Decálogo de un plan integral y urgente para Argentina

Por Adrián Ravier.  Publicado el 16/9/18 en: https://voz.us/argentina-dolarizacion/

Su economía es un paciente muy delicado que necesita medidas urgentes para evitar un escenario que nadie desea.

El Obelisco de Buenos Aires. (Jesus Alexander Reyes Sánchez – Flickr).

1. Política fiscal y gasto público

Urge una regla fiscal que evite que el gasto público aumente por arriba de la presión tributaria, especialmente ante el escenario electoral que se avecina. Si bien el nivel de gasto público se ha licuado entre 2020-21, corremos el riesgo de volver a niveles de gasto y déficit insostenibles, una vez que el Gobierno comience a ceder ante las presiones sindicales y gremiales.

2. Política tributaria

Urge eliminar 160 impuestos, dejando sólo aquellos 11 que hoy nos permiten cubrir el 90 % del total de recaudación. La medida sería un shock positivo sobre la actividad, lo que permitirá incrementar la base imponible, y con la recaudación adicional de esos 11 impuestos podría compensarse totalmente la caída por los otros 160 eliminados. El recuento de estos 171 impuestos surge de un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) a nivel nacional, provincial y municipal.

3. Superávit fiscal

Urge alcanzar un superávit fiscal para poder asumir el pago de los compromisos de deuda. En el caso argentino no alcanza con equilibrio fiscal, primero por su coyuntura, pero también para avanzar en una reducción de la presión tributaria y una quita gradual de retenciones, además de en una reforma previsional indispensable. En 2023 Argentina corre el riesgo de ir a un nuevo default y es necesario dar tranquilidad a los acreedores de que está haciendo lo posible para reconocer sus obligaciones.

4. Política cambiaria

Urge levantar el cepo cambiario. Debemos reconocer la cotización real del dólar frente a una moneda que hemos destruido y seguimos destruyendo año a año. Se deben terminar los privilegios en el reparto de los escasos dólares a un grupo de importadores oficiales y acreditados.

5. Desregulación

Se deben terminar los controles de precios sobre toda la economía, para que pueda normalizarse el funcionamiento bajo incentivos adecuados a la producción. La infraestructura energética sufre hoy la falta de inversiones, y esto representa un cuello de botella para recuperar tasas altas de crecimiento económico. Como en otros episodios históricos de nuestro país, los servicios públicos pueden atraer inversiones que contribuyan a reactivar la economía.

6. Política monetaria

Urge dolarizar la economía, aceptando lo que espontáneamente ya viene ocurriendo desde las PASO de 2019. El remanente de pesos que circula debe ser reemplazado por dólares que el Gobierno logre captar con nueva deuda, y los otros pasivos del Banco Central deben ser reemplazados por deuda del Tesoro. Una nueva convertibilidad con un tipo de cambio real alto (tras levantar el cepo) puede ser una alternativa, pero nos inclinamos en favor de la dolarización para reducir el costo de salida y eliminar el riesgo de devaluación, lo que es indispensable para tener bajas tasas de interés, tanto nominales como reales.

7. Apertura económica

Urge abrir la economía, recuperando el acuerdo con la Unión Europea, pero buscando también otros acuerdos con Nafta, Asia, Africa y Oceanía. El Mercosur podría ser el bloque a partir del cual se encaren las negociaciones, pero si no lo fuera Argentina debería abandonarlo. En esta materia tenemos mucho que aprender de los acuerdos bilaterales de Chile con distintos bloques económicos, incluyendo el Mercosur. Esta apertura requerirá de una eliminación total de los aranceles, lo que también requiere un tipo de cambio real alto como punto de partida, que se obtendrá al levantar el cepo y con la reforma monetaria de dolarización mencionada. Que los bienes transables adquieran dentro de Argentina precios internacionales bajos y competitivos reducirá el costo de la canasta básica para los consumidores, lo cual puede contribuir a bajar la pobreza, y a una pronunciada mejora de la competitividad.

8. Legislación laboral

Urge flexibilizar la legislación laboral, para que aquellos que necesitan contratar personal tengan incentivos para hacerlo. En el mismo plan de integración y retorno al mundo, Argentina necesita de esta reforma para mejorar su competitividad. La medida contribuye también a un necesario cambio estructural de empleo público a privado. Es un mito que esta medida provoque precarización laboral. La legislación laboral actual está provocando más excluidos que nunca, niveles alarmantes de informalidad y altas tasas de subempleo.

9. Cielos abiertos

Urge recuperar una política de cielos abiertos, sea con Aerolíneas Argentinas en manos públicas o privadas o directamente cerrada, pero recuperando la competencia de compañías que ofrezcan mejor calidad y precios a los consumidores, como ya ha ocurrido en Europa o en Estados Unidos. La medida daría a la Argentina mayor dinamismo, lo que también contribuye a mejorar la productividad.

10. Petróleo

Urge privatizar la explotación de petróleo, reconociendo que el Gobierno argentino ha sido siempre un mal empresario y que no tiene los recursos ni el conocimiento para abastecer al mercado local. La explotación de Vaca Muerta puede fundamentar shocks de inversión que Argentina necesita para salir de esta coyuntura. No sólo es indispensable que Argentina se autoabastezca de combustible, además puede generar ingreso de divisas por exportación.

Por supuesto que quedan otros frentes por encarar, como un Presupuesto base cero que permita replantear la estructura del gasto público, con menos ministerios, secretarías y sub-secretarías, que a la vez permita reducir la burocracia y la corrupción. Nueva Zelanda nos ofrece una experiencia en esta materia. Pero los 10 puntos mencionados arriba grafican una reforma integral y urgente que debería estar en la agenda del oficialismo y la oposición para alcanzar consensos que puedan ayudarnos a evitar otra crisis económica de magnitudes alarmantes.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Argentina: Una muestra más de que el gasto público no genera progreso

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 29/2/16 en: http://es.panampost.com/carlos-salguero/2016/02/29/argentina-una-muestra-mas-de-que-el-gasto-publico-no-genera-progreso/

 

Aunque a priori impopulares, es imperativo que el presidente Macri tome las medidas necesarias para la futura creación de riqueza, sin estancarse en el keynesianismo

 

Murray N. Rothbard escribió en America’s Great Depression que sostener posiciones inestables pospone la liquidación y agrava la inseguridad del sistema. La mirada de este autor, sin embargo, un ícono del pensamiento libertario, en nada coincide con la política económica implementada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, quien ha sido adoctrinado en los estándares del intervencionismo.

He aquí las aguas que dividen el pensamiento económico en Argentina de hoy: por un lado, los economistas que se oponen a seguir incrementando el gasto público y proponen un shock de ajuste fiscal; por el otro, los seguidores de John Maynard Keynes (en sus múltiples vertientes), la principal autoridad de la corriente intervencionista durante el siglo XX, quienes recomiendan, de hecho, persistir en el déficit público como una vía para salir de la crisis (aunque ello implique una reducción gradual de los desequilibrios), justamente, incurriendo en las mismas recetas que introdujeron el problema.

Bajo el presente contexto, un incremento del gasto público —en términos absolutos— no produce ningún efecto expansivo de relevancia en el nivel de renta de equilibrio, sino, simplemente, una subida del tipo de interés. Dada la baja correlación entre la demanda de dinero y el tipo de interés, la curva de equilibrio en el mercado de dinero, a corto plazo, expresa un comportamiento inelástico y solo existe un nivel de renta en el que hay equilibrio en dicho mercado.

El aumento de los tipos de interés, a su vez, reduce el gasto agregado y, por lo tanto, amortigua los efectos pretendidamente expansivos de la política fiscal. Incluso, en ocasiones, los anula totalmente. Además de atenuar los efectos expansivos de la política fiscal, las variaciones de los tipos de interés producen efectos adicionales, porque la composición de la demanda agregada, entre el gasto de consumo y el de inversión, depende de ellos.

El crecimiento de los tipos de interés desalienta la demanda agregada al reducir la inversión; en este punto, existe la influyente opinión de expertos de que no debería utilizarse la política fiscal como instrumento para influir en la demanda, porque el incremento del gasto público se lleva a cabo a costa de la inversión privada.

Los hechos dan cuenta de que el incremento del gasto público provocó únicamente aumentos del tipo de interés durante la administración kirchnerista, especialmente en la última etapa, donde un muy abultado déficit tuvo lugar a costa de la fuerte reducción de inversión privada (la tasa de capitalización de la economía y la legislación vigente hicieron que el sector privado en lugar de absorber mano de obra se comportara como expulsor del factor trabajo).

Asimismo, desde la administración central se buscó compensar la contracción del sector privado mediante políticas de mayor gasto público. La producción permaneció inalterable, pero el gasto público más elevado implicó necesariamente una disminución del sector privado. En rigor de verdad, el efecto denominado “desplazamiento” o la reducción del gasto privado (concretamente de inversión) asociado al incremento de los tipos de interés fue originado en el gasto público asfixiante. En este caso, una política fiscal expansiva —tal como lo ilustra el caso clásico— produjo, por consiguiente, un efecto desplazamiento pleno o completo.

Según el informe N° 350 del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Iaraf, “el hecho que el gasto público nacional crezca impulsado fundamentalmente por erogaciones de alta rigidez impone un piso en la evolución del peso relativo del gasto público nacional, lo que constituye a futuro una restricción de política económica”. Todo lo cual ha llevado a que la participación del Gobierno, en el consolidado nacional, prácticamente se duplicara durante la última década.

A largo plazo, sin embargo, todo bien de capital se consume, incluso aquellos que no suelen calificarse de perecederos. Circunstancia que opera ya sea por el desgaste provocado en los procesos productivos o porque algún acontecimiento lo priva de interés económico. Por lo tanto, no es cierto que el capital per se genere beneficio. Es fruto necesario de una acción deliberada y puede malograrse si los cálculos en los que se fundamente carecen de pericia, virtud o adecuadas estimaciones de las condiciones futuras.

Frente a tamaño desafío, el presidente Macri no debe vacilar y tomar las medidas necesarias, aunque a priori impopulares, para la futura creación de riqueza. Solo las medidas que incentiven el ahorro, el primer paso obligado para cualquier alargamiento del período de producción, conducirán hacia un mayor bienestar material, ya que preserva los stocks necesarios para subsistencia ulterior, y constituye la condición sine qua non para cualquier posterior progreso.

 

El autor es Doctor en Economía y máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), profesor titular e investigador en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.

La incontinencia estatal

Por Enrique Aguilar: Publicado el 13/11/13 en:  http://www.elimparcial.es/america/la-incontinencia-estatal-130651.html

Un estudio reciente llevado a cabo por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal y divulgado por el diario La Nación, reveló que el Estado argentino aumentó su tamaño en un 60 % desde el año 2000, medido este incremento sobre la base del “gasto primario nacional, provincial y municipal en relación al producto bruto interno”.

Según se afirma también en el informe, lo dicho significa que si durante el período 2000-2006 la estructura estatal representaba el 26,5% de la economía del país, ese porcentaje se ha elevado hoy a una cifra que representa más del 42%, con la administración nacional ostensiblemente a la cabeza de ese crecimiento, seguida por las provincias y, en tercer lugar, los municipios.

Por cierto que semejante incremento no se vio reflejado en estos años en la generación de una nueva infraestructura vial, ni en el mejoramiento de los servicios educativos, ni en una adecuada cobertura sanitaria, una disminución de los índices de inseguridad o una mayor equidad distributiva, sino en el reparto indiscriminado de subsidios y una gran expansión del empleo público que los ciudadanos han debido financiar mediante impuestos de diferente género (a las ganancias, a los débitos y créditos bancarios, a los ingresos brutos, etc.) y derechos de exportación: una presión tributaria que se ha vuelto, además, manifiestamente distorsiva y que, al ser en gran medida no co-participable, no beneficia a los niveles subnacionales que se ven, por consiguiente, obligados a imponer nuevos tributos propios para costear sus erogaciones.

Pienso que tarde o temprano estos números se volverán insostenibles y que el Estado no tendrá más remedio que ordenar sus cuentas en virtud de los límites que de seguro le impondrá la propia realidad. Que hayamos perdido prácticamente la lucha contra el narcotráfico, o que nos desayunemos hoy con el dato, verificable a ojos vistas, de que el 5% de la población argentina (más de 2,5 millones de personas) vive en condiciones de absoluta precariedad en villas de emergencia radicadas en distintas provincias y, en particular, en el llamado conurbano bonaerense, son testimonio paradójico (o no) de este Estado que ha crecido enormemente a expensas de la sociedad, en la cual no reinvierte lo necesario.

Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM.