Inversión pública

Decálogo fiscal para cualquier país civilizado

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 25/1/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/01/25/decalogo-fiscal-para-cualquier-pais-civilizado/

Luego de mencionar los diez puntos que a continuación se exponen, consigno los aspectos que estimo clave al efecto de proceder a una necesaria reforma fiscal que se ejemplifica con reducciones en el gasto público para permitir que se engrosen los bolsillos de la gente.

Primero, la idea central por la que se cobran impuestos es la de financiar el gasto gubernamental que demanda la estricta y limitada función de proteger los derechos de las personas que habitan el suelo bajo esa jurisdicción estatal, por tanto los tributos no solo deben resultar lo más bajos posibles sino que no deben gravarse objetos imponibles fuera de esa jurisdicción, abandonando entonces el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria debido a que el gobierno local no se ocupa de garantizar derechos de quienes están fuera de sus fronteras.

Segundo, en un sistema republicano los ingresos fruto de los respectivos gravámenes no pueden ser menores a los egresos debido a la política de endeudamiento y financiamiento monetario. En este contexto la deuda pública externa debe estar prohibida ya que está reñida con la democracia pues compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió al gobernante que contrajo la deuda. En esta línea argumental, no es permisible establecer un correlato con lo que ocurre en los ámbitos privados donde tiene sentido la decisión voluntaria y libre de establecer plazos para contraer deudas y reembolsos. En este sentido, debe destacarse que constituye una contradicción en los términos la expresión “inversión pública”, puesto que la inversión es por su naturaleza un acto subjetivo que estima mayor valor en el futuro que en el presente por lo que el sujeto en cuestión se abstiene de consumir para ahorrar cuyo destino es la inversión. Por ende, en el presupuesto nacional los rubros de gastos deben dividirse en corrientes y en activos fijos pero nunca “inversión” que en ningún caso cabe cuando se recurre a la coerción. En esta misma línea argumental, la financiación vía procesos inflacionarios queda descartada puesto que una sociedad libre requiere la eliminación de la banca central y el curso forzoso.

Tercero, los ratios como la participación de los aparatos estatales en la renta nacional o los tributos sobre el producto nacional bruto no deben apuntar a que crecimientos en la riqueza justifican incrementos en el gasto o en la recaudación. La presión fiscal debe consignarse en valores absolutos y cuando excede lo necesario resulta saludable la rebelión fiscal, tal como ocurrió en el origen de la revolución estadounidense como marca y límite a lo que el gobierno pude succionar de la población. Este enfoque de simplificación y unificación fiscal complementado con los puntos que siguen liberan a los llamados “expertos fiscales” para que se dediquen a actividades útiles.

Cuarto, la curva Laffer muestra que a mediada que las tasas fiscales se incrementan aumenta la recaudación hasta que en un punto -debido al debilitamiento y fractura de la estructura productiva- la recaudación disminuye a medida que la presión impositiva se eleva. Esto hace aparecer como que hay un punto óptimo fiscal de máxima presión tributaria que permite una máxima recaudación, pero a lo que originalmente apuntaba Arthur Laffer con su curva (ya insinuada por Adam Smith en 1776) es el establecimiento de un punto de mínima presión fiscal necesario para cumplir con la antedicha misión gubernamental en una sociedad abierta.

Quinto, no hay tal cosa como impuestos al consumo puesto que todos los gravámenes son al patrimonio: cuando se dice que se aplica un tributo al consumo es que se grava una empresa que vende productos clasificados como de consumo pero esa empresa se hace cargo del impuesto con su patrimonio, por tanto todos los impuestos afectan las tasas de inversión y, como consecuencia, reducen salarios e ingresos en términos reales ya que esa es la única causa que permite elevarlos al incrementarse el ritmo de capitalización.

Sexto, todos los impuestos deberían eliminarse con excepción del impuesto al valor agregado con la máxima base imponible al efecto de aprovechar el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que permite ese gravamen con lo que se ahorran controles en un contexto donde no deben operar exenciones fiscales que siempre significan que otros deben hacerse cargo de la diferencia con lo que se dejan de lado no solo las dobles imposiciones sino que no se aplican impuestos directos -los que gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva- que obligan a preguntas e inquisiciones insolentes sobre el origen y destino de los recursos por parte de los agentes de recaudación.

Séptimo, el referido impuesto se traducirá en alícuota proporcional ya que todos los progresivos implican regresividad puesto que los contribuyentes de jure contraen sus inversiones con lo que, como queda dicho, reducen salarios e ingresos en términos reales. Este es el motivo por el que las constituciones liberales prohibieron los gravámenes progresivos y también los directos. Además, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, es decir, contradice las posiciones patrimoniales que había establecido la gente con sus compras y abstenciones de comprar en el supermercado y afines con lo que hay derroche de capital lo cual agudiza la antes referida baja en los salarios e ingresos de la población. También la progresividad bloquea la indispensable movilidad social en el ascenso y descenso en la pirámide patrimonial.

Octavo, en materia fiscal es indispensable contar con un sistema federal para no solo descentralizar el poder sino para establecer competencia entre las provincias y municipios puesto que en este esquema los gobernadores e intendentes administran sus recaudaciones locales al efecto de que los pobladores no se muden a otra jurisdicción y para atraer inversiones, lo cual tiende a la prudencia en materia del gasto, y la coparticipación al gobierno central debiera ser exclusivamente para atender a la justicia federal, las relaciones exteriores y la defensa.

Noveno, la denominada redistribución de ingresos llevada a cabo por los aparatos estatales no es función gubernamental puesto que la distribución queda en manos de la gente que pone de relieve con sus preferencias y necesidades en los procesos de mercado lo cual hace que los comerciantes que atienden esas necesidades y preferencias obtienen ganancias y los que yerran en ese objetivo incurren en quebrantos, lo cual excluye toda posibilidad de empresarios prebendarios que se alían con el poder de turno para obtener privilegios que en toda ocasión atentan contra el bienestar de sus semejantes.

