El ejemplo uruguayo

Por Mario Vargas Llosa. Publicado el 30/12/13 en:  http://www.lanacion.com.ar/1651644-el-ejemplo-uruguayo

Ha hecho bien The Economist en declarar a Uruguay el país del año y en calificar de admirables las dos reformas liberales más radicales tomadas en 2013 por el gobierno del presidente José Mujica: el matrimonio gay y la legalización y regulación de la producción, la venta y el consumo de la marihuana.

Es extraordinario que ambas medidas, inspiradas en la cultura de la libertad, hayan sido adoptadas por el gobierno de un movimiento que en su origen no creía en la democracia sino en la revolución marxista leninista y el modelo cubano de autoritarismo vertical y de partido único. Desde que subió al poder, el presidente José Mujica, que en su juventud fue guerrillero tupamaro, asaltó bancos y pasó muchos años en la cárcel, donde fue torturado durante la dictadura militar, ha respetado escrupulosamente las instituciones democráticas -la libertad de prensa, la independencia de poderes, la coexistencia de partidos políticos y las elecciones libres- así como la economía de mercado, la propiedad privada y alentado la inversión extranjera.

Esta política del anciano y simpático estadista que habla con una sinceridad insólita en un gobernante aunque ello le signifique meter la pata de cuando en cuando, vive muy modestamente en su pequeña chacra de las afueras de Montevideo y viaja siempre en segunda clase en sus viajes oficiales, ha dado a Uruguay una imagen de país estable, moderno, libre y seguro, lo que le ha permitido crecer económicamente y avanzar en la justicia social al mismo tiempo que extendía los beneficios de la libertad en todos los campos, venciendo las presiones de una minoría recalcitrante de la alianza.

Hay que recordar que Uruguay, a diferencia de la mayor parte de los países latinoamericanos, tiene una antigua y sólida tradición democrática, al extremo de que, cuando yo era niño, se llamaba al país oriental “la Suiza de América” por la fuerza de su sociedad civil, el arraigo de la legalidad y unas fuerzas armadas respetuosas de los gobiernos constitucionales. Además, sobre todo después de las reformas del “batllismo”, que reforzaron el laicismo y desarrollaron una poderosa clase media, la sociedad uruguaya tenía una educación de primer nivel, una muy rica vida cultural y un civismo equilibrado y armonioso que era la envidia de todo el continente.

Yo recuerdo la impresión que significó para mí conocer Uruguay hacia mediados de los años 60. No parecía uno de los nuestros ese país donde las diferencias económicas y sociales eran mucho menos descarnadas y extremas que en el resto de América latina y en el que la calidad de la prensa escrita y radial, sus teatros, sus librerías, el alto nivel del debate político, su vida universitaria, sus artistas y escritores -sobre todo, el puñado de críticos y la influencia que ejercían en los gustos del gran público- y la irrestricta libertad que se respiraba por doquier lo acercaban mucho más a los más avanzados países europeos que a sus vecinos. Allí descubrí el semanario Marcha , una de las mejores revistas que he conocido, y que se convirtió para mí desde entonces en una lectura obligatoria para estar al tanto de lo que ocurría en toda América latina.

Sin embargo, ya en aquel tiempo había comenzado a deteriorarse esa sociedad que daba al forastero la impresión de estar alejándose cada vez más del Tercer Mundo y acercándose cada vez más al Primero. Porque, pese a todo lo bueno que allí ocurría, muchos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, sucumbían a la fascinación de la utopía revolucionaria e iniciaban, según el modelo cubano, las acciones violentas que destruirían aquella “democracia burguesa” para reemplazarla no por el paraíso socialista sino por una dictadura militar de derecha que llenó las cárceles de presos políticos, practicó la tortura y obligó a exiliarse a muchos miles de uruguayos. El drenaje de talento y de sus mejores profesionales, artistas e intelectuales que padeció el Uruguay en aquellos años fue proporcionalmente uno de los más críticos que haya vivido en la historia un país latinoamericano. Sin embargo, la tradición democrática y la cultura de la legalidad y la libertad no se eclipsó del todo en aquellos años de terror y, al caer la dictadura y restablecerse la vida democrática, florecería de nuevo, con más vigor y, se diría, con una experiencia acumulada que sin duda ha educado tanto a la derecha como a la izquierda, vacunándolas contra las ilusiones violentistas del pasado.

