Subir tarifas pero en un plan económico global

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 31/7/16 en: http://economiaparatodos.net/subir-tarifas-pero-en-un-plan-economico-global/

 

El gobierno del PRO ajusta las tarifas de los servicios públicos, algo que inevitablemente tiene que hacer, pero sin un plan económico global

Cada vez que uno propone una reforma estructural como cambiar el sistema impositivo, bajar el gasto público o establecer límites a los llamados planes sociales, siempre salta alguno diciendo que está de acuerdo, pero que es imposible porque la situación social no lo permite. Que habría una crisis social o algún tipo de estallido que haría imposible la gobernabilidad. En otras palabras, no se puede aplicar un shock de baja de impuestos o de gasto público porque la gente no podría soportarlo.

Sin embargo, para aplicar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos no hubo mucho gradualismo que digamos. En mi caso particular AYSA me mandó una factura que se multiplicó por 11 respecto al período en que no había subsidios. El m3 cúbico de gas me lo incrementaron 16 veces respecto al mismo bimestre de 2015. Algo parecido ocurrió con la luz y los ejemplos pueden seguir.

Del párrafo anterior no debe concluirse que estoy en contra de los ajustes de las tarifas de los servicios públicos. Hace rato que vengo diciendo que deben corregirse y no voy a cambiar de idea ahora que el PRO está en el gobierno. Es más, en la era k perdí un cliente por decir en una conferencia que esto terminaba en un rodrigazo. ¡Y vaya si tenemos un rodrigazo! Mi ex cliente consideró que lo mío era políticamente incorrecto y me canceló el contrato.

Pero dejando de lado mis historias personales, lo cierto es que resulta realmente inconsistente decir que no se puede bajar el gasto público por razones de crisis social o política y mandarse un tarifazo del 1.000% como si eso también no fuese a producir un impacto social. Mi propuesta al respecto es la misma de siempre. Que la gente pague la tarifa plena que tiene que pagar, que se eliminen los impuestos de las facturas de energía, gas, etc. que llegan a representar el 60% del importe que se paga por el consumo de energía y el cargo fijo. Esta reducción de impuestos y tasas municipales tiene que tener como contrapartida una reducción del gasto público para no desbalancear aún más las cuentas del sector público. En este punto saltan de nuevo los gradualistas en lo que hace a la baja del gasto público pero defensores del shock en materia de ajustar las tarifas de los servicios públicos y dicen que es inviable políticamente bajar el gasto estatal.

Desde el punto de vista del análisis económico están diciendo que el ajuste tiene que recaer sobre el sector privado y que el sector público es intocable por razones políticas. Dicho de otra manera, que si se ajusta al sector privado no hay crisis social o política y si se ajusta al sector público sí se producen esas crisis.

Si bien hoy el gobierno sigue teniendo un alto apoyo y buena imagen a diferencia de los que ocurría en 1975 con Isabelita, la forma en que se aplica el ajuste de las tarifas es similar. En 1975 las tarifas de los servicios públicos habían quedado deliberadamente atrasadas por Ber Gerlbard para mostrar una inflación artificialmente más baja. Celestino Rodrigo heredó ese lío económico de Gelbard y corrigió las tarifas en forma aislada. Sin incluir la corrección dentro de un plan económico global. Actualmente pasa lo mismo. El gobierno del PRO ajusta las tarifas de los servicios públicos, algo que inevitablemente tiene que hacer, pero sin un plan económico global.

Lo que hay que tener en cuenta es que las políticas populistas recurren al mecanismo de beneficiar arbitrariamente a unos en detrimento de otros. En general, para conseguir votos, los populistas benefician artificialmente a muchos y perjudican a unos pocos. Claro que esos pocos tienen que bancar la fiesta que el gobierno les brinda a los muchos.

Cuando llega un nuevo gobierno y quiere poner orden, de entrada se sabe que para arreglar el problema hay que hacerle entender a los muchos que fueron engañados con una fiesta de consumo artificial que esa fiesta se acabó. Cambiar los precios relativos distorsionados es eso. Mostrar la realidad.

Mi punto es que en este caso, buena parte del costo que tiene que asumir la gente por la recomposición de los precios relativos es mediante una profunda reforma del sector público. Dicho de otra manera, a todos los que siguen viviendo del fruto del trabajo ajeno decirles que tienen que hacer lo que hace el común de los mortales: buscar trabajo.

