Milton & Rose Friedman sobre un tema de fundamental importancia: el papel de las ideas en la evolución de las sociedades

Por Martín Krause. Publicado el 11/1/19 en: http://bazar.ufm.edu/milton-rose-friedman-tema-fundamental-importancia-papel-las-ideas-la-evolucion-las-sociedades/

 

Con los alumnos de la materia Public Choice vemos un artículo breve y simple de Milton y Rose Friedman, pero sobre un tema de fundamental importancia, el papel que cumplen las ideas en la evolución de las sociedades, los ciclos que se generan, los procesos de cambio y las crisis como detonantes de muchos de esos cambios. Es de fundamental importancia en todas nuestras sociedades. Así presentan el tema:

”El objetivo de este ensayo es modesto: presentar una hipótesis que se ha tornado cada vez más razonable para nosotros a medida que pasan los años, ilustrarla con ejemplos de los últimos tres siglos y analizar algunas de sus implicancias. La hipótesis es la siguiente: un cambio importante en la política social y económica está precedido por un cambio en el clima de la opinión intelectual, generado, al menos en parte, por circunstancias sociales, políticas y económicas contemporáneas. Este cambio puede comenzar en un país pero, si es duradero, termina por difundirse en todo el mundo. Al principio tendrá poco efecto en la política social y económica. Después de un intervalo, a veces de décadas, una corriente intelectual “tomada en su punto culminante” se extenderá al principio gradualmente, luego con más rapidez, al público en general y a través de la presión pública sobre el gobierno afectará las medidas económicas, sociales y políticas. A medida que la corriente de acontecimientos alcanza su punto culminante, la corriente intelectual comienza a disminuir, compensada por lo que A. V. Dicey denomina las contracorrientes de opinión, que representan generalmente una reacción a las consecuencias prácticas atribuidas a la corriente intelectual anterior. Las promesas tienden a ser utópicas. Nunca se cumplen, y por lo tanto desilusionan. Los protagonistas iniciales de la corriente de pensamiento desaparecen y la calidad intelectual de sus seguidores y partidarios disminuye en forma inevitable. Hacen falta independencia y coraje intelectuales para iniciar una contracorriente que domine la opinión, y también, aunque en menor medida, para unirse a la causa. Los jóvenes emprendedores, independientes y valientes buscan nuevos territorios para conquistar y ello requiere explorar lo nuevo y lo no probado. Las contracorrientes que juntan sus fuerzas ponen en movimiento la próxima marejada, y el proceso se repite.

No es necesario mencionar que este esquema está demasiado simplificado y excesivamente formalizado. En particular, omite cualquier análisis de una interacción sutil mutua entre la opinión intelectual, la opinión pública y el curso de los acontecimientos. Siempre se dan cambios graduales en las políticas y en los acuerdos institucionales. Sin embargo, los cambios importantes rara vez ocurren, excepto en los tiempos de crisis, cuando, utilizando la frase evocadora de Richard Weaver,”las ideas tienen consecuencias”. La corriente de pensamiento llega al público por medio de intelectuales de diversas profesiones: maestros y predicadores, periodistas de la prensa escrita o de la televisión, eruditos y políticos. El público comienza a reaccionar a esta crisis de acuerdo con las opciones que los intelectuales han explorado, opciones que limitan en forma eficaz las alternativas abiertas a los poderes existentes. En casi toda corriente una crisis se identifica como el catalizador de un cambio importante en la dirección de la política.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

El liberalismo, la libertad de expresión y de culto:

Por Gabriel Boragina. Publicado el 17/1/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/01/el-liberalismo-la-libertad-de-expresion.html

 

