Por el gasto público se conoce su escala de valores

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 24/5/15 en: http://economiaparatodos.net/por-el-gasto-publico-se-conocen-su-escala-de-valores/

 

Con el centro cultural Néstor Kirchner quedó en evidencia que puede más su vanidad que las necesidades de la gente

La ciencia económica existe por la sencilla razón que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. La economía no es otra cosa que optar permanentemente. ¿Destino mis escasos recursos a comprar el bien A o el bien B? ¿Ahorro o compro un servicio o una mercadería? ¿Ahorro para invertir en algún emprendimiento industrial o para comprar un bien de consumo durable? Las opciones que se les presentan a la gente son infinitas y los recursos escasos. Cada día las personas tienen que optar comprando o dejando de comprar. Y si compran, eligiendo si compran el bien A o el bien B. Esta es la cruda realidad y la razón por la cual no vivimos en el paraíso terrenal. Sencillamente porque no existe ese mundo sin escases de recursos.

En una sociedad libre la gente va optando y definiendo que quiere comprar de acuerdo al valor que le otorga a cada bien. Si compra una computadora en vez de un televisor es porque valora más la computadora que el televisor y, al mismo tiempo, valora más la computadora que el dinero que está entregando a cambio de la computadora. A su vez, el que vende la computadora a un precio determinado, es porque valora más el dinero que está recibiendo que la computadora que está entregando. En todo intercambio también hay valores subjetivos que entran en juego.

Lo que hay que resaltar es que los precios son el resultado de valoraciones subjetivas de millones de personas que interactúan todos los días en forma pacífica. Llevan a cabo actos voluntarios de intercambio.

Es cierto que muchas veces las personas se arrepienten de haber realizado determinada compra o acto económico porque luego descubrió que no resultó ser la opción económica más conveniente. Sin embargo, esa persona llevo a cabo el acto económico con la información que tenía en ese momento. Actuamos, entre otras cosas, con la información que tenemos en el momento de hacer la transacción, pero nadie tiene toda la información que está dispersa por el mercado. Si una persona tuviera toda la información que está dispersa en el mercado, siempre sería económicamente exitosa. Creer que existe una persona así es como pretender ganar a las carreras de caballos con el diario del lunes. ¡El diario del lunes no lo tiene nadie! Y menos los ministros de economía.

Pero lo más importante es tener presente que en cado acto económico hay una expresión subjetiva de valor.

Bien, cuando el estado interviene en la economía, lo hace para cambiar la asignación de recursos que definió la gente en un contexto de libertad. En otras palabras, en el fondo los burócratas están cambiando las valoraciones de la gente o mejor dicho las ignoran. Este es el dato central a tener en cuenta. Cuando el burócrata cambia la asignación de recursos está sustituyendo los deseos de cada uno de nosotros. Él manda como un dictador sobre los deseos de millones de personas y, por supuesto, dispone de menos información que cada consumidor. ¿Por qué? Porque cada consumidor sabe de qué recursos dispone y cuáles son sus prioridades. En base a esos datos actúa. El burócrata desconoce de qué recursos dispone cada uno de los millones de consumidores y también desconoce cuáles son las prioridades de cada uno de esos millones de consumidores. Por lo tanto, como decía antes, una persona en particular puede tomar una decisión económica equivocada, pero lo hace con la información que disponía en ese momento. El burócrata no dispone de ninguna información. Actúa sólo en base a sus caprichos y por eso siempre se equivoca. Es solo un acto de soberbia pretender asignar los recursos desde un escritorio en el ministerio de Economía. O, si se prefiere, es la soberbia típica de los fascistas que imponen por la fuerza sus puntos de vista, que siempre están equivocados porque van contra la voluntad de las personas.

Pero esos actos de soberbia también reflejan escalas de valores que difícilmente la sociedad comparta y solo tiene que acatarlos por el monopolio de la fuerza que dispone el burócrata que se los impone.