Las fórmulas para bajar el gasto público son diferentes y nadie dice que de un día para otro se despida a 3 millones de empleados públicos, pero sí debe anunciarse una reestructuración del estado que lleve, a lo largo del tiempo, a una reducción de la burocracia estatal. Desde los retiros anticipados, al cierre de reparticiones hay un largo trecho para trabajar. Lo mismo con los planes sociales que no pueden ser para siempre.

El problema no es solo subir las tarifas de los servicios públicos que la demagogia k dejó inalteradas durante 12 años. El problema está en querer hacer solo eso sin una reforma del estado, del sistema tributario, de una mayor flexibilización laboral y un escenario de previsibilidad en las reglas de juego. Hoy sabemos que Macri no va a cometer locuras, pero no son previsibles las reglas de juego porque no se las conoce.

En síntesis, de lo que se trata es de hacer un plan económico global de aplicación simultánea para que la gente sufra menos las correcciones que hay que hacer para dominar la terrorífica herencia que dejó Cristina Fernández.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

El autoritarismo contable de la segunda vuelta

Por José Benegas: Publicado el 11/10/15 en: http://josebenegas.com/2015/10/11/el-autoritarismo-contable-de-la-segunda-vuelta/

 

La segunda vuelta electoral parte de un supuesto falso desde el punto de vista de lo que se considera actualmente como el parámetro de legitimación por excelencia, que es el bien de los gobernados. Este supuesto es que un país necesita un gobierno con capacidad de hacer lo que quiere hacer, de acuerdo a la última versión del humor político general.

No se entiende que el estado es poder y que el estatismo es autoritarismo, por lo tanto tampoco se entiende que eso de la “gobernabilidad” es un valor para el pensamiento despótico, no  para el republicano. Ni se entiende, ni se enseña, por eso cuando escucho que todo se solucionará con educación y veo alejarse a la sociedad de los objetivos que planteaban Jefferson o Sarmiento de instruir sobre la nueva institucionalidad de la libertad y sus condiciones, me alarma tanta inconsciencia sobre lo que se está diciendo.

Montesquieu y los Padres Fundadores en los Estados Unidos imaginaban a las ramas del gobierno compitiendo entre si. No había necesidad de que una de ellas “ganara” ninguna contienda, sino de que se controlaran entre unas a otras. El destino de un país no depende de una política sino de las instituciones y de la ley, no entendida como mera voluntad legislativa sino como los principios de derecho que parten de la libertad individual. Esa es la función del gobierno, las variantes en cuestiones de administración e inversión del gasto limitado del estado de acuerdo a criterios de distintas facciones, son contingentes. Si el partido A las puede llevar adelante o no, no importa al interés general. Hará acuerdos o tal vez no los logre y un determinado gobierno se vaya sin haber conseguido lo que quería hacer. No tiene ninguna importancia y si eso es producto de que no ha logrado convencer a suficiente gente así debe ser.

No existe ningún problema con un gobierno “débil”, en tanto no lo es nunca para hacer cumplir la ley. Lo puede ser en todo caso respecto de sus propósitos políticos particulares, pero no para aquello establecido en la Constitución que se resume en la defensa de los ciudadanos.

Se que me van a decir que esto es sólo la versión liberal (si tienen quemado el cerebro me dirán “neoliberal”) de la república. Por supuesto que lo es. El asunto es este, que tampoco quieren asumir: si un gobierno no se sostiene en principios liberales, lo hace en principios autoritarios. No hay búsqueda de mayoría artificial si no se cree que la sociedad tiene un “conductor” que tiene que tener capacidad para llevarla como si fuéramos todos súbditos. Es la visión del gobierno como central en la vida del país, opuesta a la de aquellos que sabiamente lo dividieron por quererlo limitado, la que se preocupa por la falta de apoyo de quién administra al estado. Por el contrario si pensamos que la sociedad se conduce básicamente por contratos y por una vida privada libre y que el gobierno está para determinadas cosas, el problema de un gobierno minoritario no importa, en cambio alarma el deseo de muchos de convertirlo en mayoritario cuando no lo es.

