Argentina: dos guerras frente a la inflación

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 21/5/2en: https://www.infobae.com/opinion/2022/05/21/argentina-dos-guerras-frente-a-la-inflacion/

Como señaló el premio Nobel en Economía Friedrich Hayek, hemos demorado doscientos años en percatarnos del error y el horror de atar el poder político a la religión, no tardemos otro tanto en darnos cuenta del error y horror de atar el poder político a la moneda

Alberto Fernández y Vladimir Putin

Afortunadamente hay bibliografía sobre el tema inflacionario que aclara el tema de la expansión exógena -es decir extraña a las decisiones del mercado- como causante de este mal que distorsiona los precios relativos. Tal vez no sea necesario repetir que los precios constituyen los únicos indicadores para saber cómo asignar los siempre escasos recursos frente a necesidades ilimitadas. La referida distorsión inexorablemente conduce al despilfarro lo cual, a su turno, consume capital que conduce a la contracción de salarios e ingresos en términos reales puesto que las tasas de capitalización son el único factor que permite mejoras en el nivel de vida.

Ahora bien, en una sociedad libre que permite que la gente elija el activo monetario de su agrado, este contexto no se traduce necesariamente en el mantenimiento de la cantidad de moneda. Si le otorga mayor valor a la unidad monetaria se transmitirá una señal para aumentar su producción. Por ejemplo, esto ocurría durante el patrón oro: otorgarle mayor precio al metal aurífero conducía a una extracción mayor lo cual es un fenómeno endógeno al mercado. Desde luego que esto no es inexorable ya que también la gente puede preferir una cantidad constante de dinero. En cualquier caso, resulta fundamental clarificar la diferencia analítica entre lo exógeno, es decir, lo político, lo ajeno al mercado, respecto de lo endógeno que alude a las preferencias de la gente.

En este sentido es pertinente mostrar a título de ejemplo que si hay un terremoto devastador naturalmente habrá menor cantidad de bienes a disposición de la gente y con igual cantidad de moneda al momento del sismo los precios subirán que es lo mismo que decir que el poder adquisitivo o el valor de la unidad monetaria disminuyó. Pero este es un fenómeno endógeno, no tiene que ver con manipulaciones políticas o exógenas. Es natural y necesario que este ajuste ocurra para mostrar lo que en verdad está sucediendo. También ocurren modificaciones en los precios relativos cuando algo cambia de moda o cuando los gustos se modifican, son todos hechos endógenos que nada tiene que ver con decisiones políticas extrañas al mercado.

Lo contrario sería entrar en un galimatías de proporciones puesto que la parla seria respecto a una inflación buena o natural (cuando suben los precios debido a causas endógenas) y mala, antinatural o exógena (cuando los políticos se entrometen con la cantidad de dinero). Esta clasificación sería del todo inconveniente e improcedente puesto que los precios y la cantidad de dinero deben reflejar lo que está sucediendo.

Sin duda que si se está en un sistema del patrón plata y se descubren abundante cantidad de yacimientos, la utilidad marginal de ese metal descendería a niveles tales que la gente cambiaría de patrón monetario. Lo mismo podemos decir referente a cualquier otro dinero-mercancía, canasta de moneda fiat o lo que prefiera la gente sin que en ningún caso sean posiciones irrevocables, todo depende de las inclinaciones de la gente.

Todo este razonamiento desde luego supone que hemos dejado de lado la superchería de la llamada “autoridad monetaria” o banca central que como se ha señalado en muchas oportunidades solo tienen tres caminos a su disposición: expandir, contraer o dejar inalterada la base monetaria, con lo cual siempre se alteran los precios relativos, es decir, necesariamente serían distintos de lo que hubieran sido de no haberse entrometido el gobierno. Por otra parte, si se supone que los banqueros centrales hacen lo mismo que la gente hubiera preferido no tiene sentido la intervención con el consiguiente ahorro de honorarios, pero para saber que prefiere la gente el único modo es dejar que se manifieste libremente. Idéntico razonamiento cabe si la autoridad monetaria procede de modo independiente de otros brazos del poder político puesto que se equivocará independientemente. El problema es la banca central.

Como es de público conocimiento, en un ejemplo extremo que tiene sus bemoles, algunos historiadores han señalado “la inflación” producida antaño cuando llegaba a la metrópoli española oro de las colonias pero en rigor esto no es así por lo expresado con anterioridad (dejando de lado posibles manipulaciones de la corona y sus “adelantados” en las colonias). Si no hay manipulación monetaria por la “autoridad” en la materia, técnicamente no hay inflación. Para abundar en ejemplos, si se produce una sequía a gran escala los precios de los productos agropecuarios se elevarán pero por las razones apuntadas no se trata de inflación en el sentido del proceso señalado, a saber, los precios no se modifican debido a lo que tiene lugar en el mercado sino debido al capricho de la política. Claro que en no pocos casos como el señalado solo se elevan los precios de algunos productos lo cual necesariamente hará que disminuyan otros en ausencia de banca central que no convalide esa suba con expansión monetaria. Pero también es posible imaginar subas de todos los bienes disponibles como hemos mostrado más arriba en el caso del terremoto o equivalentes sin entrar en el susodicho galimatías de la “inflación buena, querida por el mercado o consecuencia de lo que sucede en la realidad” y la “mala debida a los entrometimientos de los gobiernos y sus representantes”.

Habiendo dicho esto mencionemos el caso de la guerra, en nuestro caso la invasión criminal de Putin a Ucrania. Como consecuencia de ello hay productos que suben su precio de modo súbito. Esto presenta tres escenarios posibles. Primero, en línea con lo dicho, que la gente quiera seguir consumiendo la misma cantidad de los productos en cuestión con lo que se verán forzados a disminuir el consumo de otros bienes que consecuentemente bajarán de precio. Segundo, que la gente decida reducir su consumo de los bienes que aumentaron sus precios al efecto de poder continuar consumiendo idéntica cantidad de los otros. Y tercero, que simultáneamente el gobierno expanda la moneda con lo cual los precios serán el resultado también de la consiguiente inflación que además de los problemas de la guerra se agrava la situación por este entrometimiento gubernamental en materia monetaria. En otros términos, la guerra como tal no produce inflación, lo que genera es una destrucción de bienes que se traduce en subas de precios, en este sentido igual que un terremoto pero analíticamente es importante diferenciar los fenómenos mencionados.

A diferencia de la adulteración de los precios debido a los tejes y manejes de los gobiernos con la moneda, la modificación de precios por un accidente climático o de otra naturaleza en la realidad son imprescindibles para mostrar lo que en realidad viene sucediendo.

En otros términos, un terremoto o para el caso un tsunami no son inflacionarios puesto que los precios están reflejando lo que sucede lo cual es absolutamente necesario, sin embargo la manipulación monetaria por medio de la banca central y similares no reflejan lo que sucede sino la voluntad de los burócratas, he aquí la desfiguración de la realidad. Hay una diferencia crucial de naturaleza.

También debe tenerse en cuenta que cambios en la demanda de dinero debido a razones endógenas no se traducen en deterioros monetarios, solo esto ocurre cuando esos cambios obedecen a intervenciones del signo dinerario ajenos al mercado, es decir, debidas a razones políticas. Tal vez convenga mencionar como una nota al margen que las criptomonedas presentan algunos interrogantes pues se dan de bruces con el teorema de la regresión monetaria.

La otra guerra en la que no vale la pena detenerse nuevamente pues se ha señalado su sandez ad nauseam, es la decretada por gobiernos contra sus propias políticas de expansión monetaria vía controles de precios y demás absurdos mayúsculos, una y otra vez fracasadas. Estas son las dos guerras distintas a que nos referimos en el título de esta nota telegráfica.