De otro modo no hubiera sido posible que la izquierda radical que con el Frente Amplio y los tupamaros llegara al poder, diera muestras, desde el primer momento, de un pragmatismo y espíritu realista que ha permitido la convivencia en la diversidad y profundizado la democracia uruguaya en lugar de pervertirla. Ese perfil democrático y liberal explica la valentía con que el gobierno del presidente José Mujica ha autorizado el matrimonio entre parejas del mismo sexo y convertido a Uruguay en el primer país del mundo en cambiar radicalmente su política frente al problema de la droga, crucial en todas partes, pero de una agudeza especial en América latina. Ambas son reformas muy profundas y de largo alcance que, en palabras de The Economist, “pueden beneficiar al mundo entero”.

El matrimonio entre personas del mismo sexo, ya autorizado en varios países del mundo, tiende a combatir un prejuicio estúpido y a reparar una injusticia por la que millones de personas han padecido (y siguen padeciendo en la actualidad), injusticias y discriminación sistemática, desde la hoguera inquisitorial hasta la cárcel, el acoso, marginación social y atropellos de todo orden. Inspirada en la absurda creencia de que hay solo una identidad sexual “normal” -la heterosexual- y que quien se aparta de ella es un enfermo o un delincuente, homosexuales y lesbianas se enfrentan todavía a prohibiciones, abusos e intolerancias que les impiden tener una vida libre y abierta, aunque, felizmente, en este campo, por lo menos en Occidente, se han ido desmoronando los prejuicios y tabúes homofóbicos y reemplazándolos la convicción racional de que la opción sexual debe ser tan libre y diversa como la religiosa o la política, y que las parejas homosexuales son tan “normales” como las heterosexuales. (En un acto de pura barbarie, el Parlamento de Uganda acaba de aprobar una ley estableciendo la cadena perpetua para todos los homosexuales.)

Respecto de las drogas, prevalece todavía en el mundo la idea de que la represión es la mejor manera de enfrentar el problema, pese a que la experiencia ha demostrado hasta el cansancio que no obstante la enormidad de recursos y esfuerzos que se han invertido en reprimirlas, su fabricación y consumo siguen aumentando por doquier, engordando a las mafias y la criminalidad asociada al narcotráfico. Este es en nuestros días el principal factor de la corrupción que amenaza a las nuevas y a las antiguas democracias y va cubriendo las ciudades de América latina de pistoleros y cadáveres.

¿Será exitoso el audaz experimento uruguayo de legalizar la producción y el consumo de la marihuana? Lo sería mucho más sin ninguna duda si la medida no quedara confinada en un solo país (y no fuera tan estatista) sino comprendiera un acuerdo internacional del que participaran tanto los países productores como consumidores. Pero, aun así, la medida va a golpear a los traficantes y por lo tanto a la delincuencia derivada del consumo ilegal y demostrará a la larga que la legalización no aumenta notoriamente el consumo sino en un primer momento, aunque luego, desaparecido el tabú que suele prestigiar a la droga ante los jóvenes, tienda a reducirlo. Lo importante es que la legalización vaya acompañada de campañas educativas -como las que combaten el tabaco o explican los efectos dañinos del alcohol- y de rehabilitación, de modo que quienes fuman marihuana lo hagan con perfecta conciencia de lo que hacen, al igual que ocurre hoy día con quienes fuman tabaco o beben alcohol.

La libertad tiene sus riesgos y quienes creen en ella deben estar dispuestos a correrlos en todos los dominios, no sólo en el cultural, el religioso y el político. Así lo ha entendido el gobierno uruguayo y hay que aplaudirlo por eso. Ojalá otros aprendan la lección y sigan su ejemplo.

Mario Vargas Llosa es Premio Nobel de Literatura y Doctor Honoris Causa de ESEADE.

Egipto: otra vez en la fragilidad

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 4/12/12 en http://www.lanacion.com.ar/1533096-egipto-otra-vez-en-la-fragilidad

Cuando aún no había transcurrido siquiera el primer semestre de su mandato, el presidente de Egipto, Mohammed Morsi, logró un éxito diplomático resonante al obtener rápidamente el cese del fuego en la Franja de Gaza. Lo hizo, es cierto, de la mano de los Estados Unidos, evitando una nueva invasión militar israelí a ese territorio -controlado por el movimiento palestino Hamas- que hubiera seguramente profundizado el grave enfrentamiento que estaba en curso.