Y décimo, la eliminación de todas las cargas arancelarias y no arancelarias que siempre obligan a desembolsar mayor erogación por unidad de producto con lo que el nivel de vida de los locales empeora, en lugar de liberar recursos humanos y materiales para atender otras necesidades. Esto significa no limitar el comercio libre a zonas de integración regional sino la integración al mundo en un contexto donde se acepte que el monopolio legal constituye una seria amenaza para la población y el dumping destructivo es el realizado compulsivamente con los recursos de terceros, por ejemplo, a través de las “empresas estatales” deficitarias.

Como anunciamos al comienzo, aquí refiero sumariamente algunos ejemplos de reducción en la dimensión del aparato estatal a los que he dedicado mayores espacios en otras oportunidades, en este caso para poder aplicar el decálogo que antecede.

En primer lugar, la importancia vital de abrir el proceso educativo a la competencia sin la existencia de ministerios de educación o de cultura que se arroguen la facultad de dictaminar sobre estructuras curriculares y exento de instituciones estatales que inexorablemente perjudican a los más pobres que se hacen cargo de los costos debido a la contracción de inversiones por parte de los contribuyentes de jure.

Es imperioso eliminar todas las embajadas puesto que a diferencia de lo que tenía lugar en la época de las carretas, las comunicaciones y teleconferencias de la actualidad hacen que resulten del todo superfluas las lujosas mansiones, los pasaportes diplomáticos y los nutridos séquitos del caso.

Debe contarse con mercados laborales libres sin las concepciones fascistas de representaciones coactivas y “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo ajeno al efecto de liberar recursos humanos y materiales al introducirse innovaciones tecnológicas que incentivan a los empresarios a sacar partida de nuevos arbitrajes para lo cual requieren capacitaciones en los nuevos destinos.

No tiene sentido mantener a las mal llamadas “empresas estatales” puesto que en toda circunstancia implica asignar los siempre escasos recursos en áreas que no son prioritarias para la gente y si se constituyen en las que demanda la población resulta superflua la intervención con el consiguiente ahorro en gastos administrativos en un contexto donde no cabe la impostura de jugar al empresario que siempre es arriesgando fondos propios, todo lo cual naturalmente empeora si la “empresa” en cuestión arroja déficit.

En el Poder Ejecutivo habría que eliminar todos los ministerios y convertirlos en secretarias de relaciones exteriores, defensa, interior y una vinculada a las finanzas públicas, todas trabajando en la casa de gobierno al efecto de poder vender los inmuebles que hasta el momento albergaban esas y otras muchas reparticiones que habría que borrar del organigrama.

En el ámbito del Poder Legislativo se debería reducir drásticamente la representación en diputados y contar con un senador por jurisdicción provincial, y en ambas cámaras que todos trabajen tiempo parcial con severas limitaciones temporales para legislar lo cual significa restringirse al estudio y promulgación del presupuesto y a la estricta protección a los derechos de las personas.

Es urgente reformar el mal llamado “sistema de seguridad social” -en verdad sistema de inseguridad antisocial- que para cualquiera que haya explorado algo de análisis actuarial se percata de que el sistema de reparto obligatorio estafa a los pensionados que han aportado durante su vida activa para recibir montos inaceptables. Hay quienes sostienen la insensatez de que si los aparatos estatales no obligan a prever para la vejez el titular no lo hará, sin tener en cuenta los ejemplos de inmigrantes paupérrimos que llegaban a costas desconocidas y ahorraban de sus trabajos para adquirir departamentitos y terrenitos que luego fueron esquilmados por demagogos que instauraron el referido sistema vergonzoso. Por otra parte, si fuera cierta la irresponsabilidad mencionada, habría que destacar una estructura policial para asegurarse que el pensionado no dilapide su ingreso. El fruto del trabajo ajeno es sagrado y cada uno debería darle el destino que considere mejor.

En la jurisdicción de la Justicia debería fortalecerse el sistema de árbitros privados sin ninguna limitación para generar procesos abiertos y competitivos en el descubrimiento del derecho y no como resultado del diseño y la ingeniería social. En cuanto a las cárceles, deberían privatizarse, en cuyo contexto el delincuente trabaja para resarcir a la víctima y para financiar su alojamiento y no dejar desamparada a las víctimas y además imponer cargas fiscales a toda la sociedad para mantener criminales.

En lugar de criticar las formas arbitrarias de distribución de la pauta publicitaria por parte de un organismo oficial, habría que cerrarlo y tercerizar lo que el Gobierno considere pertinente anunciar o hacerlo a través de conferencias de prensa.

Asimismo, las oficinas estatales de construcción de estadísticas habría que sustituirlas por entidades privadas en un contexto de auditorias cruzadas y competitivas para asegurarse la calidad de las mismas según sean los requerimientos de la población.

Como tantas veces he escrito, es necesario reafirmar que el voto es un derecho y no una obligación en el contexto de la eliminación de las llamadas listas sábanas y equivalentes para sustituir por procedimientos compatibles con el sistema republicano para que resulte claro que el proceso electoral es el aspecto formal de la democracia y su aspecto sustancial es la protección de los derechos individuales.

