Otra vez el error de atar precios a las ganancias

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 23/10/21 en: https://www.infobae.com/opinion/2021/10/23/otra-vez-el-error-de-atar-precios-a-las-ganancias/

Los precios surgen de la interacción entre la oferta y la demanda de un bien o servicio. Cuando el Estado interviene se entronizan los desequilibrios

Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior

En mi columna de la semana pasada sobre el concepto de la demanda de dinero anuncié que continuaría con el tema en esta oportunidad, pero como apareció otro asunto más urgente postergo lo anterior. A veces parecería que el tiempo no transcurre y las experiencias no se toman en cuenta. Nuevamente irrumpe la sandez de sostener que la evolución de los precios depende de los márgenes operativos, por lo que funcionarios se dedican a controlar que estos últimos sean “razonables”. Otra vez el absurdo del “agio y la especulación” de raigambre peronista.

Un tema que hace a la introducción a la economía consiste en describir el proceso en el que tienen lugar los precios de mercado que en el contexto mencionado se traduce en que surgen debido a la oferta y la demanda del bien o servicio en cuestión. Si hay diez zanahorias y cuarenta demandantes el precio se ubicará a un nivel tal que permita colocar las diez verduras, esto significa que el precio limpia el mercado: a ese precio no hay sobrantes ni faltantes. Si los megalómanos del aparato estatal colocaran el precio a un nivel inferior faltará el producto y si lo establecieran en un punto superior habrá sobrantes. Y esto no tiene nexo causal alguno con las respectivas ganancias o eventuales pérdidas, como queda dicho, el precio hace que oferta y demanda se igualen. Es no entender nada de nada el mantener que el precio debe surgir de la relación con ciertos márgenes operativos. Por otra parte nadie garantiza ganancias, el precio puede traducirse en quebrantos o en beneficios puesto que este asunto va por cuerdas separadas.

Por esto es que resulta tan delicado e importante el sistema de precios y por eso es tan relevante no seguir ejemplos como los aberrantes que exhiben los autócratas venezolanos donde naturalmente no hay medicamentos ni alimentos suficientes por lo que le miseria más espantosa es solo digna de la isla-cárcel cubana y el esperpento de Corea del Norte.

Cuanto más se necesita de un bien mayor es la necesidad de respetar los precios libres (en realidad una redundancia puesto que los precios no libres son simples números que la autoridad impone sin significado económico). Cuando hay problemas graves en el mercado inmobiliario quiere decir que los burócratas metieron la nariz, cuando hay faltantes de medicamentos o alimentos también es debido a la arrogancia de gobiernos que el lugar de permitir la información dispersa y fraccionada que conectan los precios, en lugar de eso concentran ignorancia los sujetos colocados en diversas reparticiones estatales.

Control de Precios Cuidados

Ilustro lo dicho con lo que sucedió mientras vivía en Guatemala con mi familia cuando fui profesor invitado en la Universidad Francisco Marroquín. Hubo un terremoto de características devastadoras con lo que se destruyeron innumerables departamentos y casas, con la literal desaparición de pueblitos enteros. Poco antes ocurrió algo similar en Nicaragua aunque de proporciones menores. En todo caso, en este último país el gobierno decidió el control de alquileres y precios de viviendas “para las destinadas a personas de menor poder adquisitivo” y liberaron los precios “para las que podían comprar los ricos”. Resultado: se creó un estado de permanente faltante para las personas más vulnerables mientras que en el mercado de las viviendas de lujo se ajustó oferta y demanda. Es que luego de un terremoto se liberen o no los precios habrá gente a la intemperie pero la diferencia sustancial estriba en que si se liberan atraen a inversores para la construcción lo cual no ocurre si los precios se estancan como si no hubiera habido terremoto. La gran diferencia con Guatemala es que allí los precios quedaron libres de entrada para todos los segmentos, lo cual permitió una notable y rápida reconstrucción.

