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La liturgia política del realismo mágico en América latina

Por Constanza Mazzina. Publicado el 28/4/18 en: https://www.clarin.com/opinion/liturgia-politica-realismo-magico-america-latina_0_HkJqCGWTz.html

 

Venezuela no ha dejado de ser noticia. Aunque ni la inflación, ni la escasez de medicamentos y bienes de primera necesidad logran ya conmover al lector.Ni siquiera el pedido que durante el mensaje pascual realizó el papa Francisco para salir de la crisis política y humanitaria que oprime al país. Terminada la VIII Cumbre de las Américas, las exigencias a Maduro por parte de la región han sido exiguas: poco sobre el proceso electoral, nada sobre la crisis humanitaria. Sin embargo, Maduro ha dado un paso más allá, semanas atrás, y propuso un nuevo homenaje a Hugo Chávez: la construcción de una universidad de Ciencias Políticas con su nombre. Efectivamente, de Ciencias Políticas.

La política latinoamericana, históricamente, rebosa en ejemplos de tamaños homenajes: de estatuas a centros culturales, de provincias a universidades. Se impone la rendición del culto al líder.No debería sorprendernos, sino fuera por su persistente anacronía en el contexto real del país caribeño.

La encerrona del presidencialismo latinoamericano pareciera pivotear sobre una épica cuasi-religiosa, enalteciendo las virtudes del caudillo, hasta convertirlo en un semi-dios; olvidando su faceta humana, es decir, sus defectos. Las liturgias políticas llevadas a la calle con obediencia y fe. Porque la fe no se cuestiona. La verdad es una, no muchas.

El hilo invisible que nos recorre, que teje nuestra política está aquí: los políticos -de Perú a Brasil y de Argentina a Venezuela-, tienen una enorme deuda con la sociedad. La renuncia, hace un mes, del presidente de Perú por el escándalo de Odebrecht, la prisión de Lula da Silva por el Lava Jato, son solo ejemplos de una larga lista de corrupción e impunidad en la que mandatarios y ex mandatarios están profundamente involucrados.

La política democrática supone implícitamente el consenso, el diálogo, no la imposición. No hay adoctrinamiento para la vida democrática, hay ejercicio de la libertad responsable. El consenso en América latina se logra por la fuerza, no es una construcción conjunta. Los ciudadanos aprendemos de lo que vemos: no sabemos ponernos de acuerdo, no sabemos dialogar con respeto. Las grietas aparecen y se ensanchan por aquí y por allá.

En lugar de democracia de los acuerdos, de consensos, tenemos así una democracia que no acepta el disenso, que impone el silencio en lugar de la discusión de ideas. Nuestras universidades son testigos silenciosos de nuestra imposibilidad de aceptar el debate crítico. La crítica cuestiona la fe ciega en el líder. Cuando no hay educación, hay adoctrinamiento. Si la ciencia política está llamada a unir teoría con praxis: ¿serían los propios mandatarios alumnos o docentes?

La política peca de irresponsabilidad. Y esto depende de la fortaleza o no de la sociedad civil. Si esperamos políticos con soluciones providenciales, salvadoras, nunca saldremos del círculo del realismo mágico. La historia muestra que las sociedades con menores niveles educativos tienden a brindar mayor apoyo a soluciones autoritarias.

 

Constanza Mazzina es doctora en Ciencias Políticas (UCA), master en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE). Fue investigadora de ESEADE, Fundación F. A. von Hayek y UADE. Fue docente de la Universidad del Salvador en grado y postgrado y en el postgrado en desarme y no proliferación de NPSGlobal. Es profesora de ciencia política en la Fundación UADE.

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela, pide protección

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 10/8/17 en: 

 

La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, es una de las personas cuya seguridad personal corre ciertamente mayor peligro en Venezuela. No es la única, pero está claramente en la mira y en los odios de Nicolás Maduro.

En abril pasado, ella sostuvo que la asunción de los poderes de la Asamblea Nacional por parte del Poder Judicial había conformado una “ruptura” del orden constitucional y obligó al gobierno a dar una precipitada (y debilitante) marcha atrás. Nicolás Maduro, desde entonces, la tiene entre ceja y ceja.

Originariamente chavista, su alta designación viene desde los tiempos de Hugo Chávez. Pero las constantes violaciones constitucionales y la permanente arbitrariedad de Nicolás Maduro la impulsaron a denunciarlo corajudamente, así como a varios de los jerarcas de su gobierno ante los estrados judiciales por sus violaciones de los derechos humanos de los venezolanos. Los denunciados, a su vez, procuran activamente su destitución.

Por eso la Fiscal General de Venezuela ha presentado ya dos pedidos expresos de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque teme, con razón, que su persona y su despacho y todas las oficinas del Ministerio Público puedan, de pronto, ser objeto de ataques violentos por parte de los matones a sueldo de Nicolás Maduro. Como lo fuera también la propia Asamblea Nacional que hoy está en manos de la oposición, cuando fuera tomada por la fuerza por un par de centenares de “simpatizantes” de Nicolás Maduro que propinaron, con toda alevosía y obvia cobardía, golpes realmente brutales con objetos contundentes a distintos legisladores de la oposición que, por ello, terminaron -lastimados- en el hospital.

Hace pocos días, la Fiscal General actualizó su denuncia del pasado mes de junio con un nuevo documento, de 24 páginas. Allí reiteró el pedido de protección ya presentado, argumentando que el propio vice presidente de Venezuela, el hombre de confianza de Cuba, Tareck el-Aissami, y otros altos funcionarios públicos la intimidaron y amenazaron públicamente. Lo que ha sido así y la prensa internacional en su momento denunciara abiertamente.

La Comisión, que tiene a Venezuela entre los países a los que hay que hacer un “seguimiento especial” desde 2002, debería ahora solicitar al gobierno de Venezuela que tome las medidas concretas necesarias para evitar daños irreparables.

El gobierno de Venezuela, en clara actitud persecutoria, ha prohibido a la Fiscal General salir de su propio país y ha congelado sus bienes y activos, incluyendo todas sus cuentas bancarias personales. Así actúan los arbitrarios cuando se creen dueños del país al que gobiernan. Sin razón, sin límites, y sin decoro. Pero lo cierto es que todos, sin excepciones, deberán asumir en su momento las gravísimas responsabilidades que, en Venezuela, a cada uno le correspondan.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

 

Voto con los pies: además de la consulta popular la semana pasada, ya emigraron dos millones de venezolanos

Por Martín Krause. Publicada el 27/7/17 en: http://bazar.ufm.edu/voto-los-pies-ademas-la-consulta-popular-la-semana-pasada-ya-emigraron-dos-millones-venezolanos/

 

Relial, la Red Liberal de América Latina, ha publicado una nueva edición de su revista “Mirada Liberal”, disponible aquí: http://relial.org/biblioteca/libro/migracion-y-libertades-2017

Este número está dedicado al tema de las migraciones. Entre otros interesantes artículos, y dada la situación dramática que se vive en estos días, copio el artículo de María Teresa Romero sobre Venezuela:

“El actual gobierno de Nicolás Maduro –como el anterior de Hugo Chávez– se ha negado a publicar estadísticas, pero entre los registros de inmigrantes de otros países y los de varios estudios de expertos en la materia, en 2015 eran unos dos millones de venezolanos los que habían abandonado Venezuela desde que el denominado Socialismo del Siglo XXI llegó al país, en 1999; una migración semiforzada ante las cada vez más deterioradas condiciones políticas, económicas y sociales nacionales.

