Ninguna causa justifica la tortura

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 23/7/07 en: https://www.lanacion.com.ar/opinion/ninguna-causa-justifica-la-tortura-nid928080

 

Se debate en diversos foros la posición de Estados Unidos sobre los llamados “interrogatorios coercitivos”, al tiempo que existe el agujero negro de Guantánamo y agentes gubernamentales subcontratan torturadores en terceros países, como quedó documentado en un meduloso libro de Stephen Grey. Asimismo, la lucha antiterrorista que ha tenido lugar en buena parte de América latina sigue dando lugar a discusiones.

César Beccaria, el precursor del derecho penal, escribe: “¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que da potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es o no inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o es incierto; si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos, porque es inútil la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente”. Concluye Beccaria: “No vale la confesión dictada durante la tortura”.

No se justifica la tortura en ninguna circunstancia, incluso si se conjetura que determinada persona sabe quién hará detonar una bomba, y aunque se sospeche de que es cómplice del hecho. No resulta aceptable argumentar que hacer sufrir a una persona queda compensado por las muchas vidas salvadas. Cada persona tiene valor en sí misma. La vida de una persona no se debe a otros. No cabe la pretensión de hacer balances, como si se tratara de carne en la balanza de la carnicería. El fin es inescindible de los medios. Los pasos en dirección a la meta impregnan ese objetivo. La conducta civilizada no autoriza a abusar de una persona, independientemente de lo que ocurra con otras (llevados al extremo, estos “balances sociales” conducirían a justificar dislates como el sacrificio de jubilados para que los jóvenes puedan vivir mejor). La legitimación del abuso pone en riesgo la supervivencia de la sociedad abierta, puesto que ésta descansa en pilares éticos.

Además, el ejemplo de la bomba supone más de lo que es posible suponer. Parte de la base de que el torturado posee la información, de que la bomba existe y funciona, de que el sospechoso trasmitirá la información correcta, de que la tortura se limitará a ese hecho, etcétera.

A veces se formulan interrogantes de este tipo: ¿usted no autorizaría la tortura de un sospechoso si eso pudiera salvar la vida de su hijo secuestrado? En realidad, son preguntas tramposas, como las que aparecen en las life boat situations : en caso de encontrarse en un naufragio, ¿usted acataría la decisión del dueño del bote disponible o forzaría el abordaje de toda su familia en lugar de permitir el embarque de otras personas preferidas por el titular? No es posible el establecimiento de normas de conducta civilizada extrapolando situaciones de conmoción excepcional y ofuscamiento que en ciertas circunstancias abren compuertas a procedimientos reñidos con la moral, puesto que eso significaría el naufragio de la sociedad civilizada.

En el caso del debate sobre la tortura (y en infinidad de otros casos) es útil colocarse en la posición de la minoría. Si detienen injustamente a un hijo y lo torturan, no hay forma de probar la inocencia si no se admite el debido proceso. Antiguamente, los godos, vándalos, hunos y germanos (cimbros y teutones) condujeron las “invasiones bárbaras” sobre el Imperio Romano. Se practicaba todo tipo de suplicios y finalmente se degollaba a los adultos vencidos, se sacrificaban niños a los dioses, se construían cercos con los huesos de las víctimas y las mujeres profetizaban con las entrañas de los derrotados.

En un proceso evolutivo, los conquistadores tomaban después a los conquistados como esclavos (“herramientas parlantes”, según la horripilante denominación de entonces). En la guerra moderna, se establecieron normas para el trato de los vencidos. Pero en lugar de profundizar la senda civilizada y responsabilizar a quienes producen lo que livianamente se ha dado en llamar “daños colaterales”, en lugar de eliminar la bajeza de la embrutecedora y castrante “obediencia debida”, nos retrotraemos a la barbarie de la tortura.

Michael Ignatieff escribe: “La democracia liberal se opone a la tortura porque se opone a cualquier uso ilimitado de la autoridad pública contra seres humanos, y la tortura es la más ilimitada, la forma más desenfrenada de poder que una persona puede ejercer contra otra”.

Recientemente se ha sugerido la “regulación de la tortura”, como consecuencia de la antes mencionada subcontratación de torturadores en terceros países por parte del gobierno de Estados Unidos y debido a la existencia de Guantánamo. En este sentido, se mantiene que esta regulación sería para evitar la hipocresía de la política norteamericana, que, mientras declama el Estado de Derecho, abre las puertas al abismo. Se sigue diciendo que esta regulación “mitigaría y encauzaría la tortura por carriles adecuados a las circunstancias”. Pero esto significaría la legalización del crimen. El crimen regulado no es menos criminal. No tiene gollete que se considere una aberración la tortura a ciudadanos norteamericanos mientras se estima aceptable someter a suplicios a no estadounidenses. Este modo de ver las cosas, entre otros aspectos, quita toda autoridad moral a los que pelean contra el terrorismo, puesto que adoptar procedimientos de la canallada convierte en canallas a quienes se supone que están defendiendo el derecho.