Un paso inesperado

Entusiasmado quizás por esa feliz circunstancia, o advirtiendo la necesidad imperiosa de apurar la marcha en el proceso de normalización institucional egipcio, Morsi tomó una resolución sorpresiva, aunque equivocada: la de asumir la suma del poder público, en un país que acababa de repudiar masivamente al autoritarismo.

Mediante un decreto, el 22 de noviembre pasado, sumó a las facultades ejecutivas y legislativas que detentaba, una pretendida inmunidad para sus decisiones respecto de eventuales sentencias emanadas del Poder Judicial, facultad que -en su criterio- es imprescindible para “proteger la revolución”.

En paralelo, Morsi apuró la labor de la Asamblea Constituyente, de la que se habían ya retirado -con visible enojo- los 25 miembros seculares y cristianos coptos que la integraban, cansados de la inflexibilidad de los islámicos que conforman la mayoría del organismo.

Ante la presión y en apenas dieciséis horas de labor, esa Asamblea disciplinadamente acordó el texto final de la nueva Constitución y lo hizo público. Morsi -de inmediato- anunció la convocatoria a un referendo aprobatorio de la Constitución, que está previsto para el próximo 15 de diciembre.

Procura así, aparentemente, neutralizar cualquier intento de la Corte Constitucional (que, recordemos, depuso al primer Parlamento egipcio que había sido electo en las urnas en más seis décadas, en el que los islámicos tenían mayoría) de disolver la Asamblea Constitucional. Lo que tendría un efecto demoledor respecto del aún lento proceso de institucionalización en marcha. Anticipando esa posibilidad, grupos de enardecidos manifestantes islámicos impidieron físicamente, el domingo pasado, el ingreso de los magistrados a sus oficinas.

La oposición se amalgama

Lo sucedido parecería haber unificado a buena parte de la oposición, que salió masivamente a las calles para repudiar la medida. Cientos de miles de manifestantes se concentraron en la histórica Plaza Tahrir, acusando a Morsi de ser un nuevo “faraón”. Simultáneamente, los máximos magistrados de la justicia egipcia hicieron saber que -pese a lo sucedido- no renunciaban al control de legalidad que ejercen. Un grave conflicto de poderes quedó entonces evidente.

Simultáneamente se conformó el multicolor “Salvación Nacional”, liderado por el socialista Hamdeen Sabahi y el Pemio Nóbel de la Paz Mohammad El-Baradei. A ellos parece acompañar Ahmed Shafik, que fuera el último primer ministro de Mubarak y se transformara en el rival de Morsi en la segunda vuelta de la elección presidencial de junio pasado, a la manera de estandarte del secularismo.

 Simultáneamente, los máximos magistrados de la justicia egipcia hicieron saber que -pese a lo sucedido- no renunciaban al control de legalidad que ejercen. Un grave conflicto de poderes quedó entonces evidente

 Los movimientos islámicos, cual ordenada galaxia -esto es el brazo político de la Hermandad Musulmana (“Justicia y Libertad”) sumado el más duro “salafismo”, agrupado en torno al movimiento “Al-Nour”- salieron también a las calles. Llenaron -vociferantes- la plaza de la Universidad Gizeh, emplazada a escasos 10 minutos de la Plaza Tahrir, en apoyo a Morsi.

Los islámicos, es cierto, saben bien lo que quieren: un país islámico. Lo que no es necesariamente lo mismo que una “teocracia”, a la manera de Irán o Sudán, en la que el poder máximo queda siempre en manos de los clérigos. Los seculares y cristianos egipcios están ahora unidos. Pero en este segundo caso por lo que ambos no quieren que suceda: esto es un país estructurado a la manera islámica. En cambio, pretenden que se garantice el pluralismo y la vigencia de las libertades civiles y políticas esenciales.

Un proyecto más bien moderado

El ambiente político egipcio parece haber cambiado. Está más tenso. Conmocionado. Morsi acusa a la oposición de “conspirar” en su contra. Asegurando que sus líderes han sido “infiltrados” por personeros de Mubarak.

