Inversión, calidad institucional y multiplicador

Por Gabriel Boragina: Publicado el 23/10/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/10/inversion-calidad-institucional-y.html

 

Iremos viendo a continuación la importancia de la inversión, pero desde diferentes ángulos de estudio y en la opinión de distintos autores que se han preocupado de la misma, dado que este es un tema clave del análisis económico que tiene profundas implicaciones, sobre todo en materia de desarrollo y crecimiento. En este orden de ideas, existe una relación directa entre la llamada calidad institucional y la inversión:

“La calidad de las instituciones afecta directamente a los motores del crecimiento: la inversión y las innovaciones y esto, por supuesto, afecta la calidad de vida de las personas. La pobreza, al igual que la riqueza, está directamente relacionada con la calidad institucional, donde encontramos a los países más pobres ocupando las últimas posiciones en el Índice.”[1]

Se refiere al Índice de Calidad Institucional que elabora el autor de la cita. Se señala con notable acierto dos de los principales motores del crecimiento: la inversión por un lado y las innovaciones por el otro. Sin una o sin otro, o sin ambas a la vez va de suyo que los índices de pobreza se dispararán, como se observa en las economías atrasadas que tienen en común ser todas intervencionistas. Hay que aclarar que se asume en este Índice por calidad institucional una serie de instituciones entre las que desempeñan un papel relevante la propiedad privada, el respeto a las leyes que la protegen, como asimismo la libertad contractual que se relaciona directamente con aquella. Hacemos esta aclaración porque, desde una óptica estatista, podría definirse “calidad institucional” en sentido contrario, tema este que de momento no ocupará nuestra atención en este lugar.

“El vínculo entre calidad institucional y crecimiento económico está dado por el volumen de inversiones. Éstas incrementan la productividad total de los factores de producción, mejoran la competitividad de las economías y promueven un crecimiento económico sostenido. La calidad institucional reduce el costo de las inversiones, particularmente la incertidumbre sobre el retorno de la inversión o sobre la capacidad de poder recuperarlo. Por supuesto la calidad institucional no es el único elemento para que las inversiones se produzcan. Los inversionistas también consideran la demanda potencial del producto o servicio que piensan ofrecer, tanto sea en el mercado de destino o en otros mercados de exportación, como también la disponibilidad de recursos humanos y financieros.[2]

Resulta claro que en este pasaje el término “inversión” se utiliza como sinónimo de lo que el profesor Sabino ha definido como “gastos en bienes de capital o de producción”. Es decir, en su sentido estricto, y no en el más amplio que le dan otros autores, como Ludwig von Mises para quien la inversión -en rigor- consiste, más bien, en el destino que se le da al ingreso, y que -según nosotros- puede ser dirigido tanto hacia el consumo como al ahorro. Posiblemente, el significado de la palabra “inversión” como “gasto en bienes de capital” sea más preciso y menos ambiguo (además de ser el más difundido entre los economistas) pero, asimismo, describe con menos fidelidad –a nuestro juicio- la secuencia temporal y la dirección en que se mueve el ingreso. El Dr. Krause establece una relación vincular entre calidad institucional, crecimiento económico y volumen de las inversiones. Dice que el nexo entre la primera y el segundo está dado por el volumen de aquellas.

Cuando se refiere a que “La calidad institucional reduce el costo de las inversiones, particularmente la incertidumbre sobre el retorno de la inversión o sobre la capacidad de poder recuperarlo” está aludiendo a la vigencia irrestricta del derecho de propiedad, cuya garantía legal –seguridad jurídica mediante- asegura mediana o completamente (dependerá del grado de fuerza legal que tenga en el país a considerar) el retorno de la misma o -al menos- la posibilidad de recuperar ese retorno. Por eso se indica correctamente a la incertidumbre como un costo de la inversión, para lo cual este costo no depende exclusivamente de lo que aquí se llama calidad institucional, sino que el riesgo es un rasgo implícito en toda inversión formando parte esencial de su naturaleza.