No es admisible que algunos se escuden en afirmaciones cobardes como que la guerra es siempre terrible y otras de similar calaña para justificar procedimientos aberrantes y eludir el debate. El debido proceso, en su caso el juicio sumario con todas las garantías, no puede reemplazarse por la carta blanca para torturar y matar. De este modo, eventualmente, se podrán ganar batallas en el terreno militar, pero indefectiblemente se pierden en el campo moral.

Claro que la hipocresía no sólo se encuentra en algunos de los que combaten al terrorismo, sino, como repetidamente se ha visto en distintos lares, está incrustada en ciertos personajes que alardean de proteger derechos humanos (lo que, como hemos dicho en estas columnas, constituye un grosero pleonasmo, puesto que las rosas y las piedras no son sujetos de derecho), cuando en verdad es mera pirotecnia verbal que nada tiene que ver con la justicia, al desconocer los crímenes atroces y execrables cometidos por las bandas terroristas.

Por último, el controvertido tema de la suspensión de las libertades individuales con la supuesta idea de preservar el orden jurídico. Paradójico en verdad es dejar sin efecto el derecho para salvaguardar el derecho. Otorgar visos de juricidad a aquello que es por naturaleza extrajurídico se asemeja a una ficción. No es novedosa la idea de la interrupción del derecho: viene de Roma. Se ha escrito muchísimo sobre esta delicada cuestión, pero, en todo caso, esta concepción se ha traducido reiteradamente en abusos de poder, incluyendo la tortura.

En este sentido, Ira Glasser pasa detallada revista a algunos episodios ocurridos en Estados Unidos como consecuencia de estos llamados estados de excepción. Muestra cómo la legislación sobre sedición y sobre extranjeros de 1789, la de espionaje de 1917, otra vez la de sedición de 1918 y la orden ejecutiva de F. D. Roosevelt en 1942 condujeron a grandes injusticias y severas restricciones de las libertades individuales, sin que ofrecieran mayor seguridad.

Recuerda Glasser, por ejemplo, que Ronald Reagan llamó a esta última disposición “una histeria de guerra racista”, debido a que condenó a 112.000 personas de descendencia japonesa a campos de concentración en Estados Unidos, y “ni uno de los 112.000 fue imputado de un crimen ni acusado de espionaje o sabotaje. Ninguna evidencia fue jamás alegada y no hubo audiencias”.

Hannah Arendt escribió sobre las patrañas políticas en el fiasco de Vietnam y ahora hemos visto las graves violaciones a los derechos de las personas por la aplicación de la vergonzosa ley denominada “patriota” en Estados Unidos, a raíz de las agresiones criminales del 11 de septiembre de 2001 y la invasión a Irak. Benjamin Franklin advertía: “Aquel país que renuncia a algunas libertades en nombre de la seguridad no merece ni la libertad ni la seguridad”. Curiosa es, en verdad, la estrategia de liquidar anticipadamente las libertades como defensa contra el ataque terrorista que, precisamente, pretende aniquilar las libertades.

“Para novedades, los clásicos”, reza el conocido aforismo. En nuestro caso, es pertinente recordar un pensamiento de Dante: “Todo el que pretende el fin del derecho, procede conforme a derecho. (…) Es imposible buscar el derecho sin el derecho. Formalmente, nunca lo verdadero sigue a lo falso”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

U.S.-Cuba Embassy Deal: New Relationship, Persistent Problems

Por Alejandro Chafuen: Publicado el 21/7/2015 en: http://www.forbes.com/sites/alejandrochafuen/2015/07/21/u-s-cuba-embassy-deal-new-relationship-persistent-problems/

 

July 20 brought the reversal of a decades-long U.S. policy stance toward Cuba. More than 50 years after the United States and Cuba first cut diplomatic ties back in 1961 (on the heels of Fidel Castro’s revolution), the Cuban flag sways outside the embassy on 16th St. NW in Washington DC.

The flag now also hangs in the State Department, side by side all the other countries with which the United States maintains friendly diplomatic ties. This change ushers in a new era of U.S.-Cuba relations, albeit with much less pomp and circumstance than the ceremony outside the embassy.

