Martín Krause, economista argentino: “Controlar el poder y limitarlo es clave para esclarecer los casos de corrupción en nuestros países”

Entrevista publicada el 11/8/18 en: https://www.ellibero.cl/actualidad/martin-krause-economista-argentino-controlar-el-poder-y-limitarlo-es-clave-para-esclarecer-los-casos-de-corrupcion-en-nuestros-paises/

 

El académico destaca la actuación de la justicia en Brasil y de la prensa argentina en los procesos Lava Jato y los “cuadernos de la corrupción”. Invitado a Chile por la Fundación para el Progreso, el defensor del liberalismo comenta, además, cómo la opción bolivariana debiera ir en retirada en la región.

Frases como “cuestionar incluso el monopolio del Estado y la existencia del mismo”, son las que sitúan a Martín Krause como uno de los referentes del liberalismo en la región. Esta semana estuvo en Chile para participar en el seminario “Liderazgos para el progreso en el siglo XXI”, organizado por la Fundación para el Progreso y que se llevó a cabo en Santa Cruz, VI Region.

En conversación con “El Líbero”, el economista argentino aborda los casos de corrupción destapados hace unos días en su país. Y profundiza, además, aspectos del liberalismo que considera que deberían tenerse en cuenta, como la no dependencia del Estado. “Hay muchos problemas que los soluciona la sociedad misma. Meter al Estado es como meter al elefante en el bazar, se generan más problemas de los que quieres solucionar”, plantea

-En Argentina, se destapó el caso “cuadernos de las coimas” que afecta a la ex Presidenta Cristina Fernández, y a parte de su entorno. Además, su vicepresidente se encuentra preso por otra acusación. En Brasil, Lula Da Silva tras las rejas por Lava Jato ¿Eso lo ve como algo positivo en el sentido que las instituciones funcionan? ¿O negativo al parecer que es destino de los países de la región?

-Claramente es algo bueno. Lo que están mostrando todos estos casos, no solo el de Argentina, es que hay algunos elementos que han funcionado, que podríamos llamar “la calidad institucional”. Es básicamente control al poder, lo cual está en las esencia de las ideas liberales. Controlar el poder y limitarlo. Eso es clave para esclarecer los casos de corrupción en nuestros países.

-¿A qué se refiere con la “calidad institucional”?

-La calidad institucional se ve a través de distintos mecanismos, muchos de los cuales conocemos hace tiempo como la división de poderes, la independencia de la justicia, de la prensa, etc. Y, de alguna forma, todo lo que está ocurriendo tiene que ver con alguno de estos elementos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el Lava Jato es el resultado de reformas en el sistema judicial brasileño que le dieron un poco más de independencia al Poder Judicial y como resultado tuviste a un juez que dijo “voy a seguir investigando esto” y hoy tienes a un ex Presidente preso. Y en Argentina, no hubo un “juez Moro” pero sí periodistas que hicieron un trabajo espectacular y notable. Años atrás con Lanata, luego otras  investigaciones y ahora esta, la de los cuadernos que es fruto de una larga tarea de un periodista que juntó material, fue a la justicia, le dio tiempo a ellos para que confirmaran los datos. Y  cuando la justicia va a lanzarse a meterlos presos, ahí pública en su medio.

Lo que están mostrando todos estos casos, no solo el de Argentina, es que hay algunos elementos que han funcionado, que podríamos llamar “la calidad institucional”. Es básicamente control al poder, lo cual está en las esencia de las ideas liberales”.

Lo que están mostrando todos estos casos, no solo el de Argentina, es que hay algunos elementos que han funcionado, que podríamos llamar “la calidad institucional”. Es básicamente control al poder, lo cual está en las esencia de las ideas liberales”.

-¿Esos serían los factores para frenar estos casos?

-Hay otro elemento que se ve en estos escándalos latinoamericanos, que es la “competencia entre jurisdicciones” que es una consecuencia de este mundo globalizado. Muchos negocios internacionales pueden elegir cuál es la sede donde hacen sus contratos. Entonces, en el comercio y las finanzas personales la justicia está en competencia tambiénLos inversores se van donde hay mejores servicios de justicia, y entra en competencia algo que se veía monopólica como la justicia de cada país. Y ahora empiezan a surgir casos que tienen alto impacto, pero que en realidad surgieron por las investigaciones en otros países. Por ejemplo, cae el Presidente de Perú o el vicepresidente de Ecuador, no por algo que haya hecho la justicia de esos países, sino por lo que ocurrió en Brasil. O caen en Argentina unos tipos porque se destapó el FIFA Gate en Estados Unidos y en Suiza. Y muchos caen en países donde tú no hubieras esperado que se hiciera esa investigación.  Ahora en Argentina vamos a ver qué nos trae el Lava Jato porque en estos días se han completado los acuerdos entre la justicia brasileña y argentina para compartir información.

-¿Por qué aún Cristina Fernández tiene apoyo en el electorado?

-En el caso de Argentina hay un 25% que apoya a Cristina Kirchner. A esa gente no es algo que le importe estos casos de corrupción. Normalmente son los militantes kirchneristas duros o son gente pobre que vive de recibir algún tipo de programa público. Ver los cuadernos o ver las valijas con dinero no les produce nada, no cambian de opinión. El resto de la población ve esto con repulsión y está esperando que de una vez por todas se haga algo. La típica opinión que encuentras en Argentina es “a ver si alguna vez van presos”. Hay varios ya presos del gobierno anterior, ministros, vicepresidente. Los tiros llegan cada vez más arriba y si esto sigue así, van a llegar. Va a ser histórico cuando se vaya Cristina presa.

Este mundo globalizado ahora da oportunidad a países como los nuestros, que de pronto no tienen buena justicia, a lograr algo con la justicia de otros países”.

“No se deben imponer políticas a todos por igual porque somos distintos”.

-Usted hablaba de la fortaleza de las instituciones. En Chile cada cierto tiempo se habla de la modernización del Estado. ¿Cómo cree que se puede avanzar en eso? ¿O primero hay que repensar el rol del Estado?

-Hay que discutir la función del Estado como tal. Después que definas si hace falta que haga algo, bueno ahí es mejor hacerlo de manera más eficiente. Esa es la visión que al principio tuvo el gobierno de Macri. “Venimos a hacer este Estado más eficiente y más moderno”. Perdón, pero lo que pasa es que acá hay muchas cosas que el Estado no debería estar haciendo. ¿Para qué vas a hacer más eficiente algo que no habría que hacer? Yo, personalmente, estoy dispuesto a llegar hasta el final.

-¿Qué significa hasta el final?

-A cuestionar incluso el monopolio mismo y la existencia del Estado. No creo que sea algo que vaya a ver en mi vida, pero no me asusta la idea.

¿Por qué debe haber una política nacional de Salud? Puede ser distintas por regiones, por ciudades, y veamos cuál funciona”.

-Cuándo usted señala que el Estado no debería existir, ¿qué ocurre por ejemplo, cuando cumple una función de ayudar a quienes no tienen ciertos beneficios?

-La primera actitud que le aconsejaría a la gente tener, es la de no hacer el salto inmediato de que, porque hay un problema, el Estado debe solucionarlo. No es así, hay muchos problemas que los soluciona la sociedad misma, nosotros mismos. Meter al Estado es como meter al elefante en el bazar, se generan más problemas de los que quieres solucionar. Las políticas públicas yo las usaría al final, otras pueden ser soluciones cooperativas, voluntarias, comunitarias. Primero, ver cómo se puede solucionar un problema y recién al final discutir algún tipo de política si no hay ninguna solución satisfactoria

Y profundiza:
“Si bien no me gusta imponer soluciones tal vez deberíamos avanzar en un camino de la descentralización. De que haya muchos experimentos posibles y que veamos cuál funciona. Por ejemplo, ¿por qué debe haber una política nacional de Salud? Puede ser distintas por regiones, por ciudades, y veamos cuál funciona. O en Educación, uno querrá escuelas públicas, otro todos privados. En otras si quieren que enseñen Marx solamente. Está bien, júntense ahí y exprópiense entre ustedes, y los demás querrán otra cosa. Y así se verá cuál se acomoda más. Pero que no se impongan políticas a todos por igual porque somos distintos.
“La opción bolivariana, como alternativa, está terminada. Falta cerrar el cajón”.

-Si por un lado es positivo lo que está pasando con el esclarecimiento de casos de corrupción, por otro lado hay gobiernos en Latinoamérica donde no se respetan los derechos, las libertades, como lo que está pasando en Venezuela, Nicaragua… ¿En qué etapa cree que se encuentra la región?

-Hay olas en América Latina en las que coinciden ciertos rumbos. Coincidieron en los 80 políticas de altas inflaciones, coincidieron después en los 90 las políticas de privatización y luego de esas olas, se abrieron dos caminos en América Latina. Uno fue el camino del Pacífico, con Chile, Perú, Colombia (y también Uruguay aunque no sea en el Pacífico) y, por otro lado, los bolivarianos. Y es interesante esta oportunidad de contrastar resultados. Parecería ser, claramente que el lado bolivariano está en retroceso. Está en retroceso en Argentina, en Ecuador, vamos a ver qué pasa en Nicaragua, debería retroceder si no hay frenos dictatoriales. Debería claramente en Venezuela.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Por decreto, pero en favor de la libertad

Por Martín Krause. Publicada el 12/1/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1861384-por-decreto-pero-en-favor-de-la-libertad

 

A veces resulta costoso respetar el estricto funcionamiento formal de instituciones en las cuales predominan el abuso de poder, las restricciones y los controles

Imagine el lector una situación en la cual, siendo la libertad su valor fundamental, tuviera la oportunidad de imponerla mediante un decreto que derogara todas las restricciones existentes. ¿Lo haría? ¿O, conociendo que la libertad solamente florece dentro de un cierto marco institucional, buscaría fortalecerlo para que la libertad pudiera resurgir y avanzar en el futuro?

En el primer caso puede alcanzar su objetivo, pero con un instrumento que el día de mañana cualquier otro puede utilizar para volver a imponer las restricciones existentes e, incluso más, profundizar un modelo autoritario. No hay garantía de que eso no vaya a suceder, ya que, al utilizar ese instrumento, aquellos que defienden la libertad (quienes la denigran ya lo habían hecho) le dan legitimidad y poco podrán hacer para oponerse. La libertad conseguida puede resultar un beneficio temporal.

Sin embargo, tal vez eso sea mejor que respetar el estricto funcionamiento formal de las instituciones existentes, en las cuales predominan el abuso de poder, las restricciones y los controles, no se puede avanzar mucho y la libertad continúa languideciendo.

Una cosa es la forma y otra el contenido. Tuvimos un gobierno que durante doce años avasalló la libertad en su contenido y muchas veces en su forma. Es decir, obtuvo poder y control a través de medios formalmente legales y otras veces no. El contenido fue, casi siempre, contrario a la libertad, aunque puedan rescatarse algunos avances en términos de derechos civiles.

Ahora, el nuevo gobierno ha tomado algunas medidas que tienen como objetivo fortalecer la libertad, pero utilizando un instrumento que debilita la calidad institucional. El nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema o la intervención a la Afsca son dos ejemplos, aunque en uno se haya dado luego marcha atrás, al menos por el momento. El contenido no era objetable en sí: el Gobierno no buscaba nombrar a sus militantes en la Corte, sino a prestigiosos abogados con los que parece no tener vínculo; la política de medios de comunicación busca eliminar el impulso sectario que tiñó a la gestión anterior, que buscó controlar a los medios para apuntalar el relato.

La libertad y la calidad institucional parecen contraponerse en esta instancia: es una o es la otra. Una difícil elección para todo el que valore la libertad y las instituciones que la garantizan.

El Gobierno parece haber elegido la primera opción. No quiso verse en una situación en la cual cumplía con todos los requisitos formales pero no lograba resultados y sólo le quedaba el honor de haber respetado los procedimientos, como debería suceder en todo país serio. Éste es un dilema político que se presenta a todos los gobiernos que quieren llevar cambios adelante: he recibido un enorme poder; ¿debo utilizarlo como un “dictador benevolente” (según lo llamamos en economía) para conseguir la libertad y luego tratar de reducirlo para que quienes me sucedan no tengan ese instrumento poderoso o debo reducirlo primero para dar el ejemplo?

Esta segunda opción tiene pocas chances en la política; para los políticos, sería como hacerse el harakiri. Persiguiendo los políticos sus propios intereses, como cualquier otro, va a ser muy difícil que acepten recortar su propio poder.

Por otro lado, las medidas liberalizadoras ya de por sí reducen el poder del gobernante y mejoran la calidad institucional, que no se refiere sólo a la calidad de las instituciones políticas y judiciales, sino también a las que permiten las acciones a realizar en los mercados: el respeto al derecho de propiedad, la mayor libertad para realizar contratos, para establecer precios, para importar o exportar, para elegir la moneda en que se realizarán los intercambios.

En el análisis institucional que realizan los juristas o los politólogos suelen reflejarse nada más que las instituciones políticas o jurídicas tales como la división de poderes, la independencia de la Justicia, la renovación de los mandatos, el respeto a los derechos civiles. Es muy correcto, pero deja afuera toda un área de suma importancia para los individuos. Todos tenemos, en verdad, dos caminos a través de los cuales buscamos satisfacer nuestras necesidades: uno de ellos es el gobierno, por supuesto, del cual buscamos obtener seguridad, resolución de disputas, protección de ciertos derechos; pero tal vez la mayoría de nuestras necesidades se resuelven a través de los mercados: trabajamos o producimos y luego, con el ingreso obtenido, aprovechamos la división del trabajo para conseguir todo lo demás. Al negar este aspecto de nuestro proceder, el análisis institucional jurídico/político lo menosprecia.

El levantamiento del cepo cambiario deja en mayor proporción que antes la decisión acerca del uso de la moneda en manos de las personas, no de los funcionarios. Por supuesto, los exportadores están todavía obligados a entregar sus dólares al Banco Central, aunque éste ahora no los castiga además después. Pero al menos la gente ya no tiene que esconderse para tomar decisiones respecto de su propiedad, en este caso, de dinero. La reducción y eliminación de las retenciones a ciertas exportaciones devuelven nuevamente a los productores parte de la propiedad que les había sido expropiada a través de ese impuesto. Estaría por cesar la discrecionalidad existente en las importaciones a través del otorgamiento de licencias DJAI, pero se mantienen otras no discrecionales en muchos rubros; cesaron también las licencias para exportar (ROE) que se utilizaban para autorizar o negar las operaciones, pero se mantienen como “registro”.

Esas medidas amplían algo la libertad de acción de los argentinos, aunque se podría también plantear el mismo problema que generan los otros cambios a través de decretos: el control se modera, pero el instrumento persiste. Hoy la licencia de importación puede ser utilizada nada más que estadísticamente, pero lo cierto es que está ahí para que cualquiera pueda después utilizarla como control. Lo mismo puede decirse sobre las leyes de lealtad comercial o de terrorismo económico. Es como guardar el revólver en el sótano, pero todos sabemos que sigue existiendo.

En definitiva, la elección es difícil, las alternativas son imperfectas. Pero claro, uno no puede dejar de preguntarse si no es posible algún camino que busque conciliar la libertad y la calidad institucional. Uno de ellos parece que sería explorado: es obtener consenso sobre esas medidas a posteriori.

Sin embargo, si se va a instalar todo un debate institucional respecto de cierto tipo de medidas, tal vez sería mejor apelar a la población para alguna reforma “institucional” más profunda, que respete las formas para alcanzar un cambio más profundo en los contenidos.

Tomemos el caso de la Afsca. Se interviene, se desplaza a alguien que tenía mandato por un par de años más (aunque no para hacer lo que hacía). Se creará una nueva agencia. Pero quienquiera que sea nombrado en esa agencia estará sujeto al mismo antecedente por más que se lo nombre de por vida. Otro futuro gobierno podrá “intervenirlo”. La cuestión que tenemos que plantearnos es si no resulta peligroso tener agencias de ese tipo. Tal vez mejorar la calidad institucional es desistir de que exista ninguna ley y ninguna agencia para controlar los medios (o los recursos de los que el Estado se ha apropiado, como las frecuencias). La experiencia de estos controles no ha sido buena. Además, hemos vivido décadas sin leyes de medios o agencias de control. Y en el mundo de hoy accedemos a los medios de todo el mundo: la competencia nos protege más que nadie.

