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LA VERDAD OS HARÁ LIBERALES (sobre el debate por el artículo de Vanesa Vallejo).

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 2/7/17 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2017/07/la-verdad-os-hara-liberales-sobre-el.html

 

No es la primera vez que hay un debate interno sobre este tema entre los liberales (clásicos) pero ante este artículo de Vanesa Vallejo (https://es.panampost.com/vanessa-araujo/2017/07/01/conservadurismo-y-libertarismo/) y la crítica que recibió  (https://www.misescolombia.co/peligroso-coqueteo-vanesa-vallejo-conservadurismo/), el debate, que vengo escuchando hace ya casi 43 años, ha renacido nuevamente en las redes sociales liberales latinoamericanas.

El liberalismo clásico no es una ideología, no tiene dogmas ni pontífices, o autores sacrosantos e intocables.

Por lo tanto para resolver este tipo de cuestiones viene bien recurrir a la historia de las ideas políticas.

Creo que muchos podríamos estar de acuerdo en que el liberalismo político nace (y sigue) como un intento de limitar el poder de las autoridades políticas contra el abuso del poder. Desde Juan de Mariana hasta Francisco de Vitoria, pasando por Locke, Montesquieu, Tocqueville, los autores del El Federalista, Lord Acton, Mises, Hayek, y me quedo muy corto en una lista que es muy larga, todos coincidían en limitar el poder del estado.

¿Pero limitarlo por qué? Allí comienzan los problemas, porque si decimos “limitarlo en función de los derechos individuales”, parece que seguimos estando todos de acuerdo porque apenas rasgamos un poquito, el fundamento filosófico de los derechos individuales comienza a ser muy diverso.

Vamos a identificar, faliblemente, tres grandes corrientes.

Una, la neokantiana. En esta corriente (Popper, Mises, Hayek) la limitación del conocimiento es la clave de la sociedad libre, y la libertad individual tiene su obvio límite en los derechos de terceros.

Otra, la neoaristotélica. Con sus diferencias, autores como Rand, Rothbard y Hoppe (este último agregando a una ética del diálogo que en sí misma tiene origen en Habermas) plantean el eje central en la propiedad del propio cuerpo, como la propiedad de la persona, y por ende la moral se concentra en el principio de no agresión (no iniciar la fuerza contra terceros). Todos sabemos que Rothbard es anarcocapitalista y que los debates entre esta posición y la anterior suele ser muy duros y con excomuniones mutuas y frecuentes.

La tercera, la iusnaturalista tomista. Desde la segunda escolástica, pasando por Hooker, Locke, Tocqueville, Constant, Burke, Acton, Lacordaire, Montalembert, Ozanam, Rosmini, Sturzo, Maritain, Novak, y los actuales Sirico y Samuel Gregg (se podría perfectamente agregar a Joseph Ratzinger), estos autores fundamentan en Santo Tomás la laicidad del estado y la libertad religiosa, el derecho a la intimidad, los derechos a la libertad de expresión y de enseñanza como derivados de la libertad religiosa y por ende la limitación del poder político, con una fuerte admiración por las instituciones políticas anglosajonas. Es la corriente del Acton Institute.

Tanto en los autores como en los discípulos de la primera y segunda corriente, hay una tendencia a decir que la moral consiste en no atentar contra derechos de terceros pero, coherentes con el escepticismo kantiano en metafísica, y un aristotelismo que no llega al judeo-cristianismo de Santo Tomás, tienden a ser escépticos en la moral individual. Allí no habría normas morales objetivas, sino la sencilla decisión del individuo y nada más, siempre que no moleste derechos de terceros. Muchas veces su conducta individual puede ser heroicamente moral pero no la postulan como algo a nivel social. Pueden tener además cierta coincidencia con John Rawls (a quien rechazan obviamente pero por su intervencionismo económico) en que el estado debe ser moralmente neutro.

Para muchos de ellos, hablar de normas morales objetivas es un peligro para la libertad individual, pues los que así piensan tienen a imponerlas por la fuerza al resto de la sociedad.

Es comprensible, por ende, que frente a una Vanesa que ha afirmado firmemente sus principios morales SIN escepticismo y con fuerte convicción, se enfrentara con una respuesta que la coloca como un fuerte peligro contra el liberalismo que ella dice profesar.

Pero esa respuesta a Vanesa (no quiero hablar ahora por ella, sólo expreso mi opinión) deja de lado al iusnaturalismo tomista y su defensa de la libertad individual.

Los que sobre la base del derecho natural clásico hablamos de un orden moral objetivo, a nivel social e individual, afirmamos, precisamente sobre la base de ese orden moral objetivo, la laicidad del estado, y los derechos a la libertad religiosa y el derecho a la intimidad, pero NO como los derechos a hacer lo que se quiera mientras no se violen los derechos de terceros, sino como los derechos a la inmunidad de coacción sobre la conciencia. O sea que alguien tiene todo el derecho a pensar que la prostitución viola el orden moral objetivo pero ello no implica negar la libertad individual de quien decida (decimos “decida”, por eso la trata de blancas es otra cosa: un delito) ejercer el oficio más antiguo, sobre la base del respeto a su derecho a la intimidad personal. Y así con todo lo demás.

Por lo demás, muchos, actualmente, nos oponemos al lobby GBTB, pero NO porque NO respetemos la libertad individual de los gays, trans y etc., sino porque ellos están convirtiendo de su visión del mundo algo que quieren imponer coactivamente al resto, so pena de acusar a todo el mundo de delito de discriminación. Por ende la lucha de los liberales y libertarios contra el lobby GBTB NO se basa en que nosotros –y especialmente los que estamos en el iusnaturalismo- queremos negarles su libertad individual, sino porque defendemos la libertad individual de todos: la de ellos a vivir como les parezca, amparados en el derecho a la intimidad, y la de los demás, también a lo mismo, sobre la base de lo mismo. Por lo demás, no habría delitos de discriminación (me refiero a delitos, no al orden moral) si se respetaran los derechos de asociación, propiedad y contratación como siempre los planteó el liberalismo clásico.