Sin embargo, ya se está hablando de cifras mucho mayores. Sólo en los Estados Unidos, se dice que la cifra actual de venezolanos legales e ilegales para este 2017 llegó al millón y medio. En 2015, sólo los residenciados legalmente en ese país se estimaban en unos 260,000; una cantidad ya entonces contrastante con la de 1980 que no pasaba de 33,000 inmigrantes. También en 2015 se produjeron casi 20,000 movimientos migratorios hacia España, un 53% más que en 2014, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Colombia, un reciente artículo del diario El Tiempo, señala lo siguiente: “Pese a que la oficina de Migración de Colombia tiene reportados 40,000 venezolanos viviendo legalmente y calcula que estén 60,000 irregularmente, una investigación liderada del sociólogo y experto en migración venezolana Iván De la Vega, profesor de la Universidad Simón Bolívar, realizada con colegas y alumnos del Laboratorio Internacional de Migraciones (LIM), revela que son 900,000 los venezolanos -incluyendo los que tienen doble nacionalidad- (el 1.8% de nuestra población), los que han llegado al país en los últimos 20 años, por el efecto de la llamada ‘revolución bolivariana’ y la crisis social en ese país”. http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/venezolanos-lamigracion-mas-grande-en-la-historia-del-pais-72872

Según el sociólogo Tomás Páez de la Universidad Central de Venezuela, autor de uno de los pocos estudios confiables sobre el tema titulado La voz de la diáspora venezolana, la emigración masiva producida en el país hasta el 2015 “implica al 6 o 7% de la población, y de manera indirecta no menos de la mitad de la población, entre familiares y amigos, tiene a alguien fuera de Venezuela” http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-08-30/venezuela-emigracion-maduro-chavez-diaspora-petroleo_1252510/

En todo caso, cifras considerables, sin precedentes en la historia venezolana y que aumenta cada día en más de 90 países del mundo y de forma alarmante debido a sus impactos más negativos que positivos, no sólo para la sociedad venezolana, sino para el continente americano y en general para todos los países receptores de esta nueva ola migratoria.

La dispar situación de vida del migrante

Es cierto, como señalan numerosos expertos, que la mayoría de los migrantes venezolanos han sido jóvenes profesionales de clase media, altamente formados con estudios universitarios, que han logrado insertarse bien en el mercado laboral de los países de acogida. Pero en la   medida que la crisis política, económica, y humanitaria se incrementa en Venezuela, con niveles de inflación y de inseguridad jurídica y personal de los peores del mundo, emigran al exterior más connacionales de las clases bajas y de todas las edades, buena parte de ellos de forma ilegal. Ello ha declinado ostensiblemente las condiciones de vida de la denominada diáspora de origen venezolano, que en muchos casos están padeciendo grandes necesidades de trabajo y salud.

En la ciudad de Miami en los EE.UU, por ejemplo, la creciente cantidad de familias que han llegado entre 2016 y 2017 desde Venezuela buscando asilo político o quedándose en el país como ilegales -muchas de ellas durmiendo en automóviles y debajo de puentes-, ha hecho que las autoridades migratorias, policiales y otras del gobierno tomen medidas, y que varias asociaciones de venezolanos se organicen para protegerlos. Ya en éste y otros países están evaluando leyes de atención especial para migrantes venezolanos, como se hizo anteriormente con los migrantes cubanos.

En Curazao y otras islas caribeñas vecinas a Venezuela, las autoridades aseguran, aunque sin dar números precisos, que es un hecho que en el último año se ha incrementado de manera preocupante el número de migrantes venezolanos que llegan a las islas para quedarse a vivir en forma ilegal. Llegan por aire y tierra, como turistas e incluso escondidos en balsas pesqueras. Varios reportajes periodísticos de cadenas televisivas, como la mexicana-estadounidense Telemundo, han confirmado en forma audiovisual estos hechos.

Uno de los sectores de migrantes más afectados ha sido el de las mujeres. A la vecina Colombia, por ejemplo, llegan diariamente mujeres embarazadas y en condiciones de pobreza. “Tanto así que solo en los dos primeros meses de este año, ya han sido atendidas 82 mujeres de ese país en la clínica Rafael Calvo, de Cartagena”. http://blogs.eltiempo.com/campamento-de-los-mojados/2017/03/29/embarazadas-pobres-e-inmigrantes-una-travesiade-venezuela-a-colombia/

Pero también en ese país y en muchos otros viven venezolanas en condición de prostitución. Así, en el último informe de la Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, se establece:

“Se observa un incremento de mujeres procedentes de Venezuela para ejercer la prostitución en Panamá, lo que debe analizarse más exhaustivamente para verificar las condiciones en las que llegan al país y si la actividad realizada responde a una decisión personal o es fruto de haber sido captada por alguna red de trata”. http://elestimulo.com/climax/venezuela-exporta-prostitutas-a-panama/

Otro sector fuertemente afectado es el de la tercera edad y el de jubilados y pensionados que, debido a la crisis nacional y las medidas del gobierno de Nicolás Maduro, hace más de un año no reciben ningún tipo de ingreso desde Venezuela. La situación deplorable en que viven ha producido varias manifestaciones públicas dentro y fuera del país, así como iniciativas para tratar de solventar la situación con los gobiernos, partidos y grupos de la sociedad civil de los países receptores. Recientemente en España, por ejemplo, la muy dinámica Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en la Comunidad de Madrid, logró que el Partido Popular, el Grupo Popular y Grupo Ciudadanos españoles aprobaran una iniciativa de apoyo financiero para paliar la situación.

Impactos más negativos que positivos

Sin duda, el resultado de esta migración masiva es que Venezuela está sufriendo una pérdida significativa de capital humano, en especial en materia de talento profesional y mano de obra calificada, lo que significa un descenso de población en edad de trabajar. La revista The Economist señaló en 2015 que nuestro país, junto a Serbia, había alcanzado el segundo lugar en la “fuga de cerebros” del mundo. Ello genera innumerables efectos negativos para el desarrollo político, económico, y sociocultural venezolano e, inclusive, en el ámbito familiar, ya que muchas familias han quedado desintegradas. También hay repercusiones negativas para los países recipientes de esa migración, derivando en cambios de políticas migratorias, de seguridad y salud, entre otras, así como en sentimientos nacionalistas antiinmigración. Si en Venezuela continúa profundizándose la dictadura y el estancamiento económico, podría generarse una imparable ola migratoria. En 2016, ya la ONU alertó sobre esta posibilidad.

