Inseguridad jurídica (3° parte)

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2019/02/inseguridad-juridica-3-parte.html

 

La regulación de los fenómenos económicos es una fuente de la inseguridad o inestabilidad jurídica. Se trata de un hecho que, lejos de esta localizado y ser extraño, se ha generalizado a nivel mundial:

“Ahora, año tras año, el gobierno expropia más de 40 por ciento de los ingresos de los productores privados, lo que hace que incluso la carga económica impuesta a los esclavos y siervos parezca moderada en comparación.”[1]

Si bien la cita alude a los Estados Unidos es dable imaginar que en el resto de los países -donde las regulaciones son mucho mayores que en el país del norte- la situación no puede ser mejor. Mas allá de la posible exageración en cuanto a la comparación con el régimen de esclavitud, debemos tener en cuenta que es bastante probable que el autor citado se esté refiriendo a los esclavos norteamericanos que, en comparación con el resto de los esclavos a nivel mundial, se encontraban en una posición relativamente mejor al de sus pares de otras latitudes.

“El oro y la plata han sido reemplazados por dinero de papel fabricado por el gobierno, y a los estadounidenses se les roba continuamente su dinero a través de la inflación.”[2]

Las monedas metálicas -especialmente durante la vigencia del patrón oro (hoy en día derogado en todo el mundo)- imponían severos límites a los gobiernos en su afán de manipular el dinero. Fueron, desde luego, también necesarios instrumentos legales para permitir semejante confiscación de activos. De tal suerte, los gobiernos dictaron legislaciones que derogaron el patrón oro e impusieron las tristemente célebres leyes de curso forzoso y legal para obligar a sus ciudadanos a aceptar dinero envilecido. Naturalmente el hecho de que el precio de la moneda quede al arbitrio de los bancos centrales mundiales es otra fuente de incertidumbre jurídica, porque implica que el gobierno se reserva la facultad de establecer el precio de las transacciones y su volumen.

“El significado de la propiedad privada, alguna vez aparentemente claro y fijo, se ha convertido en oscuro, flexible y fluido. De hecho, cada detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y la contratación está regulado y re-regulado por una creciente montaña de leyes de papel (la legislación).”[3]

Tal hemos adelantado, resulta inevitable que esta maraña de normas se superponga y se contradigan entre sí (como es lógico) si se tiene en cuenta que se estatuyen en el tiempo -y no instantáneamente- por diferentes gobiernos que -a su vez- se componen de distintas extracciones ideológicas, y que en oportunidad de ocupar el poder pujan por hacer valer en la legislatura sus proyectos, algunos de los cuales lucen como los más disparatados.

Estas leyes quedan sancionadas y promulgadas y perduran junto con las normas que prescribirá la próxima legislatura que, siguiendo el mismo patrón, vendrá a engrosar la lista de disposiciones legales que limitan, dificultan e impiden, en muchos casos, a los ciudadanos del llano disponer de sus bienes privados, los que pasarán a tener de privados únicamente el sentido retórico de la palabra.

“Con el aumento de la legislación, se ha creado cada vez más inseguridad jurídica y riesgos morales, y el caos ha sustituido a la ley y al orden.”[4]

 Resulta ser la tendencia mundial que, lejos de simplificar la legislación esta ha proliferado por donde se mire. Hay que agregar a la lista leyes que favorecen a ciertos grupos en detrimento de otros, por ejemplo, empresarios; sectores sociales considerados “marginales”; grupos de presión o de poder según alguna nomenclatura en boga, e incluso a algunos individuos determinados en perjuicio de otros. Todo lo cual nos lleva a recordar el famoso libro de Fréderic Bastiat que -titulado precisamente La Ley- daba cuenta tempranamente en el siglo XIX de este tipo de desastres, convirtiéndolo en un visionario de lo que estaba por venir. Y la temática de la seguridad jurídica va de la mano con lo que algunos autores dieron en llamar calidad institucional:

“Estados Unidos es un país que ocupa la novena posición en lo que se refiere a calidad institucional (ver cuadro 2, abajo) y muestra debilidades que son comunes a todos los países, ya que a partir de la eliminación del patrón-oro las instituciones monetarias implementaron políticas discrecionales o, en algunos casos, ataron sus monedas a otras de países que practicaban tales políticas.”[5]

Como dijimos, la inestabilidad monetaria -fruto de la inestabilidad jurídica- es la generadora de la mayor cuantía de los males sociales, porque de lo que se trata es del instrumento que permite o facilita la transacción de los derechos de propiedad de los particulares. Si la moneda está sujeta a la inestabilidad jurídica eso figura que toda la institución de la propiedad privada está afectada de la misma inestabilidad, lo que -en términos de Ludwig von Mises- simboliza lisa y llanamente su abolición. El caso de Estados Unidos se presenta como el más preocupante, porque en épocas no muy lejanas resultó ser un ejemplo de respeto irrestricto a la propiedad privada y un celoso defensor de las leyes que la protegían, situación que ha varado hasta la actualidad.

