DEL ABORTO CLANDESTINO AL TOTALITARISMO CLANDESTINO.

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 20/6/18 en: http://gzanotti.blogspot.com/2018/06/del-aborto-clandestino-al-totalitarismo.html

 

El argumento sobre el problema de los abortos clandestinos es uno de los más importantes a favor del aborto legal. Pero es una lástima que a partir de esa genuina preocupación, haya habido otro tema que se filtró en la clandestinidad.

Primero parecía que el debate era la des-penalización, esto es, agregar causales de despenalización a las ya existentes hace muchas décadas. Hasta allí, ninguna sorpresa. Yo estaba en desacuerdo, pero era esperable.

Luego se agregó el debate de si los hospitales públicos debían prestar servicios de aborto como solución a la primera cuestión. Obviamente muchos dijimos que no, pero entendíamos que la mayor parte de los argentinos estuvieran de acuerdo con que los  hospitales públicos prestaran servicios aparentemente gratuitos. Nada es gratis pero hace varios milenios que los argentinos piensan que sí.

Hasta allí, toda era “esperable”. Yo podía estar en desacuerdo, pero no podía  asombrarme de nada.

Pero lo que subrepticiamente se agregó, ante la desinformación y el silencio adrede de muchos, es que la práctica iba a ser obligatoria para los hospitales privados, con una supuesta objeción de conciencia tan difícil de firmar como todos los clásicos trámites de la burocracia argentina, y sin ningún tipo de libertad institucional.

Allí tenemos al totalitarismo clandestino de la mayor parte de los abortistas, porque todos, o casi todos ellos, estuvieron de acuerdo con esto último como si no fuera nada, revelando con ello hábitos de pensamiento totalitarios típicos, lamentablemente, de la cultura argentina.

Desde luego, ninguna incoherencia hay que reclamar a la izquierda totalitaria de siempre, marxistas totales en su modo de pensar, para los cuales las libertades individuales no son más que la superestructura del pensamiento burgués explotador.

Pero vamos a pasar a examinar tres grupos, dos de los cuales conozco muy bien.

Muchos católicos, desde luego, están reaccionando con coherencia. Muchos de ellos son abogados constitucionalistas que siempre han defendido las libertades individuales clásicas y saben bien lo que significa la libertad religiosa, de asociación, etc.

Otros, en cambio, han defendido casi a muerte, como parte del Credo, a los llamados derechos sociales a la salud y la educación. Desde MUY arriba. Y han acusado permanentemente de herejía a los liberales católicos que hemos pensado siempre lo contrario.

Inútiles fueron las “heréticas” advertencias que los católicos liberales hemos hecho contra ese estado de bienestar. Esos derechos sociales tienen como sujeto pasivo de obligación al estado. Y si el estado pone los fondos, va a poner los contenidos y las condiciones.

Eso ya está pasando en educación hace tiempo en temas de educación sexual, donde hay planes obligatorios para todos los colegios, privados también, pero la sangre no llegó al río porque la solución que encontraron fue “a la argentina”: los colegios privados católicos hacen en el fondo lo que quieren (y está muy bien, se llama derecho a la resistencia a la opresión). Pero, cuidado, porque los tiempos están cambiando: ya sus propias alumnitas con pañuelos verdes se encargarán de denunciarlos a las autoridades correspondientes…

Y en salud, lo mismo. Todos muy tranquilos de que insólitas y carísimas cuestiones se agregaran al “plan médico obligatorio”, pero todos haciendo la venia porque todo ello era un “derecho social”.

Pero claro, ahora, con esto, no.

En fin: ¿no es un poco tarde?

