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En nombre de los pobres, se los explota de la peor manera

Por  Alberto Benegas Lynch (h) y Martín E. Krause. Publicado el 8/12/16 en: http://www.lanacion.com.ar/1965274-en-nombre-de-los-pobres-se-los-explota-de-la-peor-manera

 

Muchos son los problemas que debe enfrentar el actual gobierno. En el nivel macro resulta medular disminuir el astronómico gasto público, lo cual significa terminar con funciones incompatibles con el sistema republicano. Para no remontarnos más allá de principios de los setenta, Perón recurrió a la inflación para financiar el gasto; los militares echaron mano al endeudamiento público; Alfonsín, a la inflación; Menem, al endeudamiento; los Kirchner, a la inflación, y ahora resulta que otra vez se pretende el endeudamiento para no enfrentar el problema de fondo de un Leviatán alarmante y sobredimensionado.

Consideramos que éste es el eje central de lo macro. Respecto de lo micro, son muchos los temas que deben encararse a la brevedad al efecto de no repetir recetas fallidas que indefectiblemente conducirán a idénticos fracasos del pasado. Como no puede tratarse todo al mismo tiempo, en esta nota nos concentramos en el problema de las villas y concretamente en la ciudad de Buenos Aires.

La solución que proponemos para los habitantes de las villas de emergencia, que también lo será para la ciudad, consiste en asignarles derechos de propiedad de la tierra sobre la que han fabricado viviendas precarias y, en su caso, la propiedad horizontal.

 

Por otra parte, el estudio de la propiedad para los ocupantes informales ha sido trabajado por muchos autores, en particular por Hernando de Soto y Enrique Ghersi en El otro sendero. Esta asignación de derechos de propiedad genera incentivos para mejorar las viviendas e incluso el barrio. Debemos recordar que lo que hoy llamamos “civilización” surgió a partir de la efectiva posesión de la tierra y la posterior formalización de ese derecho.

Sin propiedad formal, el mercado inmobiliario es insignificante y restringido, no hay crédito ni instrumentos legales para evitar o resolver una ocupación o el incumplimiento de un contrato de alquiler. O más bien, si los hay, resultan en condiciones muy onerosas.

En cambio, en el contexto de la institución de la propiedad, esto atraería la atención inmediata de operadores inmobiliarios para adquirir esas propiedades y revenderlas en el mercado o para construir inmuebles de mucho mayor valor y, asimismo, permitir que los vendedores se muden a viviendas infinitamente mejores.

Los funcionarios públicos no suelen pensar de esta forma y ponen en evidencia un capricho “planificador”. Les gustaría que esos barrios tuvieran otra disposición. Un urbanizador privado tendría en mente la valorización de la tierra y podría comprar propiedades allí, invirtiendo su dinero -no por la fuerza el de los contribuyentes- y podría desarrollar proyectos de diversa naturaleza que, como ahora se dice, “pongan en valor” la zona.

Sin ninguna duda, si las legislaciones son zigzagueantes y, consecuentemente, la seguridad jurídica no existiera, el proceso señalado no tendría lugar, ya que ningún inversor arriesgará sus recursos para que en medio de la operación irrumpan legisladores que con un entusiasmo digno de mejor causa modifiquen las reglas. Hay que estar en guardia con los que, al contrario de Friedrich Hayek, Bruno Leoni y tantos otros pensadores liberales, consideran que el Poder Legislativo es para cubrir todos los recovecos de la vida de las personas, con disposiciones y reglamentaciones de toda índole, con lo que asfixian la libertad. Es como escribía Marco Aurelio Risolía: “Igual que en el campo de la economía, en el terreno jurídico la inflación de la ley reduce su valor”.

Tenemos que recordar que no siempre hubo villas de emergencias en este país. Los inmigrantes pobres se alojaban en los conocidos “conventillos” de la ciudad, para luego acceder a la vivienda a través de la compra de terrenos en los suburbios en cuotas extendidas en el tiempo. La degradación de la moneda y las regulaciones destruyeron esa forma de financiamiento de la vivienda. Las leyes de control de alquileres y desalojos de hecho privó a multitud de familias de sus ahorros invertidos en pequeños departamentos para alquilar y terrenitos en los cuales tenían depositadas sus esperanzas para su futuro. Sin moneda, no hay crédito a largo plazo. En su lugar, los programas de viviendas propuestos por los aparatos estatales no sólo son insuficientes, sino que suelen desembocar en todo tipo de escándalos de corrupción, como nos dan a conocer las noticias casi diariamente.