“Todo el sistema monetario internacional está sujeto a la discrecionalidad de las autoridades monetarias de los Estados Unidos, al ser el dólar la moneda internacional por excelencia y a las de otras monedas importantes como el euro, la libra esterlina o el yen. De la misma forma que la “discrecionalidad” jurídica significa inseguridad jurídica, la “discrecionalidad” monetaria significa inseguridad monetaria y financiera, lo cual representa una mala calidad institucional en esta área en particular.”[6]

En realidad, el sistema monetario mundial está regulado por leyes, por cuanto los conceptos de inseguridad o inestabilidad jurídica son enteramente aplicables a cualquier propiedad, incluyendo la monetaria. En un sistema donde los bienes se intercambian por dinero y este -a su vez- por bienes, que las leyes tengan la potestad de modificar a su antojo el precio del dinero (usualmente se habla del valor, pero esto no es técnicamente correcto) representa que esas mismas leyes deciden el precio de todos los bienes y servicios que componen una economía especifica donde las leyes confieran a las autoridades semejantes facultades.

[1] Hans-Hermann Hoppe. “Sobre la Imposibilidad de un Gobierno Limitado y Perspectivas de una Segunda Revolución en América”. Artículo publicado en el Blog del Instituto Mises – Articulo Diario – junio 28 de 2008, Pág. 7

[2] Hoppe, H.H.  ibidem.

[3] Hoppe, H.H.  ibidem

[4] Hoppe, H-H. ibidem

[5] Martin Krause. Índice de calidad institucional 2009. Pág. 7

[6] Krause, M. ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Legislación sindical, el caso argentino

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 26/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/26/legislacion-sindical-el-caso-argentino/

 

Lo primero es subrayar que en una sociedad abierta el derecho a asociarse o no asociarse constituye uno de los postulados básicos a los efectos de la cooperación social. Cómo deben ser las asociaciones es algo que no compete a quienes están fuera de ellas; en primer lugar, los gobiernos, que solo deben velar porque no haya lesiones de derechos, en caso de que las hubiera, dicha agrupación se convierte en una asociación ilícita.

Pero antes de otras consideraciones sobre el tema sindical, es menester aclarar con toda precisión que los salarios y los ingresos en términos reales de deben exclusivamente a la cuantía y la calidad de ahorros internos y externos invertidos en un contexto de conocimientos relevantes, lo cual hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Esa es la diferencia entre zonas de mayores o menores salarios basadas en el primer caso en marcos institucionales respetuosos de la propiedad de cada cual.

El nivel de salarios no es solo monetario, es también no monetario, como lo son todas las condiciones laborales que rodean al caso desde los períodos de descanso a la música funcional. En rigor, estas condiciones no pueden ser legisladas, como queda dicho, son consecuencia de los niveles de las tasas de capitalización. Más aun, si se legislan más allá de demandas civiles o penales por incumplimientos contractuales o delitos, los resultados indefectiblemente son el desempleo, en primer lugar, de aquellos que más necesitan trabajar y, en segundo lugar, de todos a quienes las condiciones laborales son superadas por las normas legales respecto a las antedichas tasas de inversión. El voluntarismo no cuadra.

Mientras que los recursos sean limitados en relación con las necesidades, nunca bajo ningún concepto puede haber sobrante de aquel factor esencial que es escaso, esencial, puesto que no se concibe la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el concurso de trabajo manual e intelectual.

La vida es una transición, todo lo que piensan todos en todas las oficinas consiste en mejorar, lo cual, a su vez, se traduce en reasignaciones humanas y materiales. La mayor productividad libera factores humanos y materiales al efecto de trabajar en otros emprendimientos. En un mundo idílico donde hay de todo para todos todo el tiempo, naturalmente no hay necesidad de trabajar, lo cual significa que se está en Jauja, situación que sería una bendición para todos. Pero las cosas no son así, hay necesidades insatisfechas, por lo que hay que aplicar faenas para atenderlas.

 Nuevos métodos que elevan la productividad, nuevos bienes y servicios importados del exterior más baratos y de mejor calidad, la robotización y equivalentes liberan trabajo, el empresariado, atento a nuevos negocios, busca capacitar a nuevo personal al efecto de lograr sus arbitrajes adicionales. Como hemos dicho antes, ese fue el sentido y el destino del hombre de la barra de hielo cuando apareció la refrigeradora o el del fogonero cuando irrumpió la locomotora Diesel.

Lo peor que puede hacerse si se desea elevar el nivel de vida es destruir capital, con ello no habrá aumentado el empleo, sino que provoca disminuciones en los salarios en términos reales.

Por su parte, las huelgas deben ser entendidas como el derecho a no trabajar en cualquier momento siempre y cuando se cumplan los preavisos estipulados si los hubiere. Pero el derecho a huelga no es la intimidación y la violencia que no permitan que otros ocupen puestos de trabajo. Una cosa es el derecho a no trabajar y otra bien distinta es imponer situaciones a otros contra la voluntad de los destinatarios.

En el caso de procedimientos intimidatorios y violentos cuando se confunden con la huelga está implícita la equivocada idea de que constituye un procedimiento para elevar salarios. Si esto fuera cierto, habría que incrementar los métodos violentos de igual manera que si se considera que el nivel de vida puede incrementarse por decreto, las legislaciones, en este sentido, habría que redoblarlas. Pero como queda dicho, los salarios dependen solo de la inversión per cápita, que si disminuyen, disminuirá el salario, si se mantiene el stock de capital descontadas las respectivas amortizaciones, el salario mantendrá su nivel y si se incrementa el capital, consecuentemente aumentarán los salarios.

Tampoco tiene sentido alegar que los gobiernos deben interferir en las relaciones laborales para evitar “el desequilibrio en el poder de contratación”. En esta línea argumental, se sostiene que no es permisible que contrate un millonario con una persona que no tiene para llegar a fin de mes, al fin de semana o al fin del día. Es del todo irrelevante cómo sean las características patrimoniales o el volumen de sus respectivas cuentas corrientes, lo relevante son las tasas de capitalización. Si un millonario pretendiera pagar menos de lo que establece el mercado, simplemente se queda sin colaboradores. Un empleador puede contar con una situación patrimonial boyante y otro estar quebrado, pero ambos, si desean contratar trabajo manual e intelectual, deben abonar lo que exige el mercado. En lugares en donde los salarios son altos, no se debe a la generosidad de empleadores ni a la mezquindad de salarios bajos en otras zonas, sino, como hemos repetido, al volumen de capitalización.

De más está decir que los incumplimientos contractuales, los engaños o las lesiones de derechos deben ser adecuadamente castigados, pero los arreglos contractuales libres y voluntarios no deben ser interferidos por los aparatos estatales ni por bandas ocultas en máscaras sindicales.

Idéntico razonamiento se aplica a todos los servicios que preste la asociación sindical, en primer lugar, de salud o cualquier otro servicio que debe estar abierto a la competencia y en ningún caso consecuencia de aportes obligatorios y mucho menos a través de llamados “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo ajeno.

Asimismo, las representaciones o no representaciones sindicales deben estar abiertas a todas las variantes, siempre y cuando se trate de arreglos libres y voluntarios en el contexto de contrataciones colectivas o individuales, según lo prefieran los interesados.

En el caso argentino, de tanto en tanto se detienen a sindicalistas corruptos, pero hasta el momento no se han modificado las leyes que dan sustento a un sistema fascista de representación coactiva a través de la figura de la personería gremial que arrastra a todos los gremios desde la década del cuarenta, que está presente en la legislación de ese país, junto a los antes referidos agentes de retención (más bien estafas legales) y afiliación coactiva de facto, en el contexto de escandalosos negociados monopólicos de obras sociales y similares.

Limitarse a arremeter contra la corrupción sindical fascista concentra la atención en los efectos, pero si no se abroga la legislación autoritaria, quedan sin tocar las causas del fenómeno. Lo mismo ocurre con retoques de superficie a las normas vigentes en lugar de eliminar de cuajo el mal que afecta principalmente a los trabajadores.

En la época de gloria de los argentinos, cuando los salarios y los ingresos en términos reales de los peones rurales y de los obreros de la incipiente industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España, cuando la población se duplicaba cada diez años debido a la multitudinaria inmigración para “hacerse la América”, en ese período las relaciones laborales estaban regidas por los 4015 artículos del Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, de los cuales seis estaban referidos específicamente a los contratos laborales.

Luego se promulgaron multiplicidad de leyes “para proteger al trabajador” referidas a los más variados temas “al efecto de dotar al trabajador de conquistas sociales” y con ello comenzó el derrumbe en el nivel de vida de la gente, muy especialmente de los más necesitados, por las razones antes apuntadas, en contexto de la sandez de “establecer adecuadas relaciones entre el capital y el trabajo”, sin percatarse de que el capital son instrumentos inanimados que no contratan y que, por ende, se trata de contrataciones entre distintos tipos de trabajo entre empleadores y empleados. Con el argumento de proteger a los trabajadores se los aniquiló, con la idea de protegerlos de supuestas explotaciones se los sacó de la órbita de la protección rigurosa del Código Civil, los tribunales ordinarios y posibles aseguradoras. Se fabricó el fuero laboral, con lo que se agregó a las referidas desgracias negocios fenomenales de la industria del juicio para beneficio de chicaneros del nuevo fuero.

En esta especie de rapsodia para el desastre se incluyeron algunas figuras que son tragicómicas, como el aguinaldo, es decir, la aparición como arte de magia de un treceavo mes en el año, sin percibir que si se paga un monto adicional en el año, manteniendo los demás factores constantes, habrá que pagar de menos durante los otros 12 meses. Si esto no fuera de este modo, habría que convertir el año en 40 meses o más para hacer a la gente más rica, lo cual no requiere comentarios adicionales.

Así se llegó en la Argentina a una verdadera e inaudita explotación de los trabajadores por los aparatos estatales a los que se enancó una maquinaria quebrada y fraudulenta de unas así denominadas jubilaciones insertas en el sistema de reparto en el que se estafa a quienes aportan el fruto de su trabajo para recibir cifras irrisorias que no guardan proporción alguna con las sumas que le han sido retenidas en su vida activa, muy lejos de cualquier cálculo de interés compuesto.

En este cataclismo se habla de “la clase trabajadora”, que supone que hay otra clase que la explota, sin percibir el origen marxista de la idea misma de clase que deriva de sostener que el proletario y el burgués tienen una estructura lógica distinta, lo cual da lugar a la teoría del polilogismo que nunca ni Marx ni ningún marxista han explicado en qué consisten esas estructuras que se diferencian de los silogismos aristotélicos.

Desde Adam Smith el asunto está resuelto, este autor ha consignado en 1776: “La propiedad que cada hombre tiene es su propio trabajo, ya que es el fundamento original de toda otra propiedad, por lo que es la más sagrada e inviolable” y Juan Bautista Alberdi, al comentar la Constitución liberal argentina de 1853, escribió: “Toda la grande escuela de Adam Smith está reducida a demostrar que el trabajo libre es el principio esencial de toda riqueza creada”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es Asesor del Institute of Economic Affairs de Londres

Acciones voluntarias contra la pobreza y las diferencias de ingresos: ¿la pobreza o la desigualdad?

Por Martín Krause. Publicada el 14/6/16 en: http://bazar.ufm.edu/acciones-voluntarias-contra-la-pobreza-y-las-diferencias-de-ingresos-la-pobreza-o-la-desigualdad/

 

En verdad, pobreza y desigualdad de ingresos son dos cosas muy distintas. La primera se relaciona con la falta de ciertos recursos básicos para la vida; la segunda tiene que ver con un análisis comparativo entre lo que tienen unos y lo que tienen otros. La importancia de esta diferencia no es menor, ya que debemos preguntarnos qué es lo que nos preocupa: si la pobreza o la diferencia de ingresos.

La pobreza se está reduciendo y esta reducción ha sido enorme en los últimos años. La brecha entre ricos y pobres también se ha reducido (Chotikapanich et al 2007; Sala-i-Martin 2002), aunque su medición a nivel global es muy complicada. Asimismo, la medición de los ingresos no refleja el fenómeno en toda su magnitud. Los pobres tienen hoy acceso a bienes que no podían imaginar los ricos de hace doscientos años, pero además la diferencia de calidad entre lo que compran los ricos y lo que compran los pobres se ha reducido. Por ejemplo: los ricos compran más productos alimenticios y de mayor calidad, pero en muchos casos son de la misma calidad de los que compran los pobres, algo que no sucedía entonces.

Otro ejemplo: podría darse el caso de que aumente la diferencia de ingresos, pero la situación de los más pobres también será mejor. Es más: esto es lo que suele ocurrir al inicio de un proceso de crecimiento económico acelerado. En este caso, vamos a suponer dos individuos representativos, de los cuales uno es pobre y el otro rico. Veamos:

SITUACIÓN A (ingreso anual) García: USD50,000 Pérez: USD5,000

SITUACIÓN B (ingreso anual) García: USD250,000 Pérez: USD15,000

La brecha ha aumentado notablemente: García multiplicó sus ingresos por cinco, mientras Pérez lo hizo por tres. Pero lo cierto es que Pérez está mejor. Es más: está mucho mejor. Vamos a suponer aquí que —dado que los individuos somos distintos y tenemos atributos diferentes— la diferencia de ingresos es inevitable y que lo que nos preocupa es la situación de los que están peor. No obstante, en el ámbito de las políticas públicas, se proponen políticas de “redistribución”, más preocupadas por la diferencia de los ingresos, y en algunos casos estas políticas terminan empeorando la situación de los más pobres. Mientras esas políticas terminen frenando el crecimiento económico y desalentando la inversión, perjudicarán a los más pobres: quizá se termine con una sociedad más igualitaria, pero en la que todos son más pobres. Lo ilustraremos con la siguiente situación:

SITUACIÓN C (ingreso anual) García: USD20,000 Pérez: USD4,000

Nos encontramos además con el problema de que, una vez se ha creado el aparato redistribuidor, este redistribuye para cualquier parte. Lo imaginamos como distribuyendo a lo “Robin Hood”, pero también puede redistribuir a lo “Hood Robin”, o en diagonal, dentro de un mismo grupo de unos a otros; en definitiva, en cualquier dirección. En medio de todo este proceso, el Estado no deja de crecer.

Tullock (2004) sostiene que en el ámbito de la democracia mayoritaria podríamos encontrar una coalición dominante del 51% de los votantes con menores ingresos, que decidiría redistribuir en su favor los ingresos del 49% restante. Pero, si suponemos que el 10 o 20% de la población son los pobres, esto hace que los pobres sean solo el 20 o el 40% de los miembros de la coalición dominante aproximadamente. Con esos porcentajes no pueden controlar esa coalición, por lo que los miembros de mayores ingresos dentro de ella terminarán recibiendo también ingresos redistribuidos, e incluso hasta puede ocurrir que reciban más. Pensemos, por ejemplo, en el 2% de más altos ingresos en la coalición dominante. Para los miembros del 49% minoritario, que pierden ingresos con la redistribución, resulta conveniente ofrecer a esos miembros mayores beneficios, convencerlos así de que se sumen al 49% y generar una nueva coalición mayoritaria. Esto sería más barato para el 49%. Para que esto no suceda y la coalición del 51% se mantenga, hay que ofrecerle a esos individuos un trato suficientemente atractivo como para que se pasen de lado, con lo que terminan recibiendo un trato tal vez superior al de los más pobres.

Pero los ricos podrían hacer algo que sería incluso menos costoso para ellos, y es no ya tentar al 2% más rico entre la coalición mayoritaria para que cambie de lado, sino a un porcentaje de los más pobres. Según Tullock, esta coalición es difícil de encontrar, porque los pobres creen que sus intereses son claramente incompatibles con los de los más ricos, pero no lo ven así con los que se encuentran entre el 20 y el 51% en términos de la escala de ingresos.

Sin embargo, Tullock sostiene que lo que se observa en la realidad es que las transferencias se realizan entre grupos que no se definen por su nivel de ingresos, sino por su nivel de organización y poder. Así, por ejemplo, agricultores subsidiados en Estados Unidos, Europa o Japón, estudiantes universitarios, intelectuales, artistas, industriales nacionales o sindicalistas están entre los principales receptores de transferencias, pero no son los más pobres. Si esto es así, y siendo que los pobres no se encuentran muchas veces bien organizados, no podemos esperar que la redistribución los termine beneficiando[1].

No obstante esto, ¿por qué la gente sigue prefiriendo la redistribución a través de la política y el Estado? La respuesta sería que no es lo mismo sacar la billetera y aportar $100 que votar por una opción por la que todos reciban un impuesto de $100. El costo de la primera opción es directamente $100, pero el costo de la segunda es también $100, descontada mi estimación de la influencia que pueda tener en el resultado final, como vimos ya en el capítulo 4. Es decir: este segundo acto satisface también mi preocupación respecto a hacer algo por los pobres, pero a un costo mucho menor.

[1]. “Casi todas las discusiones estándar sobre la redistribución asumen que es normalmente de ricos a pobres. Algo de esto hay, pero es un fenómeno trivial comparado con la redistribución que se produce dentro de la clase media”. (Tullock 2004, p. 270).

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Propiedad, políticas públicas y globalización

Por Gabriel Boragina. Publicado el 6/6/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/06/propiedad-politicas-publicas-y.html

 

“Conviene, para responder preguntas que tienen que ver con políticas públicas, es decir, con acciones tomadas por los gobiernos, y la globalización es una de ellas, contar con algunos parámetros que nos permitan calificarlas. Desde la perspectiva liberal esos parámetros están muy claros: libertad y propiedad. Las políticas públicas serán correctas si se practican a favor de la libertad individual (no hay otra) y de la propiedad privada (no hay otra): en el campo de la economía, concretamente, de la libertad para emprender y consumir, y de la propiedad sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción. Las políticas públicas incorrectas atentan contra la libertad y la propiedad, por ejemplo, contra la libertad para consumir si se prohíbe la importación de determinadas mercancías y, por ello mismo, contra la propiedad de las mercancías extranjeras cuya importación está prohibida. Desde este punto de vista lo que importa, al menos en primer instancia, es la libertad y la propiedad, no, por ejemplo, el crecimiento económico o el desarrollo social”.[1]

Lamentablemente, como ya hemos expuesto en un sinfín de ocasiones, las políticas públicas suelen orientarse en un sentido contrario al que indica el autor citado antes. Como han destacado Profesores de la talla de Ludwig von Mises y muchos otros, las acciones de los gobiernos -en tanto se las denomine “políticas públicas” o de otra manera-, se emplazan (en prácticamente todos los casos) hacia la adopción de medidas intervencionistas, es decir, precisamente contrarias a la libertad y a la propiedad en el sentido en que las describe el autor en comentario. Es que el problema de fondo reside en el poder, que no de modo casual tiende a concentrarse en manos de los gobiernos, y que por distintas razones no ha podido ser limitado, excepto en una muy escasa medida, pese al esfuerzo que han hecho muchos países en el curso de la historia, sobre todo en Occidente que es -a no dudarlo- donde más se han empeñado los defensores de las ideas liberales en tratar de limitar ese poder. Las “políticas públicas” podrían llegar a ser útiles si su diseño y materializaron se encontraran a cargo de personas y organizaciones civiles, lo que hemos denominado la sociedad civil en oposición a la sociedad política. Pero no es lo que habitualmente sucede, desafortunadamente, sino que se da el caso inverso en el que la sociedad política impone su impronta sobre la sociedad civil.

“La globalización es llevada a cabo por los gobiernos, de tal manera que la misma forma parte de las políticas públicas y debe calificarse en función del efecto que tiene sobre la libertad individual y la propiedad privada. Desde este punto de vista, ¿cómo calificarla? Positivamente, por una razón muy sencilla: si la globalización es el proceso por el cual disminuyen y desaparecen las prohibiciones que los gobiernos levantan a las relaciones entre personas de distinta nacionalidad, prohibiciones que por definición limitan o elimina la libertad individual y la propiedad privada, la globalización es un proceso de liberación, una transformación a favor de la libertad individual y, en su aspecto económico, a favor de la propiedad privada, tanto de los productores como de los consumidores.”[2]

En realidad, y como bien lo ha explicado el Dr. Alberto Benegas Lynch (h) entre otros, la globalización se trata de un fenómeno que es llevado a cabo A PESAR de los gobiernos y no “gracias” a ellos. Por supuesto que, bien sabemos que el término globalización se ha prestado -y se sigue prestando- a diferentes interpretaciones pero, acompañando la postura del Dr. Benegas Lynch (h), creemos que la mejor definición es la que identifica la globalización con lo que la economía clásica siempre ha denominado librecambio o libre comercio, de tal suerte que, el vocablo globalización no vendría a ser más que un nuevo término para designar un fenómeno que ya había sido estudiado por los economistas clásicos y neoclásicos, y que en tal sentido hoy resulta muy limitado, en virtud de las múltiples trabas al comercio exterior que existen en la mayoría de los países del mundo, dada la proliferación de barreras arancelarias y no arancelarias, y -en general- del predominio de teorías como la del proteccionismo en materia de comercio internacional, que reducen -y hasta tienden a anular- cualquier vestigio de globalización. Es por ello más correcto decir que la mayor globalización que hoy pueda llegar a observarse es debida a las fuerzas del mercado más que a deliberadas “políticas públicas”.