Finalmente una pregunta a todos mis amigos liberales que piensan que la afirmación de un orden moral objetivo es un peligro para la libertad. Si la base para su liberalismo es el escepticismo sobre la moral individual, ¿qué va a pasar el día que dejen de ser escépticos en ese ámbito? ¿Se convertirán en autoritarios?

Es muy fácil respetar, por ejemplo, la libertad religiosa cuando consideran que no hay fundamento racional para la religión. Pero, ¿y si lo hubiera?

Si lo hubiera, es más, si lo hay, porque lo hay en Santo Tomás de Aquino, mejor para la libertad, porque en ese caso el respeto a la libertad del otro se basa en que no voy a invadir su conciencia, por más convencido que esté de que la otra posición es un error. Una sociedad libre no se basa en el escepticismo. Se basa en el respeto y la convivencia de todas las cosmovisiones sobre la base de no invadir coactivamente la conciencia de los demás. No se basa en el escepticismo sobre la verdad, sino en la certeza firme de que la verdad se basa sólo en la fuerza de la verdad y no en la fuerza física o verbal (aunque esta última no sea judiciable). Por eso muchos liberales que respetamos la libertad religiosa pedimos de igual modo que ni la Física, ni la Matemática ni nada de nada sea obligatorio, y por eso pedimos distinción entre Iglesia y estado, entre educación y estado, entre ciencia y estado (Feyerabend).

Así, la única cosmovisión del mundo que no podría convivir en una sociedad libre sería aquella que en su núcleo central implicara la acción de atentar contra los derechos de los demás. Ella se enfrentaría contra el legítimo poder de policía emanado del Estado de Derecho y de una Constitución liberal clásica. El liberalismo NO consiste en decir “vengan totalitarios del mundo y hagan con nosotros lo que quieran”.

Como siempre, estas aclaraciones no aclararán nada, porque los liberales se seguirán peleando, creo que por suerte. Pero ojalá se comprendieran un poco más y dejaran de excomulgarse mutuamente.  Lo dice alguien que sabe lo que es verdaderamente una excomunión y a qué ámbito pertenece.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

 

Salario mínimo, inflación y gasto público

Por Gabriel Boragina Publicado  el 10/6/17 en: 
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El escolástico Juan de Mariana tenía ideas sumamente claras, concretas y acertadas sobre la relación entre los impuestos, la inflación y el gasto público:
“El déficit gubernamental es causa de impuestos mayores a los necesarios. Además, es causa de la alteración del valor del dinero. El gobernante con un presupuesto deficitario sucumbe con facilidad a ese medio para cubrir faltantes. Alterar el valor de la moneda, por ejemplo, reduciendo la cantidad de oro o plata que contiene, permite emitir más monedas. Se piensa que con esa medida nadie sufrirá, puesto que el valor legal de la moneda queda igual, aunque disminuya su valor intrínseco. Falso. En la realidad, la alteración del valor de la moneda es un latrocinio, según Mariana. El dinero es un medio general de intercambio y lo es, porque su valor se considera sujeto a muy pequeñas variaciones. El remedio a esos daños es la reducción del gasto público. Los activos de la nación no deben ser usados con la misma libertad del propietario particular. Los subsidios deben reducirse. Los gobernantes no deben iniciar guerras innecesarias.”1
Ya en ese entonces, se explicaba de esta manera aquella vinculación. En realidad, el déficit se produce porque se han calculado mal los gastos y se han previsto partidas superiores a los ingresos disponibles, o bien porque los impuestos son tan altos que -conforme nos enseña la curva de Laffer- la recaudación nunca será suficiente para sufragar los gastos. Pero, hay una tercera causa: es posible que el presupuesto este bien calculado, y que se hayan previsto los impuestos necesarios como para poder cubrirlo, y que estos sean razonables al punto que todos los contribuyentes estén en condiciones de poder afrontarlos. Pero, imprevistamente el gobierno -o alguna de sus áreas- decida incrementar los gastos por encima de lo aprobado por la ley de presupuesto. En esta coyuntura, será un factor no ponderado por la ley de presupuesto lo que hace aparecer el déficit, excepto que se legislen nuevos impuestos, y que la población esté en condiciones de poder seguirlos abonando. La cruda realidad nos muestra que es el tercer supuesto el que se da con mayor frecuencia. Aunque también ocurre que se establecen impuestos excesivos, que superan las salidas previstas. Lo común es que se combinen dichos dos elementos: lo corriente es que los gobiernos aumenten sin cesar sus gastos, y también sus gravámenes. No obstante, cuando opera la curva de Laffer, deben apelar a inflación o deuda.
          Otro caso digno de examen es el de la relación entre salarios mínimos y gasto público, que también es un fenómeno de antigua data, en particular cuando los gobiernos entran en su cruzada de “ayudar a los pobres”, como se expone seguidamente:
“En 1798, se dio un paso importante que agravó considerablemente el problema de este tipo de ayuda benéfica. Los jueces de Berkshire, […] decidieron que los salarios inferiores a lo que ellos consideraban como el mínimo absoluto deberían ser completados con la ayuda parroquial de acuerdo con el precio del pan y el número de personas que dependían del cabeza de familia. Tal decisión fue confirmada por el Parlamento al año siguiente. Durante los treinta años que siguieron, este sistema (aparentemente el primero “que garantizaba un mínimo de ingresos”) acarreó innumerables problemas.
La primera consecuencia lógica para los contribuyentes fue un incremento en proporción geométrica de los costes de la beneficencia. En 1785, el coste total de los gastos que supuso la ley de pobres fue casi de dos millones de libras. En 1803 se superaron los cuatro millones, y en 1817 casi se llegó ya a los ocho millones. Esta última cifra venía a representar casi una sexta parte del gasto público total. Algunas parroquias se vieron sumidas en grandes dificultades. Un pueblo de Buckinghamshire informaba en 1832 que sus gastos por ayuda benéfica habían sido ocho veces superiores a los de 1795, y que habían superado a los ingresos totales de la parroquia durante aquel año. Otra población, Cholesbury, llegó a la bancarrota, y otras estuvieron muy cerca de ello. A pesar de su gravedad, este gasto público no fue el peor de los males. Mucho más grave fue la creciente desmoralización en el aspecto laboral, que culminó con los desórdenes e incendios de 1830 y 1831.”2
Se trató de la tristemente célebre “ley de pobres”. En el caso, la iniciativa es tomada por lo que hoy llamaríamos el poder judicial. Mediante sendas sentencias, los jueces británicos habían decidido que las diferentes regiones (parroquias) -se entiende que por intermedio de sus gobiernos locales (municipales)- habrían de arbitrar los mecanismos para lo que ellos (los jueces) habían determinado como lo que “debería” ser un “salario mínimo”. Los parámetros para la fijación del nuevo salario mínimo fueron dos, a saber: el precio del pan y la cantidad de miembros de la familia. Los gobiernos locales debían “compensar” la diferencia entre los ingresos familiares y el precio del referido producto. La sentencia dictada por los jueces recibió rápida confirmación legal por parte del Parlamento británico al cabo de un año, de manera que, lo que en principio fue una medida que afectaba sólo a determinadas localidades de Inglaterra, rápidamente se convirtió en una ley de alcance nacional.
No es difícil imaginar que, siguiendo los delineamientos que hemos dado, tal incremento del salario debía ser financiado por vía de mayores impuestos, deuda o emisión monetaria, que son las tres únicas “herramientas” por las cuales los gobiernos del mundo (no solamente el británico desde luego) pueden solventar cualquier erogación que sea decretada mediante una ley, tal como ha sido el caso en análisis, si bien esta ley no fue originada en una iniciativa parlamentaria, sino judicial. Ejemplo que -de paso- demuestra que no siempre la justicia “hace justicia”, sino que -a menudo- produce grandes injusticias, máxime si tenemos en cuenta las nefastas consecuencias que se derivaron de la extensión y generalización de dichas políticas.
En esa línea, no son de extrañar las consecuencias nocivas que estos salarios mínimos (financiados con gasto público) tuvieron históricamente para los afectados. Como se ve en la cita, apareció el fenómeno del déficit fiscal.
1 Eduardo García Gaspar. Ideas en Economía, Política, Cultura. Parte I: Economía. Contrapeso.info 2007. Alejandro A. Chafuén. “Impuestos y finanzas públicas”, pág. 56/57
2 Henry Hazlitt. La conquista de la pobreza. Unión Editorial, S. A. Pág. pág. 80/81

