La igualdad en la historia

Por Gabriel Boragina: Publicado el 23/12/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/01/la-igualdad-en-la-historia.html#!/2017/01/la-igualdad-en-la-historia.html

 

La declamación política de la igualdad jurídica –por una parte- y su manifestación contraria en el campo de los hechos –por la opuesta- no es, en verdad, algo novedoso, ni privativo de los tiempos modernos. Por el contrario, es asunto que se remonta muy atrás en la historia. Comencemos con el antiguo Egipto:

«Según Sánchez Viamonte, al dividir la historia política de Egipto, considera en el tercer período (del 3400 a 2200 a. C.), especialmente al final del mismo, el apogeo de la monarquía y en ella la consolidación de un principio igualitario en el derecho público, sosteniendo que «ante la ley, todos los egipcios son iguales en derecho, No hay nobles ni esclavos, aunque el Estado utiliza los prisioneros de guerra para la construcción de carreteras, o para trabajar en los dominios de la corona». «La familia -sigue diciendo-reposa sobre la igualdad jurídica de los cónyuges»[1]

Esa supuesta «consolidación» debió darse en el terreno de la letra de la ley, tal como ocurre en nuestros días también, en donde prácticamente todas las constituciones políticas del mundo proclaman la «consolidación» del mismo principio, en tanto que simultánea o posteriormente, se dictan una pléyade de leyes que consagran privilegios, prebendas y prerrogativas regias a determinado grupos o personas individuales, al tiempo que se les niega a otros. Así, bastaba el simple expediente de decidir quién era egipcio o quien no lo era, para estar incluido o excluido de plano en dicho hipotético régimen «igualitario», al igual que hoy, ciertos regímenes legales, como –por ejemplo- las leyes laborales, determinan quién merece o no merece ser calificado de «trabajador» para gozar o no de sus «beneficios», excluyendo de ellos a quienes -según esas mismas leyes- no disfrutan de «créditos» suficientes como para ser meritorios de tal etiqueta.

«Pero lentamente la monarquía se va caracterizando por un fuerte absolutismo, apoyado por la clase sacerdotal que se convierte por último en una oligarquía privilegiada, e integrada también por grandes funcionarios administrativos -visires- especie de nobleza que va acaparando beneficios y privilegios e inmunidades. «En adelante, la población se compondrá de nobles privilegiados y de vasallos que dependen de su dueño o señor a título perpetuo, y que se transforman en siervos». «La inmunidad fiscal de que gozaban los nobles hizo recaer todo el peso del impuesto sobre los pequeños poseedores, los cuales arruinados y endeudados, se ven en la necesidad de vender sus tierras a los grandes propietarios, cuando no son despojados de ellas» (9).»[2]

Dado que el poder tiende a concentrarse en el corto, mediano o largo plazo, el fenómeno no puede llamar la atención de nadie que no esté atento a lo que acontezca su alrededor. Porque, salvando las diferencias históricas y contextuales del caso, el esquema corriente de nuestros días es -en esencia- similar: el poder político indefectiblemente tiende a crecer y absorber al económico, y la explotación que el estado-nación moderno ejerce sobre sus súbditos contribuyentes al exprimirlos con impuestos, sólo en las formas y modos difiere a la que se describe como sucedida en el antiguo Egipto. La pretérita nobleza se esconde actualmente entre los partidos políticos que normalmente acceden al poder o se turnan en el mismo. A los otrora vasallos ahora se les llama «contribuyentes» que si lo son, es únicamente por la fuerza de la ley, pero no por la razón de ella. Ya que la ley injusta no es propiamente ley, aunque técnicamente se la designe así.

«Siguiendo con la evolución política y social de Egipto, entre los años 2360 y 2180 a. C. corre un período de verdadera revolución social, documentada por algunas piezas arqueológicas halladas, que demuestran un grado de subversión tal en la organización social y política del pueblo egipcio, que da la impresión que todo se hubiera transformado y pervertido. A ese descalabro sigue el advenimiento de la monarquía tebana que organiza un gobierno centralista, apoyado por una clase formada por funcionarios y togados, impulsándose la actividad comercial como base de la expansión y del progreso, aflorando también principios místicos en el culto al Dios Osiris, que trae una igualdad de los hombres ante el Dios, y un sentimiento piadoso que impulsa hacia las grandes peregrinaciones al célebre templo de Osiris en Abydos.»[3]

Este párrafo es bien curioso. Parece que el autor opone a la supuesta transformación y perversión en la «organización social y política del pueblo egipcio» «el advenimiento de la monarquía tebana que organiza un gobierno centralista». Da la impresión que la alusión al gobierno centralista como «solución» a tal hipotético «descalabro» implicaría que este último estaría representado por algún movimiento federalista (o parecido) en el seno de la sociedad egipcia. Si así fuera, llama la atención las connotaciones que el autor en examen le estaría otorgando a la supuesta revolución federalista (la que tilda con los epítetos de subversión, perversión, descalabro). Hay un claro tufillo estatista en el comentario citado. Los términos elogiosos, el autor los dedica a la monarquía centralista, a funcionarios y togados. Es decir, a elementos políticos, no civiles. Lo único positivo del comentario estaría representado por el impulso a «la actividad comercial como base de la expansión y del progreso», pero nos quedará la duda de a quien o quienes beneficiaba ese comercio, si exclusivamente a los nobles o (lo más difícil) al resto del pueblo. Es frecuente aludir en la historia al «progreso» en general, pero cuando se indaga más a fondo, con esta palabra se quiere -en realidad- significar a menudo la construcción de obras monumentales, ministerios fastuosos, de templos o ídolos, o palacios, o fortalezas descomunales y bien armadas, flotas provistas para el combate naval, (o, mas modernamente, aéreo), obas de ingeniería militar, o a ridículas competencias inter-estados como la tristemente célebre «carrera espacial» otrora llevada entre los EEUU y la URSS, «emprendimientos» estales de los mas inútiles, costosos en millones de dólares y llevados a cabo sólo para masajear el ego de los burócratas encaramados en el poder de esos y otros tantos países. Hay gente que se refiere a todo esto como «progreso» lo que nada tiene que ver con nuestra idea de tal cosa.

[1] Dr. Antonio Castagno. Enciclopedia Jurídica OMEBA Tomo 14 letra I Grupo 02. Voz «igualdad».

[2] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz «igualdad».

[3] Castagno, A. Enciclopedia….Ob. cit. Voz «igualdad».

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

¿Por qué no una política de “cielos abiertos”?

Por Alejandro Sala:

 

La gestión de la señora Isela Constantini como Presidenta de Aerolíneas Argentinas difícilmente llegue a buen término, no por falta de idoneidad de la funcionaria, sino porque la tarea que le fue encomendada es irrealizable. No hay modo de que una compañía que opera en un entorno de privilegios económicos, intereses políticos y ambiciones gremiales pueda ser eficiente. Toda la estructura de incentivos vinculada a la gestión de la organización la lleva a priorizar cualquier otro criterio antes que la eficiencia empresarial.

 

Para que una compañía sea eficiente, debe operar en un contexto de libre competencia en condiciones de igualdad jurídica con sus similares. Entonces, la gestión de los ejecutivos de la compañía estará orientada a tratar de mejorar la relación calidad-precio ofrecida a los clientes para tratar de incrementar las ventas de la empresa. En el caso de una compañía aérea, esto implica incrementar los vuelos a los destinos más demandados, ser puntual, brindar un buen servicio a bordo y un sinfín de detalles más que le hacen a la eficiencia en la atención al pasajero, todo ello, naturalmente, a precios competitivos.

 

Para que este proceso se desarrolle, es esencial, además, que la empresa cuente con buenos equipos de dirección, que estén permanentemente pendientes de la evolución de las demandas del mercado y que sean capaces de identificarlas, para implementar las políticas corporativas apropiadas para dar respuestas satisfactorias a esos requerimientos.

 

Aerolíneas Argentinas no opera conforme a estos parámetros porque es una empresa concebida con fines políticos. Hay una creencia según la cual el acto de poseer una “línea aérea de bandera” tiene algún significado político especial, vinculado con la grandeza de la patria y el ejercicio de la soberanía, entre otros objetivos más bien declamativos que concretos. En medio de ese clima institucional es que sobrevienen las pujas políticas, los intereses gremiales y las inequidades competitivas.

 

Por lo tanto, Aerolíneas seguirá siendo ineficiente, cara, subsidiada, sobredimensionada… No porque Constantini no sea capaz de administrar una empresa aérea, sino porque no podrá superar todos los obstáculos e intereses creados que le impedirán optimizar la eficiencia de la compañía. ¿Cuál podría ser entonces la solución?

 

Pues, sencillamente, eliminar las consideraciones políticas del tratamiento del tema, desregular el mercado de transporte aerocomercial de cargas y pasajeros y generar condiciones que incentiven la competencia, la aparición de nuevas empresas, la búsqueda de nuevas rutas y el mejoramiento sistemático del servicio, adecuándolo a las demandas de los pasajeros. Entonces, el Estado dejaría de perder dinero, los pobres no estarían financiando con sus impuestos los viajes de los ricos, los pasajeros viajarían mejor… Aerolíneas Argentinas, como la conocemos, no debería existir más. Si el mercado se abre, quien visualice la posibilidad de hacer un negocio, deberá invertir en aviones y en toda la logística relacionada con la actividad y el resultado final sería un mejor servicio, pagado por quienes lo usen y un proceso de evolución permanente en la búsqueda de prestaciones acordes con las cambiantes demandas de los clientes.

 

El Estado tendría la función de definir los estándares de seguridad y de capacitación de los pilotos, de modo de evitar que aventureros irresponsables se lancen a prestar servicios que pongan en riesgo la vida de los pasajeros. Esas exigencias serían iguales para todas las empresas y quien cumpla esas condiciones técnicas quedaría automáticamente habilitado para ofrecer el servicio. En el caso de que, por razones supuestamente políticas, vinculadas con una “estrategia de integración territorial”, existiera el deseo de que haya vuelos a destinos poco rentables que las compañías privadas no estén dispuestas a cubrir, la solución es, sencillamente, que el Congreso destine las partidas correspondientes en el presupuesto nacional y que el Estado contrate los vuelos chárters que hayan sido votados por los legisladores.

 

En definitiva, una política de “cielos abiertos” sería la mejor forma de organizar el sistema de transporte aerocomercial de pasajeros. Por supuesto que esto implica aplicar una política de mercado. Pero ¿cuál es el problema? Al fin y al cabo, el objetivo es que se preste el servicio con eficiencia y al menor costo posible. Si el mercado facilita el logro de ese objetivo, sería mejor dejar de lado los prejuicios ideológicos y concentrarse en la búsqueda de los mejores resultados.

 

Alejandro Sala es ex-alumno de la Licenciatura en Ciencias Sociales de ESEADE. Es autor del artículo «El crédito y la libertad bancaria en un régimen de reserva fraccionaria» (RIIM, N°60, mayo de 2014) y del libro El espíritu del mercado: la economía al servicio del consumidor (Buenos Aires: Editorial Dunken), entre otros escritos.