La semana pasada, cuando Cristina Fernández inauguraba el centro cultural Néstor Kirchner, quedaba en evidencia un acto de expresión de valoraciones de la presidenta. De acuerdo a la información periodística, dicho centro cultural habría terminado costando unos $ 5.000 millones. Las opciones de Cristina Fernández eran dos: a) construir dicho centro cultural o b) subir el mínimo no imponible para mejorar el ingreso real de la gente que trabaja. Optó por expoliar a la gente que trabaja y continuar con su proyecto de hacer un centro cultural que, por cierto, tiene bastante de vanidoso al haberle puesto el nombre de su esposo.

Claro, el lector podrá decir que con $ 5.000 millones anuales, no se soluciona el problema de ingresos de la gente. Pero si a esos $ 5.000 millones le sumamos los $ 1.400 millones anuales que cuesta Fútbol Para Todos, los $ 7.500 millones anuales que gasta el Congreso con su estructura de 16.000 “empleados”, los U$S 250 millones que pierde Aerolíneas Argentinas o los 2 millones de empleados públicos adicionales que hay a nivel nacional, provincial y municipal, vamos llegando a un número en el que quedan en claro los valores del gobierno kirchnerista. Valores que nos dicen que para ellos es preferible quitarle la mayor parte posible a la gente del fruto de su trabajo y asignarlo con un criterio de conveniencia política. El objetivo es nivelar a la mayor parte de la sociedad hacia abajo, quedando solo unos pocos ricos, que normalmente son funcionarios públicos y amigos del poder.

En síntesis, cuando la semana pasada veía inaugurar el centro cultural Néstor Kirchner y al mismo tiempo las protestas de los empleados por la carga tributaria que soportan, la conclusión es categórica: por el monto del gasto público y en cuánto gastan, se conocen los valores de los gobernantes. Y esos valores reflejan que puede más su vanidad que las necesidades de la gente.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

¿De qué sirve la propiedad privada?

