Inseguridad jurídica (4° parte)

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2019/03/inseguridad-juridica-4-parte.html

 

Es interesante el análisis por el cual un importante filósofo -como I. Kant- llega al concepto de inseguridad jurídica, como uno de los aspectos de su Imperativo Categórico (IC):

“[…] la formulación del IC correspondiente a la doctrina del derecho enfatiza el aspecto relativo a la coexistencia de libertades en el marco de la comunidad jurídica y políticamente organizada.”[1]

Es significativo este delineamiento del derecho como “coexistencia de libertades en el marco de la comunidad jurídica y políticamente organizada”. La libertad impone un marco regulatorio. No es como se dice habitualmente la facultad de hacer lo que uno quiere y le da la gana sojuzgando la libertad de sus semejantes. Tal avasallamiento implicaría rebasar el campo de la libertad e incursionar en la anti libertad. Por ello, no correspondería hablar de un ejercicio “abusivo” de la libertad, sino de una negación de la misma. Atentar contra la libertad ajena es negar tanto la propia libertad como la del prójimo. Ningún atropello a otros constituye un acto de libertad, ni de abuso de ella.

Ahora bien, comprendido lo anterior, hay tantas libertades como seres humanos existen, y estas libertades han de convivir entre sí. El marco regulatorio de esa avenencia es -precisamente- el Derecho, no entendido solamente como derecho positivo, sino en su aceptación más amplia, como derecho in abstracta.

“En conexión con esto último, no hay que olvidar que, en el marco de la misma doctrina del derecho, Kant considera la fundación del Estado (Staatsgründung) como uno de los deberes jurídicos (Rechtspflichten), junto al deber de la respetabilidad jurídica (rechtliche Ehrbarkeit), que prohíbe tratar a los otros como meros medios y ordena considerarlos siempre a la vez como fines en sí mismos, y al deber de la no comisión de injusticia (Unrecht) contra nadie.”[2]

En el léxico económico -a diferencia del jurídico- es común emplear la palabra “estado” como sinónimo de gobierno. No obstante, políticamente hablando, la noción de “estado” excede a la de gobierno y -en rigor- con aquel vocablo quiere aludirse al estado-nación. Dependiendo de lo que se interprete por “estado” puede discutirse la idea de su “necesidad” y -todavía más- la de su fundación como la de un “deber”. Sabemos que hay teorías que lo niegan (por ejemplo, el anarquismo, el anarcocapitalismo, etc.), claro que, en tiempos de Kant estas últimas hipótesis habrían sonado como revolucionarias. Aparenta ser entonces que el elemento de Kant apuntaba más a lo que hoy conocemos como estado-nación.

Es probablemente verosímil que, en sus comienzos, el entendimiento del “estado” estaba indisolublemente unido al de gobierno, y por eso la asimilación siempre estuvo vigente y ha perdurado hasta nuestros días a pesar de los esfuerzos de los juristas y maestros del Derecho Político por mantenerlos separados. Recordemos la célebre frase del “Rey Sol” Luis XIV de Francia, cuando proclamó “El Estado soy yo”. Muchos de los gobernantes de nuestros días aún creen serlo.

También existen diferencias conceptuales en cuanto “al deber de la respetabilidad jurídica”, que varían según el enfoque que se adopte, porque, como ya hemos analizado en otra parte, discrepan para el derecho positivo en contraposición al derecho natural.

Para el primero, este deber surge exclusivamente de la ley positiva como única fuente, es decir, de lo que el parlamento cree y considere “ley” (algo muy similar al pensamiento del “rey sol” mencionado en el párrafo anterior). En cambio, para el natural aquel deber es consustancial con la naturaleza humana, que es igual en y para todos los hombres de manera innata.

Respecto de la cuestión de prohibir “tratar a los otros como meros medios y […] considerarlos siempre a la vez como fines en sí mismos” se aborda de distinta manera desde el campo de la praxeología al del derecho. Según la primera -y conforme enseña su más brillante expositor Ludwig von Mises- en el marco de la acción humana todos los hombres son -a la vez y en relación a sus congéneres- medios y fines, ya que cada uno para mejorar su propia condición debe -indefectiblemente- optimizar primero la de su prójimo. De lo contrario (y probablemente como efecto no querido) se perjudicaría a sí mismo. Sin expresarla de esta exacta manera, la reflexión ya había sido anticipada por Adam Smith en 1776. Posteriormente fue reformulada y perfeccionada por los exponentes de la Escuela Austríaca de Economía.

