LA DIMENSIÓN ÉTICA DEL LIBERALISMO

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

El término  más empleado es “capitalismo” pero personalmente prefiero el de “liberalismo” puesto que el primero remite a lo material, al capital, aunque hay quienes derivan la expresión de caput, es decir, de mente y de creatividad en todos los órdenes. Por otro lado, la aparición de esta palabra fue debida a Marx quien es el responsable del bautismo correspondiente, lo cual no me parece especialmente atractivo. De todas maneras, en la literatura corriente y en la especializada los dos vocablos se usan como sinónimos y, por ende, de modo indistinto (incluso en el mundo anglosajón -especialmente en Estados Unidos- se recurre con mucho más frecuencia a capitalismo ya que, con el tiempo, el liberalismo se dejó expropiar de contrabando y adquirió la significación opuesta a la original aunque los maestros de esa tradición del pensamiento la siguen utilizando (algunas veces con la aclaración de “in the classic sense, not in the American corrupted sense”).

La moral alude a lo prescriptivo y no a lo descriptivo, a lo que debe ser y no a lo que es. Si bien es una noción evolutiva como todo conocimiento humano, deriva de que la experiencia muestra que no es conducente para la cooperación social y la supervivencia de la especie que unos se estén matando a otros, que se estén robando, haciendo trampas y fraudes, incumpliendo la palabra empeñada y demás valores y principios que hacen a la sociedad civilizada. Incluso los relativistas éticos o los nihilistas morales se molestan cuando a ellos los asaltan o violan. La antedicha evolución procede del mismo modo en que lo hace el lenguaje y tantos otros fenómenos en el ámbito social.

El liberalismo abarca todos los aspectos del hombre que hacen a las relaciones sociales puesto que alude a la libertad como su condición distintiva y como pilar fundamental de su dignidad. No se refiere a lo intraindividual que es otro aspecto crucial de la vida humana reservada al fuero íntimo, hace alusión a lo interindivudual que se concreta en el respeto recíproco. Robert Nozick define muy bien lo dicho en su obra titulada Invariances. The Structure of the Objective World (Harvard University Press, 2001, p. 282) cuando escribe que “Todo lo que la sociedad debe  demandar coercitivamente es la adhesión a la ética del respeto. Los otros aspectos deben ser materia de la decisión individual”. Antes, en mi libro Liberalismo para liberales –cuya primera edición de EMECÉ fue en 1986- definí el liberalismo como “el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros” en la que respeto no implica adhesión sino la más absoluta abstensión de recurrir a la fuerza cuando no hay lesiones de derechos. Más aun, la prueba decisiva de lo que habitualmente se denomina tolerancia radica cuando no compartimos el proyecto de vida de terceros (en realidad los derechos no se toleran se respetan, en cambio la primera expresión arrastra cierto tufillo inquisitorial).

Todos los ingenieros sociales que pretenden manipular vidas y haciendas ajenas en el contexto de una arrogancia superlativa deberían repasar estas definiciones una y otra vez. Recordemos también que el último libro de Friedrich Hayek se titula  La arrogancia fatal. Los errores del socialismo (Madrid, Unión Editorial, 1988/1992) donde reitera que el conocimiento está disperso entre millones de personas y que inexorablemente se concentra ignorancia cuando los aparatos estatales se arrogan la pretensión de “planificar” aquello que se encuentre fuera de la órbita de la estricta protección a los derechos de las personas.

Además hay un asunto de suma importancia respecto a la llamada planificación gubernamental y es la formidable contribución de Ludwig von Mises de hace casi un siglo que está referida al insalvable problema del cálculo económico en  el sistema socialista (“Economic Calculation in the Socialist Commonwealth”, Kelley Publisher, 1929/1954). Esto significa que si no hay propiedad no hay precios y, por ende, no hay contabilidad ni evaluación de proyectos lo cual quiere a su vez decir que no hay tal cosa como “economía socialista”, es simplemente un sistema impuesto por la fuerza. Y esta contribución es aplicable a un sistema intervencionista: en la medida de la intervención se afecta la propiedad y, consiguientemente, los precios se desdibujan lo cual desfigura el cálculo económico que conduce al desperdicio que, a su turno, contrae salarios e ingresos en términos reales.

El derecho de propiedad está estrechamente vinculado a la ética del liberalismo puesto que se traduce en primer término en el uso y disposición de la propia mente, de su propio cuerpo (no el de otro como el pretendido homicidio en el seno materno, mal llamado “aborto”) y, luego, al uso y la disposición de lo adquirido lícitamente, es decir, del fruto del trabajo propio o de las personas que voluntariamente lo han donado. Esto implica la libertad de expresar el propio pensamiento, el derecho de reunión, el del debido proceso, el de peticionar, el de profesar la religión o no religión que se desee, el de elegir autoridades, todo en un ámbito de igualdad ante la ley que está íntimamente anclada al concepto de justicia en el sentido de su definición clásica de “dar a cada uno lo suyo” (de lo contrario puede interpretarse que la igualdad puede ser ante una ley perversa como que todos deben ir a la cámara de gas y salvajadas equivalentes).

Además, como los recursos son escasos en relación a las necesidades la forma en que se aprovechen es que sean administrados por quienes obtienen apoyo de sus semejantes debido a que, a sus juicios, atienden de la mejor manera sus demandas y los que no dan en la tecla deben incurrir en quebrantos como señales necesarias para asignar recursos de modo productivo. Todo lo cual en un contexto de normas y marcos institucionales que garanticen los derechos de todos.

Los derechos de propiedad incluyen el de intercambiarlos libremente que es lo mismo que aludir al mercado en un clima de competencia, es decir, una situación en la que no hay restricciones gubernamentales a la libre entrada para ofrecer bienes y servicios de todo tipo. En resumen, lo consignado en las Constituciones liberales: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad.

La solidaridad y la caridad son por definición realizadas allí donde tiene vigencia el derecho de propiedad, puesto que entregar lo que no le pertenece a quien entrega no es en modo alguno una manifestación de caridad ni de solidaridad sino la expresión de un atraco.

En sociedades abiertas el interés personal coincide con el interés general ya que éste quiere decir que cada uno puede perseguir sus intereses particulares siempre y cuando no se lesionen iguales derechos de terceros. En sociedades abiertas,  se protege el individualismo lo cual es equivalente a preservar las autonomías individuales y las relaciones entre las personas, precisamente lo que es bloqueado por las distintas variantes de socialismos que apuntan a sistemas alambrados y autárquicos.