Por Gabriel Boragina. Publicado el 30/9/13 en http://www.accionhumana.com/

Si bien el concepto de propiedad es tan antiguo como el hombre mismo, el de propiedad privada puede decirse que es –en una comparativa histórica- relativamente reciente. La propiedad privada se generaliza (y populariza) con el auge del liberalismo, aproximadamente a partir especialmente desde fines del siglo XVIII y hasta los comienzos del XX.
Explica el Dr. A. Benegas Lynch (h):
“Es habitual sostener que no es posible “dejar todo a las fuerzas ciegas del mercado”. Se piensa que si eso fuera así podría ocurrir que todo el mundo decida producir leche y no haya pan disponible o que todo el mundo se incline por la profesión de la ingeniería y no haya médicos. Estas preocupaciones resultan cuando no se comprende el significado del mercado que está basado en la institución de la propiedad privada y trasmite información dispersa a través de los precios. La propiedad privada, es decir, la facultad de usar y disponer de lo propio, se asigna debido a que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Esos recursos escasos pueden asignarse a muy diversas actividades por muy diversas personas. El sentido del primer ocupante y luego la transmisión de la propiedad por medio de arreglos libres y voluntarios hace que se asigne a quienes son más eficientes para atender las necesidades de los demás.”[1]. Mayor claridad es imposible.
La propiedad privada es lo opuesto al socialismo, lo cual es una de sus características distintivas:
“socialismo significa abolición de la empresa privada y de la propiedad privada de los medios de producción y creación de un sistema de «economía planificada», en el cual el empresario que actúa en busca de un beneficio es reemplazado por un organismo central de planificación.”[2]
Esta es una de las razones por las cuales resultan absurdas -por autocontradictorias- expresiones tales como “socialismo libertario”, o la igualmente ridícula de “socialismo de mercado” o “competitivo”.
Que la ley reconozca el derecho de propiedad privada no es, en modo alguno, garantía bastante de que dicho derecho sea respetado. De hecho, la mayoría de las legislaciones del mundo reconocen formalmente el derecho de propiedad, no obstante lo cual se verifica a menudo que el mismo es repetitivamente violado por muchos otros medios. Todo lo cual ya lo había advertido F. A. von Hayek hace tiempo con estas palabras:
“No es en modo alguno suficiente que la ley reconozca el principio de la propiedad privada y de la libertad de contrato; mucho depende de la definición precisa del derecho de propiedad, según se aplique a diferentes cosas.”[3]
Del mismo modo, ya antes, en el siglo XIX, el genial pensador francés Frédéric Bastiat nos demostró como la ley también podía destruir el derecho de propiedad, tal y como lo vemos hoy en día.
Alberdi alertaba, también en el siglo XIX, sobre como el gobierno podría demoler la economía  y la propiedad de un país:
“El poder de crear, de manejar y de invertir el Tesoro público, es el resumen de todos los poderes, la función más ardua de la soberanía nacional. En la formación del Tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la propiedad privada y hollada la seguridad personal; en la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido, degradado el país.”[4]
Las lúcidas advertencias alberdianas no fueron lamentablemente escuchadas, sobre todo a partir de las primeras décadas del siglo XX, donde sus brillantes ideas fueron injustificadamente relegadas al más infundado olvido.
Los gobiernos socialistas o socialdemócratas, o del tipo “estado” -mal llamado- “de bienestar” o “benefactor”, siempre son gobiernos cuyo tamaño tiende a crecer indefectiblemente. A la larga, se trasforman en gobiernos grandes o elefantiásicos (como la mayoría de los gobiernos de hoy) y perjudican la propiedad:
“El gobierno pequeño es hermoso. El gobierno pequeño es simple y barato y bueno. El gobierno pequeño responde por sí mismo. No hay lugar para esconder el dispendio y la corrupción en el presupuesto de un gobierno muy pequeño. El gobierno pequeño respeta la libertad individual y la responsabilidad personal y la propiedad privada.”[5]
Para que exista democracia ha de estar precedida antes de un sistema capitalista y –además- incluida por este, y -a su turno- para que tenga lugar este último también es condición imprescindible que exista propiedad privada:
“Se dice ahora con frecuencia que la democracia no tolerará el «capitalismo». Por ello se hace todavía más importante comprender que sólo dentro de este sistema es posible la democracia, si por «capitalismo» se entiende un sistema de competencia basado sobre la libre disposición de la propiedad privada. Cuando llegue a ser dominada por un credo colectivista, la democracia se destruirá a sí misma inevitablemente.”[6]
Estas proféticas palabras de Hayek se han visto cumplidas hoy por doquier, donde quiera que observemos el mundo vemos pseudodemocracias u otras mal llamadas así, dominadas por diferentes credos colectivistas. Sin propiedad privada no hay democracia de ninguna índole.
Generalmente, -y ya en la vida diaria- la propiedad privada es aquello que la mayoría de la gente critica en los demás, pero –por el contrario- no critica en ellos mismos, demostrando tales fustigadores una buena dosis de envidia. Es más fácil, por supuesto -para muchos- esperar que sean “los otros” los que se desprenden generosamente de sus posesiones que los primeros.
La propiedad privada es el único medio por el cual se puede combatir eficazmente la miseria y la pobreza que aun asola el mundo. Todos los demás sistemas han fallado irremediablemente. Por ello todo ataque a ella conduce a la miseria.


[1] Alberto Benegas Lynch (h) “El liberalismo como respeto al prójimo”. Especial para “Contribuciones”, Fundación Adenauer. pág. 4.
[2] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág.  pág. 62.
[3] Hayek, Camino….ob. cit. pág. 68
[4] Juan Bautista Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. pág. 181
[5] Michael Cloud. Secretos de la persuasión liberal. Instituto de Libre Empresa 2008. Pág. 132
[6] Hayek, Camino….ob. cit. pág. 103

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. 

¿Hay virtudes en el Socialismo?

Por Guillermo Luis Covernton. Publicado el 4/4/13 en http://guillermoluiscovernton.wordpress.com/2013/04/04/hay-virtudes-en-el-socialismo/

 Ante la pregunta de un amigo, alumno de UCA, y genuinamente preocupado por los problemas sociales, que me puso a reflexionar sobre una respuesta a porque los socialistas no logran sus objetivos, o que pasaría si fueran gente virtuosa, preparé la siguiente explicación, que comparto con Uds.

 ¿No hay socialistas buenos, que puedan lograr una sociedad más justa?

 No tengo dudas de que puede haber personas que sean coherentes con las ideas socialistas que pregonan. El hecho de que yo no haya conocido jamás a ninguno, no indica que no puedan existir. A lo sumo es un problema de desconocimiento de esas personas, de mi parte.