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Mientras haya déficit, habrá inflación

Por Martín Krause. Publicada el 23/5/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1901436-mientras-haya-deficit-habra-inflacion

 

Muchos argentinos decidieron dejar de lado el relato de los últimos doce años y cambiar. Con el regreso a la actividad política de la ex presidente, muchos se han preguntado de qué magnitud ha sido ese cambio y cómo es que algunos siguen atados a tal relato pese a las noticias, sobre todo judiciales, que leemos a diario.

En efecto, en algunos temas el relato estatista y populista sigue tan vivo como siempre, entre otras cosas porque presenta explicaciones simples que apelan más a las pasiones que a las razones. Esto se refleja en una cuestión tan acuciante como la inflación. Desde el escolástico de la Escuela de Salamanca Juan de Mariana o el escocés David Hume, la ciencia económica ha comprendido la relación que existe entre el crecimiento de la oferta de dinero más allá de su demanda y el aumento generalizado de los precios. Mariana observaba entonces el fenómeno debido al ingreso a España de metales provenientes de América.

El relato populista sostiene que la causa de la inflación no es la emisión monetaria, sino la “puja distributiva“: distintos sectores de la sociedad pujan por subir sus ingresos vía mejoras de sus precios y esto desata una espiral inflacionaria. Los empresarios aumentan sus precios, luego los sindicatos buscan aumentar los salarios y así sucesivamente. El Estado se ve forzado a convalidar esos nuevos precios con una mayor cantidad de moneda para que se realicen todas las transacciones y no caiga la actividad económica. A la luz de lo que ocurrió estos últimos meses, esta explicación pareciera tener cierto sentido.

Esta explicación cae como anillo al dedo a la visión estatista porque, según ella, el Estado no es el causante de la inflación. Es más: debe intervenir en ese proceso a través de una “política de ingresos” para intermediar en la puja o para aplacarla. Y le permite también echar la culpa de la inflación a otros. Y conviene echársela a los empresarios o, en particular, a los supermercados, ya que son pocos en comparación con los votos que pueden obtenerse de los asalariados y el conjunto de los consumidores.

Sin embargo, es falsa. Si cuando los empresarios suben sus precios el Estado no emitiera más moneda, los consumidores no tendrían con qué pagarlos y los precios bajarían. Es decir, aun si hubiera tal puja, sin emisión monetaria, si unos precios suben otros han de bajar: no hay moneda para todos. Otras cuestiones serían: ¿y en todos los países donde no hay inflación acaso no hay puja distributiva? O ¿qué es lo que tienen todos los bienes y servicios en común para que todos aumenten al mismo tiempo, en lugar de algo más normal, como que unos suban y otros bajen? Respuesta: la moneda; es ésta la que está perdiendo valor.

