Deudas y pagos

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 26/4/15 en: http://www.libremercado.com/2015-04-26/carlos-rodriguez-braun-deudas-y-pagos-75469/

 

El presidente Obama dijo en una oportunidad que el gran aumento de la deuda pública durante su mandato no era preocupante porque una gran parte no estaba en manos extranjeras: “Nos la debemos a nosotros mismos”. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz dijo que el impago de la deuda no es malo: “Los períodos de cesación de pagos marcan el comienzo de la recuperación económica”, y puso como ejemplo mi Argentina natal.

El argumento de que la deuda pública no importa si el Estado la coloca entre sus súbditos es una antigua falacia mercantilista: es como si una mano le debiera a la otra, decían. Los economistas clásicos, desde Adam Smith, refutaron la idea y sostuvieron que la supuesta bondad de esa deuda simplemente indicaba que al Estado le resultaba más fácil colocarla puesto que podía subir los impuestos a los mismos que la compraban, cosa que no podía hacer con los compradores extranjeros. En la época actual, con deudas denominadas en monedas cuya emisión a menudo los propios Estados controlan, se añade que es más fácil para los Estados expropiar a sus súbditos con impuestos explícitos, con inflación (un impuesto implícito) y con impagos que tienen consecuencias menos nocivas para los gobernantes, que además pueden forzar la colocación con medidas (por ejemplo, sobre bancos o fondos de inversión o pensiones) difícilmente aplicables a los acreedores foráneos.

Los clásicos concluían de todo ello que había que limitar las emisiones de deuda pública, salvo en caso de guerra, porque era un recurso mediante el cual el Gobierno podía aumentar el gasto público sin necesidad de recaudar en cada momento para sufragar el gasto de cada momento. No era, por tanto, inocuo que la deuda fuera colocada localmente, entre otras cosas porque, al revés de lo que dijo Obama, esos “nosotros mismos” no somos iguales ante la ley: el Estado es más poderoso que los ciudadanos.

Una variante de la trampa conforme a la cual la deuda no importa si es comprada por nacionales es que tampoco importa no pagarla. Es lo que dicen Stiglitz y muchos otros con demasiada precipitación. Es verdad que la Argentina creció después de declarar el default a comienzos de 2002, pero ese año el PIB cayó un 12%, y después el país tuvo dos considerables ventajas de las que sus incumplidores gobernantes se beneficiaron. La primera, bien conocida, fue la apreciable subida en los precios de las materias primas. La segunda, sobre la que se reflexiona menos, es que el país no sufrió mucho con la reciente crisis financiera porque tampoco registró la burbuja previa. En efecto, al haber impagado la deuda… nadie quería prestarle. Pero de ahí a decir que el default es bueno porque después de él la economía crece hay un considerable trecho.

El argumento de los que recomienda impagar nunca pondera los efectos negativos de esa medida. Sostienen, así, que si un país deja de pagar, entonces puede destinar el dinero a otras cosas, como políticas monetarias y fiscales expansivas, lo que reanima la economía bajando los tipos de interés. Todo ello puede tener efectos perjudiciales, que rara vez son tenidos en consideración, del mismo modo que nunca se atiende a los intereses de las personas físicas y jurídicas que prestaron dinero a los Estados en su día, sólo para que después les digan tararí.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE.

El liberalismo, la libertad de expresión y de culto:

Por Gabriel Boragina. Publicado el 17/1/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/01/el-liberalismo-la-libertad-de-expresion.html

 