De lo que sí estoy muy seguro, es que las ideas del socialismo son absolutamente inconducentes al paraíso que proponen. Sencillamente porque nos llevan en otra dirección. No importando quienes las lleven a cabo. Ni que sean corruptos como Chávez o Castro o que sean virtuosos como la Madre Teresa de Calcuta o SS Francisco. El problema del Socialismo, que es un asunto diferente al que planteaste, es que termina vulnerando la naturaleza de las personas.

Es propio del ser humano, es una aspiración genuina y un derecho humano fundamental, poder acceder a tener bienes en propiedad. El derecho de propiedad es inherente a la naturaleza humana y es esencial a la dignidad de las personas. Los fundamentos de esto pueden encontrarse no solo en escritos económicos, sino en la propia doctrina social de la iglesia. Todos los sistemas sociales que pretendan lograr sus objetivos a través de mecanismos que afecten o vulneren el derecho de propiedad son inconducentes, inmorales y perversos, porque violan derechos humanos esenciales. El socialismo implica aplicar una re-distribución de bienes diferente a la que las personas pueden arribar mediante sus arreglos libres y voluntarios, en un sistema de economía libre, abierta y sin injerencia gubernamental. También implica afectar el sistema de precios que revela información esencial que es solo descubrible por este mecanismo. Y cuando se intervienen los precios, nos quedamos sin conocer las necesidades y las valoraciones de los millones de individuos que integran la sociedad. Por ende, por muy buenas que sean nuestras intenciones, jamás vamos a poder atender a sus necesidades, siguiendo sus propias escalas de jerarquías, privilegiando lo que consideran urgente y difiriendo lo que consideran accesorio, sencillamente porque no vamos a tener esa información esencial. Por lo tanto, vamos a producir menos, y vamos a producir bienes no tan deseados como otros de los que careceremos. La sociedad va a caer en la miseria. No importa que la maneje Hitler, Castro o un pajarito chiquitico que encarne el espíritu de Chávez. La gente va a ser cada vez más pobre. La asignación de recursos va a ser cada vez peor. No habrá innovación tecnológica, nuevos productos y servicios ni forma de descubrirla. Sin una economía abierta, libre, basada en arreglos libres y voluntarios en el mercado, que funcione cerca, el ideal socialista no tiene forma de guiar la producción ni de asignar recursos, ni de premiar la creatividad, la innovación y la búsqueda de la prosperidad, inherente a la persona humana. Solo puede haber intentos de socialismo, parasitando e intentando emular a una economía libre.

Guillermo Luis Covernton es Dr. En Economía, (ESEADE). Es profesor de Macroeconomía, Microeconomía, Economía Política y de Finanzas Públicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, (UCA). Es director académico de la Fundación Bases.

 

Actualidad del impuesto a la tierra:

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 3/5/12 en: http://www.diariodeamerica.com/front_nota_detalle.php?id_noticia=7260

Los procesos de mercado recogen información dispersa y fraccionada entre millones de personas a través de los precios, sin embargo, los agentes gubernamentales puestos en estos menesteres invariablemente concentran ignorancia con lo que se desarticula el mercado, lo cual genera las consiguientes contracciones respecto a lo que se requiere y sobrantes de lo que no se demanda, dadas las circunstancias imperantes.
 
En las truculentas lides fiscales, desafortunadamente lo más común es la idea de lo que se ha dado en llamar “el impuesto a la renta potencial”. El concepto básico en esta materia es que el gobierno debería establecer mínimos de explotación de la tierra ya que se estima que no es permisible que hayan propiedades ociosas o de bajo rendimiento en un mundo donde existen tantas personas con hambre. El gravámen en cuestión apunta a que los rezagados deban hacerse cargo de un tributo penalizador, el cual no tendría efecto si las producciones superan la antedicha marca.
 