¿Qué suponían que iba a pasar, con tanto poder otorgado al estado desde los años 30, donde el feliz Pío XI creía que todo se arreglaba pactando con Mussolini, ante la azorada vista de Mons. Montini, y Luigi Sturzo echado por el mismo Vaticano fuera de Italia? Igual que los católicos que pensaban que todo estaba bien con un ministro de educación “católico”, y por supuesto con Onganía y con Videla en primer lugar. Claro, las cosas han cambiado. El poder va ahora para otro lado. Con luchar SIEMPRE contra el poder, como siempre han hecho los “heréticos” católicos liberales –desde Lord Acton, Rosmini, Montalembert, hasta llegar a M. Novak, Leonad Liggio, Sirico, Gregg, Chafuén etc.- los católicos hubieran tenido mayor autoridad moral. Pero no, por supuesto. ¿Ellos son los herejes, no, nacionalistas católicos? ¿No, revista Cabildo?

¿Y qué decir de la objeción de conciencia? Cuando los testigos de Jehová se pudrían sistemáticamente en la cárcel, sólo yo, un irrelevante total, y si mal no recuerdo el gran Germán J. Bidart Campos, fuimos los únicos que defendimos su objeción de conciencia. ¿Los católicos? Mm….. Y sobre todo los que creían que los gobiernos militares eran “el estado católico”. ¿No, revista Cabildo?

¿Qué autoridad moral tienen ahora para hablar de “libertad”? (Ah me olvidaba: la libertad es sólo para la verdad, el error no tiene derechos, el liberalismo es pecado, la Quanta cura es ex catedra, la declaración de Libertad Religiosa del Vaticano II es herética y fuente de todos los males, etc etc etc……………).

Y por supuesto allí están los grandes partidarios de las teologías marxistas de la liberación (cuyo fundador es hoy un santo en vida en el Estado del Vaticano) y los grades teólogos de la teología del pueblo. Para ellos el aborto es fruto del capitalismo, y el capitalismo es igual al FMI. En eso piensan igual que los de Cabildo: para los primeros la nación católica se da en las villas; para los segundos, en las dictaduras católicas de derecha. Pero para unos y otros, sólo el pueblo católico, contra el liberalismo y el capitalismo, terminará con el aborto. Por ende, más poder al estado, por supuesto, pero cuando el estado es Macri, ah, allí se acuerdan de la liberación los unos, de la libertad los otros.

Pasemos ahora a un grupo más incoherente: los libertarios pro-aborto. Pero no, no me refiero a los que pedían la des-penalización y nada más, aunque cabe confesar que tardaron mucho en aclarar “y nada más”. Me refiero a esa grupo de jovencitos que salieron (y salen) a defender ESTA ley como si se tratara de los precios libres. Gente que dice estar en contra de todasalud pública, de toda prestación estatal de servicios de salud, salieron a defender alegremente un servicio estatal “gratuito” de aborto. ¡Santa coherencia Batman!!! Mama haceme grande, que cuando llegue el aborto, incoherente me hago solo. Y siguieron y siguen festejando ESTA ley,  que obliga a los privados a hacer lo mismo que el servicio estatal. Gente que dice defender la propiedad, la “no agresión”, etc.: cuando llega el aborto, ¡avanti con la agresión a los privados! ¿Y de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa? ¡Ni se acordaron!!!! ¿O en el fondo Ayn Rand los convenció de que mejor desaparezca esa sarta de místicos ridículos? ¿Saben en el fondo qué es la libertad religiosa, o la defienden sólo para que esos imbéciles creyentes se dejen de jorobar? ¿Por qué no se sinceran? ¿Cómo pueden no reconocer la aberrante contradicción en la que han caído, la aberrante falta de principios al no importarles en absoluto la libertad de conciencia? ¿O tenemos en todo esto una prueba de que estos jovencitos NO se salvan de la banalidad del mal y de la liviandad intelectual simplemente porque defiendan la libertad económica?

Y finalmente pasemos al tercer grupo, del cual voy a poder decir muy poco. Porque de los otros dos, por lo menos sé qué les pasa por la cabeza. Pero de Macri y los pro-aborto-pro, ya no puedo decir lo mismo, porque sencillamente ojalá les pasara algo por la cabeza. Comenzando por Macri. Si se trata de banalidad del mal, otro que bien baila, como comenzó a mostrar desde sus inefables globitos amarillos. Cabe reconocer, a los dos primeros grupos de incoherencia, la mínima seriedad de sus autores, desde Pío IX,  Gustavo Gutiérrez o Murray Rothbard. Pero en este caso, qué, ¿Durán Barba? OMG……..