No cabe ninguna duda que quien más ha contribuido a confundir, tanto la definición como el papel de la inversión en el mercado, no ha sido otro que J. M. Keynes con sus atrabiliarias “teorías”. Una de las más conocidas y populares es la del famoso “multiplicador” que tanto ha dado que hablar a los economistas. Un reconocido experto sobre J. M. Keynes (nos referimos a H. Hazlitt) se ocupó puntualmente de refutar todas y cada una de las ideas de J. M. Keynes:

“Henry Hazlitt explicaba así la idea del multiplicador: “Si por definición la renta de una comunidad es igual a lo que consume más lo que invierte, y si esa comunidad gasta en consumo nueve décimas pares de su renta e invierte una décima parte, entonces su renta ha de ser diez veces su inversión. Si gasta 19/20 en consumo y 1/20 en inversión, su renta ha de ser veinte veces su inversión y así ad infinitum. Estas proposiciones son verdad porque son distintas formas de decir lo mismo. Pero supongamos que tenemos un hombre hábil familiarizado con el uso de las matemáticas. Verá que, dada la fracción de la renta de la comunidad que se dedica a la inversión, la propia renta puede matemáticamente ser designada como una “función” de dicha fracción. Si la inversión es una décima parte de la renta, entonces la renta será diez veces la inversión, etc. A continuación, dando un salto mortal [introduciendo un camelo, diría un castizo], esta relación “funcional”, formal o meramente terminológica se confunde con una relación causa efecto. Seguidamente ponemos boca abajo la relación causal y surge la increíble conclusión que ¡cuanto mayor es la proporción de renta consumida y menor el porcentaje que representa la inversión, más tiene que “multiplicarse” esta inversión para crear la renta total!” Una conclusión absurda aunque necesaria de esta teoría es que una comunidad que consuma el 100% de su renta tendría un incremento infinito de su renta.”[3]

[1] Martín Krause. Índice de Calidad Institucional 2012, pág. 6

[2] Martín Krause. Índice de Calidad Institucional 2012, pág. 7

[3] José Ignacio del Castillo-“LA REFUTACIÓN DE KEYNES”. Revista Libertas 35 (Octubre 2001). Instituto Universitario ESEADE. Pág. 16-17

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

La mal llamada “Justicia Social”

Por Eduardo Filgueira Lima. 

La “Justicia social” se instala progresivamente desde inicios del Siglo XIX  como consecuencia de la supuesta necesidad de superar las diferencias existentes entre los diferentes países y grupos sociales. Los problemas que a partir de allí se instalan no son los objetivos, sino los medios que la política – vistas sus necesidades – promueve.

Esas diferencias fueron crecientes desde el desarrollo de la era industrial, pero no consecuencia de la misma, sino porque el impresionante crecimiento que con ella se logró no alcanzó a todos,… al mismo tiempo.

A partir del proceso de industrialización a mediados del Siglo XVIII iniciados en Inglaterra, Francia y Alemania, el mundo en su conjunto incrementó el producto de actividad económica de manera exponencial. (Figura 1)

Pero este crecimiento no alcanzó a todos por igual, aunque mediado el tiempo suficiente con seguridad ello hubiera sucedido, por lo que se inicia un proceso de “igualación”, una pretendida igualdad que se asumió como necesaria “justicia”.

En ese camino muchos países optaron por la vía del socialismo y otros por la vía de un socialismo a medias. En el primero de los casos la intervención estatal fue absoluta incluso haciéndose titular de los medios de producción y conduciendo a una casta minoría de dirigentes privilegiados, frente a una mayoría empobrecida y postergada. Es que en estas circunstancias el Estado anuló la iniciativa individual, la innovación y el intercambio económico, que son las bases esenciales para el crecimiento.

En el segundo de los casos la social-democracia europea – desarrollada desde la Socialpolitik instaurada por el Canciller O. von Bismarck – instaló desde el Estado crecientes concesiones a las demandas sociales y aunque se permitió el desarrollo de una  economía de libre mercado, las intervenciones estatales fueron crecientes para dar “respuesta” a las demandas de los más postergados avaladas por las promesas de la política.

En casi todos los países del mundo la intervención estatal ha sido creciente por un motivo o por otro, pero finalmente la “buena intención” se ha empañado porque se ha reducido a transferir recursos de unos hacia otros, igualando “hacia abajo”, reduciendo los incentivos de unos e induciéndoles a encontrar mecanismos para “proteger” lo que genuinamente han producido y a los otros a buscar creciente protección del Estado, que son así cada vez más pobres y con menores capacidades de producción a futuro: su condición los condena a recibir la dádiva a perpetuidad.

