¿Por qué continúan empobreciéndose los argentinos, aún aquellos que tienen trabajo?

Por Aldo Abram: Publicado el 12/4/21 en: https://www.infobae.com/opinion/2021/04/12/por-que-continuan-empobreciendose-los-argentinos-aun-aquellos-que-tienen-trabajo/

Si no se hacen las reformas estructurales que se necesitan para resolver los males de fondo que tiene la economía, luego de esta reactivación, habrá una nueva crisis y la historia de profundización del empobrecimiento de los argentinos continuará

Si no se hacen las reformas estructurales que se necesitan para resolver los males de fondo que tiene la economía, luego de esta reactivación, habrá una nueva crisis y la historia de profundización del empobrecimiento de los argentinos continuará

La Argentina tuvo una fuerte recuperación económica desde mediados de 2020. No solamente porque a cada vez más empresas y gente la dejaron volver a trabajar, sino porque el escenario mundial se volvió sumamente favorable para el país. Los bancos centrales de los países desarrollados emitieron muchísimo para tratar de sostener sus economías ante el impacto negativo de la pandemia. Sin embargo, esto implicó que sus monedas se depreciaran, al igual que sucede en Argentina cuando nuestro Banco Central (BCRA) le da a la “maquinita”. Pero, con mucho menos pérdida de valor de sus monedas; porque son confiables y sus ciudadanos las demandan, mientras al peso nadie lo quiere. En definitiva, la caída del poder adquisitivo del dólar se reflejó en una suba de los bienes exportables, que se miden contra esa moneda, en particular en el valor de los productos argentinos. También, la abundancia de liquidez mundial ayudó a financiar el incremento de la demanda internacional. Todo esto implicó un aumento de los montos exportados, más allá de que estamos lejos de alcanzar las cantidades vendidas al exterior de 2019; aunque hubo alguna recuperación con respecto a 2020. Además, tanto financiamiento disponible en los mercados llevó a ínfimos rendimientos en los países seguros y a los inversores a buscar incrementar sus ganancias asumiendo más riesgo en países emergentes que pagan más. Sin duda, no están viniendo a la Argentina, ya que es un país del que los capitales se fugan; pero si desincentiva la salida de ahorros e inversiones, mermando el desfinanciamiento de nuestra economía. Así que la recuperación ha sido particularmente fuerte, pero los argentinos continúan empobreciéndose.

Es cierto que los datos de empleo dejan ver que la reactivación vino acompañada de una mayor cantidad de argentinos trabajando. Sin embargo, la mayoría lo volvió a hacer con menores ingresos, en actividades de menor productividad o más precarias, informales o de tiempo parcial. Esto no debería extrañarnos, ¿quién va a invertir y generar empleo productivo cuando el gobierno continuamente toma decisiones en contra de los productores haciéndolos perder plata? Además, imaginémonos un empresario que ve que su demanda aumenta con la reactivación y podría tomar un trabajador más. Difícilmente lo hará cuando sabe que las mejoras siempre fueron seguidas de nuevas crisis y está prohibido despedir o, de última, tendrá que pagar doble indemnización por echar a quien contrató, si algo sale mal.

Por otro lado, el Índice de Pobreza de los Trabajadores ha estado mostrando una desmejora hasta principios de este año. Este indicador se basa en el índice de salarios y la Canasta Básica Total que realiza el Indec y lo que refleja es cuánto más cerca o lejos están los trabajadores de ser pobres. O sea, en Argentina, aún aquellos que tienen la suerte de tener un trabajo se han estado acercando a la línea de la pobreza con sus ingresos y cada vez son más los que caen por debajo de ella. Esto no es raro, en 2020, el BCRA estuvo emitiendo a tasas que llegaron a superar el 90% interanual, para financiar al gobierno. Todos sabemos que lo que produce son papelitos pintados que no valen casi nada; por lo que para transferirle capacidad de gasto al Estado se la saca a los tenedores de moneda local, emitiendo y haciendo bajar su poder adquisitivo. Así el gobierno puede aumentar sus erogaciones cobrándonos el impuesto inflacionario y empobreciéndonos a los argentinos. Pues, la pérdida de valor del peso que gestaron el año pasado, todavía está reflejándose en los precios de los bienes y servicios. Es lo que justifica que la inflación acumulada del último trimestre de 2020 haya superado el 11% y, la del primer trimestre de este año, rondara el 12%.

El perseverante empobrecimiento de los trabajadores que muestra este indicador es en sí una mala noticia; pero no la peor de ellas. Hace décadas que son coyunturales las mejoras en el nivel de bienestar de los argentinos cada vez que se sale de las crisis o se recibe el beneficio de excepcionales escenarios internacionales favorables; pero luego se desvanecen cuando las condiciones externas se normalizan. La realidad es que la tendencia de largo plazo es al empobrecimiento; porque para poder mejorar las posibilidades de progreso de los trabajadores hay que incentivar la inversión que permite el crecimiento de la producción y la productividad en el largo plazo. La Argentina ha sido un fracaso en ese sentido; pero ha tenido gran éxito “combatiendo al capital”.

¿Quién va a querer producir en una Argentina que se encuentra entre los países del mundo que más exprimen con impuestos a sus empresas y siguen incrementándoles la presión tributaria? O, cuando la legislación laboral y los gravámenes al trabajo hacen más conveniente usar capital más caro y escaso para sustituir empleo, habiendo alta desocupación. O cuando existen más de 67.000 regulaciones que asfixian a los que intentan hacer negocios, en particular a las Pymes.

Es posible que la recuperación de la economía continúe; mientras la “segunda ola” de la pandemia no golpee demasiado fuerte, fruto de la mala gestión que se hizo de la misma. Sin embargo, en la medida que no se resuelvan todos los graves problemas que aquejan al país, algunos de los cuales comentamos en el párrafo anterior, no se habrá salido de la crisis de credibilidad preexistente al COVID-19. Nadie cree que la Argentina tenga capacidad de tener un crecimiento importante y sostenido o la capacidad de recrear su credibilidad, por ende, su crédito. Por ello vemos que los que compran y venden los bonos entregados en el canje de 2020 lo hacen a precios que señalan que creen que el país volverá a reestructurarlo en el mediano plazo.

Lamentablemente, si no se hacen las reformas estructurales que se necesitan para resolver los males de fondo que tiene la economía, luego de esta reactivación, habrá una nueva crisis y la historia de profundización del empobrecimiento de los argentinos continuará.

Aldo Abram es Lic. en Economía y fue director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) . Sigue a @AbramAldo

Una economía en terapia no se cura con analgésicos

Por Aldo Abram: Publicado el 16/8/20 en: https://www.cronista.com/columnistas/Una-economia-en-terapia-no-se-cura-con-analgesicos-20200816-0018.html

Algunos remarcan la contradicción de un Presidente que, en un momento, dice no creer en lanzar planes y, luego, anuncia que dará a conocer 60 medidas para relanzar la economía. Lo primero es tener claro que no hay ninguna contradicción entre estos dichos. El mandatario se refirió a que no presentará ningún programa económico como el que reclaman los economistas a los que, usualmente nos identifican como “ortodoxos”. Él y los funcionarios que lo acompañan no creen, como nosotros, que Argentina va de crisis en crisis por negarse a realizar las reformas estructurales que, los países que prosperan, implementaron en las últimas décadas.
Del mismo modo, tampoco piensan en el sector productivo como gestor de recuperación económica. Para ellos, la deuda era el verdadero escollo y no la consecuencia de no solucionar los problemas de fondo. Conseguida la
reestructuración, indican que el Estado generará el crecimiento. Para ello, los funcionarios les dirán a trabajadores y empresarios cómo deben hacer sus respectivas actividades; los premiarán o castigarán según vayan o no en el rumbo señalado; y modificarán las reglas que determina el mercado y el funcionamiento de la economía por otras mejores, fruto de sus ingenios extraordinarios.
Además, según su sabio criterio, invertirán mucho desde el sector público multiplicando el crecimiento, pagados con tributos e impuesto inflacionario que le sacarán a trabajadores y productores.
Puesto así, es entendible el anuncio de 60 medidas que seguramente implicarán: bajas de retenciones; subas de reintegros y otros privilegios, que se asignarán arbitrariamente a sectores que consideran hay que beneficiar para desarrollar la economía.

