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5 falacias sobre la inflación y la tasa de interés

Por Iván Carrino. Publicado el 12/4/17 en: https://elliberal.igdigital.com/2017/04/12/5-falacias-la-inflacion-la-tasa-interes/

 

Con el objetivo de bajar la inflación, el Banco Central decidió subir la tasa. Esto desencadenó una serie de malas interpretaciones.

Argentina e inflación son sinónimos. Por los últimos diez años fuimos, junto con Venezuela, el país con la mayor destrucción monetaria de la región.

Así, pasamos de la recuperación post-crisis a la estanflación en pocos años. Entre 2011 y 2015, los precios se multiplicaron por 3, mientras que el PBI per cápita cayó 3% en términos reales. El “estímulo monetario” no sirvió para nada.

En la actualidad, el Banco Central tiene como objetivo bajar la inflación y, para eso, implementa un sistema de “metas” que ha dado buenos resultados en todo el mundo. En este marco es que decidió subir la tasa de interés esta semana, luego de conocerse que, en marzo, los precios subieron 2,4%.

La suba de tasas, sin embargo, generó todo tipo de análisis desacertados sobre su efecto en la economía. A continuación, las 5 falacias más difundidas sobre este tema.

Falacia #1: Si la tasa alta no bajó la inflación, subirla más no lo logrará tampoco

Tiempo antes de la decisión de subir las tasas de interés, un periodista en un programa de radio hacía la siguiente pregunta: “¿Cómo es posible que, si esta tasa de interés no logró bajar la inflación, una tasa de interés todavía más alta, logre hacerlo?”. La respuesta que el periodista obtuvo del “experto” consultado fue que esa era una duda razonable.

El razonamiento es realmente absurdo. En primer lugar, porque la política de metas de inflación ya dio resultados positivos. Por ejemplo, durante el segundo semestre de 2016 la inflación fue la más baja en 8 años. ¿Dónde está el fracaso de subir la tasa?

Por otro lado, porque el razonamiento equivale a decir: “si le ofrecí 10 pesos a un amigo para que me venda un caramelo y él no aceptó, ¿por qué va a aceptar si le ofrezco $ 100?”. Claramente, si aceptamos que a mayor precio mayor disposición a vender el caramelo, también tenemos que aceptar que a mayor tasa de interés, mayor será el incentivo para que los tenedores de pesos se los entreguen al Central, éste los absorba y caiga el exceso de dinero que hay en el mercado.

Falacia #2: El impacto de las tarifas en la inflación demuestra que el problema no se arregla solo con política monetaria.

Una de las explicaciones más razonables sobre los malos datos de inflación de marzo y febrero es el impacto que tuvo el sinceramiento de tarifas. En lo que va del año, los precios regulados acumulan una suba de 9,9%, lo que impulsa al alza el promedio de precios que se toma en cuenta para elaborar el IPC. Esto hace que muchos piensen que la inflación que vivimos es una “inflación de costos” (no monetaria) y que, como tal, no se arregla con una política monetaria contractiva, sino que hay que acudir a métodos heterodoxos.

La afirmación es completamente falsa. Es que la suba de tarifas no refuta, sino que refuerza, la teoría monetaria de la inflación. Entre 2002 y 2015, la cantidad de dinero en circulación se multiplicó por 22, mientras que los servicios públicos tuvieron sus precios casi congelados. Esto hizo que la enorme inflación en la cantidad de dinero no pudiera reflejarse en un mayor precio para estos servicios, pero de manera transitoria. Una vez que el gobierno decidió destapar la olla (gradualmente), el efecto de la expansión monetaria apareció en los precios atrasados. La suba de tarifas es una muestra más de la relación directa entre exceso de pesos e inflación.

Falacia #3: Es deseable bajar la inflación, pero no al costo de la recesión

Otra de las ideas falsas que circulan en torno de la nueva política monetaria del Banco Central es que la baja de la inflación se hace a costa de la recesión. Nuevo error.

La inflación es un impuesto que cobra el estado sin pasar por el debate legislativo. Y nadie que crea que tener menos impuestos es bueno para el crecimiento económico puede afirmar, al mismo tiempo, que bajar el impuesto inflacionario es recesivo para la economía. Para crecer de manera sostenida, lo malo no es bajar la inflación, sino tenerla.

Falacia #4: La alta tasa de interés perjudicará la actividad económica

En este caso, el razonamiento es el siguiente: si un banco me paga, digamos, una tasa del 20% anual, me conviene dejar el dinero allí en lugar de realizar una inversión productiva. Así, una tasa “alta” conspira contra la producción.

Hay numerosas fallas en este razonamiento. La primera es que la tasa de interés es resultado de la oferta y demanda de ahorro. Si el ahorro es bajo, la tasa es alta, sin importar lo que diga el Banco Central. No se puede imprimir felicidad, y el proceso productivo exige ahorro, para que luego éste pueda transformarse en crédito productivo.

Por otro lado, es discutible que la tasa sea alta. Si solo nos guiamos por los datos nominales, nos va a parecer que la tasa es alta. 26,25%, en un mundo de inflación cero, sí luce como algo elevado. Sin embargo, una vez que incorporamos la inflación anualizada, o las expectativas de inflación futura (28% y 21% respectivamente), la tasa del BCRA ya no parece tan alta.

El Banco Central busca mantener una tasa positiva (que no es alta) respecto de la inflación. Esa tasa positiva busca premiar el ahorro, y ese ahorro es el que se va a volcar a la actividad productiva para generar un crecimiento económico sostenible.

Si alguna industria determinada sufre porque existen tasas de interés reales positivas (lo que debería ser perfectamente normal), en realidad el problema lo tiene la industria, ya que demuestra que solo puede vivir con el subsidio monetario de la tasa negativa.

La tasa no es alta, sino que busca ser positiva para fomentar el ahorro. Y eso no es perjudicial para la actividad económica, sino su principal aliada en el mediano y largo plazo.

Falacia #5: El problema no es la tasa en pesos, sino en dólares

Muchos pueden estar de acuerdo con lo que planteo en el punto 4, pero van a sostener que lo que hay que mirar es la tasa de interés en dólares. Con un dólar que prácticamente no se ha movido, una tasa de 26,2% puede no ser alta en pesos, pero sí es alta en dólares.

Ok, consideremos que esto es así y que no hay que tener en cuenta devaluaciones esperadas. Lo cierto es que el dólar está cayendo en todo el mundo, incluso en países como México, cuya moneda había sido seriamente castigada luego de la elección de Trump. Las monedas fluctúan, son otro precio del mercado, y el Banco Central no puede ocuparse de todos los negocios financieros que pueden hacerse en ese mercado. Si para bajar la inflación el costo que hay que paga es que algunos hagan un buen negocio financiero, se tratará de un costo muy bajo cuando se mire en retrospectiva.