También apunto que dado el debate que se ha suscitado en torno a una eventual reforma monetaria y bancaria argentina, destaco los colegas de los que he aprendido distintas facetas del asunto, quienes han presentado distintas variantes, pero debo subrayar que lo que sigue no significa para nada comprometer sus opiniones (y tampoco lo dicho más arriba, todo es de mi exclusiva responsabilidad). Además, nuevamente apunto que son muy diversos los caminos para llegar a metas de disciplina monetaria. Estos economistas son Adrián Ravier, Federico Struzgenegger, Javier Milei, Emilio Ocampo, Jorge Ávila, Iván Carrino, Martín Krause, Julio Elías, Agustín Etchebarne, Bertie Benegas Lynch y Alfredo Romano. Mi sugerencia se resume en la siguiente cápsula en seis pasos: 1. entrega de dólares a los tenedores de pesos (base monetaria) que incluye la venta de oro lo cual resultará en la ratio que corresponda a esta relación, la cual podrá modificarse por ejemplo por la entrada de dólares en circulación de poseedores fuera del circuito o en el exterior 2. Sustituir títulos y pases por bonos con jurisdicción estadounidense en dólares a la tasa de mercado 3. Convertir todo el sistema bancario al off shore (Luxemburgo, Singapur etc) al efecto que las instituciones financieras operen de acuerdo a la conveniencia de sus clientes 4. Abrogar toda la legislación que se oponga a lo dicho (ley penal cambiaria et al) 5. Consecuente liquidación de la banca central y el curso forzoso; y 6. Elección por parte del gobierno de la moneda en la cual se pagarán impuestos y equivalentes.

A mi juicio si la situación política imposibilitara avanzar con la propuesta hayekiana aquí esbozada sumariamente que abre a un proceso de evolución hacia la solidez monetaria y bancaria, debería por lo menos eliminarse el curso forzoso del peso y concomitantes para permitir la competencia de monedas de facto aun con las debilidades y riesgos institucionales de volver a las andadas, en una primera instancia de una suerte de bimonetarismo con una mayor probabilidad de dolarización dadas las disponibilidades y familiaridad con esa divisa sujeta a las manipulaciones de la Reserva Federal, lo cual sin duda mejoraría la situación local en cuanto al grado del problema más no en su naturaleza. A ver si por un camino u otro podemos zafar de lo que los economistas denominamos elegantemente “inflación” pero que se trata del saqueo solapado más brutal.

Reitero lo consignado por el antes referido premio Nobel en economía Friedrich Hayek en cuanto a que hemos demorado doscientos años en percatarnos del error y el horror de atar el poder político a la religión, no tardemos otro tanto en darnos cuenta del error y horror de atar el poder político a la moneda.

Cierro esta nota con un par de reflexiones que exceden el flanco monetario para abordar telegráficamente aspectos más generales. En primer lugar es pertinente enfatizar que nada en la vida es gratis, toda acción tiene un costo por lo que una cosa es señalar que la adopción de medidas de fondo tendrán un costo y otra bien distinta es la necesidad de subrayar que ese costo será muchísimo menor al costo de no adoptar las políticas convenientes para salir del marasmo. En segundo término, es una verdad de Perogrullo insistir en lo que he repetido antes y es que el lenguaje en el plano académico es muy distinto del político. En el primero se apunta a lo mejor -a la excelencia- mientras que en el segundo se hace lo que resulta posible luego de acordar con las contrapartes, en eso consiste una de las aristas clave del proceso democrático pero es de gran relevancia comprender que el primer campo determina el segundo en cuanto a los corrimientos en el eje de los debates en la opinión pública, de ahí la trascendencia de la batalla cultural.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

¿Qué es la dolarización?

Por Iván Carrino. Publicado el 25/2/2en : https://www.ivancarrino.com/que-es-la-dolarizacion/

¿Tiene Argentina que dolarizar su economía? Recientemente, el diputado libertario Javier Milei dijo que si él fuera presidente, dolarizaría la economía de Argentina para terminar con la inflación.

En el último video subido a mi canal de YouTube explico qué significa dolarizar una economía y cuáles son sus beneficios esperados.

No es idea nueva

Lo primero que hay que decir es que la iniciativa no es nueva. De hecho en el año 1999 el propio presidente de entonces, Carlos Saúl Menem, proponía no solo dolarizar a la Argentina, sino también a todo el Mercosur.

