Contra la Ley de Etiquetado Frontal

Por Iván Carrino. Publicado el 8/10/21 en : https://www.ivancarrino.com/contra-la-ley-de-etiquetado-frontal/

En el congreso acaba de caerse la sesión para debatir la ley de ETIQUETADO FRONTAL Y PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO.

La ley tiene artículos totalmente delirantes como, por ejemplo, el 10.a, que directamente prohíbe:

La promoción de los alimentos o bebidas etiquetados como “exceso de azúcares”, “exceso de sodio”, “exceso de grasas”, u otras enumeraciones que la Autoridad de Aplicación determine para los productos de bajo aporte nutricional. Esta prohibición incluye la utilización de productos licenciados o artilugios comerciales tales como juguetes, accesorios, figuritas, adhesivos, tazos, objetos coleccionables, sorteos, figuras o imágenes de deportistas, artistas, personajes animados o famosos, o cualquier otro incentivo similar

Y el 14, que también prohíbe que los alimentos considerados altos en grasas o azúcares…:

… no podrán ser expendidos, comercializados, promocionados y/o publicitados dentro de las Instituciones Educativas comprendidas en la Ley 26.206 de Educación Nacional o la norma que en un futuro la reemplace.

Esto lleva al absurdo de prohibir vender una Coca-Cola dentro de una universidad, llena de adultos mayores de 18 años de edad.

Ahora bien, nadie está muy de acuerdo con estos extremos de la Ley de Etiquetado, pero sin embargo sí parece haber consenso respecto de la deseabilidad de su propuesta central. Es decir, con la necesidad de que a ciertos productos del supermercado se le ponga un sello negro que los discrimine frente a todos los demás por contener niveles de grasa, sodio o azúcares, que un grupo de expertos consideran que es elevado.

En este sentido, me llama la atención la aceptación que se ha generado entre economistas, y la confusión que existe en torno a que esta ley, al buscar “ampliar la información”, sería totalmente compatible con el ideal del capitalismo liberal.

Analicemos la ley, entonces, a la luz de estos temas de la economía y con una perspectiva liberal:

La medida es paternalista

En primer lugar vamos a decir que implementar esta ley sería implementar una medida a todas luces paternalista. La etiqueta que dice “exceso de azúcar” o “exceso de sodio” y que se obliga a agregar a los paquetes es el estado intentando modificar las conductas de la gente con el objetivo de que tenga un modo de vida más acordé a lo que el estado, asesorado supuestamente por un grupo de expertos, considera que es más adecuado. De hecho, cuando algunos hablan de los beneficios de la ley muestran precisamente dos cosas: por un lado, un cambio en el comportamiento del consumidor hacia un menor consumo de los productos etiquetados. Por el otro, un cambio de las empresas hace una producción distinta, ya que buscarán la forma de evitar tener que poner el sello.

O sea, (salvo en los casos ya mencionados) el estado no va a prohibirle al consumidor adquirir el producto, pero sí intenta guiar su comportamiento con una campaña que consiste en imponer unas etiquetas que muy probablemente lo hagan desistir de consumir algunas cosas.

El paternalismo, obviamente no es una actitud compatible con el liberalismo. La libertad implica responsabilidad, y requiere entonces que el gobierno nos trate como personas adultas, libres de elegir de acuerdo a nuestros criterios que siempre van a ser imperfectos (porque lo perfecto no es del dominio humano) y con la información considerada, desde el punto de vista de cada consumidor, relevante, pero no con toda la información disponible.

Pongamos un ejemplo: la última vez que te compraste un pantalón, claro que podés haber hecho una buena investigación, pero seguramente no sabes el precio de TODOS LOS PANTALONES en el mercado, ni todas las calidades, ni todas las formas en que cada pantalón se produce. Conocer todo eso te consumiría tanto tiempo que libremente elegís disponer de menos información.

Sin embargo, eso te basta y sobra para seguir adelante con tu vida y ser feliz con tu pantalón nuevo.

El ideal de la competencia perfecta

Esto nos lleva al segundo punto que entra en la rama de la economía. Los economistas tienen un modelo llamado de competencia perfecta que supuestamente es el ideal de una situación competitiva y que, como muchos liberales desde Adam Smith a Friedrich Hayek defendieron la competencia, algunos se confunden y creen que dicho modelo es válido para compararlo contra situaciones reales.

A partir de esa comparación, los economistas juzgan si el mercado funciona, como decía Adam Smith, o bien el mercado “falla”.

Entre los requisitos o los supuestos del modelo de la competencia perfecta están:

Que haya muchos compradores y vendedores en un mercado

Que los bienes ofrecidos sean homogéneos.

Que la empresa no tenga ni el más mínimo margen para definir el precio al que vende.

Que los consumidores tengan información completa y perfecta acerca de los productos y de todas las alternativas de precios.

Hagamos un paréntesis aquí: cuando los clásicos hablaban de competencia se referían a la situación de competencia en comparación con la de monopolio u oligopolio resultado de la intervención del estado. Adam Smith, por ejemplo, critica los monopolios derivados de las barreras proteccionistas, por ejemplo. Y lo mismo dice Mises en su tratado La Acción Humana. Sin embargo, en algún momento de la historia, el modelo de la competencia interpretarse como que, cuando no se cumplen estos requisitos, el estado tiene el deber de intervenir y llevar al mercado a esta situación idealizada.

O sea, pasamos de considerar que el estado era el principal obstáculo para la competencia, a considerar que su intervención es necesaria para generarla. Patas arriba.

Pero aquí entra lo que algunos economistas defienden de la ley de etiquetado: al ver el tema de la información, creen que el estado tiene el rol de regular para que haya información “completa o perfecta”. Y ahí empiezan los problemas.

La información es un bien como cualquier otro

Es que la información, como cualquier bien de la economía, es un producto escaso que exige un costo de producción. En ese sentido, siempre es mejor tener más que menos, pero el punto es quien carga con el costo de producir eso que supuestamente necesitamos.

Para el caso, también sería deseable contar con más autos y celulares en el mercado de los que contamos actualmente. Eso sería mejor desde un punto de vista económico ya que habría más necesidades satisfechas. No obstante, no se sigue de ahí que el estado deba obligar a los productores a aumentar la producción de autos y celulares.

Con la información ocurre lo mismo, incluso aceptando que más siempre es mejor a menos, subsiste el problema del costo para producirla y en ningún caso es compatible con el liberalismo obligar a las empresas a cargar con él.

¿Información u opinión?

Otro tema es que también es discutible que el etiquetado se trate simplemente de “más información”. Información son datos que cada uno debe leer y en base a ellos tomar sus propias decisiones acerca de si conviene o no realizar una actividad.

Ahora la etiqueta negra es una sentencia, es un dictamen, un juicio de valor, que puede estar muy fundamentado desde un punto de vista médico, pero que no aporta simplemente más información, sino que da una advertencia al consumidor para que decida de una forma y no de otra. No le acerca datos para decidir de forma más informada, sino que le sugiere decidir de una forma distinta a la que decidiría sin esa advertencia. La diferencia puede parecer sutil pero no hay que confundir la información con un mensaje que llama a la acción de acuerdo a ciertos parámetros de salubridad.

La información de la etiqueta no es tan relevante como se cree

Otro tema relacionado con esto es que se asume, y los economistas que están en este tema así lo creen, que está información de la que se habla es verdaderamente relevante para el usuario que toma decisiones. Y ahí es donde yo digo que, si ese es el caso, no hay ninguna necesidad de obligar a las empresas a ensuciar sus paquetes con etiquetas diseñadas por el Honorable Congreso de la Nación, sino que los defensores del etiquetado son libres de difundir esa información por cualquier medio que crean conveniente, como una página web o una app, y si la información es tan importante, desbordaran de visitas.

Pero no, mejor no tomarse el trabajo y adoptar la actitud vaga y resentida de “que lo hagan las empresas”.

La responsabilidad personal

Lo anterior me lleva al último punto, que es inquientante y que es que la ley desliga al individuo actuante de la responsabilidad frente a cualquier alimentación considerada no óptimamente saludable y se la traslada a la empresa que produce alimentos.

Volviendo a un tema inicial, el rol del estado es preservar los derechos individuales de las personas, no velar por su buena alimentación y su salud.

Cuando el estado ofrece salud pública no es porque tenga un rol en cuidar la salud sino por una decisión de asistir a quienes no tienen recursos para pagar ciertos bienes, como una asistencia sanitaria básica.

Además, la responsabilidad sobre nuestra alimentación es, en una sociedad de adultos responsables, totalmente nuestra. Por lo tanto, si alguien está comiendo con todo aquello que no recomendaría un médico, debe ser responsabilidad propia hacer su vida más compatible con la prescrita o bien decidir enfrentar las posibles consecuencias. De eso se trata ser adulto, no de andar llorando porque tal o cual empresa me vendió un producto con mucha azúcar.

Pendiente resbaladiza

Dos cosas más antes de cerrar: veo otro peligro en el trasfondo de la ley que es que parte de dos pilares fundamentales: el primero es que “el estado te cuida”. El segundos, que esto viene recomendado por “los médicos”. Al respecto, solo me queda recordar que durante toda la pandemia se dijo lo mismo. Que el estado nos cuida y que esto era lo que recomendaban los expertos en salud. El resultado fue que el virus igual se cargó cientos de miles de víctimas, y la catástrofe económica y social derivada de las cuarentenas no tuvo comparación.

Por último, muchos dicen que esto funcionó en Chile y que si lo hizo Chile cómo lo vamos a hacer nosotros. Ok, si ese es el punto estoy dispuesto a aceptar la ley pero si también adoptamos el gasto del 25% del PBI, el banco central independiente que tiene prohibido monetizar el déficit fiscal, la apertura unilateral al comercio global que Chile tiene y su mucho más flexible mercado laboral. Si es así, yo firmo el etiquetado.

Con esto me despido. Espero haber dejado claros esto puntos y nos vemos en la próxima.

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano. Es Sub Director de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE. Sigue a @ivancarrino