alimentos adquiridos para los soldados hasta que a los reclutas sólo les llegaban migajas. Con humor, dice Martín Fierro, que cada nivel militar repetía un viejo dicho popular al sustraer la comida para los milicianos “-Araña, ¿quién te arañó?   -Otra araña como yo”. Por otra parte, las autoridades militares hacían trabajar a los soldados en sus propias estancias y chacras, sembrando, haciendo corrales y construyendo con adobe. Las municiones que se adquirían para los soldados nunca terminaban siendo utilizadas para los enfrentamientos con los indígenas. Eran vendidas privadamente por los comandantes a los cazadores de la zona. A los soldados se les daban lanzas y no las armas de fuego que debían ser provistas. El comandante incluso se apropió del caballo de Fierro, un animal envidiable que se destacaba por su velocidad en las carreras. Así se resumía la corrupción en los fortines:

 

Yo he visto en esa milonga

muchos Gefes con estancia,

y piones en abundancia,

y majadas y rodeos;

he visto negocios feos

a pesar de mi inorancia.

Hernández termina solicitando que el servicio de milicia se haga con soldados contratados, debiéndose dejar de imponer a la población ese trabajo forzado: “Si el Gobierno quiere gente, que la pague y se acabó”.

 

En toda la obra domina un tono pesimista en cuanto a esta situación general. La corrupción va afectando la ética de los individuos: en el caso del Martín Fierro lo termina llevando a convertirse en criminal y posiblemente asociado a los indígenas en los malones. Poca reforma podía esperarse de la iniciativa de los gobernantes, quienes en la terminología actual eran incansables buscadores de rentas, como dice el Moreno en la payada final:

 

los que la gobiernan ven

a dónde han de dar el tajo.

le cai al que se halla abajo

y corta sin ver a quién.

 

mas yo soy un negro rudo

y, aunque de esto poco entiendo,

estoy diariamente viendo

que aplican la del embudo.

 

La ley del embudo, por la cual el que tenía poder se quedaba con todo y el que no lo tenía, con nada. El tono fatalista del poema, creemos, tiene su lado positivo: describe una situación nefasta que debía reformarse. Su permanente lectura tiene por ello una gran utilidad dada la continuidad histórica de los saqueos a los bienes públicos en nuestro país. Nos marca que debe existir un cambio no solo legal o de administración de la justicia, sino también cultural. Para lograrlo nada mejor que releer y releer nuestro gran texto nacional.

 

Carlos Newland es Dr. Litt. en Historia. Profesor y Ex Rector de ESEADE.

 

Justicia privada en entornos voluntarios: el caso de Perú, Chicago y los “punteros” políticos

Por Martín Krause. Publicada el 26/1/16 en: http://bazar.ufm.edu/justicia-privada-en-entornos-voluntarios-el-caso-de-peru-chicago-la-cava-y-los-punteros-politicos/

 

Para analizar las soluciones voluntarias a problemas de externalidades o bienes públicos es interesante investigar un entorno donde, básicamente, el estado no está presente. Tal el caso de los barrios informales. Antes vimos el caso de La Cava, ahora Perú, Chicago y los “punteros” en Argentina:

En algunos casos las organizaciones informales administran justicia, básicamente sobre temas relacionados con la propiedad o el crimen. En este segundo caso, de Soto et al (1987, p. 30) relata el procedimiento, que permite la presencia tanto de la víctima como del acusado, testigos y jurados, en contraste con el sistema judicial formal en Perú donde no hay jurados. Las penalidades incluyen golpizas o el destierro que se acompaña con la pérdida de la propiedad. Si hay resistencia o la expulsión fracasa se permite que un nuevo habitante ocupe el espacio libre del predio del criminal reduciendo su derecho de propiedad informal. Para los homicidios el criminal es entregado a la policía o puede ser “linchado”, particularmente por la violación de menores.

En cuanto a las cuestiones relacionadas con la propiedad, el sistema judicial peruano nunca se ocupó mucho de resolver disputas y se trasladaban a las autoridades administrativas, que también estaban abarrotadas y eventualmente aceptaban las decisiones de las organizaciones informales. Los Jueces de Paz son usualmente solicitados para mediar pero no resuelven las disputas siguiendo la ley formal sino las normas extra-legales.

Los líderes de las organizaciones informales actúan como jueces de primera instancia y las Asambleas como segunda instancia en cuestiones de delimitación de la propiedad y los contratos de venta o alquiler.

Resulta importante destacar que las organizaciones informales que administran justicia sobre cuestiones de propiedad se encuentran en un entorno competitivo: sus líderes son removidos si no cumplen con las expectativas de los ocupantes tanto sea en cuanto a vínculos con las autoridades formales como la provisión de bienes públicos o la administración de justicia. De Soto et al también comentan que no tienen remordimiento alguno para cambiar de líderes sin tomar en cuenta su alineamiento político o ideológico (p. 28); una visión compartida por Cravino (2009, p. 163)  sobre las “villas miseria” de Buenos Aires, quien encuentra que los “delegados” toman decisiones e incluso imponen medidas de control de la “vida cotidiana (cómo construyen, si hacen ruido, si tienen conflictos con otros vecinos, etc)”. Ese entorno competitivo reduce los problemas de agencia y alinea las decisiones de los jueces más estrechamente con los valores de los ocupantes.

Zarazaga (2010a) ha investigado el papel que cumplen los llamados “punteros” en Argentina, activos en los barrios informales que prosperan encontrando y asegurando votos para ciertos líderes políticos a cambio de servicios de todo tipo. El “puntero” es un residente de larga data quien puede conseguir planes sociales, alimentos, o materiales de construcción a cambio de votos el día de la elección.  Los intendentes de estos distritos construyen una red jerárquica con estos “punteros” para lograr el control político y ser relectos. La mayoría de los intendentes de los suburbios de Buenos Aires, donde se enfoca la investigación de Zarazaga, han sido relectos muchas veces. Pero si bien el voto es la recompensa para el político, el puntero puede quedarse con una parte del salario de los residentes o incluso con favores sexuales. Lo importante para nuestras consideraciones es que se trata de un intercambio basado en la conveniencia y vacío de un contenido político real. El papel del “puntero” se basa en la reputación para conseguir los bienes y sabe muy bien cuáles son las necesidades específicas de cada uno y mantendrá su posición en tanto continúe entregándolos y esté disponible en cualquier momento del día. De otra forma son abandonados y removidos sin remordimiento.

Como parte de su investigación Zarazaga (2010b) entrevistó a 120 “punteros” en diferentes villas de Buenos Aires, 92% de los cuales tenían un promedio de 24 años de actividades sociales y políticas allí, 94% conocían la composición y necesidades específicas de cada familia a la que entregaban bienes y servicios, 92% conocía también las preferencias políticas del grupo. La reputación se obtiene “resolviendo problemas”, lo que incluye la resolución de disputas.

En Maquis Park, Chicago, Ill., Venkatesh (2006, p. 4) informa sobre servicios similares: “Big Cat (líder de la banda local) no solamente ayudaba a Marlene a controlar a los miembros jóvenes de la banda; también le daba dinero para fiestas del club de chicos de la cuadra, y miembros de su banda patrullaban el vecindario tarde a la noche porque la presencia de la policía era muy escasa”. Y en relación al papel de las iglesias: “El Pastor Wilkins pertenece a ese pequeño grupo de seis a diez sacerdotes (el número cambia con el tiempo) quienes son el primer punto de contacto por incumplimiento de contratos y disputas sociales entre sombríos negociantes –bandas callejeras, prostitutas y ladrones entre ellos. Estos pastores y ministros recuperan objetos robados, arreglan una relación rota entre la prostituta y su proxeneta, y evita que las batallas entre bandas callejeras terminen en una guerra. Un ministro estimó que, entre 1989 y 1995 ganó aproximadamente 10.000 dólares por esos servicios” (p. 258).

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).