 

In his first-ever visit to the U.S., Cuban Foreign Minister Bruno Rodriguez led the ceremony in front of around 300 guests, including journalists and diplomatic team members to raise the island’s flag. In his remarks, Rodriguez praised the normalization of relations between the U.S. and Cuba, but was unwilling to stray from contentious topics: Rodriguez called for an end to the trade embargo and the dismantling of the U.S.’s Guantanamo naval base.
The Obama administration’s new policy still faces an uncertain future. Battles remain. The trade embargo can only be lifted by Congress, and Congress will have the final say on whether the President is able to post a U.S. Ambassador to Cuba.
Cuba will be a hot-button topic in 2016

Indeed, not everyone agrees with President Obama’s assertion that this policy reversal constitutes a “historic step forward.” Rodriguez’s remarks at the embassy underscore some of the tensions at play in normalizing Cuba-U.S. relations. Since its early stages, the deal has caused splintering on both sides of the aisle—and Cuba is likely to become a hot-button topic in the upcoming 2016 election.

Marco Rubio and Ted Cruz, both potential contenders in next year’s presidential race (and both of whom hold personal ties to Cuba), have openly stated that they do not support the actions of the Obama administration. Rubio has said that, if elected, he plans to roll back on Obama’s policy and cut ties with Cuba until democracy is fully restored in the island. Opponents, which also include former Florida Governor Jeb Bush, have expressed fears that President Obama’s actions signal tolerance toward an intolerant regime.

Senator Rand Paul broke stance with other Republican figureheads, however, by declaring that he believes opening Cuba could be a positive step towards a much-needed regime change in the island. Paul is on the same page as presidential hopeful Hillary Clinton, who was a proponent of the normalization of U.S.-Cuba relations while Secretary of State. Public opinion polls also reflect support for the shift, especially in areas like Miami, which boast a high density of Cuban-Americans. According to Pew Research Center, 63% of Americans approve of the deal—yet only 32% believe that renewed ties to the U.S. will make Cuba a more democratic country.

After living so many decades with little or no hope, most of those on the island also favor the deal. But Rubio and Cruz are not running for office in Cuba—they do not mind being unpopular there. Their principled stance, based on the respect of political and economic freedoms, and for all the liberties we take for granted, means little for those who have been brainwashed by half a century of constant government indoctrination.
Diplomatic relations do not guarantee progress

The Obama administration and the “Rand Paul” libertarians are not alone in their support for increased openness. Successful leaders of the U.S.-Cuban business community, as those gathered in the Cuba Study Group, favor the current policies. Their optimism is mostly genuine but few are ready to jump in with large investments.

Diplomatic relations do not guarantee progress. Nor do inexistent embargoes. Take the case of Venezuela, a country whose leaders trumpet that they would like to be like Cuba. A first hand witness, Luis Henrique Ball, believes there is nothing in the current agreement that would prevent Cuba from continuing to impose the same policies that have condemned its citizens and Venezuelans to poverty or exile.

Even some Cuban exiles—who complain the current agreement has ignored the rights of the victims of communism—believe there is a chance that the material conditions will improve. One of them, Alberto Mestre, forecasts that the transition might be like Vietnam (which he recently visited): “Our tour guide told us the communists still rule, and that is bad, but I am living better.” Cuban-born Otto J. Reich, former U.S. Ambassador to Venezuela, forecasts that the Cubans will follow the model of Putin’s Russia. The military will likely maintain power after the Castros’ deaths and will try to capture businesses inside and outside the country, thus consolidating power.

Likely alliances between crony military and crony capitalist interests

And though it may seem there would be less need for “spy games,” the opening of the embassies will likely expand spying on both sides. It will get cheaper, and soft collection of intelligence will be less risky. Those at the State Department Latin American desk tend to be more fearful of instability than of challenges against freedom. They will be monitoring trends and leadership. Cuba is only 90 miles away from the U.S. and if confronted with major instability and even more poverty, hundreds of thousands if not millions, might try to flee to Florida.

My forecast is that we will see alliances between crony military and crony capitalist interests. The former will have access to all the information gathered by the Cuban intelligence agencies, the latter, will help open the doors of business ready to make deals is someone guarantees their profits. If the rewards are high, dealing with tyrants becomes attractive.

Those of us who love freedom will have to make an extra effort to continue to document and expose the human rights abuses committed by Cuban communists over all these decades as well as their support for terrorist and subversive activities. We will have to resist the temptation to create a strategic blindness and silence in order not to hamper the possibility of progress. Progress that for some might mean more privileged business deals, but for us should mean increased freedoms.

 

Alejandro A. Chafuén es Dr. En Economía por el International College de California. Licenciado en Economía, (UCA), es miembro del comité de consejeros para The Center for Vision & Values, fideicomisario del Grove City College, y presidente de la Atlas Economic Research Foundation. Se ha desempeñado como fideicomisario del Fraser Institute desde 1991. Fue profesor de ESEADE.

Cuba condiciona el acercamiento a Estados Unidos:

Por Emilio Cárdenas. Publicado el 5/2/15 en: http://www.lanacion.com.ar/1765672-cuba-condiciona-el-acercamiento-a-estados-unidos

 

Cuba anunció que condiciona fuertemente el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Antes de hacerlo, el gobierno de la isla pretende, entre otras cosas, que los EE.UU. (i) le devuelvan la base naval de Guantánamo (ii) levanten el embargo comercial que aún pesa sobre ella y (iii) compensen a Cuba por los daños causados por el embargo a lo largo de los años en que estuvo vigente con cientos de millones de dólares de pretendidas compensaciones, sin que se mencione una palabra sobre las compensaciones que corresponden por las confiscaciones cubanas de propiedades de empresas y personas de los EE.UU.

Esto, a cambio de la reconciliación. Para Raúl Castro, sin que esas tres condiciones se materialicen ex ante, la normalización de las relaciones con el país del norte simplemente “no hace sentido”.

Parecería evidente que, por el momento al menos, Cuba no tiene demasiado apuro en concretar la normalización anunciada por los gobiernos de ambos países el pasado 17 de diciembre. Aunque lo cierto sea que habrá que ver cuán rígido es efectivamente el aparente condicionamiento, porque si la delicada situación económica de Venezuela de pronto se complica y sus importantes subsidios al gobierno de la isla se reducen, no es imposible que el mismo pueda eventualmente flexibilizarse.

El anuncio, realizado después de varias reuniones bilaterales entre Cuba y los EE.UU. destinadas a consensuar el proceso de normalización, genera ahora una dosis de escepticismo acerca de la voluntad cubana de efectivamente ir adelante con este tema y sugiere que, de cualquier manera, el camino a recorrer no será transitado vertiginosamente, sino más bien con pasos lentos.

Las condiciones aludidas, que Cuba acaba de hacer conocer en la reciente reunión del Celac son -en los hechos y si los EE.UU. decidieran que están dispuestos a aceptarlas, lo que no parece demasiado probable- prácticamente imposible de cumplir. Al menos en el corto plazo. Entre otras cosas, porque la lamentable prisión de Guantánamo aún no está en condiciones de ser cerrada.

Por lo demás, la lista de condiciones no se agota en las tres antes mencionadas. Es larga. Y ambiciosa.

Un embargo que ya no tenía sentido va felizmente camino a eliminarse. Paso a paso. Todo puede ciertamente cambiar en función de las circunstancias, pero el camino de la normalización entre será arduo

Exige asimismo que desde los EE.UU. se dejen de emitir programas de radio y/o televisión con contenidos críticos respecto de lo que sucede en la isla que aún está gobernada por un régimen que nada tiene de democrático y que no respeta, ni los derechos humanos, ni las libertades civiles de su propio pueblo. Éste es un requerimiento típico de quienes no creen en la libertad de expresión, ni en la libertad de prensa. Es, además, una exigencia sin contrapartida de ningún tipo. A lo que cabe agregar que Cuba exige, asimismo, ser inmediatamente excluida de la lista norteamericana de aquellos países del mundo que exportan terrorismo, lo que supone -entre otras cosas- que Cuba ya no apoya al terrorismo que opera en Colombia.

En la reunión regional, pese a los anuncios cubanos antes reseñados, la presidente del Brasil, Dilma Rousseff, felicitó a los líderes de Cuba y los EE.UU. por sus esfuerzos en dirección a la normalización de sus relaciones que, dijo, serán provechosos para cubanos y norteamericanos, “pero también para el continente entero”. De ser exitosos, es así.

Así están hoy las cosas. Un embargo que ya no tenía sentido va felizmente camino a eliminarse. Paso a paso. Todo puede ciertamente cambiar en función de las circunstancias, pero el camino de la normalización entre las dos naciones será arduo y nada sencillo. Además, al menos aparentemente, será lento.

Dejar atrás más de medio siglo de desencuentros no es tarea simple. Pero no hay peor esfuerzo que el que no se hace..

 

Emilio Cárdenas es Abogado. Realizó sus estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y en las Universidades de Princeton y de California.  Es profesor del Master de Economía y Ciencias Políticas y Vice Presidente de ESEADE.

OTRA VEZ, SOBRE LA TORTURA:

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Varias veces he escrito sobre este tema horrendo, ahora repito algo de lo dicho, en esta caso, en “La Nación” de Buenos Aires (julio 23, 2007)  en vista de la inadmisible política que en este sentido mantiene el otrora baluarte del mundo libre: Estados Unidos, en Guantánamo (fuera de su territorio para no chocar con la elemental decencia de la legislación estadounidense).

 

César Beccaría, el precursor del derecho penal, escribe que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez […] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que da potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es o no inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o incierto; si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos porque es inútil la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados […] Este es el medio seguro de absolver al los robustos malvados y condenar a los flacos inocentes”.

 

Concluye Beccaría con una crítica enfática a quienes señalan las contradicciones en que incurren los torturados como prueba de culpabilidad, como si “las contradicciones comunes en los hombres cuando están tranquilos no deban multiplicarse en la turbación de ánimo todo embebido con el pensamiento de salvarse del inminente peligro […], es superfluo duplicar la luz de esta verdad citando los innumerables ejemplos de inocentes que se confesaron reos por los dolores de la tortura; no hay nación, no hay edad que no presente los suyos […] No vale la confesión dictada durante la tortura”.

 

No se justifica la tortura en ninguna circunstancia, incluso en el caso que se conjeture que determinada persona tiene la información de quien es el que hará detonar una bomba y aunque se sospeche que aquél es cómplice del hecho. Las razones que se acaban de apuntar convalidan el aserto. No resulta aceptable esquivar aquellas argumentaciones esgrimiendo la posibilidad de que el hacer sufrir a una persona queda mas que compensado con las muchas vidas que se salvarían.

 

Cada persona tiene valor en si misma, la vida de una persona no se debe a otros. No cabe la pretensión de hacer balances como si se tratara de carne sopesada en balanzas de carnicería. El fin es inescindible de los medios. Los pasos en dirección a la meta impregnan ese objetivo. La conducta civilizada no autoriza  a abusar de una persona, independientemente de lo que ocurra con otras (llevados al extremo, estos “balances sociales” eventualmente conducirían a justificar dislates como el sacrificio de jubilados para que generaciones jóvenes puedan vivir mejor). La legitimación del abuso pone en riesgo la supervivencia de la sociedad abierta, puesto que ésta descansa en pilares éticos.

 

Además, el ejemplo de la bomba supone mas de lo que es posible suponer. Parte de la base que el torturado posee en verdad la información, que la bomba existe y que funciona, que puede remediarse la situación, que el sospechoso trasmitirá la información correcta, que la tortura se limitará a ese hecho etc.

 

A veces se formulan interrogantes del tipo de ¿usted no autorizaría la tortura de un sospechoso si eso pudiera salvar la vida de su hijo secuestrado?. En realidad son preguntas tramposas de la misma naturaleza que las que aparecen en life boat situations en sentido literal, por ejemplo ¿en caso de encontrarse en un naufragio, usted acataría la decisión del dueño del bote disponible o forzaría el abordaje de toda su familia en lugar de permitir el embarque de otras personas que prefiere el titular?. No es posible el establecimiento de normas de conducta civilizada extrapolando situaciones de conmoción excepcional y ofuscamiento que en ciertas circunstancias abren compuertas a procedimientos reñidos con la moral, puesto que eso significaría el naufragio de la sociedad civilizada.

 

En el caso del debate sobre la tortura (y en infinidad de otros casos) es útil colocarse en la posición de la minoría. Si detienen injustamente a un hijo y lo torturan, no hay forma de probar la inocencia si no se admite el debido proceso. Antiguamente tribus como la de  los godos, vándalos, hunos y germanos (cimbros y teutones) condujeron las “invasiones bárbaras” sobre el Imperio Romano, en la que se establecía todo tipo de suplicios y finalmente se degollaba a los adultos vencidos, se sacrificaba niños a sus dioses, se construían cercos con los huesos de las víctimas y las mujeres profetizaban con las entrañas de los derrotados. En un proceso evolutivo, los conquistadores luego tomaban a los conquistados como esclavos (“herramientas parlantes” según la horripilante denominación de entonces) y, en la guerra moderna, se establecieron normas para el trato de los ejércitos vencidos. Pero, en lugar de profundizar la senda civilizada y responsabilizar penalmente a quienes producen lo que livianamente se ha dado en llamar “daños colaterales” con vidas de civiles inocentes y eliminar la bajeza de la embrutecedora y castrante “obediencia debida”, resulta que nos retrotraemos a la barbarie de la tortura.