Dos años de mucha cautela y pragmatismo por parte de la Hermandad Musulmana han quedado, de pronto, de lado. Las intimidaciones y acusaciones recíprocas resuenan en el aire. La oposición no se sorprende y recuerda que la Hermandad Musulmana está repleta de promesas públicas incumplidas, como las que aseguraran en su momento que no tendría candidato presidencial, o las que la comprometieran a no tener más de un tercio del Parlamento, ni monopolizar el poder.

Lo cierto es que el proyecto de Constitución que se someterá próximamente a referendo no luce demasiado radical. Mantiene, por ejemplo, una norma de la Constitución de 1980, en función de la cual el derecho egipcio deberá nutrirse en los “principios del derecho islámico”, o sea en la llamada “sharia”. Agregando a ello sin embargo una novedad en el sentido de que si esos principios requirieran de pronto una definición o aclaración, ella será la que surja de la opinión de las principales escuelas religiosas del islamismo “Sunni”.

La Constitución proyectada también mantiene algunas de las cuestionadas facultades pasadas de los militares, que en más seguirán participando decisivamente en la designación del ministro de defensa y manejando su sector, incluyendo su propio presupuesto, lo que supone seguir gozando de privilegios importantes. Al menos por un rato. A lo que se agrega que, en algunos casos, los tribunales militares podrán seguir juzgando a los civiles.

Respecto de la libertad religiosa, ésta se garantiza expresamente a las tres grandes religiones monoteístas. Esto es al cristianismo, al judaísmo y al islamismo. Sólo a ellas.

Si bien se prohíbe en general la discriminación, no hay en el proyecto de Constitución garantía explícita alguna de igualdad entre el hombre y la mujer. Es más, en el proceso preparatorio se dejó de lado una norma que la exteriorizaba, para así satisfacer a los ultra-conservadores, que pugnaron -sin éxito- por incluir una peligrosa cláusula que disponía que la situación de la mujer debía reglarse por los principios de las leyes religiosas. 

Otro tema también espinoso del proyecto es el tiene que ver con la disposición que asigna a “la sociedad” un rol activo en la defensa de los valores de la familia y de los principios morales. Se trata de un precepto que eventualmente podría abrir la puerta para que, de pronto, se organicen grupos celosos y radicales de “vigilantes” o “guardianes” de la moral islámica, a la manera de lo que sucede en algunos países del Golfo.

Paso redoblado

Con sus decisiones recientes, Morsi ha apurado claramente la marcha. Redoblando su apuesta por hacer sancionar una nueva Constitución, que obrará a la manera de cimientos para la nueva administración.

Ello ha despertado a la oposición de un aparente letargo y generando presiones que la están unificando, situación que, sin embargo, no será fácil de mantener en el tiempo, según enseña la propia experiencia egipcia reciente.

Queda visto que, de pronto, una cuota de fragilidad ha vuelto a aparecer en el país de los faraones y de ochenta millones de habitantes. No obstante, las encuestas sugieren que el presidente Morsi lleva las de ganar en un país que cuenta con claras mayorías islámicas. Para ello debe cuidarse de no incurrir en nuevos errores y ser capaz de manejar los tiempos sin recurrir al abuso del poder que ahora detenta, de hecho. Las semanas que se aproximan serán seguramente de una intensidad política verdaderamente apasionante.

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

 

Jaque Mate a la Justicia

Por Gabriela Pousa. Publicado el 5/12/12 en http://www.perspectivaspoliticas.info/jaque-mate-a-la-justicia/

Alerta. El anuncio lo hace el servicio meteorológico pero podría hacerlo cualquiera con sólo echar un vistazo a lo que esta ocurriendo. El problema es que el hackeo a la justicia y a la libertad lo siente apenas un grupo social. Ni siquiera la clase media en su totalidad.

El calendario indica el final de año y ese dato – sumado al ritmo vertiginoso de lo cotidiano -, no deja demasiado espacio para detenerse a analizar hasta qué punto agoniza el régimen democrático.

El argentino medio debe atender un sinfín de temas en simultáneo: llegar a fin de mes, el trabajo, la salud (porque no todos pueden darse el lujo de enfermarse cuando el sistema sanitario está colapsado), la seguridad, en síntesis, la subsistencia. Pedirle que también atienda las declaraciones de Julio Alak – que no son sino órdenes de la Presidente-, parece ser un exceso en este contexto.