Según el diario español El País, Menem decía que quería “irse del gobierno con la economía dolarizada”. En la misma época, el diario La Nación, de Costa Rica, contaba que:

“Carlos Ménem, quien llevó la idea al punto de proponer el estudio de un mecanismo que permita adoptar el dólar como moneda única no solo en Argentina, sino en todos los países del continente americano, a partir del año 2005, según confirmaron el viernes varios funcionarios del Poder Ejecutivo.”

Más cerca en el tiempo, economistas como Jorge Ávila, Nicolás Cachanosky o Adrián Ravier han propuesto dolarizar la economía. De hecho, en breve saldrá un libro escrito por Nicolás Cachanosky y Emilio Ocampo titulado “Dolarización, una solución para los problemas de Argentina”.

Desde los Estados Unidos, el economista Steve Hanke es el que propone que argentina “elimine el peso” y dolarice su economía. En un artículo publicado en la revista Forbes en el año 2018, Hanke sostenía que:

Después de que se fundó el BCRA, la relación relativamente estable entre el ingreso per cápita en los EE.UU. Y Argentina se rompió, y la economía estadounidense basada en el dólar creció mucho más rápidamente sobre una base per cápita que la economía argentina basada en el peso. En 1935, el PIB per cápita en los EE.UU. era un 28% más alto que en Argentina. En 2016, esta tasa se disparó a un enorme 181%.

Tras enumerar las sucesivas crisis económicas que enfrentamos, y los pésimos números de inflación, además de recordar su vínculo con el ex presidente Menem, Hanke sostiene que:

Para terminar con la pesadilla monetaria interminable de la Argentina, el BCRA, junto con el peso, deberían ser removidos y puestos en un museo. El peso debe ser reemplazado por el dólar de EE.UU. Argentina debería hacer oficialmente lo que hacen todos los argentinos en tiempos de problemas: dolarizarse

¿Qué significa dolarizar?

Ahora bien, ¿de qué se trata la dolarización? De acuerdo con un trabajo del Fondo Monetario Internacional, la dolarización de la economía es un sistema “en virtud de la cual un país abandona oficialmente su propio patrón monetario y adopta como moneda de curso legal la moneda más estable de otro país, en el caso más corriente el dólar de EE.UU.”

Es decir que una vez que la economía se dolariza, no se utilizan más los pesos, que deben ser cambiados, en su totalidad, por dólares. Esto se lleva a cabo mediante el “rescate” por parte del Banco Central, de todos los pesos que emitió. Para ello, claro, deberá entregar a cambio dólares que tenga en sus reservas, un proceso que no está exento de dificultades, que podremos ampliar en otro video.

Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios esperados de la dolarización?

De acuerdo con los autores del trabajo que recién comentábamos:

“El atractivo principal de la plena dolarización es que elimina el riesgo de devaluación fuerte o repentina del tipo de cambio del país. Esto puede llevar a que el país pague una prima de riesgo menor en sus empréstitos internacionales. Las economías dolarizadas quizá gocen de un nivel de confianza más elevado entre los inversores internacionales, tasas de interés más bajas para el crédito internacional, menores costos fiscales y niveles más elevados de inversión y de crecimiento.”

Lo que le falta agregar a esta definición es que una dolarización derrumbaría la tasa de inflación. En efecto, se espera que el país que elimina su moneda y adopta la de otro distinto, en este caso, EEUU, tienda a tener la misma inflación que dicho país. Así, si la inflación de Argentina es 50% pero la de Estados Unidos es 8%, es esperable que en un plazo no muy largo, los precios empiecen a subir al 8% anual.

Esto es así porque la dolarización elimina la política monetaria del Banco Central. En un país dolarizado, el Banco Central puede seguir existiendo, pero no tendrá ninguna capacidad de determinar la cantidad de dinero de la economía.

¿Existen países dolarizados en América? La respuesta es sí. Ecuador dolarizó su economía en el año 2000, El Salvador lo hizo en el 2001. Existe otro ejemplo de un país que utiliza el dólar como moneda oficial: Panamá.

