Capitalismo, iniciativa “privada” y propiedad

Por Gabriel Boragina Publicado el 9/9/18 en:  http://www.accionhumana.com/2018/09/capitalismo-iniciativa-privada-y.html

 

Parece mentira que siga habiendo gente que continúe diciendo que vivimos en un mundo capitalista. Lo máximo que podemos afirmar, en tal sentido, es que vivimos en un mundo que sigue disfrutando -en una muy buena medida- de los logros de una época de pleno capitalismo que, evidentemente, hoy en día ya no existe en la mayor parte del planeta, donde los estados y sus gobiernos no han parado de avanzar, aunque más disimuladamente que cuando se lo hacía a mediados del siglo pasado.
Una visión en perspectiva claramente lo indica. Pero, desde luego, también es importante que se tengan conceptos claros respecto de lo que es y no es capitalismo, ya que no para todos es lo mismo. De allí que, sea siempre significativo aclarar que nuestra idea de capitalismo es algo bastante diferente a lo que la mayoría de la gente entiende por tal término.
En una mirada retrospectiva histórica, puede afirmarse -sin temor a error- que el capitalismo jamás operó a un cien por ciento de su potencialidad. Entendemos por capitalismo un conjunto de factores, de los cuales podemos enumerar solamente algunos, por ejemplo: libertad individual, iniciativa privada, y muchos otros más. Pero, de momento, me detengo en cuanto a este requisito fundamental del capitalismo que es la iniciativa privada.
Dado que es esencial al capitalismo este “tipo” de iniciativa, va de suyo que expresiones tales como “capitalismo de estado” no pueden tener cabida dentro de las posibles caracterizaciones del capitalismo, porque si es “de estado” resulta obvio que no puede haber aquí ninguna iniciativa privada, ya que de querer hablarse de “iniciativa” (al ser “de estado”) la única “iniciativa” seria estatal. Pero henos aquí que, en ningún “estado” puede tener lugar clase alguna de iniciativa, porque toda iniciativa puede recaer nada más que en individuos, que son los únicos entes vivos poseedores de voluntad, y sin voluntad es imposible que aparezca ningún ejemplo de iniciativa. Este es uno de los tantos usos deformados de nuestro lenguaje, cuando se utilizan términos de imposible plasmación práctica, como el de “iniciativa estatal” (por evidentemente imposible) o, asimismo, el de “iniciativa privada” que es una redundancia, porque no puede existir ninguna otra clase deiniciativa que no sea -justamente- privada. De donde, se hace necesario distinguir entre iniciativa privada y estatal, habida cuenta el grado de confusión semántica y conceptual en el que vivimos.
Pero es que, no basta la iniciativa “privada” para que tengamos capitalismo, toda vez que los burócratas también actúan dentro de la esfera estatal bajo su propia iniciativa (aunque estén constreñidos por ciertas leyes) sino qué debemos agregar otro factor más, y que es que tal iniciativa privada ha de recaer sobre el destino que se la da al fruto del propio trabajo y no del trabajo ajeno, es decir, necesito (para saber que estoy dentro de un sistema capitalista) no sólo de mi iniciativa privada, sino de poder usar y disponer de lo que es mío, porque si aplico toda o parte de mi iniciativa privada a tomar, usar y disponer de lo ajeno ya no estoy dentro de un sistema capitalista, sino de otra clase, que puede ser intervencionista, o socialista/comunista. Precisamente, el estatismo se maneja de esta última manera, donde un ejército de burócratas aplica su iniciativa privada o propia al uso y disposición de bienes y fortunas ajenas.
Cuando el capitalismo operó apenas a un 30% de su capacidad, lo que es lo mismo a afirmar que la iniciativa particular (mal distinguida como privada cuando no puede haber otra forma de iniciativa que no sea la de los individuos) tuvo una libertad de acción de alrededor de ese porcentaje para usar y disponer de lo suyo, la pobreza disminuyó allí donde lo hizo. Los registros históricos confirman esto, especialmente entre los años 1780 y la primera o segunda década del siglo XX. Puede verse en la bibliografía de Mises, Hayek, Rothbard, Hazlitt, y otros autores de la Escuela Austríaca de Economía.
Estos notables efectos en un período histórico relativamente breve pueden calificarse como de verdadero milagro económico para la humanidad.
De allí que, podemos inferir que, si se le permitiera hacerlo a escalas mayores, la pobreza disminuiría de manera inversa a esa escala. La brecha se acortó. También la historia confirma que ese “estado benefactor” jamás existió. Los estados fueron y siguen siendo hoy en día intervencionistas, como antes y durante la guerra fueron totalitarios en Alemania, Italia y España entre otros. En rigor, el “estado liberal” es una contradicción en términos.
No hay rico más peligroso para el pobre que el funcionario o burócrata enquistado en el gobierno. Este rico estatal es peligroso, el otro privado no. Es al rico gobernante al que no le importa el pobre. Al otro rico (el privado) si le importa, ya que lo necesita, sea como empleado sea como cliente, sea en ambos roles.
A veces se critica a los defensores del capitalismo diciendo que queremos regresar a la “época de los terratenientes”. Pero, tales críticos deben tranquilizarse, porque no vamos a “regresar” a los tiempos de los terratenientes, puesto que estamos viviendo esos tiempos. Ya hemos regresado. Al menos, en Sudamérica ese tiempo es el tiempo de hoy. Los grandes terratenientes de la modernidad son los Estados, mediante sus legislaciones, que otorgan dádivas y privilegios de toda índole a ese ente ficticio estatal que es administrado -de tanto en tanto- por personas diferentes que pertenecen a diversos partidos políticos pero que, en base a esas legislaciones estatistas, tienen un tremendo poder sobre vidas y haciendas ajenas. Hoy en día, los estados no sólo son terratenientes, sino que también dueños de nuestros patrimonios. No sólo tienen grandes posesiones en tierras, sino también en divisas, oro y dinero. El simple hecho de pensar que solamente los gobiernos tienen la facultad legal de despojarnos del fruto de nuestro trabajo (el instrumento se denomina impuesto, forma legal de llamar a lo que es robo en cualquier otro caso) nos da la pauta que la verdadera riqueza reside en los gobiernos, pero no por derecho propio, sino por derecho impuesto, es decir por saqueo.
Sólo que en lugar de hablar de “terratenientes” tendríamos que hacerlo de “dineros tenientes”. Para salir del dominio de estos poderosos es que tenemos que volver al capitalismo.
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Argentina y el dilema del gasto publico