Sin embargo, por su bien, es tiempo de que se exija más de la cuenta tal vez. Lo que está en juego es mucho más que una medida económica, la afrenta -a esta altura- es contra la dignidad misma de la persona.

No hace tanto escribí una nota tratando de analizar este fenómeno del golpe institucional que venimos experimentando y probablemente, con mayor o menor conciencia, protagonizando. Me refiero a ser parte de tantas Argentinas simultáneamente.

Escindidos, diezmados por fuera y por dentro, tratando de vencer abismos infranqueables… Insertos en un proceso donde se atraviesan campos minados, una y otra vez, hasta advertir sin desfallecer, que no logramos llegar a ningún lado.

En este contexto, el nacionalismo es apenas un vocablo usurpado por el gobierno para tratar de engañarnos. Somos dueños de lo que ya no es nuestro. Poco tiene que ver que YPF se haya expropiado, el nacionalismo como amor al país que se predica, nace y muere en un atril. No existe más allá de los vítores obsecuentes.

Hay en la misma geografía, más de 40 millones de patrias, y cada una se ocupa de si misma. Posiblemente sea congruente que eso suceda en tanto son ya innumerables los pasos en falso, las esperanzas vencidas, los intentos frustrados. Salir de este callejón tiene costo, y no nos caracterizamos precisamente por hacer honor a los pagos.

La dirigencia es gente. Quizás no muy distinta que esa ‘gente’ a la cual creemos pertenecer, porque a nosotros no puede encasillársenos en un análisis político arbitrariamente. No es lo que pretendo pero, ¿de qué modo escapar a ello?

Si acaso somos nacionalistas es a fuerza del cierre de aduanas y fronteras. Si acaso somos liberales es porque nos molesta que se entrometan en nuestra vida. Pero en el fondo hemos cedido hasta lo más íntimo cuando un Estado nos tentó con darnos todo servido. Seguir esperando no los juzga a ellos, nos juzga a nosotros mismos, y no hay anestesia para asumir la condena.

No se trata de un repentino avasallamiento a la ley, ni de un atropello inédito. Lo que sucedió esta mañana con el ministro de Justicia es el corolario de diez años de prefacio. Nada es casual, o quizás sí: casuales son los personajes que obran de voceros. Títeres de un capricho, presos a costa de vender el alma por unos míseros pesos. Ninguno hasta ahora ha demostrado defender “el modelo” por propio convencimiento.

Si hasta acá se llegó ileso, sigamos...”, ese parece ser el lema que los orienta. Hasta a dónde ya no depende de sus fuerzas sino de las nuestras.

Dentro de muchos esta latente la pregunta: ¿Qué hacer? Nadie atina con la respuesta. Se nos ha adoctrinado de tal manera que pensar en un juicio político nos catapulta en el casillero de los golpistas, nos confina a viejos tiempos aunque nada tenga que ver este desmembramiento con aquello.

Las redes sociales son fuente de catarsis. Vale, pero también vale saber que apenas 4 millones de argentinos tienen acceso a Internet. El resto, mientras tanto, esta colgado en trenes o en colectivos intentando llegar enteros a destino. Otros se desahogan en charlas con vecinos, demasiados descargan la frustración con sus seres queridos,y así se cierra el círculo vicioso de un país sin sentido.

En el trayecto hacia el verdadero cambio, hubo y hay manotazos de ahogados que no sirvieron ni para flotar un rato. Las víctimas son incontables, el único recurso no renovable se nos va como agua entre los dedos: el tiempo.

Comienza ahora el peligroso juego de inventar otro actor que cargue con las culpas de la ignominia y el capricho de Cristina. De la manga sacan un ente abstracto sentenciado a ser villano: se trata del “partido judicial”. Insensatez de acosados. Resulto inútil acusar a una derecha destituyente y represora que de haberla, sólo se trata de una derecha reprimida por el temor a una condena aunque sea eufemística.

Los militares han dejado de ser potables como para situarlos en el campo de los malos. No han sido ellos por otra parte los que lograron que Argentina sea el país con más denuncias ante el CIADI.

Tampoco son los jueces en su conjunto los que han propiciado que el 60% de los docentes candidateados a la carrera de magisterio, reprueben los exámenes primeros. No han pasado los registros ortográficos… Y esos son los que, supuestamente, van a educar soberanos.

Hay una sumatoria de responsabilidades que, ciertamente, no se agotan en el kirchnerismo. Sin embargo, han tenido diez años de tregua y complacencia. Diez años, según ellos, de crecimiento a tasas chinas, de soja redentora, de consumo y sociedad embelesada con electrodomésticos y cuotas.

En periodos mucho más chicos, otros países salieron de infiernos y se reconstruyeron a sí mismos. Algunos ni siquiera están lejos. Es factible que un buen ejercicio sea adentrarse en el cómo lo han hecho.

Esperar que el Ejecutivo del ininterrumpido saqueo se autolimite es de necios e ingenuos. No hay tiempo para serlo. La idea de que se defiende al poder político o al grupo Clarín y Héctor Magnetto esta establecida por el mismísimo gobierno. Esa gesta generó fugas y desentendimientos. ¿Por qué defender un multimedios? La pregunta sonó varias veces en las últimas horas, y es desde todo punto de vista simplista y capciosa.

Esta en juego la libertad, pero también es cierto que esa afirmación se torna para muchos incomprensible, abstracta. ¿De qué manera formar conciencia? En una de esas, es necesario no claudicar y revivir el espíritu del 8N, en lugar de debatir si conviene o no salir tal día o tal otro.

De algún modo, esas polémicas nos hacen ser semejantes a ellos: enredados en almanaques inútiles cuando nunca se ha regresado, en un día y a una determinada hora, a la coherencia y al respeto. Así como la perseverancia es todo en la conquista de un éxito cualquiera, lo es también en la conquista de la política, la moral y la ética.

Pienso, de pronto, cuán burdo suena hacer esas menciones en este desorden de cosas. En una de esas no hay que salir hoy o mañana sino seguir saliendo, pacíficamente, hasta que entiendan que, amén de deberes, tenemos derechos. Es la puja por la dignidad, quien no puede comprenderlo defenderá algún otro derecho que no es menor por cierto. Es licito combatir por seguir viendo TN, canal 13 o leer lo que pasa en Clarín.

Luego, cuando la razón haya vuelto, habrá que dedicarse de lleno a pensar el país sin limitarlo a un tipo cambiario, al turismo de un fin de semana largo, o al pago del plasma sin intereses y con tarjeta de crédito…

En definitiva, es probable que convenga “salirse” de ese sector al que todavía le preocupa e interesa qué sucede con la política (porque tiene en su haber el “privilegio” de poder y querer entender), y pelearla como un Boca-River. Al fin de cuentas, esa ha sido la forma que utilizó la presidencia, y esta claro que hasta hoy ha ganado, tristemente, todas las contiendas.

No es que el fin justifique los medios, pues es la naturaleza de los fines la que determina la naturaleza de estos. Pero somos más consecuentes con nuestro equipo de fútbol que con nuestro suelo. Y en este caso, el fin es el regreso a la Argentina tal como alguna vez la concibieran nuestros padres y abuelos.

Nada más, nada menos…

 

Gabriela Pousa es Licenciada en Comunicación Social y Periodismo por la Universidad del Salvador (Buenos Aires) y Máster en Economía y Ciencias Politicas por ESEADE. Es investigadora asociada a la Fundación Atlas, miembro del Centro Alexis de Tocqueville y del Foro Latinoamericano de Intelectuales.

 

La República y los límites al Poder

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 1/7/12 en: http://www.economiaparatodos.com.ar/ver_nota.php?nota=3658

Para que una Nación pueda crecer y desarrollarse, es necesario límites certeros y eficientes al poder. Es el Estado el que está al servicio de los individuos, y no el individuo el que debe estar al servicio del Estado. La idea de República busca imponer límites a los poderes estatales. Estos límites se han dejado de lado en Argentina. ¿Cómo funcionan y por qué son tan importantes?

Es claro que Argentina está manifestando serios problemas económicos resultado de una larga trayectoria de erróneas políticas económicas. Pero estos problemas que aquejan al país son a su vez el resultado de una grave deficiencia institucional de fondo. Me refiero a que son las instituciones base de una república lo que esta fallando, y no meramente la política económica. Por ello, actuar sobre los problemas económicos pero despreocuparse por el problema institucional es cómo tomar una pastilla para mitigar los síntomas del exceso de alcohol pero no ver en el alcoholismo el origen del problema. ¿Por qué el concepto de república es tan importante? ¿Qué le corresponde, y no le corresponde, hacer a cada poder y por qué entender estos límites es importante?