En rigor, las “políticas públicas” se encaminan más a la violación de la propiedad que a su defensa, y por eso bien se ha dicho al respecto que:

“La propiedad puede violarse tomando el producto que cualquier propietario debe a sus tierras, a sus capitales, o a su trabajo. La propiedad se viola poniendo frenos al libre uso de las propiedades, pues las leyes establecen que la propiedad implica el derecho de uso. Igualmente, la propiedad es violada cuando se obliga a un propietario a cultivar algo, o a impedirle hacer cierto cultivo. Cuando se fuerza cierto modo de cultivo, o se prohíbe. También se viola la propiedad cuando se niegan ciertos usos del capital o maneras de invertir. Cuando se prohíbe la construcción sobre sus tierras, o se le impone una manera de construcción. Hay violación del derecho de la propiedad cuando después de invertir en una cierta industria la autoridad prohíbe esa misma industria, o se le imponen impuestos tan grandes que son iguales a los de una prohibición. Es violación de la propiedad el prohibir el uso de las facultades humanas y la aplicación de sus habilidades y talentos, a excepción de cuando ellos son usados en contra de los derechos de terceros. Viola a la propiedad el hacer que un hombre se dedique a ciertas actividades cuando él considera de más provecho dedicarse a otras labores, por ejemplo, obligándole a realizar un servicio militar.”[3]

[1] Arturo Damm Arnal “¿Cómo vencer los obstáculos hacia un mundo globalizado, sin fronteras? El argumento moral a favor de la globalización” Fundación Friedrich Naumann (FFN)-Oficina Regional América Latina. Pág. 10-11

[2] Damm A. ídem. pág. 11-12

[3] Eduardo García Gaspar. Ideas en Economía, Política, Cultura-Parte I: Economía. Contrapeso.info 2007.  pág. 66

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Presupuesto 2013: luces amarillas sobre Guatemala

Por Pablo Guido. Publicado el 26/6/12 en http://chh.ufm.edu/blogchh/

El gobierno guatemalteco comienza a mostrar los primeros números de lo que sería el proyecto de ley del presupuesto para el 2013, según se lee en la prensa. Las erogaciones del sector público serían de 66.700 millones de quetzales, es decir, un incremento del 12% respecto a los fondos asignados para este año 2012. Los ingresos tributarios se calculan en unos 50 mil millones y el déficit fiscal en 12 mil millones. Esto supone que el gasto público equivaldría al 15,7% del PIB, unos 0,5 puntos porcentuales mayor que ahora. Esto significa que el sector público se llevará una partecita mayor de la riqueza del sector privado y lo redistribuirá según criterios políticos. O sea, en términos reales el tamaño del estado estaría aumentando. La cuenta es simple: si se estima un crecimiento del PIB del 3,5% para el 2013 y un aumento de precios de entre 3 y 5% anual, esto supone que el incremento del gasto superaría la sumatoria de aquellas dos variables (PIB y variación de precios). Lo que significa una mayor participación del gasto público en la economía local.

Lo que deben saber los contribuyentes guatemaltecos es que lo que llevó a la crisis a los países europeos que hoy aparecen diariamente en la prensa (España, Grecia, Italia, Portugal, etc.) es un aumento del tamaño del estado mayor a la tasa de crecimiento de su riqueza. Si en la economía familiar los gastos suben más que los ingresos en algún momento se hacen infinanciables aquellos. Y vienen las crisis fiscales que arrastran a toda la economía. Alerta.

 Pablo Guido se graduó en la Maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE. Es Doctor en Economía (Universidad Rey Juan Carlos-Madrid), profesor de Economía Superior (ESEADE) y profesor visitante de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala). Investigador Fundación Nuevas Generaciones (Argentina). Director académico de la Fundación Progreso y Libertad.