Los estatistas contraatacarían: “Vean Estados Unidos, han emitido grandes cantidades y no hay inflación”. Correcto. Pero es necesario afinar el análisis. No hay un vínculo directo entre la cantidad de moneda emitida y todos los precios. Por un lado, tenemos lademanda de dinero: puede haber situaciones donde la autoridad monetaria emita pero aumente la demanda de dinero, o aumente la producción de bienes y servicios cuyas transacciones requieren utilizar más dinero. Por otro lado, no todos los precios aumentan al mismo tiempo y en la misma proporción. Lo que sucede en Estados Unidos es que ese aumento de la oferta monetaria ha terminado en un aumento de las reservas de los bancos, reacios a prestar luego de la crisis (es decir, aumento de la demanda de dinero) y, por otro, que el índice de precios al que normalmente suponemos mide la inflación no mide los precios de todos los bienes. Tal vez los que están en el índice no aumenten pero otros sí lo hagan (a esto le llamamos “burbujas”). O tal vez los precios deberían estar cayendo y la emisión monetaria genere inflación porque impide que caigan.

Lo cierto es que la inflación es claramente un fenómeno monetario. Y en el caso argentino su explicación es relativamente simple: el Estado gasta de más (aquí sí podemos hablar de puja o “piñata” distributiva, porque todos los sectores quieren más gastos, subsidios, etc.), luego emite para pagar sus gastos, ese dinero sale a la calle a través de los pagos que el Estado realiza y quienes los reciben salen a su vez a gastar o, tal vez, alguno ahorre o compre dólares.

Tan simple como eso, o no tanto. Los argentinos hemos vivido con grandes déficits fiscalesalta inflación y hasta hiperinflación durante décadas. La mayoría hemos nacido y vivido en tiempos inflacionarios. Y así y todo nos cuesta entenderlo. Hemos dicho “basta de dictaduras”, “basta de violaciones de derechos humanos”, pero no logramos comprender las causas para decir “basta de déficit fiscal” y, por ende, basta de inflación. No le saltamos a la yugular de un gobierno cuando tiene déficit de la misma forma en que lo haríamos si descubriéramos que es corrupto o que hace fraude.

Tan fuerte es nuestra creencia en la versión popular de la teoría de la puja distributiva que demandamos permanentemente que el gobierno haga algo para detener la suba de los precios. Hace poco, un funcionario era entrevistado en un programa de televisión y la periodista le preguntaba: “¿Están tomando alguna medida concreta para detener la suba de los precios?”. El funcionario comenzaba a argumentar que se buscaba arreglar el tema de los holdouts para poder tomar deuda y cubrir el déficit, así reducir la emisión monetaria y, por lo tanto… Y la periodista insistía: “Pero, dígame una medida concreta para hacer frente a la inflación”. Y así más de una vez.

Obviamente, o la periodista quiere reflejar la opinión popular al respecto o no sabe nada de la relación entre emisión monetaria y precios. Entonces, si tenemos votantes que compran la versión barata de la teoría (la culpa es del carnicero) y eventualmente pueden llegar a votar en consecuencia, el Gobierno responde a eso. Se vuelve supermercadista: vamos a crear unos 50 mercados que tendrán precios “cuidados”, no descuidados, confirmando entonces que la versión populista de la inflación ha de tener razón, o algo, aunque estén actuando desde la otra perspectiva. Vamos a multiplicar estos planes sociales, etc. ¿De dónde va a salir el dinero para todo eso, teniendo en cuenta que el mismo gobierno ha señalado que hereda un déficit fiscal de más de 5 puntos del PBI? No niego la necesidad coyuntural de alguna de estas acciones, pero tampoco hay que negar que ese mayor gasto o se cubre con más emisión y, por ende, más inflación, o se cubre con más deuda.

La emisión monetaria y la deuda son dos cosas poco visibles para el votante. Éste observa los precios, que afectan directamente su presupuesto. La emisión y la deuda son cosas algo lejanas. Y los gobiernos argentinos oscilan entre una y otra cosa, llevándonos ya sea a la híper o al default, o moviéndonos en la dirección de uno o el otro.

Así seguiremos, en tanto no se derrumbe el mito del Estado paternalista al que le pedimos de todo, para luego desentendernos de cómo se paga. No me cobren impuestos porque no me gusta, pero adelante con la emisión o la deuda, que no noto que las pague a menos que genere una crisis. El populismo argentino ha alimentado las dos variantes.

Estamos saliendo de la versión inflacionista, ¿para reingresar en la versión deudora? ¿O será esto algo pasajero para salir del mal momento heredado? No hay límites institucionales, o legales, ni para uno ni para otro caso. En definitiva, dependerá de los argentinos y cuán dispuestos estemos a dejar atrás un relato que lleva ya varias décadas.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Desigualdad: ¿de ingresos, de riqueza o de consumo? El caso de España. Instituto Juan de Mariana

Por Martín Krause. Publicada el 27/1/16 en: http://bazar.ufm.edu/desigualdad-de-ingresos-de-riqueza-o-de-consumo-el-caso-de-espana-instituto-juan-de-mariana/

 

Muy interesante estudio de Ignacio Moncada y Juan Ramón Rallo sobre la desigualdad en España, publicado por el Instituto Juan de Mariana:

España es uno de los países con menor desigualdad real de Europa

Madrid, 25 de enero de 2016.-

  • La desigualdad de la riqueza en España está entre las más bajas del mundo
  • La desigualdad de la renta en nuestro país se halla en la media europea, una vez se corrigen los sesgos del indicador
  • El aumento de la desigualdad experimentado durante la crisis se debe esencialmente al desempleo, no a las diferencias salariales
  • La desigualdad del bienestar real de los españoles se ubica entre las más reducidas de Europa.