Es muy frecuente que la gente caiga en el error de suponer que el liberalismo propugna un sistema social sin límites, donde cualquiera haga y diga lo que se le dé la gana siempre, en todo momento, en todo lugar y a cualquier costo. Nada más lejos de la verdad. Los que así opinan y creen, no saben absolutamente nada de la esencia de la sociedad libre (a veces también llamada sociedad abierta, liberal o expresiones equivalentes que nosotros usamos de manera indistinta por considerarlas a todas ellas sinónimas).
La libertad pregonada por el liberalismo es la libertad responsable, y no hay otra manera en que el liberalismo entienda la palabra libertad más que esta. En el sistema liberal, libertad y responsabilidad son solamente dos caras de la misma moneda. Siempre van juntas, nunca separadas.
El liberalismo implica que mi libertad termina donde empieza la libertad de mi prójimo, y el límite de una y de otra libertad -en una sociedad libre- siempre viene dado por el contrato o por la ley. Ya sea de manera contractual o de manera legal (en rigor lo convenido esta subsumido en lo legal) la sociedad liberal determina los límites y la esfera dentro de la cual las personas han de ejercer sus respectivas libertades.
Implícito al liberalismo es el marco institucional donde, desde la Constitución hasta el contrato es a lo que todo el mundo ha de sujetarse. En su sistema, todos somos iguales ante la ley.
Esto incluye tanto la libertad de acción como la de expresión. Sólo podemos proceder y expresarnos libremente en tanto y en cuanto, tal acción o manifestación no implique (ya sea a sabiendas o presumiblemente) un perjuicio a otro (u otros). Pero -en última instancia, y en caso de conflicto al respecto- quien establece en una sociedad liberal si existe o no un daño, es el poder judicial que, por la propia definición del liberalismo, ha de estar separado y ser independiente del poder ejecutivo y del legislativo. Y ello siempre a instancia de quien se considerare personalmente agraviado y no en ningún otro caso.
Lo contrario a esto sería lo opuesto al liberalismo, configuraría la sociedad autoritaria o la dictadura, en la que unos se arrogan el derecho a decidir e imponer a los demás “qué es” y lo “qué no es” la “libertad” y hasta donde se puede ejercer. Que -en este caso- ya no sería “libertad”, sino algo menos que eso, una especie de semi-libertad o una caricatura de ella, dado que quien debería definirla seria el dictador de turno (cargo al que muchos -si bien inconfesablemente- aspirarían).
En el liberalismo, nadie, ni gobernantes ni gobernados están autorizados a imponer por la fuerza sus creencias, convicciones, credos o acciones -o ausencia de ellas- en tal sentido contra ninguna otra persona, sea una o muchas. La sociedad abierta es la sociedad del respeto integral al otro, lo que implica el respeto absoluto a su conciencia, a sus ideas, de sus dichos y de sus acciones, siempre y cuando -reiteramos porque a veces no se entiende- ninguna de esas ideas, dichos, acciones, manifestaciones, etc. ocasionen un menoscabo a un tercero.
Esto alcanza obviamente también a la libertad religiosa y de conciencia. El respeto liberal incluye no burlarse agresiva, reiterativa, desafiante y provocativamente de las creencias (religiosas o anti-religiosas) que otros abriguen, aunque sean por completo contrarias a las nuestras. Pero, nuevamente, será el contrato, la ley o la sentencia de un juez (siguiendo todas las instancias que la misma ley establezca) quien fijará si existe o no la “ofensa” que se alega, y se actuará en consecuencia. Es así y de este modo cómo se mueven las sociedades liberales.
En las sociedades autoritarias, por el contrario, impera el pensamiento único, la justicia por mano propia, el atropello, la fuerza y la violencia, la imposición y la cárcel, ya vengan desde la cúpula del poder o desde el llano. Esto es lo que desean los antiliberales.
En suma, en el liberalismo no existe un “derecho a blasfemar o a ofender” como algunos -ya sea por ignorancia o por error, lo mismo da- anhelan ellos mismos creer y -(lo que es peor) intentan hacer creer a los demás. Mal podría la filosofía de la suma consideración al prójimo (la liberal) alegar semejante barrabasada. Porque el liberalismo es la antítesis del libertinaje y no su símil. La sociedad abierta es la sociedad del orden y de la deferencia estricta al otro. En todo caso, quien se considere damnificado por otro, deberá acudir ante los tribunales para hacer valer su derecho y obtener el pertinente reconocimiento judicial al que se siente acreedor. Y si aquel logra sentencia favorable, la misma deberá ser cumplida y respetada por quien hubiere perdido el pleito. Así actúa una genuina sociedad liberal.
Dado que lo que es muy gracioso para uno puede ser terriblemente ofensivo para otro (y viceversa), el límite entre el chiste y el agravio se traza a través del acuerdo voluntario entre las partes implicadas. Y cuando tal arreglo contractual se viola, por cualquiera de ellas o por ambas, es ante la justicia donde se dirime la cuestión en el derecho liberal.
Para ello a tal efecto, en los códigos penales liberales existen las figuras típicas de los delitos de calumnias e injurias, y una rica jurisprudencia prescribe -en cada caso concreto- el alcance que estos tipos penales tienen y qué hechos son los que los conforman e incluyen.
El liberalismo es un orden, y como tal, contrario al caos y a la desorganización. Se desenvuelve dentro de las instituciones que el mismo orden liberal establece. Estas son: una Constitución republicana, con estricta y férrea limitación del poder político; división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) cada uno con su propio imperio en su específica esfera, armonía y paz social por excelencia, en donde las libertades se ejercen dentro del marco del contrato y de la ley, lo que también se ha llamado la sociedad contractual en oposición a la sociedad hegemónica que quieren los antiliberales (por definición autoritarios y pro-dictadores).
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.