Se podría pensar que el procedimiento sugerido constituye un premio y un incentivo para tomar predios públicos a la espera de ser recompensados por ofertas atractivas y proceder a los arbitrajes correspondientes. Sin embargo, la situación no es muy diferente de la actual en el sentido de que los usurpadores podrían contar con vivienda si proceden, como lo han hecho, por ejemplo, los habitantes actuales de la villa 31.

El tema es estar atentos para no permitir nuevos asentamientos que sean arrebatos de espacios públicos. Pero los funcionarios públicos no suelen estar atentos, por deficiencias administrativas y porque sus faenas exceden la de eficaz gestor inmobiliario. Naturalmente el riesgo de conflictos varios se reduciría si el sector público dejara de poseer ciertos espacios que no cumplen con ningún fin de utilidad. Al menos en esta instancia del proceso de evolución cultural, no tiene razón de ser la propiedad inmobiliaria estatal que no sea la vía pública, plazas, parques o edificios para sus oficinas.

Estimamos que las medidas que al momento se adoptan son políticas que no pasan de retoques circunstanciales, prevalece el problema de fondo preparado para que demagogos de diverso color utilicen a los pobres en provecho propio.

El tema no consiste en la buena o mala voluntad de los funcionarios de turno, el tema radica en las instituciones que establecen incentivos en una u otra dirección.

En un plano más amplio consignamos que al efecto de lograr salarios e ingresos más elevados, muy especialmente para los más necesitados, deben establecerse las condiciones indispensables para facilitar el ahorro y la consecuente inversión. Esto no sólo requiere marcos institucionales civilizados, sino que demanda modificaciones fiscales que se traduzcan en la actualización de las valiosos propuestas alberdianas en cuanto a la eliminación de impuestos directos y progresivos que atentan contra la inversión, y reducir las alícuotas de los indirectos y proporcionales en el contexto del federalismo tributario hoy inexistente, para así retomar la mejor tradición argentina.

Esto sólo puede lograrse si se encaran reformas estructurales compatibles con una sociedad abierta, medidas que deben ponerse en marcha y darles principio de ejecución antes de que sea tarde. Sólo interesan los resultados y el balance de la gestión, las explicaciones son irrelevantes. Desde hace décadas, en nombre de los pobres se los explota de la peor manera.

 

Coautores de los libros En defensa de los más necesitados (Atlántida) y Proyectos para una sociedad abierta (Abeledo-Perrot)

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

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El corrupto progresismo

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 20/6/16 en: http://economiaparatodos.net/el-corrupto-progresismo/

 

Si algo tenemos que aprender los argentinos de estos 12 oprobiosos años de kirchnerismo, es a desconfiar de todos aquellos que prometan utilizar el estado para implementar planes “sociales”

Seguramente los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández pasarán a la historia como uno de los más corruptos de la historia argentina. Es puro verso eso de que con Néstor hubiese sido diferente. Néstor Kirchner fue el que armó toda la arquitectura para transformar el aparato estatal en un sistema de represión y persecución de quienes pensaban diferentes, y también construyó un sistema de corrupción como nunca se había visto, al menos en la Argentina contemporánea.

Si algo tenemos que aprender los argentinos de estos 12 oprobiosos años de kirchnerismo, es a desconfiar de todos aquellos que prometan utilizar el estado para implementar planes “sociales”, y regular la economía en beneficio de la sociedad.

Tampoco es casualidad que el gasto público haya llegado a niveles récord. El gasto público fue la fuente de corrupción que permitió implementar el latrocinio más grande que pueda recordarse de la historia económica para que unos pocos jerarcas k engrosaran guarangamente sus bolsillos al tiempo que hundían a la población en uno de los períodos de pobreza más profundos.

Con el argumento de la solidaridad social se lograron varios objetivos simultáneamente: 1) manejar un monumental presupuesto “social” que dio lugar a los más variados actos de corrupción (sueños compartidos, Milagro Sala, etc.) 2) crear una gran base de clientelismo político para asegurarse un piso de votos. O me votás o perdés el subsidio. Como la democracia se transformó en una carrera populista, el reparto de subsidios sociales se transformó en una base electoral importante, 3) crear millones de puestos de “trabajo” a nivel nacional, provincial y municipal para tener otra base de votos cautivos. O me votas o perdés el trabajo y 4) una economía hiper regulada por la cual para poder realizar cualquier actividad el estado exige infinidad de formularios y aprobaciones de diferentes departamentos estatales. Estas regulaciones no tienen como función defender al consumidor como suele decirse, sino que el objetivo es poner barreras burocráticas a los que producen para forzarlos a pagar coimas para poder seguir avanzando produciendo. Un ejercicio al respecto lo hizo hace años Hernando de Soto, en Perú y se plasmó en el libro El Otro Sendero. La idea era ver cómo la burocracia peruana iba frenando toda iniciativa privada con el fin de coimear.