¿No hay alternativa? Bueno, un gobierno un poquito autoritario es un gobierno que es dueño un poquito de las libertades de los individuos. Yo diría que éstos están un poco perdidos porque con los recursos y poder del gobierno y los dilemas que describe Hayek en Camino de Servidumbre, una vez que se inicia ese camino es difícil volver atrás.

Pero hay algo más, que desarrollo en mi libro 10 Ideas Falsas que favorecen a sus víctimas. Las dictaduras del siglo XXI en las mentes de sus víctimas. Esto es que el andamiaje institucional político de la división de poderes sólo tiene sentido para preservar la libertad individual de la libertad del gobierno (su “gobernabilidad”) . Se trata de un corset, de unas reglas que entorpecen la consecución de los deseos del gobernante. El día que nos convencieron de que el país fluye si el gobierno goza de “gobernabilidad”, es el día en que nos hicieron comprar el autoritarismo siendo sus víctimas, no sus beneficiarios, aún cuando la cosa siempre se presentará como de vida o muerte para nosotros.

La trampa consiste en convencer (se enseña en los colegios y las universidades) de que la “democracia” requiere un gobierno que tenga fuerza suficiente, para no ser entorpecido por la división de poderes. Se le asigna un papel vindicativo y todo vengador necesita una espada grande. Así como suena y en la misma línea va lo de las segundas vueltas para que una minoría se convierta en mayoría con tirabuzón. Está implícito en el razonamiento que los votos hacen al mandamás menos vulnerable a las críticas, las decisiones desfavorables en el Congreso y los fallos adversos. Los gobiernos necesitan, nos dicen, una credencial pesada para no tener que discutir tanto y hacer lo que pensaban hacer. Este es un pensamiento puramente anti institucional y autoritario. Se lo disfrazará de paternalismo, por supuesto.

Ni los gobiernos mayoritarios ni los minoritarios deben estar habilitados para hacer cualquier cosa. O por lo menos a esa habilitación no se le debe dar tinte de ningún tipo de santidad, es la vieja ansia de unos por someter a los otros. Pero hacer de las minorías mayorías por medio del balotaje, es una directa apuesta al sentido despótico del poder. Si pensamos que eso es lo mejor, obligar a la gente a elegir entre los que otros eligieron para que las matemáticas unjan a un favorito en nombre de todos, entonces deberíamos acabar con la farsa republicana y otorgarle el consagrado el poder absoluto. Más gobernabilidad que esa no se puede tener.

Esto con independencia de que en un sistema totalmente desquiciado puede ocurrir que una banda criminal tenga la primera minoría y la segunda vuelta sea el método se sacársela de encima porque todo lo demás falló, no se quiso usar o los contendientes prefieren negar que están frente a un grupo fuera de la ley y hacerse cargo de eso. La segunda vuelta en sí, es una aberración.

 

José Benegas es abogado, periodista, consultor político, obtuvo el segundo premio del Concurso Caminos de la Libertad de TV Azteca México y diversas menciones honoríficas. Autor de Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en Libertad (Unión Editorial 2013). Conduce Esta Lengua es Mía por FM Identidad, es columnista de Infobae.com. Es graduado del programa Master en economía y ciencias políticas de ESEADE.

 

¿Colapso del gobierno argentino?

Por Martín Krause. Publicada el 9/2/14 en:  http://diario.latercera.com/2014/02/09/01/contenido/opinion/11-157526-9-colapso-del-gobierno-argentino.shtml

 

El fenómeno del “pato rengo” es general, y comprensible. Cuando un gobernante ya no puede ser reelecto, su poder disminuye inevitablemente en tanto los actores políticos ponen la mira en los futuros alineamientos.

 

Esa reducción puede verse acotada tanto porque el gobernante saliente mantiene un alto prestigio o porque existe un marco institucional que sostiene el funcionamiento del Estado sin importar realmente quién detenta el poder. En el caso de Suiza, por ejemplo, el Ejecutivo lo ejerce el Consejo Federal, de siete miembros que se van rotando en la presidencia. Ninguno tiene demasiado poder; sin embargo, no impide que ese país goce de la más alta calidad institucional.Cristina preocupada

 

En Argentina, claro, las cosas son diferentes. Cada tanto un gobierno se encuentra apremiado por rumores sobre su inminente colapso, y cada tanto, también, los rumores se confirman. Le ocurrió a Alfonsín en 1989 y a De la Rúa en 2001. Los patos se vuelven rengos no porque tengan un poder limitado y repartido, sino porque lo tienen muy concentrado y el abuso de la discrecionalidad los acerca al precipicio. En esas situaciones, se siente que el gobernante “pierde el poder”; más bien se le van las cosas de las manos.