Antes me he referido al ejemplo que utiliza el periodista estadounidense John Stossel para explicar el rol de los precios. Nos invita a que imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en la góndola de un supermercado. A continuación nos dice que cerremos los ojos y prestemos atención desde el inicio del proceso que permitió la existencia de ese producto. Vamos entonces en regresión. Primero los agrimensores calculando espacios en el campo, luego los alambrados y postes, por ejemplo, con especial atención a lo que remite esto último: el sembrado de árboles y la tala que insume períodos de muchos años, los transportes, las empresas para producir esos rodados, las cartas de crédito etc. etc. Sigue el periodista mencionado los tractores, las cosechadoras, los fertilizantes, los plaguicidas, los caballos, las riendas y monturas, las fábricas para todo ello y sus implicancias, el ganado, la industria del plástico para los envoltorios y tantas otras herramientas y asuntos a considerar. Nos dice Stossel que tengamos muy en claro en este proceso hay cientos de miles de personas que cooperan entre sí aunque cada una de ellas está solo concentrada en sus faenas específicas y no tiene conocimiento ni conciencia de todos los mecanismos que se llevan a cabo en paralelo o secuencialmente en los otros muchos sectores. Todo está coordinado por los precios de mercado, pero cuando aparecen los mandones del momento y afirman que “no puede dejarse el asunto liberado a la anarquía del mercado” se entronizan los desequilibrios y desajustes que terminan con que no hay celofán, ni carne, ni góndolas ni supermercados y todo se convierte en una noche horrible de conflictos insalvables.

Tengamos en cuenta que desde hace cuatro mil años -desde Hamurabi- que vienen provocando estropicios los controles gubernamentales de precios lo cual ha ocurrido una y otra vez en nuestro país. Es momento de percatarse de estas experiencias fallidas y tomar libros elementales de economía al efecto de abandonar tanta insensatez que hace sufrir a todos pero muy especialmente a los más necesitados.

Cuando era Secretario de Comercio, Alfredo Espósito nos invitó a un grupo de once personas críticas de la gestión y conexos a un almuerzo en esa repartición al efecto de exponer nuestras objeciones de política económica “con toda libertad”. Cuando me tocó el turno de hablar manifesté que antes que nada debía cerrarse esa Secretaría, frente a lo cual el doctor Espósito carraspeó y se produjo un silencio en la mesa hasta que se cambió de tema. A la salida Horacio García Belsunce -por entonces presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas- me dijo “estoy de acuerdo Alberto con tu propuesta pero evidentemente no has nacido para diplomático”. En las circunstancias actuales, vuelvo a hacer la misma propuesta.

Si se trata de lanzar inspectores a las calles para hostigar y controlar a los comerciantes y en general a los que producen tal como una vez más se ha dispuesto, es mejor dirigirlos al Banco Central por la hemorragia de emisión y al ministerio de economía para frenar tanto desatino. En el caso argentino, la tremenda inflación que se padece es reprimida por los embates absurdos del aparato estatal en precios y tarifas, el verdadero guarismo será mucho peor cuando se destape la olla.

Esta orgía de controles está en sintonía con lo que viene bregando el Papa Francisco desde que asumió. El 16 del mes que corre consignó en Twitter: “A las grandes corporaciones alimentarias, pido que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento”. Por lo que exhibe una vez más su desconocimiento de todo el proceso económico y las virtudes de mercados abiertos, especialmente para los más necesitados.

Esto no sorprende pues cuando le preguntaron si es comunista respondió que “son los comunistas los que piensan como los cristianos” (Roma, La Reppublica, noviembre 11, 2016) y en Evangelii Gaudium escribe que “animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad: ́no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos´”.