La creciente desigualdad entre los españoles se ha convertido en una de las mayores obsesiones de los partidos políticos, y en uno de los indicadores preferidos por los medios de comunicación para ilustrar las devastadoras secuelas de la crisis. La tesis socialmente más extendida es que España es uno de los países más desiguales de Europa y que esta expansiva desigualdad se debe al recorte de los salarios de las clases medias, dirigido a engrosar los sueldos de los altos directivos y los beneficios de las grandes empresas.

Sin embargo, tal como demuestra el Instituto Juan de Mariana en el informe de su nueva colección de ‘Mitos y Realidades’, La desigualdad en España: ¿Realmente es España uno de los países más desiguales de Europa?, esta narración constituye un relato tergiversado e ideologizado de la realidad social y económica de nuestro país. Y es que, al contrario de lo que suele afirmarse, una lectura pormenorizada y rigurosa de las evidencias disponibles nos indica que España se halla entre las sociedades más igualitarias del mundo.

Así, el informe redactado por Ignacio Moncada y Juan Ramón Rallo permite dar respuesta a los siguientes cinco mitos sobre la desigualdad en España:

Mito 1: España es uno de los países de Europa con mayor desigualdad en la riqueza.

La realidad es que España es uno de los países de Europa con menor desigualdad de riqueza. El índice Gini de riqueza (2015) para España es 0,67, uno de los menores de Europa junto con Bélgica (0,63) e Italia (0,67), y muy lejos de los países europeos con mayor desigualdad en la riqueza como son Dinamarca (0,89), Suecia (0,81), Austria (0,78) o Alemania (0,78). A las mismas conclusiones se llega si se analizan otras métricas habituales para medir la desigualdad de riqueza, como el porcentaje de riqueza en manos del 10% más rico del país o la ratio de la riqueza del 20% más rico frente al 80% menos rico. El motivo principal por el que España es uno de los países más igualitarios en riqueza es que la propiedad inmobiliaria está más extendida que en la mayoría de los países europeos.

Además, en el informe se analiza el hecho de que las mediciones habituales de distribución de la riqueza, por diversos motivos, no contabilizan algunos de los activos más importantes de la sociedad y ello introduce un importante sesgo al alza en los resultados de desigualdad. Los principales son el valor capitalizado de las pensiones públicas, el valor actual de seguros y servicios estatales (sanidad, desempleo y otras rentas o servicios) y el valor del capital humano. La contabilización de estos activos mostraría que la desigualdad en la riqueza en la realidad es sustancialmente menor de lo que las métricas muestran.

Mito 2: Determinar los niveles de desigualdad de renta es relativamente sencillo y los resultados son indiscutibles: España está a la cabeza de la desigualdad en Europa.

En materia de renta, las mediciones habituales sí parecen indicar que España se encuentra entre los países con mayor desigualdad en la distribución de la renta. Por ejemplo, el índice Gini de la renta (2013) para España es de 0,34, mayor que la media de la Unión Europea (0,31) y lejos de los países más igualitarios en renta como Suecia, Holanda o Finlandia (los tres en torno a 0,25). Sin embargo, esta medición es incompleta, pues se basa en rentas estrictamente monetarias. Si se le añade el valor de los alquileres imputados, el índice Gini de la renta de España (0,297) cae a niveles intermedios de desigualdad en el contexto europeo, comparable a los de Alemania (0,288) o Italia (0,291), e incluso inferior al de Francia (0,298). Además, de acuerdo con un estudio de la OCDE, si también incluyéramos otras rentas en especie que no se contabilizan en las mediciones, como servicios sanitarios, educativos o de vivienda social proporcionados por las Administraciones Públicas, el índice Gini para España se reduciría en torno a un 20%, una reducción en la media de la Unión Europea. La conclusión es que la desigualdad de la renta real en España, si bien no es de las menores de Europa, sí es sustancialmente menor de lo que se suele expresar una vez tenemos en cuenta rentas en especie como los alquileres imputados y servicios públicos no contabilizados. Estos matices proporcionan una visión más completa de la desigualdad real de la renta en España.

Mito 3: Los causantes principales de las desigualdades en la distribución de la renta en España son las abultadas rentas del capital y la desigualdad salarial.

Adicionalmente, el informe muestra que la principal causa de desigualdad en la renta para el caso español no son las diferencias salariales ni los rendimientos del capital, sino la extraordinariamente elevada tasa de desempleo. Por consiguiente, la forma de evitar que las desigualdades sigan aumentando es acelerando la creación de empleo y, para ello, nada mejor que aliviar los impuestos y las trabas administrativas que sufren autónomos y empresarios para generar riqueza y contratar. La solución no pasa por una mayor redistribución de la renta desde el Estado, sino por facilitar el crecimiento económico.

Mito 4: España es uno de los países de Europa con mayor desigualdad en el bienestar real de su población.

Múltiples autores afirman que la forma más adecuada de medir el bienestar real de la población no es midiendo la desigualdad de la renta sino la del consumo. El análisis de los datos de la desigualdad en el consumo arroja una conclusión clara: España se encuentra entre los países europeos con una menor desigualdad en el consumo. El índice Gini de consumo (2010) es de 0,22 para España, al nivel de Suecia o Bélgica (0,22 en ambos casos), y por debajo de países como Dinamarca (0,23), Francia (0,23), Italia (0,26) o Alemania (0,27). Similares resultados se obtienen al analizar la ratio entre el consumo del 20% de la población que más consume y el 20% que menos. Además, las métricas de consumo también omiten partidas que sesgan al alza los resultados de desigualdad, como el consumo de servicios sanitarios o educativos que la población.

Mito 5: España es uno de los países de Europa con menor movilidad social.