La intervención estatal ha resultado así en todos los casos indeseable, porque no ha logrado resultados a la medida de nadie, salvo de los intereses de la clase política que ha edulcorado su discurso con los postulados de la mal llamada “la Justicia Social” – que nadie puede definir bien, ni describir con  precisión cuál es su alcance y medida – y por lo mismo ha cosechado los votos de todos a los que ha postergado concediéndoles migajas.

Muchos pensadores han posibilitado la justificación de esta perversa asociación entre “demandas” y “política”, (J. M. Keynes, J. Rawls, A. Sen y J. Stiglitz entre otros), con seguramente bienintencionados argumentos.

La premisa que así se establece como paradigma es la de que el Estado debe luchar “contra las desigualdades” y se omite que lo que debe hacer es luchar “contra la pobreza”,.. que son dos cosas diferentes.

Porque si el crecimiento y el desarrollo no alcanza a todos es porque no todos tenemos las mismas capacidades, todos somos diferentes en la búsqueda del camino que consideramos el más apropiado para obtener nuestra felicidad, todos tenemos diferentes aspiraciones, y el conocimiento – es decir los medios a través de los que nos insertamos en el mundo y obtenemos lo que podemos de él – se encuentra disperso[1], es decir: no todos podemos “apropiarnos y alcanzar las mismas cosas al mismo tiempo”.

Personalmente creo, que quienes sinceramente piensan que el modelo de intervención estatal más allá de las atribuciones indelegables del mismo son tan deseables como posibles, desconocen la naturaleza humana[2].

Desde la perspectiva del individualismo metodológico, partimos de los siguientes conceptos que permiten una interpretación más acabada de los fenómenos sociales, a partir de la agregación de decisiones individuales:

1.    En casi todos los individuos “la insatisfacción” funciona como motor e incentivo para la satisfacción de sus demandas.

2.    Pero vivimos en un mundo de recursos escasos y demandas (o fines) ilimitados.

3.    Esas demandas suponen valores de cada uno para cada una de ellas, lo que conduce a una “escala individual de preferencias”,.. los bienes y servicios no tienen un valor pre-establecido sino que son valoradas subjetivamente por cada individuo en función de su “utilidad marginal decreciente”.

4.    Por lo mismo en cada instancia los individuos optan,.. eligen,… especulan,… frente a un marco general de incertidumbre y por lo mismo frente a circunstancias potenciales “de riesgo”, pero en todos los casos con la pretensión de obtener una “ganancia esperada” (que no necesariamente es solo monetaria)

5.    Es decir que en  términos generales “los individuos dada una situación personal, intentan transitar hacia otra que consideran mejor,…”[3]

Y ello quiere decir que la intervención estatal desnaturaliza el comportamiento humano porque la clase política utiliza el concepto de Justicia Social para “dar” lo que naturalmente puede y debe obtenerse con el esfuerzo personal, para lo que a cada individuo solo hay que acercarle instrumentos que pueda utilizar a sus fines, por sus propios medios.

Lo que los gobiernos hacen es transferir recursos “de unos hacia otros” – la bandera es la vapuleada Justicia Social – con las consecuencias que he mencionado y omitiendo hacer lo necesario: poner al alcance de cada uno los instrumentos necesarios – entre otros la educación y los servicios de salud (de los que me ocuparé en otra instancia) – con la suficiente accesibilidad y calidad como para que cada uno tenga los medios para apropiarse en libertad de los beneficios que se encuentran al alcance en la tan vapuleada globalización.

Y digo vapuleada porque esta formidable revolución de las comunicaciones, la tecnología y el conocimiento, pone mucho más y mejor al alcance de todos, sus mejores beneficios para que cada quien opte por el que mejor le plazca o haga a sus fines.

No es entonces ni siquiera la supuesta intención de “Justicia Social” (que en realidad hace a los fines de quienes gobiernan), la cuestión a discutir, ya que se plantea como necesaria disminución de las desigualdades, transfiriendo recursos (además mal asignados) de unos hacia otros, en vez de propugnar el crecimiento y desarrollo de los más postergados.

Si la “Justicia Social” es solo transferir recursos para reducir desigualdades el problema está mal planteado con el agravante de que se convierte en un paradigma irrevocable: quienes lo enarbolan se autoproclaman “progresistas”, mientras denostan a sus detractores. ¿No será al revés?