¿Qué tenía en la cabeza cuando salió con “la necesidad del debate”? ¿Acaso en una democracia parlamentaria los diputados y senadores no pueden debatir lo que quieran, sin tener que esperar su aliento? Y si ese hubiera sido el caso, ¿ni siquiera su liderazgo presidencial podía salir en defensa de la no invasión del estado a los servicios privados? Obviamente, no. Macri no se da cuenta –como de infinitas cosas- de que al haber permitido, alentado y hasta negociado la ley del último jueves ha hecho algo tan grave como salir a defender a Maduro, si lo hubiera hecho. Lo que Macri ha hecho es una estupidez de lesa gravedad institucional y de lesa gravedad moral. Y de nula capacidad de liderazgo. Un horror. No sé quién tiene que competir con él en el 19 para que se lo pueda votar como mal menor –porque así fue votado por muchos-: si Idi Amín Dada, Stalin, Hitler, Pol Pot, Mao o Ho Chí Minh. No estamos lejos: por ahí Durán Barba se lo recomienda. Vayamos poniendo las Barbas en remojo.

Mientras tanto se vienen todos los demás totalitarismos clandestinos. Ya no es posible tener la propia opinión sobre la sexualidad sin caer en delitos de odio o discriminación, ya no será posible hablar con “o” sin caer en delitos del lenguaje, ya será delito una pareja heterosexual, ya será delito NO preguntarle al “ser humano” de qué sexo quiere ser. Y mientras tanto tenemos a los grandes genios en el “Ministerio de Economía”, tratando de “controlar al dólar”. ¿Qué harán, ponerle un bozal?

Argentina, un país inviable en medio de un mundo enloquecido.

¿Cuándo llega la abducción extraterrestre?

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Resistencia a la opresión

Por Gabriel Boragina. Publicado el 25/7/15 en: http://www.accionhumana.com/2015/07/resistencia-la-opresion.html

 

Para poder entender el tema de la resistencia a la opresión, es necesario previamente dar algunas nociones básicas sobre la legitimidad del poder, para lo cual nada mejor ni más apropiado que la autoridad del Profesor Constitucionalista Dr. Germán J. Bidart Campos que enseña:

“La legitimidad “de origen” y “de ejercicio”. 51. — Tradicionalmente se ha hablado, con referencia al poder, de una legitimidad de origen, y de una legitimidad de ejercicio.

  1. a) La legitimación de origen hace al título del gobernante, y depende concretamente del derecho positivo de cada estado, como que consiste en el acceso al poder mediante las vías o los procedimientos que ese derecho tiene preestablecidos. En el estado democrático, se dice que el acceso al poder y la transmisión del poder operan mediante la ley y no por la fuerza.
  2. b) La legitimidad de ejercicio se refiere al modo de ejercer el poder. Genéricamente, podemos decir que si, objetivamente, el fin de todo estado radica en la realización del bien común o valor justicia, la legitimidad de ejercicio se obtiene siempre por la gestión gubernativa enderezada a aquel fin, y, viceversa, se pierde por el apartamiento o la violación del mismo.

La pérdida de la legitimidad de ejercicio proporciona título, con base en la justicia material, y en circunstancias extremas de tiranía o totalitarismo que producen la obturación de otras vías exitosas, para la resistencia del pueblo contra el gobernante. Vamos con ello, en la teoría política, hacia el derecho de resistencia a la opresión y en el derecho constitucional hacia el tema del derecho de revolución.

El derecho de resistencia está previsto en el art. 36 contra los que ejercen los actos de fuerza que la norma nulifica e incrimina (ver nº 53).”[1]

Al referirse al art. 36, el autor citado está haciendo alusión a la Constitución de la Nación Argentina. Un “estado democrático” -de acuerdo al criterio anterior que compartimos- debe reunir, entonces, para su existencia estos dos requisitos, si falta alguno de ellos no podría, pues, hablarse de “estado democrático” sino de una dictadura, tiranía o un estado totalitario. Pensamos que esto último es lo que ha sucedido en la Argentina durante los tres largos e ininterrumpidos gobiernos del FpV (Frente para la Victoria, encabezado por la tenebrosa secta Kirchner, en los que, si bien en apariencia, se habría cumplido la primera de las condiciones (de la cual tenemos justificadas dudas que hemos expuesto en más de una oportunidad y en diversas ocasiones), resulta más que claro que no se cumplió de ningún modo la segunda de ellas.