En verdad este pensamiento constituye una buena receta para aumentar el hambre y no para mitigarlo. Si pudiéramos contar con una fotografía en detalle de todo el planeta, observaríamos que hay muchos bienes inexplorados: recursos marítimos, forestales, mineros, agrícola-ganaderos y de muchos otros órdenes conocidos y desconocidos. La razón por la que no se explota todo simultáneamente es debido a que los recursos son escasos. Ahora bien, la decisión clave respecto a que debe explotarse y que debe dejarse de lado puede llevarse a cabo solo de dos modos distintos. El primero es a través de imposiciones de los aparatos estatales politizando el proceso económico, mientras que el segundo se realiza vía los precios de mercado. En este último caso el cuadro de resultados va indicando los respectivos éxitos y fracasos en la producción. Quien explota aquello que al momento resulta antieconómico es castigado con quebrantos del mismo modo que quien deja inexplorado aquello que requiere explotación. Solo salen airosos aquellos que asignan factores productivos a las áreas que se demandan con mayor urgencia.
 
Las burocracias estatales operan al margen de los indicadores clave del mercado y, por ende, inexorablemente significan derroche de los siempre escasos factores de producción (si hacen lo mismo que hubiera hecho el mercado libre y voluntariamente, no hay razón para su intervención ni para los gastos administrativos correspondientes y, por otra parte, la única manera de conocer que es lo que la gente quiere en el mercado es dejarlo actuar). Este desperdicio de capital que generan los gobiernos naturalmente conduce a una reducción de ingresos y salarios en términos reales puesto que las tasas de capitalización constituyen la causa de los posibles niveles de vida, con lo que en definitiva el impuesto a la renta potencial incrementa los faltantes alimenticios de la población.
 
Esta conclusión es del todo aplicable a la tan cacareada “reforma agraria” en cuanto a las disposiciones gubernamentales que expropian y entregan parcelas de campo a espaldas de los cambios de manos a que conducen arreglos contractuales entre las partes en concordancia con los reclamos de la respectiva demanda de bienes finales, lo cual ubica a los bienes de orden superior en los sectores necesarios para tal fin. Ese desconocimiento de los procesos de compra-venta inherentes al mercado también perjudica gravemente las condiciones de vida de la gente, muy especialmente de los más necesitados.
 
Los procesos de mercado recogen información dispersa y fraccionada entre millones de personas a través de los precios, sin embargo, los agentes gubernamentales puestos en estos menesteres invariablemente concentran ignorancia con lo que se desarticula el mercado, lo cual genera las consiguientes contracciones respecto a lo que se requiere y sobrantes de lo que no se demanda, dadas las circunstancias imperantes.
 
En este tema de los impuesto a la tierra hay una tradición de pensamiento que surge de los escritos de Henry George por lo que se considera que los impuestos a la tierra se justifican debido a que ese factor de producción se torna más escaso con el mero transcurso del tiempo (solo puede ampliarse en grado infinitesimal) mientras que el aumento de la población y las estructuras de capital elevan su precio sin que el dueño de la tierra tenga el mérito de tal situación. Por ende, se continúa diciendo, hay una “renta no ganada” que debe ser apropiada por el gobierno para atender sus funciones.
 
Este razonamiento no toma en cuenta que todos lo ingresos de todas las personas se deben a la capitalización que generan  otros y no por ello se considera que el ingreso correspondiente no le pertenece al titular. Esto ocurre no solo con los beneficios crematísticos (los ingresos no son los mismos del habitante de Uganda del que vive en Canadá, precisamente debido a que las tasas de capitalización de terceros no son las mismas) sino de beneficios de otra naturaleza como el lenguaje que existe en el momento del nacimiento del beneficiario y así sucesivamente con tantas otras ventajas que se obtienen del esfuerzo acumulado de la civilización.
 
El fundamento del impuesto inmobiliario (de carácter proporcional) consiste en que se cobra a todos los propietarios a los que el gobierno les debe el servicio de la protección de sus tierras aunque no vivan en el país en el que poseen las respectivas propiedades. A esto habitualmente se agrega el impuesto al valor agregado que con su mecanismo de impuestos a cargo e impuestos a favor reduce los costos de recaudación, para en conjunto ubicarse en el punto mínimo indispensable de la curva Laffer al efecto de cumplir con las funciones estatales de la protección a los derechos de los gobernados y en el contexto de un sistema fiscal que siga el principio de la territorialidad y no de la nacionalidad basado en la pura voracidad fiscal y al deseo irrefrenable de que la caja fiscal cierre, no importa si los gravámenes resultan confiscatorios. En una sociedad abierta, estos dos gravámenes proporcionales (la progresividad, al gravar en escala ascendente el objeto imponible, paraliza la movilidad social, altera las posiciones patrimoniales relativas que votó la gente con sus compras e  instaura la regresividad) sustituyen toda la espesa maraña fiscal -incomprensible para cualquier mente normal- y libera los llamados “expertos fiscales” para que puedan realizar actividades útiles.
 