Algunos serán aliviados de la carga que le impone al conjunto el excesivo “costo argentino” que, dicho sea de paso, nadie quiere resolver y, de hecho, es esperable que esta gestión incremente.
Si esta carga no disminuye, ni siquiera los sectores elegidos para la “salvación”, se lanzarán a realizar grandes inversiones. Sólo podrán beneficiarse más del período de recuperación y el moderado crecimiento que es esperable en lo
inmediato; para, luego, “surfear” mejor la crisis que sobrevendrá en el corto o mediano plazo.

¿Por qué? Sólo imaginémonos que la economía argentina, gravemente convaleciente de la crisis económica que se desató a partir de 2018, está cruzando la calle y lamentablemente la atropella el camión de la “cuarentena”. La llevan al hospital con un montón de huesos rotos y el médico que la atiende recomienda darle un analgésico especial para cada uno de los incontables dolores que tiene en el cuerpo; pero no trata los traumatismos ni las infecciones preexistentes que la tienen en una situación terminal. Es probable que logre aliviar coyunturalmente algunas de sus penurias y hasta sienta alguna mejora temporal; pero terminará falleciendo por falta de un tratamiento adecuado.
Es imposible pensar que la inversión va a fluir si el Estado no deja de gastar mucho más de lo que los argentinos pueden pagar. Estos niveles de expendio son garantía que en el futuro volveremos a reestructurar los bonos que se entregarán a cambio de los que se espera canjear actualmente.
Tampoco es factible que el sector productivo crezca. Argentina está en el puesto 21, de 190 países, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. Según el mismo informe del Banco Mundial, si las PyMes pagaran todos sus
impuestos, la mayoría quebraría.
Además, recién el 3 de agosto, la mayoría de los argentinos dejará de trabajar para pagar gravámenes y empezará a hacerlo para sí y sus familias. Es imprescindible una reforma del Estado que lo ponga al servicio de los ciudadanos y no de la política; pero que además su gasto se pueda pagar con una presión tributaria aceptable.
Por otro lado, nuestros funcionarios se sorprenden de que haya tanta informalidad. Ya vimos cómo el sistema impositivo la incentiva; además hay más de 67.000 regulaciones que ellos siguen aumentando todos los días. Es imposible que un emprendedor o Pyme puedan cumplirlas. Sólo una gran empresa podría hacerlo, pagando un ejército de asesores y
gestores.

Si se lograra reformar el Estado y desregular la economía, volverá la inversión productiva de argentinos y extranjeros.Sin embargo, lo harán tratando de contratar la menor cantidad de empleados posibles. Tenemos una
legislación laboral, con bases arcaicas, que desincentiva la creación de puestos de trabajo productivo.
Si se toma cualquiera de los últimos 20 años, en los que hubo algunos de fuerte crecimiento y gobiernos de todos los colores, y se elige cualquiera de ellos, más del 40% (posiblemente más del 50%) de los argentinos estaba desempleado,
en la informalidad o con un seguro de desocupación disfrazado de empleo público inútil o plan asistencial.
La gestión de Cambiemos demostró que se puede lograr alguna recuperación económica impulsada por un incremento de credibilidad coyuntural. Sin embargo, si no se resuelven los problemas de fondo, será sólo un “espejismo” al que seguirá una crisis. Los países que encararon las reformas estructurales de fondo, en los siguientes 20 años, lograron más que duplicar el poder adquisitivo de los salarios de sus trabajadores. Hoy, tienen bajo desempleo y llevaron la pobreza e inflación a un dígito. Mientras tanto, nosotros seguimos apostando a los milagros y esperando la próxima crisis

Aldo Abram es Lic. en Economía y fue director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) . Síguelo en @AbramAldo

Una solución de fondo para los futuros jubilados

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 8/2/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/02/08/una-solucion-de-fondo-para-los-futuros-jubilados/

 

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Lo primero viene primero. El diagnóstico es prioritario y consiste en que los sistemas de reparto no se sostienen desde la perspectiva del análisis actuarial, entre otras cosas debido a que modificaciones en la estructura demográfica lo ponen en jaque. Ilustra lo dicho que en Japón por primera vez en el ejercicio pasado las ventas de pañales para adultos superó a la de los bebés.

Por otra parte, las matemáticas financieras muestran que los sistemas de capitalización resultan más provechosos para los destinatarios puesto que mantienen una adecuada relación de los aportes efectuados con la pensión recibida en el contexto de la individualización de la cuenta.

Pero en todo caso hay un tema que antecede a lo dicho y es la necesaria libertad para que cada uno pueda disponer del fruto de su trabajo como estime pertinente y que no sea tratado como un objeto manipulable donde los aparatos estatales deciden acerca del destino de los ingresos de cada cual.

Se ha machacado que si el Gobierno no obliga a efectuar aportes, el candidato no preverá su vejez lo cual contradice lo ocurrido con inmigrantes que provenían de puertos lejanos y que adquirían terrenos, departamentos y otras valiosas colocaciones hasta que irrumpió el Leviatán, que los despojó de sus activos trabajosamente obtenidos.

Los mal llamados “sistemas de seguridad social” son en verdad grotescas imposiciones de sistemas de inseguridad antisocial, no solo por los mendrugos que entregan a los jubilados sino que los políticos en el poder echan mano a los aportes para otros menesteres y en lugar de esos recursos emiten títulos para reemplazar los ahorros ajenos.

En otros términos, una estafa colosal que debe ser enmendada a la brevedad. Y no se trata de mutar un sistema de reparto por uno de capitalización obligatorio. Como queda dicho, se trata de abrir las puertas y ventanas a un sistema libre donde cada cual se responsabiliza por sus colocaciones financieras. Libertad y responsabilidad son dos caras de la misma moneda, lo cual se logra con el ejercicio cotidiano. Esto me remite a lo que alguien respondió cuando se le decía que no puede otorgarse libertad a quienes no están acostumbrados a usarla: “Es lo mismo que sostener que nadie puede ingresar a un natatorio antes de aprender a nadar”.

Nadie debe estar autorizado a usar a otro como medio para su satisfacción, cada uno es un fin en sí mismo. Todos los seres humanos merecen respeto y es un espectáculo realmente bochornoso el observar a personas que han aportado durante cuarenta años durante su período activo para luego recibir montos que no se condicen para nada con lo entregado (confiscado, más bien). Es triste constatar lo que sucede con los jubilados que mansamente se resignan a ser robados de una manera cruel.

Veamos entonces cuál podría ser la manera de resolver tamaña injusticia. Lo primero es repasar el sentido mismo de un gobierno republicano. Una vez percibido que su función debe limitarse a la protección de los derechos de todos y abstenerse de inmiscuirse con la vida y la hacienda de terceros, entonces podrá procederse a la eliminación drástica de funciones incompatibles con una sociedad abierta.

En otras oportunidades he dado ejemplos minuciosos sobre cuáles reparticiones gubernamentales deben ser eliminadas del organigrama (por ejemplo, véase mi “Decálogo fiscal para cualquier país civilizado” en este mismo medio), pero en esta ocasión a los efectos de nuestro análisis damos eso por sentado y suponemos que ya estamos en una fase civilizada en la que los aparatos estatales se circunscriben a sus funciones específicas. En este cuadro de situación puede procederse a una profunda reforma tributaria compatible con lo expresado.

Para no repetir lo escrito antes, como queda dicho, supongamos que esto último se ha comprendido y aceptado. Una vez ubicados en esta instancia, es imperioso percatarse de que todo el embrollo jubilatorio lo financian compulsivamente los contribuyentes pero de modo encubierto. Aparece la magia del Gobierno financiando las diferencias con los siempre insuficientes aportes, lo cual es un modo hipócrita de presentar en asunto ya que no hay la tal magia: lo que financia el gobierno es detraído de los bolsillos de los vecinos vía gravámenes, deuda estatal o por medio del impuesto inflacionario.