Una analogía puede ayudar a entender este problema. Supongamos que los 40 millones de habitantes que viven en Argentina lo hacen en un gran edificio de departamentos (o en un barrio privado), donde cada familia es dueña de su propiedad. Este gran edificio necesita, entre otras cosas, que los servicios públicos (electricidad, agua, etc.) funcionen así como seguridad para que no haya agresiones de terceros (defensa exterior) ni entre vecinos (policía). Hacer de este edificio un reino, por ejemplo, sería una posible forma de administración. Organizarse en una república, sería otra muy distinta.

Claramente es inviable que los 40 millones se pongan de acuerdo sobre cada tema a tratar. Es más fácil, en cambio, elegir un representante por piso que sea la opinión y voz de los vecinos a quienes representan. Estos representantes pueden tener su propia opinión, pero su trabajo es representar de manera fiel las opiniones de sus representados. De este modo, los 40 millones se ponen de acuerdo a través de sus representantes en cuántos recursos poner en una bolsa común y en qué van a ser gastados. Pero este acuerdo requiere de un administrador de consorcio que se encargue de que el edificio funcione correctamente y se lleven a cabo las mejoras acordadas por los dueños. Seguramente el administrador de consorcio podrá hacer sugerencias (por ejemplo, diagramar una propuesta inicial del presupuesto), pero no es su rol decidir sobre el destino de los fondos de los dueños dado que esos fondos no son de su propiedad. La analogía es clara, los dueños que actúan como representantes son el poder legislativo, y el administrador de consorcio es el poder ejecutivo (sobre la justicia diré algo breve más adelante). Este ejemplo permite extraer algunas conclusiones importantes:

El poder ejecutivo no está sobre el poder legislativo. Como su nombre indica, su rol consiste en ejecutar las decisiones de los habitantes del edificio acordadas a través de sus representantes, no en decidir por ellos. El poder legislativo no está sobre el poder ejecutivo. Su rol no es el de la ejecución, sino el de elegir los planes a ejecutar.

Ninguno de los dos poderes se encuentra sobre los soberanos, en nuestro ejemplo, los propietarios del edificio. No es tarea de ninguno de estos poderes planificar la vida ni dar indicaciones de qué hacer con su vida y propiedad. Salvo, por supuesto, que alguna actividad implique algún riesgo o viole derechos de terceros (existen reglas de convivencia como dejar los pasillos libres o no hacer ruidos molestos a altas horas de la noche, etc.)

Permite entender la lógica de ciertas principios republicanos. Por ejemplo, por qué legislar sobre temas impositivos es materia del legislativo y no del ejecutivo: por qué es el pueblo, a través de sus representantes, quien decide (1) cuánto contribuir impositivamente y (2) cómo utilizar esos recursos.

De allí que el ejecutivo deba rendir cuentas al congreso sobre al ejecución del presupuesto. Lo mismo hace un administrador de consorcio con los dueños de los departamentos del edificio; y también hace lo mismo el CEO de una empresa frente a sus inversores. Así como el administrador de consorcio no es dueño del edificio y el CEO no es dueño de la empresa, el ejecutivo no es dueño de la cosa pública, sino que es el gobierno de turno que administra la cosa pública. Ser dueño y ser administrador son dos cosas bien distintas. Así como ni el administrador ni el CEO poseen la facultad de elegir cómo utilizar los recursos que pertenecen a terceros, no es rol del poder ejecutivo dirigir la vida de los ciudadanos.

¿Y qué rol juega en todo esto la democracia? La democracia es un método de elección, pero no es en sí una forma de gobierno. Por ejemplo, un grupo de amigos que tiene que decidir que película ir a ver al cine lo puede hacer democráticamente. Una asamblea de accionistas puede elegir por voto que proyectos de inversión llevar a cabo y cuales no. En el caso de un gobierno presidencialista como el de Argentina, se elige mediante el voto tanto a los representantes como al ejecutivo. En un gobierno parlamentarista como el Inglés, se elige por medio del voto a los representantes, quienes luego entre ellos eligen quien va a ser el Primer Ministro. Volviendo a nuestro ejemplo, en el caso presidencialista todos los dueños eligen a los representantes por un lado y al adminsitrador de consorcio por el otro. En el caso parlamentarista todos los dueños eligen a los representantes, uno de los cuáles será el encagado de administrar el edificio.

Si los límites impuestos por una república se respetan, entonces es claro que la cantidad de votos recibidos no es una medida de qué tan holgados van a ser los límites del poder, sino que es un reflejo de la confianza recibida el día de la elección. El presidente que gana en primera vuelta con 54% de los votos no tiene más facultades ni más poder que aquel que gana con el 50%. Los legisladores son representantes de los ciudadanos y las provincias, no son representantes del ejecutivo en el congreso, por lo que su rol de contrapeso del ejecutivo debiera ser indistinto de los votos que recibió el presidente. Este es, quizás, el mayor desliz que parece sufrir la mayoría de la clase política. El olvido de estos roles y límites no es menor, es lo que hace que el rostro de una nación se desfigure en una democracia ilimitada y la república pase a ser el maquillaje que intenta tapar el verdadero rostro de un gobierno que se vuelve autoritario.

Tampoco es necesariamente correcto exigir al congreso que sesione todos los días. El congreso eficiente no es aquel que legisla las 24hs intentando batir records de leyes y resoluciones tratadas y aprobadas. Sino aquel que se reúne las veces necesarias y legisla lo menos posible, idealmente eliminando regulaciones innecesarias en lugar de intentar taparlas con nuevos parches. ¿Que opinión merecería un consorcio que se debe juntar todos los días intentando constantemente emitir nuevas regulaciones en lugar de hacerlo unas pocas veces al año para monitorear la situación y sólo requiera pequeños retoques en la adminsitración del edificio? Legislar bien no es sinónimo de legislar mucho.

¿Que rol le compete, entonces, a la justicia? En primer lugar, de haber un desacuerdo entre dos propietarios, es un tercero imparcial quien cumple el rol de juez (por ejemplo, algún dueño que viva en otro piso). Posiblemente recaiga en el ejecutivo la obligación de hacer cumplir el fallo. Por otra parte, la justicia evita que se el voto se utilizado como medio para “institucionalizar” injusticias sobre las minorías. La justicia no protege a las minorías menos que a las mayorías. La justicia evita que la mayoría legisle expropiar a la minoría. El 54% de los votos no da derecho a pasar por alto los derechos del otro 46%, que no posee menos derechos ni es menos ciudadano.

El tema institucional, a pesar de ser un tanto abstracto, no es menor y dista de ser una curiosidad intelectual. Sus efectos son bien reales, aunque no siempre sean evidentes. Supongamos que se encuentra con dos embajadores de dos edificios. Estos embajadores representan a dos comunidades que hablan el mismo idioma, tienen la misma historia y cultura, incluso hasta comparten su ascendencia. Estos embajadores intentan convencerlo de que invierta los ahorros del fruto de su trabajo, de lo cual también depende su jubilación, en sus respectivos edificios. Uno de los embajadores representa al Edificio Corea del Norte, el otro al Edificio Corea del Sur. ¿En qué edificio preferiría vivir y confiar su futuro? Toda decisión de inversión se ve afectada por el marco institucional, y si bien sus efectos pueden no ser inmediatos, no por ello son menos reales ni menos importantes.

¿Que mensaje se envía al mundo, y a los propios ciudadanos, cuando al expropiar una de las empresas más grandes del país, la oposición ni siquiera es capaz de oponerse dada la inconstitucionalidad de la medida? ¿Acaso el fin justifica los medios? En ese caso… ¿qué diferencia al Kirchnerismo del resto de los partidos políticos? El largo plazo de una nación depende en gran medida de sus instituciones.

Una última aclaración, pero no por ellos menos importante. El problema no es solamente tener instituciones que funcionan y permitan el desarrollo de un país. Sino tener las instituciones correctas y que además funcionen. De nada sirve tener las instituciones correctas si las mismas no son respetadas. Tampoco sirve tener instituciones fuertes que atentan contra el desarrollo. Ni Corea del Norte ni Cuba están flojas de instituciones, el problema es que sus instituciones no permiten el desarrollo de sus pueblos.

 Nicolás Cachanosky es Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE), y Doctorando en Economía, (Suffolk University). Es profesor universitario.