Es muy frecuente que la gente caiga en el error de suponer que el liberalismo propugna un sistema social sin límites, donde cualquiera haga y diga lo que se le dé la gana siempre, en todo momento, en todo lugar y a cualquier costo. Nada más lejos de la verdad. Los que así opinan y creen, no saben absolutamente nada de la esencia de la sociedad libre (a veces también llamada sociedad abierta, liberal o expresiones equivalentes que nosotros usamos de manera indistinta por considerarlas a todas ellas sinónimas).
La libertad pregonada por el liberalismo es la libertad responsable, y no hay otra manera en que el liberalismo entienda la palabra libertad más que esta. En el sistema liberal, libertad y responsabilidad son solamente dos caras de la misma moneda. Siempre van juntas, nunca separadas.
El liberalismo implica que mi libertad termina donde empieza la libertad de mi prójimo, y el límite de una y de otra libertad -en una sociedad libre- siempre viene dado por el contrato o por la ley. Ya sea de manera contractual o de manera legal (en rigor lo convenido esta subsumido en lo legal) la sociedad liberal determina los límites y la esfera dentro de la cual las personas han de ejercer sus respectivas libertades.
Implícito al liberalismo es el marco institucional donde, desde la Constitución hasta el contrato es a lo que todo el mundo ha de sujetarse. En su sistema, todos somos iguales ante la ley.
Esto incluye tanto la libertad de acción como la de expresión. Sólo podemos proceder y expresarnos libremente en tanto y en cuanto, tal acción o manifestación no implique (ya sea a sabiendas o presumiblemente) un perjuicio a otro (u otros). Pero -en última instancia, y en caso de conflicto al respecto- quien establece en una sociedad liberal si existe o no un daño, es el poder judicial que, por la propia definición del liberalismo, ha de estar separado y ser independiente del poder ejecutivo y del legislativo. Y ello siempre a instancia de quien se considerare personalmente agraviado y no en ningún otro caso.
Lo contrario a esto sería lo opuesto al liberalismo, configuraría la sociedad autoritaria o la dictadura, en la que unos se arrogan el derecho a decidir e imponer a los demás “qué es” y lo “qué no es” la “libertad” y hasta donde se puede ejercer. Que -en este caso- ya no sería “libertad”, sino algo menos que eso, una especie de semi-libertad o una caricatura de ella, dado que quien debería definirla seria el dictador de turno (cargo al que muchos -si bien inconfesablemente- aspirarían).
En el liberalismo, nadie, ni gobernantes ni gobernados están autorizados a imponer por la fuerza sus creencias, convicciones, credos o acciones -o ausencia de ellas- en tal sentido contra ninguna otra persona, sea una o muchas. La sociedad abierta es la sociedad del respeto integral al otro, lo que implica el respeto absoluto a su conciencia, a sus ideas, de sus dichos y de sus acciones, siempre y cuando -reiteramos porque a veces no se entiende- ninguna de esas ideas, dichos, acciones, manifestaciones, etc. ocasionen un menoscabo a un tercero.
Esto alcanza obviamente también a la libertad religiosa y de conciencia. El respeto liberal incluye no burlarse agresiva, reiterativa, desafiante y provocativamente de las creencias (religiosas o anti-religiosas) que otros abriguen, aunque sean por completo contrarias a las nuestras. Pero, nuevamente, será el contrato, la ley o la sentencia de un juez (siguiendo todas las instancias que la misma ley establezca) quien fijará si existe o no la “ofensa” que se alega, y se actuará en consecuencia. Es así y de este modo cómo se mueven las sociedades liberales.
En las sociedades autoritarias, por el contrario, impera el pensamiento único, la justicia por mano propia, el atropello, la fuerza y la violencia, la imposición y la cárcel, ya vengan desde la cúpula del poder o desde el llano. Esto es lo que desean los antiliberales.
En suma, en el liberalismo no existe un “derecho a blasfemar o a ofender” como algunos -ya sea por ignorancia o por error, lo mismo da- anhelan ellos mismos creer y -(lo que es peor) intentan hacer creer a los demás. Mal podría la filosofía de la suma consideración al prójimo (la liberal) alegar semejante barrabasada. Porque el liberalismo es la antítesis del libertinaje y no su símil. La sociedad abierta es la sociedad del orden y de la deferencia estricta al otro. En todo caso, quien se considere damnificado por otro, deberá acudir ante los tribunales para hacer valer su derecho y obtener el pertinente reconocimiento judicial al que se siente acreedor. Y si aquel logra sentencia favorable, la misma deberá ser cumplida y respetada por quien hubiere perdido el pleito. Así actúa una genuina sociedad liberal.
Dado que lo que es muy gracioso para uno puede ser terriblemente ofensivo para otro (y viceversa), el límite entre el chiste y el agravio se traza a través del acuerdo voluntario entre las partes implicadas. Y cuando tal arreglo contractual se viola, por cualquiera de ellas o por ambas, es ante la justicia donde se dirime la cuestión en el derecho liberal.
Para ello a tal efecto, en los códigos penales liberales existen las figuras típicas de los delitos de calumnias e injurias, y una rica jurisprudencia prescribe -en cada caso concreto- el alcance que estos tipos penales tienen y qué hechos son los que los conforman e incluyen.
El liberalismo es un orden, y como tal, contrario al caos y a la desorganización. Se desenvuelve dentro de las instituciones que el mismo orden liberal establece. Estas son: una Constitución republicana, con estricta y férrea limitación del poder político; división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) cada uno con su propio imperio en su específica esfera, armonía y paz social por excelencia, en donde las libertades se ejercen dentro del marco del contrato y de la ley, lo que también se ha llamado la sociedad contractual en oposición a la sociedad hegemónica que quieren los antiliberales (por definición autoritarios y pro-dictadores).
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

