¿Se ajustará alguna vez la política?

Por Enrique Aguilar: Publicado el 12/1/21 en: https://eleconomista.com.ar/2021-01-se-ajustara-alguna-vez-la-politica/

¿Se ajustará alguna vez la política?

El reciente episodio protagonizado por la directora del INADI, quien reveló haber hecho beneficencia con dinero ajeno al contratar a gente cercana y presuntamente necesitada porque “para eso está el Estado”, es un testimonio más de la inconexión existente entre la clase gobernante y el común de los mortales argentinos. La política, en efecto, siempre propensa a colonizar el Estado y convertida desde hace tiempo en un ámbito de movilidad social ascendente, se ha mostrado porfiadamente incapaz de dar el paso inicial, revisando sus propias cuentas antes de obligar a la sociedad a incrementar las suyas con más impuestos y restricciones de toda índole.

¿Cómo se explica, por ejemplo, que con nuestros exorbitantes niveles de pobreza tengamos veinte ministerios, con el tendal de dependencias que ello supone? ¿Cuántas oportunidades ofrece este exceso de organismos para la generación de contratos de los que luego algunos hacen usufructo? ¿Cómo se explican las remuneraciones que se perciben en muchos de esos ámbitos que, como señaló la revista “Criterio” en un editorial titulado “¿Cuánto Estado puede sostener el sector productivo?”, “alimentan el deseo cargos públicos en profesionales jóvenes conscientes de lo difícil que les resultaría alcanzar esos ingresos en ámbitos privados”? ¿Qué decir de las exenciones impositivas, los regímenes especiales y demás privilegios enquistados en los poderes del Estado que, por lo pronto, resultan incompatibles con el principio de igualdad “como base del impuesto y de las cargas públicas” consagrado por nuestra Constitución?

El recurso a una mayor presión fiscal, en un país que ha perdido el sentido del límite en este como en tantos otros terrenos, no puede sino consternar todavía más a una clase media que viene siendo esquilmada indisimuladamente por gobiernos tan faltos de voluntad como de imaginación para recortar gastos. Un ejemplo reciente nos sirve de ilustración. Me refiero a la alícuota del 1,2 % en concepto de Impuesto a los Sellos que se aplica desde ahora sobre las compras y débitos por tarjetas de crédito de ciudadanos residentes en CABA. Se trata, como siempre, de la solución más fácil y al alcance de la mano para quienes prefieren no pagar el precio de revocar una regla no escrita de nuestra vida política, a saber: la que estipula que los ajustes siempre deben recaer sobre el sector privado.

Las críticas se han hecho oír prontamente con respecto a este nuevo gravamen al consumo: por el contrasentido que supone su imposición al mismo tiempo que se pretende alentar la recuperación de la actividad económica (“quieren estimular la economía agobiando al que la pone en marcha”, adujo el presidente de la CAME, Gerardo Díaz-Beltrán); porque desalienta la bancarización y aumenta la informalidad, e incluso por sus vicios de legalidad al vulnerar –según se ha advertido también– normativas vigentes que impiden gravar con dicho impuesto instrumentos que no revisten los caracteres exteriores de un título jurídico válido, como ocurre con los resúmenes de tarjeta de crédito que obran meramente como una liquidación de gastos.

Por su parte, el Gobierno de CABA (cuya estructura y plantilla de empleados parecen fuera de toda proporción) defendió el nuevo tributo aludiendo a la necesidad de compensar la pérdida originada en la decisión del gobierno nacional de redirigir un porcentaje de la coparticipación que percibía la ciudad. Asimismo, se respaldó en la necesaria “armonización” con otras jurisdicciones que ya aplican este impuesto, argumento cuando menos absurdo para los que creemos que un buen gobierno debería caracterizarse por “armonizar” para mejor, pero nunca para peor.

