Instituciones y moral

Por Gabriel Boragina Publicado  el 23/7/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/07/instituciones-y-moral.html

 

Hace poco participé de un debate que se generó en torno al estreno de una película que auspicia la imagen del dictador militar izquierdista venezolano Hugo Chávez Frías. Todos los participantes en el debate criticaban que un ente estatal -como el instituto del cine argentino (más conocido por sus siglas INCAA)- fuera el autor de la iniciativa y de su financiación, ya que esta -al tratarse de un instituto oficial- se sufragaba a través de los impuestos que constantemente abonamos los «contribuyentes» al gobierno.

La opinión mayoritaria se orientaba a mantener el ente estatal (INCAA) ya que ella decía que el problema constituía en que existía uno o más funcionarios que portaban ideas de izquierda y que la solución pasaba por eliminar a esos elementos, y volver a repoblar la repartición estatal con otro tipo de funcionarios con ideas menos izquierdistas o mas de derecha.

Mi punto -el que fue rechazado por todos, incluyendo aquellos que no compartían la promoción de ideas de izquierda como formando parte de la cultura- era diferente, y transitaba por el hecho de que no importaba tanto cuáles ideas poseían los funcionarios y empleados del ente estatal, sino que -en mi opinión- no constituía objeto de las funciones del estado-nación el patrocinio de eventos culturales, siendo como lo considero, algo propio y exclusivo del sector privado.

En segundo lugar, señalé que hay instituciones que -mas allá de las ideas políticas de quienes las dirigen o la componen- su mismo diseño como tal las hace obligar a esas mismas personas a llevar a cabo actos que se dirigen a determinados resultados -incluso posiblemente no queridos por quienes integran el organismo- y que esas consecuencias podrían ser ideológicas, injustas y hasta deshonestas.

Se me replicó que las instituciones en sí mismas eran neutrales, y por ese mismo motivo no podían ser deshonestas, sino que solamente las personas pueden serlo o no. Por lo tanto, lo que estos debatientes proponían como toda «solución» era despedir a los deshonestos y contratar a personal honorable.
A lo que no estuve de acuerdo.

Si buscamos la definición de institución encontramos la siguiente:

Institución. Establecimiento o fundación de una cosa. | Cosa establecida o fundada. | Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, como república, monarquía, feudalismo, democracia. | Órganos constitucionales del poder soberano de la nación. | Cada una de las materias de las diversas ramas del Derecho: institución de la familia, del matrimonio, de la patria potestad, de las sucesiones, de la propiedad.1

Para el tema del debate, lo que nos interesa son las dos primeras acepciones.
Una piedra es una cosa y -como tal, por su propia naturaleza- carece de finalidad alguna. Por lo tanto, se puede decir que -desde el punto de vista humano- una piedra es una cosa neutral. Pero una institución no es simplemente una cosa, sino el Establecimiento o fundación de una cosa, o bien, una Cosa establecida o fundada.
Es decir, que lo relevante para definir una institución es la finalidad humana observada al establecerla o fundarla. Y esa finalidad humana nunca es neutral, sino que siempre se halla condicionada por todos los factores que intervienen e influyen en el ser humano. Desde este punto de vista, ninguna institución es neutral, moral ni jurídicamente hablando.

Ya antes me he expresado en cuanto a este punto 2 y di varios ejemplos de instituciones inmorales o deshonestas. Hubiera sido inútil dotar al Ministerio de la Raza de Hitler de personal con altos valores morales u honestos. La finalidad de dicha institución no tenía por mira otra cosa que discriminar racialmente a la gente, y la única alternativa que quedaba a alguien quien fuera llamado a participar de aquella institución -por muy alta que fuera su moral u honestidad- no era más que una sola opción: o declinar el ofrecimiento al cargo o aceptarlo renunciando a su moral y honestidad. Pero, independientemente de lo que los llamados a integrar tal departamento estatal nazi asumieran como actitud final ante la oferta a componer la oficina estatal, tanto si aceptaban como si objetaban la propuesta, ello no priva a quienes repudiamos el racismo de tildar como inmoral o deshonesta la condición de un ministerio o secretaría de esa naturaleza. Esta institución, y muchas otras que, sin llegar a este extremo, conforman el sector público de numerosísimos países declarados no nazis, ni fascistas, ni comunistas, son -en mi opinión- manifiestamente inmorales y deshonestas, porque de este calibre es la mentalidad de las personas que diseñaron, establecieron o fundaron organismos estatales cuya mira es la violación de los derechos (no utilizaré el pleonasmo derechos «humanos», ya que los derechos no pueden ser sino solamente humanos).

Sin llegar a esos límites, quienes pensamos y estamos convencidos que dirigir la economía de las personas es un acto inmoral y deshonesto porque viola el derecho de propiedad de esos mismos individuos, no podemos sino concluir que el establecimiento de cualquier institución –como, por ejemplo, los ministerios de economía tan populares de todos los tiempos- que tenga por finalidad u objetivo intervenir en la economía de los seres humanos, será indefectiblemente una institución inmoral y deshonesta.

Como ha señalado el genial economista austriaco Ludwig von Mises, la corrupción es corolario exclusivo del intervencionismo estatal. Y en esta línea, cualquier grado de intervencionismo del gobierno en los actos humanos conllevará el consiguiente grado de corrupción. Si este intervencionismo es excesivo la corrupción será creciente, y viceversa. De tal suerte que, todas las instituciones estatales que fomenten el intervencionismo gubernamental y las dependencias administrativas que se originen en su secuela serán, asimismo, por lógico efecto, inmorales y deshonestas. Y esto no cambia por el hecho de que quienes las compongan -o sus artífices e inspiradores- en sus conductas particulares no tengan antecedentes penales.

Pasa que nuestra sociedad estatista ha elevado a un grado sacrosanto conceptos tales como el de las instituciones. Pero ha olvidado por completo que las instituciones no nacen de la nada, ni se crean por generación espontánea. Toda institución es siempre fruto y derivación de una mente humana, o de muchas de ellas en conjunto. Y si esas mentes son inmorales y deshonestas sus construcciones serán del mismo signo sin remedio alguno.
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1 Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Juridicas Politices y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 504.
2 *Ver aquí mi artículo ¿Qué es la seguridad jurídica?

 

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

 

No, no tenemos que financiar el cine nacional

Por Iván Carrino. Publicado el 21/4/17 en: http://www.ivancarrino.com/no-no-tenemos-que-financiar-el-cine-nacional/

 

La crisis en el INCAA abrió el debate sobre la necesidad de cobrar impuestos para subsidiar la producción de cine nacional. En esta nota, explico por qué dichos impuestos deberían eliminarse.

Argentina es un infierno fiscal. Pagamos 96 impuestos diferentes y la presión tributaria subió nada menos que 16 puntos del PBI en los últimos 14 años. Toda esta gigantesca y pesada maraña tributaria responde a un gasto público desmadrado que apunta no solo a pagar salud, educación y seguridad, sino todo tipo de subsidios y una administración pública ineficiente.

El infierno fiscal que es Argentina debe ser desterrado. El país necesita menos impuestos para crecer y volverse competitivo. Sin embargo, toda vez que aparece una propuesta en este sentido, los grupos de interés beneficiados por los impuestos y los subsidios hacen lobby para que no avance.

El último ejemplo es el del INCAA. A raíz de la desvinculación del ahora ex director Alejandro Cacetta, se puso en discusión la financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.  Según trascendidos, una propuesta elevada  por FIEL a las autoridades sugeriría eliminar el impuesto del 10% a las entradas de cine que, dado que es “de asignación específica”, se cobra con el objetivo de financiar las actividades del Instituto.

A raíz de esta situación, muchos actores y miembros de la industria del “cine nacional” se pusieron en campaña para defender la existencia del INCAA, prevenir una eventual reducción de su financiamiento y discutir la idea de que se trate de un fondo que viva de los impuestos.

Costos dispersos, beneficios concentrados

La reacción de los involucrados no debería sorprendernos. Ya la escuela de la Elección Pública nos alertaba sobre el fenómeno de los “costos dispersos” y los “beneficios concentrados” de los impuestos y los subsidios. Dado que el gasto total presupuestado del INCAA es de $ 2.855 millones, se trata de una suma casi insignificante cuando la dividimos por el total de la población. $ 71,4 por año no genera ningún incentivo para que la gente se movilice y pida la reducción del impuesto particular. Sin embargo, recibir $ 2.855 millones al año sí genera incentivos para que la minoría beneficiada con este dinero haga lobby y campañas para no perder su tajada.

Los costos de financiar el “cine nacional” están dispersos entre la población. Los beneficios están concentrados en el INCAA y sus artistas favorecidos.

El dinero del INCAA sí sale de los impuestos

El argumento que utilizan quienes no quieren “desfinanciar el cine nacional” es que el INCAA no es financiado con impuestos. Un mensaje que se viralizó en internet llevaba por título esta misma frase y sostenía que “el dinero [del INCAA] no sale de los impuestos de la gente”.

El dato es falso y puede corroborarse al mirar el presupuesto del propio instituto.  Entre sus recursos, se encuentran: el “Impuesto AFSCA”, el “Impuesto CINE”, el “Impuesto Video”, el “Impuesto INTERNET” y los “Aranceles sobre Copias de Películas Extranjeras”. Entre todos estos impuestos, se acumula un monto total de $ 1.570 millones, 55% del presupuesto. Para completar el total, aparecen aportes de las provincias, de la administración central y también del Tesoro. Es decir, más impuestos, solo que no son de asignación específica.

No existe ninguna partida de recursos que indique siquiera remotamente la financiación con “Aportes Privados”. En conclusión, el INCAA sí se financia con los impuestos que paga la gente.

Desfinanciar al cine es financiar otros consumos

Por otro lado, la consigna de “desfinanciar al cine” frente a la eventual eliminación del impuesto a las entradas esconde que la existencia actual del impuesto está “desfinanciando” otros consumos. Dado que el gobierno toma dinero coactivamente del bolsillo de la gente para fomentar producciones de origen nacional, esto resta recursos para asignar a aquello que los ciudadanos libremente hubieran elegido consumir. Son $ 71,4 por persona que los argentinos podríamos elegir cómo gastar pero que el gobierno decide gastar por nosotros en el INCAA. Recordemos: si “desfinanciar el cine” implica bajar impuestos, entonces se “financiará” otro consumo, pero con la diferencia que éste será elegido libremente por el consumidor.