LEYES DE ABASTECIMIENTO Y DE ANTITERRORISMO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

No soy muy afecto a escribir sobre coyunturas por dos motivos. Primero, porque la mayoría de los columnistas lo hace y segundo porque sostengo que al efecto de influir sobre el pensamiento de fondo hay que trabajar sobre las ideas, valores y principios que están detrás de tal o cual coyuntura. Limitarse a exhibir la coyuntura se circunscribe a un trocito de la realidad del caso sin explicar nexos causales que permiten entender los daños o los beneficios de tal o cual política ni permiten contar con un panorama más amplio para escudriñar lo que ocurre.

 

El relato de la coyuntura no escarba en el fondo del asunto, se limita a mostrar el suceso lo cual ni siquiera puede interpretarse si no se dispone de un adecuando esqueleto conceptual. Más bien es pertinente subrayar que la buena coyuntura se dará por añadidura si se comprende y comparte la teoría que permite corregir lo que haya que corregir. “Nada más práctico que una buena teoría” ha dicho Paul Painlavé. Hay una alarmante escasez en el debate de ideas y un sobrante de comentarios superficiales de coyunturas.

 

Si embargo, hay coyunturas de tal gravedad que no puede eludirse su mención lo cual simultáneamente requiere detenerse en la explicación de su significado en cuanto a ideas, valores y principios que acarrean. En este caso se trata de las recientes declaraciones del gobierno argentino. Me refiero a las aplicaciones de la leyes de abastecimiento y de antiterrorismo.

 

En el primer caso, es el resurgimiento de la norma autoritaria impuesta en el tercer período presidencial de Perón en 1974 reeditando medidas similares de sus dos gobiernos anteriores (leyes de “agio y especulación”) con la que había amenazado varias veces durante su tercer mandato antes de ser finalmente promulgada en su gobierno,  también fue utilizada primero como amenaza por el último gobierno militar para luego establecer precios máximos, en los hechos vuelta a aplicar la ley de abastecimiento por el ex Secretario de Comercio de la actual gestión gubernamental, ley que ahora se proyecta modificar acentuando aun más la grosería estatista. Se trata de una norma que permite al aparato estatal clausurar, multar, incautar mercadería, imponer márgenes operativos y precios, allanar sin orden judicial actividades comerciales, industriales y agropecuarias (es decir, confiscaciones de facto).