En alguna oportunidad se ha legislado “para defenderse de la extranjerización de la tierra” en una manifestación troglodita de xenofobia, como si los procesos abiertos y competitivos en la asignación de los siempre escasos factores productivos fueran diferentes según el lugar donde haya nacido el titular, y como si los lugareños que declaman sobre nacionalismos trasnochados no descendieran de extranjeros en un proceso de continúo movimiento desde la aparición del hombre en África. Esta visión de superlativa ceguera y de cultura alambrada es incapaz de percatarse que las fronteras y las jurisdicciones territoriales son al solo efecto de evitar la concentración de poder en manos de un gobierno universal, y no porque “los buenos” son los locales y “los malos” los extranjeros (atrabiliaria clasificación que, entre otras cosas, reniega de nuestros ancestros).
 
El tema de la tierra está inseparablemente atado al agua. En este sentido, es de interés notar que si bien el planeta está constituido en sus dos terceras partes por agua la mayoría es salada o está bloqueada por los hielos. Sin embargo, según los estudios como los de Fredrik Segrefeldt, hay una precipitación anual sobre tierra firme de 113 mil kilómetros cúbicos de la que se evapora 72 mil que deja un neto de 41 mil, lo cual significa nada menos que 15 mil litros por día por persona en el planeta, que aun descontado el caudal para riego queda amplio margen para la bebida. A pesar de ello, millones de personas mueren debido a aguas contaminadas o falta de este elemento esencial para la supervivencia. Esto es así debido al mal manejo de burocracias estatales en la recolección, purificación y recolección, en lugar de permitir la iniciativa privada y despejar “la tragedia de los comunes”. Esto explica, por ejemplo, los casos deplorables de Ruanda, Haití y Camboya que cuentan con mucha mayor precipitación que Australia pero en este caso los privados realizan una labor que posibilita a todos contar con agua potable. Más aun, agregamos nosotros que en nuestra era donde los sistemas de purificación de agua y reciclaje eliminan sustancias químicas indeseables, contaminantes biológicos (parásitos y hongos), sólidos y gases, se requieren marcos institucionales que permitan la asignación de los derechos de propiedad en un área tan delicada y crucial para la tierra y para la vida de las personas. Por todo esto es que comentaristas del trabajo de Segrefeldt como el premio Nobel en Economía Vernon L. Smith afirma que “el agua se ha convertido en un bien cuya cantidad y calidad es demasiado importante como para dejarla en manos de las autoridades políticas” y, en el mismo sentido, referido al mismo trabajo (obra titulada Water for Sale), Martin Wolf -editor asociado del Financial Times- escribe que “el agua es demasiado importante como para que no esté sujeta a las fuerzas del mercado”. Para esta materia, también recomiendo los sesudos ensayos de trece profesionales reunidos por T. L. Anderson en el libro encabezado por el título Water Rights. Scarce Resource Allocation, Burocracy and the Environment.
 
Estos temas relacionados a la tierra y al agua -como tantos otros- son susceptibles de comprenderse si se dedica suficiente tiempo a la docencia y al debate abierto de ideas. Se presentan dos escollos en estas faenas educativas, por un lado, los timoratos activos que se quedan a mitad de camino en sus reiteradas propuestas y, por otro, los ajenos y distraídos a toda vicisitud que se limitan a hacer bulto en sus pasos por la vida. A los primeros se les aplica bien lo dicho y repetido por mi amigo Floreal González: “nada hay más peligroso que un necio con iniciativa”, y a los segundos les cabe lo escrito por Aldous Huxley: “bienaventurados los tontos porque no se darán cuenta de nada”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía, Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fué profesor y primer Rector de ESEADE.