Pero esta movilidad también ha traído consigo efectos positivos, como mayor conocimiento, inversión y aprendizaje e integración socio-cultural. Son muchas las empresas venezolanas grandes que han debido trasladarse a los países vecinos para seguir operando, y son numerosos los pequeños empresarios que han surgido a causa de la diáspora venezolana, todo lo cual está generando empleos y nuevos productos que favorecen a los demás países, que ojalá retornen al país.”

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados. (Ciima-Eseade). Es profesor de Historia del Pensamiento Económico en UBA. 

Los desafíos de Lenín Moreno en la presidencia de Ecuador

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 1/6/17 en: http://www.lanacion.com.ar/2029360-los-desafios-de-lenin-moreno-en-la-presidencia-de-ecuador

 

Con un largo discurso conciliador, Lenín Moreno asumió la semana pasada la presidencia de Ecuador. Reemplaza a quién fuera uno de los pilares del socialismo bolivariano: Rafael Correa, quien dejará a su país para, según ha anunciado, descansar y pasar tiempo reflexionando en medios académicos, en la Vieja Europa.

En su momento, Rafael Correa, de la mano de Hugo Chávez y Evo Morales, quiso instaurar en América Latina un sistema económico inviable: el del colectivismo, cuyo fracaso estrepitoso en Venezuela pudo bien haber sido el de toda la región.

Afortunadamente, el arbitrario Rafael Correa no tuvo éxito más allá de las fronteras de su propio país. Su ideología quedó a la vista cuando la información secuestrada en la computadora de Raúl Reyes -uno de los líderes de las FARC colombianas- confirmó que Correa (con Cuba y Venezuela) contribuía a mantener y a financiar a las FARC colombianas y al andar violento de otros grupos terroristas latinoamericanos.

Para impulsar el desarrollo de su país, Rafael Correa convocó a China, que hoy es, a la vez, el inversor externo más importante y el mayor acreedor de Ecuador. Durante sus mandatos, cercenó muy fuertemente -y sin disimulo alguno- la libertad de expresión y la de prensa a lo largo de una década, persiguiendo tenazmente a quienes no coincidían con su visión u opiniones, incluyendo a los principales medios opositores. Tiene, sin embargo, en su haber un logro no menor: el de haber disminuido sensiblemente la pobreza.

Lenín Moreno recibió la banda presidencial de manos de un emocionado Rafael Correa, de quien fuera vicepresidente durante seis años. Hoy Moreno es el único Jefe de Estado del mundo que gobierna desde una silla de ruedas. Ocurre que quedó parapléjico en 1988 como consecuencia de un asalto violento en el que recibió un tiro por la espalda. En su juventud, Lenín Moreno militó activamente en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Ecuador.

A la ceremonia de asunción del mando concurrieron, como es habitual, varios presidentes de nuestra región. Entre ellos Mauricio Macri. Pero no su principal “compañero de ruta” regional: Nicolás Maduro, quien luego de anunciar que asistiría no pudo hacerlo, jaqueado por las continuas protestas de su pueblo en las ciudades venezolanas. Ella tuvo lugar en la sede de la Asamblea Nacional. Dos presidentes llegaron tarde a la ceremonia: Mauricio Macri y el colombiano Juan Manuel Santos. Rafael Correa leyó un largo informe de su gestión, aplaudido en distintas oportunidades. La televisión ecuatoriana, sin embargo, evitó mostrar en cámara los carteles que, durante el acto, repudiaban la presencia de la delegación venezolana.

Luego vino el discurso inaugural de Lenín Moreno que duró poco más de una hora. Para quienes estaban acostumbrados a la sobreactuación de Rafael Correa, eso fue apenas un instante. El mensaje fue, esencialmente, una sobria invitación al diálogo. También incluyó el anuncio de una inevitable primera etapa de austeridad, consecuencia directa del irresponsable dispendio de su predecesor, que dejó a Ecuador con un Estado inepto y obeso, endeudado más allá de los límites legales con un agobiante pasivo externo que deberá reestructurarse. Anunció, asimismo, la confirmación de la continuidad de la “dolarización” de la economía ecuatoriana. Y la esperada reiteración de que, en su gestión, pondrá énfasis en lo social.

La economía ecuatoriana atraviesa un momento complejo. Muy debilitada por la caída de los precios internacionales del petróleo y el aumento del servicio de su pasivo externo. Azotada además por las consecuencias del duro terremoto de abril de 2016. El año pasado, Ecuador sólo pudo crecer al ritmo insuficiente del 1,5% de su PBI.

El derrotado candidato opositor, el empresario Guillermo Lasso, en rueda de prensa, reiteró sus acusaciones de fraude electoral y convocó a Lenín Moreno a liberar a los presos políticos; a hacer pública la corrupción que también allí aparece en torno a los contratos de la multinacional brasileña Odebrecht; a despolitizar la actividad propia de la gestión de gobierno; y a reducir la presión tributaria de modo de estimular las inversiones privadas.

El vicepresidente, Jorge Glas, a diferencia de Lenín Moreno, sostuvo que el líder opositor carece de “autoridad moral” para criticar al gobierno, o hacer propuestas. Continuando así el lamentable estilo belicoso de Rafael Correa

Lenín Moreno, sin embargo, tiene sus propios objetivos de gobierno. También un estilo diferente. Seguramente continuará transitando la vía del intervencionismo estatal en la debilitada economía ecuatoriana. Esto es seguir el sendero económico-social abierto por su predecesor. Tan parecería ser así, que en su superpoblado gabinete -de 23 ministros y tres secretarios de Estado- 15 ministros son ex funcionarios de Rafael Correa. Entre ellos, la Canciller, María Fernanda Espinosa Garcés, una activa mujer con experiencia en la política. Así como los ministros de Justicia, Industrias, Defensa, Agricultura, Vivienda y Salud, y la propia Secretaria General de Gobierno.

Rafael Correa culminó su gestión de una década luego de haber sido electo en las urnas tres veces. Con una aprobación del 62%. Polarizó fuertemente a su país. Deja tras de sí una infraestructura pública mejorada, particularmente en materia de caminos y aeropuertos. También una importante ampliación de capacidad en materia de generación hidroeléctrica. Su particular estilo: demagógico y paternalista, pero siempre arrogante, impetuoso, populista y hasta arbitrario, no será extrañado. La corrupción que floreciera en su derredor, tampoco. Correa fracasó en su intento de encerrar a América del Sur en sí misma, alejándola de los organismos regionales tradicionales.

Quizás la enorme agresividad contra los Estados Unidos, a los que Rafael Correa desalojó de la base militar en Mantra, disminuya ahora un tanto. Para Correa, esa actitud era un tema personal. Ocurre que su padre estuvo preso por largo rato en los Estados Unidos, acusado de tráfico de drogas. Por ello el ex presidente debió ser criado por su madre, en Guayaquil. Lo que seguramente lo marcó para toda la vida.