Desde la filosofía política y el derecho, el juicio es disímil y se enmarca dentro de lo que Kant planteaba. Y en cuanto “al deber de la no comisión de injusticia (Unrecht) contra nadie” la fórmula se encuadra dentro de la de justicia, que excede a la de derecho.

Por último, para Kant:

“El deber jurídico de fundar el Estado expresa la obligaciónón de salir del estado de naturaleza (status naturalis), que no es otro que el de la inseguridad jurídica (Rechtsunsicherheit), para pasar al estado civil (status civilis), que es aquel en el cual una constitución civil (bürgerliche Verfassung) asegura los derechos de losindividuos.”[3]

La teoría tiene en este punto reminiscencias hobbesianas. Y parece equiparar la idea del “estado” con la de derecho, confundiendo ambas. Es aquí donde se introduce el de inseguridad jurídica. Resulta difícil de asemejar una percepción de “deber jurídico” que exceda a lo individual, porque no admitimos la suposición de un “deber colectivo”.

Si se permite el sentido de “estado” como el de “sociedad jurídicamente organizada” la igualación de estado y derecho seria correcta. Pero no se explicaría ese presunto “deber” de hacerlo. Mas bien, a nuestro modo de ver, más que de un “deber” se trata de una necesidad, pese a que pueda acusarse de utilitarista la proposición. En realidad, más que un fundamento utilitarista del “estado” creo que puede hablarse de otro evolutivo (que, por supuesto, no implica determinismo alguno). Pensamos que el estado forma parte de un sistema evolutivo social que nada nos dice en conexión a las fases posteriores de ese proceso, que pueden ser tanto evolutivas como involutivas. Tema que -de momento- desarrollarlo nos alejaría del actual.

[1] Alejandro G. Vigo. “Kant: liberal y anti-relativista.” Estudios Públicos, 93 (verano 2004)Pág. 41-42.

[2] Vigo A. “Kant: …” ibidem.

[3] Vigo A. “Kant: …” ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Otra vez, viviendo de la emergencia impositiva

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 4/9/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/09/04/otra-vez-viviendo-de-la-emergencia-impositiva/

 

Francamente es preocupante que al Gobierno le haya llevado todo un fin de semana para estudiar cómo enfrentar la crisis cambiaria y terminar anunciando un aumento de impuestos junto con un nuevo organigrama de Ministerios, que dudo genere grandes ahorros

No queda claro en qué se ahorrarán 0,4 puntos del PBI en 2019 entre gastos corrientes, remuneraciones y gastos operativos. Estamos hablando $73.680 millones de acuerdo al PBI que dieron a conocer para 2019.

De todas maneras, de los 2,6 puntos del PBI que van a bajar el déficit fiscal, el 65% se explica por aumentos de impuestos (los nuevos derechos de exportación de monto fijo y por postergar por un año el aumento del mínimo no imponible) y otros 0,5% de ahorros en subsidios económicos que en rigor es trasladarle al sector privado la baja del gasto público vía mayores tarifas. Lo que antes se pagaba con impuestos ahora se pagará en las facturas de los servicios públicos.

Ahora bien, algo que uno no puede entender es que gente que viene del mundo empresarial siga con la costumbre de aplicar impuestos de emergencia, porque se trata de una situación que luego se convierte en permanente en la Argentina.

De emergencia a permanencia

1) Impuesto a las Ganancias comenzó como transitorio en 1932 con el nombre de Impuesto a los Réditos. Se tornó vitalicio: “llevamos 86 años en emergencia”.

2) IVA en  1995, por el Efecto Tequila la alícuota tuvo un aumento de emergencia del 18% al 21% por 8 meses, desde abril a diciembre de ese año. Lleva 23 años de emergencia.

3) Impuesto al cheque se estableció en 2001 como transitorio hasta diciembre de 2002. Acumula 17 años de emergencia.

4) Retenciones a las exportaciones resurgieron en 2002 como una emergencia y ya llevamos 16 años de vigencia.

5) Ahora nos informan un impuesto de monto fijo a las
exportaciones de $3 a $4 por dólar, dependiendo del producto, con lo cual
nuevamente estamos en emergencia.

Explicaciones falaces

Con el argumento que no se puede tocar el gasto público porque estalla el país, o se viene la conflictividad social y otras justificaciones por  el estilo, la realidad es que seguimos teniendo un gasto público que ahoga el crecimiento económico.

Por eso es errado el razonamiento que con el crecimiento económico el gasto público va a terminar licuándose sobre el PBI. La realidad es que el PBI no puede crecer en forma sostenida mientras no haya inversiones y no habrá inversiones con esta carga impositiva confiscatoria, la que a su vez es consecuencia del nivel de gasto público.

Tampoco es cierto que el 2017 veníamos creciendo bien en forma genuina. Buena parte de ese aumento de la actividad agregada estuvo sustentado en obra pública financiada con deuda externa que se terminó cuando se cortó el financiamiento externo.

Se puede entender que a menos de un año de las PASO ya no quede demasiado margen para aplicar un plan económico consistente, aunque habrá que ver si las medidas anunciadas alcanzan para llegar sin desbordes a agosto del año que viene.

Pérdida de oportunidades

Ahora, si bien queda escaso margen para aplicar medidas estructurales de cara a las elecciones, también es cierto que se desperdiciaron dos grandes oportunidades en el pasado: 1) el 10 de diciembre de 2015, y 2) luego de las elecciones de medio término en 2017.

Esto hace dudar de la verdadera vocación de cambios estructurales que puede haber en el Gobierno. Porque si no hay convicción que el problema no es solamente el déficit fiscal, sino fundamentalmente el nivel de gasto público, nunca van a avanzar en el sentido de bajar el gasto para reducir el déficit fiscal.

Cuando Cambiemos asumió el Gobierno, seguramente sabía que el nivel de gasto público que heredaba del kirchnerismo se traducía en una feroz carga impositiva que, junto con la inseguridad jurídica y el cepo cambiario, impedían toda posibilidad de crecer. Los desafíos que tenía por delante eran gigantescos y nadie pedía solucionar todo lo heredado en cuatro años de mandato, pero sí cambiar el rumbo.

El cambio de rumbo no consistía solamente en eliminar el cepo cambiario, implicaba comenzar a cambiar los valores que imperan en nuestra sociedad que son los que establecen la calidad de nuestras instituciones, es decir las normas, leyes, códigos y costumbres que regulan las relaciones entre los particulares entre sí y los particulares con el Estado.

Es decir, terminar con la cultura de la dádiva y reimplantar la cultura del trabajo. Sin embargo, desde que asumieron en 2015, varios funcionarios de Cambiemos viven compitiendo con el kirchnerismo para ver quién otorgó más planes sociales.

El presidente Mauricio Macri dice que quiere que midan su gestión por la reducción de la pobreza

El presidente Mauricio Macri dice que quiere que midan su gestión por la reducción de la pobreza

Macri dice que quiere que midan su gestión por la reducción de la pobreza. En todo caso sería mejor medir el éxito de su gestión por la menor cantidad de planes sociales que tiene que otorgar el Gobierno porque eso va a significar que las familias pueden mantenerse gracias al fruto de su trabajo y no del trabajo ajeno.

¿Qué tipo de sociedad competitiva puede construirse, considerando los cambios tecnológicos que vemos que llegan como un tsunami, si hay generaciones que viven viendo como sus padres no trabajan y viven del plan social? Ese es el primer gran cambio cultural que tiene que impulsar Cambiemos para poder iniciar una senda de crecimiento basada en las inversiones para poder incrementar la productividad y bajar la pobreza. Todo eso no se logra con más impuestazos.

Es probable que con el aumento del tipo de cambio mejoren las exportaciones y se produzca cierto grado de sustitución de importaciones, pero como en tantas otras oportunidades, las exportaciones no mejorarán por mayor competitividad, sino por esconder, transitoriamente, las ineficiencias estructurales detrás de un tipo de cambio más alto. Esto lo hemos visto en infinidad de oportunidades, hasta que se licua el tipo de cambio real y volvemos a los problemas del sector externo.