Es cierto, esto no quiere decir que el día de mañana no venga otro gobierno y vuelva a crear la agencia de cero. Y eso dependerá, en definitiva, de los valores que quieran promover los argentinos: si valoran la libertad o están dispuestos a entregarla. Si ahora dieron una señal de que quieren el cambio, tal vez quieran también dar una señal de que quieren ser más libres.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

El fracaso de los acuerdos de precios y salarios

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 4/1/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1859088-el-fracaso-de-los-acuerdos-de-precios-y-salarios

 

Dado que el Presidente solicitó que se le adviertan sus errores, es bueno recordar que los controles de las variables del mercado por parte del Estado siempre han producido efectos negativos que postergan la recuperación de la economía.

 

Si realmente queremos ayudar al Gobierno que acaba de asumir, debemos seguir el consejo del Presidente en ejercicio que en su alocución inaugural afirmó que hay que alertar sobre posibles errores. De eso se trata, salimos de una degradación superlativa de las instituciones republicanas y los indicadores económicos más relevantes han quedado sumamente dañados.

Es muy saludable el espíritu de conciliación, de retomar relaciones normales con el mundo, rechazar políticas nefastas como el tristemente célebre caso iraní, sancionar debidamente la corrupción, tender al federalismo fiscal y asegurar la elemental seguridad de las vidas y las haciendas de todos. Es muy necesaria la referencia a la independencia de la Justicia y espero se confirme la idea que ahora se está considerando de rectificar el procedimiento inaceptable para cubrir dos vacantes en la Corte.

Pero para no remontarnos más atrás, desde Diocleciano hasta la fecha han fracasado rotundamente todos los intentos de establecer “precios cuidados” (un eufemismo para precios máximos). El pretendido control de precios, aunque sea circunstancial, siempre produce cuatro efectos centrales que no sólo postergan la recuperación sino que agravan la situación.

Primero, cuando el precio se establece a un nivel inferior al que hubiera estado en el mercado, naturalmente se expande la demanda. Segundo, en el instante inicial, por el hecho de que la demanda se expande no aparece una mayor oferta, por tanto se produce un faltante artificial. Tercero, los productores marginales, los menos eficientes, al reducirse su margen operativo desaparecen del mercado, con lo que se agudiza el referido faltante. Y cuarto, al alterarse los precios relativos y consecuentemente los indicadores de los diversos márgenes operativos, artificialmente surgen otros reglones como más atractivos y, por ende, se invierte en áreas que en verdad no son prioritarias, lo cual se traduce en derroche de capital que, a su vez afecta salarios e ingresos en términos reales.

Lo mismo va para el reiterado “acuerdo de precios y salarios” que se ha aplicado sin solución de continuidad en nuestro país desde el intento corporativo de los años 30. El tema consiste en arreglar los desaguisados fiscales y monetarios -en el contexto de reducir el tamaño del aparato estatal- a los efectos de transferir recursos a los bolsillos de la gente. En el interín, no se deben adoptar políticas que, como queda dicho, comprometen aún más la situación lamentable que recibe el nuevo gobierno ni dejarse tentar por tomar más deuda para mantener la gigantesca estructura gubernamental que carcome la productividad de todos.

En El espíritu de la Revolución Fascista, donde se recopilan los discursos de Mussolini, después de hacer una apología del corporativismo concretado en acuerdos de precios y salarios, el “Duce” sostiene que esa es la manera en que “hemos sepultado al Estado democrático [.]. A ese viejo Estado que enterramos con funerales de tercera, lo hemos sustituido por el Estado corporativo”. Esos acuerdos “entre el capital y el trabajo” son reiterados en el manifiesto fascista de Verona y copiados por los populismos de toda laya con los resultados conocidos.

Es que la estructura de precios en un mercado libre y competitivo no depende de la voluntad de empresarios ni de gremialistas sino de las valorizaciones cruzadas de los consumidores que, a su turno, están vinculadas en términos nominales con el valor de la moneda, que mantiene un estrecho correlato con la expansión de la base monetaria provocada por la banca central.

Constituye una torpeza mayúscula el asignar un significado peyorativo a la especulación puesto que no hay ser humano que no especule, es decir, que pretenda pasar de una situación a su juicio desfavorable a una que le proporcione mayor satisfacción. La madre especula que su hijo estará mejor, el que estudia especula con que recibirá el título, el comerciante especula con una ganancia. No hay acción sin especulación.