Las crisis económicas que afectaron a los EE.UU. (ya en vías de superación aún la persistencia de una descomunal deuda pública) y a algunos países de Europa que funcionan como lastre del crecimiento de la región, son ejemplos de decisiones políticas sobre la economía para satisfacer demandas que los políticos supieron “leer como necesidades”, para satisfacer las propias.

En el caso de EE.UU. la crisis se expone a partir de los créditos subprime (créditos de alto riesgo) que en el 2007 – durante la Presidencia de Bill Clinton – alcanzaron el 12,7% del mercado hipotecario cuando la FED incrementa el límite fijado para los mismos, (aunque la multiplicidad de causas y efectos pueda enmarcar esta referencia como reduccionista).

En el caso europeo la crisis afecta principalmente a los países que más otorgaron a las demandas sociales, sin lograr una tasa de capitalización equivalente y como hemos mencionado: vivimos en un mundo de recursos escasos y demandas (fines) ilimitados,.. cuestión frecuentemente olvidada por la clase política que irresponsablemente acostumbra para sus fines a otorgar o prometer más de lo que se puede: el discurso es la “Justicia Social”.

Porque para transferir recursos (o para justificar cualquier gasto del Estado) se requiere recurrir a los mecanismos que el mismo tiene para financiarse. Y entre ellos la carga impositiva si es excesiva e irresponsable termina por asfixiar a los que producen (Curva de Laffer)[4]

De hecho parece que aquellos que no permitieron que el tiempo condujera al equilibrio, se apropiaron del discurso populista asimilando la disminución de las desigualdades (o el logro de la igualdad) como el objetivo prioritario, construyendo un discurso hegemónico.

No se trata de “disminuir desigualdades”, sino de permitir a los más desfavorecidos mayores oportunidades,.. para lo que no es necesario sacarle nada a nadie que haya logrado lo suyo con su propio esfuerzo,.. sino asignar bien los recursos – ya de por si escasos – para lo que es necesario priorizar los objetivos en los que se gasta, direccionándolos para ofrecer más oportunidades a los más vulnerables,.. evitar los desvíos interesados y los que la corrupción produce,.. definir claramente las políticas públicas que imprescindiblemente son necesarias y la “Justicia Social” debería ser la lucha contra la pobreza, que es el verdadero mal que nos afecta.

La verdadera forma de reducir desigualdades es consecuencia de ofrecer mejores y ciertas “oportunidades” a los más necesitados.

Deberíamos trocar el interesado discurso político – ya que el comportamiento de los burócratas y políticos es maximizador del presupuesto público principalmente buscando sus propios intereses[5] – y que el objetivo sea maximizar las oportunidades de aquellos que las necesitan para alcanzar sus fines,.. pero no con “caritativas” prebendas, sino mejorando sus condiciones y medios para lograr producir con su trabajo y su esfuerzo.

“…Dicho lo anterior, ¿cuál es el problema? El que el 10 por ciento más rico de la población genere un mil por ciento más ingreso que el 10 por ciento más pobre, o que ese 10 por ciento, el más pobre, no sea capaz de generar, independientemente de cuánto generen los demás, ingreso suficiente para satisfacer correctamente sus necesidades? Usted, lector, ¿cuál cree que sea el problema: desigualdad o pobreza?,…”[6]

Seguramente analizar adecuadamente al accionar de los gobernantes nos permitirá elegir mejor en el “imperfecto mercado político” y orientar las acciones para maximizar el bienestar general y no dejarnos embaucar con su retórica discursiva que solo responde a sus fines y nos empobrece a todos.

Referencias:


[1] Hayek, F. “Economy & Knoledment” (1936)

[2] Mises, L. “La Acción Humana” (1949)

[3] Mises, L. “La Acción Humana”, (The principle of methodological individualism. Cap II). (1949)

[4] Curva de Laffer representa la relación existente entre los ingresos fiscales y los tipos impositivos, mostrando cómo varía la recaudación fiscal al modificar los tipos impositivos.

[5] Buchanan, J. “The public choice theory” (1986)

[6] Damm, A. http://www.asuntoscapitales.com/articulo.asp?ida=6773

Eduardo Filgueira Lima es Médico, Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social,  Magister en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE y Profesor Universitario.