Buchanan: 100 años de un pensador cuyas ideas son fundamentales para esta Argentina

Por Adrián Ravier.  Publicado el 26/9/19 en:  https://www.cronista.com/columnistas/Buchanan-100-anos-de-un-pensador-cuyas-ideas-son-fundamentales-para-esta-Argentina-20190926-0040.html

 

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Antes de las dos Guerras Mundiales, la participación del Estado sobre la economía era mínima. En la
segunda mitad del siglo XX alcanzó niveles elevados. En este contexto, James Buchanan se preocupó
esencialmente por entender “cómo funciona la política en la práctica”…
Nacido en EE.UU. el 3 de octubre de 1919, James McGill Buchanan estudió en la Universidad de Tennesse y se
doctoró, en 1948, en la Universidad de Chicago. Luego, emprendió una carrera académica en la George Mason
University y también fue una figura central de la Escuela de Economía Política de Virginia.
Si bien realizó numerosos aportes a la ciencia económica, sus contribuciones quedarán marcadas en la
historia del pensamiento económico y político por sus estudios sobre el “funcionamiento real de los
procesos políticos”, caracterizado por la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política.

Las inquietudes acerca de este campo de investigación surgieron en relación con el notable incremento de la
intervención del Estado en la economía tras la Segunda Guerra Mundial y la incapacidad de los economistas
para comprender este fenómeno.
Más allá de algunas excepciones como Arthur Bentley, según Buchanan, “los economistas no estaban
dedicando mucha atención a cómo funcionaba el gobierno porque estaban preocupados por cómo
funcionan los mercados y cómo las personas se comportaban en relaciones de mercado”.
En este marco, ejerció gran influencia sobre su pensamiento una obra de Knut Wicksell titulada “A New
Principle of Just Taxation” (Un nuevo principio de imposición justa). En palabras del propio Buchanan:
“Wicksell decía a los economistas: dejen de actuar como si estuviesen aconsejando a un déspota benévolo. No
los van a escuchar de todos modos, así que deténganse, desperdician su tiempo y gastan sus fuerzas. Y dijo: si
quieren mejorar los resultados políticos, entonces tienen que cambiar las reglas. Nunca van a lograr que
los políticos hagan otra cosa que representar los intereses de los votantes a quienes representan. Así que
si tienen una cámara legislativa, deberán esperar que el congreso genere resultados que gozarán del apoyo de la
mayoría de los grupos representados por esta legislatura. Puede o no surgir un resultado eficiente de esto,
pueden o no surgir buenos proyectos que valgan su costo. ¿Cómo cambiar esto? Cambiando las reglas,
avanzando de la regla de la mayoría hacia la regla de unanimidad, hacia un consenso”.
Buchanan definió a este programa de investigación, sobre el que trabajó durante más de medio siglo, como la
“política sin romance”. Quitándonos las “gafas rosadas” —según sus propias palabras— con las que percibimos
a la política, podremos verla como lo que realmente es.
Así, ¿cuál es el terreno de juego de la política? ¿Cómo se comportan los políticos y los votantes?
En un artículo titulado “La perspectiva de la elección pública”, Buchanan definió a su teoría de la “elección
pública” como aquella “perspectiva acerca de la política que surge de una extensión y aplicación de las
herramientas y métodos de los economistas a la toma de decisiones públicas o colectivas”.