Insisto, si las medidas anunciadas son para llegar a las elecciones de 2019 sin estallidos económicos, se entiende aunque habremos perdido 4 años más de nuestras vidas en financiar un Estado ineficiente.

Ahora, si creen que se construye una política económica de largo plazo con este nivel de gasto público, esta carga tributaria y esta cultura de la dádiva, seguimos en el mismo problema que nos hizo entrar en esta larga senda de decadencia populista que ya lleva, por lo menos, 70 años. Mientras tanto, seguimos aumentando nuestra emergencia impositiva.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

El Derecho (9° parte)

Por Gabriel Boragina Publicado el 1/7/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/06/el-derecho-9-parte.html

 

“Partiendo de esa distinción, no es posible desconocer que pueda haber ciertos actos lícitos en el sentido de que la ley no los prohíbe, pese a que puedan ser inmorales: todos los actos que no excedan de la esfera del pensamiento son lícitos, aun cuando no todos los pensamientos son morales.”[1]

Sin embargo, hay actos que exceden la esfera del pensamiento que también son lícitos, aunque no guarden relación con el orden jurídico en sí mismo. Cuando una persona -por ejemplo- trabaja o hace una donación a otra persona o institución, ejerce una acción que excede al mero acto de pensar, aun cuando esa acción ha sido, sin duda, fruto de una idea suya o de otra persona. Hay actos, pues, que excediendo a la esfera del pensamiento son lícitos y morales. Se entiende que la licitud que menciona la cita se refiere a la jurídica porque de eso es precisamente de lo que trata el tema.

En cuanto a que “todos los actos que no excedan de la esfera del pensamiento son lícitos” es una expresión extraña que estaría aludiendo a la imaginación o a actos imaginados. Porque nosotros creemos que todo acto nace de un pensamiento consciente o inconsciente. El acto o la acción, siempre es fruto de un pensamiento, de un tipo o del otro.  El acto que no excede la esfera del pensamiento no llega a ser propiamente acto alguno. En este sentido, no hay pensamientos lícitos o ilícitos porque ni la ley ni el Derecho pueden juzgar el acto de pensar, aunque lo intenten. Lo serán morales o inmorales, malos o buenos, pero difícilmente lícitos o ilícitos.

“H. La órbita jurídica. De cuanto queda expuesto se deduce que las relaciones objetivamente reguladas por el Derecho y los derechos subjetivos que afectan a las personas físicas o jurídicas ofrecen diversos matices: regularán unas veces las relaciones entre personas particulares; otras, las de éstas con el Estado; otras, se derivaran de las infracciones punibles a la norma jurídica; otras, en fin, señalaran el procedimiento judicial para dirimir las discordias.”[2]

En materia de Derecho, ya hemos expuesto -en alguna oportunidad anterior- que, lo objetivo, a nuestro juicio, se refiere a todo aquello (hechos, personas, objetos, etc.) que son externos a nosotros o, más precisamente, a nuestro pensamiento. No le damos otro alcance que el indicado. Lo contrario a lo objetivo (entendido de la manera indicada) lo llamamos subjetivo. Pero en la cita, lo objetivo se refiere a otra cosa: a lo que la ley regula positivamente, en tanto y en cuanto para la corriente positivista -que es la dominante en el terreno científico-jurídico- lo “objetivo” es exclusivamente la ley positiva. La cita alude lo que en la jerga jurídica se denominan leyes de forma y de fondo. Nosotros resumimos todo lo dicho en cuanto el Derecho tiene una misión instrumental, que es mantener la convivencia civilizada entre las personas. Pero no ha sido siempre la idea de Derecho que se ha tenido en todas las épocas. Muchas veces -en la historia el Derecho- ha sido un arma peligrosa en manos de los gobernantes. Será oportuno señalar aquí que, por convivencia civilizada, entendemos el respeto mutuo a los Derechos de libertad, propiedad y de todos aquellos que se derivan de estos. Este concepto, si bien formalmente es declarado en muchas legislaciones y en la letra, no siempre se pone en práctica, ni se respeta en los hechos.

“Todavía todos esos aspectos pueden contener otras muchas subdivisiones, impuestas en ocasiones por la creciente complejidad de la vida, y otras por un excesivo prurito de especialización entre los juristas. A continuación, y no por orden de importancia sino alfabéticamente, se definen las ramas principales del Derecho y sus aspectos subjetivos capitales.”[3]

El segundo de los motivos dado aparece -para nosotros- como el más evidente. Los juristas poseen una tendencia a crear ramas y subramas dentro de las mismas disciplinas que cultivan. Cuando esta manía se traslada a los legisladores el resultado es lo que se ha denominado inflación legislativa que se traduce como una proliferación desenfrenada de leyes de todo tipo y color con el objetivo de solucionar todos los males del mundo. Pero de la misma manera que sucede en el ámbito de la economía, en el campo del Derecho la inflación y aun la hiperinflación legislativa genera más problemas que los que con su propagación intenta solucionar. La prudencia indica que pocas leyes generales son suficientes para garantizar el orden y la convivencia civilizada de los individuos, objetivo supremo -en nuestra opinión- de lo que verdaderamente merece el nombre de Derecho.

La inflación legislativa da lugar al nacimiento de muchas leyes, con el riesgo de continua contradicción de unas contra otras. Ello da pie a la elaboración y reelaboración de la doctrina judicial, fallos encontrados en el ámbito de los tribunales y, a lo que -en definitiva- merece la apropiada calificación de caos jurídico o judicial, expresión que preferimos, por ser más gráfica, que la habitual de inseguridad jurídica que se presta a muchas confusiones conceptuales. En los últimos tiempos el fenómeno ha adquirido tales dimensiones en países como Argentina que muchos jueces llegan a desconocer las normas más recientes, y cuando son conocidas, los fallos se dilatan, por cuanto los conflictos de leyes son tan frecuentes que los jueces se enfrentan con el dilema -casi diario- de la duda en torno a cuál es la norma que se debería aplicar al caso concreto.

Tal como dice la cita, siguen una cantidad numerosa de voces que dan buena cuenta de esa obsesión clasificatoria y sub-clasificatoria de muchos juristas. No será nuestro propósito -de momento- examinarlas todas. Quizás lo sea en alguna ocasión ulterior. Por lo que atiende a las nociones básicas del Derecho que era nuestro objetivo actual damos con lo dicho por concluido nuestro provisorio examen de la cuestión.

[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial Heliasta-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 294 y sigtes.

[2] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

[3] Ossorio, Ibidem, p. 294 y sigtes.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Economía y popularidad política

Por Gabriel Boragina. Publicado el 1/3/14 en: http://www.accionhumana.com

 

La economía tiene sus propios instrumentos para medir la popularidad política de un gobierno. Mecanismos -a mi juicio- mucho más precisos y confiables que los más conocidos (que son las tan famosas encuestas o sondeos de opinión).

Por “popularidad” entendernos aquí el grado de aceptación, apoyo o consenso del que goza un determinado gobierno en un país. Utilizaremos -en lo que sigue- todos estos vocablos como sinónimos.

La economía estudia la acción humana como tal, sin interesarle los motivos o razones por los cuales las personas actúan en cierto sentido y no en otro. Analiza el comportamiento concreto de los individuos, ya sea en una dirección o en otra diferente, y saca conclusiones a la luz de las categorías a priori implicadas en dicha acción.

Teniendo pues como base dicha acción humana, el estudio analítico de ciertas variables observadas con cuidado a lo largo de un periodo determinado, permite conocer -con una aproximación bastante exacta- el grado de aceptación o de rechazo de las políticas implementadas por un gobierno, y por lo tanto, el nivel de su popularidad o impopularidad.

La ventaja de medir la popularidad de un gobierno por medio de las herramientas que nos ofrece la economía, es que posibilita hacer un seguimiento casi día a día de aquella, y nos brinda una lectura mucho más fiel que el resultado de las elecciones políticas, que se dan muy espaciadamente cada dos o más años.

Algunos indicadores son extremadamente reveladores. Por ejemplo, una alta tasa de evasión fiscal muestra a las claras un elevado rechazo popular de las medidas fiscales adoptadas por el gobierno y viceversa.

Otro tanto sucede con el aumento de los precios de los bienes de consumo y de capital, ya que suelen exteriorizar insuficiencia de la oferta de los mismos, derivada generalmente de la falta de inversiones, la cual -esta última- es, la mayoría de las veces, consecuencia de fallas institucionales (la más típica de todas la inseguridad jurídica, generada por ataques del gobierno a la institución base de cualquier economía: la propiedad privada).

La inflación también tiene mucho que ver con el fenómeno anterior. Para no perder popularidad (o para recuperar la popularidad perdida) los gobiernos suelen acudir al acrecentamiento del gasto público. Para financiarlo, el gobierno sólo puede hacerlo a través de tres instrumentos: impuestos, empréstitos e inflación. Si todos estos parámetros no cesan de aumentar, ello implica que el gobierno está luchando para no perder popularidad (o para recuperar la perdida) como dijimos. El conjunto de estas medidas -adoptadas generalmente en forma simultánea- ocasiona incrementos y distorsiones continuos en los precios, y a la larga o a la corta, extiende la impopularidad del gobierno que echa mano de las mismas. Si vemos que estas variables se salen de cauce, podemos concluir sin demasiado margen de error, que el gobierno viene en picada en materia de popularidad.

Otro ejemplo es la llamada fuga de capitales, que denota pérdida de confianza en el gobierno de cuyo país los capitales huyen a paso firme. El hecho tiene estrecha relación con las violaciones reiteradas a la propiedad privada por parte de los gobernantes, las que –naturalmente- ocasionan la denominada inseguridad jurídica, y que -a su turno- provoca la salida de los capitales (grandes o pequeños) a lugares más confiables. Aquí debemos incluir las migraciones de mano de obra (“capital” humano o fuerza laboral indistintamente). Si el gobierno gozara de mayoritaria popularidad, esto obviamente no sucedería.

“Ahora, año tras año, el gobierno expropia más de 40 por ciento de los ingresos de los productores privados, lo que hace que incluso la carga económica impuesta a los esclavos y siervos parezca moderada en comparación. El oro y la plata han sido reemplazados por dinero de papel fabricado por el gobierno, y a los estadounidenses se les roba continuamente su dinero a través de la inflación. El significado de la propiedad privada, alguna vez aparentemente claro y fijo, se ha convertido en oscuro, flexible y fluido. De hecho, cada detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y la contratación está regulado y re-regulado por una creciente montaña de leyes de papel (la legislación). Con el aumento de la legislación, se ha creado cada vez más inseguridad jurídica y riesgos morales, y el caos ha sustituido a la ley y al orden.”[1]

Si tal es la situación en los EEUU, hay que tener en consideración que en el resto del mundo es muchísimo peor(especialmente si pensamos en Sudamérica, África, Asia y Oceanía), lo que hace que las migraciones, tanto de capital como de mano de obra, se desplacen hacia el país del norte. Pero por otro lado, es innegable que existen diferencias relativas entre los distintos gobiernos, aun dentro de un mismo país, y que los gobernados no son siempre ajenos a las medidas que la cita anterior menciona.

La popularidad de un gobierno decrece en relación directamente proporcional al perjuicio económico que sus disposiciones van provocando en cada uno de los habitantes del país bajo su esfera de jurisdicción. Superado cierto punto crítico, la popularidad cae a cero.

Como es sabido, todos los sucesos económicos no se dan ni se encuentran en “compartimentos estancos”, ni son absolutamente independientes el uno del otro, sino que responden a relaciones causales que los vincula a unos con otros, ya sea de forma mediata o inmediata. De tal suerte que, de no adoptarse las correcciones en el rumbo de una o más variables fuera de control, mas tarde o más temprano tendrá su repercusión en una o más de las restantes distintas a la primera.

Estos indicadores económicos son mucho más claros y más fidedignos que las interminables y aburridas peroratas de los políticos delante de micrófonos hablando “maravillas” de ellos mismos sin cesar, a la que nos tienen acostumbrados.


[1] Hans-Hermann Hoppe. “Sobre la Imposibilidad de un Gobierno Limitado y Perspectivas de una Segunda Revolución en América”. Artículo publicado en el Blog del Instituto Mises – Articulo Diario – Junio 28 de 2008, Pág. 7

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.