La realidad es que España figura como un país con una movilidad social intermedia en el contexto europeo, por encima de países como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, como muestran las medidas de elasticidad intergeneracional. La movilidad social hace que la desigualdad de la renta tienda a difuminarse entre generaciones. Por tanto, la desigualdad de renta de España, incluso teniendo en cuenta los matices anteriores, se diluye a un ritmo mayor que en los principales países de Europa.

En conclusión, España es uno de los países de Europa con menor desigualdad en la riqueza y en el consumo; además, es un país con una desigualdad de la renta intermedia en el contexto europeo si tenemos en cuenta el valor de los alquileres imputados y la movilidad social.

Recursos adicionales:

  • Descargar completo el informe en este enlace.
  • Descargar la nota de prensa completa en pdf.

– See more at: http://bazar.ufm.edu/desigualdad-de-ingresos-de-riqueza-o-de-consumo-el-caso-de-espana-instituto-juan-de-mariana/#sthash.jCLWJMLO.Z2jSjwYb.dpuf

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Origen de la economia moderna:

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 20/2/14 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2014/02/20/origen-de-la-economia-moderna/

Es común sostener que los fundamentos medulares de la ciencia económica parieron con Adam Smith, lo cual constituye un error y una injusticia para con los precursores de un aspecto crucial de esta rama del conocimiento.

El eje central y el punto de partida de la economía estriban en la teoría subjetiva del valor. Como es sabido, este tema fue objeto de múltiples trifulcas. El tema consistía en poder explicar porque distintas personas atribuyen distinto valor al mismo bien o servicio e incluso porqué la misma persona en distintas circunstancias otorga valor distinto a la misma cosa.

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Primero se propuso la teoría de la reciprocidad en los cambios por la que se sostenía que en toda transacción justa lo que se entrega y lo que se recibe deben ser equivalentes, lo cual se daba de bruces con el hecho de que los arreglos contractuales libres significan una ganancia para ambas partes precisamente porque los juicios de valor de lo entregado y lo recibido son dispares.

Luego se expuso la teoría del valor basada en el trabajo hasta que se demostró que las cosas no valen por el hecho de haber sido trabajadas sino que se destina trabajo debido al valor de la cosa. Más adelante esta tesis se extendió a la sumatoria de los costos (sean históricos o de reposición) pero fue refutada en base al mismo razonamiento.

También se esgrimió la teoría de la escasez la que fue rechazada al comprobar que hay cosas inservibles que son muy escasas y no por ello se le asignaba valor. Por último, se adelantó la teoría de la utilidad que condujo a una antinomia de valores al descubrir que el pan es de una mayor utilidad que el diamante y sin embargo a éste se le atribuye mayor valor.

Estos debates consumieron siglos hasta que en 1870 Carl Menger dio en la tecla con la formulación de la teoría de la utilidad marginal o teoría subjetiva del valor que combina utilidad y escasez simultáneamente y que considera la escasez no como algo meramente cuantitativo sino en estrecha relación con la otra parte del binomio, es decir, que significado tiene determinada escasez para determinada persona en determinadas circunstancias.

Pues bien, esta teoría que fue desarrollada hasta sus últimas consecuencia por Menger (también iniciada por Jevons y Walras aunque estos dos autores desviaron sus estudios a otros territorios que en definitiva se apartaron de la teoría subjetiva) pero fue originalmente expuesta por varios de los integrantes de la Escolástica Tardía en el siglo XVI o Primera Escuela de Salamanca (la Segunda fue la que formó a muchos de los integrantes de las Cortes de Cádiz de 1812), principalmente por sacerdotes dominicos y jesuitas como Diego de Cobarrubias, Luis de Molina, Juan de Mariana, Luis de Saravia de la Calle, Tomás de Mercado, Francisco de Victoria, Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Juan de Medina y Francisco Suárez. Es en verdad notable la precisión de los textos consignados por estos autores, no solo en la materia que comentamos sino en política monetaria y fiscal así como también en lo que se refiera a marcos institucionales consubstanciados con los principios de la sociedad abierta.

Para adentrarse en estos escritos, además de los originales, es de gran interés consultar, por ejemplo, a Majorie Grise-Hutchinson The School of Salamanca (Oxford, The Clarendon Press, 1952) y a Murray N. Rothbard Economic Thought Before Adam Smith (London, Edward Elgar Publishing, 1995, Vol. I). Por su parte, Friedrich Hayek escribe que “integrantes de la Escolástica Tardía desarrollaron los fundamentos de la génesis y el funcionamiento de las instituciones sociales espontáneas. Fue a través de preguntarse como funcionan las cosas si ningún acto deliberado de legislación interfiriera, así es que exitosamente se trataron los problemas sociales y específicamente emergió la teoría económica”.

Debe tenerse en cuenta que el mérito de los integrantes de la Escolástica Tardía es grande en vista del clima imperante debido a la impronta de los Papas más influyentes del mismo siglo XVI: León X que acentuó grandemente las ventas de indulgencias, Pablo III que convirtió los aposentos papales en un burdel (lo apodaron “el Papa faldero”) y el antisemita y entusiasta de la Inquisición Pablo IV con todos los atropellos brutales que significaban esas acciones inaceptables (dos de los pedidos de perdones de Juan Pablo II aluden precisamente al tratamiento horrendo contra los judíos por parte de la Iglesia y a sus tropelías criminales en la larga tradición de la Inquisición). También debe tenerse en cuenta que con todas las muy fértiles y notables contribuciones de Adam Smith, en el tema que tratamos de la teoría subjetiva del valor, retrocedió al insistir en la del trabajo, lo cual, en parte, dio pie a la tesis central marxista cuyo derivado es la plusvalía.

Ya hemos comentado antes que la conjetura sobre la honestidad intelectual de Marx pone de manifiesto que no reivindicó su tesis de la plusvalía y la consiguiente explotación una vez aparecida la teoría subjetiva del valor expuesta por el antes mencionado Carl Menger en 1870 que echaba por tierra con la teoría del valor-trabajo marxista. Por ello es que después de publicado el primer tomo de El capital en 1867 no publicó más sobre el tema, a pesar de que tenía redactados los otros dos tomos de esa obra tal como nos informa Engels en la introducción al segundo tomo veinte años después de la muerte de Marx y treinta después de la aparición del primer tomo. A pesar de contar con 49 años de edad cuando publicó el primer tomo y a pesar de ser un escritor muy prolífico se abstuvo de publicar sobre el tema central de su tesis de la explotación y solo publicó dos trabajos adicionales: sobre el programa Gotha y el folleto sobre la comuna de Paris.

La teoría subjetivista de más está decir en nada se contrapone a que las propiedades y atributos de las cosas son independientemente de la opinión que se tenga sobre ellas. El asunto se refiere a otro plano de análisis. El análisis económico parte de la base del estado mental subjetivo de las personas frente a su relación con sus semejantes y con los bienes presentes y futuros. En este contexto, carece de significado la referencia a bienes y servicios escindidos de la apreciación subjetiva de cada cual. Este marco de referencia resulta esencial para la comprensión de la formación de precios, los cuales no miden el valor sino que expresan estructuras valorativas que operan en direcciones opuestas entre compradores y vendedores.

No hay en este análisis factores “dados”,  son siempre la consecuencia de valorizaciones subjetivas y cambiantes. La visión contraria puede ilustrarse con el llamado modelo de competencia perfecta en la que uno de los supuestos es el de conocimiento perfecto de los factores relevantes, lo cual elimina el arbitraje, el rol del empresario y la misma competencia (al tiempo que en ese supuesto no habría necesidad de mantener saldos en caja para imprevistos, situación que convertiría en innecesario el dinero por lo que la economía se desplomaría junto a la contabilidad y la evaluación de proyectos). El mismo uso de agregados y la pretensión de nexos causales entre ellos obscurece el papel de las preferencias individuales y la función de la moneda en sociedad. Los propios partidarios del igualitarismo no se percatan de que, en rigor, esa meta es un imposible epistemológico ya que la subjetividad no permite asignar partidas iguales ni es posible las comparaciones intersubjetivas puesto que la importancia relativa de las respectivas apreciaciones son de carácter ordinal y no cardinal, al tiempo que la guillotina horizontal no permite que se reflejen los precios de mercado.

El subjetivismo hace posible entender el fenómeno del conocimiento como algo fraccionado y disperso entre personas que tienen diferentes apreciaciones respecto de su área de competencia (a veces, “conocimiento tácito” no articulable como señaló Michel Polanyi), a contracorriente de los que sostienen que es posible dirigir vidas y haciendas de terceros desde el vértice del poder.

Finalmente, el subjetivismo conduce al individualismo metodológico y a vislumbrar con mayor claridad la diferencia entre las ciencias naturales y las sociales. El positivismo asegura que nada es cierto en la ciencia si no es verificable, pero, por un lado, como nos enseña Morris Cohen, esa misma proposición no es verificable y, por otro, como explica Karl Popper, nada en la ciencia es verificable, solo hay corroboraciones provisorias sujetas a refutaciones. Por más que se repita un experimento no hay necesidad lógica que vuelva a repetirse el resultado (en eso consiste el problema de la inducción que en la vida diaria es suplido provisoriamente por lo que se conoce como Verstehen).

Asimismo, en ciencias sociales no hay experimentos de laboratorio, la experiencia es “desde adentro” a diferencia de las ciencias naturales que los datos vienen “desde afuera”. En ciencias naturales no hay propósito deliberado, hay reacción, en cambio, en las sociales, hay acción lo cual implica elección. En ciencias naturales los datos están disponibles ex ante del experimento, en cambio en ciencias sociales los datos no están disponibles antes del acto en cuestión. Por esto es que en el contexto subjetivista el método de las ciencias  sociales es empírico-deductivo, mientras que en las naturales es hipotético-deductivo. Estas reflexiones telegráficas pretenden subrayar la importancia de la subjetividad en el sentido apuntado, por lo que le rinden homenaje a los sacerdotes de la Primera Escuela de Salamanca quienes iniciaron con gran solvencia y calado un paso decisivo en el largo camino del estudio de la economía.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE.

La falacia del altruismo socialista

Por Armando Ribas. Publicado el 16/12/13 en:  http://www.laprensa.com.ar/400260-La-falacia-del-altruismo-socialista.note.aspx

 

El desmesurado estado de bienestar está en la raíz de la actual crisis económica de Europa. Reina la confusión ideológica, incluso en Estados Unidos. Los políticos “progresistas” han ganado la batalla por el monopolio de la ética.

El mundo sigue su agitado curso donde reina la confusión. Recordemos: “En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentir, todo es según del color del cristal con que se mira”. No puedo menos que lamentar que todo en nuestro mundo occidental y cristiano parece indicar que el color del cristal con que se mira es cada vez más rojo, en nombre del altruismo y la equidad social. La reciente victoria de Barack Obama en las elecciones de Estados Unidos es una prueba evidente del realismo de la observación hecha por Harvey Mansfield y comentada en un artículo de The Wall Street Journal que dijo: “Nosotros tenemos ahora un partido político americano y uno europeo”. Esta aparente tergiversación del sistema político estadounidense fue a la que me referí en mi reciente artículo en el que plateé la antítesis entre el Rule of Law y el estado de bienestar europeo.