En todos estos países, tal como se espera, la inflación es muy baja. En los últimos diez años, la inflación promedio en Panamá, Ecuador y El Salvador es de 1,6% por año. Argentina tiene un nivel de inflación 30 veces superior.

Una advertencia final

Como puede verse, entonces, la dolarización es sin duda un remedio muy poderoso para terminar con la inflación. Sin embargo, debe hacerse una advertencia:

La dolarización es una medida monetaria que ataca problemas monetarios. La dolarización por sí misma, no reduce el déficit fiscal, no reduce el gasto del gobierno, no baja los impuestos, y no puede por sí misma hacer crecer la economía y los salarios.

Es cierto, claro, que al eliminarse el riesgo de devaluación y brindar un mejor horizonte de futuro para las inversiones, contribuye notablemente al crecimiento. Pero si se mantienen regulaciones absurdas, controles de precios, obstáculos para el sector privado, y la deuda pública es insostenible, incluso los países dolarizados seguirán teniendo problemas.

Como dijera Ludwig von Mises al defender el Patrón Oro:

La reforma que se propone en el sistema monetario y el retorno a condiciones monetarias sanas, presuponen un cambio radical en la filosofía económica. No puede ser cuestión del Banco Central solamente mientras que el despilfarro, la desacumulación del capital y la corrupción constituyan características sobresalientes de la forma como se manejan los asuntos públicos.

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano. Es Sub Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE. Sigue a @ivancarrino

¿Coparticipación federal o correspondencia fiscal?

Por Adrián Ravier. Publicado el 26/2/16 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2016/02/26/coparticipacion-federal-o-correspondencia-fiscal/

 

Dada la precariedad de las cuentas públicas, existe consenso en la necesidad de abrir un diálogo acerca de cambios en la coparticipación federal de impuestos. Son pocos, sin embargo, los estudios que proponen una verdadera modificación del sistema. En su lugar, se promueven distintas formas arbitrarias de redistribuir los ingresos, que ignoran la pregunta primordial: ¿por qué continuar con la coparticipación? ¿Por qué no retornar a un federalismo real, basado en el principio de correspondencia fiscal? Alberto Porto, de la Universidad Nacional de La Plata y Jorge Ávila, de la Universidad del CEMA, son quizás excepciones entre los economistas que marcaron este problema central en las finanzas públicas argentinas. 

Antecedentes históricos

A principios del siglo XX, regía en la Argentina una clara estructura de imputabilidad fiscal. La nación financiaba sólo un 5% del gasto público provincial. Este hecho aseguraba un auténtico federalismo fiscal y garantizaba la vigencia del principio de correspondencia.

La correspondencia fiscal supone que existe un vínculo entre las decisiones de gasto extra del Gobierno provincial y el esfuerzo contributivo adicional de los votantes provinciales. Este principio es la clave para una buena gestión del gasto público, el que nos asegura que el gasto no excederá el nivel que los votantes están dispuestos a sufragar; garantiza que su composición se ajustará a las demandas de la población.

Pese a las advertencias y las críticas de prestigiosos constitucionalistas (Germán Bidart Campos, Rafael Bielsa, Horacio García Belsunce, Carlos María Giuliani Fonrouge, Dino Jarach y Segundo Linares Quintana), a partir de 1935 las provincias cedieron potestades tributarias sustantivas a la nación. Como consecuencia, la nación pasó a fijar bases de imposición y alícuotas, creó nuevos tributos y procedió a recaudar y coparticipar (transferir) recursos a las provincias.

En 1939, el nuevo federalismo fiscal aumentó a 29% la fracción de gasto provincial financiado con transferencias nacionales. Los impuestos creados en la década de 1950 profundizaron todavía más la disociación entre las responsabilidades de gasto y de financiamiento en las provincias, que llegaron en 1960 a un 47% del gasto provincial financiado con recursos nacionales. Luego de escalar a un 62% en 1977, la proporción alcanzó su máximo histórico en 1983, con el retorno a la democracia, al fijarse en 72 por ciento. Varios analistas señalan que nunca fue la Argentina tan poco federal como entonces.