Por último en este resumen telegráfico, junto con la arriba mencionada prohibición de contraer deuda pública, es imperioso subrayar la también referida necesidad de liquidar la banca central ya que cualquiera de los tres caminos que elija para operar, sea expandiendo la base monetaria, contrayéndola o dejándola inamovible, en cualquiera de las tres variantes estará necesariamente distorsionando los precios, que son los únicos indicadores para asignar recursos eficientemente con lo que la población se empobrece. Como queda consignado, es indispensable que la gente pueda elegir los activos monetarios que sean de su preferencia sin la imposición del curso forzoso. En la medida en que se vayan adoptando estas políticas pueden irse introduciendo reformas fiscales compatibles con un sistema genuinamente republicano sin interferencias de un Leviatán desbocado que aniquila las libertades individuales tan ponderadas por todos los grandes maestros de la ciencia jurídica y la economía.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

El mensaje liberal

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 1/10/17 en: http://www.elpais.com.uy/opinion/columnistas/alberto-benegas-lynch/mensaje-liberal.html

De entrada decimos que la mejor definición del liberalismo es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Es una tradición de pensamiento basada principalmente en la moral que además permite el mayor progreso material, especialmente para lo que menos tienen.

Frente a esta posición están quienes sostienen que deben dejarse de lado las autonomías de las personas en pos de un supuesto bien común que en verdad es inexistente debido principal aunque no exclusivamente al ataque a la institución de la propiedad. Comenzando por el propio cuerpo, luego por la libertad para expresar el pensamiento y, finalmente, por el uso y disposición de lo adquirido lícitamente.

Es del caso detenerse en esto último. Cuando los aparatos estatales intervienen en los precios están, de hecho, interviniendo en la propiedad puesto que son el resultado de arreglos contractuales libres y voluntarios. En el extremo, al abolir la propiedad como aconseja el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, el sistema económico se queda sin las únicas señales para operar, es decir, los precios. En este caso no se sabe si conviene construir los caminos de oro o de asfalto y si alguien levanta la mano y dice que con el metal aurífero sería un derroche es porque recordó los precios relativos antes de eliminar la propiedad privada.

En otros términos, no hay tal cosa como una «economía socialista» puesto que no puede economizarse donde no hay contabilidad ni evaluación de proyectos. Y si en lugar de abolir la propiedad, los gobiernos la distorsionan, en esa medida los precios quedarán desfigurados con lo que el derroche será en esa misma medida.

A su vez, el derroche de capital inexorablemente reduce salarios e ingresos en términos reales puesto que el volumen de inversiones es la única causa de la mejora en el nivel de vida. No hay magias. Sería interesante que los salarios pudieran elevarse por decreto, con lo que habría que dejarse de timideces y hacernos todos millonarios.

Ahora bien, el mensaje liberal no siempre es claro, demos solo cuatro ejemplos para ilustrar la idea. En primer lugar las recetas del llamado «ajuste» o el «shock». Ya bastantes ajustes y shocks tiene la gente desde que se despierta hasta que se acuesta para agregar reveses adicionales. De lo que se trata es de adoptar medidas responsables y prudentes para que la gente engrose sus bolsillos que han sido diezmados por el Leviatán al encarar actividades que no son propias de un sistema republicano y que empobrece a todos.

En segundo lugar, debería dejar de hablarse de «inversión pública» puesto que se trata de una contradicción en los términos. Cuando se ahorra se abstiene de consumir para invertir y este es un proceso por parte de quienes estiman que el valor futuro será mayor que el del presente. Esto me recuerda a la disposición argentina en la época del Dr. Alfonsín en cuanto a la implementación del así llamado «ahorro forzoso». No hay tal, se trataba de una exacción adicional. En las cuentas nacionales las mal llamadas inversiones públicas debieran computarse como gasto en activos fijos para diferenciarlos de los gastos corrientes.

Por otra parte, la ilusión de la inversión pública desconoce que, fuera de las misiones específicas del gobierno de una sociedad abierta de seguridad y justicia (que habitualmente son las faenas que no cumple para expoliar el fruto del trabajo ajeno), la asignación de recursos siempre es en una dirección distinta de la que hubiera decidido la gente (si fuera la misma dirección no habría necesidad de emplear la fuerza con ahorro de gastos administrativos).

Y no se diga que el voto suple esas decisiones puesto que la característica del proceso electoral es que se hace en bloque sin inmiscuirse el político en el caso por caso, a diferencia de los votos que se depositan cotidianamente en el supermercado y afines donde las compras y abstenciones de comprar revelan las cambiantes necesidades.

En tercer término, es útil precisar qué es el tan debatido «gradualismo». Si las medidas de orden financiero son buenas, cuanto antes se adopten mejor es. El decimonónico Frédéric Bastiat sostenía que cuando el gobierno se apoderaba de recursos más allá de las antedichas funciones específicas «se trata de robo legal». Si a un transeúnte le arrancan su billetera, una vez apresado el ladrón se debe reintegrar el botín a su dueño pero no gradualmente.

Por último, hay liberales que insisten con lo de «clases sociales» sin percatarse del significado de esa expresión. No hay clases o naturalezas distintas de personas, son todos seres humanos. El marxismo es consistente al haber propuesto esa denominación puesto que estima que la clase proletaria tiene una estructura lógica diferente a la del burgués, aunque nunca se explicó en qué se diferencia del silogismo aristotélico. Esa concepción la adoptó Hitler en su sistema criminal donde tatuaba y rapaba las víctimas para distinguirlas de sus victimarios.

Si se quiere aludir a los diversos ingresos, es mejor hacer referencia a los altos, medios y bajos pero hablar de «clase baja» es además repugnante, «alta» es estúpido y «media» es anodino.

La deuda pública en EE.UU.

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado en https://www.cronista.com/columnistas/La-deuda-publica-en-EE.UU.-20170914-0046.html

Cuando Jefferson recibió la flamante Constitución estadounidense en París, escribió que si hubiera podido introducir una reforma la hubiera concretado en la prohibición al gobierno de contraer deuda pública. Esta manifestación jeffersionana se basaba en su idea que la deuda gubernamental compromete los patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en las elecciones que entronizan al aparato estatal que contrajo la deuda.