Por Gabriel Boragina Publicado  el 22/8/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/08/argentina-y-el-dilema-del-gasto-publico.html

 

“El gobierno nacional y las provincias anunciaron el acuerdo para dictar una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Con este consenso se espera facilitar el tratamiento en el Congreso y la posterior adhesión de cada jurisdicción. El objetivo declarado es inducir a que en los tres niveles de gobierno se tienda a una administración más transparente y austera del gasto público. Para ello, se fijan límites al crecimiento del gasto público, el empleo y el endeudamiento y reglas para la publicación de información sobre las finanzas públicas.“[1]

Difícilmente estos objetivos se vean realizados con una simple reforma de la ley (en caso de lograrse) si no se modifica la política económica del gobierno. Como ya expresamos en otras ocasiones anteriores, la política económica del poder ejecutivo se encamina decididamente hacia una estrategia de tipo desarrollista. Prueba de ello son los discursos y los hechos concretos del gobierno en los que ambos se orientan a ambiciosos planes de obra pública, los que incluyen tanto la de infraestructura como habitacional. Sabido es que la obra pública, sea que la lleve a cabo el propio gobierno o la concesione a particulares, necesita recursos del Estado, y esos fondos imprescindiblemente se traducirán en incrementos del gasto público. Ergo, dificultosamente se pueda comprometer a través de esta ley mayor austeridad (la que también debería definirse claramente) cuando la política económica de fondo reclama una menor austeridad.

