La tragedia y las farsas: los ciclos económicos Kirchner/Macri, Perón/Perón/Videla y Yrigoyen/Uriburu/Justo comparados

Por Carlos Newland:

 

En su muy conocida enumeración de Carlos Marx implica que algunos eventos históricos se repiten dos veces. La primera vez se generaba lo que denominó una “tragedia”: una situación dramática ocurrida  en un contexto determinado. La segunda y posterior, que caratuló como “farsa” era parecida en algunas de sus características a la primera pero con aspectos caricaturescos, por su reiteración[1]. Algo similar ha expresado recientemente Loris Zanatta: “La historia no es magistra vitae: la mayoría de las veces nos revela lo que haremos de nuevo, una vez, cien o mil veces más. Es aterrador, pero es así”[2]. El título de una de las obras más importantes sobre la evolución económica argentina también hace referencia a un cierto comportamiento cíclico, con períodos que transitan de la ilusión al desencanto[3].  Ciertamente la historia económica parece cumplir esta regularidad: se reiteran situaciones de populismo que incluyen gasto público exacerbado, inflación, aumento de deuda y revaluación de la moneda, seguidas por crisis en el sector externo, en la actividad productiva y de empeoramiento de los salarios reales. Dentro de cada ciclo también se produce una repetición: el nuevo gobierno que busca solucionar el desequilibrio generado por  su predecesor repite luego de un tiempo las mismas conductas y políticas. La apreciación en 1933 de Luis Roque Gondra sobre la política económica del General Uriburu  parece poder aplicarse a muchos otros periodos: “Como otros cómicos, seguíase representando la misma comedia demagógica momentáneamente interrumpida por (el cambio de gobierno)”[4]. Aquí analizamos tres transiciones políticas que, aunque separadas entre ellas por casi medio siglo, muestran la persistencia de las mismas situaciones a lo largo del tiempo. La primera abarca al segundo  gobierno  del radical Hipólito Yrigoyen (1928-1930), que fue derribado por un golpe militar-civil liderado por el General José Uriburu (1930-1932) y luego seguido por la presidencia fraudulenta, pero de cierta práctica democrático-institucional  del General Agustín P. Justo (1932-1938)[5]. El segundo caso descripto es la transición del gobierno de Juan Domingo Perón e Isabel Perón (1973-1976), con el gobierno militar golpista de Jorge Rafael Videla (1976-1981). El tercer caso es el de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), que fue sucedida por el actual gobierno (esta vez democrático) de Mauricio Macri. Las semejanzas de las tres situaciones históricas en el terreno de la economía son notables.

El origen: Bonanza previa y populismo

El gobierno del radical Marcelo T. De Alvear (1922-1928) se desarrolló en años prósperos sustentados en un elevado nivel de exportaciones, las que llegaron a su máximo histórico en 1928. El aumento del gasto público en esos años fue acompañado por un incremento en los ingresos fiscales generados por esta bonanza.  Cuando Hipólito Yrigoyen inició su segunda presidencia a fines 1928, se detonó un ciclo claramente populista que implicó un aumento notable en las  erogaciones estatales.  Raul Prebish, un testigo privilegiado y actor de la época, escribiendo en enero de 1931 indicaba enfáticamente  “los gastos públicos …crecieron en estos últimos años en forma extraordinaria”[6].  En una época de estabilidad monetaria (seguida por deflación) el gasto público nominal pasaría de 696 millones de pesos en 1928 a 844 en 1929 , y a 907 en 1930[7]. La cantidad de empleados estatales, por su parte,  aumentó un 8% entre 1927 y 1929 [8]. Al mismo tiempo existió un crecimiento elevadísimo de las erogaciones en pensiones de funcionarios estatales (otorgados sin contraprestación): el monto asignado al rubro tendría un incremento de 67% entre 1928 y 1929[9]. Durante 1929 todavía existía una situación de prosperidad que conllevaba una razonable recaudación impositiva, pero en 1930 comenzó a impactar el inicio de la Gran Depresión, con su efecto depresivo sobre los ingresos estatales, en particular los aduaneros. Para el país había sido perjudicial la caída entre 1928 y 1930 de un 21% de los precios de los productos exportados.  La recaudación fiscal se redujo de 748 millones de pesos en 1929 a 663 en 1930[10]. La consecuencia del aumento de gasto, con una concomitante caída de ingresos, fue un incremento del déficit que de ser 180 millones de pesos en 1928 pasó a 240 millones en 1929 y a 429 millones en 1930.[11] El golpe militar-civil contra Yrigoyen fue en parte auto justificado por el desorden fiscal: Uriburu en su manifiesto de setiembre de 1930 indicaba que su intención era modificar la situación de politiquería, despilfarro económico y corrupción administrativa reinante en el gobierno depuesto[12].

Los gobiernos de tinte populista de Juan e Isabel Perón (1973-1976) se iniciaron en un contexto internacional muy favorable, ya que en 1973 los precios de exportación para Argentina llegaban a un alto nivel, lo que se tradujo en un significativo superávit comercial. En ese marco se experimentó un crecimiento del PBI de 4,5% en 1973 y de 6,7% en 1974[13]. Para 1974 el país comenzó a verse afectado por el aumento en los precios de petróleo, las restricciones europeas aplicadas a las importaciones de carne argentina y un empeoramiento general en los términos de intercambio.  Al mismo tiempo crecía notablemente el gasto  público, que pasó del 22% del PBI en 1972, a rondar el 30% en 1975.[14] El resultado fue un desequilibro fiscal creciente, y el déficit estatal  llegó a representar un brutal 16% del PBI en 1975, en medio de una inflación que superó el 50% mensual (a principios de 1976).También en este caso el gobierno resultante del golpe militar se justificó en el desorden fiscal y económico imperante. El general Jorge Rafael Videla (1976-1981) anunciaría en su primer discurso: “Nunca fue tan grande el desorden en el funcionamiento del Estado, conducido con ineficiencia en una marco de generalizada corrupción administrativa y de complaciente demagogia”[15].

No muy distinto fue el caso de Cristina Kirchner. Su presidencia (2007-2015) se desarrolló dentro de un marco internacional favorable en cuanto a los  precios de exportación. Los valores de la soja a los que se le aplicaban y aplican retenciones, fueron mejorando desde el año 2005 hasta llegar a su máximo en septiembre de 2012. Por otra parte, el importante socio comercial de Argentina, Brasil, fue no sólo beneficiado por los aumentos de precio de los granos que exportaba, sino también de sus minerales, como el hierro, un insumo industrial muy demandado por China. En este contexto el gasto público consolidado se incrementó notablemente pasando de 32,6% del PBI en 2007 al 47,1% en 2015[16]. Este salto se generó debido a un incremento gigantesco de la cantidad de jubilados y pensionados (alrededor de 3 millones adicionales) y empleados públicos (mas de un millón adicionales), y por  subsidios a la energía y de tipo social. La situación fiscal comenzó a desequilibrarse dramáticamente en 2012, cuando el valor de la soja inició su descenso afectando las retenciones que abonaba. Para mayo de 2015 su precio llegó a su mínimo, lo que representaba una caída de 50% respecto al máximo alcanzado. Los menores ingresos fiscales, con el constante aumento del gasto, conllevaron a que el déficit fuera creciendo desde un valor casi nulo en 2007 al 6% del PBI en 2015. A diferencia de los Generales Uriburu y Videla, Mauricio Macri no enfatizaría en su campaña ni en sus discursos iniciales el pesado desequilibrio fiscal heredado[17]. Para su equipo económico la situación aparentemente no era demasiado grave y sería subsanable mediante un programa gradualista y el crecimiento económico propulsado por inversiones externas.