Manejar miles de millones de dólares en gasto público, encima manejarlos bajo la ley de emergencia económica que permite reasignar partidas presupuestarias por DNU sin que se discuta en el Congreso el uso de los fondos públicos, es el camino perfecto para disponer de abundantes fondos para el enriquecimiento ilícito.

La clave de todo el proceso de corrupción pasa, por un lado, por denostar la libre iniciativa privada y enaltecer a los “iluminados” políticos y burócratas que dicen saber elegir mejor que la misma gente qué le conviene a cada uno de nosotros. Ellos son seres superiores que tienen que decidir por nosotros.

Establecida esa supuesta superioridad del burócrata y del político en términos de qué, cuánto y a qué precios hay que producir y establecida la “superioridad” moral de los políticos sobre el resto de los humanos auto otorgándose el monopolio de la benevolencia, se arma el combo perfecto para regular la economía y coimear, llevar el gasto público con sentido progresista hasta niveles insospechados para construir el clientelismo político y la correspondiente caja y corrupción.

Quienes de buena fe dicen aplicar política progresistas no advierten que ese supuesto progresismo es el uso indiscriminado de fondos públicos que dan lugar a todo tipo de actos de corrupción. En el fondo es como si dijeran: no es malo el modelo kirchnerista, el problema no son las políticas sociales que aplicaron, que son buenas, sino que ellos son corruptos. Esto limita el debate a simplemente decir: el país no funciona porque los kirchneristas son corruptos y nosotros somos honestos.

Mi punto es que el debate no pasa por decir, ellos son malos y nosotros somos buenos, por lo tanto, haciendo lo mismo, nosotros vamos a tener éxito y ellos no porque nosotros somos honestos. El debate pasa por mostrar que el progresismo no solo es ineficiente como manera de administrar y construir un país, sino que además crea todas las condiciones necesarias para construir grandes bolsones de corrupción. El progresismo es el caldo de cultivo para la corrupción.

Por eso no me convence el argumento que el cambio viene con una mejor administración. Eso podría ocurrir si tuviésemos un estado que utiliza el monopolio de la fuerza solo para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. En ese caso, solo habría que administrar unos pocos recursos para cumplir con las funciones básicas del estado.

Ahora si el estado va usar el monopolio de la fuerza para redistribuir compulsivamente los ingresos, para declarar arbitrariamente ganadores y perdedores en la economía y para manejar monumentales presupuestos, entonces caemos en el error de creer que alguien puede administrar eficientemente un sistema corrupto e ineficiente.

En síntesis, el verdadero cambio no consiste en administrar mejor un sistema ineficiente y corrupto. El verdadero cambio pasa por terminar con ese “progresismo” con sentido “social” que es corrupto por definición y ensayar con la libertad, que al limitar el poder del estado, limita el campo de corrupción en el que pueden incurrir los políticos. Además de ser superior en términos de crecimiento económico, distribución el ingreso y calidad de vida de la población.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Administración voluntaria de Justicia en los barrios informales: ¿qué principio jurídico aplican?

Por Martín Krause. Publicada el 29/1/16 en: http://bazar.ufm.edu/administracion-voluntaria-de-justicia-en-los-barrios-informales-que-principio-juridico-aplican/

 

Cuando analizamos la posibilidad de soluciones voluntarias a problemas de “fallas de mercado”, vale la pena analizar la organización de los barrios informales. Allí, hemos visto, surgen organizaciones locales que hasta administran justicia. ¿Y qué principio jurídico aplican? Continuamos con el Cap. 8 del libro El Foro y el Bazar:

Una nota aparte de interés para los economistas austríacos deriva de la importancia de la primera posesión y se relaciona con la necesidad de un derecho de propiedad formal. La mayoría de los economistas austríacos enfatizarían la importancia de derechos de propiedad bien definidos pero, ¿demanda esto un título “formal” o la “percepción de estabilidad de la posesión”? De hecho, eso es lo que aporta el título formal y las ventajas de un buen sistema de registro y titulación han sido reconocidas por los austríacos y enfatizadas en el posterior libro de Hernando de Soto (2002), en este último caso señalando la necesidad de un título para acceder al crédito hipotecario. Estudios empíricos han mostrado también el impacto de la titulación en la inversión (Galiani & Shcargrodsky, 2005) y también en la calidad, tamaño y estructura de las casas, en los resultados educativos de los niños y en la formación de ideas sobre la propiedad y los mercados.