En el período 2003-2008, más del 60% del gasto público de las provincias reconoció financiamiento nacional, circunstancia más propia de una organización unitaria que de una federal.

 

Ausencia de correspondencia fiscal: ganadores y perdedores

El cuadro n.º 1 muestra precisamente la ausencia de correspondencia fiscal que gobernó a las provincias argentinas durante el período 2003-2008, considerando que —en promedio— la recaudación de la nación participó en un 60,9% de los ingresos provinciales.

La situación, sin embargo, no fue igual para todas las provincias. Tomando en cuenta los porcentajes de participación de recursos nacionales en los ingresos provinciales, podríamos separar cuatro grupos.

En primer lugar, tenemos en este período a aquellas provincias cuyas transferencias tributarias nacionales componen menos de un 60% de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de las provincias de Buenos Aires (45,5%) y Neuquén (56%).

El caso de la Ciudad de Buenos Aires (11,4%) no es comparable con el resto de las autonomías provinciales si consideramos que percibió servicios de transporte, seguridad o Justicia financiados por la nación que deberían ser sumados a los montos transferidos. El reciente traspaso de fondos para pasar la seguridad a manos de la ciudad contribuye a hacer comparables estos números.

En segundo lugar, contamos con aquellas provincias que reciben de la nación entre un 60 y un 70% de sus ingresos. Tal es el caso de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Chubut y Santa Cruz.

cuadro 1 ravier

Nota: (1) Representa el total de la recaudación que la nación transfiere a provincias
* El dato 2008 corresponde sólo al primer semestre.

En tercer lugar, encontramos un grupo de provincias que componen entre un 70% y un 85% de sus ingresos con recaudación nacional. Aquí encontramos a Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, San Luis, Salta y Misiones.

En cuarto lugar, encontramos los casos extremos en los que ninguna provincia logra recaudar más de un 15% de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de San Juan, Corrientes, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Formosa. En estos casos, el principio de correspondencia fiscal está quebrado. La mayor ausencia de correspondencia se verifica precisamente en Formosa, provincia que logra recaudar sólo un 5,5% de sus ingresos.

El cuadro no pudo actualizarse debido a que la mayoría de las provincias no presenta información actualizada sobre su recaudación, especialmente las provincias del último grupo, pero hay excepciones. El cuadro n.º 2 contribuye a actualizar algunos de estos números.

cuadro 2 ravier

Al comparar la información de 2014 con 2008, puede notarse que la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo similar, aunque cambiará el año próximo con el traspaso de fondos de nación a ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de la seguridad. Neuquén y Buenos Aires siguen siendo también las provincias menos dependientes de las transferencias nacionales. Tucumán, por su parte, mantiene una fuerte dependencia de los recursos transferidos de nación.

 

Consecuencias de la ausencia de correspondencia fiscal

Completo el diagnóstico, podemos observar a continuación algunas implicancias de esta situación:

1. Incentivo del incremento constante del gasto público provincial. La nación afronta el costo político de recaudar, la provincia recibe el beneficio político de gastar y el contribuyente mira con indiferencia el ir y venir de fondos. Este desequilibrio vertical conduce a los gobernadores de varias provincias a emprender obras públicas sin considerar la voluntad de los contribuyentes de financiar el proyecto. En todo caso, los recursos no los proveen los ciudadanos de cada provincia, sino el conjunto de la nación.

2. Ausencia de ciudadanía fiscal. Nada incentiva al contribuyente a controlar y reclamar una buena gestión del gasto público en su jurisdicción. En otras palabras, el sistema conspira contra el cumplimiento tributario voluntario de los contribuyentes, que deben pagar los impuestos a un nivel de Gobierno distinto a aquel que, en general, perciben que les presta o financia el servicio.