El mantenimiento del gasto público

Pese a autoproclamarse adalides de  la austeridad  fiscal los gobiernos de Uriburu y Justo mantuvieron el gasto público elevado en términos nominales y más aún en términos reales (por la deflación). Mientras que el presupuesto de 1929 marcaba un gasto de 704 millones de pesos, para 1933 este había subido a 775 millones de pesos. El pago de los servicios de la deuda estatal implicaron una fuerte carga sobre el presupuesto público, absorbiendo el 15.1 % del gasto en 1929 y el 29.2% en 1932[18].  Aunque algunos rubros presupuestarios bajaron, como los fondos destinados a la administración general, otros se incrementaron, como las erogaciones  en defensa, que pasaron de 113 millones de pesos en 1929 a 121 millones en 1934.

 

Durante el gobierno de Videla se produjo inicialmente una reducción del déficit fiscal, que pasó del 16%  del PBI en 1975 al 14% en 1976 y al 8% en 1977.  Esta última cifra, de todas maneras muy elevada, no pudo seguir reduciéndose en el futuro, quedando en ese nivel o en uno superior entre 1978 y 1980. Aunque el gobierno de facto redujo algunos rubros del presupuesto, otros fueron aumentados, como los gastos militares, trasferencias financieras y el pago de servicios de la deuda. Es verdad que la cantidad de empleados públicos tuvo alguna caída, pero esta baja fue compensada por mayores niveles salariales aplicados al sector. Por otra parte el esquema  conocido como “cuenta  de regulación monetaria” implicó una trasferencia creciente del fondos públicos al sector financiero. Todo ello hizo que durante el gobierno militar el gasto público terminara aumentando significativamente en términos reales, al tiempo que también se incrementaba la presión impositiva.[19]

 

El gobierno de Macri no  propuso en su campaña política no aplicó una reducción drástica de las erogaciones publicas. Por ello no sorprende que el gasto se mantuviera en su nivel y en 2017 el déficit siguiera representado un 6-7% del PBI, una magnitud similar que en 2015. La baja de  subsidios energéticos aplicada por el gobierno sería compensada por un aumento del peso de los intereses de la creciente deuda pública. La proyección del déficit para 2018 se mantiene en la misma magnitud.

 

La financiación del gasto

 

Para cubrir el déficit el gobierno de Yrigoyen (y luego el de Uriburu) comenzó a aumentar desesperadamente sus requerimientos de fondos en el mercado financiero local. La deuda estatal de corto plazo fue creciendo de 472 millones de pesos en 1928 a 556 en 1929, a 684 en 1930 y a 797 millones en 1931. Yrigoyen también recurrió al crédito externo para cubrir sus erogaciones a principios de 1930 por 175 millones de pesos (con bancos británicos y norteamericanos), pero esta fuente de recursos se esfumaría rápidamente al retraerse la oferta internacional de capitales con la Depresión. Entre los prestamistas de corto plazo al gobierno  destacaba en primer lugar el  Banco Nación, quien de transferir al gobierno 96 millones de pesos en 1928, pasó a 180 millones en 1929, a 258 millones en 1930 y a 273 millones en 1931[20].  Al mismo tiempo el Estado se endeudaría con la banca privada (por 202 millones de pesos en 1930), con compañías aseguradoras, con los funcionarios públicos (a los que les comenzó a retrasar el pago de haberes) y con sus proveedores.   Según Raul Prebish, si el Banco Nación (y muchos Bancos Privados) hubiesen sido independientes del sistema político jamás hubieran permitido que sus préstamos al Gobierno llegaran a una dimensión que finalmente puso en riesgo al sistema financiero[21]. Por otra parte, también se recurrió a la emisión monetaria. La primera gran emisión se produjo en  1931 cuando se requirió a la Caja de Conversión generar 360 millones de pesos que fueron entregados al Banco Nación.  La otra se produciría en 1932, por 170 millones de pesos entregados por la Caja de Conversión al Gobierno para abonar salarios y a proveedores impagos. Para 1932 casi un tercio de la moneda en curso tuvo su origen en estas dos emisiones[22]. Finalmente, estos gobiernos aumentaron la carga impositiva. Así fueron incrementando o creando  nuevos tributos, como las tarifas aduaneras, los impuestos a las transacciones y a los combustibles (en 1931), a los ingresos (1932), y el denominado fondo de cambios (1933), entre otros. El resultado fue que los ingresos impositivos no sólo no cayeron, sino que aumentaron en términos nominales y reales entre 1929 y 1933.

Los gobiernos de Juan e Isabel Perón recurrieron claramente a la emisión monetaria para la financiación del déficit fiscal. El circulante se duplicó en 1973 y siguió aumentando en los años siguientes. Para 1975 la inflación rondaba el 190%[23]. Durante el gobierno del General Videla, el elevado gasto público fue cubierto mediante emisión monetaria, mayor presión impositiva (con la generalización del IVA, por ejemplo) y un creciente endeudamiento internacional[24].  La deuda externa estatal se duplicó entre 1976 y 1980. Hacia el final de su gobierno el pago de sus servicios absorbía cada vez más recursos fiscales.

En el caso del gobierno de Cristina Kirchner el creciente déficit fiscal fue cubierto en buena medida con mayor presión impositiva y  emisión monetaria. La recaudación fiscal nacional pasó de representar el 21% del PBI en 2007 a 35% en 2016. Ya a fines 2007 su gobierno benefició por un aumento de las retenciones de los granos exportados que, según el producto, podían ir de un 25% a un 40%.  Por otra parte, en 2008 se recurrió a la estatización de los fondos de pensión, que brindaron al Estado recursos adicionales para cubrir los nuevos desembolsos. Asimismo, al no actualizarse las bases imponibles, la inflación generó mayores ingresos del Impuesto a las Ganancias. Finalmente las crecientes necesidades fiscales se cubrieron también con el financiamiento inflacionario. El incremento del circulante se tradujo en un creciente aumento de precios, que supero el 25 % en los últimos años kirchneristas.

 

Al llegar al gobierno Macri redujo algunos impuestos, como parte de los tributos aplicados a las exportaciones. Al mismo tiempo la legalización  de capitales externos no declarados conllevó un fuerte ingreso fiscal en 2017, lo que dejó la presión impositiva total relativamente estable.  Por otra parte su gobierno continuó recurriendo a la emisión monetaria para financiarse, a través de un mecanismo indirecto. El Tesoro emite bonos externos, cuyos ingresos de divisas son adquiridos (emisión mediante) por el Banco Central.  A su vez este emite bonos (LEBAC) para neutralizar (parte) del impacto del aumento monetario.  La deuda externa era de 167 mil millones de dólares en diciembre de 2015 acercándose posiblemente a fines de 2018 a 300 mil millones de dólares. Por otra parte el incremento de la moneda  circulante rondaría  hacia 2018 el 30% anual.

 

Tipo de cambio sobrevaluado

 

En 1929 el gobierno radical abandonó  el Patrón Oro dejando flotar libremente la moneda, lo que generó una importante devaluación. Pero en 1931 esta situación se contrarrestó parcialmente con el establecimiento un tipo de cambio fijo que implicó en la práctica una revaluación del peso, sobrevaloración que puede intuirse estuvo en el orden del 15% .   Una de las razones de esta medida fue la de permitir al gobierno adquirir divisas a un menor costo para así honrar más fácilmente los pagos de la deuda externa. Este tipo de cambio perjudicaba al sector exportador y a  su vez afectaba a la industria al abaratar la el precio de las manufacturas importadas. Que el tipo de cambio estaba desequilibrado se hizo manifiesto en los continuos excesos de la demanda de divisas (que fueron racionadas) por sobre su oferta.

 

Al fracasar el intento de bajar la inflación por no reducir la emisión monetaria, a partir de 1979 el gobierno del General Videla aplicó una política de fijación  del tipo de cambio que generó una gradual apreciación de la moneda, al superar la inflación la escala programada para los valores de las divisas. El objetivo era contener las expectativas inflacionarias,  pero la consecuencia fue dificultar la situación del sector exportador y alentar al turismo externo y a las importaciones perjudicando a la industria. A fines de 1978 y principios de 1980 la revaluación de la moneda argentina se agudizó: mientras que los mayoristas se triplicaron, el tipo de cambio aumentó únicamente  129%[25]. Un esquema parecido se aplicó a las tarifas de las empresas estatales: en este caso la consecuencia fue que crecieran sus perdidas, que parcialmente fueron financiadas con endeudamiento externo[26]. Otra vez, las divisas ingresantes tendían a elevar el valor de la moneda local. En 1980, después de años de ser positiva, la balanza comercial se volvió negativa.