 

Lo que nunca este país ha comprendido es que la limitación del poder prevendría los abusos que luego llevan a la crisis. El gobernante suizo tiene menos poder para arreglar una crisis tumultuosa, pero lo importante es que tiene menos poder para llevar al país a ella.

 

En los casos antes mencionados, el derrumbe de la gobernabilidad estuvo vinculado con una seria crisis económica. En ambas, ocasionada por el abuso del gasto público (financiado por emisión monetaria, en 1989 terminó en hiperinflación; financiado con deuda pública, en 2001 terminó en default).

 

El fantasma de otra crisis sobrevuela al gobierno de Cristina Kirchner. ¿Puede ocurrir esto nuevamente? El principal termómetro de la situación son las reservas en dólares del Banco Central, que el gobierno utiliza a gusto para gastar o pagar deuda. La autoridad monetaria posee actualmente unos US$ 28.000 millones, pero ha perdido US$ 1.000 millones por mes en 2013 y acelera ese ritmo a US$ 2.000 millones en 2014. ¿Significa esto que le quedan 14 meses? No. Ni toda esa suma es de libre disponibilidad ni el mercado espera hasta raspar el fondo del tacho. El pánico ocurre mucho antes, el susto ya se ve.

 

Revertir esa tendencia requiere un dramático cambio de expectativas. La gran pregunta es si el actual gobierno puede y quiere realizarlo. Por supuesto que ningún gobierno desea salir huyendo para nunca más poder volver, pero en el caso actual todas las medidas y gestos que deberían formar parte de ese shock son anatema para la visión ideológica del actual gobierno; significarían una rendición incondicional en toda la línea. ¿Se inmolarán con la bandera en alto?

 

Por ahora, sí. Y con toda la importancia que este tema tiene, los argentinos deberían estar pensando en otra cosa, en evitar otorgar tanto poder para llegar a estas circunstancias. Sea a quien sea. No suele ser el caso, el razonamiento parecería ser así: este abusador serial fracasó, demosle todo el poder a otro para que nos saque del problema. Hasta tanto este ciclo no se rompa, se seguirá repitiendo.

Martín Krause es Dr. en Administración, fué Rector y docente de ESEADE y dirigió el Centro de Investigaciones de Instituciones y Mercados (Ciima-Eseade).

Por qué llegamos a esta locura institucional

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 24/11/12 en http://www.economiaparatodos.com.ar/ver_nota.php?nota=4214

En el mismo momento que aceptamos que se violara el orden institucional para “salvarnos” de la crisis, se sabía que podíamos llegar a esta situación.

 Ante la pregunta: ¿puede el gobierno llegar a tomar determinada medida?, invariablemente mi respuesta es: el gobierno puede llegar a tomar cualquier medida por más insólita que pueda parecer. Dicho en otras palabras, la única regla clara que hoy prevalece en Argentina es que el gobierno está dispuesto a tomar cualquier medida que se le pase por la cabeza, aún las más reñidas contra el estado de derecho.

El párrafo anterior no es una novedad, ni tampoco el hecho de que mucha gente se pregunte cómo pudimos llegar a este punto de avasallamiento de las instituciones y las libertades individuales.

 Pregunta: ¿por qué llegamos a este estado de cosas? Mi respuesta es que todos sabíamos que podíamos llegar a este estado de cosas desde el mismo momento en que se aceptó que el kirchnerismo violara las normas más elementales en nombre de la superación de la crisis.

 Es cierto que el 2001/2002 fueron años traumáticos, pero eso no justificaba aceptar que en ese momento Néstor Kirchner comenzara a arrasar con el sistema institucional.

 Voy a dar un par de ejemplos. Sin emitir opinión sobre varios de los miembros de la anterior Corte Suprema de Justicia, fue una verdadera barbaridad que se destituyera a algunos de sus miembros por las sentencias que oportunamente emitieron desde el alto tribunal.