 

Resulta cansador (agotador) tener que reiterar los efectos devastadores de tales normas, las cuales vienen fracasando estrepitosamente desde 18 siglos antes de Cristo con el Código de Hammurabi y 300 años antes de Cristo en la época de Dioclesiano en la Roma antigua y siempre con la intención de encubrir los desaguisados generados por los gobiernos a través de controles absurdos que ellos mismos imponen y la falsificación monetaria que provocan.

 

Veamos sumariamente los efectos que generan los precios máximos (“precios cuidados” le dicen ahora en los pasillos burocráticos argentinos) ocurridos en todos lados y en todas las circunstancias que en las que se han aplicado.

 

Primero, al bajar artificialmente el precio se expande la demanda. Segundo, sacando una fotografía de ese instante por el hecho de incrementarse la demanda no aumenta la oferta por lo que aparece faltante artificial. Tercero, los productores marginales (los menos eficientes) incurren en quebrantos por lo que se retiran del mercado. Cuarto, debido a lo señalado en el punto anterior se contrae la oferta con lo cual se intensifica el referido faltante artificial. Quinto, se alteran los precios relativos convirtiendo a otros reglones en más atractivos artificialmente (es decir, los bienes sujetos a los precios máximos son generalmente de primera necesidad y, sin embargo, aparecen artificialmente como menos atractivos debido a los precios políticos achatados). Y sexto, surge el mercado negro al efecto de abastecer el mercado (con precios que incluyen la prima por el riesgo de operar en ese campo).

 

En no pocas ocasiones se sostiene que en medio de una catástrofe debe hacerse una excepción e imponerse precios máximos. Por ejemplo frente a una epidemia se sugiere establecer precios máximos a productos farmacéuticos. Pero incluso en este caso lamentable, si el aparato estatal se entromete estableciendo precios máximo se reproducirán los efectos apuntados. En otros términos, debido a esa política no estarán disponibles los fármacos para los que lo demandan (demanda es necesidad más poder de compra) y no solo eso sino que se estará comprometiendo el futuro ya que por lo dicho disminuirá la oferta, lo cual significa que se estará matando a más gente. Es que cuanto más desesperante sea la situación, más razón para que los precios pongan de manifiesto la realidad. En resumen, las leyes de “abastecimiento” desabastecen.

 

Por otra parte los “precios” políticos no son precios, son simples números que dicta la autoridad ya que un precio expresa las valorizaciones cruzadas entre compradores y vendedores. El llamado precio político no es relevante al efecto contable o para la evaluación de proyectos. Cuanto más se aparte del precio real, menor será la posibilidad de cálculo económico.

 

La otra ley aludida -la antiterrorista- promulgada por el Parlamento argentino en 2007 y ampliada en 2011 e incrustada en el Código Penal se refiere a varios asuntos como para ocultar el eje central de esa norma cual es las penas por “aterrorizar a la población”, pero henos aquí que no apunta a terroristas (como algunos pone-bombas de los que han ejercido y ejercen funciones gubernamentales sin haber redimido sus delitos) sino que hace de operación pinza con la ley de abastecimiento para combatir a los que se oponen al gobierno o los que no proceden del modo que agrada a los gobernantes sin que las personas a las que se pretende aplicar esta ley hayan cometido delito alguno, esto es,  sin que se hayan lesionado derechos de terceros.

 

Esto se ve por la aplicación en línea con esa norma en el caso de un periodista de Santiago del Estero y se constata con el caso de una empresa que se declaró en quiebra y por tanto ha debido despedir a su personal (cuando hay operaciones fraudulentas, es otro el canal comercial y penal que pretender por la “ley antiterrorista” que el tribunal revoque el auto de quiebra). Ahora parece que esto -anunciado con bombos y platillos por cadena nacional- quedará sin efecto debido a que el ridículo resultó patente, pero de todos modos el anuncio debe poner en guardia a empresarios que por la difícil situación por la que atraviesa el país se vean amenazados por tener que despedir personal, a protestas varias que intentan ser bloqueadas y, debido a reiterados ataques a la prensa independiente, debe poner en guardia periódicos que con sus informaciones fidedignas pueden “aterrar a la población”.

 

Lo que verdaderamente aterra es la conducta de los actuales gobernantes que han acentuado el populismo que viene aplicándose en el país desde hace siete décadas. El gasto público astronómico, los impuestos insoportables, el déficit astronómico, la inflación galopante y las regulaciones asfixiantes provocan terror en la población diariamente junto con la inseguridad también aterradora lo cual se extiende a no pocos ámbitos de la justicia.

 

Es por cierto muy desafortunado que hayan “constitucionalistas” que se pronunciaron contra la ley antiterrorisata en el sentido de que “no aplica” al caso de la mencionada empresa que se declaró en quiebra y se retiró del país, puesto que lo que no aplica es la existencia misma de semejante ley en el aspecto referido.

 

Estas dos leyes propias de un gobierno autoritario tienen su raíz más cercana en el chavismo con los horrendos efectos que son del dominio público. Estos ataques a las bases de la sociedad abierta deben ser repelidos con la mayor energía. Lamentablemente se ha visto la cobardía de muchos empresarios-aplaudidores (muchos pseudoempresarios amigos del poder que operan sustentados en privilegios y mercados cautivos que explotan a la gente) y respecto al rol esencialísimo del cuarto poder, da tristeza que ciertos periodistas mendiguen pautas oficiales de publicidad a raíz de la discriminación desde el poder, en lugar de combatir la existencia fascista de agencias estatales de noticias, tema sobre el cual personalmente he mantenido discusiones fértiles con algunos editores.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

La maldición de los recursos naturales y una salida convirtiendo a todos en accionistas

Por Martín Krause. Publicado el 12/7/14 en: http://bazar.ufm.edu/la-maldicion-de-los-recursos-naturales-y-una-salida-convirtiendo-a-todos-en-accionistas/

 

Un alumno leyó el Cap. 5 del libro, “Incentivos e información de políticos y funcionarios (Parte II)”, donde se presenta el caso argentino y se busca explicar que los políticos actuaron en base a una cierta visión del mundo, una teoría económica (la enfermedad holandesa), y un conveniente negocio político. Aquí van sus comentarios y abajo contesto las preguntas:

• Resumen:

“La maldición de los recursos naturales” se da en países que descubren un importante recurso natural, y que en lugar de terminar siendo una gran oportunidad y una bendición, termina sumiendo al país en la pobreza e incluso llegando a una guerra civil; pudiera llamarse un fracaso de un gobierno. Una gran oportunidad y bendición sería el caso de un país que aprovecha estos recursos para crecer (Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile o Botsuana). Pero algo causa que países ricos en recursos, contrariamente crezcan menos, o incluso decrezcan, que países pobres en recursos naturales. Explicación: La “enfermedad holandesa”: pérdida de competitividad de una economía a causa de la revaluación de la moneda, originada a su vez por el importante volumen de exportaciones de un determinado recurso natural, que lleva al tipo de cambio a un nivel muy bajo para que el resto de las actividades de producción de bienes transables pueda competir con las importaciones. Dos efectos: 1. Movimiento de recursos: el auge en el sector que produce el recurso natural eleva la productividad marginal de los recursos utilizados allí, ocasionando otros ajustes en los precios relativos de la economía, incluyendo el tipo de cambio. 2. Gastos: se debe a que el mayor ingreso real como resultado del auge lleva a un mayor gasto en servicios, que eleva sus precios, causando una apreciación real de la moneda.

