Por qué el diseño de las nuevas tarifas de los servicios públicos es un grave abuso de poder

Por Enrique Blasco Garma. Publicado el 28/08/22 en: https://www.infobae.com/opinion/2022/08/28/por-que-el-diseno-de-las-nuevas-tarifas-de-los-servicios-publicos-es-un-grave-abuso-de-poder/

Los intercambios libres superan conflictos y enriquecen. La peor cárcel es el exceso de regulaciones y restricciones

Al proponer tarifas de servicios públicos, conviene discernir los bienes públicos de los bienes privados

Al proponer tarifas de servicios públicos, conviene discernir los bienes públicos de los bienes privados

Una semana atrás destacaba en Infobae que “los escolásticos españoles del siglo XVI y XVII desarrollaron la noción del precio justo en un contexto jurídico y no físico. Tiene que ver con los conceptos de poder, voluntad, conocimiento individual. Una cosa vale tanto cuanto es el valor en que puede venderse, en libertad, excluidos la fuerza y el fraude, que enturbian la voluntad del comprador”.

Al proponer tarifas de servicios públicos, conviene discernir los bienes públicos de los bienes privados.

Los bienes privados benefician exclusivamente al usuario y se agotan con cada uso individual. La vaca consume el pasto del potrero, quitando a lo disponible para el rebaño; mi provisión de electricidad me beneficia a exclusivamente a mí y resta kw/h para los demás. Es razonable que yo pague por consumirlo y no recargue la cuenta de otros, como hacen los subsidios. Así, cada persona decide qué le conviene mejor: calefaccionar con electricidad, gas, consumir alimentos, invertir en activos, según sus preferencias y posibilidades.

En contraste, los bienes públicos benefician la coherencia de las actividades conjuntas y el uso individual no los agota. El significado de las palabras, la estabilidad de las unidades de medida: el metro, kilo, el valor del peso, la emisión monetaria, las leyes, no son extinguidos por los usuarios que, por el contrario, refuerzan su valía.

Por eso, conviene que la energía y los bienes privados sean provistos y cobrados por empresas competitivas, según el costo de cada unidad del bien suministrado a cada cliente. Que cada usuario pague el precio de producirlo. Mientras los bienes públicos conviene sufragarlos según acuerdos ampliamente consensuados -impuestos- independientemente del uso, actividad, de cada particular.

Esta mirada denuncia que cobrar tarifas diferentes según supuestos indicadores de ingresos de los clientes, pergeñados por burócratas singulares, conlleva imposiciones ilegítimas. Que contrarían las voluntades, el interés general, deterioran el PBI, agravando las insatisfacciones populares.

Bajo el esquema anunciado, los supuestos clientes de mayores ingresos pagarán la cuenta de los consumos mas subsidiados; las nuevas tarifas no cumplirían la función de optimizar el uso de la energía y agua.

Si la política fuera transferir ingresos a personas determinadas, transparentarlo directamente, sin engaños, ni argucias. La Argentina, anquilosada por la preponderancia del Estado y funcionarios que no funcionan, perderá demasiados negocios.

Brecha de ingreso entre las economías libres y las restringidas

Sin intercambios libres, cada uno de los humanos se empobrecería sin remedio. Pues se supera el peor de los conflictos, las carencias personales insatisfechas, en tanto se comercia, valorizando las diferentes habilidades, conocimientos, deseos, bienes faltantes.

Todos y cada uno pueden conseguir bienes valiosos, y se benefician mutuamente, negociando con otros. Eso explica que el ingreso promedio por habitante de los países se expande con los intercambios voluntarios. Sostengo que el recurso decisivo de las sociedades, países, no está en la naturaleza, si no en la capacidad de contratar negocios coordinados, intercambios coherentes con los costos de oportunidad.

En una mezcla de temores y, también, de aceptar las ventajas de empoderar a las personas, los países implementan reglas, instituciones, que regulan los contratos. Los gobiernos se distinguen por el grado de reconocimiento de la libertad contractual, o autonomía de la voluntad de las personas, van conformando límites para la autonomía individual estableciendo entramados de libertades y prohibiciones a la actuación de las partes, mediante leyes, regulaciones.