Guiado por su individualismo metodológico, Buchanan entiende que, en última instancia, los que toman las
decisiones de gobierno son los individuos. El “homo politicus” es “homo economicus” y, al igual que un
empresario, el hacedor de políticas públicas actúa fundamentalmente guiado por su propio interés.
De esta forma, Buchanan pone en cuestión uno de los conceptos elementales de la democracia
representativa: la delegación de los asuntos de los ciudadanos en manos de políticos profesionales.
Precisamente, esta delegación hace que las pensiones, la educación, la salud, las relaciones laborales y también
el medio ambiente queden a merced de decisiones burocráticas en manos de políticos que no necesariamente se
guían por el “bien común”.
Pero, ¿cuál es la alternativa a este paradigma?
Siguiendo a Wicksell, propone un cambio de reglas. Imaginemos que se presenta un proyecto público, ¿cómo
estar seguros que amerita el gasto? Buchanan afirma que “el costo lo amerita si los que se benefician pagan lo
suficiente para cubrir los costos del proyecto. Así que debe haber algún tipo de arreglo o esquema tributario por
medio del cual uno puede lograr un acuerdo general unánime. Se puede utilizar la regla de la unanimidad como
una medida contra la cual se calcula el nivel de eficiencia en el sector público”.
De esta forma, la regla de la unanimidad se presenta como la contrapartida “política” del óptimo de Pareto.
Alcanza el óptimo porque implica la adhesión voluntaria a un determinado orden social por parte de “todos” los
participantes, o en términos económicos, elimina la posibilidad de externalidades negativas como resultado
de decisiones colectivas.
Claro que, al mismo tiempo, la unanimidad en la toma de decisiones colectivas eleva considerablemente el
costo del proceso decisorio. Teniendo en cuenta estos costos, que pueden llegar en muchos casos a impedir la
toma de decisiones, Buchanan y Tullock sostienen que el individuo enfrentado a una elección constitucional
podría decidir voluntariamente aceptar alguna regla menos rigurosa para la decisión de cuestiones de menor
importancia.

Por esa razón, cuestiones tales como el respeto a la vida, la propiedad y otros derechos individuales requerían
del consenso unánime, mientras que otro tipo de decisiones menores podrían ser tomadas con grados de
consenso menores, y por ende, con costos decisorios también menores.
Este principio llevó a Buchanan a trabajar en lo que hoy se conoce como Economía Constitucional: “Mientras
se tenga una constitución con la cual las personas están en consenso básico, se puede procurar ciertos
resultados en términos de las reglas operativas que la constitución permite desarrollar. Desplazamos la norma
wickseliana [de la unanimidad] hacia el nivel constitucional y argumentamos que, de hecho, es más probable
alcanzar un acuerdo a ese nivel por la sencilla razón de que las personas no conocen el impacto que una regla
particular tendrá sobre su interés personal identificable. Es más probable alcanzar un consenso entre más
elevada sea la regla.”
La pregunta que surge entonces es: ¿a qué nivel corresponde una decisión acerca del grado de la
gobernabilidad de la organización social?
Para algunos, sobre todo economistas utilitaristas, se requiere una aproximación caso a caso y un cuidadoso
análisis empírico para medir los pros y contras de la centralización y la descentralización, pese a que admiten
que la heterogeneidad de las preferencias e intereses individuales lleva a que las distintas alternativas
favorezcan o dañen determinados intereses con lo cual resulta difícil alcanzar conclusiones sin el apoyo de
juicios de valor.
Esto es así porque sus modelos llevan implícito un modelo político basado en un déspota benevolente y eficaz
que persigue (y alcanza) el bien común. Esto se articula principalmente en la denominada “función de bienestar
social”, el “bien común” que el déspota ilustrado habrá de perseguir.
Otras escuelas económicas, particularmente la Escuela Austriaca o el Public Choice, abandonan —como se ha
dicho— esa presunción de benevolencia reemplazándola con la indiferencia o incluso con la malevolencia.
Siguiendo con la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política, Buchanan, tal como lo
hiciera Tiebout originalmente, también asimiló el consumidor al votante quien, de la misma forma en que elige
en el mercado el que considera mejor bien o servicio según sus necesidades, elige la comunidad “que mejor
satisface sus preferencias por bienes públicos”.
En este sentido, el federalismo y la descentralización servirían para limitar las posibilidades de abuso tanto del
gobierno federal como de los gobiernos locales, del primero porque los recursos se encuentran repartidos entre
distintos niveles de gobierno, de los segundos porque existe la posibilidad de movilizarse.
Galardonado con el Nobel de Economía de 1986 por sus trabajos en el área de Public Choice (elección
pública), Buchanan publicó unos 300 artículos y 23 libros donde trató asuntos de finanzas públicas, tópicos
monetarios y de política económica. Entre éstos, el más influyente ha sido The Calculus of Consent (1962), que
escribió junto a Gordon Tullock, donde presenta un análisis económico de las estructuras constitucionales, la
mirada de un economista sobre los fenómenos políticos.
Buchanan visitó la Argentina en las décadas de 1980 y 1990 como Presidente del Consejo Consultivo
del Instituto Universitario ESEADE, donde ofreció una memorable conferencia en una colación de grados. En
una de sus visitas, recomendó la creación de una Maestría en Economía y Ciencias Políticas que hoy tengo el
honor de dirigir junto a Iván Carrino, donde se enseña no sólo economía, sino también filosofía, historia,
derecho y ciencias políticas.
A 100 años de su nacimiento, las ideas de Buchanan son hoy más importantes que nunca para contener al
Leviatán, especialmente en nuestro país.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín. Es director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.