Otros autores cuestionan si un título formal es necesario para asegurar la posesión y proteger las inversiones, o existirían otros procesos que logran resultados similares. Por ejemplo, van Gelder (2010) comenta:

“Factores tales como el reconocimiento oficial de un asentamiento, la introducción de infraestructura y servicios, y otros factores que pueden fortalecer de facto la seguridad de la posesión fueron considerados más fundamentales que tener un documento legal sobre un terreno  (e.g., Gilbert, 2002).

Con respecto al acceso al crédito, los poseedores de títulos no obtuvieron préstamos más frecuentemente que los residentes que no los tenían. En El Tala solamente tres personas con título de propiedad habían sacado un préstamos hipotecario en los cinco años anteriores contra dos en la sección no titulada del asentamiento. Más gente –ocho en la zona titulada y cinco en la no titulada- habían obtenido préstamos en instituciones financieras que cobran altos intereses y no demandan la propiedad como garantía. En otras palabras, los propietarios no comprometían sus viviendas como colateral para obtener préstamos” (p. 15).

Ostuni & van Gelder (2008, p. 205), apelan a una “construcción subjetiva” o percepción de seguridad que ciertamente provendría de un título pero también de la buena voluntad de funcionarios gubernamentales, una política de “laissez-faire” en relación a los asentamientos o a la provisión de servicios básicos. Baltrusis (2009, p. 71) informa que los precios en las “favelas” informales de Guarulhos, cerca de San Pablo, tienen un precio promedio de R$ 3.700 en Sao Rafael mientras que aquellos de Cabucú, un barrio recientemente ocupado, sólo de R$ 600.

Al margen de la forma que tome, la percepción de seguridad es determinante y las decisiones de adjudicación de mediadores o jueces informales tenderían, por lo tanto, a fortalecerla. Esto debilita el análisis de costo/beneficio en tales decisiones ya que volver a la asignación de derechos dependiente de la evaluación de un juez sobre un resultado neto volvería a generar inestabilidad, un punto planteado por Block (1995), aunque también mencionado por  Coase .

Los contratos de arrendamiento parecen regirse por un principio estricto de propiedad: si el arrendatario no paga debe abandonar el cuarto o la casa inmediatamente. No hay mucha flexibilidad y las renegociaciones son poco usuales. Pocos arrendatarios se resisten al desalojo (Cravino, 2006, p. 206).

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

R. Randolph Richardson (1926-2015): Supporter Of Think Tanks And Strategists

Por Alejandro Chafuen: Publicado el 25/6/2015 en: http://www.forbes.com/sites/alejandrochafuen/2015/06/25/r-randolph-richardson-1926-2015-supporter-of-think-tanks-and-strategists/

 

No other country in the world has such a robust number of public policy think tanks than does the United States. When it comes to conservative free-market think tanks, most serious students have credited the special role played by lead funders. During the late 1970’s and early 1980’s, several organizations were created, strengthened, and some rescued by the combined efforts of intellectual and business entrepreneurs. One of the most prominent passed away last month: R. Randolph “Randy” Richardson (1926-2015).

He was one of the select group who realized that unless the wealth creators got involved in helping preserve the free-enterprise system, the future would belong to socialism in some of its many varieties. Richard Mellon Scaife, John M. Olin, Joseph Coors, Robert Krieble, are some of the most prominent who joined in this quest. In one of his last policy speeches, Richardson credited other predecessors, Harold Luhnow (Volker Fund), Loren Miller, and Dick Ware (Earhart Foundation), as some of the first strategists in the intellectual battle for the free society. In that same speech, Richardson quoted F.A. Hayek’s analysis that socialists were winning due to the strength of their communications and strategy rather than for their ideas.

 

All of the individuals mentioned above embarked on helping create room for the giants of the Austrian school and Chicago school of economics as well as the think tanks that would turn some of their ideas into policy solutions. Their success was such that a long critical article in “The Atlantic” in 1986 by Gregg Easterbrook concluded “the terms of debate will never again be the same. Government-imposed solutions will no longer automatically be considered to be in the best interest of the poor … nor will market-mediated approaches automatically be considered apologies for the rich.”
During his 20 years at the helm of the Smith-Richardson Foundation, Randy Richardson supported efforts to promote freedom around the globe. He was an early sponsor of Hernando de Soto and his Instituto Libertad y Democracia. The “Shining Path” terrorist organization had embarked on a path of violence to take over Peru. De Soto wrote a book showing that Peruvians were being exploited not by capitalism but by the regulatory state. His book was titled “The Other Path” and became a bestseller. It was written in collaboration with Enrique Ghersi and Mario Ghibellini and carried a memorable long introduction by Mario Vargas Llosa (now Nobel Laureate), which was the lead story in the magazine of the Sunday edition of the New York Times. This was too much for the terrorists. De Soto became a prime target.