No puedo menos que considerar que el estado de bienestar ha sido el causante de la crisis y el presente malestar en Europa. Tanto que cada vez más se hace evidente la pretensión de los ingleses de abandonar la Unión Europea. El estado de bienestar no es más que marxismo vía Eduard Bernstein que en 1899 escribió Las precondiciones del socialismo donde expresó que el socialismo no requería de la revolución del proletariado predicha por Marx sino que se alcanzaría democráticamente. A los hechos me remito y debo asimismo recordar que en su obra comenzó por incurrir en la mayor confusión histórico-filosófica que fue el decir: “El socialismo es el heredero legítimo del liberalismo. No hay ningún pensamiento liberal real que no pertenezca también a los elementos de la idea del socialismo”.

Esa es la más equívoca aseveración que podría hacerse al respecto, pues el liberalismo parte de una concepción ética antitética al socialismo. En primer lugar la esencia ética del liberalismo es el reconocimiento de la naturaleza humana tal cual es y no de cómo debe ser. Consecuentemente al mismo tiempo que acepta el principio del derecho del hombre a la búsqueda de su propia felicidad, admite la necesidad de la limitación del poder político. Como bien dijera John Locke: “Los monarcas también son hombres”.

Por el contrario el principio básico del socialismo es la falacia del altruismo. Como bien señalara Ayn Rand: “El principio básico del altruismo es que el hombre no tiene derecho a existir por sus propios motivos, que el servicio a los demás es la única justificación de su existencia”. Y el altruismo es la falaz esencia del socialismo, que no es más que la demagogia para alcanzar el poder político absoluto en nombre de los derechos del pueblo.

DOS PROBLEMAS

Debo tener en cuenta dos problemas lexicológicos. El primero es que en Estados Unidos, no se por qué razón, se ha tergiversado la naturaleza filosófica del liberalismo y confundido con el socialismo en el orden político. La segunda no menos importante es el capitalismo. El capitalismo se considera un sistema económico, que para sus detractores marxistas, está éticamente descalificado a partir de que es la explotación del hombre por el hombre, sustentada en la falsa teoría del valor trabajo. Aun la Escuela Austriaca, defensora del sistema capitalista, incurre en el error de considerarlo un sistema económico que habría surgido a partir de las ideas de Carl Menger expuestas en sus Principios de Economía Política.

En esa obra el autor pretende rescatar las ideas de la Escolástica del Siglo de Oro español. En principio no estoy en desacuerdo en rescatar las ideas de Juan de Mariana, y reconocer por tanto que la validez de las ideas no depende de la nacionalidad ni de la raza. Por tanto ello no significa pretender descalificar el pensamiento filosófico inglés que dio origen al Rule of Law, por el error de Adam Smith de aceptar la teoría del valor trabajo.

Que Benthham y su utilitarismo, Mill y su socialismo y Thomas Hobbes y su Leviathan hayan sido ingleses, no permite desconocer los fundamentos de la libertad que surgieron del pensamiento de Locke y Hume, incluyendo la mano invisible de Adam Smith. Fue ese pensamiento que trasladado al continente americano por los Founding Fathers, se constituyó en la razón de ser del sistema que permitiera la libertad y la creación de riqueza por primera vez en la historia.

¡ES LA ETICA!

Ese sistema como no me canso de repetir, no es económico sino ético, político y jurídico y la economía es la consecuencia. Por ello creo más que importante el defender los derechos individuales y la limitación del poder político como la esencia de la libertad, y consecuentemente la razón de ser de la creación de riqueza, que ha desparecido en Europa en función de la iniquidad de la supuesta equidad del altruismo del estado de bienestar. Lamentablemente la confusión presente al respecto de ignorar la diferencia histórico-filosófica entre Estados Unidos y Europa continental, provocan que aun hoy se pretenda culpar a la crisis bancaria norteamericana por la crisis europea, que -como lo reconoce el FMI- persiste en 2012 y continua en 2013.

Me atrevería a firmar que lamentablemente el Sr. Romney en las recientes elecciones presidenciales de los Estados Unidos careció de la sabiduría de defender los principios ético-políticos del Rule of Law, que le permitieron a Estados Unidos transformarse en la primera potencia mundial en solo cien años.

Esa falla permitió que tal como lo señala John Allison se culpara de la crisis financiera estadounidense a la falta de regulación de los bancos y a la avaricia de Wall Street. La causa de la crisis fue sin lugar a dudas el producto de la demagogia de Carter de sostener que todos los ciudadanos americanos tenían el derecho a una casa propia, y en función de ello se crearan Fannie May y Freddie Mac para que le prestaran a quienes no tenían con que pagar. Entretanto Alan Greenspan creaba los dólares desde la Fed.

En fin, la demagogia del estado de bienestar está presente en función de la avaricia de los capitalistas y se ignora la voluntad de poder que se basa en el altruismo de los políticos de izquierda, que monopolizan la ética, tal como lo expresara Thomas Sowell. La consecuencia es la crisis económica y así como la creciente corrupción que alcanza a Bruselas y por supuesto en nuestra América Latina ni que decir.

Entonces, aprendamos que lo que estamos defendiendo no es el capitalismo como sistema económico, por más que hasta la Escuela Austriaca se refiera al orden espontáneo como el carácter del mercado, e ignore que esa espontaneidad de comportamiento depende precisamente del respeto por los derechos individuales a la vida, la libertad, la propiedad y la búsqueda de la propia felicidad. En ese sistema las mayorías no tienen el derecho a violar los derechos de las minorías que garantiza la Constitución y por tanto la limitación del poder político en manos del poder judicial. Como bien señalara Alexander Hamilton: “No hay libertad si el poder de juzgar no está separado de los poderes legislativo y ejecutivo”.

 

Armando P. Ribas, se graduó en Derecho en la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, en La Habana. Obtuvo un master en Derecho Comparado en la Southern Methodist University en Dallas, Texas. Es abogado, profesor de Filosofía Política, periodista, escritor e investigador y fue profesor en ESEADE.