¿Qué proponen los libertarios y por qué habría que escucharlos?

Por Adrián Ravier.  Publicado el 17/1/18 en: https://www.cronista.com/columnistas/Que-proponen-los-libertarios-y-por-que-habria-que-escucharlos-20180116-0099.html

 

Libertarios en la Argentina ha habido siempre. En su historia habrá que retroceder al menos unas cuantas décadas para ver que en los años 1950 Alberto Benegas Lynch padre fundaba, junto a algunos empresarios, el Centro para la Difusión de la Economía Libre, luego llamado Centro de Estudios para la Libertad. En estos centros se ofrecieron conferencias y publicaciones de libros de variados autores como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Leonard Read, Henry Hazlitt, Israel Kirzner o Murray Rothbard. Quizás haya algún lector que recuerde las seis conferencias multitudinarias de Mises en la UBA en 1959. Desde ya que la diferencia entre un liberal como Hayek y un libertario como Rothbard, fue siempre motivo de disputas internas entre libertarios, pero hoy no nos vamos a detener en ello. Más bien, los tomaremos como compañeros de camino.

La posta la tomó su hijo Alberto Benegas Lynch (h), hoy Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, quien fundó en 1978 la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), creando los primeros posgrados en Argentina. En sus cuatro Maestrías en Economía y Ciencias Políticas, Economía y Administración de Empresas, Derecho Empresario y Activos Financieros, los alumnos recibían los fundamentos para defender la libertad individual, la propiedad privada, la economía de mercado y el gobierno limitado, además de los conocimientos específicos de cada programa.

Muchos de estos alumnos a su vez, formaron numerosas fundaciones e institutos pro mercado en distintas provincias, que como efecto cascada formaron a miles de jóvenes en las ideas de la libertad. Estos jóvenes hoy quizás no son docentes o académicos prestigiosos (aunque algunos lo son, como el Dr. Eduardo Stordeur o el Dr. Nicolás Cachanosky), pero lideran y gerencian distintos departamentos de las principales compañías del país.

Martín Krause lo sucedió a Alberto Benegas Lynch (h) como Rector de este Instituto Universitario, donde también pasaron excelentes docentes como Juan Carlos y Roberto Cachanosky, Gabriel Zanotti, Enrique Aguilar, Gustavo Matta y Trejo o Ricardo Manuel Rojas (sin ánimo de ser exhaustivo).

¿Qué proponen los libertarios para esta Argentina? En una Argentina donde ya no podemos pensar la educación, la salud, las jubilaciones y pensiones, el cuidado del medio ambiente o la administración de la moneda y los bancos sin el ente gubernamental como principal regulador, los libertarios proponen un debate necesario. Repensar una Argentina en la que podamos prescindir del Estado. Aspiran a que cada argentino pueda pagar su propia educación y la de sus hijos; que pueda cubrir sus costos sanitarios; que pueda elegir cómo y cuándo jubilarse y que su pensión dependa de los montos y años de aporte. Proponen, en definitiva, libertad y responsabilidad, para terminar con la “estatolatría” donde el Dios Estado es el que ofrece empleo y garantiza seguridad social porque, de hecho, jamás ha garantizado otra cosa que pobreza. Repensar una Argentina donde este flagelo sea gradualmente erradicado a través del mercado, como viene ocurriendo en gran parte del mundo, incluidas China y la India (ver El Gran Escape de Angus Deaton). Donde la libertad de empresa y la iniciativa privada sean el motor del empleo genuino, de la innovación, de la creatividad y de las oportunidades para alcanzar una vida mejor. Donde la igualdad que importa es “ante la ley”.

En una Argentina donde la policía respalda a las mafias, los libertarios piden, siguiendo a James M. Buchanan, desconfiar de la política, lo que en definitiva es fundamento para un gobierno limitado.

¿No es esto una utopía? Una sociedad sin estado es irrealizable en esta Argentina, sin dudas. El libertario desde luego está dialogando en un “plano ideal” que a muchos les parecerá lejano. Está debatiendo para una sociedad futura, donde posiblemente la cultura anti-capitalista sea abandonada por otras creencias pro-mercado. Le preocupa entonces definir cuánto estado haría falta en ese estado ideal, y llega a la conclusión de que no sería necesario ninguno, ni siquiera en justicia o seguridad.

Pero al margen de ese debate puro, también hay un mensaje que puede ser útil para nuestra Argentina y que deberíamos escuchar.

¿Cuál es este mensaje? Que la Argentina presenta un gasto público desbordado que aunque se pudiera financiar cubre necesidades de gente que no necesita la ayuda estatal. El primer paso entonces es desmantelar ese Estado que ayuda al que no lo necesita. Que aquellos que pueden pagar educación o salud para sí y para sus familias, lo hagan. Que aquel que puede tener su propia pensión la tenga. Que aquel que puede pagar servicios públicos que cubran los costos lo haga. Que aquel que puede pagar el precio real del combustible lo pague también. De ese modo reducimos la mochila de impuestos, deuda e inflación que recae sobre las empresas y que evita que sean competitivas en un mundo abierto y globalizado. De ese modo habría empleos y mejores salarios reales para todos.

¿Y qué ocurre con los que no pueden pagar estas cosas? Para la educación y la salud existe la propuesta de vouchers de Milton Friedman. El libertario lo aceptará en la transición, aunque insistirá que ese dinero de los cupones sale del bolsillo del contribuyente y que sólo será temporal.

Para las pensiones se deberá crear un sistema privado de aporte voluntario, que no tiene relación con lo que hubo durante el menemismo, y ni siquiera con el sistema que hoy rige en Chile. El sistema libertario de pensiones no necesita que el gobierno autorice a ciertas empresas a operar, ni que fije comisiones, sino que simplemente se haga a un lado y permita la competencia. El mercado operará bien en su ausencia, como de hecho ocurre con la gran mayoría de bienes y servicios. Desde luego que para cubrir a los actuales pensionados se necesitarán pagar impuestos, pero debemos distinguir entre la solución al problema actual donde el Estado se consumió los ahorros de los actuales jubilados respecto del sistema previsional para el futuro.

Comparar al oficialismo con el mensaje libertario muestra lo moderado del gobierno de Mauricio Macri, que si bien en anuncios y conferencias promueve cierto relativo liberalismo, en la práctica encuentra inacción, quizás por los obstáculos que el libertario muchas veces pasa por alto.

Y aquí viene la pregunta: ¿Propone el libertario desmantelar hoy al Estado por completo? Habrá quien lo proponga, pero no es lo más usual. El libertario entiende que el Estado está sobredimensionado y sabe que corregir esto sólo puede redundar en mayor calidad de vida para todos. Sabe que en el plano político, la prioridad del gobierno es mantener el orden público, y que eso sólo se consigue atendiendo a lo que es políticamente viable en cada momento. Es por eso que la regla general que el gobierno debe seguir es bajar el gasto todo lo posible, mientras pueda mantener el orden público.

Y allí encontramos el gran dilema, ya que cierta mentalidad anti-capitalista impide avanzar en reformas profundas como las que el libertario propone. En este sentido, mientras el libertario busca abrir el debate en un plano teórico, también acepta en la política pública una transición ordenada que no deje a nadie sin sustento. En la búsqueda de ese camino está claro que ambos roles, el académico y el político, se deben retroalimentar.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

 

Descentralización y gasto

Por Gabriel Boragina Publicado  el 14/8/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/08/descentralizacion-y-gasto.html

 