Se trata de San Juan Crisóstomo que además de tener una idea atrabiliaria de la propiedad era un antisemita rabioso que con el título de Adversus Judaeos escribió que los judíos “son bestias salvajes” que son “el domicilio del demonio” y que “las sinagogas son depósitos del mal” para quienes “no hay indulgencia ni perdón”. Descuento que el Papa está imbuido de las mejores intenciones pero lo relevante son los resultados de sus consejos, insistir que “el mercado mata” sin percatarse que el mercado somos todos y que desde el Vaticano cotidianamente se adquiere todo lo que se necesita por esa vía y sostener que “el dinero es el estiércol del diablo” sin conectar con el Banco del Vaticano es no tener presente la realidad más elemental y en su persistente redistribucionismo (para otros) no parece tomar en cuenta los Mandamientos de “no robar” y “no codiciar los bienes ajenos.”

El problema medular por el que se insiste en esto de atar el precio a las ganancias radica en el desconocimiento de la teoría del valor. Incluso Marx mostró honestidad intelectual cuando en 1871 Carl Menger desarrolló la teoría que dio por tierra con la teoría marxista del valor trabajo y la plusvalía (o la versión modificada del costo de producción). Por ello es que después de publicado el primer tomo de El capital en 1867 no publicó más sobre el tema, a pesar de que en 1871 había completado la redacción de los otros dos tomos de esa obra tal como nos informa Engels en la introducción al segundo tomo veinte años después de la muerte de Marx y treinta después de la aparición del primer tomo. A pesar de contar con 49 años de edad cuando publicó el primer tomo y a pesar de ser un escritor muy prolífico se abstuvo de publicar sobre el tema central de su tesis de la explotación y solo publicó dos trabajos menores adicionales: sobre el programa Gotha y el folleto sobre la comuna de París.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

¿Coparticipación federal o correspondencia fiscal?

Por Adrián Ravier. Publicado el 26/2/16 en: http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2016/02/26/coparticipacion-federal-o-correspondencia-fiscal/

 

Dada la precariedad de las cuentas públicas, existe consenso en la necesidad de abrir un diálogo acerca de cambios en la coparticipación federal de impuestos. Son pocos, sin embargo, los estudios que proponen una verdadera modificación del sistema. En su lugar, se promueven distintas formas arbitrarias de redistribuir los ingresos, que ignoran la pregunta primordial: ¿por qué continuar con la coparticipación? ¿Por qué no retornar a un federalismo real, basado en el principio de correspondencia fiscal? Alberto Porto, de la Universidad Nacional de La Plata y Jorge Ávila, de la Universidad del CEMA, son quizás excepciones entre los economistas que marcaron este problema central en las finanzas públicas argentinas. 

Antecedentes históricos

A principios del siglo XX, regía en la Argentina una clara estructura de imputabilidad fiscal. La nación financiaba sólo un 5% del gasto público provincial. Este hecho aseguraba un auténtico federalismo fiscal y garantizaba la vigencia del principio de correspondencia.

La correspondencia fiscal supone que existe un vínculo entre las decisiones de gasto extra del Gobierno provincial y el esfuerzo contributivo adicional de los votantes provinciales. Este principio es la clave para una buena gestión del gasto público, el que nos asegura que el gasto no excederá el nivel que los votantes están dispuestos a sufragar; garantiza que su composición se ajustará a las demandas de la población.

Pese a las advertencias y las críticas de prestigiosos constitucionalistas (Germán Bidart Campos, Rafael Bielsa, Horacio García Belsunce, Carlos María Giuliani Fonrouge, Dino Jarach y Segundo Linares Quintana), a partir de 1935 las provincias cedieron potestades tributarias sustantivas a la nación. Como consecuencia, la nación pasó a fijar bases de imposición y alícuotas, creó nuevos tributos y procedió a recaudar y coparticipar (transferir) recursos a las provincias.

En 1939, el nuevo federalismo fiscal aumentó a 29% la fracción de gasto provincial financiado con transferencias nacionales. Los impuestos creados en la década de 1950 profundizaron todavía más la disociación entre las responsabilidades de gasto y de financiamiento en las provincias, que llegaron en 1960 a un 47% del gasto provincial financiado con recursos nacionales. Luego de escalar a un 62% en 1977, la proporción alcanzó su máximo histórico en 1983, con el retorno a la democracia, al fijarse en 72 por ciento. Varios analistas señalan que nunca fue la Argentina tan poco federal como entonces.

En el período 2003-2008, más del 60% del gasto público de las provincias reconoció financiamiento nacional, circunstancia más propia de una organización unitaria que de una federal.

 

Ausencia de correspondencia fiscal: ganadores y perdedores

El cuadro n.º 1 muestra precisamente la ausencia de correspondencia fiscal que gobernó a las provincias argentinas durante el período 2003-2008, considerando que —en promedio— la recaudación de la nación participó en un 60,9% de los ingresos provinciales.

La situación, sin embargo, no fue igual para todas las provincias. Tomando en cuenta los porcentajes de participación de recursos nacionales en los ingresos provinciales, podríamos separar cuatro grupos.

En primer lugar, tenemos en este período a aquellas provincias cuyas transferencias tributarias nacionales componen menos de un 60% de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de las provincias de Buenos Aires (45,5%) y Neuquén (56%).

El caso de la Ciudad de Buenos Aires (11,4%) no es comparable con el resto de las autonomías provinciales si consideramos que percibió servicios de transporte, seguridad o Justicia financiados por la nación que deberían ser sumados a los montos transferidos. El reciente traspaso de fondos para pasar la seguridad a manos de la ciudad contribuye a hacer comparables estos números.

En segundo lugar, contamos con aquellas provincias que reciben de la nación entre un 60 y un 70% de sus ingresos. Tal es el caso de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Chubut y Santa Cruz.

Nota: (1) Representa el total de la recaudación que la nación transfiere a provincias
* El dato 2008 corresponde sólo al primer semestre.

En tercer lugar, encontramos un grupo de provincias que componen entre un 70% y un 85% de sus ingresos con recaudación nacional. Aquí encontramos a Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, San Luis, Salta y Misiones.

En cuarto lugar, encontramos los casos extremos en los que ninguna provincia logra recaudar más de un 15% de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de San Juan, Corrientes, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Formosa. En estos casos, el principio de correspondencia fiscal está quebrado. La mayor ausencia de correspondencia se verifica precisamente en Formosa, provincia que logra recaudar sólo un 5,5% de sus ingresos.

El cuadro no pudo actualizarse debido a que la mayoría de las provincias no presenta información actualizada sobre su recaudación, especialmente las provincias del último grupo, pero hay excepciones. El cuadro n.º 2 contribuye a actualizar algunos de estos números.

Al comparar la información de 2014 con 2008, puede notarse que la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo similar, aunque cambiará el año próximo con el traspaso de fondos de nación a ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de la seguridad. Neuquén y Buenos Aires siguen siendo también las provincias menos dependientes de las transferencias nacionales. Tucumán, por su parte, mantiene una fuerte dependencia de los recursos transferidos de nación.

 

Consecuencias de la ausencia de correspondencia fiscal

Completo el diagnóstico, podemos observar a continuación algunas implicancias de esta situación:

1. Incentivo del incremento constante del gasto público provincial. La nación afronta el costo político de recaudar, la provincia recibe el beneficio político de gastar y el contribuyente mira con indiferencia el ir y venir de fondos. Este desequilibrio vertical conduce a los gobernadores de varias provincias a emprender obras públicas sin considerar la voluntad de los contribuyentes de financiar el proyecto. En todo caso, los recursos no los proveen los ciudadanos de cada provincia, sino el conjunto de la nación.

2. Ausencia de ciudadanía fiscal. Nada incentiva al contribuyente a controlar y reclamar una buena gestión del gasto público en su jurisdicción. En otras palabras, el sistema conspira contra el cumplimiento tributario voluntario de los contribuyentes, que deben pagar los impuestos a un nivel de Gobierno distinto a aquel que, en general, perciben que les presta o financia el servicio.

