La obsesión de repetirse en el error

Por Andrés Scioscia:

La historia reciente de la Argentina se caracteriza por el fracaso sistemático de sus planes económicos implementados. A lo largo de los últimos casi 50 años, el país no ha encontrado un modelo sostenible de crecimiento y desarrollo de sus principales sectores. Han pasado por la Casa Rosada gobiernos militares, radicales, peronistas con visiones liberales o proteccionistas, alianzas, etc. Han gobernado entre crisis mundiales, épocas de bonanza medidas en términos de intercambio, en el marco de cambios de paradigmas económicos imperantes y diversos factores externos muy diferentes entre sí, pero siempre el resultado fue el mismo: crisis económica.

             Fueron públicas las recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández acerca de su opinión sobre los planes económicos. Al margen de que todo gobierno siempre cuenta con uno, su estrategia de comunicación minimizando su relevancia, contribuye a un clima de incertidumbre, especulación, y de poca previsibilidad. Características que no son compatibles o sanas para el desarrollo y la proyección económica.

             En el presente trabajo, haré un breve análisis acerca de las características que compartieron los planes económicos desde 1975 hasta la actualidad. Éstos tienen como denominador común no solamente las crisis económicas a las que derivaron sino, además, causas o errores idénticos. Intentaré rescatar aquellas medidas que hayan proporcionado estabilidad y crecimiento para destacarlas en función de una posible aplicación al presente.

             En el año 1975 se produjo el famoso Rodrigazo. El paquete de medidas de Celestino Rodrigo sinceraba una situación económica con una devaluación del 100%, aumento de tarifas públicas en esa misma proporción y liberación de precios entre otras medidas. Abandonaba la rígida estructura del Pacto Social de Gelbard que arrastraba desequilibrios ya insostenibles para ese momento. Un mal diagnóstico de la inflación -Gelbard creía que no era producto de las expansiones monetarias que conducía el déficit fiscal, sino más bien por una incapacidad de la economía de alcanzar un equilibrio mutuamente aceptado entre ingresos del trabajador y los del capital-, una economía recalentada y un Pacto Social que congelaba precios y tarifas llevaron al estallido de 1975.

             El golpe militar de 1976, acompañado de un cambio de paradigma en el mundo de las ideas económicas, significó para Argentina el fin transitorio del régimen de sustitución de importaciones. Al igual que en el primer gobierno de Carlos Menem, la tendencia mundial era muy influyente. Tanto el fracaso de las políticas keynesianas que a fines de los años ’60 habían sumido a muchos países a lo que comenzó a denominarse como estanflación, como la caída del muro de Berlín, condujeron a estos gobiernos a implementar políticas de tipo librecambistas.

             El comienzo de todos los mandatos comparte prácticamente los mismos objetivos: la estabilidad de precios (combate a la inflación) y el crecimiento económico. El Pacto Social de Gelbard, la reforma financiera y la implementación de la tablita de la junta militar, el Plan Austral y Plan Primavera de Alfonsín, los controles de precios del kirchnerismo ni las metas de inflación de Macri tuvieron éxito en sus intenciones iniciales. La única excepción en el período comprendido fue la convertibilidad en su primera etapa.

             El análisis del crecimiento del PBI muestra que de 1976 a 1990 su incremento fue de solamente 0.7%. Algo similar sucede comparando el período 2011-2019. Es decir, en casi 25 años la economía argentina no se expandió y, por ende, su PBI per cápita cayó considerablemente teniendo en cuenta el aumento poblacional. Con el agravante de que, en esos lapsos de tiempo, el país sufrió altas tasas de inflación exponiendo el fracaso de los planes económicos implementados.

             Como si no aprendiera de sus errores, o si decidiera conscientemente volverlos a cometer, Argentina insiste con las mismas recetas hace muchas décadas. Un déficit fiscal cronificado y una inflación solamente pausada en la década del ’90 muestra cómo el país se repite en su error. Las políticas de estímulo a la demanda en procesos recesivos para incentivar el consumo, llevar la tasa natural de desempleo al pleno empleo en forma transitoria, o bajar artificialmente la tasa de interés para dinamizar los principales indicadores le significaron a la economía más problemas que soluciones en el mediano y largo plazo.

             El Plan Austral fue un intento de estabilización de una situación ya nuevamente desbordada. El cambio del signo monetario permitió una leve modificación en las expectativas. Durante 1985, mediante endeudamiento externo, el ahorro forzoso, la aplicación de retenciones a las exportaciones, entre otras medidas, Argentina logró bajar considerablemente su tasa de inflación y la brecha cambiaria. Pero el hecho de mantener intactas las causas estructurales del déficit fiscal hicieron que dicho plan tuviera que ser sustituido por otro a menos de dos años de su implementación. Un gasto público del 43% destinado al subsidio de la producción privada sumado al enorme déficit de las empresas públicas constituía un 10% del PBI. Sin ese Estado corrector de “ineficiencias de mercado”, la economía hubiese pasado a un superávit del 3%. Para financiar ese gasto público exacerbado, se aumentaban impuestos, se utilizaban fondos del sistema previsional, se aumentaba la emisión monetaria y el endeudamiento externo. Esa imagen es casi un calco del gobierno de Cristina Kirchner. Con el rebrote de la inflación se ensayó el Plan Primavera con los mismos objetivos, pero sin medidas tan profundas. Para 1989, la hiperinflación y la corrida bancaria llevaron a Alfonsín a adelantar las elecciones.

             La introducción de la Ley de Convertibilidad fue, quizás, el plan más exitoso en el combate a la inflación. Logró bajar una tasa anual de 5.000% a un dígito en dos años. Sumado a la reforma del Estado, la desregularización de la economía, la baja de aranceles e impuestos, y la quita de restricciones a las exportaciones, permitió un crecimiento económico sostenido en ese primer mandato y una caída del índice de pobreza. Al no haber podido desregular el mercado laboral, el desempleo aumentó como consecuencia de dos motivos: el sector privado no pudo absorber a los empleados públicos que la reforma del Estado había dejado sin trabajo, ni tampoco a aquellos que se incorporaban al mercado ofreciendo su fuerza de trabajo.

             El primer gobierno de Menem significó un camino a la estabilidad. Los cambios de hábitos de las personas posponiendo consumo presente por consumo futuro generó ahorro. Surgió un incipiente mercado de capitales a partir de las AFJP. Comenzaba a haber créditos a tasas accesibles para viviendas. En términos generales, la economía argentina mostraba rasgos de una economía más sana que tiempos pasados. Pero, evidentemente, este programa requería inexorablemente de ajustes y actualizaciones. Si bien, producto de una disciplina monetaria y cierta austeridad fiscal permitieron que la crisis del Efecto Tequila no afectara a la estructura de la convertibilidad, el déficit fiscal creciente se financiaba con endeudamiento externo.

             Pero no toda la década que abarca la convertibilidad tuvo los mismos resultados. Y esa desigualdad es la que deja de manifiesto las dificultades que ese plan tenía. Para 1997 ciertas alarmas comenzaban a sonar. Se presentaba un contexto externo desfavorable. La crisis asiática de ese año afectaba a principales socios comerciales de Argentina. En 1998 una crisis financiera golpeó a Rusia y para 1999 la devaluación del Real hacía a Brasil mucho más competitivo en relación a la Argentina que ya mostraba cierto atraso con su tipo de cambio fijo. La situación global contribuía a ciertas dificultades críticas que la economía argentina arrastraba desde los principios del menemismo. Un desequilibrio fiscal, aunque reducido, con una imposibilidad de expansión monetaria ligado a flujos de comercio exterior ahora afectados. Términos de intercambio que ya no eran los mismos, obligaron a financiar ese déficit fiscal (que a valores de hoy parece irrisorio) con endeudamiento externo. La convertibilidad comenzó a exponer su propia fragilidad.

             El hecho de no haber corregido ciertas variables que el plan ya demandaba -Fernando de la Rúa gana las elecciones prometiendo mantener el 1 a 1- derivó en la crisis del 2001. En ese marco se comenzaron a implementar las recetas que suele utilizar la política para hacer ajustes encubiertos. La pesificación asimétrica significó la salida de la convertibilidad, transformando cada dólar a un nuevo cambio de $1.40 perpetrando, de esta manera, una nueva estafa de la política hacia la ciudadanía. Este modus operandi de devaluar o utilizar a la inflación como mecanismo para licuar salarios reales y así ajustar las variables macroeconómicas fue aplicado durante muchas etapas de la historia argentina. Teniendo en cuenta el panorama actual, no parece muy descabellado que implementen esta metodología para reajustar los desequilibrios fiscales y monetarios que la economía presenta en la actualidad.