Manso rebaño de sus sucesivos pastores, el sector productivo parece indefectiblemente condenado a obedecer y pagar, aceptando un sacrificio nunca compartido por el Estado en sus distintas jurisdicciones. ¿Por qué habría de ocurrir lo contrario? ¿Qué incentivos tiene la dirigencia política para cambiar sus viejas mañas? ¿Acaso cabe pensar que un individuo, habituado a maximizar sus intereses, habría de relegarlos a un segundo plano por el solo hecho de acceder a una función pública? Antes de crear nuevos impuestos, sería más que revelador para la opinión pública conocer con exactitud algunos detalles de un gasto público descomunal que, en un mano a mano con los contribuyentes, ningún funcionario se animaría en su sano juicio a defender y cuya prolija revisión, sea que redunde o no en un ahorro verdaderamente significativo, se impone por sí misma, como gesto no solo político sino primariamente moral.

Decía Benjamin Constant que, “en determinadas épocas, hay que recorrer todo el círculo de las locuras para volver a la razón”. ¿Habremos recorrido los argentinos todo ese círculo? Es un interrogante que nos invade a estas horas.

Enrique Edmundo Aguilar es Doctor en Ciencias Políticas. Ex Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación de la UCA y Director, en esta misma casa de estudios, del Doctorado en Ciencias Políticas. Profesor titular de teoría política en UCA, UCEMA, Universidad Austral y FLACSO,  es profesor de ESEADE y miembro del consejo editorial y de referato de su revista RIIM. Es autor de libros sobre Ortega y Gasset y Tocqueville, y de artículos sobre actualidad política argentina.

Chile se apresta a discutir su sistema previsional, y esto no solamente impactará allí sino en toda América Latina

Por Martín Krause. Publicada el 25/4/17 en: http://bazar.ufm.edu/chile-se-apresta-discutir-sistema-previsional-no-impactara-alli-sino-toda-america-latina/

 

La discusión sobre el sistema jubilatorio en Chile no es importante solamente en ese país, aunque ciertamente es a quien más impacta, sino también en el resto de la región, ya que su modelo fue copiado por muchos otros países. Esto publica el Instituto Libertad y Desarrollo en un informe titulado “Pan para hoy…”: http://www.lyd.org/lyd/TemasPublicos/TP1299ANUNCIOPENSIONES.pdf

“El debate previsional en Chile se ha mantenido fuerte en la discusión pública durante el último año, producto de la preocupación existente por mejorar las pensiones. Dicha discusión ha revelado un amplio desconocimiento del funcionamiento de nuestro sistema previsional, y también el hecho que la receta más eficiente y justa para mejorar los ingresos al momento de jubilarse es aumentar el ahorro durante la vida activa. Esto, además de exigir un incremento en el esfuerzo individual, requiere necesariamente de mejoras en el mercado laboral que permitan fomentar la participación en empleos formales, de tal modo de aumentar la densidad de cotización (sobre todo para las mujeres).

Luego de un trabajo de siete meses con actores de distintos ámbitos políticos que culminó sin acuerdo, el Ejecutivo dio a conocer los principales componentes del proyecto de ley que enviaría este año en materia previsional. Lamentablemente, la propuesta erosiona los pilares del sistema vigente -basados en la retribución al esfuerzo, la confianza en el sector privado (y un Estado subsidiario) y la sustentabilidad fiscal- y podría tener consecuencias que terminen jugando en contra de los factores determinantes de una mejora en el nivel de las pensiones futuras.

El anuncio, al menos en los términos planteados hasta ahora, introduce costos innecesarios al sistema, creando una nueva burocracia estatal que administraría monopólicamente el mayor ahorro. Además, desincentiva el ahorro individual, fomenta la informalidad en el mercado laboral y genera un efecto negativo en el empleo. Lo anterior, sumado a que se optó por no aumentar la edad legal de jubilación de las mujeres, nos lleva a concluir que se desaprovechó la oportunidad de buscar perfeccionar adecuadamente, desde el punto de vista técnico, nuestro sistema previsional de tal modo de mejorar las pensiones de vejez.

EL 5% ADICIONAL Y SUS CONSECUENCIAS

La esencia del anuncio de la semana pasada dice relación con un aumento de 50% en la tasa de cotización previsional (5 puntos porcentuales), su destino y administración: el incremento señalado sería con cargo al empleador y se implementaría de manera gradual en 6 años. De los 5 puntos adicionales, en régimen, 3 puntos irían a una “cuenta personal” de los trabajadores (“heredables, de plena propiedad”, de acuerdo a lo señalado por la Presidenta) y 2 puntos a lo que se denominó “Seguro de Ahorro Colectivo”, para mejorar tanto las pensiones en curso (componente intergeneracional o de reparto) como las de aquellos que “logren menor ahorro y pensiones más bajas” (componente intrageneracional). Respecto a la administración de estos recursos, todo el mayor ahorro sería gestionado por una entidad estatal. Por último, la Presidenta señaló que esta propuesta “permitirá subir en promedio en 20% los montos de las actuales pensiones de vejez entregadas por las AFP”.

La solución planteada por el Ejecutivo aparentemente reconocería un principio básico de nuestro sistema previsional: para mejorar las pensiones se requiere de un mayor ahorro. Sin embargo, presenta de una serie de problemas que probablemente se traducirán en que la mejora en pensiones será inferior a la que se podría haber obtenido si el mayor ahorro se hubiese destinado completamente a las cuentas individuales. Primero, todo apunta a que la entidad pública anunciada responde más a presiones de carácter político que a razones técnicas. De hecho, nada asegura que una entidad estatal como ésta permitirá maximizar la rentabilidad de los ahorros y minimizar los costos de administración, únicas condiciones que permiten que un mayor ahorro se traduzca en un aumento en las pensiones. Tampoco se da certeza que su carácter “autónomo” permita eliminar los importantes riesgos de captura política de dicha institución. Su creación tampoco reconoce que el mayor ahorro es de propiedad de los trabajadores, y por ende debiesen ser ellos quienes elijan quién administre su ahorro previsional, y no el Estado quien les obligue a invertir sus recursos en la nueva institución pública. Es decir, se le otorga al Estado un monopolio sobre la administración de los recursos, obligatorio y sin ninguna competencia. Y lo que es peor, se utilizan recursos públicos que podrían haberse destinado a mejorar las pensiones de quienes más lo necesitan a través del Pilar Solidario.

Por su parte, el componente denominado “Seguro de Ahorro Colectivo” (40% del mayor ahorro, 2 de los 5 puntos de cotización adicional) corresponde netamente a un impuesto al trabajo formal para financiar pensiones de terceros. Esto podría efectos negativos en el mercado laboral, tales como incentivar la informalidad, dado que se rompe la relación entre la cotización de los trabajadores y el beneficio recibido (si la mayor cotización financia las pensiones de “otros”, disminuyen los incentivos a cotizar y a trabajar formalmente).

Respecto del 60% restante (los 3 puntos que se destinarían a una “cuenta personal”), preocupa el que en vez de permitirles decidir qué hacer con sus recursos, los trabajadores sean obligados a destinar su mayor ahorro a una entidad estatal, que no les asegura bajos costos de administración y mayor rentabilidad.

Adicionalmente, el anuncio comprometió un aumento de 20% en las pensiones de vejez autofinanciadas que hoy entregan las AFP, lo cual equivaldría a US$ 402,8 millones anuales. Si consideramos que de acuerdo a las cotizaciones vigentes cada punto de cotización equivale a cerca de US$ 700 millones anuales, esto implica que para financiar el compromiso señalado con un aumento de la cotización (tal como lo propone el anuncio), se requiere de al menos 0,6 puntos porcentuales adicionales (suponiendo que no disminuye el número de cotizantes ni el monto cotizado, lo cual es un supuesto conservador considerando los desincentivos a la cotización e incentivos a la informalidad antes mencionados).”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).