• Dos temas nuevos o más interesantes de la lectura:

Temas interesantes: explicaciones desde el punto de vista institucional, o “fallas del gobierno”. El rent-seeking se vuelve mucho más rentable. El gobernante actúa de forma oportunista, gracias al boom generado por el recurso, y trata de maximizar la posibilidad de su reelección aumentando la burocracia. Se traslada fuerza de trabajo del sector más productivo al menos productivo, hay más corrupción, compra de votos y clientelismo. En este marco institucional, el ciudadano de a pie tiene poco con qué negociar y exigir un mejor gobierno. Un marco institucional que promueva el progreso y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, normalmente resulta de una serie de intercambios de recursos: impuestos por instituciones. El gobierno acepta ser limitado en su poder monopólico, porque los recursos provienen de contribuyentes que exigen rendición de cuentas sobre su dinero, o al menos sienten la presión impositiva en contraposición con los servicios que del gobierno reciben. Si el recurso se financia ahora con fondos que obtiene del recurso, no tiene por qué rendir cuentas a nadie. Como el cobro de impuestos ha generado siempre algún tipo de resistencia o incluso revueltas en la medida que se exagera sobre la forma de utilizarlos, y el endeudamiento depende de la capacidad de demostrar un flujo de ingresos, los gobiernos tuvieron que limitar sus poderes para poder recaudar impuestos: el principio de que no habrá impuestos sin representación. Cuando se financian los fondos de la renta de un cierto recurso esas presiones no se producen.

• Tres preguntas para el autor:

  1. ¿Cómo puede educarse a la sociedad para que logre entenderse lo conveniente que sería que el gobierno devolviera la propiedad del subsuelo (y la renta) a sus legítimos dueños los ciudadanos?

Esto lo trato en el capítulo sobre “Cambio Institucional”: dependerá de las ideas y valores que predominen en la sociedad en un determinado momento. Las crisis juegan un papel ya que se incentiva la demanda de ideas. Si se hace evidente el fracaso del estatismo en el manejo de un recurso natural, tal vez exista una oportunidad como para realizar tal cambio.

  1. ¿Cómo cambiar lo que ya es una maldición de un recurso, a una bendición?

Como muestran algunos países, se trata de tener instituciones de calidad que eviten la rapiña por las rentas del recurso.

  1. ¿Cómo cambiar el statu quo de depender de la renta de un recurso natural, que es distribuido por el gobierno, capturando a los ciudadanos?

Una idea podría ser convertir a los ciudadanos en accionistas. Es decir, si el recurso es “propiedad de todos” en manos del estado, hagamos que sea propiedad de todos distribuyendo acciones entre todos los habitantes. Así, serán propietarios, y actuarán como tales.

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Democracia y Educación

Por Juan Carlos Cachanosky. Publicado el  22/3/14 en http: http://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2014/03/22/democracia-y-educacion-por-juan-carlos-cachanosky/

 

Varios pensadores partidarios de una sociedad libre han puesto mucho énfasis en la distorsión que se ha generado en el concepto de democracia. En nuestros días todo parece indicar que democracia es el gobierno de las mayorías sin límite alguno a lo que puede hacer. Un cheque en blanco para atropellar derechos individuales. Las promesas que realizan los candidatos un puesto político se ha convertido en una competencia para ver quien viola más los derechos de minorías. Estas promesas consisten en dar beneficios a un grupo con más caudal de votos a costa de los grupos que aportan menos votos. Ya nos hemos apartado mucho del concepto de que un gobierno es elegido para administrar “el imperio de la ley”. Tal vez el libro de Frédréric Bastiat, La Ley, es el mejor ejemplo de lo vieja que es esta confusión, pero todavía podemos retroceder a los antiguos filósofos griegos y encontrar las mismas reflexiones. Inclusive en el Antiguo Testamento podemos leer “La ciudad fue en otro tiempo paraíso de justicia. Y ahora es de homicidios. Tu dinero se ha convertido en basura. Y tu vino se ha adulterado con el agua. Tus gobernantes son desleales y van a media con los ladrones. Todos gustan de regalos y van detrás de su interés”, Isaías I:21:22.