3. Incremento de la evasión impositiva. Las causas de la evasión impositiva en la Argentina son varias y complejas, pero el régimen de coparticipación no está exento de culpa. ¿Qué incentivo tiene, por ejemplo, el gobernador de San Juan a colaborar con los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la detección de evasores, cuando por cada cien pesos que se recauden gracias a la movilización de su policía y el cierre de negocios y locales, la provincia recibiría apenas $1,90? (El gobernador hace esta cuenta: $100 multiplicados por 0,57, que es la participación primaria de las provincias, multiplicados por 0,0338, según ley 23558, que es la participación secundaria de San Juan, es igual a $1,90). Y con respecto a la nación, aunque la distorsión de incentivos en este caso es menor, cabe preguntar: ¿no se esforzaría más la AFIP si de cada $100 recaudados, la nación pudiera gastar $100 en vez de los $43 que le asigna el régimen de coparticipación?

Ya es conocida públicamente la estrategia utilizada por los gobernadores de expulsar a los inspectores de la AFIP cuando estos comienzan a controlar los establecimientos de sus provincias.

4. Premio al lobby. Con regímenes de distribución de fondos como la coparticipación existe un poderoso incentivo para que los gobernadores inviertan mucho ingenio, esfuerzo y tiempo en Buenos Aires, en el intento de modificar las reglas de juego a su favor. Un ejemplo en tal sentido es la promoción industrial basada en exenciones de grandes tributos nacionales sujetos a coparticipación, como IVA e impuesto a las ganancias. De cada $100 que le cuestan las exenciones al país, una provincia como San Juan pierde $1,90 y gana la radicación industrial, y con ella, una variedad de beneficios sobre el empleo, la actividad económica y las rentas generales de la jurisdicción. El saldo es netamente favorable a la provincia y su consecuencia es obvia e inevitable.

5. Riesgo moral. El riesgo moral es un concepto que en economía se utiliza para describir una situación en la que un individuo, aislado de la consecuencia de sus acciones, podría cambiar su comportamiento del que habría tenido si hubiera estado expuesto completamente a las consecuencias de sus acciones. Esto describe precisamente lo que ocurre con algunas provincias.

Cuando el gasto público provincial se financia en tan alta proporción con recursos nacionales, la nación sufre una consecuencia sutil pero recurrente. A los ojos de las provincias, el Gobierno nacional se convierte en el responsable último de las caídas de las remesas de fondos, cualquiera fuera su causa.

La paradoja es que históricamente la nación ha asumido tal responsabilidad y convalidado los déficit de las provincias a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, o bien a través de la atención directa de los servicios de deuda de los organismos multilaterales de crédito. Esta actitud sesga las finanzas provinciales hacia la bancarrota.

6. Ausencia de transparencia. En la actualidad rige un complejo sistema de remesas basado en: a) la coparticipación federal de impuestos, que distribuye la recaudación de los tres principales impuestos nacionales (valor agregado, ganancias e internos) de acuerdo con ponderados mágicos, después de descontarle una pre-coparticipación para las grandes urbes y otra para el sistema previsional; b) varias coparticipaciones menores y paralelas, que distribuyen otras recaudaciones según criterios ad hoc, y c) aportes del Tesoro Nacional distribuidos en forma discrecional.

No existe un criterio único de reparto, ni existe un organismo único que administre el reparto. Nos movemos dentro de un laberinto fiscal que hace imposible que el votante-contribuyente pueda identificar qué nivel de gobierno o cuál organismo estatal es el que gasta o grava y con qué fin. Está rota, en consecuencia, una relación costo-beneficio que es indispensable para asegurar la eficiente acción del Estado.

 

Conclusiones

La Argentina presenta una centralización de sus ingresos en la nación, pero una descentralización en los gastos.Avanzar hacia un federalismo real implicaría avanzar únicamente en la descentralización de la recaudación tributaria.

Lo que proponemos es que cada provincia se responsabilice por generar los recursos que luego gastará, para así alcanzar responsabilidad fiscal y limitar el crecimiento del gasto. Ir en este sentido supone modificar completamente los incentivos en la administración pública provincial y aun en el contribuyente, además de limitar el poder que hoy posee el ejecutivo a través de su gasto discrecional.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.