Mucho más adelante, el premio Nobel en Economía, James M. Buchanan expresó algo similar referido a la vinculación de la deuda pública con la democracia.

En estos momentos, hay reuniones en Washington para negociar otro corrimiento del techo legal a la deuda que ahora alcanza a los veinte billones de dólares (trillones en el léxico norteamericano: veinte seguido de doce ceros). Esto significa unos setenta mil dólares por habitante y representa más del cien por cien del producto bruto.

La negociación de referencia se basa en el empecinamiento del presidente Donald Trump en construir un muro al sur del país en el límite con México al efecto de dar rienda suelta a sus veleidades xenófobas ya que el gobierno de ese país se niega a financiarlo, al contrario de lo que Trump había anunciado pomposamente en su campaña.

Estas conversaciones algunas cordiales y otras no tanto se desarrollan en el contexto de pretendidas reducciones impositivas, al tiempo que el presidente de marras apunta a elevar el gasto público con lo cual la situación fiscal empeoraría sensiblemente.

En realidad el tema de la deuda estatal se vincula a la mal llamada inversión pública que es en verdad una contradicción en términos. Como es sabido, una inversión se realiza en el contexto de evaluaciones subjetivas por parte de quienes estiman que el valor futuro será mayor que el del presente. El desatino de la denominada inversión pública nos recuerda la disposición del Dr. Alfonsín sobre el ahorro forzoso. No hay tal, se trataba de una exacción adicional.

En las cuentas nacionales debieran contabilizarse estas operaciones como gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes. Seguramente no se aceptará la patraña si le arrancáramos la billetera a un transeúnte con la promesa que destinaremos el botín para invertirle el dinero. Del mismo modo ocurre con el Leviatán.

El uso de la fuerza es incompatible con la noción de invertir, es por definición un proceso voluntario.

En Estados Unidos, el otrora baluarte del mundo libre, no puede seguir ilimitadamente con la parodia de elevar el techo de la deuda y seguir gastando alegremente. No sería raro que ciertos acreedores pretendieran en algún momento recuperar el principal y no conformarse con los intereses.

En ese supuesto caso podemos vislumbrar a los patrioteros de siempre alegando que se trata de un acto de guerra. Vivir con lo que se tiene es un buen consejo.

NUEVOS LÍMITES AL PODER POLÍTICO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Estamos observando una marcada decadencia en el mundo. No se trata de sostener que “todo tiempo anterior fue mejor”, para un análisis de esa naturaleza siempre deben estudiarse períodos y temas específicos en los que efectivamente encontraremos momentos mejores pero también mucho peores. En todo caso, lo que hoy vemos es que en la enorme mayoría de los países europeos el nacionalismo ha escalado a posiciones electorales sumamente amenazantes. En Estados Unidos, independientemente de los resultados en las urnas, se comprueba un avance notable de populismo y un apartamiento manifiesto de los valores de los Padres Fundadores . Y en Latinoamérica las situaciones de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador son patéticas (para no decir nada de Cuba, la reversión parcial en Chile y los zigzagueantes y por momentos pastosos acontecimientos argentinos después de los extremos estatistas del gobierno anterior al actual), además, salvando las distancias, de las compadradas y barrabasadas del tirano de Corea del Norte.

En el centro de casi todas estas situaciones se encuentra una manifiesta degradación de la noción de la democracia que, en la práctica, se ha desviado por completo de los ideales de los Giovanni Sartori de nuestra época para mutar en cleptocracia. Es curioso pero la mayoría de las personas opera como si la insistencia en una receta fallida producirá en el futuro resultados distintos de los que ocurren una y otra vez. Es imperioso dar la voz de alarma porque, como decía Einstein, una política que da malos resultados no será distinta por el hecho de que se insista en sus recetas.

Las alianzas y coaliciones, a la larga o a la corta se dirigen al despeñadero en cuanto al abandono de la protección gubernamental de los derechos individuales. Si continúa este espectáculo, tarde o temprano se habrá aniquilado la sociedad abierta y lo peor es que será “en nombre de la democracia”.

En otras oportunidades me he referido a las propuestas de Friedrich Hayek en cuanto a reformas en el Poder Legislativo y a las propuestas de Bruno Leoni para el Judicial. También he citado un pasaje poco conocido de Montesquieu de su obra más difundida, aplicable al Ejecutivo donde consigna que “El sufragio por sorteo está en la índole de la democracia”. Esto sorprende a muchos y se preguntan si realmente cualquiera pueden ser elegidos (de los mayores de edad y dispuestos al cargo). Esta sorpresa incentiva a que la población se preocupe y se ocupe de resguardar sus vidas y propiedades, lo cual es precisamente lo que se requiere: incorporar en los marcos institucionales serias protecciones a los derechos y no entretenerse con nombres de candidatos. Como ha apuntado bien Karl Popper la criticar las ideas del “filósofo rey” de Platón: “lo relevante son las instituciones y no las personas al efecto de que los gobiernos hagan el menor daño posible”.

Como es bien sabido, hay otras propuestas en cuanto al establecimiento de límites al gasto público y a la presión tributaria y la prohibición del déficit fiscal y -en paralelo con la contradicción en términos denominada “inversión pública”- la prohibición de endeudamiento público al rechazar supuestas ventajas intergeneracionales, con el argumento de que es contrario a los preceptos de la democracia ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió al gobernante que contrajo la deuda. Otros han enfatizado la necesidad de eliminar la banca central y más allá señalan la importancia de contar con un genuino federalismo fiscal y la eliminación de impuestos directos al efecto de retomar la tradición alberdiana en la Argentina o la de los Padres Fundadores en EEUU para acelerar la recuperación de los más pobres (o todas estas medidas combinadas).