En efecto, lejos de perseguir “la realización del bien común o valor justicia” dicha secta ha procurado la concreción de metas sectoriales o particulares de afines u obsecuentes al poder detentado durante un dilatadísimo periodo, en que se prostituyó no sólo el valor justicia, sino todos los demás valores y la convivencia misma dentro del seno de la sociedad. Situaciones como la descripta, habilitan el derecho a la rebelión por parte del pueblo sometido al capricho de tales déspotas, sedientos megalómanos insaciables de poder, como tantas veces se los ha visto.

Lamentablemente, los tiranos siempre han hecho hincapié en la primera de las exigencias, omitiendo toda alusión a la segunda, de hecho la más importante de los dos atributos de la legitimidad, dado que la elección de un gobierno se agota simplemente en el acto electoral, en tanto que el ejercicio del mismo conlleva un tiempo muchísimo más dilatado, por cuanto cobra mayor gravedad la circunstancia de que ese ejercicio se aparte de la realización del bien común o del valor justicia como ha sido el caso.

“50. — Es sugestiva la ubicación del art. 36, que preserva al poder, dentro del rubro de los nuevos derechos y garantías. Por eso, también lo ligamos al sistema de derechos.

En efecto, es fácil entender que el orden institucional y el sistema democrático hallan eje vertebral en dicho sistema de derechos, y que atentar contra el orden institucional democrático proyecta consecuencias negativas y desfavorables para los derechos. No en vano en el art. 36 también viene encapsulado, con definición expresa, el derecho de resistencia dentro del marco genérico que incrimina las conductas que lesionan al bien jurídico penalmente tutelado en forma directa por la constitución, para evitar la ruptura en la transmisión legal del poder.(Ver nº 49).

Es algo así como una cobertura general, con bastante analogía respecto del clásico delito del art. 29 que, a su modo, también tiende a preservar un similar bien jurídico, cuando da por cierto que la concentración del poder en el ejecutivo, o en los gobernadores de provincia, al fisurar la división de poderes pone a merced del gobierno la vida, el honor o la fortuna de las personas.”[2]

Cualquier intento de concentración del poder habilita el derecho de rebelión de la ciudadanía para desplazar a ese poder. Y este derecho, se encuentra plasmado en la Constitución de la Nación Argentina, pero aunque no estuviera por ella contenido hay que concluir que el derecho de rebelión y de resistencia a la opresión no desaparece como tal, por cuanto se trata de un derecho natural del hombre, y no de algo que para ser deba contar con un previo “reconocimiento” positivo legal.

No son muchos, lastimosamente, los gobiernos que creen que la soberanía reside -en definitiva- en el pueblo mismo y no en los gobernantes. Por otra parte, queda claro que el abuso de poder es un delito tipificado por la constitución y penalmente sancionado. Los gobiernos no tienen derecho a violar derechos, y esto es lo que justifica plenamente el derecho de rebelión contra un gobierno que vulnera el sistema de derechos que garantiza la constitución. Derechos todos anteriores al hombre y no creados por el hombre.

La “transmisión legal del poder” implica que el poder se trasmite a otra persona diferente a quien lo ejercía hasta el momento en que dicha transmisión ha de tener lugar, es decir, implica la esencia del sistema democrático la alternancia del poder para evitar la perpetuación en el mismo de una o más personas de un único signo.

[1] Bidart Campos, Germán J. Manual de la Constitución Reformada – Editorial Ediar. Tomo I – pág. 84 y 85.

[2] Bidart Campos, Germán J. Manual de la Constitución Reformada. Tomo III, Ob. Cit. pág. 14/15

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.