El contexto externo en el que le tocará actuar a Lenín Moreno será variado. Con gobiernos liberales, como el de Mauricio Macri o el que surja del probable retorno de Sebastián Piñera al timón de Chile. Y con el enorme signo de interrogación en el que se ha transformado Brasil, sumergido en un inmenso caos. Pero también con la probable presencia regional del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que podría ser el próximo presidente de México como consecuencia de la torpeza de la campaña electoral de Donald Trump. Así como con el populismo y la corrupción que parecen haberse consolidado en Bolivia. En ese marco, Lenín Moreno estará enrolado en el andarivel propio de la izquierda, presumiblemente con menos agresividad que Rafael Correa.

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

El “papa negro”, el jesuita venezolano Sosa Abascal, parece conocer bastante mas que el “papa blanco”

Por Martín Krause. Publicada el 20/10/16 en: http://bazar.ufm.edu/el-papa-negro-el-jesuita-venezolano-sosa-abascal-parece-conocer-bastante-mas-que-el-papa-blanco/

 

El diario La Nación publica un artículo titulado “El ‘papa negro’ no ve salida a la crisis”, en el cual las declaraciones de Arturo Sosa Abascal, superior general de los Jesuitas, muestran que parece conocer bastante más de economía que nuestro ‘papa blanco’, Francisco. Éste ha planteado los temas desde una perspectiva simplista y repetida: la culpa es de los capitales financieros y su afán de lucro. Sosa Abascal, en cambio (claro, vive en Venezuela, donde las cosas están muy claras y a la vista), presenta algunos comentarios teóricamente mucho más sólidos: http://www.lanacion.com.ar/1948269-el-papa-negro-no-ve-salida-a-la-crisis

Primero van sus comentarios, luego algunos párrafos del libro El Foro y el Bazar sobre la teoría:

“La situación en Venezuela es muy difícil de explicar al que no vive allá y como profesor universitario y analista político siempre tuve que reiterar como una letanía que no se entiende qué pasa en Venezuela si no se recuerda que el país vive de la renta petrolera, que administra con exclusividad el Estado”, explicó.

“Entonces sucede algo que pone cuesta arriba la formación de una sociedad democrática. Normalmente, el Estado tiene que estar subordinado a los ciudadanos porque son ellos quienes mantienen el Estado, pero [en el caso de Venezuela], debido a la renta petrolera, es el Estado quien mantiene la sociedad y esto hace muy difícil la creación de un Estado democrático”, indicó.

Ahora la renta petrolera no alcanza y la sociedad venezolana está mal mantenida por un “Estado gigante”, algo que provoca “mucho sufrimiento”, también dijo. “El modelo político de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, basado en un proyecto rentista, ya no se sostiene”, afirmó. “Pero algo parecido hay que decir de la oposición venezolana, que tampoco tiene un proyecto rentista diferente, que es lo que se necesitaría para salir a largo plazo de esta situación en la que está el país”, agregó.”

Aquí, algo del libro sobre el mismo tema:

Una reconocida causa de “fracaso del Gobierno” es la que resultaría de lo que se ha dado en llamar “la maldición de los recursos naturales”, aludiendo así al caso de países que descubren un importante recurso natural, pero aquello que representaría en otro caso una gran oportunidad termina hundiendo al país en la pobreza e incluso la guerra civil.

El sentido común diría que un país que descubre recursos puede aprovecharlos para crecer, y en verdad así ha sido el caso en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Chile o Botsuana. Pero en algunas investigaciones empezaron a descubrirse casos donde el crecimiento de países ricos en recursos era menor que aquellos que no los tenían. ¿Cuáles serían las causas de esta maldición?

Una de las primeras explicaciones vinculaba ese fenómeno con la llamada “enfermedad holandesa”: la pérdida de competitividad de una economía derivada de la revaluación de su moneda, a su vez causada por el importante volumen de exportaciones de un determinado recurso natural, que llevaba al tipo de cambio del mercado a un nivel muy bajo, para que el resto de las actividades de producción de bienes transables pudiera competir con las importaciones. El desarrollo de este concepto se atribuye al trabajo de Corden y Neary (1982).

Hasta aquí se trata de explicaciones “económicas” sobre la maldición; luego comenzaron a presentarse otras relacionadas con cuestiones institucionales y en particular “fallas del Gobierno”. Atkinson y Hamilton (2003) analizaron un conjunto de noventa y un países durante dieciséis años y encontraron que los más afectados por la maldición mostraban elevado gasto público y problemas fiscales, habiendo dilapidado las rentas del recurso. Torvik (2002) y Mehlum et al (2006) se centran más enfáticamente en las fallas del Gobierno y señalan que la existencia de la renta de ese recurso desata la competencia por obtenerlas promoviendo esa actividad, en detrimento de la actividad productiva. La búsqueda de rentas se vuelve mucho más rentable. Robinson et al (2006) señalan que al boom generado por el recurso lleva al gobernante a actuar en forma oportunista, tratando de maximizar la posibilidad de su reelección empleando más gente en el sector público. Esto traslada fuerza de trabajo del sector más productivo al menos productivo. A esto habría que sumarle más corrupción, compra de votos y clientelismo.

La falla “institucional” lleva a Karl (2007) a señalar que un marco institucional conducente al progreso y al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos es normalmente el resultado de una serie de intercambios de recursos (impuestos) por instituciones. Las limitaciones al poder monopólico otorgado al Gobierno son aceptadas por este, porque los recursos provienen de contribuyentes que exigen rendición de cuentas sobre su dinero, o al menos sienten la presión impositiva en contraposición con los servicios que del Gobierno reciben. Pero si el Gobierno se financia ahora con fondos que obtiene del recurso, no tiene por qué rendir mayores cuentas a nadie. Como el cobro de impuestos ha generado siempre algún tipo de resistencia o incluso revueltas en la medida que se exagera sobre la forma de utilizarlos, y el endeudamiento depende de la capacidad de demostrar un flujo regular de ingresos, los Gobiernos tuvieron que limitar sus poderes para poder recaudar esos impuestos (el principio de que no habrá impuestos sin representación). Cuando se financian con los fondos de la renta de un cierto recurso esas presiones no se producen. En muchos estados petroleros, por ejemplo, la negociación siempre ha sido entre el Gobierno y las empresas petroleras, ya que estas han sido los “contribuyentes”, no entre aquel y los ciudadanos. Esto les da también a estos Gobiernos mucha autonomía respecto al gasto, decidiendo cómo se reparte esta renta. Ross (2001) denomina a este fenómeno “efecto rentístico” y le agrega dos más: el “efecto gasto”, que lleva a un mayor uso de fondos provenientes del recurso en “clientelismo”, y un “efecto sobre la formación de grupos”, ya que el Gobierno utilizará esos fondos para prevenir la formación de grupos sociales independientes del Estado. En conjunto, los tres efectos influyen en el tipo de régimen político y donde predominan generan Gobiernos autoritarios, mientras que aquellos que se financian con impuestos, sobre todo directos, es más probable que sean más democráticos y tengan un mayor control del poder.