             Naturalmente, la economía luego de tocar fondo rebotó. Los años venideros posteriores a la crisis fueron acompañados por históricos términos de intercambio favorables. Argentina comenzó a crecer a tasas verdaderamente altas al igual que toda la región. Las tasas de interés mundiales, además, eran considerablemente bajas lo que permitió financiar la inversión privada. Las políticas implementadas por el gobierno de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Fernández no hicieron más que repetir viejas recetas. El estímulo al consumo y al desempleo mediante expansiones monetarias comenzó a generar los primeros dígitos de inflación luego de muchos años de estabilidad.

             El crecimiento a tasas chinas de todo este período en base a exportaciones fue asignado no a la confección de un modelo eficiente de producción y desarrollo, sino a un aumento del tamaño del Estado que prácticamente se duplicó en términos de PBI en menos de diez años. El superávit fiscal y un considerable aumento de la presión impositiva generaba una recaudación récord que fue destinada al surgimiento, una vez más, del denominado Estado de Bienestar asistencialista e intervencionista. La creación de diversos planes sociales, el ingreso de millones de jubilados sin aportes previos a un régimen previsional que ya había absorbido a los aportes privados de las estatizadas AFJP, un aumento de la planta estatal en más de un millón y medio de nuevos empleados, y los programas y secretarías estatales varias terminaron aplastando a un sector privado cada vez más pequeño y asfixiado.

             La caída de los términos de intercambio llevó al segundo gobierno de Cristina Fernández a una estanflación que terminó forjando el cierre de ese período. La llegada de Macri implicaba, tal como sucedió con Menem, un mandato enfocado a la cuestión económica. Un gobierno débil que no supo, no pudo o no quiso implementar ningún tipo de política ortodoxa y que, como no podía ser de otra manera, fracasó en todas sus intenciones. Un déficit fiscal exorbitante, sin intenciones de ser combatido en la práctica, fue financiado con deuda externa. Una vez que los mercados fueron cerrándose, el gobierno de Macri no tuvo más remedio que acudir al Fondo Monetario Internacional para firmar el acuerdo número 28 que Argentina tuvo con esa institución en 60 años.

             Cuesta reconocer aciertos en los planes económicos implementados en el pasado que puedan replicarse en el presente. Considero que, más que buscar soluciones en la historia, es indispensable que Argentina deje de construir ficciones y sincere su realidad para comenzar a construir un modelo de desarrollo.

             En la actualidad, el país se enfrenta a uno de sus peores panoramas de la historia.  Si bien se puede tomar como punto de partida la exitosa renegociación de la deuda, el escenario que dejará la crisis mundial del coronavirus será catastrófico. De acuerdo a estimaciones, en 2020 la economía argentina se contraerá en, aproximadamente, 15%. Esto sumado a un déficit fiscal de 10% del PBI, una inflación contenida y estimulada por una caída de la demanda de dinero, una pobreza que superará a la mitad de la población y un desempleo de más de dos dígitos conforma la peor situación que ha sabido vivir la Argentina.

             Es por ello que es sumamente necesario no volver a implementar políticas que la evidencia empírica y nuestra propia experiencia muestran que solo contribuyeron a la construcción de una realidad ficticia en el corto plazo. No podemos esperar un nuevo milagro argentino que se fundamente en términos de intercambio favorables. Argentina requiere de profundas reformas estructurales que permitan readecuar el sistema productivo. El déficit fiscal no podrá financiarse tal y como se está haciendo hoy en día vía emisión monetaria (la base monetaria tocó su punto histórico al inyectar un billón de pesos), tampoco por medio de endeudamiento externo, ni mucho menos aumentando impuestos. Por ende, deberán recurrir a medidas más originales para bajar el gasto público. El actual gobierno cuenta con la espalda suficiente para poder tomar medidas que conlleven costos políticos grandes. Será necesaria una reforma laboral que permita, por lo menos en forma transitoria, cierta flexibilidad para contratar y despedir, de manera que, el desempleo post crisis pueda ser absorbido por el mercado laboral. A su vez, es indispensable transformar los planes sociales perpetuados en trabajo real. Tanto para los beneficiaros de dichas asignaciones como para aquellos empleados públicos sin funciones en la órbita estatal que deben ser removidos de sus puestos, una reforma educativa debería formarlos y capacitarlos para su posterior introducción al mercado de trabajo.