 

Michael Ignatieff escribe que “La democracia liberal se opone a la tortura porque se opone a cualquier uso ilimitado de la autoridad pública contra seres humanos y la tortura es la mas ilimitada, la forma mas desenfrenada de poder que una persona puede ejercer contra otra”. Sugiere este autor que, para evitar discusiones sobre que es tortura y que son interrogatorios coercitivos, deben filmarse estos procedimientos y archivarse en los departamentos de auditoría gubernamental que correspondan.

 

Recientemente se ha sugerido la “regulación de la tortura” como consecuencia de la antes mencionada sub-contratación de torturadores en terceros países por parte del gobierno de Estados Unidos y debido a la antes mencionada cárcel de Guantánamo, como queda dicho, para escapar de la elemental disposición del debido proceso en jurisdicción estadounidense. En este sentido, se mantiene que esta regulación sería para evitar la hipocresía de la política norteamericana que, mientras declama el estado de derecho, abre las puertas al abismo. Se sigue diciendo que esta regulación “mitigaría y encauzaría la tortura por carriles adecuados a las circunstancias”. Pero esto significaría la legalización del crimen. El crimen regulado no es menos criminal. No tiene gollete que se considere una aberración la tortura a ciudadanos norteamericanos, mientras se estima aceptable someter a suplicios a no-estadounidenses. Este modo de ver las cosas, entre otros aspectos, quita toda autoridad moral a los que pelean contra el terrorismo puesto que el adoptar procedimientos de la canallada convierte en canallas a quienes están supuestos de defender el derecho.

 

No es admisible que algunos se escuden en afirmaciones cobardes como que “la guerra es siempre terrible” y otras de similar calaña para justificar procedimientos aberrantes y eludir el debate. El debido proceso, en su caso, el juicio sumario con todas las garantías procesales y sustantivas, no puede reemplazarse por la carta blanca para torturar y matar. De este modo, eventualmente, se podrán ganar batallas en el terreno militar pero indefectiblemente se pierden en el campo moral.

 

Claro que la hipocresía no solo se encuentra en algunos de los que combaten al terrorismo sino, como repetidamente se ha visto en distintos lares, está incrustado en ciertos personajes que alardean de proteger “derechos humanos” (que como ya hemos consignado en otras columnas, constituye un grosero pleonasmo puesto que las rosas y las piedras no son sujetos de derecho), cuando en verdad es mera pirotecnia verbal que nada tiene que ver con la justicia al desconocer los crímenes sórdidos, atroces y execrables cometidos por las bandas terroristas.

 

Por último, el controvertido tema de la suspensión de las libertades individuales con la supuesta idea de preservar el orden jurídico. Paradójico en verdad el dejar sin efecto el derecho para salvaguardar el derecho. Otorgar visos de juricidad a aquello que es por naturaleza extrajurídico, se asemeja a una ficción. No es novedosa la idea  de la interrupción del derecho, viene de Roma a través del institium. Se han escrito ríos de tinta sobre esta delicada cuestión, pero, en todo caso, esta concepción se ha traducido reiteradamente en abusos de poder, incluyendo la tortura.

 

En este sentido, Ira Glasser pasa detallada revista de algunos episodios ocurridos en Estados Unidos como consecuencia de estos llamados estados de excepción. Muestra como la legislación sobre sedición y sobre extranjeros en 1789, de espionaje en 1917, otra vez de sedición en 1918 y la orden ejecutiva de F.D. Roosevelt en 1942 condujeron a grandes injusticias y severas restricciones de las libertades individuales sin que ofrecieran mayor seguridad.

 

Recuerda Glasser, por ejemplo, que Ronald Reagan llamó a esta última disposición “una histeria de guerra racista” debido a que condenó a 112.000 personas de descendencia japonesa a campos de concentración en Estados Unidos y “ni uno de los 112.000 fue   imputado de un crimen ni acusado de espionaje o sabotaje. Ninguna evidencia fue jamás alegada y no hubo audiencias.”

 

Hannah Arendt escribió sobre las patrañas políticas en el fiasco de Vietnam y ahora hemos visto las graves violaciones a los derechos de las personas por la aplicación de la vergonzosa ley denominada “patriota” en Estados Unidos a raíz de los agresiones criminales del 11 de septiembre de 2001 y la invasión a Irak. Benjamin Franklin advertía que “aquel país que renuncie a algunas libertades en nombre de la seguridad, no merece ni la libertad ni la seguridad”. Curiosa es en verdad la estrategia de liquidar anticipadamente las libertades como defensa contra el ataque terrorista que, precisamente, pretende aniquilar las libertades.

 

“Para novedades, los clásicos”, reza el conocido aforismo. En nuestro caso, es pertinente recordar un pensamiento de Dante : “Todo el que pretende el fin del derecho, procede conforme a derecho […], es imposible buscar el derecho sin el derecho […] Formalmente nunca lo verdadero sigue a lo falso”.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

OBAMA Y EL ESTADO DE LA UNIÓN

Por Alberto Benegas Lynch (h)

Desde le época del segundo Bush insisto en que Estados Unidos se viene latinoamericanizando a pasos agigantados en el peor sentido de la expresión, con gastos y deudas públicas gigantescas en cuyo contexto no es una exageración decir que viven de prestado (de 2001 a 2008 G.W.Bush duplicó la deuda y Obama de 2009 al presente la volvió a duplicar, lo cual significa el 103% del producto) a lo que se agregan crecientes regulaciones absurdas y muchas veces contradictorias. Es cierto que la declinación viene de antes en ese país, pero el problema se ha acentuado enormemente en los últimos tiempos.

El discurso de Obama del 28 de enero de 2014 en el Congreso, para rendir cuentas sobre lo ocurrido en el ejercicio 2013, contiene afirmaciones que clara y contundentemente están en las antípodas de los extraordinarios principios y valores de los Padres Fundadores de esa notable nación en la que se produjo la revolución más exitosa de la historia de la humanidad como consecuencia de la libertad y el consiguiente respeto a los derechos individuales.

A diferencia del “State of the Union” pronunciado por Washington que consumió solo 800 palabras, la larga y por momentos extenuante presentación del actual Presidente no nos permite glosarla en su totalidad en una nota periodística por lo que nos concentraremos en ocho resumidos puntos que estimamos clave.

Antes entrar en materia, conviene resaltar que los reiterados aplausos de pie de los presentes en el recinto del Congreso estadounidense (casi después de cada párrafo) no está en consonancia con la tradición republicana en cuanto al necesario recato, sobriedad e independencia que las circunstancias exigen, más bien, como apunta Ron Paul, ex candidato a Presidente por el Partido Republicano en la última contienda electoral, se trata de “un lamentable circo” lo cual manifestó por televisión en entrevista con John Stossel. Esta completa desproporción de aplausos de pie nos retrotrae al Senado romano en la época de Calígula y, en nuestros tiempos, a la caricatura de Parlamento en Venezuela. Economistas de la talla de Walter Williams, Robert Higgs, Thomas Woods, Pascal Salin y Peter Schiff mostraron profundos desacuerdos con el mencionado discurso del Presidente.

Por nuestra parte, veamos entonces los ocho puntos anunciados. Primero, aunque parezca mentira, Obama reiteró lo que es moneda corriente en los países del tercer mundo donde se considera que puede aumentarse la riqueza de la gente por decreto (si esto fuera cierto no habría que proceder tímidamente y hacernos a todos millonarios de una vez). Frente a ambas Cámaras reunidas, Obama declaró muy suelto de cuerpo que incrementará el llamado salario mínimo por decreto y sin que pase el proyecto por el Congreso. Esta medida inexorablemente provocará desempleo (además de los diez millones actuales declarados oficialmente) puesto que salarios superiores a las tasas de capitalización existentes no permiten absorber empleo, desocupación que puede eventualmente disimularse con inflación monetaria la cual, a su vez, genera otros efectos indeseables al elevar salarios nominales y derretir los reales.

Segundo, en varios tramos de su alocución sostuvo que debe combatirse la desigualdad sin la menor comprensión del hecho de que ésta es una consecuencia directa de las preferencias puestas de manifiesto por el público en los supermercados y equivalentes al mostrar en grado diverso las opiniones de la gente según lo que estiman es la capacidad para satisfacer sus deseos en los diferentes rubros. Lo que si son políticas inadmisibles son los “salvatajes” que llevó a cabo esta administración que son recursos detraídos del fruto del trabajo ajeno para alimentar la irresponsabilidad e ineptitud de empresarios que tienen poder de lobby. Esta desigualdad no es el resultado del plebiscito diario en el mercado sino lisa y llanamente del pillaje.