Entonces, reiteramos que en definitiva la financiación de todo este sistema morboso recae sobre los patrimonios de la comunidad puesto que en ningún caso los gobernantes se hacen cargo de las referidas erogaciones. Consecuentemente de lo que se trata nada más y nada menos- es de explicitar lo que está implícito, en convertir en directo, abierto y a la luz lo que se hace de modo indirecto y solapado.

Lo dicho se concretaría a través de la obligación de los contribuyentes que en lugar de pagar un impuesto propiamente dicho se hagan cargo del pago a jubilados con un organismo oficial encargado de velar por los cumplimientos y de sustituir a financiadores en caso de deceso y otros percances. Y a los aportantes en curso los contribuyentes les devolverían lo aportado hasta el momento en cuotas, en cualquier caso deducido del fondo existente de lo ya aportado hasta el momento del cambio de sistema.

Tengamos en cuenta que si la reducción de la presión fiscal es drástica en línea con la antedicha reducción en el gasto público, la carga sobre los nuevos financiadores no solo no se ampliaría sino que disminuiría en la medida en que se establezca un sistema consistente con una sociedad abierta. En la práctica el gobierno así borra de su pasivo todo el peso del sistema previsional y lo convierte en un pasivo contingente.

Reiteramos que de lo anterior debe seguirse que la carga neta no debe ser mayor sino que debe disminuir respecto a al cuadro de situación anterior debido a la antes referida reducción tajante en los gastos estatales. Ya que se parlotea tanto de una falsa solidaridad con los recursos ajenos, tal vez se quiera adoptar este sistema que se acerca más al objetivo.

El título de esta nota alude a los futuros jubilados o los retirados de sus empleos pues a ellos es que se tratará con la dignidad que corresponde por lo que podrán disponer de sus ingresos como les plazca. Para los jubilados actuales y los que están en proceso lo único que cambia es que se transparenta de donde provienen los fondos para financiarlos. No hay aquí promesa incumplida, los gobiernos se obligaron a pagar pero no necesariamente el conducto a través del cual lo harán (en todo caso la promesa incumplida es el atraco que sistemáticamente llevan a cabo hasta el momento del nuevo sistema sugerido).

El denominado “sistema de seguridad social” comenzó en Alemania con Otto von Bismark, siguió en Estados Unidos con Franklin Delano Roosevelt, en Inglaterra con William Henry Beveridge, en Francia con Pierre Laroque, en los países nórdicos mientras fueron socialistas y luego copiado por todos los dictatorzuelos asiáticos y latinoamericanos. Salvando las distancias de la horrenda circunstancia que hizo calificar a Hannah Arendt como “la banalidad del mal”, puede aplicarse a nuestro caso dado el inmenso sufrimiento, canallesca explotación y la ruina en la vida de los jubilados por políticos inescrupulosos y malvados.

Una vez más es necesario repetir que el despido del sector público de funcionarios inútiles para los efectos señalados, en ningún caso se traduce en desempleo. Se trata de liberar recursos humanos y materiales para ser empleados para atender otras necesidades, lo cual no podía realizarse debido a que estaban esterilizados en actividades improductivas. A su vez el empresario está interesado en capacitar para sacar partida de los nuevos arbitrajes.

Allí donde el mercado laboral está abierto a contrataciones libres de regulaciones no hay tal cosa como desocupación involuntaria. Los salarios e ingresos en términos reales se establecen como consecuencia de las tasas de capitalización, a saber maquinarias, instalaciones, equipos y conocimientos relevantes que hacen de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. Las llamadas “conquistas sociales” por las que se impone una entrada superior a la establecida por la antedicha inversión per cápita conduce inexorablemente al desempleo. Y esto no solo va para el obrero, si se imponen condiciones salariales al gerente de una empresa superiores a las establecidas en el mercado, ese empleado quedará también sin empleo. Lo que pasa es que generalmente las intromisiones gubernamentales y sindicales se refieren a los trabajadores marginales por lo que son ellos los primeros en quedar sin trabajo.

Cuando se hace alusión a la reducción del gasto público se apunta a rellenar los bolsillos de la gente. Al disminuir las erogaciones el gobierno libera fondos que en todos los casos se emplean para ahorrar e invertir o para consumir, en cualquier caso necesariamente se reasignan los siempre escasos factores de producción desde áreas ineficientes hacia territorios productivos con lo que se eleva el nivel de vida de la población.

Resulta llamativo que se sugieran retoques en el sistema jubilatorio en lugar de modificaciones de fondo. Por ejemplo, se ha sugerido achatar la pirámide de la estructura jubilatoria vigente y así entregar a todos las mismas sumas independientemente de los aportes con lo que la estafa se acentúa de modo superlativo. Otra propuesta consiste en estirar la edad jubilatoria al efecto de aliviar el cuadro financiero estatal, lo cual también constituye un engaño. Como he consignado antes, en este último caso para eso es mejor terminar con la farsa y colocar la edad jubilatoria a los 200 años de edad con lo que el atraco se hace más transparente.

Lo que proponemos para el sistema jubilatorio es una muy saludable y recomendable gimnasia intelectual al efecto de un precalentamiento cuando se adopte una sociedad libre.

Sin duda que para poder proceder en consecuencia con la reforma jubilatoria sugerida en esta nota periodística es indispensable primero trabajar mucho más en la batalla cultural para abrir caminos y horizontes a los efectos de que se comprenda la razón de la existencia misma del Gobierno. Incluso, como ha apuntado Leonard Read, no deberíamos usar la expresión “Gobierno” ya que significa mandar y dirigir por lo que resulta más apropiado referirnos al monopolio de la fuerza como agencia de seguridad, de lo contrario como escribe Read “es lo mismo que denominar gerente general al guardián de una empresa”.

Sin duda que no hay solución si la batalla cultural no se da con éxito y no se comprende para qué son los aparatos estatales en una sociedad abierta y no se acepta transparentar lo que está implícito en los sistemas quebrados que explotan miserablemente a los jubilados.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

A meses de las elecciones, el gradualismo le pasa la factura de la improvisación al Gobierno

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 16/4/2019 en: https://www.infobae.com/opinion/2019/04/16/a-meses-de-las-elecciones-el-gradualismo-le-pasa-la-factura-de-la-improvisacion-al-gobierno/

 

Desde un inicio el gobierno de Macri se negó a presentar un plan económico que marcara un claro rumbo a seguir de manera de generar expectativas en la población, para luego avanzar en las reformas que requería la herencia recibida

El Tesoro emite títulos para afrontar el déficit fiscal y vende divisas para pagar la deuda

El Tesoro emite títulos para afrontar el déficit fiscal y vende divisas para pagar la deuda

El error inicial del Gobierno no solo consistió en no contar la herencia recibida, sino que lo más grave es que creyó que medidas aisladas podían solucionar un problema económico de la magnitud que dejaba Cristina Fernández de Kirchner. Se largó sin un plan, a poner parches a un bote que hacía agua por todos lados.

Nunca creyó que había que bajar el gasto público como paso indispensable para poder crecer. Imaginó que las inversiones iban a llover solo porque Mauricio Macri se sentaba en el sillón de Rivadavia, por lo tanto, esas inversiones iban a generar crecimiento y el gasto se iba a licuar sobre el PBI por arte de magia. Solo tomando medidas aisladas todos los días “íbamos a estar un poquito mejor”. El gradualismo en medidas y en sentirse mejor.

La realidad que enfrentamos debería ser suficiente evidencia para que, si Mauricio Macri o alguien de Cambiemos lograra renovar el mandato, deberían aprender de estos 4 años desperdiciados que nos ponen en una situación política crítica, ya que el desgaste de los errores económicos cometidos le pavimentan el camino a Cristina Fernández de Kirchner para su vuelta. No es por mérito de ella que tiene chances de volver, sino por la insistencia de Cambiemos de mantenerse en el error.