Ahora bien, los precios no se incrementan a puro rigor de expectativa o especulación, se elevan debido a la antes mencionada expansión monetaria o debido a una caída en la productividad. Si un comerciante tiene la expectativa o especula que sus costos de reposición se elevarán debido a la inflación y, por ende, aumenta los precios, se producirá uno de dos resultados: o el comerciante tenía razón y la moneda convalidó esa suba o se equivocó, en cuyo caso, debe reducir sus precios si pretende mantener sus ventas, de lo contario verá que se contraen.

Es de interés aprender de la historia y no tropezar con la misma piedra, dados los repetidos antecedentes en materia de control de precios y absurdos acuerdos de precios y salarios, como si un grupo de capitostes reunidos en un cuarto, concentrando ignorancia, pudiera sustituir los millones de arreglos contractuales en un contexto de conocimiento disperso y fraccionado.

Y nada de machacar, como se ha hecho en el pasado, con que se trata de medidas transitorias mientras se sale del pozo, porque de ese modo se profundiza el pozo. Las leyes de asociaciones profesionales y convenios colectivos fue calcada por Perón de la Carta del Lavoro de Mussolini y, desde ese momento, ningún gobierno la abrogó con el propósito de usar el movimiento obrero en provecho propio. Los sindicatos son muy útiles en una sociedad abierta, pero la figura de la “personería gremial”, a diferencia de la personería jurídica, conduce a todo tipo de abuso en perjuicio principal de los más necesitados.

La característica central del fascismo es permitir que los particulares registren la propiedad a su nombre, aunque la use y disponga de ella el gobierno, en la práctica, a través de regulaciones omnicomprensivas con que el aparato estatal maneja el flujo de fondos de las empresas “privadas” que en realidad están privadas de toda independencia.

Sabemos que el político no puede articular un discurso que la opinión pública no pueda digerir. Por eso, el problema medular es educativo. No puede pretenderse que se asuma la tradición alberdiana, pero por lo menos puede sugerirse que no se repitan errores gruesos para no darle la razón a Aldous Huxley en el sentido de que “la lección de la historia es que no se aprendió la lección de la historia”.

Milton Friedman ha consignado en el primer capítulo de su libro La tiranía del status quo que lo que un gobierno no hace en los primeros seis/nueve meses no lo hace nunca. No hay tiempo que perder si es que deseamos fervientemente el éxito de la actual gestión gubernamental.

No se trata de quejarse cuando ya es tarde, sino de razonar con calma y ponderadamente.

Es pertinente subrayar lo dicho por el nuevo Presidente en su acto de asunción respecto de que apunta al logro de la “justicia social”. Esta expresión tan manoseada puede tener sólo dos significados: o es una grotesca redundancia ya que los minerales, los vegetales o lo animales no son sujetos de derecho y, por ende, la justicia sólo es humana, léase social; o bien se traduce en sacarles a unos lo que les pertenece para entregarlos a quienes no les pertenece, lo cual constituye la antítesis de la justicia en el sentido de “dar a cada uno lo suyo”.

En este último contexto es que el premio Nobel en economía Friedrich Hayek ha escrito que el adjetivo “social” aplicado a cualquier sustantivo lo convierte en su antónimo: justicia social, derechos sociales, constitucionalismo social, etc.

Es bueno que miembros del actual elenco gobernante se hayan pronunciado por la importancia de contar con marcos institucionales civilizados y será ardua la tarea parlamentaria en busca de los necesarios consensos para revertir lo sucedido hasta el momento, pero parte fundamental de esos marcos consiste en no enredarse en acuerdos corporativos que se encuentran en las antípodas de un sistema republicano, donde deben primar los arreglos contractuales entre las partes siempre que no lesionen derechos de terceros.

Nuestro país está agotado y consumido por décadas y décadas de populismo y demagogias que operaron bajo las más diversas denominaciones pero en todos los casos bajo el paraguas del común denominador de agrandar las funciones gubernamentales que no sólo se alejan sino que contradicen sus funciones primordiales de garantizar las libertades de todos. Evitemos las iniciativas archiconocidas y fracasadas estrepitosamente y que se apartan de los objetivos comunes del bienestar general.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.