Estas propuestas pueden o no ser aceptadas y es necesario que sean debatidas pero lo que no es admisible es que no se haga nada a la espera de un milagro.

En esta nota periodística agrego otra propuesta a la que ya me he referido antes. Se trata del Triunvirato en el Poder Ejecutivo. Hay muy pocas personas que no se quejan (algunos están indignados) con los sucesos del momento en diferentes países tradicionalmente considerados del mundo libre. Las demoliciones de las monarquías absolutas ha sido sin duda una conquista colosal pero la caricatura de democracia como método de alternancia en el poder sobre la base del respeto a las minorías está haciendo agua por los cuatro costados, es imperioso el pensar sobre posibles diques adicionales al efecto de limitar el poder político por aquello de que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Tres personas votando por mayoría logran aplacar los ímpetus de caudillos y permiten tamizar las decisiones ya que el republicanismo exige que la función de esta rama del gobierno es ejecutar lo resuelto por el Poder Legislativo básicamente respecto a la administración de los fondos públicos, y el Judicial en lo referente al descubrimiento del derecho en un proceso fallos en competencia.

Se podrá decir que las decisiones serán más lentas y meditadas en un gobierno tripartito, lo cual se confunde con la ponderación y la mesura que requiere un sistema republicano. De todos modos, para el caso de un conflicto bélico, sería de interés que las tres personas se roten en la responsabilidad de comandantes en jefe.

Uno de los antecedentes más fértiles del Triunvirato se encuentra en los debates oficiales y no oficiales conectados a la Asamblea Constituyente de los Estados Unidos. Según la recopilación de los respectivos debates por James Madison que constan en la publicación de sus minuciosos manuscritos, el viernes primero de junio de 1787 Benjamin Franklin sugirió debatir el tema del ejecutivo unipersonal o tripartito. A esto último se opuso el constituyente James Wilson quien fue rebatido por Elbridge Gerry (luego vicepresidente del propio Madison) al explicar las ventajas del triunvirato para “otorgar más peso e inspirar confianza”. Edmund Randolph (gobernador de Virginia, procurador general del estado designado por Washington y el segundo secretario de estado de la nación) “se opuso vehementemente al ejecutivo unipersonal. Lo consideró el embrión de la monarquía. No tenemos, dijo, motivo para ser gobernados por el gobierno británico como nuestro prototipo […] El genio del pueblo de América [Norteamérica] requiere una forma diferente de gobierno. Estimo que no hay razón para que los requisitos del departamento ejecutivo -vigor, despacho y responsabilidad- no puedan llevarse a cabo con tres hombres del mismo modo que con uno. El ejecutivo debe ser independiente. Por tanto, para sostener su independencia debe consistir en más de una persona”. Luego de la continuación del debate Madison propuso posponer la discusión en cuanto a que el ejecutivo debiera estar formando por un triunvirato (“a three men council”) o debiera ser unipersonal hasta tanto no se hayan definido con precisión las funciones del ejecutivo.

Este debate suspendido continuó informalmente fuera del recinto según los antes mencionado constituyentes Wilson y Gerry pero con argumentaciones de tenor equivalente a los manifestados en la Asamblea con el agregado por parte de los partidarios de la tesis de Randolph-Gerry de la conveniencia del triunvirato “al efecto de moderar los peligros de los caudillos”. El historiador Forrest Mc Donald escribe (en E Pluribus Unum. The Formation of the American Republic, 1776-1790) que “Algunos de los delegados más republicanos […] desconfiaban tanto del poder ejecutivo que insistieron en que solamente podía ser establecido con seguridad en una cabeza plural, preferentemente con tres hombres”.

Sin duda alguna que la perfección no está al alcance de los mortales, de lo que se trata es de minimizar costos para lo cual debe tenerse presente que, en esta materia y en ninguna otra, se puede llegar a un punto final en un proceso continuo de prueba y error. En este contexto debe saberse que, como diría Benedetto Croce, la historia es “la hazaña de la libertad” y como apuntó George Mason “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”. Herbert Spencer en las últimas líneas de El hombre contra el estado celebra el derrocamiento de las antes aludidas monarquías absolutas pero advierte de los peligros de las mayorías parlamentarias. Es hora de reconocer que los esfuerzos por limitar el poder hasta el presente han resultado en un fracaso, tal como lo consigna el antes mencionado Hayek en las primeras doce líneas de edición original de Law, Legislation and Liberty.

En otros lugares se establecieron triunviratos pero sin la suficiente perseverancia. Tal es el caso, por ejemplo, en lo que después fue la Argentina, en cuyo caso las respectiva disposición plasmada en el decreto del 23 de septiembre de 1811, establecía en la parte pertinente que “Teniendo consideración a la celeridad y energía con que deben girar los negocios de la patria […] la Junta ha acordado constituir un Poder Ejecutivo compuesto de tres vocales”. En medio de tensiones varias, el 23 de noviembre Bernardino Rivadavia redacta una disposición del nuevo gobierno denominada Decreto sobre Seguridad Personal en cuyo Preámbulo se lee que “Todo ciudadano tiene un derecho sagrado a la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de sus propiedades” seguido de nueve artículos sobre las libertades civiles que más adelante sirvieron de base para la Constitución liberal de 1853 sugerida principalmente por Juan Bautista Alberdi. El 23 de enero de 1812 se promulgó el Reglamento de Justicia sustituyendo la Real Audiencia por una Cámara de Apelaciones local, y por decreto del 19 de abril del mismo año se extendieron las libertades al comercio exterior abriendo las aduanas y el 8 de octubre se sustituye este Primer Triunvirato por un Segundo Triunvirato mientras se suscitaban debates sobre esta forma de gobierno apoyada decididamente por José de San Martín. Sin embargo, finalmente prosperó la idea opuesta, principalmente esgrimida por Carlos María de Alvear y, posteriormente, en el seno de lo que se conoció como la Asamblea del año xiii, se dispuso que el ejecutivo sería a partir de entonces unipersonal.