“La Ley de Responsabilidad Fiscal originalmente fue puesta en vigencia en el año 2005, pero a partir del año 2009 las reglas fueron relajadas al punto que se diluyó su operatividad. El argumento utilizado en ese momento para justificar las excepciones fue afrontar las consecuencias de la crisis internacional. La crisis pasó rápidamente, pero el relajamiento en la administración del gasto público se mantuvo. Con las reformas acordadas ahora se procura restablecer el espíritu original que inspiró en su momento la ley.“[2]

A ello hay que sumar lo dudoso que resulta que por medio de una ley se logre evitar los desbordes que, tanto los políticos como quienes los apoyan, promueven para que esas mismas leyes terminen infringidas. La ley se sancionó en 2005 y no consumó sus cometidos, en buen romance significa que ni el propio gobierno de entonces la cumplió ni tampoco hubo una exigencia de la ciudadanía en que se la observe. Ahora se trata de impulsar una nueva ley o una reforma (no queda claro el punto). Pero la cuestión clave sigue siendo el poco respeto de la ciudadanía (políticos incluso) de las leyes, que si bien se declaman, en los hechos se incumplen o se violan, en el mejor de los casos. Artilugios legales basados en la crisis internacional determinaron la inoperatividad de la ley (que técnicamente como tal puede ser excelente).

“Para evaluar la eficacia de las reformas consensuadas resulta pertinente tener en cuenta la dinámica que muestran las finanzas públicas en los tres niveles de gobierno en los últimos años. Según datos del Ministerio de Hacienda entre los años 2005 y 2015 se observa que:

* El gasto público nacional pasó del 14% al 26% del PBI.

* El gasto público provincial pasó del 12% al 17% del PBI.

* El gasto público municipal pasó de 3% a 4% del PBI”

Estos datos muestran que lo que prevaleció en la última década fue una enorme irresponsabilidad fiscal. Sumando los tres niveles de gobierno arroja que el gasto público consolidado pasó del 29% al 47% del PBI. De esta forma, el histórico crecimiento de la presión impositiva no fue suficiente para financiar semejante expansión de las erogaciones del Estado. El resultado es un desequilibrio de las cuentas públicas insostenible. El aspecto más negativo de este proceso es que este aumento de gasto público no brindó más y mejores servicios del Estado. Los resultados educativos, sanitarios, en materia de justicia y seguridad y servicios básicos en general muestran un severo deterioro.“[3]

Gasto público consolidado

Nación, provincias y municipios // En % del PBI

Si se considera que el objeto del gasto público es la educación, la sanidad, la justicia, seguridad y servicios básicos (no se aclara que significa esto último, porque lo básico para unos puede ser superfluo para otros), indicados -al mismo tiempo- que con los niveles de gasto explicitados anteriormente aun así aquellos rubros “muestran un severo deterioro”,¿qué puede esperarse si a todo esto (que a nuestro juicio es excesivo) se le agrega -además- un ambicioso plan de obras públicas que pretende abarcar a todo el país?. La única solución a este dilema es privatizar y desregular toda la economía, remedio que causa rechazo generalizado, ya que se lo asocia a la triste y malograda experiencia adoptada en los años 90 cuando se le dio ese nombre a la trasferencia de monopolios estatales a otros privados, se desreguló muy poco y mal, se financió todo con endeudamiento, y se implantó una política monetaria de tipo de cambio fijo en lugar de libre.

Pero, calculamos que difícilmente el gobierno vaya en esta dirección. El desarrollismo implícito que inspira la filosofía económica del presidente Macri y su equipo es claramente intervencionista, cree en un rol activo del estado-nación en la economía. Pero, adicionalmente, a ese desarrollismo le añade otro ingrediente -que no era propiamente desarrollista- y que es el asistencialismo, que está asociado con el populismo y el estado de bienestar.

“Las reformas acordadas sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal van en el sentido correcto. Sin embargo, resultan insuficientes para devolver sustentabilidad a las finanzas públicas, aun cuando todas las jurisdicciones se ajusten estrictamente a las pautas previstas.“[4]

Aunque los autores del informe no aclaran a qué tipo de insuficiencias se refieren, en el caso de ser las señaladas en los párrafos anteriores por nosotros podemos estar básicamente de acuerdo con ellos. Hace falta una profunda reforma del estado en el sentido apuntado por nosotros más arriba: desregular y privatizar todos los sectores económicos y reservar al gobierno el control de las leyes, la justicia y la seguridad, y… no más.

[1] IDESA. “RÉCORD DE GASTO PÚBLICO CERCENA EL PROGRESO”. Informe del 20 de agosto de 2017 – Número 718 (todas las negrillas corresponden al texto original).

[2] IDESA, Op. Cit. Ídem.

[3] IDESA, Op. Cit. Ídem.

[4] IDESA, Op. Cit. Ídem

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Populismo, desarrollismo y “Cambiemos”

Por Gabriel Boragina. Publicado el 6/7/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/07/populismo-desarrollismo-y-cambiemos.html

 

No dejan de sorprenderme muchos liberales que se sorprenden (y no es un juego de palabras) de la política económica seguida por el presidente Macri. Como si fuera una novedad que Macri no es liberal. Resulta claro que ni lo fue ni lo es. Y si bien, verbalmente nunca fue demasiado claro ni especifico respecto de sus ideas económicas, siempre lo resultaron sus políticas como Jefe de gobierno porteño. El presidente es un desarrollista, al estilo del expresidente Frondizi.

Veamos la definición de desarrollismo según el diccionario de economía:

“desarrollismo. Término poco preciso que estuvo en boga en los años sesenta y que se refería a la ideología que postula como meta de la sociedad y de la acción estatal la obtención de un acelerado crecimiento económico. El desarrollismo latinoamericano hacía énfasis en la transformación de las economías atrasadas de la región, concentrando los esfuerzos en la creación de una base industrial y la superación de la condición de países exportadores de materias primas. En la mayoría de los casos este desarrollismo asumió como modelo de crecimiento la llamada sustitución de importaciones, la que se intentó lograr mediante un elevado nivel de proteccionismo. (V. DESARROLLO; PROTECCIONISMO; SUSTITUCION DE IMPORTACIONES).”[1]

Va de suyo que el desarrollismo tiene pocos puntos de contacto con el liberalismo, o lo que algunos llaman las “políticas de libre mercado”. De tal suerte que, quienes desde el liberalismo se ilusionaron (o lo siguen haciendo) con un Macri “liberal” deberían ir moderando sus expectativas (el tiempo dirá si habrán de abandonar por completo tales esperanzas).

Pero ¿entonces el desarrollismo no es más que una variante del populismo? ¿No hay, en rigor, ningún verdadero “cambio” entre el populismo anterior y el desarrollismo actual?

Obviamente que ni el populismo ni el desarrollismo pueden llevarse a cabo sin recursos. Pero lo que diferencia al populismo del desarrollismo es -en un menor grado- el cómo sufragar sus respectivos proyectos y -en un grado mucho mayor- los destinos que les dan a los dineros recaudados.

En el populismo, la fuente primaria -y a veces casi exclusiva de financiamiento- proviene de altos impuestos que permitan sostener un elevado gasto público. Cuando, por cualquier motivo, ya no es posible recaudar más tributos se suele echar mano a la emisión monetaria. El desarrollismo frecuenta dar prioridad al costeo vía inversiones nacionales y/o extranjeras, sean estas privadas o estatales, y solo en un segundo plano se recurre a la política fiscal, aunque es verdad que en la práctica acostumbran ir parejas.  Y solamente en una tercera instancia apela a la inflación.

Otra diferencia que encuentro entre el populismo y el desarrollismo son los diferentes caminos del gasto estatal. En tanto, en el populismo el fin del gasto público esta preferentemente orientado hacia el financiamiento del clientelismo político a través de programas de subsidios directos e indirectos (con el claro objetivo de crear una dependencia electoral constriñendo al subvencionado a votar al líder populista) en el desarrollismo, la dirección de los fondos se remite, más bien, hacia obras de infraestructura, obra pública en general, o lo que se mal denomina “inversiones estratégicas”. Al tiempo que, la política de subvenciones (que, por cierto, no se deja de lado) se dirige preponderantemente hacia el sector empresarial. El eslogan predilecto es el de la creación de una “fuerte y poderosa industria nacional” que se encuentre en condiciones de competir con la foránea.

Para sintetizar, podríamos decir que, en tanto el objetivo del populismo se centra en el consumo, el del desarrollismo lo hace más en la inversión. Lo que ambos tienen en común es que ponen énfasis el primero en el consumo “público” y el segundo en la inversión “pública” (donde el vocablo “público” ha de traducirse por el más exacto de “estatal”, y descuidan -o desdeñan directamente- tanto el consumo privado como la inversión privada. Aquí debemos tener en cuenta que, desde nuestra propia perspectiva liberal, la inversión siempre es privada. No hay tal cosa como “inversión pública”, ya que lo que el estado dice “invertir”, en realidad son fondos previamente extraídos al sector privado vía impuestos u otros mecanismos expoliatorios usuales (inflación, controles de precios, cupos, etc.). En este sentido, tanto el populismo como el desarrollismo a lo que impropiamente denominan “inversión pública”, lo definimos -desde el liberalismo- como puro y simple gasto estatal.

De lado de las disimilitudes, podemos anotar que, el populismo es más estatista que el desarrollismo y menos permeable a las inversiones extranjeras, por lo que también es más nacionalista que este último. Dado que el desarrollismo apunta al crecimiento económico, prioritariamente en infraestructura industrial, ello hace que, en su etapa inicial, se abra a la inversión extranjera.

Por supuesto que, hay más puntos de contacto y otras diferencias entre ambos sistemas, pero lo importante a tener en cuenta en este momento es que no coincidimos con aquellos que creen que Macri es o está haciendo una política “liberal”. Mucho menos que las disposiciones económicas que toma merezcan esta calificación. El gobierno de Cambiemos es claramente intervencionista, y la injerencia que defiende en la economía es de tipo desarrollista. Por lo que, en lo personal, no me llaman la atención las medidas que viene adoptando. Y tampoco me cabe duda alguna que, si bien el desarrollismo puede apadrinar -cada tanto- alguna pauta liberal, no está en su esencia ni en sus miras abrazar al liberalismo como sistema económico.

Pero esto tampoco resulta novedoso. El gran pensador y profesor austriaco L. v. Mises ya decía -allá por 1927- que hablar de un “gobierno liberal” es una contradicción en términos.

En suma, al menos para mí, tengo en claro que la propuesta de Cambiemos no fue la de cambiar populismo por liberalismo. Nada de eso. Sino que el cambio propuesto fue el de populismo por desarrollismo (por más que Cambiemos no utilice este término). Y también creo que el votante mayoritario de Macri tenía en claro esto último. Por eso que, entiendo que se equivocan los que dicen que Cambiemos “traicionó” a sus electores. En absoluto. El votante de Macri quería precisamente esto que Macri está llevando a cabo. Por eso me sigue resultando extraño el “asombro” que demuestran ciertos liberales ante los pasos económicos que viene realizando el gobierno.

[1] Carlos SABINO; Diccionario de Economía y Finanzas. Contiene léxico inglés-español y traducción de los términos al inglés. Consultores: Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón; Ramón V. Melinkoff. CEDICE. Editorial Panapo. Caracas. Venezuela. Voz respectiva.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.