Es que las fuerzas socialistas siempre significan recurrir a la violencia institucionalizada para diseñar sociedades, a contramano de lo que prefiere la gente en libertad. De la idea original de contar con un  gobierno para garantizar derechos anteriores y superiores a su establecimiento se ha pasado a un Leviatán que atropella derechos en base a supuestas sabidurías de burócratas que no pueden resistir la tentación de fabricar “el hombre nuevo” en base a sus mentes calenturientas. Y esto lo hacen habitualmente alegando la imperiosa necesidad de “inversión pública”, un grosero oximoron puesto que la inversión significa abstensión de consumo para ahorrar cuyo destino es la inversión que por su naturaleza es una decisión privativa del sujeto actuante que estima que el valor futuro será mayor al presente (“inversión pública” es una expresión tan desatinada y contradictoria como “ahorro forzoso”).

Desafortunadamente, no se trata solo de socialistas sino de los denominados conservadores atados indisolublemente al statu quo que apuntan a gobernar sustentados en base a procedimientos del todo incompatibles con el respeto recíproco diseñados por estatistas que les han corrido el eje del debate y los acompleja encarar el fondo de los problemas al efecto de revertir aquellas políticas. No hace falta más que observar las propuestas de las llamadas oposiciones en diversos países para verificar lo infiltrada de estatismo que se encuentran las ideas. Se necesita un gran esfuerzo educativo para explicar las enormes ventajas de una sociedad abierta, no solo desde el punto de vista de la elemental consideración a la dignidad de las personas sino desde la perspectiva de su eficiencia para mejorar las condiciones de vida de todos, muy especialmente de los más necesitados.

Lo que antaño era democracia ha mutado en dictaduras electas en una carrera desenfrenada por ver quien le mete más la mano en el bolsillo al prójimo. Profesionales de la política que se enriquecen del poder y que compiten para la ejecución de sus planes siempre dirigidos a la imposición de medidas “para el bien de los demás”, falacia que ya fue nuevamente refutada por el Public Choice de James Buchanan y Gordon Tullock, entre otros. Por no prestar debida atención a estas refutaciones es que Fréderic Bastiat ha consignado que “el Estado es la ficción por la que todos pretenden vivir a expensas de todos los demás” (en “El Estado”, Journal des débats, septiembre 25, 1848). Es que cuando se dice que el aparato estatal debe hacer tal o cual cosa no se tiene en cuenta que es el vecino que lo hace por la fuerza ya que ningún gobernante sufraga esas actividades de su propio peculio.

Todas las manifestaciones culturales tan apreciadas en países que han superado lo puramente animal: libros, teatro, poesía, escultura, cine y música están vinculadas al espíritu de libertad y a las facilidades materiales. No tiene sentido declamar sobre “lo sublime” mientras se ataca la sociedad abierta, sea por parte de quien la juega de intelectual y luego pide jugosos aumentos en sus emolumentos o sea desde el púlpito de iglesias que despotrican contra el mercado y luego piden en la colecta y donaciones varias para adquirir lo que necesitan en el mercado.

En resumen,  la ética del liberalismo consiste en el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros, esto es, dejar en paz a la gente y no afectar su autoestima para que cada uno pueda seguir su camino asumiendo sus responsabilidades y no tener la petulancia de la omnisciencia aniquilando en el proceso el derecho, la libertad y la justicia con lo que se anula la posibilidad de progresar en cualquier sentido que fuere.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

La Escuela Austríaca de Economía (2° parte)

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2019/03/la-escuela-austriaca-de-economia.html

 

“Muchas de las ideas de los principales economistas austriacos de mediados del siglo XX, tales como Ludwig von Mises y F.A. Hayek están fundadas en las ideas de economistas clásicos tales como Adam Smith y David Hume, o en las de algunas figuras de principios del siglo XX como Knut Wicksell, además de Menger, Böhm-Bawerk y Friedrich von Wieser.”[1]

Confluyen en las vertientes de la Escuela la de los autores clásicos de los cuales aquí solo se dan algunos pocos nombres. Habría que agregar a Edmund Burke, Adam Ferguson, John Locke, Herbert Spencer y varios otros más que, desde posturas más o menos afines, confluyeron en un núcleo de ideas que daría punto inicial a la Escuela Austríaca de Economía. No obstante, se pueden encontrar algunos denominadores comunes en la diversidad de los nombres citados. Y esos puntos coincidentes son la coincidencia de todos ellos en la necesidad de la libertad y la propiedad privada como basamentos de toda economía sin las cuales ninguna economía podría llegar a merecer ese nombre. De todos ellos, Ludwig von Mises es quizás el más enfático a este último respecto.

“Esta diversidad de tradiciones intelectuales en la ciencia económica es todavía más evidente entre los economistas de la Escuela Austriaca en la actualidad, quienes han recibido la influencia de algunas de las figuras más relevantes de la economía contemporánea. Estos incluyen a Armen Alchian, James Buchanan, Ronald Coase, Harold Demsetz, Axel Leijonhufvud, Douglass North, Mancur Olson, Vernon Smith, Gordon Tullock, Leland Yeager y Oliver Williamson, además de Israel Kirzner y Murray Rothbard. Mientras que algunos pueden afirmar que una única Escuela Austriaca de economía opera dentro de la profesión económica en la actualidad, también se podría argumentar con cierta sensatez que el rótulo “austriaco” ya no posee ningún significado sustantivo.”[2]

Ciertamente el rótulo “austríaco” ha perdido todo su significado como para designar con precisión los postulados de la escuela, pero resulta ser que ha alcanzado su arraigo a través de una tradición que se mantiene en nuestros días y resulta bastante difícil de erradicar. Maxime si se tiene en cuenta -como bien dice el párrafo – la multiplicidad de aportes que han realizado a la escuela intelectuales que -en principio- son ajenos a la misma o empezaron siéndolo y finalmente terminaron adhiriéndose a sus proposiciones. Algunos autores, como el profesor Alberto Mansueti, han preferido -con acierto a nuestro juicio- utilizar las palabras “escuela austriana” y referirse a sus miembros como “austrianos”. De todas maneras, más que de las etiquetas, nos interesa ocuparnos de los contenidos, y en este sentido las contribuciones de todos los mencionados (faltan muchos nombres más, por cierto) son de una importancia y relevancia fundamental.