Esta mezcla de no querer enfrentar el problema del gasto junto con la continuidad de las políticas de revolear la plata del contribuyente en planes sociales, nos ha dejado en una situación económica en la que a la herencia del kirchnerismo se le suma la herencia de Cambiemos.

¿Por qué se está atravesando semejante proceso recesivo? ¿Bajó el gasto público como sostienen algunos miembros de Cambiemos?

El gasto del Sector Público Nacional incluidos los intereses de la deuda pública y excluidos los gastos de las provincias y de los municipios, bajó de 26,5% del PBI en 2015, que dejó el kirchnerismo, a 23,7% en 2018, una reducción de 2,8 puntos del PBI. Aquí no se incluye el gasto cuasifiscal del BCRA que creció en 1,6 puntos del PBI entre 2015 y 2018.

De manera que, en principio, el Gobierno podría mostrar estos números como un logro de su gestión y taparle la boca a todos los que decimos que hay que bajar el gasto público. Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿dónde bajó el gasto público el gobierno nacional entre 2015 y 2018?

Para responder al interrogante, basta con ver el gráfico previo. El gasto en subsidios económicos para mantener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos (energía, transporte público, gas, agua potable, etc.) bajó de 4,25% del PBI que dejó el kirchnerismo a 2,16% del PBI con Cambiemos.

Es decir, de los 2,8 puntos del PBI que se redujo el gasto público en la era Cambiemos, 2,1 puntos porcentuales se explica por menores subsidios económicos, es decir aumento de tarifas de los servicios públicos a familias y empresas.

Sin duda que esa medida había que tomarla porque nadie tiene que sentirse con derecho a que otro le subsidie la luz, el gas, el boleto de colectivo, etc., de manera que esa reducción de gasto no tiene objeción y correspondía hacerla.

El punto es que lo que hizo el Gobierno fue cambiar la forma de financiar ese gasto. Con el kirchnerismo se recurría a la emisión monetaria o más impuestos, con Cambiemos se financia, como corresponde, en la boleta de luz, pero no se redujo el impuesto inflacionario ni la carga tributaria sobre el sector privado que se aplicaba para financiar ese gasto, por lo tanto la gente siente en el bolsillo el peso de las nuevas tarifas de luz y la misma carga tributaria que venía soportando de antes.

Si se combina el peso sobre el sector privado por el aumento de las tarifas de los servicios públicos, con la misma carga tributaria y tasas de interés que se dispararon al infinito, todo el costo del ajuste cae sobre el sector privado mientras que el sector público se mantiene al margen de toda reducción, tanto el sector público nacional como los provinciales y los municipales.

El resultado no es otro que una economía que está estancada desde 2011 pero con una fenomenal caída en 2018, esto quiere decir que cada vez hay menos riqueza para repartir pero el gobierno sigue gastando en planes sociales como si ese gasto fuera una bondad de la política económica.

El gráfico previo muestra que el gasto en políticas de ingresos (AUH, pensiones no contributivas, políticas de empleo del Ministerio de Trabajo, etc.) aumentó en casi 5 puntos del PBI entre 2004 y 2018; y también refleja que Cambiemos no bajó el gasto en este rubro, y sin embargo hay más pobres.

No se puede tomar toda la serie porque el kirchnerismo desarmó las estadísticas del Indec para no “estigmatizar” a los pobres, pero de acuerdo a datos de la UCA, el kirchnerismo dejó una pobreza del 29% de la población  y en la última medición del Indec dio 32%, es decir, a pesar que se mantuvo los programas de políticas de ingresos, la pobreza no cede.

Y no cede porque el sector privado sigue siendo aplastado por el sector público nacional, provincial y municipal con su enorme burocracia, empleo público y “planes sociales”. La Argentina no crece porque no hay inversiones en un país con una carga tributaria que se mantiene entre las más altas del mundo.

El costo de no haber tenido un plan económico consistente

En definitiva, lo que estamos viendo es que hay que pagar el costo de no haber tenido un plan económico consistente que generara un shock de confianza y avanzar con las reformas que se requerían.

Haber recurrido al endeudamiento para financiar gastos corrientes esperando la lluvia de inversiones hoy pasa la factura a meses de las elecciones y tienen que salir a inventar la pólvora para tratar de mover algo la economía y disimular la huida del dinero que impacta en los precios.

Los anuncios esperados seguramente serán parches y aspirinas para llegar a las elecciones. Una verdadera lástima que el presidente a Mauricio Macri haya comprado el humo que le vendieron con el gradualismo que era una forma de no hacer nada y seguir con un Estado sobredimensionado y planes sociales, esperando que haciendo lo mismo que venimos haciendo durante décadas de un resultado diferente.

Lo más patético es que se llega a las elecciones con medidas que probablemente sean más populismo para evitar que venga el populismo k.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

5 falacias sobre la inflación y la tasa de interés

Por Iván Carrino. Publicado el 12/4/17 en: https://elliberal.igdigital.com/2017/04/12/5-falacias-la-inflacion-la-tasa-interes/

 

Con el objetivo de bajar la inflación, el Banco Central decidió subir la tasa. Esto desencadenó una serie de malas interpretaciones.

Argentina e inflación son sinónimos. Por los últimos diez años fuimos, junto con Venezuela, el país con la mayor destrucción monetaria de la región.

Así, pasamos de la recuperación post-crisis a la estanflación en pocos años. Entre 2011 y 2015, los precios se multiplicaron por 3, mientras que el PBI per cápita cayó 3% en términos reales. El “estímulo monetario” no sirvió para nada.

En la actualidad, el Banco Central tiene como objetivo bajar la inflación y, para eso, implementa un sistema de “metas” que ha dado buenos resultados en todo el mundo. En este marco es que decidió subir la tasa de interés esta semana, luego de conocerse que, en marzo, los precios subieron 2,4%.

La suba de tasas, sin embargo, generó todo tipo de análisis desacertados sobre su efecto en la economía. A continuación, las 5 falacias más difundidas sobre este tema.

Falacia #1: Si la tasa alta no bajó la inflación, subirla más no lo logrará tampoco

Tiempo antes de la decisión de subir las tasas de interés, un periodista en un programa de radio hacía la siguiente pregunta: “¿Cómo es posible que, si esta tasa de interés no logró bajar la inflación, una tasa de interés todavía más alta, logre hacerlo?”. La respuesta que el periodista obtuvo del “experto” consultado fue que esa era una duda razonable.

El razonamiento es realmente absurdo. En primer lugar, porque la política de metas de inflación ya dio resultados positivos. Por ejemplo, durante el segundo semestre de 2016 la inflación fue la más baja en 8 años. ¿Dónde está el fracaso de subir la tasa?

Por otro lado, porque el razonamiento equivale a decir: “si le ofrecí 10 pesos a un amigo para que me venda un caramelo y él no aceptó, ¿por qué va a aceptar si le ofrezco $ 100?”. Claramente, si aceptamos que a mayor precio mayor disposición a vender el caramelo, también tenemos que aceptar que a mayor tasa de interés, mayor será el incentivo para que los tenedores de pesos se los entreguen al Central, éste los absorba y caiga el exceso de dinero que hay en el mercado.

Falacia #2: El impacto de las tarifas en la inflación demuestra que el problema no se arregla solo con política monetaria.

Una de las explicaciones más razonables sobre los malos datos de inflación de marzo y febrero es el impacto que tuvo el sinceramiento de tarifas. En lo que va del año, los precios regulados acumulan una suba de 9,9%, lo que impulsa al alza el promedio de precios que se toma en cuenta para elaborar el IPC. Esto hace que muchos piensen que la inflación que vivimos es una “inflación de costos” (no monetaria) y que, como tal, no se arregla con una política monetaria contractiva, sino que hay que acudir a métodos heterodoxos.