Liberales o antiliberales, ¿en verdad se trata de una opción?

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 11/7/17 en: 

 

En la Argentina y en casi todos los países del mundo, los mercados rara vez se encuentran libres de la intervención del Estado. De uno u otro modo se formulan y establecen impuestos, se conceden subvenciones e implementan regulaciones de la más diversa índole.

 

Es claro que el gobierno necesita contar con ciertos recursos que le permitan financiar sus actividades, de ello no hay duda, en especial en la esfera que le es propia por definición: la burocracia.

Pero también es claro y evidente, tal la opinión de Jesús Huerta de Soto, que las organizaciones burocráticas tienden a sobreexpandirse y a crear la artificial necesidad de su existencia, exagerando los “beneficiosos” resultados de su intervención y ocultando sistemáticamente sus perniciosos efectos.

En varias ciudades de nuestro país, por ejemplo, es bastante común toparse con algún representante de la función pública –de cualquiera de los niveles de gobierno– devenido en un Papá Noel de ocasión, pues dispone discrecionalmente de dineros que reparte como le venga en gana. Pareciera que se tratara de fondos propios, pero eso jamás es lo que parece. Simplemente, se trata del dinero de los contribuyentes previamente apropiado que, a exclusiva valoración del funcionario de turno, discurre a diestra y siniestra bajo la oportuna, ampulosa y hasta entusiasta mirada de los medios masivos de comunicación.

Frente a ello, ante el gesto de genuflexión de los circunstanciales beneficiarios, desanimados pasivos, aletargados o quizás con la esperanza de una dádiva futura, los ciudadanos siguen atragantados con impuestos y asisten cual convidados de piedra a ungir el héroe del día.

El plafón teórico de la microeconomía o, lo que es lo mismo, la ortodoxia utiliza los conceptos del excedente del consumidor y del productor para evaluar y legitimar las políticas económicas del caso. Incluso cuando el gobierno obliga a los productores a cobrar un precio inferior al que vacía el mercado, y a sabiendas genera una perdida irrecuperable de eficiencia, para conformar los objetivos que se trazan las autoridades.

Suele afirmarse que los gobiernos pueden intervenir el mecanismo de los precios por la vía de la redistribución, en aras de la equidad y la justicia, y esa declaración está completamente fuera de cualquier disputa.

Pocos parecen advertir el daño que las intervenciones provocan: todo tipo de desconciertos y conflictos sociales que los políticos atribuyen a sus adversarios o a la falta de solidaridad de la ciudadanía. Los conflictos e infortunios se utilizan, a su vez, como un pretexto para redoblar la apuesta, y así sucesivamente, en un proceso cada vez más ambicioso del poder político, hasta invadirlo todo.

Este ideal consecuencialista, que ha florecido en los últimos años de una Argentina acostumbrada a depender de la asistencia pública, se ha generalizado en casi todos los ámbitos, y en los tiempos que corren su consecuencia golpea con fiereza sobre la sociedad toda. Pobreza y marginalidad azotan directamente a gran parte de los connacionales, y sus devastadores efectos se propagan en diversas formas: inseguridad, desvalorización de la cultura del trabajo y la falta de relaciones confiables y duraderas tanto en ámbitos familiares como sociales.

Quizás los argentinos debamos tomar conciencia de una vez y para siempre, después de casi treinta años, de lo que constituye el acontecimiento más importante del final del siglo XX: la caída del socialismo real. Berlín de 1989 y la desintegración de la ex Unión Soviética, dos años más tarde, pusieron en claro que no es posible el programa positivista de actuar tomando decisiones maximizadoras a partir de los medios dados y de costos también supuestamente conocidos, pues ha fracasado de modo ostensible.