 

Pero aun cuando algunos gobernantes y gobernados entiendan el concepto de democracia limitada, las ideas son comprables. El interés particular “a costa de otros” pasa a ser prioridad. ¿Será que desde la Antigua Grecia hasta nuestros días estamos condenados que la democracia y el gobierno limitado son incompatibles? Por otra parte nada garantiza que un gobierno no democrático vaya a ser respetuoso del “imperio de la ley”.

Políticos, empresarios, trabajadores, todos ven al Estado como fuente de hacerse de más riqueza violando derechos de terceros. Un mercado competitivo es “incómodo” cuánto más fácil es ganar dinero con protecciones. La educación y la difusión “masiva” pueden ser uno de los mejores medicamentos para contribuir a hacer valorar la importancia del “imperio de la ley”.

En muchos países de Latinoamérica hay fundaciones e instituciones que persiguen este fin. Pero los esfuerzos, hasta el momento no parecen tener sus frutos. En Argentina se fundó en 1978 ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas) gracias a la visión de un grupo de empresarios que estaban convencidos de esta misión. El director de ESEADE fue por más de 20 años Alberto Benegas Lynch (h) y es un buen ejemplo del efecto multiplicador que necesitamos. Mientras otras instituciones estaban más preocupadas en construir edificios, Alberto, junto a Ezequiel Gallo, produjo un verdadero grupo de académicos defensores de la libertad.  En ESEADE se generó un clima de investigación y estudio pocas veces visto. Entre ellos Alejandro Chafuen, Gabriel Zanotti, Martín Krause, Ricardo Rojas, Enrique Aguilar, Estaban Thomsen, Alfredo Irigoin, Eduardo Zimmermann. ESEADE fue la plataforma de despegue, luego cada uno siguió su propio camino, la mayoría en el área académica, enseñando y escribiendo libros y algunos como exitosos empresarios. Es una lástima que hoy esta institución haya hoy abandonado la visión de sus fundadores. Pero también hubo un efecto multiplicador en alumnos como, Alejandro Gómez, Pablo Guido, Adrián Ravier, Sebastián Landoni. Alberto Benegas Lynch (h) tuvo esta gran visión y Ezequiel Gallo fue toda una insignia dirigiendo el Departamento de Investigaciones. Varias universidades en distintos países se han beneficiado de este efecto multiplicador de ESEADE.

Otro ejemplo fue Rogelio Pontón en Rosario, Argentina. Sin haber fundado una institución fue capaz de formar un grupo de excelentes profesionales. Rogelio no construyó edificios, produjo capital humano de alta calidad académica. Muchos de ellos hoy divulgando las ideas de la libertad.

Hay grupos en Brasil, como el Instituto Liberal o el Instituto de Estudios Empresariales que también hacen una gran labor en producir intelectuales que investiguen y publiquen.

Necesitamos más empresarios con la visión de aquellos fundadores del ESEADE de Argentina. Hay que redoblar la apuesta en la difusión de ideas lo que implica armar una “línea de producción” de futuras generaciones de profesores. Parece haber solamente dos opciones o las armas o la fuerza de las ideas. Prefiero la segunda, pero si no la fortalecemos corremos el peligro de que por las armas perdamos nuestra libertad y propiedad. Venezuela no es un sueño, es una realidad.

Bejamin Franklin: “An investment in knowledge pays the best interest”

Wiston Churchill: “A pessimist sees the difficulty in every opportunity, an optimist sees the opportunity in every difficulty”

 

Juan Carlos Cachanosky es Lic. en Economía, (UCA), y Doctor of Philosophy in Economics, International College, California. Es director del Doctorado en Administración de Swiss Management Center. Ex profesor e investigador senior en ESEADE. Fue profesor y director del Departamento de Economía de UCA, (Campus Rosario). Ha sido decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. 