Tercero, el aire de ejecutivo de una empresa denominada Estados Unidos y no el gobernante de una nación respetable lo hizo decir que seguiría dando órdenes y otorgando subsidios  en el área energética según sus inclinaciones y las de los burócratas que lo acompañan con total independencia de lo que ocurre en el mercado. Esto nos recuerda a la triste experiencia de Carter en los setenta que en plena suba en los precios de la energía decretó precios máximos con lo que estimuló que se consumiera más, al tiempo que hubo por vez primera filas de automóviles en las estaciones de servicio debido a la consecuente escasez y, al adulterar precios, se bloquearon las posibilidades de explorar fuentes alternativas de energía. En este caso, al subsidiar áreas energéticas por decisión política a espaldas de la economía se desarticula la asignación de los siempre escasos factores de producción.

Cuarto, volvió con la idea de obligar a las mutuales de medicina a tomar pacientes en base a “condiciones preexistentes”, es decir, aceptar a personas que no han realizado aportes al sistema, lo cual significa poner en peligro toda la estructura médica basada en el seguro. Es igual que a las compañias de seguro del automóvil: si se les impusiera la obligación de aceptar y cubrir a personas que se han accidentado pero que no han participado con el pago de las cuotas requeridas. Esto es desconocer los principios actuariales más elementales.

Quinto, le dedicó una parrafeada a la necesidad de continuar con la ayuda financiera gubernamental destinada a otros países, directamente o a través de organismos internacionales financiados con recursos de los contribuyentes. Esto como si no hubiera documentación suficiente en cuanto a que las referidas entregas han servido para consolidar políticas estatistas y corrupciones varias que provocan fuga de capitales y cerebros de los países receptores, en lugar de permitir que se modifiquen las políticas socializantes al efecto de repatriar las antedichos fugas y recibir así préstamos sobre bases sólidas. Así lo han señalado reiteradamente autores como Peter Bauer, Melvyn Krauss, Karl Brunner, Anna Schwartz, Doug Bandow y James Bovard.

Sexto, ha llamado poderosamente la atención la bravuconada de Obama en cuanto a que seguirá su rumbo “con o sin el Congreso”, lo cual significa un declarado y abierto desafío institucional y una decisión de quebrar tradiciones republicanas que hasta el momento básicamente solo ocurrían en países muy atrasados.

Séptimo, volvió a prometer el cierre de la pocilga inaudita de Guantánamo con detenidos sin juicio previo lo cual aseguró que haría en su primera campaña electoral y que aun no ha llevado a cabo. Este nuevo anuncio curiosamente estuvo sustentado en principios jurídicos cosa que está muy bien pero se da de bruces con lo que hemos subrayado en el punto anterior y con el bochornoso espionaje que el gobierno realiza sin orden de juez competente (esto ha sido especialmente denunciado y lamentado cuando se ejecuta contra gobernantes pero no se ha demostrado suficiente preocupación y alarma con lo que se viene realizando contra individuos indefensos que teóricamente son los mandantes del aparato estatal).

Y octavo, enfatizó que no hay más tropas estadounidenses estacionadas en Irak y menor cantidad de soldados apostados en Afganistán situación muy loable por cierto pero no aludió a las torpezas, invasiones y misiones militares que simultáneamente se han llevado a cabo en Egipto, Siria y Somalia.

 

Paralelamente ocurre un hecho gravísimo puesto de manifiesto por el Senador Mich McConnell -quien lidera a distinguidos denunciantes- en el programa de Fox News conducido por Megin Kelly. Es el documentado intento de Obama de utilizar la entidad fiscal (IRS) para perseguir a los críticos de su gobierno, lo cual ha constituido una de las herramientas de más baja estofa de los países totalitarios por lo que es de esperar que no prospere tamaña iniciativa.

Se acaba de publicar la segunda edición de mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos por Unión Editorial de Madrid (la primera fue por el Fondo de Cultura Económica), donde me detengo a considerar con cierta amplitud los aspectos medulares por los que los últimos gobiernos estadounidenses se han apartado grandemente del espíritu que iluminó la existencia de esa nación y los consiguientes efectos negativos de ese apartamiento y de esas gestiones. El libro trata detenidamente la educación, la política exterior, la economía, las guerras, los servicios de inteligencia, la estructura jurídica, las drogas alucinógenas para usos no medicinales, la inmigración, los basamentos éticos y el terrorismo. Es de esperar que se reaccione lo antes posible puesto que si ocurriera otro traspié de peso en Estados Unidos, el resto del mundo entrará en un cono de sombra difícil de revertir.

En resumen, respecto al “estado de la Unión”, es como ha dicho Wiley Vaugh “es muy lindo decretar mejoras pero el dinero es sustraído de los vecinos”. Es como ha preguntado mi hijo menor: si más bien que “State of the Union” no debería denominarse “State Over the Union”.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer Rector de ESEADE