En otras palabras, estas líneas pretenden sacudir la modorra e intentan despejar telarañas y cerrojos mentales y abrir un debate sobre el tema de los límites al poder. Aunque se rechacen las propuestas aquí mencionadas, es indispensable hacer trabajar las neuronas al efecto de imaginar nuevas vallas para detener el precipitado avance de un Leviatán cada vez más adiposo y destructivo.

Presentes griegos en materia fiscal

Por Alberto Benegas Lynch (h). Pubicado el 24/7/15 en: http://economiaparatodos.net/presentes-griegos-en-materia-fiscal/

Homero en la Odisea y varios siglos más tarde Virgilio en Eneida nos relatan la estratagema de invadir militarmente vía el regalo del Caballo de Troya, de ahí “el presente griego” que no solo puede aplicarse a la situación de Grecia hoy con su colosal endeudamiento presentado como una ayuda que hunde a los griegos, sino que puede aplicarse a toda política que aparentemente beneficia pero que en definitiva arruina como es el caso del estatismo en general.

En esta nota quiero centrar brevemente la atención en un aspecto del antedicho estatismo. Me refiero a las falacias tejidas en torno a la política fiscal que tratamos en los siguientes diez puntos (el decálogo tiene buena prensa), todos de una u otra manera disfrazados de “presentes griegos”: la inexistencia de la traslación fiscal, la idea equivocada de los llamados impuestos al consumo, la relevancia de la curva Laffer, lo destructivo de la progresividad impositiva, una mirada más atenta a los principios de nacionalidad y territorialidad, la variante del valor agregado, el verdadero federalismo fiscal, la noción contradictoria de la “inversión pública”, los ineludibles desajustes de la exención fiscal y el equilibrio de la caja concebido como un fin en si mismo.

1. Los costos de producción no determinan el valor que el consumidor le atribuye al bien o al servicio a través de los precios que paga. El valor procede de la utilidad marginal. Si los costos determinaran los precios no habría quebrantos. El empresario cobra los precios más altos que le permite la elasticidad de la demanda. Si cualquiera de sus costos se elevaran, el empresario obtendrá menores ganancias o incurrirá en pérdidas pero, ceteris paribus, no puede trasladarlos a los precios. Por ello es falso afirmar que en verdad el incremento de impuestos (o para el caso cualquier costo adicional) sencillamente los traslada a los precios sin que cambie la estructura de la demanda (que en el límite puede ser cero). Si, por otra parte, por ejemplo, se triplicaran los impuestos en una comunidad, los precios se elevarán, no porque hubo traslación fiscal sino por la consecuente caída abrupta en la productividad y, por ende, al haber menor oferta los precios suben. Cuando esto ocurre y en la medida en que sucede no debe confundirse con el espejismo de “la traslación”.

2. En finanzas públicas clásicas se clasifican los gravámenes en directos e indirectos. Los primeros gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva (por ejemplo, a las ganancias), mientras que los segundos gravan la manifestación indirecta de la capacidad contributiva (por ejemplo, los gastos). Pues bien, de ello se suele concluir equivocadamente que estos últimos impuestos son “al consumo” sin percibir que todos los impuestos son al patrimonio (no hay forma que se abonen con otra cosa). Si se grava una empresa de chocolates -un bien considerado de consumo- se concluye que ese impuesto es “al consumo” sin tener en cuenta que la referida empresa se hará cargo del tributo con su patrimonio si es que hemos entendido el punto anterior respecto a la supuesta traslación.

Más aun, el contribuyente de jure al ver reducido su patrimonio y la consecuente capacidad de inversión hace que los salarios e ingresos en términos reales disminuyan con lo que aparecen los contribuyentes de facto, es decir, en última instancia todos se hacen cargo de los gravámenes, muy especialmente los más débiles económicamente puesto que por la antedicha utilidad marginal sabemos que un peso para un pobre no es lo mismo que uno para un rico (aunque no sean posibles las comparaciones intersubjetivas ni factible referir esto en números cardinales).

Además, si bien conceptualmente es del todo pertinente aludir a bienes de consumo y bienes de inversión o de capital, ni siquiera resulta posible clasificarlos en abstracto de la acción concreta ya que las valorizaciones son subjetivas (una botella de vino será un bien de consumo si se bebe su contenido y de inversión si se la almacena). Por último en este punto, se da la paradoja que cuando se elevan los impuestos a los bienes de consumo con la idea de preservar la inversión, se produce un cambio en la preferencia temporal al reducirse el patrimonio para hacer frente al denominado “impuesto al consumo” y, por tanto, ¡se reduce aun más la inversión!

3. Como es sabido, la curva Laffer se muestra en un gráfico en donde en la ordenada aparece la presión tributaria y en la abscisa la recaudación fiscal, donde la curva aparece en forma de u acostada con el “vértice” haca la derecha. La curva de marras muestra que al aumentar la presión fiscal se incrementa la recaudación hasta un punto en donde los aumentos adicionales revierten la situación en el sentido de que generan menor recaudación. Esto es debido a las antes mencionadas lesiones en la estructura productiva. El asunto es que se suele sostener que la presión tributaria debe ubicarse en el óptimo fiscal, es decir, donde se obtiene la máxima recaudación con los gravámenes más altos posibles antes de la aludida reversión. Pero esta cuestión no debe ser mirada de esa manera, a saber, con criterio de voracidad fiscal, sino más bien el punto de menor recaudación posible al efecto de garantizar la protección de derechos, es decir, el punto mínimo fiscal.