Segundo ejemplo, cuando el Congreso anuló las leyes de obediencia debida y punto final sabía que estaba violando el orden jurídico porque las leyes se sancionan o se derogan, pero no se anulan como si nunca hubiesen existido.

 ¿Qué quiero demostrar con los ejemplos anteriores? Que en el mismo momento en que se aceptó traspasar ciertos límites para satisfacer la  construcción de poder del naciente kirchnerismo, se estaban sentado las bases para que hoy nos agarremos la cabeza y digamos: ¡cómo pudimos llegar a este punto! Y la verdad es que llegamos a este punto porque se justificó y toleró la ausencia del estado de derecho para “salvar” al país de la crisis y permitirle a un presidente, que había llegado con escasos votos al poder, tener cierto grado de “gobernabilidad”. La necesidad de “gobernabilidad” justificaba violar derechos elementales, pero ahora quedó a la vista que esa “gobernabilidad” se transformó en una amenaza para las libertades individuales.

Sería largo hacer un listado de empresarios, políticos, sindicalistas, periodistas y hasta gente común que miraron para el costado o fueron socios en esa violación de los derechos individuales y que hoy miran con espanto el monstruo político que construyeron. Esos mismos que hoy miran con terror el 7D fueron socios del poder. Por eso, muchos empresarios deberían pensar si es tan buen negocio construir su crecimiento en base a gobiernos sin límites o es más negocio defender la existencia de un gobierno limitado y competir por el favor del consumidor. ¿Cuánto vale una empresa cuyo patrimonio depende de los caprichos del “salvador”? No vale nada. Por el contrario, vale mucho más una empresa que creció ganándose el favor del consumidor porque sus bases son sólidas. No dependen del humor del gobernante de turno o del burócrata que aprieta, ordena y amenaza para que se cumplan sus disparatadas órdenes.

El párrafo anterior está dedicado, particularmente, a aquellos empresarios que creen que hacer negocios ganándose el favor del funcionario de turno es la mejor forma de crecer. Mucho se habla hoy en día de la responsabilidad social empresarial. Mi visión es que la principal responsabilidad empresarial es contribuir y defender la existencia de un gobierno limitado y las leyes del mercado. En primer lugar porque es moralmente superior a la compra de privilegios que se trafican en una economía intervenida y estatizada y, en segundo lugar, porque hoy tenemos a la vista cómo los acuerdos con el poder pueden transformarse en el peor negocio de la vida de una empresa y, en tercer lugar, porque si piensan en el largo plazo, el país se torna inviable y sus empresas tienden a tener un valor cercano a cero.

Llegamos a este punto porque la avaricia del empresario que veía crecer sus ventas gracias a la fiesta de consumo solo miraba la caja de corto plazo. Porque la gente se encandiló con esa misma fiesta de consumo. Porque los dirigentes sindicales, hoy traicionados por el mismo socio que tenían un tiempo atrás, fueron comprados con privilegios que no les correspondían en justicia. Porque muchos periodistas fueron contemplativos con un sistema que claramente avanzaba sobre los derechos individuales. Claro, ahora gritan porque ven que también van por ellos, pero en su momento, fueron demasiados tibios con los atropellos institucionales que se cometían. Y, por supuesto, ni que hablar de buena parte de la dirigencia política que aceptó y toleró que el kirchnerismo fuera destruyendo una institución detrás de otra.

Los párrafos anteriores pueden ser tomados como un pase de cuentas, pero en rigor es solo un intento por explicar por qué llegamos a este precipicio institucional que nos lleva al borde de la dictadura, donde ya no discutimos si nos gusta o no determinada política cambiaria, sino que estamos viendo que lo que corre riesgo son las mismas libertades individuales.

 Pruebas al canto. La semana pasada el ministro De Vido dijo que la constitución había que reformarla porque la presidente “es  la única garante para que este proceso continúe”. ¿Qué dice en el fondo De Vido? Que el país depende de un salvador providencial, en este caso Cristina Fernández, y no de la calidad de sus instituciones. ¿Qué diferencia puede haber entre un Mussolini, un Franco o un Hitler que eran los únicos salvadores de la patria? Es el mismo principio de organización política por más que pretendan negarlo. Para ellos no son las normas, códigos, leyes, costumbres y reglas las que construyen un país, sino una persona “iluminada” y “superior” al resto de los argentinos que tiene que guiarnos en nuestra ignorancia con mano férrea y todo el poder. Y ya sabemos cómo terminan los países que se construyen sobre iluminados providenciales que concentran todo el poder.

