Disparando sobre el patrimonio

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2021/06/disparando-sobre-el-patrimonio.html

«Desde el punto de vista de la cosa gravada sostienen Sax, Cossa y otros tratadistas, que son directos los impuestos que gravan la riqueza en sus manifestaciones inmediatas (el patrimonio, el producto, la renta de los bienes muebles e inmuebles, de las profesiones, de las industrias) e indirectos los que la gravan a través de sus manifestaciones mediatas (transferencias, consumos, transportes).»[1]

Esta clasificación luce más «prolija» que las anteriores, pero igual no llega al nudo de la cuestión. Volviendo a la realidad cotidiana nos muestra que en la práctica existen todos estos impuestos que recaen sobre los mismos bienes, por ejemplo: hay impuestos sobre la tierra que cuando esta se vende se le vuelve a cobrar otro impuesto más (a las transferencias o ventas) pero mientras no se vende, a la vez que paga el impuesto territorial también se le cobran impuestos sobre la renta. Es decir que, por lo menos en este caso, hay una triple imposición sobre un mismo bien (al bien en sí mismo, a su renta, y a su venta) los tres recaen sobre el patrimonio del propietario, si es que este patrimonio existe. Porque si la tierra es yerma no rinde frutos, no tendrá rentas y, en ese caso, para pagar el impuesto el expoliado deberá echar mano a otros recursos que posea y que el indefectiblemente sólo podrá hacerlo si tiene un patrimonio del cual extraerlos. Pero si lo hace, se estará descapitalizando, y si no tiene patrimonio positivo alguno simplemente no podrá pagar nada.

Podrá estarse de acuerdo con una o muchas de estas clasificaciones, pero sólo son un ejercicio inútil que apunta al método o modo de recaudación y no a sus efectos.

«Leroy Beaulieu considera directo al impuesto cuando el Estado se vale de registros especiales, en los cuales empadrona a los contribuyentes. Por medio de esos padrones el fisco sabe quién es el que paga cada una de las fracciones del impuesto. En cambio, para los impuestos indirectos no hay empadronamiento alguno; el Estado ignora quien es el que paga el impuesto. El contribuyente lo paga en ocasión de un acto de consumo.»[2]

Este caso ya había sido planteado antes por el mismo autor, y ya lo analizamos y lo hemos refutado completamente. También se centra en cuestiones metodológicas y nominales: si se conoce o no se conoce al contribuyente. Pero desde el ángulo económico todas esas cuestiones -que a los juristas y puristas del tributo le ponen tanto cuidado y atención- son debates económicamente irrelevantes en cuanto al punto central: el impuesto -se lo recaude como se lo recaude- carcome siempre el patrimonio, y daña la producción particular y transitivamente la nacional. Si se conoce o no al contribuyente es irrelevante, porque -por ejemplo- si el Sr. Pérez es muy rico, pero vende su patrimonio al Sr. Gómez, el interés del fisco no será sobre Pérez ni tampoco sobre Gómez (en sus condiciones personales respecto de ambos) pero centrará su atención en este, simplemente porque ahora Gómez es rico y Pérez es pobre. Si Gómez -a su vez- transfiere su patrimonio a Rodríguez el interés del fisco se desplazará desde Gómez hacia Rodríguez, pero en ninguno de los tres casos le interesa quién es el provisorio titular de los bienes a gravar como personas sino como poseedores de lo que realmente le interesa al fisco: el patrimonio imponible.

«Respecto a la opinión que merecen a la doctrina internacional uno y otro impuesto señala -un autor que la «ciencia pura está, incuestionablemente, en favor de los impuestos directos. Desde el punto de vista político, estos tienen respecto a los indirectos, la ventaja de que facilitan el contralor de los contribuyentes sobre la acción del gobierno, porque, en realidad, más siente el sujeto del tributo el peso del gravamen directo que el del indirecto. El impuesto directo lo paga teniendo la conciencia exacta de lo que entrega y el impuesto indirecto lo satisface sin orientación alguna respecto de la finalidad del sacrificio. Esto explica los movimientos sociales tan intensos que agitan a los pueblos cuando se trata de aumentar cualquier impuesto directo. Un acrecentamiento, por mínimo que sea, en la contribución territorial, por ejemplo, despierta mayor resistencia que cualquier impuesto nuevo a los consumos»»[3]

Si se quiere establecer una diferencia entre los directos e indirectos se la encuentra en el tiempo de ataque sobre el patrimonio (capital + renta). El directo impacta primero, el indirecto luego. Este «luego» puede ser más tarde, día siguiente o subsiguiente, semanas, meses, etc.) Pero ambos repercuten negativamente, aunque sea en tiempos asincrónicos. Y, para nosotros, aquí se agotan las diferencias. El resto es puro academicismo.

Parece que la postura que expone la cita es partidaria de la identificación del contribuyente, y que por eso entiende el impuesto como «directo». Centrase nuevamente en la persona y no en el patrimonio, pero la explicación que da como sustento del mismo es -a todas luces- falsa. Pasa por alto -como no podía ser de otra manera- todos los aspectos económicos relevantes en el tema.

Por ejemplo, obvia que los contribuyentes del impuesto directo son mucho menos que los de los indirectos, con lo cual -en democracia- siendo minoría tienen un contralor mínimo de las acciones del gobierno. Lo que les quita peso político es que numéricamente -en democracia- interesan los votos mayoritarios y no son ellos los grandes contribuyentes sino los medianos, pequeños y –aun- quienes no contribuyen de derecho sino de hecho. Tampoco se explica cómo ejercerían esos expoliados minoritarios ese supuesto «contralor»“. Lo cierto es que no hay tal por las razones esgrimidas, que son muy fáciles de demostrar. Al gobierno y su fisco le interesan los grandes números: recaudan más de los que más tienen económicamente, pero tienen menos peso político, porque -en votos- no representan más que un sector muy minoritario. Se sentirá más expoliado y a lo único que se le deja lugar es a evadir o transferir su patrimonio a un tercero que será el futuro expoliado por el fisco. ¿Pero contralor? ninguno.


[1] Mateo Goldstein. Voz «IMPUESTOS» en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibídem.

[3] Goldstein, M. ibídem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Presentes griegos en materia fiscal

Por Alberto Benegas Lynch (h). Pubicado el 24/7/15 en: http://economiaparatodos.net/presentes-griegos-en-materia-fiscal/

Homero en la Odisea y varios siglos más tarde Virgilio en Eneida nos relatan la estratagema de invadir militarmente vía el regalo del Caballo de Troya, de ahí “el presente griego” que no solo puede aplicarse a la situación de Grecia hoy con su colosal endeudamiento presentado como una ayuda que hunde a los griegos, sino que puede aplicarse a toda política que aparentemente beneficia pero que en definitiva arruina como es el caso del estatismo en general. 

En esta nota quiero centrar brevemente la atención en un aspecto del antedicho estatismo. Me refiero a las falacias tejidas en torno a la política fiscal que tratamos en los siguientes diez puntos (el decálogo tiene buena prensa), todos de una u otra manera disfrazados de “presentes griegos”: la inexistencia de la traslación fiscal, la idea equivocada de los llamados impuestos al consumo, la relevancia de la curva Laffer, lo destructivo de la progresividad impositiva, una mirada más atenta a los principios de nacionalidad y territorialidad, la variante del valor agregado, el verdadero federalismo fiscal, la noción contradictoria de la “inversión pública”, los ineludibles desajustes de la exención fiscal y el equilibrio de la caja concebido como un fin en si mismo.

1. Los costos de producción no determinan el valor que el consumidor le atribuye al bien o al servicio a través de los precios que paga. El valor procede de la utilidad marginal. Si los costos determinaran los precios no habría quebrantos. El empresario cobra los precios más altos que le permite la elasticidad de la demanda. Si cualquiera de sus costos se elevaran, el empresario obtendrá menores ganancias o incurrirá en pérdidas pero, ceteris paribus, no puede trasladarlos a los precios. Por ello es falso afirmar que en verdad el incremento de impuestos (o para el caso cualquier costo adicional) sencillamente los traslada a los precios sin que cambie la estructura de la demanda (que en el límite puede ser cero). Si, por otra parte, por ejemplo, se triplicaran los impuestos en una comunidad, los precios se elevarán, no porque hubo traslación fiscal sino por la consecuente caída abrupta en la productividad y, por ende, al haber menor oferta los precios suben. Cuando esto ocurre y en la medida en que sucede no debe confundirse con el espejismo de “la traslación”.

2. En finanzas públicas clásicas se clasifican los gravámenes en directos e indirectos. Los primeros gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva (por ejemplo, a las ganancias), mientras que los segundos gravan la manifestación indirecta de la capacidad contributiva (por ejemplo, los gastos). Pues bien, de ello se suele concluir equivocadamente que estos últimos impuestos son “al consumo” sin percibir que todos los impuestos son al patrimonio (no hay forma que se abonen con otra cosa). Si se grava una empresa de chocolates -un bien considerado de consumo- se concluye que ese impuesto es “al consumo” sin tener en cuenta que la referida empresa se hará cargo del tributo con su patrimonio si es que hemos entendido el punto anterior respecto a la supuesta traslación.

Más aun, el contribuyente de jure al ver reducido su patrimonio y la consecuente capacidad de inversión hace que los salarios e ingresos en términos reales disminuyan con lo que aparecen los contribuyentes de facto, es decir, en última instancia todos se hacen cargo de los gravámenes, muy especialmente los más débiles económicamente puesto que por la antedicha utilidad marginal sabemos que un peso para un pobre no es lo mismo que uno para un rico (aunque no sean posibles las comparaciones intersubjetivas ni factible referir esto en números cardinales).

Además, si bien conceptualmente es del todo pertinente aludir a bienes de consumo y bienes de inversión o de capital, ni siquiera resulta posible clasificarlos en abstracto de la acción concreta ya que las valorizaciones son subjetivas (una botella de vino será un bien de consumo si se bebe su contenido y de inversión si se la almacena). Por último en este punto, se da la paradoja que cuando se elevan los impuestos a los bienes de consumo con la idea de preservar la inversión, se produce un cambio en la preferencia temporal al reducirse el patrimonio para hacer frente al denominado “impuesto al consumo” y, por tanto, ¡se reduce aun más la inversión!

3. Como es sabido, la curva Laffer se muestra en un gráfico en donde en la ordenada aparece la presión tributaria y en la abscisa la recaudación fiscal, donde la curva aparece en forma de u acostada con el “vértice” haca la derecha. La curva de marras muestra que al aumentar la presión fiscal se incrementa la recaudación hasta un punto en donde los aumentos adicionales revierten la situación en el sentido de que generan menor recaudación. Esto es debido a las antes mencionadas lesiones en la estructura productiva. El asunto es que se suele sostener que la presión tributaria debe ubicarse en el óptimo fiscal, es decir, donde se obtiene la máxima recaudación con los gravámenes más altos posibles antes de la aludida reversión. Pero esta cuestión no debe ser mirada de esa manera, a saber, con criterio de voracidad fiscal, sino más bien el punto de menor recaudación posible al efecto de garantizar la protección de derechos, es decir, el punto mínimo fiscal.

4. Autores como Pigou han concluido que dada la utilidad marginal que venimos comentando y, como hemos apuntado, un peso para un pobre tiene mayor valor que uno para un rico debe aplicarse la progresividad en el impuesto ya que la pérdida del rico será menor que la ganancia del pobre por lo que habrá una ventaja neta para la comunidad. Esto así considerado no se condice con el sentido mismo de la utilidad marginal que debe aplicarse al consumidor que no le da lo mismo asignar sus siempre escasos recursos en cualquier dirección, por lo que habrá una pérdida neta en la medida que los tributos desfiguren sus preferencias, lo cual, adicionalmente perjudicará a los relativamente más pobres debido al consumo de capital que implica la reasignación compulsiva de factores de producción.

Por otro lado, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, lo cual no sucede con los impuestos proporcionales, situación aquella que agrava lo dicho sobre la pérdida neta. También la progresividad se traduce en regresividad ya que, como queda dicho, la contracción en las inversiones en los contribuyentes de jure hace que los salarios se reduzcan con lo que terminan haciéndose cargo en mayor medida los relativamente más débiles (económicamente considerados). En verdad, resulta por lo menos curioso que se mantenga que debe producirse lo más que se pueda y, al mismo tiempo, se castigue progresivamente a los que más producen.

5. Al efecto de evitar la antes referida voracidad fiscal, debe abandonarse el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria para aplicar solo el principio de territorialidad puesto que las obligaciones de respetar derechos por parte de los gobiernos procede dentro de su jurisdicción. No es compatible con una sociedad abierta la persecución fiscal fuera de la jurisdicción correspondiente siguiendo los pasos del ciudadano por el orbe para incrementar la recaudación aunque la empresa o la persona se encuentren en otras jurisdicciones nacionales.

6. Todos los impuestos podrían reducirse al de valor agregado y al impuesto territorial, ambos con alícuotas mínimas proporcionales en lugar de contar con farragosas disposiciones fiscales donde la doble imposición es generalmente la norma y donde el denominado contribuyente debe recurrir a “expertos fiscales” para conocer sus obligaciones, en lugar de liberar a esos personajes para que puedan dedicarse a actividades útiles si se simplificara la legislación respectiva. El impuesto al valor agregado tiene la ventaja que es más económico debido al sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que alivia los controles y puede abarcar a todo el espectro y toda la base fiscal sin discriminaciones ni problemas con los antes aludidos impuestos al consumo y a la inversión. Por su lado, el impuesto territorial se basa en que quienes tienen propiedades en el país en cuestión pero no viven allí se hacen cargo de la parte que les corresponde debido a que el gobierno debe velar por esas propiedades.

7. Las provincias o los estados son los que constituyen la nación en un régimen federal, por ende, son aquellos los que deben coparticipar al gobierno central y no al revés. En ese caso, si se distribuyeran todos los gravámenes entre las provincias o estados, excepto los referidos a las relaciones exteriores y a la defensa, los incentivos operarán en el sentido de que los gobernadores locales tenderán a implantar cargas fiscales razonables a los efectos de que las personas no se muden a la provincia o al estado vecino y, por otra parte, para atraer el mayor volumen de inversiones posible. Estos incentivos a su vez tenderán a reducir el gasto público como consecuencia de una estructura impositiva equitativa (lo cual implica cuidado con el endeudamiento que a la larga o a la corta es financiado con impuestos). Esto es parte fundamental del sentido de evitar los grandes riesgos de contar con un gobierno centralizado y, en el extremo, un gobierno universal. Desde la perspectiva liberal, esta es la única razón que justifica las fronteras: el fraccionamiento del poder.

8. También en finanzas públicas clásicas se insiste con la denominación de “inversión pública” cuando en rigor constituye una contradicción en los términos. La inversión es eminentemente de carácter voluntario, no puede ser el resultado de la fuerza. Del mismo modo que carece por completo de sentido hablar de “ahorro forzoso” como efectivamente ha intentado imponer algún gobierno descarriado hace relativamente poco tiempo. La inversión consiste en abstención de consumo que es ahorro cuyo destino es siempre la inversión, y se lleva a cabo porque se estima que el resultado de ese destino derivará en un valor futuro mayor que el presente. En los presupuestos nacionales los rubros debieran ser gastos corrientes y gastos en activos fijos pero no “inversiones” por las razones señaladas.

9. A igualdad en el volumen de recaudación, las exenciones fiscales significan que otros deben hacerse cargo de mayores gravámenes por la diferencia. Y si el gobierno del caso declarara que se reducirá el gasto público en la misma proporción de las exenciones para que otros no vean incrementadas sus alícuotas, debe responderse que, entonces, deberían reducirse todas las alícuotas pero no otorgar perdones fiscales que distorsionan los precios relativos, lo cual, a su turno, hace que algunos reglones y áreas aparezcan con rentabilidades artificiales con lo que se asignan recursos de modo que responden a las inclinaciones políticas imperantes y no a lo que resulta económico.

10. No es infrecuente que se otorgue prioridad a tener un balance fiscal equilibrado, es decir, que no haya déficit en las cuentas públicas sin prestar prácticamente atención al volumen del gasto público que es lo verdaderamente relevante. Como decimos, en algunos casos parecería que se centra la atención en este problema sin atender el nivel del gasto estatal que es la verdadera razón de la quita al fruto del trabajo ajeno. No es en modo alguno que deba subestimarse el desorden fiscal en las cuentas, se trata de enfatizar la importancia del derroche que realizan gobernantes en campos que no le competen (muchas veces financiado también con deuda pública interna y externa, tema que hemos abordado en detalle en otros trabajos, del mismo modo que lo hemos hecho respecto a la política monetaria).

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.