A mayores libertades, reconocimientos de la autonomía de la voluntad, los ingresos promedio, PBI por habitante, son más altos, como se advierte en las estimaciones del World Economic Outlook del FMI, desde USD 230 en Sudán del Sur hasta los USD 102.000 de Irlanda, en 2021, pasando por los USD 10.000 actuales en la Argentina. Tanto más libres las transacciones de abusos y engaños, mayores son las satisfacciones y los ingresos por habitante.

Para 2022, el ranking de los PBI por habitante será impactado por los eventos derivados de la invasión de Rusia a Ucrania, como la restricción energética a Europa y de las exportaciones agrícolas del país invadido, la aceleración de la inflación, la decisión de la Fed de aumentar la tasa de interés de referencia; y los acontecimientos climáticos.

La competencia libre de trabas redundantes espolea las habilidades particulares. Las violaciones, abusos, el engaño coartan las libertades. Justicia implica información, reglas parejas y estables.

Enrique Blasco Garma es Ph.D (cand) y MA in Economics University of Chicago. Licenciado en Economia, Universidad de Buenos Aires. Fue Economista del Centro de Investigaciones Institucionales y de Mercado de Argentina CIIMA/ESEADE. Profesor visitante a cargo del curso Sist. y Org. Financieros Internacionales, en la Maestria de Economia y C. Politicas, ESEADE. Sigue a @blascogar

LAS TRES ETAPAS DEL AVANCE DEL ESTADO

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 12/7/15 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2015/07/las-tres-etapas-del-avance-del-estado.html

 

(De un ensayo de próxima aparición).

  1. Las tres etapas del avance del estado.

El principio de subsidiariedad (PS), la iniciativa privada y las libertades individuales consiguientemente protegidas, sufrieron una negación y una involución progresiva que podríamos señalar en tres etapas.

  1. a) El estado-nación legislador del s. XIX.

Fruto del positivismo, que en lo social Hayek llama constructivismo[1], los estados-nación racionalistas europeos de fines del s. XIX (Francia, Italia), con copias en Latinoamérica (México, Uruguay, Argentina), avanzaron sobre temas de educación, salud pública y matrimonio, con la intención de educar y proteger al ciudadano en tales áreas mediante lo que la ciencia podía proporcionar. La educación pública obligatoria tenía por misión educar en las ciencias y letras básicas el futuro ciudadano ilustrado[2] y secularizado; la medicina se divide en legal e ilegal, y en la primera el estado avanza en la salud pública. En materia de matrimonio y familia los estados avanzan quitando el cuasi-monopolio que las comunidades religiosas mantenían en esas áreas. Comparado con lo que vino después, fue un positivismo ingenuo y un laicismo moderado (laicismo como esencialmente diferente a la sana laicidad)[3]. Los estados educaban en cosas que hoy consideraríamos “buenas” tales como ciencia básica, lecto-escritura, matemáticas, etc., y los hospitales públicos se regían por una medicina científica relativamente des-ideologizada. Las comunidades religiosas toleraron al principio y aceptaron luego esta situación sin sospechar lo que vendría después.

  1. b) El Welfare State.

Como fruto de la crisis del 29 y la progresiva crítica y desconfianza a un liberalismo “individualista”, surge más o menos a mitad del s. XX el convencimiento generalizado de que los gobiernos centrales deben ofrecer bienes públicos en materia de salud, medicina, educación e información, respondiendo ello a lo que serían los derechos de segunda generación (a la salud, la vivienda, la educación, la seguridad social, etc.) muchos de los cuales fueron explícitamente escritos en diversas reformas constitucionales[4]. Luego de la 2da. guerra, este avance del estado convive con formas republicanas en EEUU (el New Deal) y en Europa (el Estado Providencia) o con sistemas más autoritarios, como el primer peronismo en Argentina, de orientación claramente fascista en el sentido técnico del término. Los estados, con toda lógica, proveen salud, educación, seguridad social e información, según los criterios del estado, por supuesto. Pocas voces, como Mises y Hayek, advierten los peligros para los derechos personales[5], pero no son escuchadas. Diversas religiones aceptan de buena gana el sistema, convencidas de la crítica al liberalismo y de la necesaria intervención del estado para proteger a los menos favorecidos por la lotería natural de recursos, como diría Rawls[6]. Claro, esto siempre que los gobiernos no quisieran imponer coactivamente cuestiones que violaran la libertad religiosa, pero al principio, dadas las costumbres de la época, ello no parecía ser un problema. Los católicos argentinos tuvieron una primera advertencia cuando Perón se enfrentó con la Iglesia en su 2do. mandato, pero luego los militares católicos que lo derrotaron utilizaron los mismos instrumentos estatales para imponer la “sana doctrina” y lo que algunos autores llaman “el mito de la nación católica”[7]. Mientras tanto, el PS y las libertades individuales brillaban por su ausencia, ya despreciadas estas últimas como la mera expresión ideológica de un capitalismo supuestamente incompatible con lo religioso.