Llegamos a este punto de locura institucional porque buena parte de la sociedad aceptó cambiar la calidad institucional por espejitos de colores: una protección, un subsidio, una fiesta de consumo artificial, un privilegio, etc.

 En definitiva, llegamos a este punto desde el mismo momento en que se aceptó que se violara el orden institucional para que nos “salvaran” de la crisis.

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA)y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE.

 

El derecho a la violencia

Por Alejandro A. Tagliavini. Publicado el 27/8/12 en http://www.hoybolivia.com/Blog.php?IdBlog=38351&tit=el_derecho_a_la_violencia

 Un amigo argentino no puede imprimir en su oficina, además de perder horas de trabajo intentando infructuosamente comprar un cartucho de tinta, porque el gobierno reprime la importación. No asombra que los políticos exploten a las personas con tal de darse la gran vida. Pero impresiona que algunos crean que tienen “derecho” a reprimir de esta manera.  

El destacado columnista Moisés Naím escribió, en El País de España, “¿Qué tienen en común el calentamiento global, la crisis de la eurozona y las masacres en Siria?… Que nadie tiene el poder para detenerlas… Hay… Cumbres de jefes de Estado… Y nada. Es como ver una película en cámara lenta, en la que un ómnibus… se dirige hacia el abismo y su conductor no frena ni cambia de dirección… Pero mi metáfora es defectuosa. Supone que hay un conductor… con el poder de frenar o de cambiar de rumbo”.

Lo cierto es que no existe tal conductor, y no tiene el poder de frenar o cambiar el rumbo. Los políticos, simplemente, no lo tienen. Ellos cuentan con el monopolio de la violencia y creen que eso es un instrumento eficiente. Es como tener una granada y exigirle al ómnibus que vaya en cierta dirección y, si no lo hace, estallar la granada. Lo que hace falta es un mecanismo que naturalmente provoque el desvío, algo así como ¡un volante!

Lo que se necesita es incentivar a las personas, para que sigan el camino adecuado. Según Aldous Huxley, “Las sociedades se mantienen, no por el miedo de los más al poder coactivo de los menos, sino por una difundida fe en la decencia de los demás”. Y es verdad: no habría policía capaz de detener el delito si todas las personas decidieran robar. Es decir que no es verdad que las sociedades existan porque existe un marco coactivo que las “pone en orden”, existen porque así es la naturaleza humana. Y la violencia, dice la filosofía clásica, es contraria al desarrollo natural, a la naturaleza, por tanto, es imposible que sea un instrumento eficiente. 
Aunque “Esto no significa que el poder vaya a desaparecer… (pero su fin es)… una de las principales tendencias que definirán nuestro tiempo” dice Naím y supone una reforma, en la estructura del poder, con la que no concuerdo ya que el problema es más esencial: lo que sucede es que este “poder” nunca existió: el monopolio de la violencia jamás fue un método eficiente de gobierno sino que, por el contrario, siempre destruyó. Ni siquiera en el caso de “defensa propia”. La primavera árabe, por caso, solo ha servido para cambiar un tirano por otro, parecido, y para aumentar la venta de armas: en Siria, antes de la crisis, un fusil AK-47 costaba US$ 1.200 en el mercado negro, ahora supera los US$ 2.100.

El gobierno español decidió crear el Departamento de Seguridad Nacional y reformar al Código Penal que, entre otras cosas, castigará convocatorias por internet de “protestas violentas”, aquellas que no reciban autorización. El dirigente político Felipe Puig, no dejó dudas: “Buscamos… que la gente le tenga más miedo al sistema”. Es que Internet, y el desarrollo humano en general, es la anti política, es por eso que le temen tanto. Es un mundo gobernado por “la red”, es decir, millones de personas cooperando voluntaria y pacíficamente, en tiempo real, que se “autogobiernan” como toda la naturaleza que fluye espontánea y armónicamente.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.