3. Incremento de la evasión impositiva. Las causas de la evasión impositiva en la Argentina son varias y complejas, pero el régimen de coparticipación no está exento de culpa. ¿Qué incentivo tiene, por ejemplo, el gobernador de San Juan a colaborar con los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la detección de evasores, cuando por cada cien pesos que se recauden gracias a la movilización de su policía y el cierre de negocios y locales, la provincia recibiría apenas $1,90? (El gobernador hace esta cuenta: $100 multiplicados por 0,57, que es la participación primaria de las provincias, multiplicados por 0,0338, según ley 23558, que es la participación secundaria de San Juan, es igual a $1,90). Y con respecto a la nación, aunque la distorsión de incentivos en este caso es menor, cabe preguntar: ¿no se esforzaría más la AFIP si de cada $100 recaudados, la nación pudiera gastar $100 en vez de los $43 que le asigna el régimen de coparticipación?

Ya es conocida públicamente la estrategia utilizada por los gobernadores de expulsar a los inspectores de la AFIP cuando estos comienzan a controlar los establecimientos de sus provincias.

4. Premio al lobby. Con regímenes de distribución de fondos como la coparticipación existe un poderoso incentivo para que los gobernadores inviertan mucho ingenio, esfuerzo y tiempo en Buenos Aires, en el intento de modificar las reglas de juego a su favor. Un ejemplo en tal sentido es la promoción industrial basada en exenciones de grandes tributos nacionales sujetos a coparticipación, como IVA e impuesto a las ganancias. De cada $100 que le cuestan las exenciones al país, una provincia como San Juan pierde $1,90 y gana la radicación industrial, y con ella, una variedad de beneficios sobre el empleo, la actividad económica y las rentas generales de la jurisdicción. El saldo es netamente favorable a la provincia y su consecuencia es obvia e inevitable.

5. Riesgo moral. El riesgo moral es un concepto que en economía se utiliza para describir una situación en la que un individuo, aislado de la consecuencia de sus acciones, podría cambiar su comportamiento del que habría tenido si hubiera estado expuesto completamente a las consecuencias de sus acciones. Esto describe precisamente lo que ocurre con algunas provincias.

Cuando el gasto público provincial se financia en tan alta proporción con recursos nacionales, la nación sufre una consecuencia sutil pero recurrente. A los ojos de las provincias, el Gobierno nacional se convierte en el responsable último de las caídas de las remesas de fondos, cualquiera fuera su causa.

La paradoja es que históricamente la nación ha asumido tal responsabilidad y convalidado los déficit de las provincias a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, o bien a través de la atención directa de los servicios de deuda de los organismos multilaterales de crédito. Esta actitud sesga las finanzas provinciales hacia la bancarrota.

6. Ausencia de transparencia. En la actualidad rige un complejo sistema de remesas basado en: a) la coparticipación federal de impuestos, que distribuye la recaudación de los tres principales impuestos nacionales (valor agregado, ganancias e internos) de acuerdo con ponderados mágicos, después de descontarle una pre-coparticipación para las grandes urbes y otra para el sistema previsional; b) varias coparticipaciones menores y paralelas, que distribuyen otras recaudaciones según criterios ad hoc, y c) aportes del Tesoro Nacional distribuidos en forma discrecional.

No existe un criterio único de reparto, ni existe un organismo único que administre el reparto. Nos movemos dentro de un laberinto fiscal que hace imposible que el votante-contribuyente pueda identificar qué nivel de gobierno o cuál organismo estatal es el que gasta o grava y con qué fin. Está rota, en consecuencia, una relación costo-beneficio que es indispensable para asegurar la eficiente acción del Estado.

 

Conclusiones

La Argentina presenta una centralización de sus ingresos en la nación, pero una descentralización en los gastos.Avanzar hacia un federalismo real implicaría avanzar únicamente en la descentralización de la recaudación tributaria.

Lo que proponemos es que cada provincia se responsabilice por generar los recursos que luego gastará, para así alcanzar responsabilidad fiscal y limitar el crecimiento del gasto. Ir en este sentido supone modificar completamente los incentivos en la administración pública provincial y aun en el contribuyente, además de limitar el poder que hoy posee el ejecutivo a través de su gasto discrecional.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.