 

En el caso del gobierno de Macri, y luego de una fuerte devaluación inicial de un 40%  (entre fines de 2015 y principios de 2016), lo que movió el tipo de cambio a un nivel más equilibrado, la moneda argentina comenzó un lento proceso de revaluación por el ingreso de divisas causado por el endeudamiento externo. Para fines  de  2017 un informe del FMI consideraba que la moneda argentina podría estar sobrevaluada en hasta un 25% respecto a su nivel de equilibrio de mediano plazo[27].  El resultado fue que la exportaciones tendieron a volverse  menos competitivas  y se alentaron los gastos en el exterior, en particular el turismo.  Para 2017 se verificó un déficit comercial cercano al 5% del PBI, magnitud que se estima se matendrá durante 2018.

Elevada tasa de interés

La negativa del Ministro de Hacienda del General Justo, Alberto Hueyo de renegociar la deuda pública, junto con el elevado gasto estatal causó a que el que el gobierno mantuviera constantes sus demandas de fondos internos y con ello se elevara dramáticamente la tasa de interés.  La brecha entre la rentabilidad empresaria y los costos financieros fue en aumento hasta hacerse máxima en 1933. La más importante organización empresaria de la época, la Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción, lo expresaba enfáticamente: “Todos los empresarios de Ia producción, comercio e industria tratan de  conseguir, por los menos, una rentabilidad igual al de los títulos oficiales, dado los riesgos que existen y que no encuentran en la inversión en títulos. Si no consiguen ese retorno, se desaniman como es natural, tratan de liquidar sus empresas, si es que lo pueden, para colocar su capital en títulos públicos, y este procedimiento al generalizarse determina un agravamiento de la situación general, especialmente de la desocupación obrera. La rentabilidad que hoy se obtiene de la producción es sumamente baja, muy inferior a la tasa oficial”.[28]

 

La reforma financiera encarada durante el gobierno de Videla implicó una liberalización del sector financiero y una de las consecuencias fue la aparición de fondos prestables a elevadas tasas. Dada la sobrevaluación creciente de la moneda por la política cambiaria aplicada ello generó durante 1979 y 1980 alta rentabilidad para fondos externos ingresantes de corto plazo, un factor que a su vez tendería a revaluar más la moneda.

 

La política monetaria restrictiva del Banco Central durante el gobierno de Macri y la continua demanda pública de fondos internos causó elevadas tasas de interés. En dólares, durante 2016 la tasa fue de 8% anual, una de las más altas del mundo[29]. Dado el atraso cambiario el esquema fue muy atractivo para el ingreso de fondos especulativos de corto plazo.  El elevado costo financiero implicó que para todos los sectores fuera cada vez más difícil y caro obtener crédito, afectando la cadena de pagos[30]. A fines de 2017 un informe del FMI alertaba sobre el efecto de crowding out de inversión privada que era consecuencia del creciente endeudamiento público.

 

La razón de las repeticiones cíclicas

 

En todos los casos analizados destaca la permanencia del elevado gasto público, junto con su consecuencia, el déficit fiscal y la inflación. Algunos gobiernos incrementan las erogaciones públicas dramáticamente y otros gobiernos, que los reemplazan, buscan solucionar el desequilibrio generado. Pero lo intentan de una manera que eventualmente no reduce (o inclusive aumenta) las erogaciones en la medida requerida. Dado que el gasto debe financiarse de alguna manera siempre se recurre a un incremento de la presión impositiva, la deuda o a la emisión monetaria, o a todos a la vez.  La requerida baja de las erogaciones es algo detestado e impopular y los gobernantes buscan instintivamente cualquier alternativa a su disminución drástica:  relata el Ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz que en 1978 presentó a la Junta Militar dos alternativas para dominar la inflación: la primera era bajar la emisión, lo que claramente implicaba  un recorte del gasto. La segunda era “pisar” el tipo de cambio, lo que traccionaría a la baja  las expectativas de aumentos de precios. La segunda medida claramente no solucionaba estructuralmente el tema y sólo podía tener efectos de corto plazo. La opción de la Junta Militar en favor de la segunda opción fue “contundente”[31]. Por otra parte Ricardo López Murphy cuando como Ministro de Economía en 2001 aconsejó al Presidente Fernando de la Rua un recorte del gasto, una propuesta que sería (considerando lo que ocurrió posteriormente) bastante modesta. Pero el presidente decidió reemplazarlo por Domingo Cavallo quien parecía ofrecer una salida más indolora a la crisis. Los gobernantes, piensa López Murphy, tienen una propensión  en casos de crisis a escuchar diagnósticos y propuestas optimistas, que por otra parte estiman les permiten no perder su popularidad.[32]

 

Dado que estas situaciones se repiten debe quizás buscarse en causas culturales/psicológicas más profundas el sustrato de este comportamiento reiterativo.  El filósofo José Ortega y Gasset, cuando visitó a el país en las primeras décadas del siglo 20 (en 1916 y en 1929) destacó que los argentinos tenían incorporada en su cultura la idea de un Estado grande, excesivo. Por otra parte no vivían conectados con su contexto y realidad, sino más bien proyectados en un futuro idealizado e ilusorio[33].  A su vez, el economista Emilio Coni, comentando en 1930 sobre lo afirmado por Ortega y Gasset aclaraba que el argentino era ya entonces un gran  creyente en el “Estado-Providencia”, una entidad que el ciudadano creía le solucionaría sus problemas laborales ofreciéndole empleo sin pedirle mucho a cambio[34]. Esta valoración del Estado, unido a un cierto irrealismo, parece ofrecer las condiciones ideales para prácticas populistas de incremento de las erogaciones sin una evaluación de su impacto en el largo plazo.  Otras interpretaciones más recientes marcan que los argentinos podrían sufrir de  lo que Sigmund Freud describía como una compulsión a la repetición: las situaciones penosas se reiterarían siempre olvidando su origen, bajo la creencia  de que eran situaciones nuevas. Psicólogos han marcado que el argentino está signado por un “pensamiento mágico” que inevitablemente lo lleva a la decepción, frustración, ira y la búsqueda de responsables externos.[35] Todo lo antedicho tiene mucha relevancia a la hora de explicar el porqué en los contextos de gasto o déficit fiscal crítico se implementan planes económicos  optimistas pero condenados al fracaso por los desequilibrios que causan: típicos han sido los esquemas que terminan generando una dañina revaluación de la moneda. Por otra parte todo intento de reforma, de “achicar el gasto” sólo perdura en las primeros momentos de los gobiernos: pronto las demandas políticas aplastan las intenciones de recorte o frugalidad.   Si esta cultura, mezcla de estatismo, junto con una dosis de irrealidad sobre el futuro y descuido del financiamiento público a largo plazo es una característica persistente de la cultura argentina, todo intento de mejora en las condiciones que permitan un crecimiento sostenido parecen difíciles de lograr. El bajo puesto logrado por el país recientemente en el ranking mundial  de ideología pro capitalista o pro mercado parece confirmar la existencia de una  “dotación de mentalidad” adversa a generar instituciones y políticas conducentes un desarrollo duradero[36].

 

[1] EN El 18 Brumario de Luis Bonaparte.

[2] https://www.lanacion.com.ar/2130452-creencias-revolucionarias

[3] Llach, Lucas y Gerchunoff, Pablo (2018) El ciclo de la ilusión y el desencanto, Buenos Aires.

[4] Gondra, Luis Roque (1933), Elementos de Economía Política, Buenos Aires, Librería La Facultad, p. 292 .

[5] En este caso sólo abarcamos el periodo hasta 1934, que hemos estudiado con máyor detenimiento.

[6] Revista Económica (Enero 1931) 4:1, p. 1.