Conclusión: los bancos centrales no pueden imprimir felicidad ni crecimiento económico. Sin embargo, sí pueden crear inflación y, con ella, destruir la economía. Que el Banco Central hoy tenga como único objetivo la baja de la inflación es un dato para celebrar.

Si tiene éxito, la economía argentina se lo va agradecer.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

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El gobierno quiere tu billetera

Por Iván Carrino. Publicado el 27/4/16 en: http://www.ivancarrino.com/el-gobierno-quiere-tu-billetera/

 

“¡Qué lindo es dar buenas noticias!”, decía Fernando de la Rúa a fines del año 2000, cuando por detrás de escena y se hacía insostenible la crisis que explotó un año después. El entonces presidente festejaba un programa de créditos de emergencia del FMI y el Banco Mundial, que para él nos sacaría de la situación de inestabilidad y depresión económica en la que nos encontrábamos.

Claramente, esto no fue así.

Años más tarde, y con diferentes palabras, todos los gobiernos repetirían esta fórmula. Créditos baratos, subsidios varios, ayudas sociales, planes de inversión pública…. todos parecen ser buenos motivos para festejar y celebrar las “buenas noticias” que nos dan a todos los argentinos.

Tal vez el último ejemplo de este accionar sea el anuncio de medidas sociales que el sábado 16 de mayo divulgó el gobierno de Mauricio Macri. Por mencionar algunas, las medidas consisten en la ampliación de la cantidad de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la multiplicación por 9 del seguro de desempleo pagado por el gobierno y un aumento del 20% en los montos que reciben los beneficiarios de planes sociales como “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”.

Obviamente, la reacción generalizada fue de algarabía y aprobación. Y es cierto que en una Argentina con un 30% de la población bajo la línea de la pobreza, es difícil oponerse a los paliativos que se ofrecen.

Sin embargo, es necesario que veamos la otra cara de los anuncios y las “buenas noticias” que nos da el gobierno.

Según el análisis de la Fundación Libertad y Progreso, el costo que tendrán todas estas medidas ascenderá a $ 37.900 millones. Es decir, el gobierno deberá gastar $ 37.900 millones adicionales a lo que venía gastando en la actualidad.

Y el problema del gasto público es que, como cualquier gasto, alguien tiene que financiarlo.

¿Cómo se financia el gobierno?

El gobierno gasta dinero en planes sociales, como veíamos anteriormente, pero también gasta en los salarios de la administración pública, en la construcción de obras de infraestructura, y en cuantiosos subsidios destinados a sostener diferentes actividades productivas.

Todo el gasto público, en un mundo ideal, debería financiarse con impuestos. Es decir, así como en una familia, el gasto no puede exceder a los ingresos, en el gobierno debería suceder lo mismo. Cada peso gastado por el estado debería  provenir de un peso que el estado recaudó previamente.

Así, el nuevo gasto generado por los anuncios del gobierno deberá ser pagado con nuevos  impuestos, o con el aumento de los impuestos viejos.

Claro que el gobierno puede elegir no cuadrar sus cuentas e incurrir en lo que se conoce déficit, cuando gasta más de lo que tiene. Si quiere hacer esto tiene dos caminos: colocación de deuda o emisión de dinero. Esto último genera inflación, mientras que la deuda tarde o temprano debe pagarse, por lo que puede generar una suba de impuestos en el futuro.

Como podemos ver, el gobierno siempre termina pagando su gasto público con impuestos. Pueden ser impuestos presentes, como el IVA, Ganancias o el “impuesto inflacionario”, o pueden ser impuestos futuros, si es que se endeuda.

Asfixiados de impuestos

Ahora acá es donde aparece el “lado B” de las buenas noticias anunciadas por el gobierno. En Argentina pagamos 96 impuestos diferentes con una presión tributaria que equivale al 36% del PBI (hay casos en los  que el gobierno puede llevarse hasta el 54% de los ingresos de un trabajador en relación de dependencia).

No sólo esto. En mi último libro, Estrangulados, te muestro con claridad que si se dividiera la recaudación impositiva por cada persona en edad de trabajar, entonces el costo de los impuestos sobre cada uno de nosotros ascendería a nada menos que $ 70.000 por año.

Estos datos deben tenerse en cuenta cada vez que los políticos deseen tomar decisiones con la excusa de que éstas van a mejorar nuestra calidad de vida. Muy a menudo, lo que sucede es lo contrario y tanto los impuestos como las nuevas regulaciones terminan deteriorando la capacidad productiva de todos y, finalmente, reduciendo nuestra calidad de vida.

Son temas que me interesan y creo que deberías conocer. De hecho, acabo de publicar un libro sobre el tema bajo la editorial de Inversor Global. Allí demuestro cómo el estado, por más que tenga las mejores intenciones, puede terminar destruyendo la economía con impuestos, inflación, regulaciones y el cierre del comercio internacional, afectando directamente a tu bolsillo.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Estado violador en nombre de la solidaridad

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 10/4/16 en: http://economiaparatodos.net/estado-violador-en-nombre-de-la-solidaridad/

 

El enemigo más peligroso para una persona y una sociedad que quiere ser libre es el estado, porque el estado tiene el monopolio de la fuerza

Con mucha habilidad, buena parte de la dirigencia política ha convencido a la población que son ellos los que tienen el monopolio de la solidaridad. El resto de los seres humanos que no pertenecemos al mundo de la política no tenemos ese don divino de ser solidarios y preocuparnos por el prójimo. Solo unos pocos elegidos, que son ellos, tienen esa sensibilidad especial de querer ayudar a la gente.

Vendido este argumento, el paso siguiente es que el estado, es decir la dirigencia política, tiene que tener a su cargo lo que se conoce como ayuda social que se traduce en los llamados planes sociales. Ellos decidirán, gracias a la asistencia del Espíritu Santo, a quién corresponde “ayudar” y a quién no. Se ha montado, de esta manera, un gran aparato estatal repleto de reparticiones públicas con nombres que reflejan la solidaridad de los iluminados dirigentes políticos que administran miles de millones de dólares.

Bajo este concepto, la democracia se ha transformado en una gran competencia populista en la cual los políticos se esfuerzan por formular la mayor cantidad de promesas de repartir dinero ajeno. La idea de trabajo, esfuerzo, iniciativa individual, desarrollar la capacidad de innovación y todo lo que tenga que ver con la superación personal no existe en el vocabulario de la competencia electoral. Lo que predomina es el discurso que la gente tiene derecho a que otro le pague la vivienda, le otorgue un subsidio, lo proteja de la competencia de otros productores y cosas por el estilo. Obviamente, con esta oferta electoral y una demanda de populismo feroz por la pérdida de los valores que hicieron grande a la Argentina a fines del siglo XIX, la necesidad de un estado cada vez más grande es inevitable. Como también es inevitable que un estado cada vez más grande necesite de una creciente cantidad de recursos, me refiero a recursos impositivos. Si éstos no alcanzan se recurrirá al impuesto inflacionario.

Ahora bien, la carrera populista tiene como contrapartida una carrera por recaudar cada vez más impuestos. El primer paso para generar más ingresos tributarios consiste en incrementar las alícuotas de los mismos. Luego se procede a inventar nuevas gabelas. En general esos nuevos tributos tienen la característica de poder aplicarse solo violando los más elementales derechos individuales. Es decir, para poder recaudar los cada vez más complejos impuestos que se establecen, se violan derechos elementales de los ciudadanos. Por ejemplo, cualquiera que tenga una cuenta corriente bancaria podrá ver cómo el estado mete mano en nuestras cuentas, que es lo mismo que si metiera la mano en nuestro bolsillo para cobrar ingresos brutos, el IVA o lo que sea. Inclusive se ha creada la nefasta figura del agente de retención, con lo cual el banco, sin nuestra autorización, mete mano en nuestras cuentas para transferirle el dinero al estado. En nombre de la “solidaridad” social nos meten la mano en el bolsillo como si nada.

Veamos otro ejemplo. Hace rato que la AFIP exige que algunos contribuyentes emitamos facturas electrónicas, facturas que se emiten ingresando al sitio de la AFIP y registrando desde ese sitio la facturación correspondiente. En poco tiempo más todos tendrán que emitir facturas electrónicas, es decir hacerlo vía la AFIP.

Ahora bien, se sabe que una factura es correspondencia privada. Una persona le emite a otra una factura por la venta de algún producto o servicio. Son papeles privados. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Es decir, siendo que las facturas que emite cada uno son papeles privados, el estado no debería obligar a la gente a emitir facturas electrónicas usando el sitio de la AFIP porque el estado se estaría metiendo con los papeles privados, algo que está prohibido por la constitución. Sin embargo, aún aquellos que son más moderados en sus propuestas populistas y dicen defender el sistema republicano, aceptan este tipo de violaciones a los derechos individuales en nombre de la “santa” recaudación. Si por alguna razón una repartición del estado tuviera que ver los papeles privados de alguien, debería ser un juez, y con causa fundada, el que podría ordenar que una persona muestre sus papeles privados.

Al punto al que quiero llegar es que hemos aceptado que el estado, en nombre de la recaudación tributaria, pueda comportarse como un autócrata sin respetar la privacidad de las personas ni su propiedad. El fascismo ha calado tan hondo en los valores de la sociedad argentina que hasta se ve como natural que el estado tenga la potestad de violar la Constitución Nacional para poder recaudar y controlar más a la gente. La obsesión fascista por controlar a la gente justifica cualquier disparate. Insisto, hasta gente que uno considera bien intencionada, ven con toda normalidad que el estado no tenga que recurrir a un juez para pedir los papeles privados de una persona y se sienta con derecho a controlar a la gente online al más puro estilo nazi fascista.

No nos equivoquemos, el enemigo más peligroso de una persona no es el delincuente común, porque de ese delincuente una persona puede llegar a defenderse. El enemigo más peligroso para una persona y una sociedad que quiere ser libre es el estado, porque el estado tiene el monopolio de la fuerza. Ese monopolio de la fuerza que se le delegó para defender los derechos individuales. No en vano Hayek tituló su famoso libro Camino de Servidumbre. El veía que el estado iba avanzando cada vez más sobre los derechos individuales hasta destruir una sociedad libre y transformar a los ciudadanos en siervos del gobierno.

En síntesis, en nombre de ese monopolio de la solidaridad que nos han vendido los políticos que solo ellos tienen, los derechos de las personas son violados por doble vía. Por un lado, se le dice a una parte de la sociedad que tiene la obligación de mantener a otra persona para que viva sin trabaja o que solo puede comprarle un producto de mala calidad y a un precio alto a determinados sectores protegidos por el estado. Y luego, para sostener ese aparato de redistribución y populismo el estado viola los derechos individuales instaurando un sistema fascista de control de la vida de las personas en nombre de la santa recaudación necesaria para “cumplir” con parte de las promesas formuladas durante la competencia populista en que se ha convertido la democracia.

A muchos los podrá parecer normal y justificable que el estado se meta así en nuestra vida. Personalmente creo que en esta violación a los más elementales derechos individuales puede encontrarse la decadencia económica argentina.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Balance del primer mes de gestión

Por Adrián Ravier: Publicado el 8/1/16 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2016/01/08/balance-del-primer-mes-de-gestion/

 

Este 10 de enero se cumplen los primeros treinta días del Gobierno de Mauricio Macri y el cambio de modelo económico es una realidad. No podían enfrentarse los desequilibrios fiscal, monetario y cambiario si se mantenía la misma política económica. El nuevo equipo no tardó en ofrecer señales claras y avanzar en varios frentes a la vez. ¿Qué se hizo y qué es lo que falta?

Comenzando por el frente fiscal, el Gobierno eliminó retenciones a la industria y a los productos agropecuarios, excepto para la soja, que se redujo de 35 a 30 por ciento. La apuesta consistió en recuperar las economías regionales mejorando los incentivos, tanto por reducción de la presión tributaria que recaía sobre el sector como por supresión del cepo cambiario, que lo contenía acorralado en los márgenes de ganancia. La medida contribuiría, en paralelo, a incentivar en la inmediatez a los productores agropecuarios para que liquiden las cosechas y ayuden con ello a engrosar las debilitadas reservas del Banco Central.

El impacto fue positivo, si uno toma en cuenta que se revirtió el continuo descenso diario de las reservas hacia valores positivos que transmiten tranquilidad, aunque las liquidaciones no cubrieron las expectativas de la autoridad monetaria y del Gobierno. ¿Por qué no se cumplieron estas expectativas? Porque hay fuertes expectativas de que el sinceramiento del tipo de cambio oficial sólo fue parcial y que habría una nueva devaluación hacia marzo del corriente, una vez que venzan los contratos de futuros.

Algunos analistas señalan, sin embargo, que ese valor que hoy ronda los 14 pesos no lo fija la autoridad monetaria sino el mercado, pero esto no parece ser del todo cierto cuando observamos las altas tasas que los bancos pagan por los depósitos a plazo fijo (una alternativa a la demanda de dólares), o la absorción de pesos que el Banco Central viene generando en las últimas dos semanas con la emisión de letras.

En el frente fiscal también hay que destacar el cumplimiento de otra promesa de campaña en la que se confirmó la quita del impuesto a las ganancias para el aguinaldo de los que cobran hasta 30 mil pesos. La medida parece justa y popular, pero no conveniente ni oportuna dado el fuerte déficit fiscal. Quizás debió el Gobierno compensar la consecuente caída de ingresos tributarios con una baja inmediata en los subsidios, que si bien fueron anunciados, aún se desconoce su instrumentación.

En el frente monetario, lo dicho, la autoridad en la materia utiliza dos instrumentos para contener la inflación: por un lado, eleva los tipos de interés; por otro lado, absorbe todos los pesos que puede a través de la emisión de letras. Pero los analistas estiman una inflación para 2016 del orden del 35%, mientras la misma autoridad monetaria la estimó apenas arriba del 20 por ciento.

¿Por qué no ataca el Gobierno la inflación de manera más radical? Mi interpretación es que el Gobierno sabe que no hay otra forma que reducir el gasto público que no sea por la vía de la inflación. Si no se puede reducir el salario nominal, ni se pueden generar despidos en un sector público sobredimensionado, sólo queda avanzar en una baja real de los salarios por la vía del impuesto inflacionario. Si los analistas privados tienen razón y la inflación de 2016 se acerca a sus pronósticos, mientras el Gobierno logra acordar con los sindicatos aumentos salariales del orden del 20 o 25%, la baja real de los salarios permitirá avanzar en el requerido ajuste fiscal que todos los analistas reclaman. Por supuesto que la política no está exenta de críticas y se sabe que el mayor desafío pasará por afrontar las negociaciones salariales con los sindicatos, que nunca fue una tarea sencilla. Resumiendo, la baja de la tasa de inflación no parece ser prioridad en 2016, lo que es parte del programa gradualista que el Gobierno viene aplicando.

En el frente cambiario, además de lo dicho, la nueva administración apuesta a generar un fuerte ingreso de divisas que sólo puede ser la consecuencia de un cambio rotundo en la política exterior. Al respecto, Mauricio Macri lleva adelante una amplia agenda política internacional que comenzó con el cuestionamiento directo al eje bolivariano, empezando por Venezuela y siguió con la anulación del polémico memorándum con Irán. Además, extendió lazos dentro del Mercosur con Brasil y Uruguay, además de Chile, y relanzó vínculos con la Unión Europea y Estados Unidos. Aceptó el fallo de la Organización Mundial del Comercio sobre las importaciones y ofreció señales claras en su voluntad de atraer capitales.

Todo el arco liberal sigue reclamando como deuda pendiente atacar el desorbitante gasto público y su consecuente déficit fiscal. La noticia de los últimos días, sin embargo, ha sido el gesto de parte de la Vicepresidente de despedir a 2035 empleados del Senado por decreto, advirtiendo que los ministros van a tomar medidas del mismo estilo para erradicar del Estado estructuras políticas compuestas por “militancia del kirchnerismo”.

La medida, a la que se sumaron otros despidos en otros organismos, como el Banco Central y el Centro Cultural Néstor Kirchner, es una gota en el océano teniendo en cuenta los más de dos millones de nuevos asalariados nombrados durante el kirchnerismo en el Gobierno nacional, en provincias y en municipios, pero deja entrever que también habrá ajustes en el gasto público una vez se complete la auditoría general de los organismos públicos.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Si exploto al que me mantiene, ¿hay estallido?

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 14/9/14 en: http://economiaparatodos.net/si-exploto-al-que-me-mantiene-hay-estallido/

Dejemos que el paso del tiempo responda si hay estallido social  o no

Sabemos que el gobierno se niega a reconocer el problema y que, por el contrario, lo agrava, pero también la oposición no se anima de decirlo abiertamente. ¿A qué me refiero? A la crisis económica que tenemos, entre otras cosas, por un gasto público que resulta insostenible para el sector privado.

Puedo entender, no justificar, a los políticos opositores que no dicen que hay que bajar el gasto público. Es que buena parte de los votantes se quejan de la carga impositiva y de la inflación, pero quieren que el Estado siga gastando en los llamados planes sociales, de manera que un político que quiere ganar las elecciones, y sabe que el problema del gasto público es grave, seguramente va a mentir al respecto o no decir nada.

Ahora bien, sí podemos afirmar con absoluta certeza que aquellos que dicen que no se puede bajar el gasto público porque se crearía una crisis social no están viendo que la crisis social ya está ocurriendo  justamente por  no bajar el gasto público y, finalmente, el gasto bajará en la forma más desordenada que uno puede imaginarse.

El populismo k ha llevado la situación a un extremo de crisis. Por un lado aumentó el gasto hasta niveles récord (empleados públicos, legión de jubilados que nunca habían aportado al sistema, subsidios, obras públicas innecesarias o que podría ser financiadas por el sector privado, etc.) y por otro lado ha inducido a que cada vez trabaje menos gente en blanco (los que viven de planes sociales no quieren saber nada de ser contratados en blanco en un trabajo). Puesto de otra forma, un trabajador que está en blanco tiene que mantener a una legión de empleados públicos a nivel nacional, provincial y municipal. Tiene que sostener a millones de jubilados y tiene que bancar a millones de gente que vive de subsidios y no produce nada, es más, muchos empleados estatales no solo son mantenidos para consumir sino que, además, obstaculizan el trabajo de los pocos que quedamos produciendo. La estrategia es de locos, boicotean a los que producimos para mantenerlos a ellos. En síntesis, tenemos una relación de gente que produce y gente que vive de lo que producen los que trabajamos que hace infinanciable el gasto público.

¿Por qué por primera vez en la historia económica de la Argentina hay trabajadores en relación de dependencia que nunca en su vida habían pagado el impuesto a las ganancias y ahora sí lo pagan? No es porque el gobierno está aplicando un sistema tributario más justo. Es porque ha tenido que descender hasta niveles nunca imaginados de contribuyentes para apropiarse del fruto de su trabajo para mantener el aparato estatal. El no ajuste por inflación del mínimo no imponible es el mecanismo utilizado por el gobierno para cobrarle ganancias.

Pero si uno analiza la evolución de la recaudación tributaria, se encuentra con que está creciendo unos 6 puntos porcentuales menos que la tasa de inflación tomando el período enero-agosto de este año, en tanto que los gastos están subiendo, como mínimo, 3 puntos porcentuales por encima de la tasa de inflación. En otros términos, los gastos crecen en términos reales y los ingresos caen en términos reales.

Este déficit lleva a que la única opción que hoy le queda al gobierno para financiar el déficit fiscal es la emisión monetaria, lo cual genera inflación y todas las complicaciones que conocemos.

Pero la inflación ya es tan aguda que la gente huye del dinero, por lo tanto, para poder recaudar más o menos a misma cantidad del impuesto inflacionario, lo que tiene que hacer el gobierno es aumentar la tasa del impuesto inflacionario que cobra, es decir, la tasa de inflación. Si la gente elude el impuesto inflacionario comprando dólares o comprando bienes para quitarse los pesos de encima, quiere decir que no tiene inmovilizados pesos sobre los cuales se pueda cobrar el impuesto inflacionario. Hay una especie de rebelión fiscal contra el impuesto inflacionario. Por eso CFK acaba de afirmar que la gente tiene que comprar cosas que se tocan y se ven. En rigor el dólar se puede tocar, ver, oler y hasta pesar y además sube respecto al peso. Al que apuesta al dólar no pierde. La que pretende CFK es que la gente no defienda sus ahorros y los gaste en bienes para favorecer su política económica que agoniza por la recesión y la inflación.

Si a esta infernal presión impositiva e inflacionaria le agregamos un largo listado de regulaciones que frenan la producción, como pueden ser la ley de abastecimiento o el cepo cambiario, tenemos una combinación económica letal: a) sobran pesos que la gente no quiere, b) faltan dólares que la gente sí quiere y c) cada vez hay menos bienes y servicios frente a una mayor cantidad de pesos en circulación. Tal vez no terminemos en un estallido hiperinflacionario como el de 1989, pero vamos a pasarla complicado.

Para salir adelante se necesitan las siguientes medidas que el gobierno kirchnerista no va a adoptar. En primer lugar disciplina fiscal, esto exige de una muy fuerte baja del gasto público. En segundo lugar una reducción de la presión impositiva. Es fácil imaginar que con déficit fiscal y reducción de la carga tributaria el nivel de baja de gasto público que hay que hacer es significativo. En tercer lugar eliminar todas las regulaciones que están frenando la capacidad de innovación y producción. Esto es más sencillo de hacer. Y, finalmente, reestablecer la seguridad jurídica para atraer inversiones. Otra tarea complicada porque la confianza cuesta mucho conseguirla pero se pierde en segundos.

El kirchnerismo no va a hacer nada de esto porque no está en su ideología, ni en sus objetivos, ni tiene interés. Por lo tanto, siempre queda picando la misma pregunta: ¿podrá CFK estirar la mecha de la bomba para que explote en 2016 o explotará antes? Si uno dice que explota antes, entonces está conspirando contra el gobierno, las instituciones y trabaja para los fondos buitres. De manera que no voy a responder a esta pregunta. Dejemos que el paso del tiempo responda por su cuenta. Solo tengamos en cuenta que hoy el no ajuste del sector público se traduce en el ajuste del sector privado, que justamente es el que mantiene al sector público. Explicar cómo el que vive explotando a otros puede seguir disfrutando de esa vida matando al que lo mantiene, es un desafío que se lo dejamos al gobierno. Explicar lo inexplicable: matar a mi mecenas solo por placer es de locos.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Salir del cepo, relato o realidad

Por Aldo Abram. Publicado el 13/7/14 en: http://www.lanacion.com.ar/1709329-salir-del-cepo-relato-o-realidad

 

A veces, le es difícil a un candidato transmitir la realidad, y otras, les resulta más cómodo escuchar a los asesores que les plantean soluciones “facilistas”. Hay un cierto consenso en que será relativamente sencillo salir de los problemas gravísimos que dejará este gobierno gracias a las expectativas positivas que despertará un nuevo presidente.

El cepo es el caso más grave y difícil de resolver; por las distorsiones que ha generado y que habrá que corregir. Lamentablemente, volver a un mercado cambiario único y libre implicará reconocer la realidad de que el peso no vale alrededor de 12 centavos de dólar, sino mucho menos.

A lo largo de la gestión actual y del anterior gobierno se ha estado exprimiendo en forma creciente al Banco Central (BCRA), para obtener recursos que le permitan sostener niveles excesivos de gasto público. Para ello, el BCRA ha emitido de más, depreciando nuestra moneda y apoderándose de parte del poder adquisitivo de nuestros pesos para transferírselo al Gobierno. Esta quita es lo que usualmente conocemos como “impuesto inflacionario”.

En 2011, año electoral, el Gobierno decidió evitar que la desvalorización de nuestra moneda se reflejara en el tipo de cambio y arrastrara los precios de lo que los votantes compraban en los supermercados. El problema es que siguió gastando de más y demandando recursos del impuesto inflacionario. Esta decisión cambiaria se transformó en un precio máximo para las monedas extranjeras y, como todos hemos experimentado muchas veces en el supermercado, eso desincentiva su oferta y alienta su demanda, generando desabastecimiento. Pero, como en el mercado cambiario no puede haber “góndolas vacías”, el que terminó “llenándolas” fue el Central con pérdidas de reservas.

Luego de la victoria oficial en las elecciones presidenciales, el Gobierno debió haber moderado el ritmo de crecimiento del gasto y su presión sobre los recursos del BCRA. Sin embargo, la respuesta fue la inversa y eso exigió imponer el actual control de cambios, excluyendo del mercado oficial gran parte de la demanda de divisas de los particulares y empresas, para disminuir la presión sobre el tipo de cambio.

Sin embargo, siguió devaluando el peso sin reflejarlo en el “dólar cepo” y, por lo tanto, volvió a desincentivar la oferta y a incentivar la demanda. Conclusión: retornó la caída de reservas, que sólo pudo corregir parcial y coyunturalmente con un reconocimiento, a principios de año, de parte de esa devaluación en el tipo de cambio oficial.

El problema persiste y el próximo gobierno deberá salir a un mercado único y libre de cambio reconociendo la realidad. No habrá lluvia de dólares si antes no se resuelve esta ficción que implica que un inversor debe dejar un tercio o más del valor del capital que trae en las arcas del Banco Central. ¿Cuántos proyectos pueden ser rentables con esa “retención a la inversión extranjera”? Cabe destacar que para fines de 2015, esta quita será mayor.

Según nuestros cálculos, para salir del cepo con una suba del tipo de cambio de sólo 20% (como la de inicios de año), el futuro gobierno necesitaría capitalizar al “saqueado” BCRA con más de US$ 10.000 millones y, si lo fondeara con US$ 5000 millones, el alza necesaria sería de más de 50 por ciento. Será muy difícil que alguien esté dispuesto a brindar semejante financiamiento antes de que se tomen las principales medidas para resolver los problemas más graves del país, entre ellos, el mencionado control de cambios.

Aun si imagináramos que alguien nos prestará esos fondos, ¿cómo se resolverá el problema de un déficit fiscal que supera 5% del PBI? Una forma posible sería el alza del tipo de cambio que incrementa los recursos tributarios respecto del gasto, licuándolo. Otra es reducir las erogaciones, lo que implica bajar jubilaciones, salarios y empleo público, Si no, habría que conseguir financiamiento por más de US$ 15.000 millones para no tener que hacer ajuste alguno. ¿Quién nos va a prestar para que sigamos manteniendo elevados déficits fiscales?

Aun si suponemos que el futuro gobierno conseguirá semejante cantidad de crédito (algo imposible), el cepo asfixia a los sectores productores de bienes exportables e importables. Éstos ven cómo el dólar oficial, en el que se referencian sus precios, no refleja la real depreciación del peso, al tiempo que sus costos lo hacen plenamente. Por lo tanto, o se acepta la realidad de que el tipo de cambio vale más pesos o nuestra moneda se tiene que apreciar, lo que implica que todos los precios de la economía tienen que bajar (incluidos salarios, jubilaciones y el gasto público).

¿Alguien se puede imaginar un escenario de fuerte deflación en la Argentina?

Más allá del relato y de los discursos preelectorales, esperemos que los candidatos presidenciales y sus asesores tengan clara la realidad. Sin el diagnóstico adecuado, será difícil curar una economía que ya está en terapia intensiva, con una minimización de los costos sociales que esto implicará.

 

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .

La mala costumbre de romper el termómetro

Por Adrián Ravier: Publicado el 25/6/14 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2014/06/25/la-mala-costumbre-de-romper-el-termometro/

 

La temperatura del cuerpo humano oscila entre 35 y 37 grados. Cuando nos ataca un virus o una bacteria, la temperatura puede subir por encima de 38 grados y a eso lo llamamos “fiebre”. Las causas pueden ser varias, pero si el termómetro marca esa temperatura, implica que hay un problema. Hay dos acciones posibles ante este problema: intentar solucionarlo atacando la causa o ignorarlo, rompiendo el termómetro. Está claro que hacer esto último en forma continua puede ser fatal. La economía argentina tiene varios desequilibrios, o fiebre, en el frente fiscal, monetario y cambiario. Veamos cómo ataca el gobierno estos problemas.

En primer lugar, tenemos el déficit fiscal, donde la presión tributaria más alta de la historia argentina no alcanza a cubrir el total del gasto público. El gobierno ha decidido ignorar esta situación sumando a los ingresos tributarios el dinero que toma de ANSES como si fueran impuestos. Esta política, sin embargo, le deja al Estado una deuda pública que deberá atenderse con impuestos de generaciones futuras.

En segundo lugar, aparece el desequilibrio monetario, que es una derivación del déficit fiscal anterior. Como la recaudación tributaria más la deuda de ANSES aun no alcanza a cubrir el déficit fiscal, se monetiza la diferencia, lo que quiere decir que se impone un impuesto inflacionario, regresivo y creciente a la población. Las estimaciones no oficiales ya estiman una inflación del 39 % para 2014, aspecto que se cubre con la manta del INDEC, que si bien ha sido corregido, aun está lejos de ofrecer estadísticas confiables.

En tercer lugar, tenemos el déficit cambiario, con una limitada oferta de dólares que no puede atender la creciente demanda de la divisa norteamericana. La respuesta del gobierno ha sido la aplicación de todo tipo de restricciones para la compra de divisas. Primero jurídicas, con penas a quienes compran y venden divisas por fuera del sistema “oficial”, y luego morales, como si estos compradores interesados en mantener el poder adquisitivo de sus ahorros fueran delincuentes, ajenos al “modelo de inclusión”. El desdoblamiento cambiario muestra entonces un dólar oficial en $ 8.20,y un cambio paralelo en torno a los $ 12, aunque una potencial disparada del paralelo está siempre latente. Esta disparada se justificaría en la relación circulante/reservas “netas” que mantiene el BCRA, que se mantiene por encima de los $ 20 por dólar.

Por supuesto que hay otros desequilibrios, como los crecientes niveles de pobreza, las mayores dificultades para encontrar empleo y la recesión. En el primer caso, se observa en la Argentina de estos últimos años crecientes niveles de pobreza asociados a la inflación, que encarece el costo de la canasta básica. El gobierno no sólo niega la realidad sub-estimando la inflación, sino que ahora ha decidido abandonar las mediciones oficiales. La Universidad Católica Argentina (UCA) ha generado mediciones privadas que ubican la pobreza en torno al 30 % de la población.

El desempleo real también es más elevado y creciente de lo que oficialmente se reconoce, pero esto se desmiente tomando a los desempleados que reciben planes sociales como “ocupados”, lo que vuelve ridículas las tasas de empleo y desempleo que se comunican a la sociedad.

Varios indicadores están mostrando una recesión en Argentina que es ajena para los países vecinos, dado el contexto internacional favorable no sólo en relación al precio de los commodities -como la soja- sino también a las política de enorme liquidez que inyectan los bancos centrales generadores de divisas. Un síntoma de este problema se observa en la baja facturación de la industria automotriz. ¿Cómo se resuelve el problema? Con un plan Pro-Cre-Auto, que establece que establece rebajas en los precios de los vehículos y créditos blandos para adquirirlos.

Desde luego que la industria automotriz es sólo una industria específica en problemas, y que la mayor venta de autos no resolverá la recesión. En lugar de revisar el modelo que nos conduce a una recesión general de la economía, se vuelve a romper el termómetro para negar la realidad. Mientras no se atiendan los problemas de fondo y se siga rompiendo el termómetro, los problemas no sólo no se resuelven, sino que se acumulan.

Recordemos que el “crecimiento económico” del período 2003-2008 no fue crecimiento sino recuperación de una economía que sufrió en 2002 las consecuencias de un modelo “deficitario” similar a éste. Da la impresión que la “década ganada” es en realidad otra “década perdida”.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Que hacer para evitar una crisis:

Por Aldo Abram. Publicado el 3/2/14 en: http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=727028

 

Cada vez se generaliza más la percepción de que la economía argentina se encuentra en un rumbo de colisión. Por eso, es útil proponer qué debe hacerse en este contexto para evitar estrellarnos y naufragar.

valor del dolar

Lo primero, un buen diagnóstico. Como casi todos los anteriores, este Gobierno hizo crecer fuertemente el gasto público. Arribamos a los comicios presidenciales de 2011 y, para ganarlos, se intentó que el tipo de cambio no creciera al ritmo al que depreciaban el peso para cobrarnos el impuesto inflacionario que necesitaban para gasto electoral. Conclusión, perdieron más de u$s 6.000 millones de reservas. En vez de corregir el rumbo, después de una contundente victoria electoral, priorizaron seguir diluyendo la solvencia del Banco Central con una reforma de su carta orgánica para habilitar mayor financiación de más aumento excesivo de erogaciones. Para evitar la disparada del dólar que esto hubiera generado, pusieron el cepo. Es evidente que en los últimos meses el Gobierno ha venido reaccionando como pudo para moderar la caída del stock de divisas del Central. El problema es que es necesario que los exportadores, los importadores y otros demandantes de divisas de ese mercado le crean al Gobierno que el actual tipo de cambio oficial es un valor de equilibrio y que, a futuro, subirá moderadamente. La continuidad de la caída de reservas indica que no le creyeron ambas o alguna de esas premisas.

Con el diagnóstico correcto, podemos dar con el remedio adecuado. El objetivo debe ser volver a un mercado único y libre de cambios. Para eso, deberíamos recuperar el tipo de cambio oficial hasta que refleje el verdadero valor del peso. Eso implicaría un alza de cerca del 50%, que esta gestión sólo admitirá ante la misma crisis. Habrá que recetar algo más gradual, desdoblar el tipo de cambio, luego de un salto que permita una parte importante de lo que ya devaluaron el peso para cobrar el impuesto inflacionario y gastárselo. El comercio exterior quedaría en el oficial o “comercial” (excepto, quizá, algunos bienes de lujo importados) y todas las demás operaciones se harían libremente en lo que es hoy el paralelo, que pasaría a ser formalizado. En un plazo razonable, ambos deberían converger, para lo que todavía falta curar la verdadera enfermedad: el excesivo crecimiento del gasto público.

No vamos a pedir siquiera que congelen el gasto primario, sólo que se suba a una tasa más cercana al 20% (que igual es mucho) y no de más del 30%, como sucede actualmente. La devaluación mejora ostensiblemente los ingresos públicos, pero será necesario licuar una parte de las erogaciones y reducir al mínimo posible la inversión pública.

Sin embargo, el mayor esfuerzo lo deben hacer los que más tienen, y más del 70% de los subsidios a las tarifas públicas van a quienes pueden pagarlas. Por lo tanto, hay que ayudar a los más necesitados; pero subir lo que efectivamente pagamos de las tarifas gradual, pero rápidamente.

Si logramos contener la necesidad de financiamiento total del Banco Central a un monto en pesos (incluidas las divisas y ganancias transferidas) de $ 100.000 millones o menos, podemos lograr que la inflación y el alza del dólar financiero se moderen, permitiéndole al “comercial” que lo alcance con un mayor ritmo de suba. Esto tendrá otra consecuencia coyuntural que generará picazón a algunos funcionarios, un alza de las tasas de interés.

Hasta acá, ordenamos la parte fiscal y monetaria para, con suerte, evitar la crisis. Sin embargo, otras materias pendientes ayudarían a disminuir el costo social. Por ejemplo recuperar la seguridad jurídica, reinsertarse en el mundo, reducir la presión tributaria, desarmar la maraña de controles que dificultan la producción y la generación de empleo en el sector privado. Todo esto lo debe hacer un Gobierno que pierde poder en el presente proceso de transición política y que, con su actual gestión, diluye rápidamente su credibilidad. Así que no queda mucho tiempo, ya que, sin credibilidad, no hay solución posible, por buena que sea. Ojalá que escuchen y pronto.

 

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .

El presupuesto refleja un país de saqueadores

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 15/12/13 en:

http://economiaparatodos.net/el-presupuesto-refleja-un-pais-de-saqueadores/

Argentina tiene un doble saqueo en este momento. Saquea la gente a los comercios y las casas de las personas y saquea el Estado a la población con impuestos y el impuesto inflacionario

La primera razón para que exista el Estado es que todos nos desarmamos y le delegamos el monopolio de la fuerza a un grupo de personas, elegidas mediante el voto, para que ejerzan ese monopolio, dentro de los límites que marca la constitución. Es decir, no le otorgamos el monopolio de la fuerza para que luego lo utilice en contra de nuestras libertades. Por el contrario, la primerísima función del Estado es utilizar ese monopolio de la fuerza para defender el derecho a la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Defendernos del crimen común. Si esta condición no se da, no le encuentro sentido a la existencia del Estado. ¿Para qué delegar el monopolio de la fuerza a un grupo de personas elegidas, si no defienden el derecho a la vida, a la libertad y la propiedad de la gente?

El presupuesto nacional tiene previsto un gasto para 2013 de $ 628.712 millones. De ese monto solo $ 34.904 millones está en el rubro Servicio de Defensa y Seguridad, es decir solo el 5,6% del total de lo que gastará el gobierno nacional va a la función más elemental del Estado, y ojo que dentro de esa cifra están incluidos $ 1.439 millones para Inteligencia, algo que nadie sabe, salvo los que usan esos recursos, para qué sirve y qué hacen con ese dinero.

El 63% del gasto total de la administración nacional está englobado en lo que se denominan servicios sociales, que incluye las jubilaciones y pensiones más una serie de gastos llamados sociales, como subsidios a desocupados, AUH, etc.

En el rubro Servicios Económicos se gastarán, según el presupuesto inicial, sin incluir las modificaciones posteriores, $ 102.656 millones. ¿Qué comprende este rubro? Energía y combustibles, transporte (entre estos dos rubros se llevan más del 80% de los $ 102.656 millones) y otros ítems como agricultura, industria, comercio, turismo, etc. La deuda pública está en otro rubro aparte y representa el 9% del presupuesto.

Finalmente están los gastos destinados a la Administración Gubernamental, Legislativa, Judicial, Relaciones Exteriores, Administración fiscal, etc.

Para tener una idea del desmadre del gasto público, en el presupuesto de 2001 se preveía un gasto de $ 51.232 millones y caímos en default. Pero el dato relevante es que el actual gasto es 12 veces mayor al del 2001.

Si lo medimos en dólares, en 2001 se gastaban U$S 51.232 millones y en 2013 U$S 117.670 millones al tipo de cambio oficial promedio del año. Es decir, en dólares oficiales se  más que duplicó. Y la comparación es válida porque el tipo de cambio real oficial es casi igual al de diciembre de 2001.

Ahora bien, analizando estos datos está la definición del país que tenemos. Los recursos destinados a la defensa y la seguridad son mínimos y gastamos una fortuna en planes sociales, en actividades económicas del Estado que deberían ser realizadas por el sector privado y en miles de millones de pesos destinados a tener tarifas artificialmente bajas.

Es decir, Argentina tiene un doble saqueo en este momento. Saquea la gente a los comercios y las casas de las personas y saquea el Estado a la población con impuestos y el impuesto inflacionario para financiar una serie de gastos que apuntan más al clientelismo político que a la llamada solidaridad social.

De acuerdo a un trabajo de la Fundación Libertad y Progreso, en 2012 el Estado Nacional manejó 58 planes “sociales” llegando a 18 millones de beneficiarios. Estamos hablando del 44% de la población. A estos planes habría que agregarles los planes sociales provinciales y municipales y veríamos cifras siderales que, supuestamente, están destinados a contener a la gente más humilde. Sin embargo, la gente humilde no tuvo problemas en salir a saquear comercios, lo cual nos lleva a la conclusión que ese gastadero de dinero no contiene a nadie.

¿Y por qué no se contiene a nadie? Porque Argentina es una país de saqueadores, con el Estado a la cabeza dando el ejemplo. Buena parte de la población y empresarios quieren vivir a costa del trabajo ajeno. Pretenden ser mantenidos por el otro. Empresarios que se creen con derecho a tener mercados cautivos para saquear a los consumidores, gente que se cree con derecho a vivir sin trabajar y que otros lo mantengan o le paguen la casa y cosas por el estilo.

Alguna vez un presidente uruguayo dijo, sin advertir que la cámara de televisión estaba grabando, que los argentinos éramos todos unos chorros, del primero al último. Aunque nos duela, la realidad es esa. Todos queremos vivir a costa del trabajo ajeno, que es lo mismo que ser un ladrón, con la diferencia que en vez de ir con un revolver a robar le pedimos al Estado que use el monopolio de la fuerza para que le robe a nuestros semejantes para que nos entregue el fruto del botín. El Estado se vuelve cómplice del ladrón que quiere vivir del trabajo ajeno, y para eso utiliza la expoliación legal.

Como dice Bastiat en su ensayo La Ley:

Es absolutamente necesario que este asunto de la expoliación legal se resuelva, y no hay más que tres soluciones:

Que los menos expolien a los más.

Que todos expolien a todos.

Que ninguno expolie a nadie.

Hay que elegir entre expoliación parcial, expoliación universal o ausencia de expoliación.

La ley no puede perseguir sino uno de aquellos tres resultados.

¿En qué situación estamos? En que todos expolien a todos. Expolición o saqueo universal  en términos de Bastiat. Los ladrones comunes nos saquean y el Estado nos saquea para “planes sociales” (clientelismo político) y políticas económicas activas, mientras tanto, el Estado gastando escasos recursos en seguridad, tenemos a los ladrones comunes que también nos roban y matan aun cuando la policía no está de huelga.

En todos contra todos, nadie tiene interés en invertir. Produce lo necesario para vivir, pero la Argentina no ofrece, en este sistema de saqueo generalizado, un futuro de progreso. Por el contrario, genera más pobreza porque cada vez se produce menos. ¿Para que producir si el Estado me saquea con impuestos y la inflación?

En definitiva, los saqueos que vimos la semana pasada, son solo parte de un saqueo generalizado, claro que más violentos.

Pero al ver cómo ante la huelga de la policía la gente se organizó en defensa propia para frenar los saqueos, concluimos que aún sin este Estado custodiándonos la gente termina defendiéndose. Eso sí, defenderse del saqueo de los ladrones parece ser más fácil que defenderse del saqueo del Estado, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza y lo usa contra de la gente decente que trabaja y produce diariamente.

El día que se termine con el saqueo del Estado universal, entonces el presupuesto asignará los recursos para lo que fue creado, esto es: defender la vida,  la libertad y la propiedad de las personas. Y no harán falta planes sociales de contención. La contención la darán las inversiones que crearán puestos de trabajo para que cada uno viva del fruto de su esfuerzo personal. Tenemos que pasar del saqueo universal al vivir del fruto de nuestro trabajo. Así de simple.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

¿Habrá “otoño” antes del “invierno”?

Por Aldo Abram. Publicado el 14/4/13 en http://www.lanacion.com.ar/1572314-habra-otono-antes-del-invierno

 El “veranito” económico nunca llegó y, ahora, nos queda esperar un tibio “otoño”, antes del “invierno”. ¿Qué pasó? Las expectativas estaban puestas en que las exportaciones industriales serían arrastradas por un mayor dinamismo de Brasil. Si bien no está a la altura de algunas estimaciones infundadas, por ejemplo, el sector automotriz local logró mejorar su performance gracias a sus ventas con ese destino. Sin embargo, el conjunto de las exportaciones no repunta y el Gobierno empieza a rezar para que la cosecha de soja sea buena y se venda bien. De ello depende una “transfusión de riqueza” para impulsar una debilitada demanda interna.

Aunque crezca más Brasil no nos comprará a cualquier precio. Por lo tanto, nuestros productores tendrán que competir por esa demanda externa “remando” en contra del elevado proteccionismo y del cepo cambiario. El primero los obliga a producir bienes más caros y con peor calidad, al verse imposibilitados de elegir entre todos los proveedores de insumos del mundo y obligados a comprar lo que consigan en el mercado local.

En tanto, el Banco Central deprecia el peso para cobrar un creciente impuesto inflacionario y transferírselo al Gobierno para financiar sus excesos de gasto; pero, con el cepo, no reconoce plenamente la devaluación de la moneda local en el tipo de cambio oficial. Actualmente, el Gobierno les paga a quiénes producen bienes exportables alrededor de 65% del valor real de sus dólares y esta diferencia se ampliará a medida que pase el tiempo. El problema es que la inflación sí se refleja en los costos de los productores que pierden competitividad.

Por ello, las economías regionales y aquellas industrias que son relativamente menos eficientes han empezado a tener dificultades para poder producir a precios atractivos para los compradores extranjeros; lo que tenderá a agravarse. Incluso, afectará a sectores como el agropecuario, que, cuando vea el pobre beneficio que le dejó la actual cosecha y que en el futuro será peor, bajará su inversión en la próxima siembra y, por ende, obtendrá un menor rendimiento. Muchos de los que utilizan áreas marginales directamente dejarán de producir. Por lo tanto, es previsible que las exportaciones del año entrante tengan una pobre evolución, con tendencia a empeorar en el tiempo.

El congelamiento de precios planteará dificultades similares. El costo salarial de los insumos importados y de los locales seguirá subiendo, de la mano del impuesto inflacionario y del alza del dólar oficial. Si no pueden subir sus precios, los empresarios tendrán menor incentivo para producir, a menos que alguien piense que lo seguirán haciendo aunque no ganen plata e, incluso, a pérdida. Consecuentemente, es previsible que haya desabastecimiento y, seguramente, en los negocios minoristas más pequeños se conseguirán los productos faltantes a lo que efectivamente valen. Nada nuevo bajo el sol argentino; pero es bueno tener claro que, a más duración del congelamiento, menor producción.

El cepo, también, tuvo un duro impacto negativo sobre el sector inmobiliario y la construcción. Es posible que el primero se acomode un poco y, con menores precios, haya alguna leve mejora de la operatoria. En el caso del segundo, dependerá de la necesidad de algunos de proteger sus ahorros en blanco, que no puedan transformar en dólares. El sector público nacional aumentará algo su inversión, exprimiendo al Banco Central. Sin embargo, la mayoría de los municipios y gobernaciones, que las recortaron para superar el ahogamiento financiero al que llegaron por el exceso de gasto electoral de 2011, no han logrado recomponerse. Por lo tanto, tendrán pocas posibilidades de hacer obras si el Estado nacional no les transfiere plata.

Las empresas privadas invertirán sólo lo que les demanden sus necesidades operativas, a menos que estén en un nicho extremadamente rentable. Los que dependan del capital externo es lógico que sean reacios a vender divisas a un 65% de su valor real, cuando no saben si les permitirán recuperar sus ganancias. La seguridad jurídica en la Argentina está continuamente jaqueada por la arbitrariedad de políticas populistas y, como van las cosas, por una justicia que verá diluirse su independencia y será poco confiable a la hora de defender los derechos ante avasallamientos del poder de turno.

Con suerte, tendremos algún mayor dinamismo en el segundo trimestre; pero se empezará a diluir durante el tercero. Un creciente estrés político electoral y la profundización del modelo harán su aporte para incentivar un menor consumo e inversión y mayor fuga de capitales. Luego, es poco probable que la situación deje de desmejorar; aun cuando se intente algún desdoblamiento cambiario. Sí puede traer algún alivio inicial, pero no resuelve los problemas de fondo del cepo. Lamentablemente, este modelo marcha hacia una recesión y, muy probablemente, hacia una crisis cambiaria, como todos los que tuvieron algún tipo de control de cambios en la repetitiva historia económica argentina.

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .