Tag Archives: gasto estatal

Gasto, préstamos y crisis

Por Gabriel Boragina Publicado  el 20/5/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/05/gasto-prestamos-y-crisis.html

 

Las tan famosas crisis económicas tienen -en un porcentaje muy alto- una causa común: un elevado gasto estatal. Ya hemos visto que los gobiernos poseen -casi de manera uniforme- una prolongada vocación a incrementar sus gastos, y también hemos estudiado los efectos perniciosos que, en el mediano o largo plazo, se originan por tal práctica. Pero, desde la aparición de los organismos de crédito internacionales, la propensión a subir el gasto estatal se ha visto potenciada, lo que ha dado lugar a diversos tipos de críticas a muchos de esos organismos. En particular a dos de ellos:

“Críticas al FMI y al BM .El rol de ambas instituciones se ha cuestionado seriamente. Algunos sostienen que deberían fusionarse mientras que otros se preguntan si deberían continuar existiendo. Los argumentos más importantes son que aumentan indirectamente el gasto público, que incrementan las tasas impositivas, que su sostenimiento es costoso, que el crédito es fungible y que por su mera existencia crean un problema de moral hazard muy importante. Por ejemplo, en el caso de México (1994-95), estas organizaciones habrían creado las condiciones de seguro implícito a la banca e inversores internacionales que incrementaron el moral hazard y ayudaron a detonar las crisis en el sudeste de Asia en 1997, y luego en Rusia en 1998”[1]

Estas manifestaciones han demostrado ser certeras en un porcentaje muy cercano al cien por ciento de los casos. Obviamente, la sola existencia de un ente (o de varios de ellos) que opera como “banco de bancos”, resulta un incentivo muy importante como para que se recurra al mismo a fin de lograr financiación. En el caso de los gobiernos, esos recursos demandados a tales organismos apuntan normalmente a incrementar el gasto público, y se apela a ellos cuando los gobiernos han agotado ya los mecanismos de costeo interno para sostener sus erogaciones. Como hemos señalado, la fuente ordinaria destinada a enjugar las salidas dinerarias del gobierno son los impuestos. Pero, la recaudación fiscal no es infinita, sino que está tasada. Su límite es el de la productividad total de la economía. No obstante, los recursos recaudados suelen encontrar su techo mucho antes de llegar a ese tope. Esto ha sido explicado por el economista americano Arthur Laffer mediante su famosa curva: cuando se supera el punto óptimo fiscal la recaudación tiende irremediablemente a decaer.

“Los créditos de las instituciones multilaterales ablandan la restricción presupuestaria de los gobiernos Es decir aumentan indirectamente el gasto público. En buen español se diría que estos préstamos al verse como “baratos” y de fácil acceso, llevan a los países a gastar más (y no necesariamente mejor). Esto se debe a que la posibilidad de obtenerlos aumenta las presiones políticas de los distintos ministerios y secretarías y subsecretarías para gastar más.”[2]

Lógicamente, si el gobierno conoce de antemano que dispondrá de financiamiento internacional para emprender sus “proyectos”, se va diluyendo cualquier aliciente a mantener alguna disciplina fiscal y, por consiguiente, cualquiera limitación presupuestaria va cediendo al mismo compás. En los estados paternalistas, pueblos y gobiernos suelen compartir la visión mal llamada del “estado benefactor” por la cual los gobiernos deberían atender absolutamente todas las demandas de la población que hagan a servicios “sociales” en su más amplio espectro, abarcando educación, sanidad, seguridad social, previsión, etc. Si se entienden estas actividades como funciones “propias del estado”, fácil deviene comprender que los recursos necesarios para sostenerlas demandarán aumentos desmedidos del gasto publico. Entonces se acuden a los créditos internacionales:

“La conclusión del profesor Arnold Harberger, después de realizar un estudio sobre el BM, a principios de los ochenta, dejó muy deprimidos a los ejecutivos del Banco. Según Harberger la influencia más importante del BM ha sido la gran competencia que los funcionarios del Banco tenían y adquirían en la evaluación de proyectos de inversión. Los funcionarios del BM al regresar a sus países hacían una gran contribución al evaluar las propuestas de gasto público en sus gobiernos.”[3]

Hemos de suponer cierto tono irónico en la redacción del párrafo que acabamos de transcribir. Lo primero que corresponde aclarar en materia técnicamente económica es que, aun cuando a menudo se los utiliza como sinónimos, los términos gasto e inversión no son equivalentes, de donde “gasto público” no se equipara a “inversión pública”. En sana doctrina económica, la “inversión pública” no existe, por cuanto los fondos supuestamente “invertidos” no son propios del gobierno, sino que pertenecen a terceros, concretamente a los mal llamados “contribuyentes” (dado que el que esta forzado a pagar impuestos no “contribuye” a nada, excepto que se conceptúe como posible alguna presunta “contribución” forzada. De nuestro lado, consideramos el vocablo “contribución” como un acto voluntario y no obligado).

Ciertas manipulaciones cambiarias, a los que los políticos y “técnicos” improvisados son tan afectos, combinadas con alto gasto público coadyuvan a potenciar las crisis económicas:

“Así, por ejemplo Argentina en diciembre de 1979, dio a conocer una tabla con la cotización futura del dólar para los próximos meses, día por día. En ese momento, Argentina tenía un ritmo de inflación del orden de 140% anual y la tablita tenía implícito un porcentaje de devaluación anual en el orden de 70%. Naturalmente, desde el arranque, la tasa de inflación, aunque declinante, fue superior a la de devaluación, con lo que se generó una situación de gran distorsión conocida como “atraso cambiario”. Este atraso, y el excesivo gasto público financiado con deuda, terminó con la tablita y todo el programa a comienzos de 1981.”[4]

La crisis era fácilmente evitable si se hubieran querido adoptar las únicas medidas razonables que correspondía tomar en la coyuntura señalada. Estas eran muy simples : 1)dejar flotar el tipo de cambio de manera completamente libre sin ataduras políticas de ninguna índole y, 2) reducir o –al menos- no incrementar el gasto público, lo que habría hecho innecesario sufragarlo con empréstitos. No obstante, ninguna de estas sanas recetas fue apadrinada.

[1] Valeriano F. García. Para entender la economía política (y la política económica). Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos México, D. F. 2000. pág. 129

[2] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 129

[3] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 131

[4] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 167/8

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Inflación y gasto

Por Gabriel Boragina Publicado  el 7/5/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/05/inflacion-y-gasto.html

 

Existe la creencia, y en algunos casos la convicción, no sólo entre personas comunes sino también entre nombrados economistas que, en tanto la inflación constituye un problema económico, el gasto publico (en rigor, del gobierno) no lo es, o -al menos- no lo es tanto como la primera. No parece advertirse, en muchos casos, que existe una correlación entre esta y aquel. Políticos, periodistas -e incluso- economistas claman por reducir la inflación pero, casi al mismo tiempo, suelen afirmar que el gasto estatal es “inflexible a la baja”. Esta muletilla, que tiene mucho de dogma y poco de juicio racional, se ha popularizado a través de los tiempos, hasta convertirse en una especie de máxima económica.

“Quizás exista aún alguna esperanza de que los socialistas democráticos se den cuenta de aquello que sus antecesores, los Conservadores, no observaron, principalmente que la causa fundamental de la inflación es el excesivo gasto del gobierno y que todas las normas sobre precios y salarios en el mundo no acarrearán el bienestar económico hasta que el Gobierno ponga su propia casa en orden.”[1]

La concatenación es clara y debería ser sencilla de observar por parte de los que hablan a diario del tema. Cuando el gasto del gobierno supera un cierto límite (y siempre -o muy a menudo- lo excede) los métodos previstos para sufragarlo ya no son suficientes, y se hace necesario echar mano a otros recursos. Conforme hemos visto antes, la manera legal de costear el gasto gubernamental es a través de los impuestos. Y decimos “legal” en virtud de que así debe estar determinado previamente en la ley de presupuesto de la nación. Cuando los fondos fiscales son inferiores a los gastos, y la curva de Laffer hace sentir sus típicos efectos, los gobiernos recurren a la inflación.

“Tal vez la prioridad número uno sea una disminución, aunque gradual, del gasto público; el gasto del gobierno y su administración deben equipararse con los impuestos si se desea reestablecer el equilibrio monetario en la economía inflacionaria. En un grado mucho menor, los controles de salarios podrían cumplir una función breve y de importancia “cosmética” en la reducción de las expectativas relativas a los incrementos de precios, reduciendo la propensión marginal de los individuos a consumir, y preparando al país para reducciones en la prestación de servicios por parte del Gobierno.”[2]

En realidad, la solución final es reducir el gasto estatal al mínimo indispensable. Para lo cual, como es sabido y tantas veces hemos dicho, se hace necesario redefinir las funciones que debe cumplir un gobierno (a veces se expresa con la alocución “funciones del estado”. Es mas preciso hablar de “gobierno” porque el que gasta es este y no el estado-nación en su conjunto). Es importante para ello entender que, allí donde las funciones estatales se expanden implica en forma automática una congrua contracción de las actividades de los particulares (individuos y empresas). Como con meridiana sabiduría ha enseñado el profesor Ludwig von Mises, por cada peso que gasta el “estado” habrá un peso menos para que gasten los privados. Si con el objetivo de costear el gasto estatal el gobierno echa mano a la inflación (conforme lo hace con frecuencia), normalmente los problemas que se pretenden solucionar se agravan, como sucede con las políticas monetarias activas:

“La mayoría de las crisis financieras tienen su origen en causas macroeconómicas y el problema se propaga con base en el sistema de reservas fraccionarias y los seguros de depósito que no cumplen con los criterios de Sjaastad. Entre las causas detonantes de origen macroeconómico están las que surgen de políticas económicas que son inconsistentes en el tiempo. Por ejemplo, ha sido muy común que países con alta inflación hayan usado el tipo de cambio como ancla para estabilizar la economía. La mayoría de esos países fracasaron en estabilizar la economía por no usar una política fiscal congruente con la del tipo de cambio. No lograron la estabilización y terminaron en una crisis bancaria.”[3]

Mas que inconsistentes en el tiempo, cabria hablar de políticas económicas que son incompatibles entre sí. Entre ellas ocupan un lugar destacado los controles de todo tipo, inclusive los mas populares que son los controles de precios. Cabe considerar que fijar el tipo de cambio no es más que un control de precio como cualquier otro, la diferencia distintiva es que lo que se regula es la paridad a que debe estar una moneda respecto de otra, o de un conjunto de diferentes signos monetarios entre sí. En el caso que analiza el autor en comentario, la eclosión vino como consecuencia de no querer reducir la inflación (en verdad, no poder, saber o querer reconocer los orígenes de la misma), y -por las mismas razones- no bajar impuestos,  ni tampoco querer resignar la política expansiva del gasto estatal. Y así:

“Por ejemplo, Argentina y Chile durante los primeros años de la década del 1980. Argentina uso una tabla de devaluación prefijada y preanunciada desde diciembre de 1978 hasta febrero de 1981. Su política crediticia también tenía una tabla que era consistente con la tabla del tipo de cambio. Sin embargo, una política fiscal de aumento del gasto público generó un endeudamiento público creciente. También el sector privado se endeudó debido a que había gran liquidez internacional con tasas de interés muy bajas. Cuando fue obvio que la única manera en que el gobierno argentino podía pagar su deuda externa era no pagando la interna, el tipo de cambio fijado explotó. Esto causó un problema muy grande tanto en el portafolio de los bancos como a quienes tenían sus deudas bancarias en dólares, generando una crisis bancaria donde el fraude también encontró un clima propicio.”[4]

El anclaje del tipo de cambio y el sistema de devaluaciones programadas no solucionan -de ninguna manera- una política ampliatoria de gasto estatal que se pretende financiar con los mecanismos habituales: presión  fiscal, endeudamiento y –finalmente- inflación, a los que se apela cuando van fracasando los planes de ingeniería social y económica que se elaboran desde las esferas del poder.

[1] Robert L. Schuettinger – Eamonn F. Butler. 4000 Años de Control de Precios y Salarios. Cómo no combatir la inflación. Prólogo por David L. Meiselman. Primera Edición. The Heritage Foundation. Editorial Atlántida – Buenos Aires. Pág. 169

[2] Robert L. Schuettinger – Eamonn F. Butler. 4000 Años de Control…Ob. cit. Pág. 188

[3] Valeriano F. García. Para entender la economía política (y la política económica). Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos México, D. F. 2000. pág. 98

[4] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 98

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

División de poderes versus gobierno limitado

Por Gabriel Boragina. Publicado el 30/1/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/01/division-de-poderes-versus-gobierno.html

 

Es frecuente confundir gobierno limitado con división de poderes. Pero desde nuestro punto de vista, en modo alguno resultan sinónimos. Generalmente se apela a la clásica división tripartita de poderes (en rigor, vendrían a ser los órganos de un mismo y único gobierno) que los separa en un poder ejecutivo, otro legislativo y uno judicial. Y suele decirse que en esto consiste la “limitación” del gobierno o un gobierno “limitado”.

No lo creemos así, por cuanto detentando el gobierno el 100% del poder, y suponiendo una división igual del mismo entre las mencionadas tres ramas de aquel, esto equivaldría a un reparto del poder en un 33,33% para cada una de esas ramas. Lo que implicaría que ese poder se ha dividido en tres, pero en modo alguno se lo ha limitado, dado que la suma de ese 33,33% siempre seguirá dando el mismo resultado: un 100% de poder, o sea, el poder total del gobierno. En el mejor de los supuestos, esto equivaldría a una limitación formal o nominal, pero no efectiva ni real, habida cuenta que desde el punto de vista del gobernado, el gobernante sigue detentando el 100% del poder, solo que dividido entre tres ramas. Poder dividido no es igual a poder limitado.

Nosotros creemos que el poderío político se visualiza mejor si lo contemplamos desde un punto de vista económico. Y desde este ángulo, el poder político no viene a ser algo diferente al poder de gastar y de recaudar las cantidades que serán destinadas a lo que mal se llama gasto “público” y que -en definitiva- no es ninguna otra cosa que simple gasto estatal. Simple pero no inocuo. He aquí lo que consideramos el verdadero límite. En consecuencia, lo que se debe limitar es el gasto estatal y el poder fiscal si lo que se quiere es ponerle límites al gobierno o -en los términos planteados- tener un gobierno genuinamente limitado.

¿Cómo reducir el gasto estatal y el poder fiscal? Lo idóneo seria hacerlo a través de una cláusula constitucional, pero si ello no fuera posible no habría óbice para crearlo a través de una ley dictada al efecto. Podría efectuarse incluso mediante una sencilla reforma a la ley de presupuesto nacional ya vigente, sin necesidad de dictar una norma nueva. Pocas veces se tiene en cuenta que la ley del presupuesto nacional es la clave del poder estatal (y también de su limitación que tratamos ahora).

El problema básico es que el gobierno –a través de la ley de presupuesto nacional- fija primero su meta de gastos y, en función de estos, luego la de sus ingresos para solventar esos gastos. Todos nosotros tenemos un presupuesto. Como particulares los ciudadanos comunes fijamos nuestros gastos en función de nuestros ingresos. Si, por ejemplo, gano $ 100.- se a priori que esa cantidad es la que será el límite de cualquiera de mis gastos. Ergo, el presupuesto personal que elabore no podrá jamás ser mayor a los $ 100.- y si quiero comprar un producto que cuesta $ 200.- también se de antemano que no lo voy a poder hacer (salvo que solicite un crédito con las garantías respectivas, las que de no tener no se me otorgará).

En un sentido por completo inverso, el gobierno (que no genera ingresos propios) si desea comprar ese mismo producto que cuesta $ 200.- lo único que tiene que hacer para obtenerlo es cobrar impuestos a la gente por esa exacta o (lo que ocurre muy a menudo) mayor cantidad, algo que como es sabido, ningún ciudadano del llano puede hacer. La gente común no posee el menor poder para fijar sus propios ingresos, debido a que estos están fijados por el mercado. En cambio, el gobierno si tiene ese poder, porque la fuente de sus ingresos son –precisamente- los ingresos de sus súbditos.

Si realmente se quisiera limitar el poder político, debería revertirse lo señalado en el párrafo anterior, y que el gobierno también –como en el caso de los particulares- fije sus gastos en función de sus ingresos. Porque si realmente queremos un gasto publico bajo, hay que bajar los ingresos del “estado”, lo que -en otros términos- implica limitar su poder fiscal fijando un tope de impuestos a cobrar que no pueda en circunstancia alguna ser superado (excepto ocurrencias verdaderamente excepcionales como podría ser una catástrofe natural o una guerra, por ejemplo) pero no en otra situación. Todo lo cual -conforme expusimos mas arriba- se logra mediante una cláusula constitucional que lo diga, o una ley especial, o incorporando una estipulación análoga en la ley de presupuesto nacional ya vigente. En suma, fijar un tope a la recaudación y que los gastos estatales se limiten a ese tope.

Es cierto que el procedimiento puede llevarse a cabo a la inversa, fijando ese tope al gasto. En este contexto, debe establecerse por ley que los impuestos no podrán en ningún supuesto superar ese límite de gastos. No bastará –desde luego- que la disposición meramente lo prohíba, sino que además deberá preverse en su texto una penalidad para el escenario en que la ley se viole por parte de los burócratas de cualquier nivel, con sanciones de extrema gravedad, que impliquen penas pecuniarias y la separación del cargo en la hipótesis de reiteración.

Ahora bien ¿cuál debería ser el nivel del gasto o -mejor dicho- en qué punto debería definirse un gasto estatal como “bajo”?. Esta es una cuestión que podría llegar a ser complicada y que -en primera instancia- seguramente variará de un país a otro. Un parámetro que se nos ocurre podría ser tomar los precios de mercado de la actividad del sector privado y extrapolarlos a la misma actividad o servicio que pretende prestar el sector público. Por ejemplo, en materia de seguridad, educación, salud, etc. (y en la medida que se consideren algunas de estas o todas, funciones a cumplir por el “estado”).

La limitación de gastos e impuestos es una solución poco simpática para los políticos y los burócratas, pero lamentablemente también lo es para muchas otras personas que no entran ni en una ni otra de las dos categorías mencionadas, pero las que, sin embargo, tienen una mentalidad estatista o dirigista. Cuando el consenso mayoritario en un lugar determinado es estatista o dirigista nada podrá impedir un gobierno ilimitado con los consiguientes desajustes económicos (en otras palabras, sociales).

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Phil Collins y el ébola.

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 19/9/14 en: http://opinion.infobae.com/alejandro-tagliavini/2014/09/19/phil-collins-y-el-ebola/

 

Generalmente frente a las crisis los burócratas y políticos suelen proponer mayor intervención del Estado -que ellos manejan y usufructúan- como si no estuviera claro que el Gobierno -cuando es coactivo en base al monopolio de la violencia- sólo destruye, como toda violencia. En cuanto al ébola, por caso, las restricciones a la libertad de movimientos -cuarentena- en algunas poblaciones han causado estragos. Según el coordinador del centro de alertas del ministerio de Sanidad español, el contagio se puede evitar con cierta facilidad, porque solo pueden contagiar los pacientes con síntomas ya desarrollados y, por tanto, predecibles.

Pero, algunos gobiernos, en lugar de aislar a los enfermos para evitar la propagación, han impuesto cuarentenas que “han resultado devastadoras… la gente no podía sacar a sus familiares enfermos y eso provocó que mucha más gente se contagiara”, según Médicos Sin Fronteras y, precisamente por esconderse de las regulaciones estatales, creen que los muertos reales superan en mucho las cifras oficiales. Por otro lado, los pobres son los más afectados por motivos como comer animales infectados, incapacidad de aislar adecuadamente a los enfermos e ignorancia en el cuidado.

Pero la propuesta de los políticos y burócratas consiste en aumentar el gasto estatal, al punto que la ONU pide US$ 1000 millones y países como EEUU contribuirán a este dispendio incluso con tropas militares. Ahora, el gasto estatal es, precisamente, un creador de pobreza ya que es solventado, en el mejor de los casos, por vía impositiva que recae con mucha más fuerza sobre los más humildes dado que los ricos tienen recursos para derivarlos hacia abajo como subir los precios de sus ventas o bajar salarios.

Para remate, la subdirectora de Sistemas de Salud e Innovación de la OMS dijo que es culpa del mercado el que no exista una cura para el ébola, cuando es exactamente al revés. Si los medicamentos, y la medicina en general, no están más avanzadas se debe a las regulaciones estatales que deciden qué medicamentos y qué escuelas medicinales son “legales”, generalmente digitadas por fuertes lobistas. Por caso, por sida murieron unas 36 millones de personas desde 1981 hasta que los pacientes de VIH enfrentaron el exceso de regulación impuesta por los Estados forzando a los gobiernos a dar vía libre a la investigación y ensayos clínicos.

El mercado natural no es un ámbito de materialismo egocéntrico, sino las personas trabajando y cooperando voluntariamente y en paz para el mejoramiento personal y, por ende, social, en contraposición con el Estado que es una imposición coactiva, violenta. Al mercado natural -con ausencia de coacción estatal- lo representan Augusto y Michaela, los padres de Lorenzo Odone, un niño afectado con adrenoleucodistrofia, que descubrieron un remedio para la enfermedad “incurable” de su hijo aun contra la “opinión” de los médicos “legalmente” matriculados. El padre de Lorenzo, quien finalmente murió a los 30 años, había asegurado en una ocasión: “Mi implicación en la enfermedad no viene del amor a la ciencia sino a mi hijo… Debía haber muerto a los 13 años, y hoy tiene 24”.

En 1992 esta historia fue popularizada por la película “Lorenzo’s Oil” (Un aceite para Lorenzo) y Phil Collins compuso una canción, “Lorenzo”, con un poema que Michaela le escribió a su hijo.

 

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.