En el caso de financiamiento de un Gobierno a base de impuestos, el ciudadano promedio podría estar más alerta respecto al uso de esos fondos, ya que tienen un costo directo sobre su ingreso y patrimonio. En el segundo caso, cuando se financia de la renta del recurso, el ciudadano obtiene el beneficio de una menor presión impositiva directa. Esto también podría generar algún incentivo para imponer algún control, ya que, si el gobernante despilfarra el recurso de la renta, tarde o temprano llegarán los impuestos. No obstante, parecería que este segundo incentivo es más débil que el primero. Es decir: si me cobran impuestos, siento el peso de esa carga directamente, y puede ser que tenga más motivación para controlar el gasto; si no me los cobran y el Gobierno se financia de la renta del recurso, también podría tener un incentivo, ya que podría perder esta baja carga fiscal si el Gobierno despilfarra: pero el primero es un costo directo y actual; el otro una posibilidad futura. El primero es mucho más fuerte que el segundo.

También puede ser que los votantes no piensen en las generaciones siguientes o, conociendo cómo actúan los políticos, quieran obtener la renta ahora y no dejarla en sus manos. Es decir: si ha de haber algún cálculo intergeneracional, los votantes bien pueden pensar que mejor quede en sus manos, y no en las del Gobierno. Así parece que ocurre en Noruega, un país que es un ejemplo de calidad institucional en muchos sentidos, e incluso en el manejo de los recursos naturales. Los descubrimientos de petróleo en el Mar del Norte generaron un efecto como los que aquí han sido comentados, pero el Gobierno de ese país decidió crear un fondo con la renta petrolera, que sería invertido en activos fuera del país, para ser usado por las siguientes generaciones o en situaciones de crisis. El caso es tomado como un ejemplo de que la buena calidad institucional permite un manejo adecuado de un recurso natural y no genera la tan mentada “maldición”. De esta forma, los noruegos no solamente dejan fuera de un determinado Gobierno el atractivo de gastar esa renta, sino que incluso la invierten en el exterior para reducir el impacto del ingreso de divisas; esto es, la “enfermedad holandesa”. No obstante, parece que los noruegos también están insatisfechos con esto; muchos quisieran tener ese dinero en sus manos y ahora (Listhaug 2005), generándose así insatisfacción y un deterioro de la confianza en el sistema político. Lo cierto es que el problema, en un país de alta calidad institucional, muestra las limitaciones que tienen los Gobiernos para saber cuáles son las preferencias de los ciudadanos y luego actuar de acuerdo con ellas.

El financiamiento mediante las rentas obtenidas de un recurso también significaría un menor incentivo a los votantes para estar informados e incrementaría los problemas de apatía o ignorancia mencionados en el capítulo anterior. Si los votantes no tienen un buen incentivo para informarse y decidir racionalmente, los políticos afrontan incentivos diferentes y les conviene pensar racionalmente cuando las políticas que apoyan o implementan pueden cambiar sus perspectivas electorales. El costo del error puede ser muy alto.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

La revocatoria de mandato en Venezuela

Por Alejandra Salinas: Publicado el 29/4/16 en: https://es.scribd.com/doc/310929584/La-Revocatoria-de-Mandato-en-Venezuela

 

Comparado con el resto de los países de la región, Venezuela presentó un panorama de alternancia política y relativa estabilidad hasta 1998, cuando irrumpió en la escena política Hugo Chávez al triunfar en las elecciones presidenciales de ese año. Sin mayoría legislativa, Chávez intentó reformar el sistema de gobierno. Mediante el referéndum de abril 1999 el electorado aceptó convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y en diciembre una nueva Constitución fue aprobada por el voto popular. Las principales reformas se relacionaron con cambios en la estructura legislativa y ejecutiva: se extendió el mandato presidencial de cinco a seis años con una reelección, se introdujo un nuevo mecanismo de juicio político, y se limitaron los poderes de emergencia. También se estableció un Poder Legislativo unicameral, reduciendo el total de bancas, y se introdujo el referéndum revocatorio de todos los cargos electivos una vez cumplida la mitad del mandato.

En julio de 2000 Chávez fue reelecto Presidente. Debido a una intensa política demagógica y de confrontación, hacia principios de 2004 el contexto político estaba marcado por fuerte divisiones políticas, un deterioro en la calidad de vida, violaciones a los derechos y un incremento en la violencia. La coalición opositora Coordinadora Democrática solicitó entonces la revocatoria del mandato presidencial, y a tal fin recolectó más de 3.400.000 de firmas. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, cuestionó al Tribunal Supremo de Justicia que había declarado válidas las firmas y ordenado programar la votación. El Tribunal Supremo defendió la decisión de convocar el referéndum con el argumento de la legitimidad de respetar el proceso democrático.

Finalmente el 15 de agosto de 2004 los votantes dieron a conocer su opinión si debía permitirse al Presidente completar su mandato. Con un 70% de asistencia electoral, el SI triunfó con el 59.3 % de los votos, y el NO obtuvo un 40.6%. Entre las explicaciones del fracaso del No, se mencionó la heterogeneidad de la coalición opositora, la ausencia de un líder carismático, y la falta de una alternativa frente a la exitosa estrategia electoral oficial. También se mencionó el hecho de que las demoras en la recolección y certificación de las firmas dieron tiempo a que la economía se recuperara; que el gasto oficial en la campaña fue decisivo (financiado por los ingresos petroleros en aumento), así como el hecho de que el gobierno registrara dos millones de nuevos votantes.

A partir de entonces la carrera política de Chávez fue sometida a frecuentes votaciones populares. En diciembre de 2006 ganó las elecciones presidenciales con el 62% de los votos; un año más tarde, el 50,7 % del electorado rechazó su propuesta de adoptar la reelección presidencial ilimitada, decisión que fue revertida en el referéndum de febrero de 2009 que le permitió presentarse y ganar las elecciones de 2012. Fallecido poco tiempo después, su Vicepresidente y sucesor Nicolás Maduro en nada modificó el estilo cesarista y autoritario del régimen bolivariano.

Considerando el curso de los eventos y las reiteradas denuncias sobre las irregularidades y violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela a partir de 1999, la “democracia participativa” instaurada en ese país pisoteó de manera sistemática el ideal republicano de un gobierno limitado que respete las libertades individuales, los procedimientos institucionales y la apertura a un diálogo pluralista. Contra esta lamentable trayectoria se instaura hoy una nueva posibilidad de recurrir al referéndum para revocar el mandato de Maduro, continuador del régimen chavista. Esta semana el Consejo Nacional Electoral entregó el formulario a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para recoger las firmas necesarias para convocar a la votación. Más de un millón de personas firmaron la petición, que ahora deberá ser validada por la CNE para autorizar una segunda ronda de recolección de firmas. La nueva instancia requiere de un aval mínimo del 20% del padrón electoral para poder convocar al referéndum revocatorio. A su vez, el resultado de éste deberá mostrar que una mayoría de más de 7.587.532 votos aprueba la salida de Maduro, y en caso afirmativo se llamaría a nuevas elecciones presidenciales.