  1. c) Las nuevas ideologías autoritarias.

El escándalo se produce cuando nuevas ideas, casi inconcebibles mundialmente en los 30 y los 40, amanecen en el horizonte para ser impuestas desde el estado, violentamente enfrentadas con lo religioso, como una nueva etapa de laicismo radical. Ellas son:

  1. Que el sexo es una identidad que el individuo se coloca a sí mismo con total autodeterminación.
  2. Que el aborto y los anticonceptivos son derechos que todo individuo tiene derecho y obligación de recibir.
  3. Que el matrimonio homosexual (y obviamente disoluble) es otro derecho de igual naturaleza que los anteriores.
  4. Que ya no hay derecho a la libertad de expresión, sino derecho a la información objetiva, que el estado debe proveer, contrario a las manipulaciones comunicativas de las corporaciones privadas.
  5. Que los planes y programas de estudios, especialmente los primarios y secundarios, ya privados o púbicos, deben enseñar obligatoriamente 1, 2 y 3;
  6. Que las instituciones de salud, ya privadas o públicas, deben proveer de manera coactiva y obligatoria el punto 2,
  7. Que todo desacuerdo con todos los puntos anteriores es un acto de discriminación que debe ser penalmente prohibida.

¿Por qué hemos llamado a todo lo anterior “ideologías autoritarias”? Porque su problema no radica principalmente en el contenido de lo que proponen. En una sociedad libre, con derecho a la libertad de expresión, enseñanza, asociación e intimidad, los que quieran pensar como el punto 1 y el 2 (el aborto ya es otro tema pues está en juego el derecho a la vida), etc., tienen todo el derecho legal a hacerlo: tienen derecho a la libertad de expresión y derecho a la intimidad personal. El problema radica en su imposición global a través de los instrumentos del estado, instrumentos legales que ya habían quedado perfectamente preparados en las fases a y b. Pero las comunidades religiosas, durante las fases a y b, no advirtieron el problema. Habiendo aceptado muchas de ellas el estado providencia y los derechos de 2da. generación, denigrando al mismo tiempo a las libertades individuales como pertenecientes a un liberalismo individualista y agnóstico, más que como emergentes necesarias del PS, quedaron indefensas ante la tercera fase.Ahora reclaman sus libertades, cuando ya es casi muy tarde. Ahora reclaman la libertad de conciencia pero no tendrían problema en volver a un estado providencia cuando este último vuelva a “portarse bien” en esas materias. Eso las desautoriza ante la opinión pública, por un lado, y las ha vuelvo con-causa de esta nueva oleada de laicismo autoritario que ahora critican con tanto vigor.

 

[1] “Los errores del constructivismo”, en Nuevos Estudios, op.cit.

[2] Zanotti, Luis J.: Etapas históricas de la política educativa, Eudeba, Buenos Aires, 1972.

[3] Nos referimos a la noción de sana laicidad manejada sobre todo por Pío XII y Benedicto XVI. Sobre este tema ver Santiago, A.: La relevancia cultural, política y social de la religión en los albores del s. XXI, Academia Nacional de Ccias. Morales y Políticas, Buenos Aires, 2015.

[4] Sobre este tema ver Bidart Campos, G.J.: Las obligaciones en el derecho constitucional, Ediar, Buenos Aires, 1987.

[5] Mises, en La Acción Humana (Sopec, Madrid, 1968) y Hayek en Camino de servidumbre (Alianza, Madrid, 1977) yLos Fundamentos de la Libertad (Unión Editorial, Madrid, 1975).

[6] Nos referimos a su clásico Theory of Justice, Harvard University Press, 1971.

[7] Irrazábal, G.: Iglesia y Democracia, Ediciones Cooperativas, Biblioteca Instituto Acton, Buenos Aires, 2014.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

La única ‘arma’ eficiente: la paz

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 21/10/12 en http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/alejandrotagliavini/la-unica-arma-eficiente-la-paz-alejandro-a-tagliavini-columnista-el-tiempo_12324176-4

Pasaron amenazas de guerras con misiles, décadas y décadas de embargo, de prohibir a los estadounidenses el comerciar y viajar a Cuba, y los Castro ni se inmutaron. A estas alturas, Mitt Romney, que insiste en que la política exterior de los EE. UU. es demasiado «blanda», debería tomar nota de tantas guerras sin sentido para darse cuenta de algo en lo que la ciencia insiste desde hace mucho: que la violencia, lejos de defender la vida, solo la destruye. 

Ahora, enmarcado en pocos cambios dentro de Cuba, el gobierno de Raúl Castro anunció la eliminación de los permisos de salida para viajar al exterior y dejó sin efecto el requisito de la «carta de invitación», como parte de una esperada reforma migratoria, que entrará en vigor el 14 de enero del 2013, desde cuando «solo se exigirá la presentación del pasaporte corriente actualizado y la visa del país de destino». Claro que «serán acreedores de dicho pasaporte los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Migración», o sea que el gobierno seguirá decidiendo a quién le da salida y a quién no.

Sorprende, por otro lado, que a estas alturas de la civilización todavía pueda justificarse la esclavitud sin que intervenga ningún organismo de los «derechos humanos»: «Se mantendrán medidas para preservar el capital humano creado por la Revolución, frente al robo de talentos que aplican los poderosos», aseguró el gobierno castrista, que planea seguir imponiendo restricciones a la salida de profesionales, como los médicos.

«El fin del permiso de salida indica que ya es el fin del fidelismo, esté él físicamente o no, porque este era uno de los grandes baluartes que Fidel Castro mantenía; era una de sus premisas fundamentales, el asunto migratorio», afirmó la reconocida bloguera cubana Yoani Sánchez, que planea acogerse a la medida y salir, «¡para volver!», el 14 de enero… si es que dejan salir a la periodista famosa por su blog Generación Y.

En fin, poco o mucho, todo lo que se ha conseguido ha sido solo gracias a un «arma» mucho más poderosa y eficiente que las nucleares: la paz. «Lo que ocurrió no es que el Gobierno haya flexibilizado los límites a la libertad de expresión, ni haya permitido que la diferencia aflore… (sino) que los ciudadanos nos hemos atrevido a decir y hemos encontrado altavoces como las nuevas tecnologías, los teléfonos celulares, los sitios de Internet. Así que no es que nos han permitido hablar, sino que nos hemos tomado este permiso por nuestra cuenta», sentenció Sánchez.

Es que la información, la verdad, cuya trasmisión es facilitada cada vez más, dado el desarrollo tecnológico, es aliada incondicional de la paz. De nada sirven ejércitos y policías, ni los recaudadores de cargas fiscales coactivamente impuestas, si los perseguidos pueden anticipar sus movimientos. Precisamente, la única diferencia entre el estatismo (que tiene los días contados gracias a la tecnología), que supone la imposición coactiva (con base en el monopolio de la violencia estatal), y el mercado es que en este último el accionar entre las personas es pacífico y voluntario.

De aquí que la peor incoherencia contra el mercado es afirmar que se necesitan ejércitos y policías para defenderlo y, así, quienes ponen en práctica esta afirmación son, sin duda, sus peores enemigos porque introducen violencia en un mecanismo que es esencialmente pacífico y voluntario.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.