4. Autores como Pigou han concluido que dada la utilidad marginal que venimos comentando y, como hemos apuntado, un peso para un pobre tiene mayor valor que uno para un rico debe aplicarse la progresividad en el impuesto ya que la pérdida del rico será menor que la ganancia del pobre por lo que habrá una ventaja neta para la comunidad. Esto así considerado no se condice con el sentido mismo de la utilidad marginal que debe aplicarse al consumidor que no le da lo mismo asignar sus siempre escasos recursos en cualquier dirección, por lo que habrá una pérdida neta en la medida que los tributos desfiguren sus preferencias, lo cual, adicionalmente perjudicará a los relativamente más pobres debido al consumo de capital que implica la reasignación compulsiva de factores de producción.

Por otro lado, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, lo cual no sucede con los impuestos proporcionales, situación aquella que agrava lo dicho sobre la pérdida neta. También la progresividad se traduce en regresividad ya que, como queda dicho, la contracción en las inversiones en los contribuyentes de jure hace que los salarios se reduzcan con lo que terminan haciéndose cargo en mayor medida los relativamente más débiles (económicamente considerados). En verdad, resulta por lo menos curioso que se mantenga que debe producirse lo más que se pueda y, al mismo tiempo, se castigue progresivamente a los que más producen.

5. Al efecto de evitar la antes referida voracidad fiscal, debe abandonarse el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria para aplicar solo el principio de territorialidad puesto que las obligaciones de respetar derechos por parte de los gobiernos procede dentro de su jurisdicción. No es compatible con una sociedad abierta la persecución fiscal fuera de la jurisdicción correspondiente siguiendo los pasos del ciudadano por el orbe para incrementar la recaudación aunque la empresa o la persona se encuentren en otras jurisdicciones nacionales.

6. Todos los impuestos podrían reducirse al de valor agregado y al impuesto territorial, ambos con alícuotas mínimas proporcionales en lugar de contar con farragosas disposiciones fiscales donde la doble imposición es generalmente la norma y donde el denominado contribuyente debe recurrir a “expertos fiscales” para conocer sus obligaciones, en lugar de liberar a esos personajes para que puedan dedicarse a actividades útiles si se simplificara la legislación respectiva. El impuesto al valor agregado tiene la ventaja que es más económico debido al sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que alivia los controles y puede abarcar a todo el espectro y toda la base fiscal sin discriminaciones ni problemas con los antes aludidos impuestos al consumo y a la inversión. Por su lado, el impuesto territorial se basa en que quienes tienen propiedades en el país en cuestión pero no viven allí se hacen cargo de la parte que les corresponde debido a que el gobierno debe velar por esas propiedades.

7. Las provincias o los estados son los que constituyen la nación en un régimen federal, por ende, son aquellos los que deben coparticipar al gobierno central y no al revés. En ese caso, si se distribuyeran todos los gravámenes entre las provincias o estados, excepto los referidos a las relaciones exteriores y a la defensa, los incentivos operarán en el sentido de que los gobernadores locales tenderán a implantar cargas fiscales razonables a los efectos de que las personas no se muden a la provincia o al estado vecino y, por otra parte, para atraer el mayor volumen de inversiones posible. Estos incentivos a su vez tenderán a reducir el gasto público como consecuencia de una estructura impositiva equitativa (lo cual implica cuidado con el endeudamiento que a la larga o a la corta es financiado con impuestos). Esto es parte fundamental del sentido de evitar los grandes riesgos de contar con un gobierno centralizado y, en el extremo, un gobierno universal. Desde la perspectiva liberal, esta es la única razón que justifica las fronteras: el fraccionamiento del poder.

8. También en finanzas públicas clásicas se insiste con la denominación de “inversión pública” cuando en rigor constituye una contradicción en los términos. La inversión es eminentemente de carácter voluntario, no puede ser el resultado de la fuerza. Del mismo modo que carece por completo de sentido hablar de “ahorro forzoso” como efectivamente ha intentado imponer algún gobierno descarriado hace relativamente poco tiempo. La inversión consiste en abstención de consumo que es ahorro cuyo destino es siempre la inversión, y se lleva a cabo porque se estima que el resultado de ese destino derivará en un valor futuro mayor que el presente. En los presupuestos nacionales los rubros debieran ser gastos corrientes y gastos en activos fijos pero no “inversiones” por las razones señaladas.

9. A igualdad en el volumen de recaudación, las exenciones fiscales significan que otros deben hacerse cargo de mayores gravámenes por la diferencia. Y si el gobierno del caso declarara que se reducirá el gasto público en la misma proporción de las exenciones para que otros no vean incrementadas sus alícuotas, debe responderse que, entonces, deberían reducirse todas las alícuotas pero no otorgar perdones fiscales que distorsionan los precios relativos, lo cual, a su turno, hace que algunos reglones y áreas aparezcan con rentabilidades artificiales con lo que se asignan recursos de modo que responden a las inclinaciones políticas imperantes y no a lo que resulta económico.

10. No es infrecuente que se otorgue prioridad a tener un balance fiscal equilibrado, es decir, que no haya déficit en las cuentas públicas sin prestar prácticamente atención al volumen del gasto público que es lo verdaderamente relevante. Como decimos, en algunos casos parecería que se centra la atención en este problema sin atender el nivel del gasto estatal que es la verdadera razón de la quita al fruto del trabajo ajeno. No es en modo alguno que deba subestimarse el desorden fiscal en las cuentas, se trata de enfatizar la importancia del derroche que realizan gobernantes en campos que no le competen (muchas veces financiado también con deuda pública interna y externa, tema que hemos abordado en detalle en otros trabajos, del mismo modo que lo hemos hecho respecto a la política monetaria).