             De no implementar medidas nuevas que dinamicen a los principales actores de la economía argentina, nuevamente estaremos en presencia de una realidad ficticia que seguirá contribuyendo a la pobreza y el desempleo. La mala asignación de recursos genera improductividad y destrucción de capital. Argentina hoy no cuenta con herramientas ni recursos para seguir posponiendo las soluciones a sus problemas estructurales cronificados. Está claro que las políticas gradualistas no han tenido éxito y es vital la implementación de medidas ortodoxas que encaucen el aparato productivo.

Bibliografía:

Gerchunoff, P., Llach, L. (2018), El ciclo de la ilusión y el desencanto.

Rappoport, M. (2005), Historia económica, política y social de la Argentina 1880-2003.

Andrés Scioscia es Licenciado en Administración (Universidad de Belgrano) y cursa la Maestría en Economía y Ciencias Políticas (ESEADE).

El riesgo de mantener contenido el tipo de cambio con altas tasas de interés

Por Roberto Cachanosky. Publicado el 28/5/2019 en: https://www.infobae.com/opinion/2019/05/28/el-riesgo-de-mantener-contenido-el-tipo-de-cambio-con-altas-tasas-de-interes/

 

Desde que fue creado el BCRA, hace exactamente 84 años, la inflación promedio anual fue del 53,3% anual acumulando una inflación de 257.710,71 billones por ciento. Este solo número, junto con los 13 ceros que se le quitó a los diferentes signos monetarios, donde un peso actual es equivalente a $10.000.000.000.000 moneda nacional, evitan abundar en detalles explicando por qué no tenemos moneda. No es casualidad que tengamos períodos de calma en el mercado de cambios y luego violentos saltos porque la gente se refugia en el dólar que es la moneda que eligió como reserva de valor y para muchas operaciones como medio de intercambio.

El gráfico muestra la evolución mensual del tipo de cambio real a pesos de abril de 2019 en los últimos 48 años y medio. Para armar la serie obviamente se van eliminando ceros a medida que se fueron produciendo los cambios de monedas, y se lo actualiza a valores actuales por el Índice de Precios al Consumidor, y se le resta la inflación de EE.UU.

Algunos preferirán usar precios combinados (mitad la variación del índice  consumidor y mitad del índice mayorista, ambos del Indec), pero la realidad es que ese esquema consiste solo en cambiar la ponderación de los bienes transables en el indexador. En cualquier caso, pueden variar los niveles absolutos de la serie pero la tendencia es la misma.

Lo que muestran estos 48 años de tipo de cambio real es que entre 1970 y 1991 la volatilidad fue fenomenal. En el gráfico se observan 3 picos: 1) en 1975 con el rodrigazo, fruto de la inflación cero de Gelbard; 2) la salida de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz y la licuación de pasivos y 3) la hiperinflación de 1989 que precipitó la salida de Raúl Alfonsín.

También vemos que hay 3 períodos de tipo de cambio que son los más bajos de la serie: 1) en enero de 1981, con el fin de la tablita cambiaria (en febrero de 1982 Martínez de Hoz devalúa el peso un 10% a pedido de Lorenzo Siguat que era el ministro que le iba a seguir en el cargo); 2) el período de la convertibilidad, en los 90; y 3) a partir del momento que asume Néstor Kirchner, continúa con Cristina Fernández de Kirchner y se recupera transitoriamente con Cambiemos para volver a caer.

Características de cada ciclo 

Cada vez que el tipo de cambio fue contenido con tasas de interés artificialmente altas, con endeudamiento externo y controles de cambio, incluidos cepos cambiarios, luego vino un estallido de diferente magnitud.

Por ejemplo, el control de cambios impuesto por Ber Gelbard junto con un déficit fiscal consolidado de 7,5% del PBI comenzó con un tipo de cambio en moneda actual y a pesos de abril 2019 de $82 y termina a fin de año con un tipo de cambio real de $72,5. El ministro hace algunos ajustes a comienzos de 1974 y luego de algunas correcciones que le hace Alfredo Gómez Morales llega al rodrigazo, cuando Celestino Rodrigo destapó la olla de la inflación cero de Gelbard y el tipo de cambio llegó al equivalente a $170 actuales. En febrero de 1976, con el país totalmente fuera de control, se llegó a un dólar de $272 actuales.