De Soto had been in close touch with think tank champion Antony Fisher since 1979. From Fisher he learned about Randy Richardson and approached him with an unusual request. Rather than funding for public policy research, he asked for funds to buy an armored car. I doubt that the request fit in the guidelines of Smith-Richardson Foundation, but at the time, private, and even corporate donors, were less afraid to assume risks. Randy Richardson gave the grant. The terrorists had a chance to shoot at the car, aiming straight to the gas tank, but the armored plates saved the day. That was not the only scare, ILD’s building was bombed twice.

Richardson understood the need to wage the battle against communism on many fronts. His foundation supported the Center for Strategic and International Studies (CSIS), then at Georgetown (now independent), and also the National Strategy Information Center, which later launched the “League to Save Carthage”. The late David Abshire, a founder and first director of CSIS, described the League and the work of its founder, Frank Barnett, as one of the great untold stories of the “Cold War.” Richardson’s lead grant for an Atlas Economic Research Foundation workshop for Latin American think tanks started an ever growing network of free-market groups south of the border.

A few weeks ago, at the memorial service for Mr. Richardson, Richard “Dick” Allen, National Security Advisor in the Reagan administration, described how after returning to the U.S. for his first academic job, Gerhart Niemeyer, his mentor at Notre Dame University, told him “you need to meet Randy.” Niemeyer, had a long tenure as political philosophy professor and an expert on communism. Richardson placed Allen on his board of governors. First generation foundation leaders, a Southern splinter group of the Young Presidents Organization, and key strategists, such as the late Dan McMichael, helped build the think tank network that would be at the forefront of the battle for freedom around the globe. Allen credited Randy for his role in the founding of the Foreign Policy Research Institute, (FPRI) and many other efforts.

Another close collaborator, Les Lenkowsky met Randy on December 25, 1975, for a job interview. As director of research for the Smith-Richardson foundation he became a key lieutenant in the battle of ideas. Both were newcomers to the world of philanthropy. Lenkowsky, who later became a teacher of philanthropy, shared that the main lesson he took out of his many years with Richardson was that the success of grant givers depends on the success of the grantees, empowering them: “Find good people, be patient.” Randy knew that foundations were products of the private sector, of entrepreneurs as himself, and it was key to be efficient, he was not a fan of fancy offices and liked a lean style.

His son, Rod Richardson, also during the memorial, focused on less known aspects of his father’s life. One was his service in World War II. The other, how he considered grantees as part of his extended family. His fight for freedom in the cold, freezing trenches, marked him for life, both physically and emotionally. After his battalion helped liberate several concentration camps, he suffered when he saw the consequences of Yalta. Many liberated from Nazism got stuck in socialist enslavement. Of all the funders mentioned above, Richardson was the one who was more involved in the global battle. He paid attention to defense, strategy, and the world of free enterprise.

Chris DeMuth, who led the American Enterprise Institute (AEI) from 1986 to 2008, credited Richardson for helping rescue AEI which, in 1986, was in dire financial straits. DeMuth was seeking a grant to pay for severance to soften the blow to many researchers who were going to be let go just prior to Christmas. Devon Gaffney [Cross], then a senior program officer, reminded Randy that the donation did not meet the criteria of the foundation but, just as in the case of De Soto’s armored car, Randy gave the money. There is no room here to mention all his philanthropic work, but he was also a lead donor for Milton and Rose Friedman’s “Free to Choose” TV series.
The passing of time and the advent of new generations brings changes. The current Smith-Richardson Foundation, under the control of a different branch of the family, is still a major power house, and focuses more on research than institutional support for think tanks. Daughter Heather Richardson Higgins, head of the Randolph Foundation, focuses mostly on U.S. policy and civil society organizations, and is a major player at the Philanthropy Roundtable and the Independent Women’s Forum. Rod Richardson promotes targeted tax cuts to achieve environmental and health policy goals that have bi-partisan support.

Richardson believed that developing the best idea is half of the battle. The other half required “talented, determined men and women [who] can create and execute strategies which insure that good ideas can displace inferior ones in millions of minds.” His investments in this area continue to bear fruit around the globe.

 

Alejandro A. Chafuén es Dr. En Economía por el International College de California. Licenciado en Economía, (UCA), es miembro del comité de consejeros para The Center for Vision & Values, fideicomisario del Grove City College, y presidente de la Atlas Economic Research Foundation. Se ha desempeñado como fideicomisario del Fraser Institute desde 1991. Fue profesor de ESEADE.