La afirmación es completamente falsa. Es que la suba de tarifas no refuta, sino que refuerza, la teoría monetaria de la inflación. Entre 2002 y 2015, la cantidad de dinero en circulación se multiplicó por 22, mientras que los servicios públicos tuvieron sus precios casi congelados. Esto hizo que la enorme inflación en la cantidad de dinero no pudiera reflejarse en un mayor precio para estos servicios, pero de manera transitoria. Una vez que el gobierno decidió destapar la olla (gradualmente), el efecto de la expansión monetaria apareció en los precios atrasados. La suba de tarifas es una muestra más de la relación directa entre exceso de pesos e inflación.

Falacia #3: Es deseable bajar la inflación, pero no al costo de la recesión

Otra de las ideas falsas que circulan en torno de la nueva política monetaria del Banco Central es que la baja de la inflación se hace a costa de la recesión. Nuevo error.

La inflación es un impuesto que cobra el estado sin pasar por el debate legislativo. Y nadie que crea que tener menos impuestos es bueno para el crecimiento económico puede afirmar, al mismo tiempo, que bajar el impuesto inflacionario es recesivo para la economía. Para crecer de manera sostenida, lo malo no es bajar la inflación, sino tenerla.

Falacia #4: La alta tasa de interés perjudicará la actividad económica

En este caso, el razonamiento es el siguiente: si un banco me paga, digamos, una tasa del 20% anual, me conviene dejar el dinero allí en lugar de realizar una inversión productiva. Así, una tasa “alta” conspira contra la producción.

Hay numerosas fallas en este razonamiento. La primera es que la tasa de interés es resultado de la oferta y demanda de ahorro. Si el ahorro es bajo, la tasa es alta, sin importar lo que diga el Banco Central. No se puede imprimir felicidad, y el proceso productivo exige ahorro, para que luego éste pueda transformarse en crédito productivo.

Por otro lado, es discutible que la tasa sea alta. Si solo nos guiamos por los datos nominales, nos va a parecer que la tasa es alta. 26,25%, en un mundo de inflación cero, sí luce como algo elevado. Sin embargo, una vez que incorporamos la inflación anualizada, o las expectativas de inflación futura (28% y 21% respectivamente), la tasa del BCRA ya no parece tan alta.

El Banco Central busca mantener una tasa positiva (que no es alta) respecto de la inflación. Esa tasa positiva busca premiar el ahorro, y ese ahorro es el que se va a volcar a la actividad productiva para generar un crecimiento económico sostenible.

Si alguna industria determinada sufre porque existen tasas de interés reales positivas (lo que debería ser perfectamente normal), en realidad el problema lo tiene la industria, ya que demuestra que solo puede vivir con el subsidio monetario de la tasa negativa.

La tasa no es alta, sino que busca ser positiva para fomentar el ahorro. Y eso no es perjudicial para la actividad económica, sino su principal aliada en el mediano y largo plazo.

Falacia #5: El problema no es la tasa en pesos, sino en dólares

Muchos pueden estar de acuerdo con lo que planteo en el punto 4, pero van a sostener que lo que hay que mirar es la tasa de interés en dólares. Con un dólar que prácticamente no se ha movido, una tasa de 26,2% puede no ser alta en pesos, pero sí es alta en dólares.

Ok, consideremos que esto es así y que no hay que tener en cuenta devaluaciones esperadas. Lo cierto es que el dólar está cayendo en todo el mundo, incluso en países como México, cuya moneda había sido seriamente castigada luego de la elección de Trump. Las monedas fluctúan, son otro precio del mercado, y el Banco Central no puede ocuparse de todos los negocios financieros que pueden hacerse en ese mercado. Si para bajar la inflación el costo que hay que paga es que algunos hagan un buen negocio financiero, se tratará de un costo muy bajo cuando se mire en retrospectiva.

Conclusión: los bancos centrales no pueden imprimir felicidad ni crecimiento económico. Sin embargo, sí pueden crear inflación y, con ella, destruir la economía. Que el Banco Central hoy tenga como único objetivo la baja de la inflación es un dato para celebrar.

Si tiene éxito, la economía argentina se lo va agradecer.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

El gobierno quiere tu billetera

Por Iván Carrino. Publicado el 27/4/16 en: http://www.ivancarrino.com/el-gobierno-quiere-tu-billetera/

 

“¡Qué lindo es dar buenas noticias!”, decía Fernando de la Rúa a fines del año 2000, cuando por detrás de escena y se hacía insostenible la crisis que explotó un año después. El entonces presidente festejaba un programa de créditos de emergencia del FMI y el Banco Mundial, que para él nos sacaría de la situación de inestabilidad y depresión económica en la que nos encontrábamos.

Claramente, esto no fue así.

Años más tarde, y con diferentes palabras, todos los gobiernos repetirían esta fórmula. Créditos baratos, subsidios varios, ayudas sociales, planes de inversión pública…. todos parecen ser buenos motivos para festejar y celebrar las “buenas noticias” que nos dan a todos los argentinos.

Tal vez el último ejemplo de este accionar sea el anuncio de medidas sociales que el sábado 16 de mayo divulgó el gobierno de Mauricio Macri. Por mencionar algunas, las medidas consisten en la ampliación de la cantidad de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la multiplicación por 9 del seguro de desempleo pagado por el gobierno y un aumento del 20% en los montos que reciben los beneficiarios de planes sociales como “Argentina Trabaja” y “Ellas Hacen”.

Obviamente, la reacción generalizada fue de algarabía y aprobación. Y es cierto que en una Argentina con un 30% de la población bajo la línea de la pobreza, es difícil oponerse a los paliativos que se ofrecen.

Sin embargo, es necesario que veamos la otra cara de los anuncios y las “buenas noticias” que nos da el gobierno.

Según el análisis de la Fundación Libertad y Progreso, el costo que tendrán todas estas medidas ascenderá a $ 37.900 millones. Es decir, el gobierno deberá gastar $ 37.900 millones adicionales a lo que venía gastando en la actualidad.

Y el problema del gasto público es que, como cualquier gasto, alguien tiene que financiarlo.

¿Cómo se financia el gobierno?

El gobierno gasta dinero en planes sociales, como veíamos anteriormente, pero también gasta en los salarios de la administración pública, en la construcción de obras de infraestructura, y en cuantiosos subsidios destinados a sostener diferentes actividades productivas.

Todo el gasto público, en un mundo ideal, debería financiarse con impuestos. Es decir, así como en una familia, el gasto no puede exceder a los ingresos, en el gobierno debería suceder lo mismo. Cada peso gastado por el estado debería  provenir de un peso que el estado recaudó previamente.

Así, el nuevo gasto generado por los anuncios del gobierno deberá ser pagado con nuevos  impuestos, o con el aumento de los impuestos viejos.

Claro que el gobierno puede elegir no cuadrar sus cuentas e incurrir en lo que se conoce déficit, cuando gasta más de lo que tiene. Si quiere hacer esto tiene dos caminos: colocación de deuda o emisión de dinero. Esto último genera inflación, mientras que la deuda tarde o temprano debe pagarse, por lo que puede generar una suba de impuestos en el futuro.

Como podemos ver, el gobierno siempre termina pagando su gasto público con impuestos. Pueden ser impuestos presentes, como el IVA, Ganancias o el “impuesto inflacionario”, o pueden ser impuestos futuros, si es que se endeuda.

Asfixiados de impuestos

Ahora acá es donde aparece el “lado B” de las buenas noticias anunciadas por el gobierno. En Argentina pagamos 96 impuestos diferentes con una presión tributaria que equivale al 36% del PBI (hay casos en los  que el gobierno puede llevarse hasta el 54% de los ingresos de un trabajador en relación de dependencia).

No sólo esto. En mi último libro, Estrangulados, te muestro con claridad que si se dividiera la recaudación impositiva por cada persona en edad de trabajar, entonces el costo de los impuestos sobre cada uno de nosotros ascendería a nada menos que $ 70.000 por año.

Estos datos deben tenerse en cuenta cada vez que los políticos deseen tomar decisiones con la excusa de que éstas van a mejorar nuestra calidad de vida. Muy a menudo, lo que sucede es lo contrario y tanto los impuestos como las nuevas regulaciones terminan deteriorando la capacidad productiva de todos y, finalmente, reduciendo nuestra calidad de vida.

Son temas que me interesan y creo que deberías conocer. De hecho, acabo de publicar un libro sobre el tema bajo la editorial de Inversor Global. Allí demuestro cómo el estado, por más que tenga las mejores intenciones, puede terminar destruyendo la economía con impuestos, inflación, regulaciones y el cierre del comercio internacional, afectando directamente a tu bolsillo.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Estado violador en nombre de la solidaridad

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 10/4/16 en: http://economiaparatodos.net/estado-violador-en-nombre-de-la-solidaridad/

 

El enemigo más peligroso para una persona y una sociedad que quiere ser libre es el estado, porque el estado tiene el monopolio de la fuerza

Con mucha habilidad, buena parte de la dirigencia política ha convencido a la población que son ellos los que tienen el monopolio de la solidaridad. El resto de los seres humanos que no pertenecemos al mundo de la política no tenemos ese don divino de ser solidarios y preocuparnos por el prójimo. Solo unos pocos elegidos, que son ellos, tienen esa sensibilidad especial de querer ayudar a la gente.

Vendido este argumento, el paso siguiente es que el estado, es decir la dirigencia política, tiene que tener a su cargo lo que se conoce como ayuda social que se traduce en los llamados planes sociales. Ellos decidirán, gracias a la asistencia del Espíritu Santo, a quién corresponde “ayudar” y a quién no. Se ha montado, de esta manera, un gran aparato estatal repleto de reparticiones públicas con nombres que reflejan la solidaridad de los iluminados dirigentes políticos que administran miles de millones de dólares.

Bajo este concepto, la democracia se ha transformado en una gran competencia populista en la cual los políticos se esfuerzan por formular la mayor cantidad de promesas de repartir dinero ajeno. La idea de trabajo, esfuerzo, iniciativa individual, desarrollar la capacidad de innovación y todo lo que tenga que ver con la superación personal no existe en el vocabulario de la competencia electoral. Lo que predomina es el discurso que la gente tiene derecho a que otro le pague la vivienda, le otorgue un subsidio, lo proteja de la competencia de otros productores y cosas por el estilo. Obviamente, con esta oferta electoral y una demanda de populismo feroz por la pérdida de los valores que hicieron grande a la Argentina a fines del siglo XIX, la necesidad de un estado cada vez más grande es inevitable. Como también es inevitable que un estado cada vez más grande necesite de una creciente cantidad de recursos, me refiero a recursos impositivos. Si éstos no alcanzan se recurrirá al impuesto inflacionario.

Ahora bien, la carrera populista tiene como contrapartida una carrera por recaudar cada vez más impuestos. El primer paso para generar más ingresos tributarios consiste en incrementar las alícuotas de los mismos. Luego se procede a inventar nuevas gabelas. En general esos nuevos tributos tienen la característica de poder aplicarse solo violando los más elementales derechos individuales. Es decir, para poder recaudar los cada vez más complejos impuestos que se establecen, se violan derechos elementales de los ciudadanos. Por ejemplo, cualquiera que tenga una cuenta corriente bancaria podrá ver cómo el estado mete mano en nuestras cuentas, que es lo mismo que si metiera la mano en nuestro bolsillo para cobrar ingresos brutos, el IVA o lo que sea. Inclusive se ha creada la nefasta figura del agente de retención, con lo cual el banco, sin nuestra autorización, mete mano en nuestras cuentas para transferirle el dinero al estado. En nombre de la “solidaridad” social nos meten la mano en el bolsillo como si nada.

Veamos otro ejemplo. Hace rato que la AFIP exige que algunos contribuyentes emitamos facturas electrónicas, facturas que se emiten ingresando al sitio de la AFIP y registrando desde ese sitio la facturación correspondiente. En poco tiempo más todos tendrán que emitir facturas electrónicas, es decir hacerlo vía la AFIP.

Ahora bien, se sabe que una factura es correspondencia privada. Una persona le emite a otra una factura por la venta de algún producto o servicio. Son papeles privados. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece lo siguiente: El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Es decir, siendo que las facturas que emite cada uno son papeles privados, el estado no debería obligar a la gente a emitir facturas electrónicas usando el sitio de la AFIP porque el estado se estaría metiendo con los papeles privados, algo que está prohibido por la constitución. Sin embargo, aún aquellos que son más moderados en sus propuestas populistas y dicen defender el sistema republicano, aceptan este tipo de violaciones a los derechos individuales en nombre de la “santa” recaudación. Si por alguna razón una repartición del estado tuviera que ver los papeles privados de alguien, debería ser un juez, y con causa fundada, el que podría ordenar que una persona muestre sus papeles privados.

Al punto al que quiero llegar es que hemos aceptado que el estado, en nombre de la recaudación tributaria, pueda comportarse como un autócrata sin respetar la privacidad de las personas ni su propiedad. El fascismo ha calado tan hondo en los valores de la sociedad argentina que hasta se ve como natural que el estado tenga la potestad de violar la Constitución Nacional para poder recaudar y controlar más a la gente. La obsesión fascista por controlar a la gente justifica cualquier disparate. Insisto, hasta gente que uno considera bien intencionada, ven con toda normalidad que el estado no tenga que recurrir a un juez para pedir los papeles privados de una persona y se sienta con derecho a controlar a la gente online al más puro estilo nazi fascista.

No nos equivoquemos, el enemigo más peligroso de una persona no es el delincuente común, porque de ese delincuente una persona puede llegar a defenderse. El enemigo más peligroso para una persona y una sociedad que quiere ser libre es el estado, porque el estado tiene el monopolio de la fuerza. Ese monopolio de la fuerza que se le delegó para defender los derechos individuales. No en vano Hayek tituló su famoso libro Camino de Servidumbre. El veía que el estado iba avanzando cada vez más sobre los derechos individuales hasta destruir una sociedad libre y transformar a los ciudadanos en siervos del gobierno.

En síntesis, en nombre de ese monopolio de la solidaridad que nos han vendido los políticos que solo ellos tienen, los derechos de las personas son violados por doble vía. Por un lado, se le dice a una parte de la sociedad que tiene la obligación de mantener a otra persona para que viva sin trabaja o que solo puede comprarle un producto de mala calidad y a un precio alto a determinados sectores protegidos por el estado. Y luego, para sostener ese aparato de redistribución y populismo el estado viola los derechos individuales instaurando un sistema fascista de control de la vida de las personas en nombre de la santa recaudación necesaria para “cumplir” con parte de las promesas formuladas durante la competencia populista en que se ha convertido la democracia.

A muchos los podrá parecer normal y justificable que el estado se meta así en nuestra vida. Personalmente creo que en esta violación a los más elementales derechos individuales puede encontrarse la decadencia económica argentina.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Balance del primer mes de gestión

Por Adrián Ravier: Publicado el 8/1/16 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2016/01/08/balance-del-primer-mes-de-gestion/

 

Este 10 de enero se cumplen los primeros treinta días del Gobierno de Mauricio Macri y el cambio de modelo económico es una realidad. No podían enfrentarse los desequilibrios fiscal, monetario y cambiario si se mantenía la misma política económica. El nuevo equipo no tardó en ofrecer señales claras y avanzar en varios frentes a la vez. ¿Qué se hizo y qué es lo que falta?

Comenzando por el frente fiscal, el Gobierno eliminó retenciones a la industria y a los productos agropecuarios, excepto para la soja, que se redujo de 35 a 30 por ciento. La apuesta consistió en recuperar las economías regionales mejorando los incentivos, tanto por reducción de la presión tributaria que recaía sobre el sector como por supresión del cepo cambiario, que lo contenía acorralado en los márgenes de ganancia. La medida contribuiría, en paralelo, a incentivar en la inmediatez a los productores agropecuarios para que liquiden las cosechas y ayuden con ello a engrosar las debilitadas reservas del Banco Central.

El impacto fue positivo, si uno toma en cuenta que se revirtió el continuo descenso diario de las reservas hacia valores positivos que transmiten tranquilidad, aunque las liquidaciones no cubrieron las expectativas de la autoridad monetaria y del Gobierno. ¿Por qué no se cumplieron estas expectativas? Porque hay fuertes expectativas de que el sinceramiento del tipo de cambio oficial sólo fue parcial y que habría una nueva devaluación hacia marzo del corriente, una vez que venzan los contratos de futuros.

Algunos analistas señalan, sin embargo, que ese valor que hoy ronda los 14 pesos no lo fija la autoridad monetaria sino el mercado, pero esto no parece ser del todo cierto cuando observamos las altas tasas que los bancos pagan por los depósitos a plazo fijo (una alternativa a la demanda de dólares), o la absorción de pesos que el Banco Central viene generando en las últimas dos semanas con la emisión de letras.

En el frente fiscal también hay que destacar el cumplimiento de otra promesa de campaña en la que se confirmó la quita del impuesto a las ganancias para el aguinaldo de los que cobran hasta 30 mil pesos. La medida parece justa y popular, pero no conveniente ni oportuna dado el fuerte déficit fiscal. Quizás debió el Gobierno compensar la consecuente caída de ingresos tributarios con una baja inmediata en los subsidios, que si bien fueron anunciados, aún se desconoce su instrumentación.

En el frente monetario, lo dicho, la autoridad en la materia utiliza dos instrumentos para contener la inflación: por un lado, eleva los tipos de interés; por otro lado, absorbe todos los pesos que puede a través de la emisión de letras. Pero los analistas estiman una inflación para 2016 del orden del 35%, mientras la misma autoridad monetaria la estimó apenas arriba del 20 por ciento.

¿Por qué no ataca el Gobierno la inflación de manera más radical? Mi interpretación es que el Gobierno sabe que no hay otra forma que reducir el gasto público que no sea por la vía de la inflación. Si no se puede reducir el salario nominal, ni se pueden generar despidos en un sector público sobredimensionado, sólo queda avanzar en una baja real de los salarios por la vía del impuesto inflacionario. Si los analistas privados tienen razón y la inflación de 2016 se acerca a sus pronósticos, mientras el Gobierno logra acordar con los sindicatos aumentos salariales del orden del 20 o 25%, la baja real de los salarios permitirá avanzar en el requerido ajuste fiscal que todos los analistas reclaman. Por supuesto que la política no está exenta de críticas y se sabe que el mayor desafío pasará por afrontar las negociaciones salariales con los sindicatos, que nunca fue una tarea sencilla. Resumiendo, la baja de la tasa de inflación no parece ser prioridad en 2016, lo que es parte del programa gradualista que el Gobierno viene aplicando.

En el frente cambiario, además de lo dicho, la nueva administración apuesta a generar un fuerte ingreso de divisas que sólo puede ser la consecuencia de un cambio rotundo en la política exterior. Al respecto, Mauricio Macri lleva adelante una amplia agenda política internacional que comenzó con el cuestionamiento directo al eje bolivariano, empezando por Venezuela y siguió con la anulación del polémico memorándum con Irán. Además, extendió lazos dentro del Mercosur con Brasil y Uruguay, además de Chile, y relanzó vínculos con la Unión Europea y Estados Unidos. Aceptó el fallo de la Organización Mundial del Comercio sobre las importaciones y ofreció señales claras en su voluntad de atraer capitales.

Todo el arco liberal sigue reclamando como deuda pendiente atacar el desorbitante gasto público y su consecuente déficit fiscal. La noticia de los últimos días, sin embargo, ha sido el gesto de parte de la Vicepresidente de despedir a 2035 empleados del Senado por decreto, advirtiendo que los ministros van a tomar medidas del mismo estilo para erradicar del Estado estructuras políticas compuestas por “militancia del kirchnerismo”.

La medida, a la que se sumaron otros despidos en otros organismos, como el Banco Central y el Centro Cultural Néstor Kirchner, es una gota en el océano teniendo en cuenta los más de dos millones de nuevos asalariados nombrados durante el kirchnerismo en el Gobierno nacional, en provincias y en municipios, pero deja entrever que también habrá ajustes en el gasto público una vez se complete la auditoría general de los organismos públicos.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Si exploto al que me mantiene, ¿hay estallido?

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 14/9/14 en: http://economiaparatodos.net/si-exploto-al-que-me-mantiene-hay-estallido/

Dejemos que el paso del tiempo responda si hay estallido social  o no

Sabemos que el gobierno se niega a reconocer el problema y que, por el contrario, lo agrava, pero también la oposición no se anima de decirlo abiertamente. ¿A qué me refiero? A la crisis económica que tenemos, entre otras cosas, por un gasto público que resulta insostenible para el sector privado.

Puedo entender, no justificar, a los políticos opositores que no dicen que hay que bajar el gasto público. Es que buena parte de los votantes se quejan de la carga impositiva y de la inflación, pero quieren que el Estado siga gastando en los llamados planes sociales, de manera que un político que quiere ganar las elecciones, y sabe que el problema del gasto público es grave, seguramente va a mentir al respecto o no decir nada.

Ahora bien, sí podemos afirmar con absoluta certeza que aquellos que dicen que no se puede bajar el gasto público porque se crearía una crisis social no están viendo que la crisis social ya está ocurriendo  justamente por  no bajar el gasto público y, finalmente, el gasto bajará en la forma más desordenada que uno puede imaginarse.

El populismo k ha llevado la situación a un extremo de crisis. Por un lado aumentó el gasto hasta niveles récord (empleados públicos, legión de jubilados que nunca habían aportado al sistema, subsidios, obras públicas innecesarias o que podría ser financiadas por el sector privado, etc.) y por otro lado ha inducido a que cada vez trabaje menos gente en blanco (los que viven de planes sociales no quieren saber nada de ser contratados en blanco en un trabajo). Puesto de otra forma, un trabajador que está en blanco tiene que mantener a una legión de empleados públicos a nivel nacional, provincial y municipal. Tiene que sostener a millones de jubilados y tiene que bancar a millones de gente que vive de subsidios y no produce nada, es más, muchos empleados estatales no solo son mantenidos para consumir sino que, además, obstaculizan el trabajo de los pocos que quedamos produciendo. La estrategia es de locos, boicotean a los que producimos para mantenerlos a ellos. En síntesis, tenemos una relación de gente que produce y gente que vive de lo que producen los que trabajamos que hace infinanciable el gasto público.

¿Por qué por primera vez en la historia económica de la Argentina hay trabajadores en relación de dependencia que nunca en su vida habían pagado el impuesto a las ganancias y ahora sí lo pagan? No es porque el gobierno está aplicando un sistema tributario más justo. Es porque ha tenido que descender hasta niveles nunca imaginados de contribuyentes para apropiarse del fruto de su trabajo para mantener el aparato estatal. El no ajuste por inflación del mínimo no imponible es el mecanismo utilizado por el gobierno para cobrarle ganancias.

Pero si uno analiza la evolución de la recaudación tributaria, se encuentra con que está creciendo unos 6 puntos porcentuales menos que la tasa de inflación tomando el período enero-agosto de este año, en tanto que los gastos están subiendo, como mínimo, 3 puntos porcentuales por encima de la tasa de inflación. En otros términos, los gastos crecen en términos reales y los ingresos caen en términos reales.

Este déficit lleva a que la única opción que hoy le queda al gobierno para financiar el déficit fiscal es la emisión monetaria, lo cual genera inflación y todas las complicaciones que conocemos.

Pero la inflación ya es tan aguda que la gente huye del dinero, por lo tanto, para poder recaudar más o menos a misma cantidad del impuesto inflacionario, lo que tiene que hacer el gobierno es aumentar la tasa del impuesto inflacionario que cobra, es decir, la tasa de inflación. Si la gente elude el impuesto inflacionario comprando dólares o comprando bienes para quitarse los pesos de encima, quiere decir que no tiene inmovilizados pesos sobre los cuales se pueda cobrar el impuesto inflacionario. Hay una especie de rebelión fiscal contra el impuesto inflacionario. Por eso CFK acaba de afirmar que la gente tiene que comprar cosas que se tocan y se ven. En rigor el dólar se puede tocar, ver, oler y hasta pesar y además sube respecto al peso. Al que apuesta al dólar no pierde. La que pretende CFK es que la gente no defienda sus ahorros y los gaste en bienes para favorecer su política económica que agoniza por la recesión y la inflación.

Si a esta infernal presión impositiva e inflacionaria le agregamos un largo listado de regulaciones que frenan la producción, como pueden ser la ley de abastecimiento o el cepo cambiario, tenemos una combinación económica letal: a) sobran pesos que la gente no quiere, b) faltan dólares que la gente sí quiere y c) cada vez hay menos bienes y servicios frente a una mayor cantidad de pesos en circulación. Tal vez no terminemos en un estallido hiperinflacionario como el de 1989, pero vamos a pasarla complicado.

Para salir adelante se necesitan las siguientes medidas que el gobierno kirchnerista no va a adoptar. En primer lugar disciplina fiscal, esto exige de una muy fuerte baja del gasto público. En segundo lugar una reducción de la presión impositiva. Es fácil imaginar que con déficit fiscal y reducción de la carga tributaria el nivel de baja de gasto público que hay que hacer es significativo. En tercer lugar eliminar todas las regulaciones que están frenando la capacidad de innovación y producción. Esto es más sencillo de hacer. Y, finalmente, reestablecer la seguridad jurídica para atraer inversiones. Otra tarea complicada porque la confianza cuesta mucho conseguirla pero se pierde en segundos.

El kirchnerismo no va a hacer nada de esto porque no está en su ideología, ni en sus objetivos, ni tiene interés. Por lo tanto, siempre queda picando la misma pregunta: ¿podrá CFK estirar la mecha de la bomba para que explote en 2016 o explotará antes? Si uno dice que explota antes, entonces está conspirando contra el gobierno, las instituciones y trabaja para los fondos buitres. De manera que no voy a responder a esta pregunta. Dejemos que el paso del tiempo responda por su cuenta. Solo tengamos en cuenta que hoy el no ajuste del sector público se traduce en el ajuste del sector privado, que justamente es el que mantiene al sector público. Explicar cómo el que vive explotando a otros puede seguir disfrutando de esa vida matando al que lo mantiene, es un desafío que se lo dejamos al gobierno. Explicar lo inexplicable: matar a mi mecenas solo por placer es de locos.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

Salir del cepo, relato o realidad

Por Aldo Abram. Publicado el 13/7/14 en: http://www.lanacion.com.ar/1709329-salir-del-cepo-relato-o-realidad

 

A veces, le es difícil a un candidato transmitir la realidad, y otras, les resulta más cómodo escuchar a los asesores que les plantean soluciones “facilistas”. Hay un cierto consenso en que será relativamente sencillo salir de los problemas gravísimos que dejará este gobierno gracias a las expectativas positivas que despertará un nuevo presidente.

El cepo es el caso más grave y difícil de resolver; por las distorsiones que ha generado y que habrá que corregir. Lamentablemente, volver a un mercado cambiario único y libre implicará reconocer la realidad de que el peso no vale alrededor de 12 centavos de dólar, sino mucho menos.

A lo largo de la gestión actual y del anterior gobierno se ha estado exprimiendo en forma creciente al Banco Central (BCRA), para obtener recursos que le permitan sostener niveles excesivos de gasto público. Para ello, el BCRA ha emitido de más, depreciando nuestra moneda y apoderándose de parte del poder adquisitivo de nuestros pesos para transferírselo al Gobierno. Esta quita es lo que usualmente conocemos como “impuesto inflacionario”.

En 2011, año electoral, el Gobierno decidió evitar que la desvalorización de nuestra moneda se reflejara en el tipo de cambio y arrastrara los precios de lo que los votantes compraban en los supermercados. El problema es que siguió gastando de más y demandando recursos del impuesto inflacionario. Esta decisión cambiaria se transformó en un precio máximo para las monedas extranjeras y, como todos hemos experimentado muchas veces en el supermercado, eso desincentiva su oferta y alienta su demanda, generando desabastecimiento. Pero, como en el mercado cambiario no puede haber “góndolas vacías”, el que terminó “llenándolas” fue el Central con pérdidas de reservas.

Luego de la victoria oficial en las elecciones presidenciales, el Gobierno debió haber moderado el ritmo de crecimiento del gasto y su presión sobre los recursos del BCRA. Sin embargo, la respuesta fue la inversa y eso exigió imponer el actual control de cambios, excluyendo del mercado oficial gran parte de la demanda de divisas de los particulares y empresas, para disminuir la presión sobre el tipo de cambio.

Sin embargo, siguió devaluando el peso sin reflejarlo en el “dólar cepo” y, por lo tanto, volvió a desincentivar la oferta y a incentivar la demanda. Conclusión: retornó la caída de reservas, que sólo pudo corregir parcial y coyunturalmente con un reconocimiento, a principios de año, de parte de esa devaluación en el tipo de cambio oficial.

El problema persiste y el próximo gobierno deberá salir a un mercado único y libre de cambio reconociendo la realidad. No habrá lluvia de dólares si antes no se resuelve esta ficción que implica que un inversor debe dejar un tercio o más del valor del capital que trae en las arcas del Banco Central. ¿Cuántos proyectos pueden ser rentables con esa “retención a la inversión extranjera”? Cabe destacar que para fines de 2015, esta quita será mayor.

Según nuestros cálculos, para salir del cepo con una suba del tipo de cambio de sólo 20% (como la de inicios de año), el futuro gobierno necesitaría capitalizar al “saqueado” BCRA con más de US$ 10.000 millones y, si lo fondeara con US$ 5000 millones, el alza necesaria sería de más de 50 por ciento. Será muy difícil que alguien esté dispuesto a brindar semejante financiamiento antes de que se tomen las principales medidas para resolver los problemas más graves del país, entre ellos, el mencionado control de cambios.

Aun si imagináramos que alguien nos prestará esos fondos, ¿cómo se resolverá el problema de un déficit fiscal que supera 5% del PBI? Una forma posible sería el alza del tipo de cambio que incrementa los recursos tributarios respecto del gasto, licuándolo. Otra es reducir las erogaciones, lo que implica bajar jubilaciones, salarios y empleo público, Si no, habría que conseguir financiamiento por más de US$ 15.000 millones para no tener que hacer ajuste alguno. ¿Quién nos va a prestar para que sigamos manteniendo elevados déficits fiscales?

Aun si suponemos que el futuro gobierno conseguirá semejante cantidad de crédito (algo imposible), el cepo asfixia a los sectores productores de bienes exportables e importables. Éstos ven cómo el dólar oficial, en el que se referencian sus precios, no refleja la real depreciación del peso, al tiempo que sus costos lo hacen plenamente. Por lo tanto, o se acepta la realidad de que el tipo de cambio vale más pesos o nuestra moneda se tiene que apreciar, lo que implica que todos los precios de la economía tienen que bajar (incluidos salarios, jubilaciones y el gasto público).

¿Alguien se puede imaginar un escenario de fuerte deflación en la Argentina?

Más allá del relato y de los discursos preelectorales, esperemos que los candidatos presidenciales y sus asesores tengan clara la realidad. Sin el diagnóstico adecuado, será difícil curar una economía que ya está en terapia intensiva, con una minimización de los costos sociales que esto implicará.

 

Aldo Abram es Lic. en Economía y director del Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados de Argentina (Ciima-Eseade) .