Resulta claro que los obstáculos al nuevo proceso revocatorio serán muchos y complejos. Maduro hará todo lo posible por interrumpir o demorar los procedimientos, y la coalición opositora necesitará del apoyo explícito de la comunidad regional y de los organismos internacionales para llevar adelante su proyecto de forma exitosa. Hay que evitar repetir la experiencia del 2004: afortunadamente el fisco está hoy muy debilitado, el carisma del líder ha desaparecido, y el pueblo venezolano sufre cansancio y hambre. En este contexto, las probabilidades de la revocación son mejores que hace doce años, aunque cualquier resultado es posible bajo un régimen autoritario.

 

Alejandra M. Salinas es Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Doctora en Sociología. Fue Directora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de ESEADE y de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas. Es Secretaria de Investigación y Profesora de las Asignaturas: Teoría Social, Sociología I y Taller de Tesis de ESEADE.

Breve repaso de la crisis argentina:

Por Gabriel Boragina. Publicado el 21/2/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/02/breve-repaso-de-la-crisis-argentina.html

 

Argentina da inicio en el año 2003 al que sería el peor gobierno de su historia desde los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón hasta el día de la fecha. En rigor, hay que hablar de tres gobiernos sucesivos, si tenemos en cuenta la formalidad constitucional, apropiados los tres por el denominado Frente para la Victoria (“FpV”). Hagamos un breve repaso de los hechos.
El “FpV” es el fruto de un disputa interna en el partido peronista entre Eduardo Duhalde y Carlos Menem, en la que el primero trataba de evitar que el segundo accediera a un tercer periodo presidencial. Duhalde detentaba entonces la presidencia de la nación ungido por el congreso como tal, tras la “caída” del brevísimo gobierno de Fernando de la Rúa). Se establece pues un “acuerdo” entre Duhalde y Néstor Kirchner (hasta dicho momento un ignoto gobernador de una provincia argentina -Santa Cruz- en el extremo sur del país) a fin de que este último se presentara como candidato del flamante “FpV”. Pero también se establecen alianzas con otros partidos políticos “no-peronistas” para que confluyeran a conformar dicho “frente”, aun cuando –indudablemente- el ala dominante de este “FpV” era el sector mayoritario del partido peronista (formalmente designado como “partido justicialista”). El objetivo final -como dijimos- era, en última instancia, restar poder y apoyo popular al candidato Menem, pero -por sobre todas las cosas- hacerse del gobierno a cualquier costo.
En lo que sigue, preferiremos referirnos al “FpV” y no a “los Kirchner” porque podría entenderse que lo sucedido a lo largo de los tres desgraciados gobiernos del “FpV”, implicaría eximir de responsabilidad a las otras segmentaciones políticas partidarias que apoyaron el proceso dictatorial que se iniciaba con estos hechos. Y muy lejos está de nuestro ánimo deslindar de responsabilidad alguna a los grupos políticos que contribuyeron -ya sea por acción o por omisión- a la instauración y afianzamiento de la peor tragedia política que ha vivido la Argentina desde los últimos cuatro decenios a esta parte.
En ese año señalado al comienzo, el “FpV” accede al gobierno con un 22 % de los votos, y en medio de un mecanismo electoral bastante polémico y de dudosa constitucionalidad, convocado por Duhalde, (la Constitución de la Nación Argentina exigía entre un 40 % y un 45 % mínimo de los votos para ello).
Sin carisma personal en su candidato, sin liderazgo propio, sin respaldo popular, con un cuestionable resultado electoral y con un apoyo político pobrismo (por no decir nulo) el “FpV”, llega al gobierno y comienza (tenuemente al principio y con mayor firmeza en los años subsiguientes) a instalar un proyecto autoritario de poder basado fundamentalmente en el modelo Castro-comunista que Hugo Chávez, hacia la misma época, estaba consolidando en Venezuela.
Circunstancias ajenas y externas al país, le dieron a este cierta “estabilidad” económica en aquel momento que se fue desdibujando a partir de medidas económicas internas que oscilaban entre la torpeza, la improvisación y el afán de lucro desmedido que -más temprano que tarde- afectan en rigor a todo gobierno, sea del color y de la bandera de que se trate.
Simultáneamente el “FpV” comenzó a “instalar temas” en su agenda política que no estaban ni entre los intereses, ni entre los reclamos del conjunto de la ciudadanía. Por ejemplo, uno de esos temas fue el uso y abuso que hizo el “FpV” en torno a la cuestión de los “derechos humanos”, que terminó convirtiéndose en una “caza de brujas” contra militares que habían combatido al terrorismo marxista desatado en la década del 70. No estaba esta cuestión -como decimos- ni entre las prioridades, ni siquiera entre las preocupaciones del conjunto de la ciudadanía, que ya vivía aprendiendo a cerrar las heridas producidas por aquel aciago periodo de la historia. A través de un prédica constante, el “FpV” se esforzó por abrir esas heridas y volver a un pasado que estaba comenzando a dejarse atrás para el común de los argentinos, empezando a provocar una división entre la ciudadanía.
Principió a notarse desde ese mismo momento la infiltración entre las filas del “FpV” de elementos que habían integrado las bandas de terroristas y guerrilleros que desataron la violencia de los años 70. Personajes reciclados (otrora peligrosos y de armas tomar) que ocuparon puestos claves no sólo dentro del poder ejecutivo sino también en los otros dos poderes (legislativo y judicial).
Dada la idiosincrasia del argentino promedio, muchas veces propenso a creerse lo que se le repite con suficiente insistencia, no pocos “compraron” el “relato” del “FpV”, pero -con todo- hay que reconocer que fueron solamente una minoría ruidosa.
El famoso relato del “FpV” tuvo otras aristas, de las que sobresalen aquellas que, a través de los métodos patrocinados por el marxista Antonio Gramsci, intentaron por todos los medios captar la mente y la voluntad de las personas en su favor. Se produjo en tal sentido todo un proceso (en el sentido más militar de la palabra) por lavar los cerebros de niños, adolescentes, jóvenes y adultos a través de la captación y cooptación de los medios masivos de difusión. Los últimos dos gobiernos del “FpV” fueron particularmente insistentes en estos aspectos, pretendiendo emular nuevamente lo que su admirado comandante Hugo Chávez y su mentor -el comandante Fidel Castro- estaban haciendo, tanto en Venezuela como en Cuba. El canal estatal se transformó en un idóneo instrumento de propaganda para tales efectos. Y los tradicionales centros culturales argentinos fueron copados, poco a poco, por elementos afines al gobierno, en tanto que este hacía prédica de su vocación populista. La propaganda política reemplazó rápidamente la difusión de los actos de gobierno, aunque se pretendió disfrazarlo bajo la máscara de una falsa “transparencia” que -en rigor- ocultaba los que fueron los hechos de corrupción más monstruosos que pueda recordar la historia argentina.
Lo que al principio pareció “torpeza” económica fue quedando al descubierto como lo que realmente era: una fase de estatización gradual pero sostenida de todos los sectores de la economía, a la par que uno a uno iban saliendo a la luz los casos más escandalosos de enriquecimiento ilícito, tanto de quienes detentaron la titularidad del poder ejecutivo durante los tres gobiernos del “FpV” como la de quienes fueron los más estrechos y mas mediatos colaboradores de este régimen de opresión.
Se armaron verdaderos grupos de choque, conformados por “piqueteros”, cuya misión fundamental consistió en intimidar a la población pacífica, contando con la colaboración de otros grupos afines, como el que se autodenominó “La Cámpora” en directa alusión a otro ex-presidente argentino del mismo partido peronista con dicho apellido.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Ecuador debatirá en el Congreso la reelección indefinida.