Veamos seguidamente algunas de las propuestas más relevantes de nuestra escuela:

“Proposición 1: Sólo los individuos eligen.  El hombre, con sus propósitos y planes, es el principio de todo análisis económico. Sólo los individuos eligen; las entidades colectivas no hacen elecciones. La tarea principal del análisis económico es hacer inteligible el fenómeno económico, apoyándolo en los propósitos y planes de los individuos. La tarea secundaria de la economía consiste en indagar las consecuencias no intentadas o no previstas que pueden surgir como consecuencia de las elecciones individuales.”[3]

Toda acción es individual y toda acción es fruto de una decisión, mucho o poco meditada, pero, siempre deliberada que es lo que va a desembocar en una acción, la cual -por definición- solo puede ser individual y humana. No hay actos no deliberados ni automáticos en el campo de la acción humana. Aun las conductas más impulsivas han sido fruto de un cierto grado de deliberación sobre la misma. De tal suerte que, no cabe sino metafóricamente hablar de acciones “colectivas” lo cual no es más que una impropiedad, tal como cuando de ordinario se alude a “decisiones” de países, naciones, gobiernos, sociedades, grupos, etc.”. Sólo pueden concebirse estas últimas expresiones en un sentido puramente figurado, pero nunca literal. La acción siempre es humana y siempre es individual, no colectiva.

“Proposición 2: El estudio del orden del mercado versa fundamentalmente sobre el comportamiento de intercambio y las instituciones dentro de las cuales tiene lugar el intercambio. El sistema de precios y la economía de mercado se entienden mejor bajo el término “catalaxia”, y la ciencia que estudia el orden de mercado cae bajo el dominio de la “cataláctica”. Estos términos se derivan de la palabra griega katalaxia –que significaba la acción de intercambiar y convertir a un extraño en amigo, como consecuencia del intercambio. La cataláctica centra el análisis en las relaciones de intercambio que surgen en el mercado, la negociación que caracteriza el proceso de intercambio, y el contexto institucional en el que estos intercambios tienen lugar.”[4]

En un campo más amplio aún, toda relación social implica acciones de intercambio de todo tipo, pero esos intercambios (que pueden ser, incluso, de ejemplo, afectivo o familiares) adquieren interés para la cataláctica cuando se realizan por un precio, entendido como síntesis del entrecruzamiento de valores dispares que son, en suma, los que motivan a los agentes económicos a intercambiar. Es cuando alcanza sentido entonces esta última locución “agentes económicos”. Para que exista cataláctica, entonces, han de haber relaciones de intercambio dentro de un proceso que se denomina de mercado. Los elementos de este proceso se distinguen como de oferta y demanda. Friedrich A. von Hayek ha caracterizado el sistema de precios como un tablero de señales que ofician de guía pare indicar -tanto a compradores como a vendedores- dónde existen escaseces relativas que son -en definitiva- los renglones a los cuales se orientarán los recursos, dando lugar a un mecanismo más: el de inversión.

Sin precios, sin propiedad privada y sin moneda, sencillamente, no hay mercado, y sin mercado no hay economía. Por eso, se dice que constituyen tres pilares fundamentales para la existencia de un verdadero sistema económico.

[1] Peter J. Boettke. *Hacia una Robusta Antropología de la Economía**La Economía Austriaca en 10 Principios* Instituto Acton Argentina. Trad: Mario Šilar

[2] Peter J. Boettke , Ibidem.

[3]Peter J. Boettke, Ibidem.

[4] Peter J. Boettke, Ibidem.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

ANTHONY DE JASAY: UNA MENTE ORIGINAL (1925 – 2019)

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 31/12/16 en https://www.infobae.com/opinion/2016/12/31/anthony-de-jasay-una-mente-original/

 

Se trata de uno de los intelectuales más sobresalientes en el campo de las ciencias sociales, específicamente de la economía y la ciencia política. De Jasay nació en Hungría en 1925, en Budapest completó su carrera de grado en ciencias agrarias y trabajó de periodista hasta que tuvo que fugarse de la opresión soviética en 1948. Se radicó en Austria durante dos años, luego de lo cual viajó a Australia país en el que estudió economía en la Universidad de Western Australia donde permaneció hasta que fue invitado como Research Fellow en el Nuffield College de la Universidad de Oxford, casa de estudios en la que permaneció de 1955 a 1962, período en el que publicó diversos trabajos en el Economic Journal y en el Journal of Political Economy.

 

En 1962 se radicó en Paris donde operó como banquero y financista hasta que en 1979 se mudó a Normandía, allí escribió sus obras más relevantes que fueron The State (Basil Blackwell, 1985), Social Contract, Free Ride: A Study of the Public Good Problem(Clarendon Press, 1989),  Market Socialism: A Scrutiny (Institute for Economic Affairs, 1990), Choice, Contract and Consent: A Restatement of Liberalism (Institute for Economic Affairs, 1991), las colecciones de ensayos bajo los títulos de Against Politics(Routledge, 1997) y Justice and its Sunrroundings (Liberty Fund, 2002). Esta última institución de Indianapolis, recientemente agregó dos nuevas colecciones bajo los títulos Economic Sense and Non Sense Social Justice and the Indian Rope Trick.

 

La dedicatoria de uno de mis libros (sobre Jean Gustave Courcelle-Seneuil) publicado hace cinco años por la Universidad del Desarrollo en Chile rezaba así: “En homenaje al insigne maestro Anthony de Jasay, el más original, prolífico y sofisticado de los autores contemporáneos en el área de las ciencias sociales”.  Siendo rector de ESEADE lo invité a dictar clase, traduje varios de sus ensayos en la revista académica Libertas, organicé un seminario patrocinado por Liberty Fund en Buenos Aires en el entonces Plaza Hotel, dedicado a estudiar uno de sus libros en el que estuvieron presentes, entre otros, el propio autor, el premio Nobel  en economía James M. Buchanan, Hartmut Kliemt, Bruce Benson, Guido Pincione. Lo encontré en diversos foros, lo invité en mi carácter de miembro del Programa Académico de la Mont Pelerin Society como orador a la reunión en Río de Janeiro y tuvo la generosidad de comentar por la vía epistolar un ensayo de mi autoria que preparé para un seminario en el que participé en Seúl en 1995, trabajo titulado “Towards a Theory of Autogovernment” (publicado en Values and the Social Order, Aldershot, UK, Avebury Series in Philosophy, 1997, Gerard Radnitzky, ed., libro para el que también escribió de Jasay aunque no pudo estar presente en esa oportunidad). Seminario en el que tuvieron una destacada participación presencial Gordon Tullock, Antony Flew, Angelo Petroni, el antes mencionado Bruce Benson y Hans-Hermann Hope.