Francisco, el libertario

Por Alejanddro Tagliavini. Publicado el 14/7/13 en http://www.laprensademonagas.info/Articulo.aspx?s=20&aid=130645#Escena_1

“Desde 1993, en la frontera de EE.UU., han muerto 5.595 “ilegales”

Al mundo no “lo mueven las ideas” sino que se desarrolla con “hechos conducentes”, motorizados por la autoridad moral cuando ejerce su liderazgo natural.
Por caso, en general los hijos no cumplen lo que dicen sus padres sino que los imitan. Así, que el Papa converse con organismos de la ONU dedicados a “combatir el hambre”, les suena bien a los “progre”, pero es intrascendente porque estas organizaciones jamás combatirán la miseria, por el contrario, son parte del problema, ya que se financian con impuestos, coactivamente cobrados por los gobiernos, que empobrecen a los pobres porque los ricos los pagan subiendo precios o bajando salarios.
Sí, son conducentes la serie de actitudes libertarias, que ha tenido Francisco, como su viaje a Lampedusa, isla con 5.000 habitantes, a 205 kilómetros de Sicilia y a solo 113 de África, que ha querido que sea lo más austero posible sin autoridades ni despliegues de seguridad. Desde 1990 han perdido la vida 8.000 inmigrantes en el Canal de Sicilia, 2.700 durante 2011 coincidiendo con el conflicto en Libia creado por la OTAN y el tirano Gadafi. La culpa de estas muertes tiene nombre: la falta de libertad, es decir, la coacción (violencia) de los gobiernos sobre sus ciudadanos.
Primero, la de los gobernantes locales que, destruyendo al mercado con violencia (regulaciones y prohibiciones coactivas), provocan miseria al punto que muchos prefieren migrar arriesgando la vida. Segundo, la política del bienestar (el “welfare State”) que “acomoda” a la clase media a través de medidas coactivas que empobrecen a los pobres, como con los impuestos.
Este “estado de bienestar” promueve la “seguridad social” (en base a altos impuestos) y la “seguridad física y laboral” lo que los impulsa a prohibir a los inmigrantes que abarrotan los hospitales públicos gratuitos o pretenden cobrar seguro por desempleo o se los acusa de crear desocupación (y del delito que trae), cuando la falta de empleo es producto de las leyes laborales coactivas (como la de salario mínimo, que prohíbe trabajar a los que ganarían menos).
Así, los inmigrantes se transforman en “ilegales” con los riesgos que conlleva. Pero no solo los gobiernos de la Unión Europea (UE) promueven estas muertes.
Desde 1993, en la frontera de EE.UU., murieron 5.595 “ilegales” que intentaron cruzar por zonas peligrosas por la geografía y porque están dominadas por las mafias, como los carteles de Los Zetas o El Golfo, que cobran peaje en efectivo o utilizándolos para evitar las medidas coactivas de los gobiernos que prohíben el tráfico de drogas.
Es esclavitud, asegura la monja católica Leticia Gutiérrez, de la Pastoral de la Movilidad Humana, la más amplia red de atención a los 150 mil migrantes anuales que ingresan a México de paso a EE.UU. Y todo esto, por cierto, con la complicidad directa de muchos funcionarios. El Papa homenajeó a quienes “buscaban un lugar mejor y encontraron la muerte… La cultura del bienestar nos ha hecho insensibles…”, en una homilía con un duro mensaje a los políticos, especialmente de la UE. Celebró una misa de penitencia sobre los restos de una patera y pidió perdón a Dios: “te pedimos… por quien se ha encerrado en el propio bienestar… por la crueldad que hay en el mundo, en nosotros y en aquellos que… toman decisiones socioeconómicas que abren la vía a estos dramas”.
 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.