Una última cuestión en relación al fomento de la industria de local es la siguiente: ¿Por qué tenemos, siquiera, que subsidiarla? ¿Acaso subsidiamos a los shoppings, acaso subsidiamos a los contadores, los odontólogos o los productores de maíz? Por lo general, las actividades productivas funcionan en un entorno de mercado y si son deseadas por el público consumidor, subsisten y generan ganancias: ¿cuál es la excepción a esta regla que tiene el cine nacional? Como bien se preguntaba José Luis Espert en su cuenta de Twitter“¿No hay nadie en este país que no pueda hacer nada sin apoyo del Estado?”.

Financiemos, pero de manera voluntaria

A esta pregunta le agrego que de ninguna manera es cierto que no pueda haber producciones nacionales sin apoyo del estado. Pero si ese fuera el caso, que así sea. La alternativa es violentar la voluntad de consumidores y productores en favor de una casta privilegiada que se esconde bajo la bandera de la “industria cinematográfica nacional”.

Para terminar, vuelvo al título de la nota. Los argentinos sí tenemos que fomentar el “cine nacional”, pero de manera voluntaria y en la medida que lo que éste tenga para ofrecer cumpla con nuestros gustos y preferencias.

Si la única forma que esta industria tiene para sobrevivir es el gasto público financiado con impuestos, entonces tenemos que repensar si es necesario siquiera que exista.

 

Por Iván Carrino. Publicado el 12/4/17 en:Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

The Curious Case of Argentina’s Cinema Subsidies:

Por Belén Marty: Publicado el 11/12/14 en: http://blog.panampost.com/belen-marty/2014/12/11/the-curious-case-of-argentinas-cinema-subsidies/

 

That Argentina lives to hand out subsidies won’t surprise anyone. The existence of subsidies to Argentinean cinema, however, has largely gone unnoticed in the country, and the state’s backing of the silver screen has provoked little criticism.

The distinction drawn by the government between “our” cinema and “foreign” movies scarcely raises an eyebrow among critics. But the administration of Cristina Kirchner has increased film production subsidies from almost AR$47 million in 2008 (US$3.6 million) to a total of AR $130 million (US$10.15 million) in the past year, according to figures from La Nación Data.

Many of the handouts are destined for directors or producers who are friendly to Kirchnerista ideology. Among the recipients are employees and senior officials within the Kirchnerista regime.

But even aside from the issue of how much public money is going to private individuals, the topic begs a wider question: who is the National Institute for Cinema and Audiovisual Arts (INCAA) to arbitrarily decide which works deserve subsidies and which don’t?

El documental sobre la vida del expresidente Néstor Kirchner recibió casi US$1 millón en subsidios. Su recaudación en los cines solo representó la tercera parte de esa cifra.

The INCAA, which runs on a budget assigned by Congress, doesn’t source the subsidies from its own budget, but via the Fund For Cinematographic Development (FFC). The FFC is in turn sustained by a 10 percent cut of all cinema ticket sales, and from a fixed tax on certain TV channels, among other sources.

But with all the transparency and concern for the public interest that we’ve come to expect from the Argentinean bureaucracy, the INCAA is barely interested in the likes, or dislikes, of the movie-going public. Instead, an INCAA employee enjoys absolute discretion over which flicks will receive state support. Unlike in the majority of other commercial activities, the filmmaker as a result undergoes no risk; the cost of failure is invariably borne by the general public.

Forcing cinemas to meet quotas for local offerings, and slapping duties on foreign works, are just some of the mechanisms that the state uses to promote Argentinean movies.

As a result, we end up with movies with absolutely zero interest for the public, as was the case with Miseria, which was screened in only one cinema in the entire country to a thrilled audience of 13. Yet Miseria received subsidies of AR$667,387 (more than US$50,000) between 2009 and 2011. Put another way, the state forked out almost $4,000 of public money for each person who attended a screening of the film. A fairly miserable figure indeed.

When the state pays the role of financial backer and hands out subsidies to selected films, it doesn’t take into account the director’s experience, the skill of the actors, the professionalism of the producer, or the quality of the location — all factors which investors carefully weigh up when deciding to put their own money into productions.

While the government plays with public money, we’re all left worse off. Surely it would be fairer if the public decided whether to reward or punish a production? Wouldn’t it also be fairer if those who subsidized Argentinean films were those who were interested in seeing them?

Those films which we rarely see — nor often even know they exist — are hugely expensive for the rest of society. Beyond the question of efficiency in how state resources are distributed, the main problem lies in arbitrarily assigning public money on the basis of personal artistic taste.

All this goes to show that Argentinean cinema is not alien to the cronyism and failures that afflict the distribution of public resources elsewhere in the country. When it comes to efficient and transparent public spending, Kirchner would almost definitely receive a rotten tomato.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.