 

Para una magnífica síntesis del pensamiento de este tratadista al que hoy rendimos homenaje, puede consultarse la entrevista que le realizó Harmut Kliemt en “The Intellectual Portrait Series” A Conversation with Anthony de Jasay también de Liberty Fund. Por su parte, James M. Buchanan escribe sobre la antedicha Against Politics que “Aquí se encuentra la filosofía política como debería ser: temas serios discutidos con elocuencia, agudeza, coraje y un genuino conocimiento” y Richard A. Epstein anota sobre el mismo libro que “Su posición corresponde a una minoría sobresaliente de pensadores serios […] Los liberales clásicos partidarios del gobierno limitado siempre están empujados desde la izquierda, pero es importante reconocer que uno de los desafíos más potentes provienen del otro lado del espectro político”.

 

En estos temas como en otros, debe estudiarse con la mente abierta y sin prejuicios. Puede concordarse o no con el autor pero primero es menester escuchar con atención y sin telarañas mentales sus sofisticada y sesuda argumentación basada principalmente en la teoría de los juegos. Hay tres pasajes de Anthony de Jasay -Tony para los que tuvimos el privilegio de conocerlo- que ilustran y resumen muy bien el eje central de su tesis. En su ensayo titulado “La amarga medicina de la libertad” dice de Jasay que “Amamos la retórica y la palabrería de la libertad a la que damos rienda suelta más allá de la sobriedad y el buen gusto, pero está abierto a serias dudas si realmente aceptamos el contenido sustantivo de la libertad”. En el titulado “Hayek: algunas piezas ausentes” concluye que “La teoría más reciente sugiere que incluso el cumplimiento de contratos puede proveerse voluntariamente por parte de aquellos que pretenden beneficiarse con el respeto a esos arreglos, y no hay evidencia que un poder estatal organizado para su cumplimiento sea más eficiente y menos gravosos en términos de costos totales de transacción respecto a la provisión descentralizada y privada”, trabajos en los que trata de modo magistral las diversas facetas del dilema del prisionero, los bienes públicos, las asimetrías de la información y la externalidades en el contexto de lo que se ha denominado “la elección racional”.

 

Por último, la tercera cita la tomamos de una entrevista que en 2011 Aschwin Wolf concretó en The Independent Review (16, No. 2, otoño) en el que de Jasay consigna que “se elaboran bellísimas constituciones basadas en valores liberales como la libertad, la propiedad y el estado de derecho, la  independencia del poder judicial y así sucesivamente, explicando la superioridad moral y las ventajas prácticas del orden liberal que una constitución de este tipo produciría, lo cual muestra una confianza y una ingenuidad patéticas en que la constitución soñada producirá el resultado soñado”.

 

Desde luego que no es cuestión de rechazar sin más los detenidos estudios de Anthony de Jasay, lo cual demostraría cerrazón mental, escasa profesionalidad y muy poco entrenamiento académico, sino que su producción demanda análisis con detenimiento, digerirlos y, en su caso, discutirlos. Como queda dicho, puede coincidirse o disentir con el autor, pero lo que no puede desconocer el académico actualizado y vinculado a las ciencias sociales es la producción intelectual de este autor. En el mundo académico propiamente dicho, se coincida o no con trabajos de estatura intelectual, la averiguación está siempre abierta para examinar y debatir nuevas líneas de investigación.

 

Las ponderaciones sobre su obra son de muy diversas procedencias intelectuales: Roderik T. Long afirma que su trabajo “es inusualmente rico, provocativo y cubre un vasto territorio”, el antes referido Aschwin Wolf sostiene que “es el más grande pensador social de nuestro tiempo” y Frank van Dun concluye que “es uno de los más poderosos pensadores en temas políticos y sociales de todas las épocas”.

 

No en todos los casos los escritos de este autor son de fácil comprensión. A mí por lo menos, buena parte de sus textos me resultan dificultosos y me exigen varias lecturas para entender el significado de lo escrito. La versación de Anthony de Jasay es notable, sus miradas son siempre originales y su grado de elaboración para las explicaciones, argumentaciones de gran calado y concatenación de razonamientos resultan en verdad llamativas.

 

En el trabajo aludido de este autor sobre esa contradicción en términos conocida como “socialismo de mercado”, entre otras muchas cosas, explica lo autodestructivo que resulta la manía de sostener que aún aplicando la guillotina horizontal puede funcionar la competitividad. De Jasay refuta la peregrina idea de que es posible largar en la carrera por la vida desde posiciones patrimoniales niveladas por los gobiernos y, al mismo tiempo, cada cual estará incentivado a participar en el evento esforzándose por ganarlo, sin percibir que si se es consistente con las antedichas nivelaciones habrá que proceder de igual manera a la largada de la siguiente carrera con lo que se bloquea la posibilidad de que los ganadores trasmitan su patrimonio a la próxima generación, lo cual destruye los necesarios incentivos para el certamen (por si fuera de algún interés, consigno al margen que mi tesis de doctorado en economía aprobada en la Universidad Católica Argentina se tituló Influencia del socialismo de mercado en el mundo contemporáneo: una revisión crítica de sus ejes centrales).

 

De Jasay me recomendó muy diversas lecturas en distintas ocasiones. Todas fueron muy provechosas para mí. La última sugerencia fue la obra de Leslie Green The Authority of the Statepublicada por Oxford University Press de la que destaco muy especialmente el texto bajo el siguiente subtítulo: “The Prisoner´s Dilemma Dilemmas”, una cadena argumentativa densa pero sumamente fértil y elocuente.

 

En lo personal, ni bien se publicó el libro de mayor difusión de Thomas Piketty sobre el igualitarismo, escribí una crítica y después de ello he leído varios ensayos de gran valor sobre el tema, algunos centrados en puntos conceptuales y otros apuntan a su manejo (o desmanejo) estadístico, pero recientemente he leído el formidable de Anthony de Jasay que me parece el mejor de todos de lejos: “The Python that Eats Itself by the Tail: A Self-Contradictory Theory of Capitalism”.

 

Hace poco, Carlos Rodríguez Braun me propuso desde España que editemos juntos en castellano ensayos de este coloso del pensamiento. Aun no hemos conseguido financiación para lograr este objetivo. De Jasay estaba informado de este proyecto que recibió con entusiasmo, lo cual puso de manifiesto en varios correos que nos ha enviado a los dos con diversas reflexiones sumamente atinadas.

 

Lo dicho hasta aquí basta para una nota periodística sobre este escudriñador de la economía y la filosofía política que se ha apartado de la visión convencional para invitar a la exploración de un paradigma y un andamiaje conceptual diferente. Es inmensa la gratitud de  todos los que tuvimos el placer de tratarlo. Como queda consignado, hasta hace muy poco hemos mantenido numerosos contactos por la vía electrónica, a pesar de su edad y las dificultades que venía arrastrando en su capacidad ocular y otros problemas de salud más recientes (en uno  de mis últimos contactos epistolares le comenté un  libro reciente –The Problem of Political Authority de Michael Huemer- a lo que me contestó que ya no podía leer y que sus mails se los leían y se los escribían (conjeturo que su encantadora mujer a quien conocí en Cannes hace años). De cualquier modo, siempre fue muy solícito y generoso para atender consultas y comentarios varios. Sus enseñanzas perduran y algún día serán reconocidas más allá del mundo académico.  Recuerdo que hacen ya muchos años, la primera vez que escuché hablar del autor que vengo comentando fue por una recomendación de Emilio Pacheco, en vuelo Buenos Aires-Bariloche para un seminario en esta última ciudad.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba.

Burocracia y corrupción

Por Gabriel Boragina Publicado el 13/10/18 en: http://www.accionhumana.com/2018/10/burocracia-y-corrupcion.html

 

“es inherente a toda burocracia gubernamental ajustarse a un conjunto de reglas e imponerlas de manera uniforme y autoritaria. Si no fuera así, y el burócrata decidiera sobre los casos individuales ad hoc, se lo acusaría, con justo derecho, de no tratar a cada contribuyente y ciudadano de manera igual y uniforme. Sería acusado de discriminación y de brindar privilegios especiales. Además, desde el punto de vista administrativo es más conveniente para el burócrata establecer reglas uniformes en toda su jurisdicción. A diferencia de la empresa privada, cuya finalidad es obtener ganancias, a la burocracia gubernamental no le interesa ser eficiente ni servir a sus clientes lo mejor posible. Al no tener fines de lucro, y a salvo de la posibilidad de sufrir pérdidas, el burócrata puede descuidar, y de hecho lo hace, los deseos y demandas de sus consumidores-clientes. Su interés principal es “no hacer olas”, y esto lo logra aplicando equitativamente un conjunto de reglas uniforme, no importa lo inaplicable que pueda ser en cualquier caso puntual.” [1]

Sin embargo, a pesar de ser cierto lo anterior, también es verdad que los burócratas discriminan, y es precisamente esto último lo que se conoce con el nombre de corrupción, fenómeno cuya extensión -sobre todo en Argentina- ha llegado a niveles alarmantes batiendo todos los récords históricos hasta el presente. En realidad, como ha demostrado la Escuela de la Public Choice -con James Buchanan y Gordon Tullock a la cabeza- los burócratas si, tienen fines de lucro como cualquier ser humano normal.

Ahora bien, es cierto que, desde el punto de vista institucional la burocracia no tiene fines de lucro, porque -en tanto burocracia- fue creada para permanecer, con independencia de cualquier circunstancia económica. No obstante, lo anterior, en cambio, los burócratas no suelen ser los mismos, o no lo son por todo el tiempo. Esto hace que los burócratas, conscientes de la transitoriedad personal en sus cargos, tiendan, durante su paso por la burocracia, a tomar todo el dinero posible de ella, ya sea por vías legitimas o ilegítimas, dando lugar a la corrupción tan denostada por un lado y tan practicada por el otro. Pero la corrupción no está ínsita -por regla general- en la persona del burócrata, lo que si esta inherente en la institución es la potencialidad de promover o cobijar o -al menos- soportar actos de corrupción. Si el empleado público -además- ve con buenos ojos el cargo que ocupa como medio idóneo para lucrarse en y de él, la situación es, por supuesto, tanto peor.

La burocracia -como entidad – no tiene fines de lucro, pero el burócrata, contemplado desde la faz de un simple ser humano como todos, si los tiene. Claro que, su lucro no proviene -en primera instancia- del contribuyente, sino del organismo oficial que lo emplea. Sólo depende del peculio del contribuyente de manera indirecta. Pero si perdiera su cargo de burócrata (porque -por ejemplo- la repartición donde trabaja decidiera cesantearlo) esto lo afectaría económicamente a él en persona. De allí que, es natural que, desde su propio punto de vista, vea su puesto de burócrata como un medio para beneficiarse económicamente de él, ni más ni menos que como cualquier otro empleado privado ve su cargo en una empresa particular. Aunque naturalmente los incentivos -tanto externos como internos- sean por completo diferentes.

En la esfera política pasa algo bastante similar que en la administrativa respecto de los funcionarios elegidos popularmente mediante el voto. Su transitoriedad es mayor que la de los elencos estables burocráticos y, por consiguiente, su tendencia a acumular durante tan breve periodo también será más grande. De allí, la importancia de establecer controles de todo tipo y de gran efectividad para evitar el enriquecimiento de funcionarios y demás burócratas a costa del erario público.

Con todo, como apuntamos líneas más arriba, creemos que hay que deslindar varios aspectos y dividirlos en dos partes al menos: institucionales y personales.

La corrupción no sólo tiene que ver con las ansias de ganancia del burócrata o gobernantes, tiene que ver con el diseño institucional que, al hacer depender el funcionamiento de ciertos organismos estatales del poder económico (grande o pequeño) de los contribuyentes, convierte a los cuerpos gubernativos en sí mismos corruptos e inmorales, toda vez que para hacerse de tales fondos necesitan del imperio y la fuerza bruta que les otorga la ley respectiva que regula su creación y trabajo. Y de otra ley (superior o paralela) que determina que su marcha será solventada con fondos del erario público (en última instancia, impuestos vistos desde el lado del ciudadano).