Por Belén Marty: Publicado el 3/11/14 en: http://es.panampost.com/belen-marty/2014/11/03/ecuador-debatira-en-el-congreso-la-reeleccion-indefinida/

 

La Corte Constitucional dictaminó que la enmienda no será votada en consulta popular, sino en la Asamblea Nacional, donde el partido de Gobierno tiene mayoría.

El Gobierno de Ecuador está un paso más cerca de lograr la reelección indefinida y consecutiva de cargos elegidos por voto popular, después de que el viernes 31 de octubre la Corte Constitucional dictaminara por unanimidad que esta decisión sea tomada en el Congreso, de mayoría oficialista.

La decisión se torna en un revés para la oposición, que pedía que la enmienda fuera decidida por una consulta popular. De sancionarse la enmienda en el Congreso ecuatoriano, el presidente desde 2007 Rafael Correa podría eventualmente gobernar más allá de 2017, cuando finaliza su actual período presidencial.

La reelección indefinida es una de las 17 reformas enviadas por asambleístas a la Corte Constitucional. Entre ellas se encuentran además la conversión de la comunicación social en un servicio público, el empoderamiento de las Fuerzas Armadas para que apoyen a la policía en la seguridad interna, y una modificación a la edad para ser candidato presidencial.

“La Corte Constitucional acaba de dictaminar que las enmiendas pueden ser tratadas por la Asamblea Legislativa, enmiendas [que] las pueden aprobar dos terceras partes [del Congreso]“, expresó Correa en su programa Enlace Ciudadano, emitido todos los sábados por radio y televisión.

La corte informó su resolución tras dos días de debates y análisis jurídicos en la ciudad costera de Guayaquil. El único artículo de los 17 revisados que no fue aprobado para que se tratase en el plenario parlamentario fue el de la “acción de protección”. Este derecho que busca permitir el freno de una acción de la Justicia cuando esta afecte otros derechos deberá tratarse en una Asamblea Constituyente solamente.

“Entregamos al país esta decisión dentro de los plazos y términos, absolutamente convencidos de que nuestra decisión ha sido objeto del análisis, razonamiento y fundamentación que estimamos los más pertinentes y que son correspondientes a la normatividad vigente, a los estudios y análisis de convencionalidad, y que en definitiva busca garantizar y proteger los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos del país”, precisó la Corte en un boletín de prensa.

Con respecto a la posibilidad de que Correa se presente en los comicios presidenciales de 2017, ha expresado que solo lo hará en el caso de que peligre la continuidad de la “revolución ciudadana”, su modelo de país. Para el actual mandatario, el poder de decisión lo tendrán los votantes.

“Lo que está en juego es el derecho del pueblo a elegir entre el pasado neoliberal de hambre y miseria, y el futuro de bienestar, desarrollo e inclusión instaurado por la revolución ciudadana. Entre el pasado y el futuro”, expresó en un comunicado Doris Soliz Carrión, secretaria ejecutiva nacional del partido Alianza País.

La oposición pide consulta popular

Días antes de la resolución de la Corte Constitucional, políticos opositores a Alianza País buscaban realizar acciones como la recogida de firmas entre la población para pedir que esta enmienda a la Constitución pase por un plebiscito nacional.

La oposición está sostenida por Guillermo Lasso, banquero, excandidato a la presidencia y miembro de Creando Oportunidades (CREO), un movimiento de tendencia liberal y segunda fuerza política en el país. Lasso manifestó que estará reclamando los formularios al Consejo Nacional Electoral para empezar con la campaña de recolección de firmas.

“La Corte Constitucional se convirtió una vez más en el brazo jurídico y político del régimen. Con esta decisión, consolida la posición del régimen para que la reelección indefinida se haga dentro de las cuatro paredes [del Congreso]”, indicó el legislador Luis Fernando Torres (CREO).

La influencia de Venezuela en la región

Actualmente, la Constitución ecuatoriana permite —desde la aprobación por referéndum en 2008— una reelección presidencial inmediata por un solo período. En caso de aprobarse la enmienda, Ecuador se sumaría a Venezuela y Bolivia en la lista de países que permiten la reelección ilimitada de sus funcionarios.

Venezuela cuenta con la posibilidad de reelección continua de cualquier cargo elegido por votación desde aquel recordado referéndum constitucional promovido por el expresidente Hugo Chávez en 2009 y aprobado por el 54% de los votos.

En Bolivia, las enmiendas realizadas a la carta magna en 2009 por la Convención Constituyente permitieron la reelección indefinida.

El doctor Mario Serrafero, profesor de Análisis Institucional en el instituto universitario ESEADE, destacó en un ensayo sobre el tema que la influencia de Hugo Chávez fue significativa en las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Evo Morales en Bolivia (2005) y a Rafael Correa (2006) en Ecuador.

“El período de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”, cita el artículo 168 de la reformada Constitución de Bolivia que permitió la reelección de Evo Morales en 2009 y recientemente en octubre de 2014.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.

Apuntes sobre el posible default argentino

Por Nicolás Cachanosky. Publicado el 8/7/14 en: http://opinion.infobae.com/nicolas-cachanosky/2014/07/08/apuntes-sobre-el-posible-default-argentino/

 

Al momento de escribir esta columna, Argentina se encuentra a pocos días de formalmente entrar en un nuevo default. Este es un caso complejo que se ha prestado a diversas, sino opuestas, interpretaciones. Algunas de ellas, sin embargo, no parecen estar bien fundadas. En esta nota quiero ofrecer algunas aclaraciones sobre un caso que ha ganado interés en los medios internacionales.

A principios de la década del 90 Argentina implementa la Ley de Convertibilidad. Esta normativa fijaba el tipo de cambio en un peso por un dólar y le indicaba (con cierta flexibilidad) al Banco Central que sólo podría emitir pesos si entraban los dólares correspondientes. Bajo este esquema, Argentina no podía monetizar su déficit como había hecho en los 80 bajo el gobierno radical de Alfonsín y el gobierno de Menem recurrió a la deuda en dólares y así poder emitir los pesos necesarios para financiar el déficit fiscal de su gobierno. Ahora bien, esta nueva deuda que se emite en los 90 se hace en un contexto de una Argentina que ya había entrado en default seis veces desde su independencia de España y con una seguridad jurídica cuestionable. Con el ahorro interno destruido por años de alta inflación en los 80 (y décadas anteriores), Argentina debe recurrir a fondos internacionales y se ve en la necesidad de “importar” credibilidad jurídica al emitir sus bonos (voluntariamente) bajo jurisdicción NY. De haber una disputa con sus acreedores, Argentina acepta acatar los fallos de las cortes de justicia de New York. Si Argentina se hubiese preocupado a lo largo de su historia por construir un historial de seriedad institucional, no hubiese sido necesario emitir deuda bajo jurisdicción NY. Nadie le quitó soberanía jurídica, fueron los sucesivos gobiernos argentinos quienes devaluaron sus propias instituciones.

El contrato de estos bonos tenía otras dos características importantes. La incorporación de la cláusula pari passu y la ausencia de la collective action clause (cláusula de acción colectiva). La cláusula pari passu sostiene que Argentina acepta tratar a todos sus acreedores en igualdad de condiciones (especialmente en lo que respecta pagos de cupones y capital de bonos.) La collective action clause indica que de haber un canje de deuda, si un cierto porcentaje de acreedores acepta la reestructuración, entonces automáticamente los acreedores que no aceptan las nuevas condiciones (los “holdouts”) deben aceptar los nuevos bonos. Cuando Argentina entra en default a fines del 2001, lo hace con bonos que ya incluían la cláusula pari pass y que no requerían una acción colectiva por parte de sus acreedores.

Bajo el contrato que la misma Argentina ofreció en sus bonos, al voluntariamente no incorporar la collective action clause, cualquier acreedor tiene derecho a cobrar el 100% del bono sin importar si el 99.9% restante de los acreedores decidieron entrar al canje de deuda en default. Esto es, justamente, lo que sucedió. Cuando Argentina ofrece el canje de deuda de sus bonos en default, los “holdouts” hicieron saber que bajo el contrato de los bonos argentinos ellos seguían con el derecho de cobrar el 100% de los bonos bajo igualdad de condiciones respecto a quienes sí deciden entrar al canje de deuda (pari passu.) Es decir, no se puede pagar a los “holdins” sin pagar a los “holdouts” de acuerdo al prosepecto de los mismos bonos argentinos. Podría decirse que el Juez Griesa tuvo que hacer poco más que leer el contrato que la misma Argentina ofreció a sus acreedores. El gobierno de los Kirchner, en una muestra más de su desprecio por las instituciones, decidió ignorar a los holdouts al punto de borrarlos como acreedores en sus informes oficiales (uno de los motivos por los cuales el nivel de deuda sobre PBI de Argentina es menor al real.) Doce años después del default el gobierno choca con la realidad al tener todas las instancias judiciales agotadas en su contra.

Mucho se ha dicho sobre como el fallo del Juez Griesa daña la seguridad jurídica de bonos soberanos y reestructuraciones. Si hay algo que el fallo de Griesa hace es ofrecer seguridad jurídica bajo legislación NY. Es más fácil encontrar acreedores dispuestos a comprar bonos bajo legislación NY dado que ningún país puede usar como excusa un default para incumplir sus contratos. Quienes critican el fallo de Griesa argumentando que va a ser más difícil emitir deuda parecen olvidar el rol que la seguridad jurídica tiene en las transacciones de crédito. El problema no es el fallo de Griesa, el problema es que Argentina decidió dejar de lado la collective action clause y, una vez más, descuidar sus cuentas fiscales. Los default no pueden ser usados como herramienta política para ignorar contratos a gusto y conveniencia. De hecho, los países emergentes deberían agradecer el fallo del Juez Griesa dado que esto les permite endeudarse a tasas menores dado que este fallo ofrece una seguridad jurídica que estos países no siempre pueden o no quieren ofrecer. Un fallo favorable para Argentina hubiese implicado avalar que un país violase sus propios contratos.

Se argumenta, también, que el fallo es injusto dada la alta rentabilidad que los holdouts estarían recibiendo si Argentina decide honrar sus deudas en lugar de entrar nuevamente en default. Esto se debe a que fondos de inversión compraron estos bonos a precios bajos y estarían recibiendo el 100% de lo adeudado (más punitorios.) Sin embargo, como veíamos arriba, el fallo no hace más que seguir la letra del contrato. El precio al que se compra un bono no tiene trascendencia alguna sobre el fallo. Si Argentina debe o no pagar sus deudas no depende de a qué precios se compran sus bonos en el mercado secundario. Indistintamente del precio de mercado, Argentina debe pagar el 100% del valor de los bonos del mismo modo que usted debe pagar el 100% de sus cheques indistintamente de quien los tiene o a qué precios se han vendido en el mercado secundario. La alta rentabilidad de los bonos argentinos no son una muestra de la explotación financiera de “malvados” capitales internacionales sobre una pobre víctima emergente (Argentina). La alta rentabilidad refleja el alto riesgo país de invertir en nuestro país. Quienes entraron al canje decidieron reducir los montos a cobrar a cambio de lo que consideraron una mayor certeza sobre el pago de la deuda. Quienes decidieron no entrar al canje decidieron mantener un título por el 100% de lo prestado a cambio de mayor riesgo y llevar al país a juicio. El juez Griesa podría haber fallado tanto a favor como en contra de Argentina. Los “holdouts” apostaron y ganaron; podrían haber perdido. Es un error conceptual y casi un desprecio institucional-jurídico sostener que la  alta rentabilidad implica un alto riesgo y eso le da permiso a Argentina (o a cualquier país) para no pagar sus deudas una vez agotadas las instancias judiciales.

Estas aclaraciones también muestran que, de hecho, el país no salió de su default en el 2001 más allá del supuesto “mejor canje de deuda” del 2005. Dada la presencia del pari passu y la ausencia del collective clause action, Argentina no logró reestructurar satisfactoriamente su deuda y por lo tanto nunca salió del default. Fue gracias al “stay” del Juez Griesa que Argentina pudo seguir pagando a los acreedores que entraron al canje sin tener que pagar los holdouts. De hecho, no ha vuelto a emitir deuda internacional luego del 2001; en parte por el juicio con los holdouts aún abierto. Fue el gobierno de Chávez quien prestó a tasas muy altas (tasas usureras, dirían los críticos de los holdouts) a la administración Kirchner.

Podemos reducir la complejidad del caso a una analogía de menor escala. Intente explicarle a su banco que debido a que usted malgastó sus ingresos por más de una década tiene entonces el derecho a no devolver el prestamos hipotecario con el que compró su casa. Cuando el banco lo lleve a juicio por no pagar su hipoteca, intente explicarle al juez que usted es una pobre víctima de malvados fondos buitres explotadores representados por su banco y que usted tiene el derecho a ignorar a sus acreedores porque fue usted quien entro en default al ser incapaz de mantener el más elemental equilibrio fiscal y fue usted quien opto por dejar de lado lacollective clause action. Cuando el juez le falle en contra, intente explicarle al mundo entero en solicitadas de diarios internacionales como el fallo del juez es una injusticia que pone en peligro el mercado bancario internacional. Intente ahora justificar la postura del gobierno argentino.

 

Nicolás Cachanosky es Doctor en Economía, (Suffolk University), Lic. en Economía, (UCA), Master en Economía y Ciencias Políticas, (ESEADE) y Assistant Professor of Economics en Metropolitan State University of Denver.