Hay autores que, comprendiendo los nocivos efectos que un gasto público desbordado puede ocasionar, han insinuado diversas recetas para contenerlo. Por ejemplo:
“Con el fin de establecer defensas institucionales sólidas frente a demandas sociales que no es posible atender en el corto plazo y evitar eventuales desbordes populistas, cabe sugerir: [….] Reservar al Presidente de la República (o Primer Ministro en un régimen Parlamentario) -también por norma constitucional- la iniciativa exclusiva de ley en materias que signifiquen aumento del gasto público, mayores beneficios previsionales, creación de empleos estatales o incrementos tributarios.”1
El objetivo es plausible, y ya nos hemos explayado sobre los males de un gasto público que no cumple ni con las finalidades del gobierno, ni permite libertad a la actividad privada. Si bien la cita enuncia como problemas “el aumento del gasto público, mayores beneficios previsionales, creación de empleos estatales o incrementos tributarios”, poniendo a todos ellos -al parecer- en un mismo rango, en rigor los beneficios previsionales, los empleos estatales y los incrementos tributarios son consecuencia y no causa del gasto público. Por supuesto que, el gasto no se reduce a estos ítems, sino que sus partidas comprenden muchas otras erogaciones, pero el autor citado ha querido circunscribirse a aquellas que -según él- considera las de mayor demanda social.
Ahora bien, la cuestión de otorgarle al presidente de la república o primer ministro facultades exclusivas en materia de iniciativa legal para proponer medidas semejantes es, desde nuestro punto de vista y como habitualmente se suele decir, “un arma de doble filo”. Pareciera que la idea es sustraerle al congreso o parlamento tales prerrogativas, presumiblemente porque ha de suponerse que los legisladores o parlamentarios serán mas vulnerables que el presidente o primer ministro a las presiones populistas. Sin embargo, nosotros no encontramos base, ni lógica ni racional, a tal interpretación. Por el contrario, creemos no equivocarnos si observamos que la experiencia política (la latinoamericana es un muy buen ejemplo) demostró que han sido muchos presidentes los que fueron susceptibles y altamente influenciables a las demandas populistas. Perón en Argentina, Getulio Vargas en Brasil, y mas tarde Chávez en Venezuela, los Kirchner nuevamente en Argentina, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, etc. impulsaron y dieron cabida por igual a las pretensiones populistas para elevar el gasto público (sistemáticamente llamado “social” como si pudiera existir algún gasto público que no tuviera por destino satisfacer una demanda social).
Finalmente, habría que apuntar que la medida propuesta podría atentar contra la división republicana de poderes, y -al mismo tempo- ser una tentación para ambiciones personalistas y -por ultimo- para aspirar a la implantación de una dictadura. Instintivamente, no nos parece prudente la propuesta. Que la iniciativa legislativa sobre el gasto público se concentre en una sola mano como que se distribuya entre muchas no es por cierto mejor que contar con una regla que lo limite, sea quien fuere quien la proponga.
Tampoco resulta tranquilizante la necesidad de una reforma constitucional para determinar quien será -en suma- quien tendrá la iniciativa de proponer leyes sobre el gasto público. Por triste experiencia es sabido que las reformas constitucionales son ocasiones propicias para que los políticos que las llevan a cabo introduzcan de contrabando muchas otras normas que poco o nada benefician a la comunidad, y si -en cambio- favorecen sus propias posiciones de poder. Los ejemplos abundan en la historia de reformas constitucionales que, lejos de ser positivas para el interés de la gente, han resultado -por el contrario- muy negativas, sobre todo en materia de derechos individuales
“Debe comprenderse que no existe una definición precisa, mucho menos una fórmula —ni un sentido general, ni específico para cada país— ya sea para medir el nivel óptimo de descentralización o para indicar la ubicación ideal de los recursos, responsabilidades y poderes entre las diferentes esferas del gobierno. Vale la pena ilustrar la simple comparación de la evolución de la distribución gubernamental del gasto público en Chile y en Brasil desde la década de los ochenta. Mientras que en el primero la participación de los gobiernos subnacionales en el gasto nacional ha crecido del 4 al 13%, en el segundo se ha elevado del 35 al 48%; en otras palabras, la descentralización chilena ha avanzado más en términos relativos, aunque sigue siendo un sistema tan centralizado como lo fue Brasil en los años de apogeo del régimen militar.”2
La primera observación a realizar respecto de este párrafo arriba transcripto es que el autor hace una completa asimilación entre nivel de gasto público y descentralización. Es decir, toma ambos términos como sinónimos. Los gobiernos centrales pueden favorecer el aumento del gasto público provincial o estadual, o pueden desalentarlo. Las provincias o gobiernos subnacionales pueden endeudarse a cuenta de las arcas nacionales, o hacerlo por su cuenta. Todo ello debería estar debidamente reglamentado. Y por sobre todas las cosas, limitado. Habría que encontrar mecanismos por los cuales se habilitara una enmienda constitucional que solamente tuviera por objeto fijar una regla restrictiva a la facultad de los gobiernos -tanto nacionales como provinciales- a endeudarse sin mas limite que el de la propia voluntad política por encima de los recursos reales y efectivos con los cuales aquellos verdaderamente cuentan en sus tesoros.
Cuestiones diferentes son la descentralización del gasto y la de funciones. No son lo mismo o, al menos, no nos parece tan seguro que ambos conceptos lo sean. Pensamos como cosa distinta la descentralización de funciones y el costo que cada una de esas funciones demande concretamente al ente político o administrativo que tenga a su cargo. Determinada función puede delegarse a una repartición administrativa, provincial o municipal. No obstante, a menos que se le conceda una completa y absoluta autarquia, podría legalmente establecerse que la financiación de dicha actividad quedara a cargo del gobierno nacional. Este seria el caso de una mera descentralización funcional pero no financiera. Se delegan o descentralizan las funciones, pero no su financiamiento Claro que se podría cuestionar -con razón- de que este se trate de un verdadero caso de descentralización, dado que, quien maneja los fondos necesarios para la función es (en los hechos) el que esta gestionando la función, ya que sin tales recursos la función seria imposible de cumplir, por mucho que se la hubiera descentralizado legalmente.
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1 EDGARDO BOENINGER-“El papel del Estado en América Latina”- Capítulo I. En Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía en América Latina. Por un gobierno efectivo en la época actual. CINDE CIDAC, pág., 124.
2 JOSÉ ROBERTO RODRIGUES AFONSO – THEREZA LOBO.”Descentralización fiscal y participación en las experiencias democráticas tardías”, Capítulo V. pág. 259-260. En Rolf Lüders. Luis Rubio-Editores. Estado y economía…Ob. Cit. ,
Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.