No tiene tanto que ver en este punto la cantidad de reparticiones u organismos estatales que se creen, sino las cantidades efectivas de capital destinadas a su establecimiento y labor. Producirán mayor daño tres organismos “públicos” que tengan un presupuesto del cien por ciento del tesoro nacional (suponiendo por caso $ 1000) que diez de esos organismos a los cuales se les destine un cincuenta por ciento de lo presupuestado ($ 500) con independencia del total efectivamente recaudado. El daño al contribuyente en el primer supuesto será del cien por ciento y en el segundo de la mitad, pero en el primero sólo tenemos tres reparticiones públicas y en el segundo diez. Claro que el análisis no es completo si no se considera, no sólo la cuantía del gasto sino también su calidad, pero la cuantía luce como el dato más importante, porque la calidad del gasto siempre dependerá que se tenga algo para gastar, si esto falta es inútil entrar en un debate sobre “la calidad del gasto” cuando no hay siguiera nada para gastar. Si por $ 1000 puedo comprar un par de zapatos de la más alta calidad, vano es que me detenga a comparar calidades si ni siquiera tengo $ 1000. La calidad, pues, es una variable dependiente de la cantidad disponible para cada caso en cuestión.

[1] Murray N. Rothbard. For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. (ISBN 13: 9780020746904)Pág. 149-150

 

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

James M. Buchanan y la Escuela de la Elección Pública

Por Adrián Ravier.  Publicado el 26/7/18 en: https://www.juandemariana.org/comment/6729#comment-6729

 

Antes de las dos Guerras Mundiales, la participación del Estado sobre la economía era mínima. En la segunda mitad del siglo XX alcanzó niveles elevados. En este contexto, James Buchanan se preocupó esencialmente por entender “cómo funciona la política en la práctica”…

Nacido en EE. UU. el 3 de octubre de 1919, James McGill Buchanan estudió en la Universidad de Tennesse y se doctoró, en 1948, en la Universidad de Chicago. Luego, emprendió una carrera académica en la George Mason University y también fue una figura central de la Escuela de Economía Política de Virginia.

Si bien realizó numerosos aportes a la ciencia económica, sus contribuciones quedarán marcadas en la historia del pensamiento económico y político por sus estudios sobre el “funcionamiento real de los procesos políticos”, caracterizado por la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política.

Las inquietudes acerca de este campo de investigación surgieron en relación con el notable incremento de la intervención del Estado en la economía tras la Segunda Guerra Mundial y la incapacidad de los economistas para comprender este fenómeno.

Más allá de algunas excepciones como Arthur Bentley, según Buchanan, “los economistas no estaban dedicando mucha atención a cómo funcionaba el Gobierno porque estaban preocupados por cómo funcionan los mercados y cómo las personas se comportaban en relaciones de mercado”.

En este marco, ejerció gran influencia sobre su pensamiento una obra de Knut Wicksell titulada A New Principle of Just Taxation (Un nuevo principio de imposición justa). En palabras del propio Buchanan:

“Wicksell decía a los economistas: dejen de actuar como si estuviesen aconsejando a un déspota benévolo. No los van a escuchar de todos modos, así que deténganse, desperdician su tiempo y gastan sus fuerzas. Y dijo: si quieren mejorar los resultados políticos, entonces tienen que cambiar las reglas. Nunca van a lograr que los políticos hagan otra cosa que representar los intereses de los votantes a quienes representan. Así que si tienen una cámara legislativa, deberán esperar que el congreso genere resultados que gozarán del apoyo de la mayoría de los grupos representados por esta legislatura. Puede o no surgir un resultado eficiente de esto, pueden o no surgir buenos proyectos que valgan su costo. ¿Cómo cambiar esto? Cambiando las reglas, avanzando de la regla de la mayoría hacia la regla de unanimidad, hacia un consenso”

Buchanan definió a este programa de investigación, sobre el que trabajó durante más de medio siglo, como la “política sin romance”. Quitándonos las “gafas rosadas” —según sus propias palabras— con las que percibimos a la política, podremos verla como lo que realmente es.

Así, ¿cuál es el terreno de juego de la política? ¿Cómo se comportan los políticos y los votantes? 

En un artículo titulado “La perspectiva de la elección pública”, Buchanan definió a su teoría de la “elección pública” como aquella “perspectiva acerca de la política que surge de una extensión y aplicación de las herramientas y métodos de los economistas a la toma de decisiones públicas o colectivas”.

Guiado por su individualismo metodológico, Buchanan entiende que, en última instancia, los que toman las decisiones de gobierno son los individuos. El “homo politicus” es “homo economicus” y, al igual que un empresario, el hacedor de políticas públicas actúa fundamentalmente guiado por su propio interés.

De esta forma, Buchanan pone en cuestión uno de los conceptos elementales de la democracia representativa: la delegación de los asuntos de los ciudadanos en manos de políticos profesionales.

Precisamente, esta delegación hace que las pensiones, la educación, la salud, las relaciones laborales y también el medio ambiente queden a merced de decisiones burocráticas en manos de políticos que no necesariamente se guían por el “bien común”.

Pero, ¿cuál es la alternativa a este paradigma? 

Siguiendo a Wicksell, propone un cambio de reglas. Imaginemos que se presenta un proyecto público, ¿cómo estar seguros que amerita el gasto? Buchanan afirma que “el costo lo amerita si los que se benefician pagan lo suficiente para cubrir los costos del proyecto. Así que debe haber algún tipo de arreglo o esquema tributario por medio del cual uno puede lograr un acuerdo general unánime. Se puede utilizar la regla de la unanimidad como una medida contra la cual se calcula el nivel de eficiencia en el sector público”.

De esta forma, la regla de la unanimidad se presenta como la contrapartida “política” del óptimo de Pareto. Alcanza el óptimo porque implica la adhesión voluntaria a un determinado orden social por parte de “todos” los participantes, o en términos económicos, elimina la posibilidad de externalidades negativas como resultado de decisiones colectivas.

Claro que, al mismo tiempo, la unanimidad en la toma de decisiones colectivas eleva considerablemente el costo del proceso decisorio. Teniendo en cuenta estos costos, que pueden llegar en muchos casos a impedir la toma de decisiones, Buchanan y Tullock sostienen que el individuo enfrentado a una elección constitucional podría decidir voluntariamente aceptar alguna regla menos rigurosa para la decisión de cuestiones de menor importancia.

Por esa razón, cuestiones tales como el respeto a la vida, la propiedad y otros derechos individuales requerían del consenso unánime, mientras que otro tipo de decisiones menores podrían ser tomadas con grados de consenso menores, y por ende, con costos decisorios también menores.

Este principio llevó a Buchanan a trabajar en lo que hoy se conoce como Economía Constitucional: “Mientras se tenga una constitución con la cual las personas están en consenso básico, se puede procurar ciertos resultados en términos de las reglas operativas que la constitución permite desarrollar. Desplazamos la norma wickseliana [de la unanimidad] hacia el nivel constitucional y argumentamos que, de hecho, es más probable alcanzar un acuerdo a ese nivel por la sencilla razón de que las personas no conocen el impacto que una regla particular tendrá sobre su interés personal identificable. Es más probable alcanzar un consenso entre más elevada sea la regla”.

La pregunta que surge entonces es: ¿a qué nivel corresponde una decisión acerca del grado de la gobernabilidad de la organización social? 

Para algunos, sobre todo economistas utilitaristas, se requiere una aproximación caso a caso y un cuidadoso análisis empírico para medir los pros y contras de la centralización y la descentralización, pese a que admiten que la heterogeneidad de las preferencias e intereses individuales lleva a que las distintas alternativas favorezcan o dañen determinados intereses con lo cual resulta difícil alcanzar conclusiones sin el apoyo de juicios de valor.

Esto es así porque sus modelos llevan implícito un modelo político basado en un déspota benevolente y eficaz que persigue (y alcanza) el bien común. Esto se articula principalmente en la denominada “función de bienestar social”, el “bien común” que el déspota ilustrado habrá de perseguir.

Otras escuelas económicas, particularmente la Escuela Austriaca o lal Public Choice, abandonan —como se ha dicho— esa presunción de benevolencia reemplazándola con la indiferencia o incluso con la malevolencia.

Siguiendo con la aplicación de las herramientas del análisis económico a la política, Buchanan, tal como lo hiciera Tiebout originalmente, también asimiló el consumidor al votante quien, de la misma forma en que elige en el mercado el que considera mejor bien o servicio según sus necesidades, elige la comunidad “que mejor satisface sus preferencias por bienes públicos”.

En este sentido, el federalismo y la descentralización servirían para limitar las posibilidades de abuso tanto del Gobierno federal como de los Gobiernos locales, del primero porque los recursos se encuentran repartidos entre distintos niveles de gobierno, de los segundos porque existe la posibilidad de movilizarse.

Galardonado con el Nobel de Economía de 1986 por sus trabajos en el área de Public Choice (elección pública), Buchanan publicó unos 300 artículos y 23 libros donde trató asuntos de finanzas públicas, tópicos monetarios y de política económica. Entre éstos, el más influyente ha sido The Calculus of Consent (1962), que escribió junto a Gordon Tullock, donde presenta un análisis económico de las estructuras constitucionales, la mirada de un economista sobre los fenómenos políticos.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Caps. 4 y 5: una introducción al análisis económico de la política. Las fallas del Estado pueden ser peores que las supuestas fallas de mercado

Por Martín Krause. Publicado el 24/6/18 en: http://bazar.ufm.edu/caps-4-5-una-introduccion-al-analisis-economico-la-politica-las-fallas-del-estado-pueden-peores-las-supuestas-fallas-mercado/

 

En toda sociedad hacen falta un mecanismo para permitir que se expresen las preferencias de los individuos y señales que guíen a los productores a satisfacerlas. En el caso de los bienes privados, hemos visto cómo el mercado cumple ese papel. También vimos que se presentan problemas para cumplirlo. En el caso de los bienes públicos, es la política: es decir, los ciudadanos expresan sus preferencias por bienes colectivos y hay un mecanismo que las unifica, resuelve sus diferencias (Buchanan 2009) y envía una señal a los oferentes —en este caso las distintas agencias estatales— para satisfacerlas. Como veremos, este también se enfrenta a sus propios problemas.

El siguiente análisis de las fallas de la política se basa en el espíritu de aquellas famosas palabras de Winston Churchill (1874-1965): “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Churchill nos dice que no hemos ensayado un sistema mejor, por el momento, pero que este no puede ser considerado perfecto. Por ello, cuando se ponen demasiadas esperanzas en él, pueden frustrarse, ya que la democracia no garantiza ningún resultado en particular —mejor salud, educación o nivel de vida—, aunque ciertas democracias lo hacen bastante mejor que las monarquías o las dictaduras.

Durante mucho tiempo, buena parte de los economistas se concentraron en analizar y comprender el funcionamiento de los mercados, y olvidaron el papel que cumplen los marcos institucionales y jurídicos de los Gobiernos. Analizaban los mercados suponiendo que funcionaban bajo un “gobernante benevolente”, definiendo como tal a quien persigue el “bien común”, sin consideración por el beneficio propio, y coincidiendo en esto con buena parte de las ciencias políticas y jurídicas[1]. Tal como define al Estado la ciencia política, tiene aquel el monopolio de la coerción, pero lo ejerce en beneficio de los gobernados.

Por cierto, hubo claras excepciones a este olvido. Inspirados en ellas, autores como Anthony Downs o James Buchanan y Gordon Tullock iniciaron lo que se ha dado en llamar “análisis económico de la política”, en el contexto de gobiernos democráticos, originando una abundante literatura. Su intención era aplicar las herramientas del análisis económico a la política y el funcionamiento del Estado, pues la teoría política predominante no lograba explicar la realidad de manera satisfactoria.

Uno de los primeros pasos fue cuestionar el supuesto del “gobernante benevolente” que persigue el bien común; porque, ¿cómo explicaba esto los numerosos casos en que los Gobiernos implementan medidas que favorecen a unos pocos? O más aún: ¿cómo explicar entonces que los gobernantes apliquen políticas que los favorecen a ellos mismos, en detrimento de los votantes/contribuyentes? Por último, ¿cómo definir el “bien común”[2]? Dadas las diferencias en las preferencias y valores individuales, ¿cómo se podría llegar a una escala común a todos? Esto implicaría estar de acuerdo y compartir dicha escala, pero el acuerdo que pueda alcanzarse tiene que ser necesariamente vago y muy general, y en cuanto alguien quiera traducir eso en propuestas específicas surgirán las diferencias. Por eso vemos interminables discusiones sobre la necesidad de contar con un “perfil de país” o una “estrategia nacional” que nos lleve a alcanzar ese bien común, pero, cuando se consideran los detalles, los “perfiles de país” terminan siendo más relacionados con algún sector específico o difieren claramente entre sí.

Los autores antes mencionados decidieron, entonces, asumir que en la política sucede lo mismo que en el mercado, donde el individuo persigue su propio interés, no el de otros. En el mercado, esa famosa “mano invisible” de Adam Smith conduce a que dicha conducta de los individuos termine beneficiando a todos. ¿Sucede igual en el Estado? Se piensa en particular en el Estado democrático, porque se supone que los Gobiernos tiránicos o autoritarios no le dan prioridad a los intereses de los gobernados.

Algunos economistas intentaron definir ese “bien común” en forma científica, como una “función de bienestar social”, pero sin éxito (Arrow 1951). Además, si hubiese alguna forma de definir específicamente ese bien común o bienestar general como una función objetiva, no importaría si es el resultado de una decisión democrática, de una decisión judicial o simplemente un decreto autoritario que lo imponga.

Como veremos, al cambiar ese supuesto básico, la visión que se tiene de la política es muy distinta: el político persigue, como todos los demás y como él mismo fuera de ese ámbito, su interés personal. No se puede definir algo como un “bien común”, un resultado particular que sea el mejor, pero sí se puede evaluar un proceso, en el que el resultado “bueno” sea aquél que es fruto de las elecciones libres de las personas. ¿Existe entonces un mecanismo similar a la “mano invisible” en el mercado, que guíe las decisiones de los votantes y las acciones de los políticos a conseguir los fines que persiguen los ciudadanos? Este enfoque, llamado en general “Teoría de la Elección Pública” (Public Choice) se centra en los incentivos. De ahí que también se le conozca como “análisis económico de la política”.

[1]. Esta visión, por supuesto, no es sorprendente. Madison (2001), por ejemplo, mostraba una posición clásica aun hoy muy popular, según la cual la búsqueda del “bien común” depende de la delegación del poder a los representantes correctos, no de la información y los incentivos existentes: “… un cuerpo de ciudadanos elegidos, cuya sabiduría pueda discernir mejor el verdadero interés de su país, y cuyo patriotismo y amor por la justicia harán muy poco probable que lo sacrifiquen a consideraciones parciales o temporales. Bajo tal regulación, puede bien suceder que la voz pública, pronunciada por los representantes del pueblo sea más consonante con el bien público que si fuera pronunciada por el pueblo mismo, reunido para tal propósito. Por otro lado, el efecto puede invertirse. Hombres de temperamento faccioso, prejuicios locales, o designios siniestros, pueden por intriga, corrupción u otros medios, primero obtener votos, y luego traicionar los intereses del pueblo”.

[2]. Muchos filósofos políticos han cuestionado este concepto. Entre los economistas, Hayek (1976 [1944]): “El ‘objetivo social’ o el ‘designio común’, para el que ha de organizarse la sociedad, se describe frecuentemente de modo vago, como el ‘bien común’, o el ‘bienestar general’, o el ‘interés general’. No se necesita mucha reflexión para comprender que estas expresiones carecen de un significado suficientemente definido para determinar una vía de acción cierta. El bienestar y la felicidad de millones de gentes no pueden medirse con una  sola escala de menos y más” (p. 89).Cap

 

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Caridad de los no caritativos

Por Carlos Rodriguez Braun: Publicado el 20/3/18 en: https://www.elcato.org/caridad-de-los-no-caritativos

 

Carlos Rodríguez Braun señala la confusión que hay entre la caridad, que debe ser voluntaria, y el pago de impuestos.

Las transferencias en los modernos Estados democráticos no se destinan principalmente a los marginados: si así fuera, el gasto público sería apenas una fracción de lo que es en realidad. Si alcanza unos porcentajes tan elevados del PIB es porque obedece a otra lógica que no es la atención de los más pobres. Su financiación está muy alejada del modelo Robin Hood, descargando el coste de su fiscalidad y asignando las prestaciones de su gasto entre la mayoría de la población, con rentas no muy alejadas de la mediana. ¿Por qué no se subraya más el que la redistribución es un complejo entramado de idas y vueltas entre las llamadas clases medias, que aspira a maximizar rentabilidades políticas o lobistas, pero no sociales?

Este tema ha sido objeto de interés académico, y ha tenido alguna filtración en la política y los medios, por ejemplo, cuando se habla de “la cultura del subsidio”. Se ocupó de los incentivos contradictorios de las ayudas James Buchanan en su ensayo sobre “El dilema del Samaritano”. Pero quien fue co-fundador con él de la Escuela de la Elección PúblicaGordon Tullock, abordó directamente la cuestión de lo que llamó la caridad de los no caritativos.

Su hipótesis pasa por la disonancia cognitiva: las personas pensamos que está bien ayudar a los pobres, pero no queremos hacerlo tanto como decimos que sería bueno hacerlo. Preferimos, entonces, que lo haga el Estado, y de ahí que tanta gente condene la supuestamente malvada “caridad” y apueste valientemente por los “derechos” y el gasto público, en lo que es una confusión, puesto que sólo la caridad es virtuosa, al ser libre.

El proceso psicológico de racionalización que destaca Tullock funciona así: creemos que nuestra conducta es ética cuando en realidad no lo es, porque no hacemos mucho sacrificio real con lo que es nuestro, sino que aplaudimos que el Estado nos quite el dinero a todos. Así, podemos tener lo mejor de los dos mundos: parecer solidarios y no serlo.

¿Qué hacer? Tullock, economista y jurista, no está seguro de que se deba hacer nada: es una situación que satisface a los individuos, con lo cual, ¿por qué un gobierno democrático no habría de seguir esas preferencias?

Eso sí, para quienes se plantean hacer algo, hay tres alternativas. La primera es la que acabamos de apuntar: no hacer nada, seguir como siempre, y ser austeros con lo que es nuestro y generosos con el dinero de los demás. La otras dos alternativas son: procurar que la gente actúe personalmente como dice que sería bueno actuar, o que hablen como de hecho actúan. Él prefiere esta última, y sospecha que si lo hiciéramos “los pobres recibirían de hecho más dinero del que reciben ahora”.

 

Carlos Rodríguez Braun es Catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Consultivo de ESEADE