[7] Lascano, Marcelo, Presupuestos y Dinero, Buenos Aires, 1972, p. 93.

[8] Persello, Ana Virginia (2000) “Administración y política en los gobiernos radicales, 1916-1930”, Sociohistórica, nº 8,  p.137.

[9] Potash, Robert (1982), El Ejercito y la politica en la Argentina 1928-1945, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, p. 55.

[10] Lascano, Marcelo (1972), Presupuestos y Dinero, Buenos Aires, p. 93.

[11] Ortiz Batalla, Javier (2001)  “Finanzas Públicas, Moneda y Bancos (1914-1945)” en Academia Nacional de la Historia, Nueva Historia de la Nacion Argentina, Buenos Aires, vol VIII, pp. 525-549.  p. 536

[12] https://es.scribd.com/document/212888063/Manifiesto-de-Uriburu-Del-6-de-Septiembre-de-1930

[13] Llach, Lucas y Gerchunoff, Pablo (2018) El ciclo de la ilusión y el desencanto, Buenos Aires, pp. 392, 398, 401

[14] Cavallo, Domingo Felipe y Cavallo, Sonia (2018) Historia Económica de la Argentina, Buenos Aires, Editorial el Ateneo, p. 250.

[15] http://www.ruinasdigitales.com/revistas/dictadura/Dictadura%20-%20Discursos%20de%20Videla%20-%201976.pdf

[16] https://www.minhacienda.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-macroeconomica/gasto-publico-consolidado/

[17] El gigantesco desequilibrio fiscal heredado no es mencionado en el primer discurso de Macri en el congreso, el 10 de diciembre de 2015: https://www.lanacion.com.ar/1852996-transcripcion-completa-del-discurso-de-mauricio-macri. Tampoco lo había hecho en el acto de cierre de su campaña el 22 de octubre de 2015: http://pro.com.ar/blog/2015/10/22/discurso-de-mauricio-macri-en-el-acto-de-cierre-de-campana/

[18] Díaz Fuentes, Daniel (1993), Las políticas fiscales latinoamericana frente a la Gran Depresión, Madrid, p. 52

[19] De Pablo, Juan Carlos De Pablo (2005), La Economía Argentina en la Segunda Mitad del Siglo XX, Buenos Aires, La ley, I. pp. 1058-1059.

[20] Poder Ejecutivo Nacional (1938), Obra de Gobierno 1932-1938, s.p.,

[21] Prebish, Raul (1991) Obras  1919-1948,  Vol.  II,  Buenos  Aires,  p.  45.

[22] Sin embargo, la cantidad total de moneda en circulación no se incrementó notablemente ya que parte había quedado esterilizada al retirarse oro de la Caja de Conversion para el pago de la deuda externa.

[23] Cavallo, Domingo Felipe y Cavallo, Sonia (2018) Historia Económica de la Argentina, Buenos Aires, Editorial el Ateneo, p. 251.

[24] Cavallo, Domingo Felipe y Cavallo, Sonia (2018) Historia Económica de la Argentina, Buenos Aires, Editorial el Ateneo, pp. 256-257.

[25] De Pablo, Juan Carlos (2005), La Economía Argentina en la Segunda Mitad del Siglo XX, Buenos Aires, La Ley, I. p. 979.

[26] Bonelli, Marcelo (2004), Un país en Deuda, Buenos Aires, Planeta, p. 35.

[27] https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/12/29/Argentina-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-45530, p. 44.

[28] C.A.C.I.P., Tres sugestiones para aliviar la crisis, Buenos Aires, 1933, p.8

[29] https://www.infobae.com/economia/2018/04/02/argentina-es-el-pais-con-las-tasas-de-interes-mas-altas-del-mundo/

[30] https://www.lanacion.com.ar/2129921-advierten-por-el-impacto-en-la-actividad-economica

[31] Martínez de Hoz, José A. (1991), 15 años después, Buenos Aires, Emece, p. 197.

[32] Manifestado por Ricardo Lopez Murphy al autor de este trabajo en una charla personal.

[33] Sobre la visión de Ortega y Gasset sobre los argentinos ver Campomar, Marta (2009), Ortega y Gasset en la curva histórica de la Institución Cultural Española, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, pp. 547-593.

[34] Coni, Emilio (1930) El hombre a la ofensiva, Buenos Aires, p. 6.

[35] Sobre esta temática trata el artículo de Giselle Rumeau en el Cronista Comercial (11/5/2018): https://www.cronista.com/3dias/Argentina-y-el-eterno-retorno-una-mirada-psicologica-sobre-las-crisis-ciclicas-20180511-0002.html

[36] Ver el índice en: Newland, Carlos (2018) “Is Support for Capitalism Declining in the World? A Free-Market Mentality Index (FMMI) 1990-2012, Independent Review, 22, 4: 569-583. Argentina aparece en el lugar 51, de los 58 países computados, en su aprobación de la economía de mercado. (p. 581)

 

 

Carlos Newland es Dr. Litt. en Historia. Profesor y Ex Rector de ESEADE.

Clave: si Macri no reduce el gasto público, PBI no subirá

Por Armando Ribas. Publicado el 1/8/17 en: http://www.libertadyprogresonline.org/2017/08/01/clave-si-macri-no-reduce-el-gasto-publico-pbi-no-subira/#.WYBp1Xj6qM0.facebook

 

En una reciente exposición el presidente del Banco Central, Federico Sturzeneger, expresó que en el primer trimestre del año el PBI creció un 1,1% y que se prevé que en el segundo suba un 0,99%, niveles que anualizados alcanzarían entre un 4,3 y un 4,0%. ¿De dónde surgen esos datos? Hasta ahora no están disponibles, por tanto los mismos entrañan una predicción sin explicación de cuáles son las políticas que se están siguiendo para lograr ese resultado.

Seguidamente expuso la teoría de que si sube la inflación baja el PBI y que cuando baja la inflación sube el PBI. Me voy a permitir disentir con esa tesis. Lo que determina en última instancia la caída en el PBI es el aumento del gasto público. Y si alguna duda cabe al respecto vale analizar el proceso económico de los principales países de la Unión Europea en los últimos cincuenta años (ver cuadro). Lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos donde la tasa de crecimiento económico en los últimos años ha caído a menos del 2% anual incluida la crisis de 2008, en tanto que el gasto público se acerca en la actualidad al 40% del PBI. Y el problema económico argentino en la actualidad es el nivel del gasto público consolidado -Nación y provincias- que de acuerdo a nuestras estimaciones en el 2016 alcanzó a 56% del PBI.

La conclusión del Gobierno al respecto es que dado que espera que la inflación se reduzca en el año, habrá de producirse un incremento en la actividad económica. Como podemos ver igualmente en los países europeos no hay inflación y la economía europea como hemos visto no crece. No obstante el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne prevé un crecimiento del 3% en el año y al respecto dice: “Van nueve meses de crecimiento robusto y fuerte”. No se sabe a qué nueve meses se refiere, pues todavía no hay datos referentes al segundo trimestre del año. Por tanto se estaría refiriendo a los últimos seis meses del 2016 y al primer trimestre del 2017. Pero he aquí que la economía argentina en el 2016 cayó un 2,3% respecto al año anterior y los datos disponibles correspondientes al primer trimestre del año muestran un incremento del 0,3% respecto a igual período del 2016. Por tanto un crecimiento este año de un 3% sólo determina un crecimiento del 0,67% respecto al nivel del PBI en 2015.

Respecto al tipo de cambio Sturzenegger se manifestó diciendo que el peso no estaba revaluado pues era el resultado del mercado libre. Sí, pero no se puede ignorar que el mercado está condicionado por la política monetaria interna. Como ya hemos explicado la tasa de interés interna es negativa en términos reales. Recientemente se aumentó la tasa de interés de las Lebac al 26% anual, que podría ser positiva en términos reales si se reduce la inflación. En la medida que el precio del dólar se retrasa la tasa de interés resultante en dólares alcanza niveles siderales, precisamente en un mundo occidental donde la tasa de interés fluctúa alrededor del 1% anual. Por esa razón es posible que aumenten las reservas del Banco Central debido a la entrada de capitales financieros que compensan el déficit comercial registrado en los primeros cinco meses del año de u$s1.863millones.

Ya debemos saber que la revaluación monetaria determina una caída en los precios de los productos importados y un incremento de los precios internacionales de los productos nacionales. Ello implica un incremento en la demanda internacional y una caída en las exportaciones de bienes nacionales. O sea como bien lo describe Andrew Moravcsik en su artículo del Foreign Affairs “Europe’s Ugly Future. Allí se refiere al euro que impide que ciertos países de la Unión Europea puedan devaluar su moneda y consecuentemente aumenta la demanda de los productos alemanes. Asimismo se refiere a que cuando en 1920 muchos países retornaron al patrón oro culminara la Gran Depresión de la década del treinta.

La sobrevaluación del peso ha sido un problema pertinaz de la política económica argentina, regida por el presupuesto de que el control cambiario es instrumental para controlar la inflación. Y por supuesto que la devaluación tiene un efecto inflacionario. La realidad es que la inflación es deterninada por la política monetaria y fiscal y la devaluación es su consecuencia no su causa. Tal como hemos mostrado en nuestro anterior informe el tipo de cambio de paridad del peso hasta mayo era de $21,97 por dólar. Consecuentemente con respecto al tipo de cambio actual que alcanza $17,39 por dólar, habría una revaluación del peso del 26,34%.

Volviendo a la problemática del gasto público, recordemos las palabras de Milton Friedman al respecto: “Lo que importa no es el déficit sino el nivel del gasto. El total del peso del impuesto es lo que el gobierno gasta, no esos recibos llamados impuestos. Si no se reduce el gasto, por tanto la disminución de los impuestos meramente disimulan más que reducen el peso” Y al respecto George Gilder añadió: “No es principalmente el déficit federal la causa de la inflación. Si el déficit fuera cerrado por impuestos más altos -y la oferta monetaria permaneciese constante- el nivel de precios subiría en la forma ortodoxa de la ley de costos”.

Ya debiéramos saber que la experiencia argentina más reciente respecto a la revaluación del peso fue durante el Gobierno de Menen. El mantenimiento del uno a uno y el desequilibrio causado por el mismo, fue denominado por la izquierda como el nuevo-liberalismo, para descalificarlo ética y económicamente. Y ese proceso de desequilibrio económico se produjo no obstante que el nivel del gasto público a la llegada de los Kirchner al poder no superaba el 23% del PBI.

El desequilibrio económico causado por el nivel del gasto público continúa siendo el impedimento de lograr el proceso de cambio favorable que pretende el Gobierno de Macri. Es decir la restauración de la seguridad jurídica, la apertura de la economía y la integración de la Argentina al mundo no ha logrado superar el desequilibrio económico heredado. Hasta la fecha la política seguida por el Gobierno es reducir el nivel de inflación vía la política monetaria, y como ya hemos explicado la inflación no es la causa del desequilibrio sino su consecuencia. Es más, Macri se manifestó al respecto diciendo que no bajaría el gasto sino que haría crecer el PBI.

El problema es que en la medida que no se baje el gasto público no crecerá el PBI.

 

Armando P. Ribas, se graduó en Derecho en la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, en La Habana. Obtuvo un master en Derecho Comparado en la Southern Methodist University en Dallas, Texas. Es abogado, profesor de Filosofía Política, periodista, escritor e investigador y fue profesor en ESEADE.

En el largo plazo ¡estamos todos vivos!

Por Iván Carrino. Publicado el 28/5/15 en:  http://www.ivancarrino.com/en-el-largo-plazo-estamos-todos-vivos/

 

Al igual que los Estados Unidos en la década del ’30, Argentina siguió las recetas keynesianas para salir de la gran crisis de 2001. En la actualidad, la economía sufre las consecuencias de haber elegido ese camino.

El 24 de octubre de 1929 la bolsa de los Estados Unidos cayó un 9%. Fue un jueves, y dada la magnitud de la caída, que llegó al 70% en algunas acciones, el día pasó a la historia como el “jueves negro”. La bolsa se anticipaba a la Gran Depresión, un período de merma de la producción y elevado desempleo que azotó a los Estados Unidos y al mundo durante la década del ’30.

La Gran Depresión dividió a los economistas. Por el lado de los que defendían la economía de mercado, se explicaba que la recesión era producto de errores previos de política económica y que todo lo que el gobierno pudiera hacer para promover la reactivación sería contraproducente. Del otro lado, emergía la figura de John Maynard Keynes.

Keynes abogaba por una política activa del gobierno que sacara al país de la recesión. En este marco, defendió la política monetaria expansiva (es decir, el aumento de la impresión de dinero) y también una política de incremento del gasto público para reactivar la demanda. En una discusión previa acerca de la teoría cuantitativa del dinero, este economista inglés había afirmado que, si bien en el largo plazo, los riesgos advertidos por los otros economistas eran ciertos (la emisión monetaria generaría inflación), esto no era algo que debía tenerse en cuenta. En sus palabras:

“Pero el largo plazo no es una buena guía para abordar los acontecimientos del presente. En el largo plazo, estamos todos muertos. Los economistas tienen un tarea muy sencilla por delante si en épocas de tormenta solo pueden advertirnos que, cuando la tormenta pase, el océano volverá a estar calmo” (énfasis en el original).

La frase quedó grabada en la historia al tiempo que las políticas keynesianas se pusieron en práctica. Luego de superada la depresión, el keynesianismo se transformó en la nueva ortodoxia económica.

Sin embargo, hacia la década del ’70, Estados Unidos entró en un proceso hasta entonces desconocido: la estanflación, una situación de alta inflación, estancamiento económico y elevado desempleo. Las bases de la teoría de Keynes fueron puestas en duda, y la población y los dirigentes políticos volvieron a mirar hacia el liberalismo económico.

En Argentina, este proceso se dio en un lapso de tiempo más reducido. Es que nuestro país también tuvo su Gran Depresión a comienzos de la década del 2000. En ese año el PBI cayó 0,8%, mientras que al año siguiente la economía se contrajo 4,4%. Esta recesión ocurrió en un marco de precios estables e, incluso, deflación.

Era el escenario perfecto para las ideas de Keynes. El gobierno solo tenía que emprender políticas activas de emisión monetaria y aumento del gasto público. Sin embargo, existía una traba. La ley de convertibilidad ataba las manos del Banco Central, que no podía emitir dinero de manera discrecional. Finalmente, en 2002 se derogaron los puntos más importantes de esta ley y una nueva era comenzó.

La nueva era no estuvo exenta de costos. La inflación en el año 2002 fue del 40% y el Producto Bruto Interno se desplomó nada menos que un 10,9%, enviando a la pobreza al 50% de la población. Sin embargo, los años siguientes fueron testigos del crecimiento a “tasas chinas”.
El keynesianismo había triunfado. El activismo económico ofreció resultados de corto plazo, sin necesidad de preocuparse por el largo.

grafico

Luego de 5 años de crecimiento a tasas del 8,5% promedio (comparables a las de India y China) con una inflación promedio del 12%, la confianza en la capacidad del gobierno para manejar la economía era infinita. Incluso llegamos a creer que un poco de inflación es necesario para el crecimiento.

Sin embargo, rápidamente se pasó a una segunda etapa. Desde el año 2008 al 2011 el crecimiento promedio bajó al 3,0%, mientras que los precios ya crecían por encima del 20% anual.

A partir de 2011 la inflación no solo no se ha reducido, sino que ha recrudecido. El año pasado, según estadísticas privadas, los precios crecieron 37,5% anual. Incluso si tomamos los números del INDEC, vemos que la inflación quintuplica el promedio mundial. Además, el PBI no solo se contrajo 2,5% en 2014 sino que volverá a hacerlo en 2015, un 1,6%. 12 años después de la salida de la convertibilidad, nos toca vivir nuestra propia estanflación.

Pero esto no es todo. Los argentinos convivimos hace más de tres años con control de cambios y todo tipo de controles de precios. Las exportaciones caen, junto con las importaciones, el mercado laboral está estancado, el desempleo es de los más altos de la región y la pobreza se encuentra en niveles alarmantes y en aumento.

En este marco, la frase de Keynes se torna poco feliz y, finalmente, exige ser reescrita. Es que en el largo plazo, no estamos “todos muertos”, sino todos vivos, padeciendo las consecuencias negativas de las políticas keynesianas emprendidas en el pasado.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Trabaja como Analista Económico de la Fundación Libertad y Progreso, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y profesor asistente de Economía en la Universidad de Belgrano.

Un golpe mortal a la economía

Por Iván Carrino. Publicado el 31/8/14 en: http://opinion.infobae.com/ivan-carrino/2014/08/31/un-golpe-mortal-a-la-economia/

 

Para la mayoría de los economistas del mundo, Estados Unidos salió de la Gran Depresión gracias a la Segunda Guerra Mundial. En efecto, si uno mira los números del PBI norteamericano, 1940 es el año en que se regresa al mismo nivel que 1929. Sin embargo, esos números están fuertemente afectados por el esfuerzo prebélico del Gobierno, lo que hace que el PBI no sea la medida más adecuada para medir el bienestar de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los consumidores no están mejor cuando se fabrican tanques y ametralladoras, sino cuando se innova y se multiplican los bienes de consumo que mejoran directamente su calidad de vida.

Un indicador que tardó más en recuperarse fue la inversión privada, que recién superó los niveles previos a la crisis en 1946, una vez finalizada la guerra, dando lugar a una recuperación verdadera y sostenible que impactó directamente en la calidad de vida de la población. ¿Por qué tardó tanto la inversión privada en recuperarse y, por tanto, en sentar las bases para la recuperación sostenible? Para el economista Robert Higgs, se debió a la “incertidumbre de régimen”, es decir, a la “preocupación por parte de los inversores privados de que los derechos de propiedad sobre su capital y la renta que este produce serán atacados por la acción del gobierno. Tales ataques pueden surgir de muchas fuentes, que van desde simples aumentos de impuestos, a la imposición de nuevos tipos de impuestos, a la confiscación directa de la propiedad privada. Muchas amenazas intermedias pueden surgir de diversos tipos de regulación, por ejemplo, de los mercados de valores, del mercado de trabajo y los mercados de productos. En cualquier caso, la seguridad de los derechos de propiedad no descansa tanto en la letra de la ley sino en el carácter del gobierno que hace cumplir o amenaza esos presuntos derechos de propiedad”.

Como puede verse, Higgs no habla de otra cosa que de lo que conocemos como “seguridad jurídica” o “calidad institucional” y atribuye, nada menos que a este concepto, la demora de los Estados Unidos en recuperarse de la Crisis del 30. El tema no es menor ya que, por estos lares, el gobierno no parece entender bien la importancia de brindar seguridad jurídica o certidumbre de régimen. Para el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el concepto en sí mismo es “horrible” y para la presidente Cristina Fernández son los empresarios y no el Gobierno los que tienen que “generar confianza”.

En este sentido, no solo impulsan una modificación a la Ley de Abastecimiento para perseguir a las empresas con la excusa de que ponen precios altos y acaparan mercadería, sino que ya han ensayado con más medidas del estilo como las discrecionales licencias de importación, las sucesivas prohibiciones para exportar productos, la confiscación de los fondos de las AFJP y la imposición de un sistema de control de cambios, donde luego de su flexibilización, solo a la porción más rica de la población se le permite ahorrar en dólares oficiales y hasta el 20% de sus ingresos.

Por si esto fuera poco, en un país que estuvo en default el 52% de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno entra nuevamente en suspensión de pagos por negarse a pagarle a los holdouts y propone al Congreso una ley para que unilateralmente se cambie la jurisdicción de pago. Esto no solo afecta los derechos de propiedad de los tenedores de bonos, sino que implica un mayúsculo incumplimiento de la sentencia de la Justicia norteamericana, enviando el mensaje de que Argentina es un país que siempre respeta las sentencias a menos que sean en su contra.

Tanto el default -voluntario o involuntario- como las medidas de intervención que le dicen a los empresarios “ustedes van a ganar plata cómo y cuando yo quiera”, son todos elementos que contribuyen a generar incertidumbre de régimen con el consecuente desincentivo a la inversión.

Los resultados de estas políticas están a la vista y por eso es que no solo es necesario que el Congreso no respalde ninguna de estas iniciativas, sino que aquellos que están pensando en postularse para las elecciones del 2015 tengan esto en cuenta y hagan de la seguridad jurídica la piedra fundamental de su política económica. De no ser así, seguiremos la senda del deterioro que emprendimos hace más de 50 años.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Trabaja como Analista Económico de la Fundación Libertad y Progreso, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y profesor asistente de Economía en la Universidad de Belgrano.

¿Hoy somos todos keynesianos?

Por Adrián O. Ravier. Publicado el 2/8/13 en http://opinion.infobae.com/adrian-ravier/2013/08/02/hoy-somos-todos-keynesianos/

Las ideas de John Maynard Keynes surgieron en el marco de la Gran Depresión de los años treinta. Entre los años 50 y 60 muchos economistas coincidían en afirmar “ahora somos todos keynesianos“. Incluso Milton Friedman llegó a decirlo en 1965. La nueva crisis revitalizó el pensamiento de Keynes y The Economist colocó a dos prestigiosos economistas a responder la gran pregunta: ¿Somos hoy todos keynesianos? De un lado Brad De Long, del otro Luigi Zingales. ¿Qué respondieron?

La respuesta de Brad De Long

Se suponía que Brad De Long iba a defender la postura, pero pidió disculpas y afirmó que ya no, “hoy no somos todos keynesianos”. Por ejemplo, leyendo The New York Times encuentra que William Poole, ex presidente de la Reserva Federal de St Louis, considera que “el gasto del gobierno no puede liderar el camino hacia una recuperación sostenida, debido a que su efecto de estímulo se verá compensado por anticipado con impuestos más altos y con la necesidad de financiar el déficit”.

En 1970 William Poole fue un keynesiano que daba por sentado que la política de déficit y el gasto fiscal tenían un papel adecuado y
eficaz en la lucha contra las recesiones. Pero Poole no está solo. Robert Barrode Harvard Universitydijo sobre la propuesta de estímulo fiscal de Obama: “Este es probablemente el peor proyecto de ley que se ha presentado desde la década de 1930. No sé qué decir. Quiero decir que está perdiendo una enorme cantidad de dinero, que tiene una teoría simplista que no creo que funcione (…) No creo que vaya a expandir la economía (…) Va más en la línea con tirar el dinero a la gente (…) Creo que es basura”.

John Cochrane, de la Universidad de Chicago, agrega: “Nadie ha enseñado esto a estudiantes de postgrado desde 1960 (…) Son los cuentos de hadas que se han demostrado falsos. Es muy reconfortante en tiempos de crisis volver a los cuentos de hadas que escuchábamos cuando éramos niños, pero esto no los hace menos falsos”. Cochrane agrega que “el gobierno emitirá bonos para pedir prestado, lo que significa que los inversores al comprar bonos del Tesoro de EEUU dejarán de invertir en acciones o productos, anulando el efecto de estímulo”.

Edward Prescott, de la Arizona State University, quien ganó un premio Nobel de Economía en 2004 por su estudio sobre los ciclos económicos, hizo esta contribución: “Los economistas en el campo están profundamente divididos sobre la cuestión del estímulo federal (…) No sé por qué Obama dijo que todos los economistas están de acuerdo en esto. Ellos no lo están”.

Eugene Fama, de la Universidad de Chicago, declaró: “Los rescates y planes de estímulo son financiados mediante la emisión de más deuda pública (¡el dinero debe venir de alguna parte!). La deuda, agregó, absorbe los ahorros que de otro modo irían a inversión privada… a pesar de la existencia de recursos ociosos, los rescates y planes de estímulo no agregan nada a los recursos actuales en uso. Acaban de mover recursos de un uso a otro”.

De Long concluye que “el argumento de los señores Fama, Prescott, Cochrane, Barro, Poole y compañía es lo que los economistas llaman la Ley de Say. Es la afirmación de que las decisiones de aumentar el gasto, ya sea que vengan del gobierno o de cualquier otra persona, no pueden estimular la economía y aumentar el empleo y la producción porque la demanda debe ser creada por la oferta. Si el gobierno gasta, alguien más debe recortar sus gastos“. ”Así que ahora, no puedo decir que somos todos keynesianos. Lo más que puedo decir es que deberíamos serlo”.

La respuesta de Luigi Zingales

Y que podemos tomar de lo dicho por Luigi Zingales, quien se suponía defendería una posición opuesta a la de De Long. Se pregunta: “¿Qué significa ’ser keynesiano’? Simplemente creer en el papel de los componentes de la demanda en la determinación de la producción total es una caracterización insuficiente. Un verdadero keynesiano difiere, en tanto que él también cree que: 1) La política monetaria no es la herramienta más eficaz para estabilizar la economía y puede ser completamente ineficaz en algunas circunstancias (trampa de liquidez); 2) la política fiscal es eficaz y el gasto del gobierno es la herramienta preferida; 3) la intervención del gobierno funciona y las consecuencias a corto plazo son más importantes que las de largo plazo”.

“Con esta definición en mente, hay cuatro formas en las cuales la afirmación ‘todos somos keynesianos’ puede ser interpretada. Sugiero que la declaración es falsa en tres de cuatro de estas interpretaciones”. “La primera interpretación es que la profesión económica ha llegado a un consenso sobre las posiciones keynesianas. Esta declaración es definitivamente falsa. Si usted navega a través de los artículos publicados en la revista líder de la American Economic Association en 2008, verá que sólo uno de los 12 artículos que se ocupan de las cuestiones macroeconómicas (Código JEL E) soporta (aunque muy indirectamente) la idea de una política fiscal de expansión como una herramienta política. Un desequilibrio aún mayor está en el pináculo de nuestra profesión. Entre los 37 ganadores del premio Nobel de Economía en los últimos 20 años, cuatro recibieron el premio por sus contribuciones a la macroeconomía. Ninguno de ellos podría ser considerado keynesiano. De hecho, es difícil encontrar trabajos académicos que apoyan la idea de un estímulo fiscal”.

“La segunda interpretación posible es que existe un consenso entre los economistas en que las causas de la crisis actual es keynesiana. Incluso en esta interpretación la declaración es falsa. No creo que ningún economista se atrevería a decir que la actual crisis económica de EEUU ha sido causada por subconsumo. Con cero de ahorro personal y un gran déficit presupuestario del gobierno de Bush hemos tenido una de las políticas keynesianas más agresivas en la historia”. “La adhesión a los principios de Keynes no sólo no evitaron el desastre económico actual, sino que incluso han contribuido enormemente a la causa. El deseo keynesiano de gestionar la demanda agregada, haciendo caso omiso de los costos a largo plazo, impulsado por Alan Greenspan y Ben Bernanke a mantener las tasas de interés extremadamente bajas en 2002, impulsaron el consumo excesivo de las familias y la asunción de riesgos excesivos por parte del sector financiero. Más importante aún ha sido la formación keynesiana de nuestros responsables políticos lo que les ha llevado a ignorar el papel que desempeñan los incentivos en las decisiones económicas.

La principal diferencia entre Keynes y la economía moderna es el énfasis en los incentivos. Keynes estudió la relación entre los agregados macroeconómicos, sin ninguna consideración por los incentivos subyacentes que conducen a la formación de estos agregados. Por el contrario, la economía moderna basa todos sus análisis sobre los incentivos. En 1998, cuando el co-Fed coordinó el rescate de Long Term Capital Management, no se preocuparon por el impacto que esta decisión tendría sobre los incentivos para asumir riesgos y la liquidez adecuada de precios. Cuando el señor Bernanke diseñó el rescate de Bear Stearns, no se preocuparon por el impacto que esta decisión tendría sobre los incentivos de los otros bancos de inversión para aumentar el capital social a precios bajísimos. Cuando cambió de posición dos veces en el espacio de dos días, dejando a Lehman caer, pero rescatando a AIG, no se preocuparon por el impacto que tendría en la confianza de los inversores y los incentivos para invertir.

Éste es el comportamiento errático que ha asustado al mercado y ha creado la actual crisis económica: en una encuesta reciente el 80% de los estadounidenses declaran que tienen menos confianza de invertir en el mercado como consecuencia de la forma en que el gobierno ha intervenido”. “Si los principios keynesianos y la educación son la causa de la depresión actual, es difícil imaginar cuál puede ser la solución. Por lo tanto, incluso la tercera interpretación que deben seguir las recetas keynesianas para combatir la actual crisis económica, es falsa. No discuto la idea de que algún tipo de intervención del gobierno puede aliviar las condiciones económicas actuales, y que una política económica keynesiana puede hacerlo. Con un déficit de cuenta corriente que en 2008 fue de 614 mil millones dólares, un déficit presupuestario que fue 455 mil millones dólares y los gastos militares de 731 mil millones dólares, es difícil argumentar que el gobierno no está estimulando la demanda lo suficiente.

La crisis actual no es una crisis de demanda, es una crisis de confianza. El mal gobierno corporativo, junto con las políticas del mal gobierno, ha destruido al sector financiero, asustando a los inversores y congelando los préstamos. Es como si una bomba nuclear hubiera destruido todas las carreteras de EEUU, y afirmaran que para mitigar el impacto económico de un evento semejante, debería invertir en los bancos. Es posible que con el tiempo haya un efecto goteo. Pero si el problema es de los caminos, lo que necesitamos es reconstruir los caminos, no subsidiar al sector financiero. Y si el problema es el sector financiero, se deseará solucionar este problema y no la construcción de carreteras”.

“La única interpretación en virtud de la cual la declaración en cuestión es cierta es que ‘nosotros’ el pueblo estadounidense y sus
representantes elegidos sean todos keynesianos. El keynesianismo ha conquistado los corazones y las mentes de los políticos y las personas comunes y corrientes, ya que proporcionan una justificación teórica para el comportamiento irresponsable. La ciencia médica ha establecido que uno o dos vasos de vino al día son buenos para su salud a largo plazo, pero ningún médico recomienda a un alcohólico en recuperación seguir esta receta. Lamentablemente, los economistas keynesianos hacen exactamente esto. Le dicen a los políticos, que son adictos a gastar nuestro dinero, que los gastos del gobierno son buenos. Y qué decir a los consumidores, que se ven afectados por problemas graves de gasto, que el consumo es bueno, mientras que el ahorro es malo. En la medicina, tal comportamiento tendría que ser expulsado de la profesión médica; en economía, le ofrece un trabajo en Washington”. Un 37 % de los lectores de The Economist que votaron en la encuesta afirmaron que SÍ, que “hoy somos todos keynesianos”. Un 63 % dijo que NO, que esta afirmación carece de sentido.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Acerca del presupuesto de Estados Unidos

Por Carlos Alberto Salguero. Publicado el 21/3/13 en http://www.rionegro.com.ar/diario/acerca-del-presupuesto-de-estados-unidos-1100994-9539-nota.aspx

Recientemente, luego de la prórroga desde el fin del año pasado, entró en vigencia la cuestionada ley de Control de Presupuesto de los Estados Unidos, o Budget Control Act (Public Law 112–25), del 2 de agosto del año 2011.

Atrás quedaron las expresiones vertidas por el presentador de noticias y comentarista político Chris Matthews, de la cadena de cable Msnbc, que en su programa Hardball acusó a los republicanos de usar “las mismas viejas tácticas de la Guerra Fría de la CIA para desestabilizar el país”, llamándolos “antipatrióticos”.

El motivo de tan aguda calificación había sido, naturalmente, la consideración del llamado abismo fiscal, el techo de la deuda o el secuestro. Son éstas diferentes expresiones referidas a la contención del gasto y déficit fiscal estadounidense puesto que, según palabras del comunicador, “los legisladores republicanos amenazaron con bloquear al gobierno ya que les disgusta a quién el pueblo estadounidense ha elegido como presidente”.

El énfasis de los comentarios puso de relieve vívidas y agitadas pasiones, encendidas en torno de lo que avizora como un tema crucial de la economía más grande del planeta; no sólo por los efectos domésticos de la ley en cuestión, sino porque sus eventuales consecuencias –en un mundo globalizado– mantienen en vilo a la mayor parte de los países del orbe.

Esta radical postura, entre otras, requiere plantear un esclarecimiento en ambos frentes: las ideas y la praxis. Las diferencias han sido y seguirán siendo expuestas, enfáticamente, tanto en el campo de la investigación como en las discusiones políticas.

En el plano académico concurren dos tradiciones intelectuales bien diferenciadas: una corriente de pensamiento supone que los mercados funcionan mejor si no se interviene en ellos y la otra cree que la intervención del gobierno puede mejorar notablemente el funcionamiento de la economía.

Los problemas de la gran depresión, como fenómeno refundante, provocaron grandes avatares en el marco de las ideas. John Maynard Keynes, la principal autoridad de la corriente intervencionista durante el siglo XX, escribió su obra cumbre, “La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”, en el escenario de la gran crisis de los años treinta, con los Estados Unidos inmerso en lo más hondo de su depresión y luego de que Inglaterra hubiera experimentado tasas de desempleo de dos dígitos. En definitiva, se pensó entonces que no sólo se estaba haciendo una contribución intelectual, sino que se estaba tratando un problema crítico que ponía en peligro la existencia misma de la civilización.

El eje de su teoría general era el énfasis en la demanda efectiva, es decir, la demanda agregada. Según el propio Keynes, a corto plazo la demanda efectiva determina la producción, aun cuando ésta acabe por retornar a su nivel natural a largo plazo.

Este autor aseguró que era una actitud irresponsable afirmar que la economía retornara por sí a su nivel natural. Bajo esta visión, tratar de equilibrar el presupuesto en un escenario depresivo no sólo es un error, sino uno muy grande y de mucho peligro. En consecuencia, el activo uso de la política fiscal resultaría de vital importancia para retornar a un elevado nivel de empleo.

Los activistas consideraron que no hay una relación estrecha entre crecimiento de la oferta monetaria y la tasa de inflación a corto plazo, ya que el crecimiento del dinero es sólo uno de los factores que afectan a la demanda agregada. Las variaciones del tipo de interés apenas afectaban la demanda y la producción. Por esta razón, la política monetaria no ejercía una marcada influencia. Estos atributos, entonces, se consideraban de exclusiva potestad de la política fiscal.

Dos décadas más tarde, el auge de este enfoque de posguerra con fundamento en el Estado de Bienestar empezó a languidecer. Muchos descreyeron entonces de esa construcción y su credibilidad emprendió el camino a la baja. Este desplazamiento de énfasis estuvo estimulado, sin dudas, por el lento crecimiento y la inflación elevada que experimentaron los países industrializados hacia los años setenta.

En la actualidad, algunos economistas como Jeffry Sachs consideran que en el período limitado por la década del setenta y el año 2008 –en que la crisis financiera volvió a dominar el pensamiento de la administración de Obama y gran parte del partido laborista del Reino Unido– la gestión de la demanda keynesiana estuvo en eclipse intelectual.

En esa línea argumental, el nuevo fortalecimiento del keynesianismo en Estados Unidos, obedece a la influencia de Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro, Paul Krugman y Joseph Stiglitz, ambos Premio Nobel de Economía, y a la política de dinero fácil de Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, fiel a la creencia de que estimular a corto plazo la expansión fiscal y monetaria era necesaria para compensar el colapso de la crisis hipotecaria.

En el campo político, la administración de Obama ha consistido en cuatro años de déficit presupuestario estructural (ajustado cíclicamente) de hasta el 10% del producto interno bruto o más, tasas de interés de corto plazo cercanas a cero con el fin de recuperar el desempleo por encima del 6,5% y el nuevo objetivo de la Fed de mantener las tasas cercanas a cero a largo plazo; sin contar, por supuesto, con la decisión sistémica de sostener indefinidos déficit fiscales hasta el año 2022.

Empero, la distancia que separa al presidente Obama con la Cámara de Representantes –mayoritariamente republicana– parece no corresponderse con el fulgor de la batalla dialéctica. Al menos, claro está, hasta el acuerdo de agosto del 2011 cuando republicanos y demócratas aprobaron recortes para forzar un pacto de largo alcance sobre la reducción del elevado déficit público, que ha sido superior al 7% en el año 2012.

A la luz de los acontecimientos el eje del debate es, sin más ni más, que la recuperación del empleo y el crecimiento económico no han llegado. Éste es un punto de inflexión sobre el que sucumben antiguas alianzas, otrora persuadidas por las dicotómicas ideas keynesianas de estímulo o depresión.

Las diferencias, no obstante, son sólo de matices y más grandes en los dichos que en los hechos ya que, con relativas discrepancias, republicanos y demócratas convalidan permanentes déficits fiscales hasta entrada la próxima década.

Las reducciones presupuestarias, recientemente iniciadas, consisten en recortes iguales de fondos del Departamento de Defensa y programas no militares entre los ejercicios fiscales 2013 a 2021. En el año 2013, esas reducciones se logran automáticamente mediante la anulación de una porción presupuestaria de recursos (acción reconocida como el secuestro). Esta medida afecta mayormente a programas discrecionales, así como algunos programas y actividades que se financian con gastos obligatorios.

Según advirtió la Oficina de Presupuesto del Congreso, los cambios podrían aumentar el nivel de desempleo por encima del 9,1% y amenazaría la recuperación económica de Estados Unidos. Asimismo, en los últimos días, diferentes dependencias del gobierno federal advirtieron sobre las nefastas consecuencias de los recortes en diversas áreas como: el transporte, la educación y las inspecciones sanitarias.

Bajo este escenario, no sería descabellado suponer que el gobierno estadounidense padece de un tortuoso ejercicio de austeridad, signado, en partes semejantes, por recortes del gasto y subidas de impuestos.

Ahora, no es así, los recortes del gasto son puramente ornamentales y contrastan con el severo mandoble impositivo que recae sobre las espaldas de los contribuyentes. Frente a un descenso en los gastos presupuestados del orden de 9.000 millones de dólares (resultantes de contraer el 0,25% del presupuesto total de 3,563 billones de dólares, asignados en el 2012), los ingresos crecen hasta un 19,63%, lo que equivale a un incremento de la recaudación de 478.000 millones de dólares. Quizás haya sido algo exagerado hablar de “abismo fiscal”.

Así, el déficit del presupuesto federal para el año fiscal 2012, de 1,128 billón de dólares o 7,3% del PBI según la estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, marca el cuarto año consecutivo con déficit billonario. Con estos y otros cambios de política que figuran en el actual ley, el déficit se reducirá a un monto estimado de $ 641.000 millones, para el año fiscal 2013 (o 4% del PIB), aunque seguirá siendo deficitario.

Finalmente, sin señales certeras de recuperación real y con una relación deuda/producto que ha superado el 100%, pocos son los motivos para ser halagüeños. Sobre todo, porque en tanto no se advierta que el intervencionismo estatal resulta una amenaza creciente, en la economía mundial, más difícil será resolver el problema. El cual consiste, justamente, en sustraer el ahorro de manos de los gobernados con el fin de que quienes gobiernan lo gasten a su antojo.

Carlos Alberto Salguero es Doctor en Economía y Máster en Economía y Administración de Empresas (ESEADE), Lic. en Economía (UCALP), Profesor Titular en la Universidad Católica de La Plata y egresado de la Escuela Naval Militar.