La tablita cambiaria de Martínez de Hoz comenzó con un tipo de cambio, siempre a pesos de abril de 2019, de $51 en diciembre de 1978 y terminó en enero de 1981 en $28 actuales. Otra fenomenal caída del tipo de cambio real. Luego del plan Bonex en diciembre de 1989, el tipo de cambio larga en $55 actuales se llega con un tipo de cambio de $30 actuales en febrero de 1991 y se entra en la convertibilidad a $27 actuales.

Eduardo Duhalde devaluó 40% y terminó buscando el tipo de cambio de $4 por dólar. Lo cierto es que luego de corralón, pesificación asimétrica y demás embrujos, Néstor Kirchner asume en mayo de 2003 con un tipo de cambio equivalente a $55 actuales y Cristina Fernández de Kirchner termina su segunda presidencia con una paridad a pesos de abril 2019 de 28 pesos.

En los 48 años considerados, fue frecuente el uso del tipo de cambio como ancla contra la inflación. Cuando se observa toda la serie no se encuentran períodos largos en que el peso se revalorizara fruto de un fuerte ingreso de capitales para invertir en el sector real de la economía. El período de mayor ingreso de divisas por Inversión Extranjera Directa fue en los 90, pero ahí el tipo de cambio se mantuvo bajo por ese ingreso de capitales y por el endeudamiento que a partir del segundo mandato tomó el gobierno de Carlos Menem.

Factores que debilitaron el valor del peso

En general la combinación para anclar el tipo de cambio consistió en controles y cepos, uso de la tasa de interés y el endeudamiento externo y un breve período de buenos precios internacionales en el Gobierno de los Kirchner que ayudaron a financiar la fuga de capitales sin que saltara el valor de la divisa.

Para tener una idea, Fernando de la Rúa gobernó con una soja promedio de USD 179 la tonelada; en todo el período kirchnerista promedió USD 372; el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner gozó de una cotización de USD 484; y de USD 469 el segundo. Precios récord y encima tuvo que poner el cepo cambiario ni bien ganó las elecciones en octubre de 2011 y llegó agonizando al cierre de 2015 vendiendo futuros en cantidades industriales.

El gráfico 1 marca dos datos. La primera mitad de esos 48 años se caracteriza por una altísima volatilidad en el tipo de cambio real, con fenomenales subas y bajas. El segundo es que desde 1991 predomina un tipo de cambio muy bajo; la cual no puede explicarse por una lluvia de inversiones, salvo los primeros años de la convertibilidad con las privatizaciones.

Es decir, desde 1991 se acumulan 28 años mostrando uno de los tipos de cambio más bajos de la serie histórica, y se empeoró la relación gasto público/PBI, carga tributaria, inseguridad jurídica y legislación laboral, por citar algunos ítems. Todos factores que juegan en contra de la fortaleza del peso.

Obviamente no voy a caer en el ridículo de decir cuál tiene que ser el tipo de cambio que debe regir en la economía, pero sí puedo afirmar que la constante ha sido manipular el tipo de cambio como ancla contra la inflación por el hecho de no tener una moneda. Como la gente no cree en el peso argentino por los dislates cometidos desde 1935 a la fecha, el argentino eligió el dólar como su moneda y los gobiernos se empeñan en obligar a los argentinos a usar el peso, un producto que ya nadie quiere. El resultado es tener que poner cepos cambiarios, controles de precios o pagar tasas de interés disparatadas para mantener con respirador artificial una moneda que ya está muerta como tal, como es el caso del peso.

Casi medio siglo de disparates cambiarios confirman que el peso viene agonizando hace rato.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE. Síguelo en @RCachanosky 

Subir tarifas pero en un plan económico global

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 31/7/16 en: http://economiaparatodos.net/subir-tarifas-pero-en-un-plan-economico-global/

 

El gobierno del PRO ajusta las tarifas de los servicios públicos, algo que inevitablemente tiene que hacer, pero sin un plan económico global

Cada vez que uno propone una reforma estructural como cambiar el sistema impositivo, bajar el gasto público o establecer límites a los llamados planes sociales, siempre salta alguno diciendo que está de acuerdo, pero que es imposible porque la situación social no lo permite. Que habría una crisis social o algún tipo de estallido que haría imposible la gobernabilidad. En otras palabras, no se puede aplicar un shock de baja de impuestos o de gasto público porque la gente no podría soportarlo.

Sin embargo, para aplicar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos no hubo mucho gradualismo que digamos. En mi caso particular AYSA me mandó una factura que se multiplicó por 11 respecto al período en que no había subsidios. El m3 cúbico de gas me lo incrementaron 16 veces respecto al mismo bimestre de 2015. Algo parecido ocurrió con la luz y los ejemplos pueden seguir.