Al final, como dijo Mises, “El conocimiento histórico hace al hombre sabio y prudente. Pero no proporciona, por sí solo, saber ni pericia alguna que resulte útil para abordar ningún supuesto individualizado”; no obstante, recoge y ordena los datos concernientes a la experiencia del hombre. Justamente, uno de ellos, que precedió por diez años al fin del socialismo real, fue expuesto por el expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan en su primer discurso a la Nación, en 1981, quien expresó: “El gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema”.

 

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

Reseña de “El Banco de España y el Estado liberal” (1847-1874) por Pedro Tedde de Lorca

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 8/1/16 en: http://www.elcultural.com/revista/letras/El-Banco-de-Espana-y-el-Estado-liberal-1847-1874/37467

 


Ramón de Santillán (en el billete), primer gobernador del Banco de España

Después de haber publicado dos notables trabajos sobre los antecedentes del Banco de España, El Banco de San Carlos (1988) y El Banco de San Fernando(1999), Pedro Tedde de Lorca presenta ahora un nuevo estudio, muy bien documentado y muy bien escrito, como es habitual en él, sobre los primeros años de nuestro banco (ex) emisor.

Toda la historia del Banco de España, como la de todos los bancos centrales, es la historia de una creciente intervención del Estado en el sistema financiero y bancario, de concesión de privilegios y recorte del mercado y la competencia, a cambio de dinero para sus arcas. A pesar de que hablamos de hace un siglo y medio, todo resulta familiar, desde las quejas por la insuficiencia de crédito hasta los intereses cruzados entre lo privado y lo público, pasando por diversos escándalos de corrupción y la consabida cantinela de que la intervención resulta imprescindible para evitar las crisis, que por supuesto no se evitaron entonces ni después.

Otra regularidad es la fantasía de que Ulises se puede atar a sí mismo, en una dinámica que continúa hasta hoy con la consigna de la independencia de los bancos centrales. Entonces en España se reproducían los debates monetarios británicos, con la propuesta de dividir el Banco de España en dos departamentos, uno de emisión y otro de descuento de papel, en la misma línea de la reforma de Peel del Banco de Inglaterra de 1844. Tanto en el Reino Unido como en España faltó la profundidad de Henry Thornton y la noción crucial de que el control de la emisión de billetes no previene contra las crisis porque la banca puede crear dinero mediante el crédito impulsado por la reserva fraccionaria. También aparecen los fallos regulatorios que desvirtúan las restricciones a la banca, filtrando la expansión monetaria, entonces hacia las llamadas sociedades de crédito, y hoy hacia la shadow banking.

Se destaca la dinámica asimétrica del intervencionismo, que marcó una tendencia perdurable: menos micro y más macro. En el campo monetario, la invasión del Estado sería constante, y se fue cercando la competencia de los bancos privados de emisión, descalificados por Salaverría en 1864 como “feudalismo monetario”.

Esa asimetría se observa en los liberales, muchos de los cuales, entonces como después, estaban más que dispuestos a aplaudir la intervención pública. Ese error trágico se plasmó en su respaldo a la desamortización, que fue sólo un primer paso para la invasión del Estado sobre la propiedad privada de sus súbditos. Un héroe del comercio libre como el catalán Laureano Figuerola aplaudió los impuestos directos frente a los indirectos, en contra de los economistas liberales clásicos, y también el crecimiento de la deuda pública, que los liberales apoyaron en vez de reducir un gasto público que no hizo sino crecer, hasta hoy.

Los liberales podrán derramar emocionadas lágrimas ante la idea de Figuerola de dejar “la elección de las formas bancarias al interés individual, que sabrá elegir las mejores, según las condiciones y circunstancias de tiempo y de localidad”. Acierta Jesús Huerta de Soto al decir que la declaración es de un liberalismo impecable, que “ni siquiera los propios Mises y Hayek podrían haber efectuado de manera más correcta y precisa”. Pero al final no se hace, al final mucho liberalismo y poca libertad, especialmente en el campo monetario. En 1874 se fusionan a la fuerza los bancos emisores provinciales con el Banco de España, al que se concede el monopolio de emisión de billetes en todo el país. A cambio, lógicamente, de más dinero para el Estado.

Y la historia se repite: el Estado siempre gasta los recursos que tiene y más, incluso si son extraordinarios, como los de la desamortización (o la burbuja inmobiliaria), y maneja sus exacciones conforme a los vaivenes de la opinión pública, confiando siempre en que el crecimiento económico aumente la recaudación.

Ya hubo entonces intentos de secesión por parte de ciertos políticos catalanes y muchas perturbaciones políticas. Pero Figuerola insistió en 1869: “Que sepa el público entero de la España que hay librecambistas en Cataluña”.

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

Cepo cambiario: las advertencias de un exiliado español a los argentinos, 1944

Por Carlos Newland:

 

No muchos economistas han tenido una vida aventurera. Este no fue el caso de  Jesús Prados Arrarte: poco después de obtener una cátedra de economía en la Universidad de Santiago de Compostela tomó un papel muy activo en el bando republicano durante la Guerra Civil española, donde actuó como jefe de Estado Mayor de una brigada internacional.  Al finalizar la contienda se afincó como exiliado en la Argentina, donde permaneció algunos años trabajando como obrero, empleado y traductor y finalmente  economista de la Compañía Argentina de Electricidad. Luego pasaría a ser miembro del staff de la CEPAL, retornando  a España en 1954. Poco duró allí: aunque obtuvo una cátedra en Salamanca fue nuevamente obligado a exiliarse en América Latina por su actividad antifranquista. Al tiempo de la muerte de Franco retornaría a su país, adhiriendo después al PSOE.

Sobre su estancia en la  Argentina no hemos encontrado muchos rastros, salvo la publicación de la densa obra “El Control de Cambios” en 1944: el libro se presentó como un ataque frontal al intervencionismo del estado en el mercado cambiario ocurrido en las décadas de 1930 y 1940. La obra es apabullante: enumera y analiza una multiplicidad interminable de medidas tomadas por los gobiernos argentinos para alterar el libre funcionamiento del mercado de divisas. Los comentarios de Prados Arrarte no son los de un liberal dogmático, sino  los de un pensador de izquierda que notaba los perjuicios profundos causados al modificar equilibrios económicos fundamentales. Su análisis se concentró en  las diversas regulaciones cambiarias adoptadas en la época, que incluyeron la fijación del tipo de cambio, limitaciones varias a la importación y la prohibición de la libre adquisición de moneda extranjera.

Lo que afirma Prados Arrarte es que existe un tipo de cambio de equilibrio, que se establece en el mercado conjugando la oferta de exportaciones, la demanda de importaciones y los movimientos de capitales. Contra la opinión de los intervencionistas, opina que cuando hay libertad de compraventa el valor de las divisas es relativamente estable, sintetizando los valores y volúmenes de importación y exportación. Los ataques especulativos sobre la moneda no ocurren ya que no existe un desequilibrio en tensión y con posibilidad de explotar, como cuando los gobiernos establecen un precio artificial de la moneda extranjera.  Prados Arrarte realiza un análisis empírico de las alteraciones en el valor de las divisas extranjeras antes y después del intervencionismo iniciado en 1931, encontrando que las estadísticas confirmaban su opinión.

Para Prados Arrarte, cuando el gobierno interviene puede establecer un tipo de cambio parecido al de equilibrio (en cuyo caso la intervención no tiene sentido) o bien una magnitud sobre o subvalorada. Si el gobierno establece precio de la divisa debajo del de equilibrio, como ocurrió en la primera mitad de la década del 30, introduce inestabilidad al sistema, ya que los actores económicos perciben que la situación no es sostenible en el mediano o largo plazo. La medida causa perjuicio a los exportadores, que reciben menores precios a los que indicarían las fuerzas del  mercado.   A su vez se fomentan las importaciones (por la divisa barata), causando daños a la industria nacional.   El tipo de cambio sobrevaluado que los gobiernos impusieron durante los primeros años de  la Gran Depresión en la Argentina  (como también ocurre hoy) retrasó la salida de la crisis. El caso contrario es establecer un valor de la moneda extranjera por sobre el valor de equilibrio: entonces se alienta la producción de bienes exportables creando un superávit comercial insostenible. En los dos casos analizados el control de cambios tiene el defecto de no permitir movimientos compensatorios de  corto plazo que tiendan a equilibrar el mercado.

El libro “El Control de Cambios” de Jesús Prados Arrarte, según cuenta en la introducción, era el primer tomo  de una serie mayor dedicada a analizar los perjuicios de la intervención del Estado. Los otros volúmenes, que nunca fueron publicados, se dedicarían a la política comercial, a las  entidades reguladoras y a la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de Prados Arrarte era abatir lo que pensaba era el principal mito del siglo XX: la creencia en las bondades de  la intervención del Estado en la vida económica. ¡Extraña misión y extraña tarea para un pensador socialista!.

 

Carlos Newland es Dr. Litt. en Historia. Profesor y Ex Rector de ESEADE.

Phil Collins y el ébola.

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 19/9/14 en: http://opinion.infobae.com/alejandro-tagliavini/2014/09/19/phil-collins-y-el-ebola/

 

Generalmente frente a las crisis los burócratas y políticos suelen proponer mayor intervención del Estado -que ellos manejan y usufructúan- como si no estuviera claro que el Gobierno -cuando es coactivo en base al monopolio de la violencia- sólo destruye, como toda violencia. En cuanto al ébola, por caso, las restricciones a la libertad de movimientos -cuarentena- en algunas poblaciones han causado estragos. Según el coordinador del centro de alertas del ministerio de Sanidad español, el contagio se puede evitar con cierta facilidad, porque solo pueden contagiar los pacientes con síntomas ya desarrollados y, por tanto, predecibles.

Pero, algunos gobiernos, en lugar de aislar a los enfermos para evitar la propagación, han impuesto cuarentenas que “han resultado devastadoras… la gente no podía sacar a sus familiares enfermos y eso provocó que mucha más gente se contagiara”, según Médicos Sin Fronteras y, precisamente por esconderse de las regulaciones estatales, creen que los muertos reales superan en mucho las cifras oficiales. Por otro lado, los pobres son los más afectados por motivos como comer animales infectados, incapacidad de aislar adecuadamente a los enfermos e ignorancia en el cuidado.

Pero la propuesta de los políticos y burócratas consiste en aumentar el gasto estatal, al punto que la ONU pide US$ 1000 millones y países como EEUU contribuirán a este dispendio incluso con tropas militares. Ahora, el gasto estatal es, precisamente, un creador de pobreza ya que es solventado, en el mejor de los casos, por vía impositiva que recae con mucha más fuerza sobre los más humildes dado que los ricos tienen recursos para derivarlos hacia abajo como subir los precios de sus ventas o bajar salarios.

Para remate, la subdirectora de Sistemas de Salud e Innovación de la OMS dijo que es culpa del mercado el que no exista una cura para el ébola, cuando es exactamente al revés. Si los medicamentos, y la medicina en general, no están más avanzadas se debe a las regulaciones estatales que deciden qué medicamentos y qué escuelas medicinales son “legales”, generalmente digitadas por fuertes lobistas. Por caso, por sida murieron unas 36 millones de personas desde 1981 hasta que los pacientes de VIH enfrentaron el exceso de regulación impuesta por los Estados forzando a los gobiernos a dar vía libre a la investigación y ensayos clínicos.

El mercado natural no es un ámbito de materialismo egocéntrico, sino las personas trabajando y cooperando voluntariamente y en paz para el mejoramiento personal y, por ende, social, en contraposición con el Estado que es una imposición coactiva, violenta. Al mercado natural -con ausencia de coacción estatal- lo representan Augusto y Michaela, los padres de Lorenzo Odone, un niño afectado con adrenoleucodistrofia, que descubrieron un remedio para la enfermedad “incurable” de su hijo aun contra la “opinión” de los médicos “legalmente” matriculados. El padre de Lorenzo, quien finalmente murió a los 30 años, había asegurado en una ocasión: “Mi implicación en la enfermedad no viene del amor a la ciencia sino a mi hijo… Debía haber muerto a los 13 años, y hoy tiene 24”.

En 1992 esta historia fue popularizada por la película “Lorenzo’s Oil” (Un aceite para Lorenzo) y Phil Collins compuso una canción, “Lorenzo”, con un poema que Michaela le escribió a su hijo.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.