Las inundaciones y la oposición-K

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 8/4/13 en http://economiaparatodos.net/las-inundaciones-y-la-oposicion-k/

No se puede exagerar la tragedia y dolor que le ha tocado vivir a los damnificados por las inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, La Plata y otras regiones de la Provincia de Buenos Aires.

Mucho se ha escrito, correctamente, sobre la desidia y responsabilidad de un gobierno que prefiere gastar recursos en publicidad oficial y Fútbol Para Todos sobre las inversiones públicas que hubiesen, posiblemente no evitado, pero ciertamente salvado vidas ante tormentas como las de la semana pasada. El kirchnerismo tiene un claro problema de prioridades. Un gobierno que hace uso y abuso de los recursos públicos para disciplinar y castigar a competidores políticos a expensas del ciudadano no puede justificarse en la mala suerte (“la lluvia no es radical ni peronista”) ni puede evitar cargar con una responsabilidad mayúscula sobre todas las obras que no se hicieron. Sectores de la oposición, sin embargo, al acompañar a lo largo de los últimos años medidas populistas del kirchnerismo cargan también con una importante responsabilidad. El caso de la expropiación de YPF es un ejemplo clarificador.

El ahogo económico que el proyecto “Nac & Pop” impuso sobre el sector energético vía congelamiento de precios y tarifas llevó a un proceso de desinversión y a la pérdida de la “autosuficiencia energética.” De allí la necesidad de importar energía de otros países. En un acto de puro populismo y demagogia se decide expropiar (saltándose los pasos que establece la Constitución Nacional) Repsol YPF y la misma pasa a ser virtualmente manejada por servidores públicos nombrados por el Kirchnerismo. La producción energética no aumentó, lo cual no debería sorprender a nadie. Por el contrario, las necesidad de importación de energía se siguen incrementando dado el aumento en la demanda de energía y en la caída de la producción. Los recursos destinados a la importación de energía podrían haberse utilizado en la construcción de obras públicas que hubiesen contribuido a disminuir la tragedia de la semana pasada de haber tenido una política económica coherente y atraer inversiones en lugar de ahuyentarlas con expropiaciones para la tribuna. Sin la participación de un sector privado atraído por las perspectivas futuras del país, el estado debe elegir entre financiar la importación de energía o ocuparse de la infraestructura del país. De haber permitido el desarrollo de un sector energético pujante los mismos recursos podrían haberse asignado a infraestructura, mientras que los recursos del sector energético provienen de inversores locales e internacionales.

¿En qué estaba pensando la oposición cuando votaba a favor de una expropiación (inconstitucional) como la de YPF? ¿Pensó esta oposición-K de dónde saldrían los recursos necesarios para afrontar el costo de la expropiación? ¿Acaso votar la expropiación por que así lo “manda el corazón”, como se expresó algún representante, es un argumento válido para justificar el despilfarro en un populismo que se cobra vidas (Once, inseguridad cotidiana, inundaciones, etc.)? Es cierto, los problemas energéticos son anteriores a la expropiación de YPF, pero la oposición que acompañó tal medida avaló la política populista cuyo fracaso no se puede esconder y, como tal, no deja de ser un ejemplo ilustrativo de que la responsabilidad política no cae sólo en el gobierno nacional, sino también en quien avaló y contribuyó a construir el populismo K. ¿Cuántos de los opositores-K que votaron la expropiación de YPF están hoy cuestionando hoy el uso de recursos del kirchnerismo? ¿Qué hubiese hecho distinto la oposición-K y los que se dejan “llevar por el corazón” si hubiesen estado a cargo de la cantidad de recursos de la que dispone el Kirchnerismo? Pensar que una medida es eficiente por qué así lo dictan sentimientos nacionalistas denota un grave grado de confusión. Un dirigente que al momento de defender las instituciones se deja llevar por el corazón, y no por la razón, es altamente peligroso. No es su fortuna la que este tipo de dirigente somete a sus ánimos nacionalistas, sino los recursos tributarios de sus votantes.

Casos como el de YPF muestran que hay sectores de la oposición que, cuando tuvo espacio, acompañó el desmanejo de recursos del gobierno. Este no es el único caso, la estatización de las AFJP y acompañar un inentendible pacto con Irán son ejemplos del mismo tipo de actitud. ¿En qué estaba pensando la oposición cuando avaló la expropiación de los fondos de retiro y pensión del contribuyente para ponerlos en manos de la ANSES? Si había posibilidad de elegir entre las AFJP y el estado, ¿no es un rasgo típico del autoritarismo K el quitar la posibilidad de elegir al ciudadano? ¿Cuántos de los que votaron la estatización de las AFJP hoy critican la administración de los fondos que hace la ANSES?

Ser oposición en serio no es cuestionar la política del día a día, ni cuestionar arbitrariedades obvias como la del Indec. Ser oposición en serio tampoco es cuestionar el mal manejo de recursos que el mismo opositor votó en el Congreso. Ser oposición en serio es oponerse a esos mismos atropellos institucionales que han acompañado en más de una ocasión cuando se dejaron llevar por el corto plazo; tal cual hacen los gobiernos populistas.
El populismo, sea K, sea de la oposició-K, o sea de cualquier parte del mundo, tiene costos duros e ineludibles. En un país manejado por el kirchnerismo y una oposición-K no se puede exagerar la importancia de las instituciones republicanas, la seguridad jurídica de la propiedad privada y de las libertades individuales. La inundación de la semana pasada son una cruenta muestra que las instituciones no son un juego teórico y de semántica, sino que son un estandarte fundamental del crecimiento y desarrollo de las naciones.

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y profesor universitario.