Del párrafo anterior no debe concluirse que estoy en contra de los ajustes de las tarifas de los servicios públicos. Hace rato que vengo diciendo que deben corregirse y no voy a cambiar de idea ahora que el PRO está en el gobierno. Es más, en la era k perdí un cliente por decir en una conferencia que esto terminaba en un rodrigazo. ¡Y vaya si tenemos un rodrigazo! Mi ex cliente consideró que lo mío era políticamente incorrecto y me canceló el contrato.

Pero dejando de lado mis historias personales, lo cierto es que resulta realmente inconsistente decir que no se puede bajar el gasto público por razones de crisis social o política y mandarse un tarifazo del 1.000% como si eso también no fuese a producir un impacto social. Mi propuesta al respecto es la misma de siempre. Que la gente pague la tarifa plena que tiene que pagar, que se eliminen los impuestos de las facturas de energía, gas, etc. que llegan a representar el 60% del importe que se paga por el consumo de energía y el cargo fijo. Esta reducción de impuestos y tasas municipales tiene que tener como contrapartida una reducción del gasto público para no desbalancear aún más las cuentas del sector público. En este punto saltan de nuevo los gradualistas en lo que hace a la baja del gasto público pero defensores del shock en materia de ajustar las tarifas de los servicios públicos y dicen que es inviable políticamente bajar el gasto estatal.

Desde el punto de vista del análisis económico están diciendo que el ajuste tiene que recaer sobre el sector privado y que el sector público es intocable por razones políticas. Dicho de otra manera, que si se ajusta al sector privado no hay crisis social o política y si se ajusta al sector público sí se producen esas crisis.

Si bien hoy el gobierno sigue teniendo un alto apoyo y buena imagen a diferencia de los que ocurría en 1975 con Isabelita, la forma en que se aplica el ajuste de las tarifas es similar. En 1975 las tarifas de los servicios públicos habían quedado deliberadamente atrasadas por Ber Gerlbard para mostrar una inflación artificialmente más baja. Celestino Rodrigo heredó ese lío económico de Gelbard y corrigió las tarifas en forma aislada. Sin incluir la corrección dentro de un plan económico global. Actualmente pasa lo mismo. El gobierno del PRO ajusta las tarifas de los servicios públicos, algo que inevitablemente tiene que hacer, pero sin un plan económico global.

Lo que hay que tener en cuenta es que las políticas populistas recurren al mecanismo de beneficiar arbitrariamente a unos en detrimento de otros. En general, para conseguir votos, los populistas benefician artificialmente a muchos y perjudican a unos pocos. Claro que esos pocos tienen que bancar la fiesta que el gobierno les brinda a los muchos.

Cuando llega un nuevo gobierno y quiere poner orden, de entrada se sabe que para arreglar el problema hay que hacerle entender a los muchos que fueron engañados con una fiesta de consumo artificial que esa fiesta se acabó. Cambiar los precios relativos distorsionados es eso. Mostrar la realidad.

Mi punto es que en este caso, buena parte del costo que tiene que asumir la gente por la recomposición de los precios relativos es mediante una profunda reforma del sector público. Dicho de otra manera, a todos los que siguen viviendo del fruto del trabajo ajeno decirles que tienen que hacer lo que hace el común de los mortales: buscar trabajo.

Las fórmulas para bajar el gasto público son diferentes y nadie dice que de un día para otro se despida a 3 millones de empleados públicos, pero sí debe anunciarse una reestructuración del estado que lleve, a lo largo del tiempo, a una reducción de la burocracia estatal. Desde los retiros anticipados, al cierre de reparticiones hay un largo trecho para trabajar. Lo mismo con los planes sociales que no pueden ser para siempre.

El problema no es solo subir las tarifas de los servicios públicos que la demagogia k dejó inalteradas durante 12 años. El problema está en querer hacer solo eso sin una reforma del estado, del sistema tributario, de una mayor flexibilización laboral y un escenario de previsibilidad en las reglas de juego. Hoy sabemos que Macri no va a cometer locuras, pero no son previsibles las reglas de juego porque no se las conoce.

En síntesis, de lo que se trata es de hacer un plan económico global de aplicación simultánea para que la gente sufra menos las correcciones que hay que hacer para dominar la terrorífica herencia que dejó Cristina Fernández.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE