gasto estatal

Entelequias fiscales

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/11/entelequias-fiscales.html

«A título de principios, inmutables para un buen impuesto, que respete fundamentalmente la regla de la igualdad, Stuart Mill recomienda las cuatro máximas expuestas por Adam Smith que han sido aceptadas por numerosos economistas y, por consiguiente, ofrecen las características de verdaderamente «clásicas». Estas máximas son 1» Los sujetos del Estado deberán contribuir a sostener el gobierno tanto como sea posible en relación a sus facultades, es decir, en proporción de la renta de que ellos gozan bajo la protección del Estado. De la observación o del desprecio de esta máxima surge la igualdad o la desigualdad de un impuesto. 2» El impuesto que cada uno está obligado a pagar debe ser definido y no arbitrario.»[1]

La expresión «sujetos del Estado» presenta problemas, porque si se entiende que el «estado» se compone de tres partes o elementos (gobierno, territorio y población) como acuerdan la mayoría de los juristas, es evidente que uno de los tres elementos (el territorio) no puede «contribuir», por cuanto no se trata de un ser humano. Nos quedan entonces solo los dos elementos restantes como posibles «contribuyentes» (gobierno y población) pero, como el gobierno está integrado por algunos miembros de esa población será más claro hablar de gobernantes y gobernados, ya que toda población se divide en estas dos partes.

Ahora bien, ya explicamos que los gobernantes no pagan impuestos como tales, entonces, nos quedan (por descarte) que se pretende hacer recaer esa «obligación» (cuyo fundamento no se ha dado, o se dieron «fundamentos» falaces para la misma) exclusivamente sobre los gobernados (es decir, solo una parte de la población).

Esto demuestra que es falsa la cacareada pretensión de «igualdad fiscal» (los burócratas se autoexcluyen de las leyes fiscales).

En suma, sigue sin explicarse porque unas personas deben mantener a otras (gobernados a gobernantes) y además de manera «obligatoria». La respuesta típica es porque el gobierno tiene el monopolio de la fuerza para exigirlo, pero entonces preguntaríamos ¿Quién le ha otorgado ese monopolio? Hoy en día se respondería que el parlamento, pero el interrogante subsiste ¿quién le ha conferido autoridad al parlamento para otorgar monopolios a nadie, y menos aún a un grupo de personas que se auto titulan «gobierno”? Se responderá: la Constitución, pero tampoco satisface las preguntas anteriores esta respuesta, porque volveremos a preguntar ¿Quién les ha otorgado a los redactores de la constitución la facultad de otorgarles a otras personas el establecimiento de monopolios incluido el de la fuerza?, se responderá «el pueblo» lo que tampoco resuelve nuestra pregunta original, simplemente porque esta última respuesta carece de toda prueba y evidencia, ya que no existe ningún registro documental que sirva para probar que el pueblo -así en abstracto- hubiera jamás conferido a nadie facultad alguna para constituir monopolios, ni mucho menos, constituirse en monopolio por sí mismo por decreto legal. Las teorías del «contrato social, pacto social» etc. no tienen evidencia ni fundamento de ningún tipo.

No existe, pues, tal cosa como «igualdad fiscal». Y en cuanto a que «El impuesto que cada uno está obligado a pagar debe ser definido y no arbitrario» peca de inocente. porque no ha tenido en cuenta al tan extendido hoy en día impuesto definidamente arbitrario.

«La época de pago, el modo de pago, la suma a pagar debe ser determinada con un sentido y de una manera inteligible para el contribuyente y para todo el mundo. Mientras que, si fuera de otro modo, toda persona sujeta al impuesto se encuentra más o menos sometida al recaudador que puede agravar la carga del contribuyente para el cual está mal dispuesto o extorsionar por el temor de cualquier gratificación.»[2]

Que estas cosas se cumplan, en el mejor de los casos, puede hacer menos evidente la arbitrariedad del impuesto, pero no la eliminan por competo. Aun conocidos esos detalles el impuesto puede seguir siendo arbitrario. ¿Quién define la arbitrariedad del impuesto? Indudablemente aquel que tiene que pagarlo, nadie más que él. Por cuanto es el único que conoce sus necesidades, patrimonio, proyectos, etc. Todas cosas que se verán más o menos afectadas por el impuesto. No es menos arbitrario el impuesto que alterará -por ejemplo- más del 50 % de mi patrimonio por el hecho que yo tenga la certeza de que el plazo de pago vencerá todos los días 5 de cada mes, que puedo pagar en efectivo o cheque, etc.

De hecho, se puede decir que la teoría que impera en materia fiscal es la contraria: la de la arbitrariedad, porque es la que efectivamente se aplica en la práctica para desgracia de todos, menos de los burócratas.

Igual de arbitrario seria que la tasa fuera baja pero que el recaudador pudiera exigirla en cualquier momento, o, de cualquier modo, etc.

La única manera de poder decir que un impuesto es menos arbitrario que otro (o menos arbitrario en sí mismo) es que el gasto que está destinado a satisfacer sea bajo. Por eso, la discusión relevante no es, en el fondo, sobre el impuesto, ya que este no es más que un efecto del gasto estatal (que es su verdadera causa). Lo vicioso del impuesto es su carácter de coactivo, pero su origen (y el del mal) debemos buscarlo -y lo hallaremos- en el gasto estatal.

«El carácter indefinido del impuesto —y esto es una práctica que se recoge a diario, en todos los países y en todas las épocas—, estimula la insolencia y favorece la corrupción de una clase de hombres naturalmente impopulares, aun cuando no fueran ni insolentes ni corrompidos.»[3]

Aquí se dice algo interesante y muy cierto. Los impuestos fomentan la insolencia y la corrupción, y el mismo párrafo reconoce que esto es diariamente observable. Basta ver las planillas fiscales que tiene que llenar y completar el expoliado para poder ver con nitidez la cantidad de preguntas insolentes que formula el fisco, realmente uno al completarlas se siente de la misma manera que debieron sentirse los esclavos de la antigüedad.

El trato humillante que reciben los expoliados en la oficina de tributos, la cantidad de trámites agobiantes e inútiles que deben realizar, la arrogancia con que los empleados fiscales observan a sus víctimas tributarias, etc. justificaría por si solo la abolición de todo el sistema fiscal, y reemplazarlo por otro verdalmente voluntario. Naturalmente, somos conscientes que muy lejos estamos de ese ideal, sino que, al contrario, si existió una época donde los impuestos constituían la arbitraria voluntad del déspota de turno, entonces, o no hemos experimentado evolución alguna o -caso contrario- hemos ido en franca involución, regresando a aquel sistema de barbarie en materia fiscal.

[1] Mateo Goldstein. Voz «IMPUESTOS» en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15, letra I, Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem.

[3] Goldstein, M. ibidem.

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en @GBoragina

Soberanía alimentaria: otra sandez

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 10/6/2020 en: https://eleconomista.com.ar/2020-06-la-soberania-alimentaria-otra-sandez/

Tal como hemos advertido en diversas circunstancias, hoy el Gobierno sigue los lineamientos del chavismo y si no se revierte a tiempo terminará en la misma tragedia venezolana.

Ahora se anuncia la expropiación de una empresa centenaria con gran presencia en la exportación agroindustrial, harinas, aceites, la ganadería, la industria frigorífica y la vitivinicultura. Se presentó en concurso de acreedores debido a un pasivo de más de US$ 1.000 millones con bancos y más de US$ 300 millones adeudados con el sector agrícola.

Como es de público conocimiento, el gasto estatal se encuentra a niveles astronómicos lo cual hace que la carga tributaria resulte descomunal, la deuda, hoy nuevamente en proceso de “renegociación”, ha escalado a niveles insostenibles a lo que se agrega una expansión monetaria colosal en un contexto de amenazas a la libertad de prensa, proyectadas reformas inauditas al Poder Judicial, querellas frenadas por sonados casos de corrupción y la pretensión de endosar el manejo presupuestario a la jefatura de gabinete lo cual es función primordial del Poder Legislativo. Como si esto fuera poco, este enjambre se lleva a cabo machacando con las fallidas recetas de controles de precios y embates contra comerciantes.

¿Será posible que en lugar de encaminarnos hacia los principios alberdianos que en su momento hicieron de nuestro país uno de los más prósperos del planeta, nos encaminemos a la profundización del estatismo que nos viene hundiendo en el fango desde hace ocho décadas? ¿Será posible que no nos hayamos dado cuenta de los estrepitosos fracasos que ha provocado el estatismo en todo el mundo donde se ensayó?

Si no fuera dramático podríamos decir que lo que ocurre es digno de una producción cinematográfica de Woody Allen. Se vuelve a repetir la cantinela que la expropiación de marras “es una decisión estratégica del Gobierno” y que “rescatará la empresa y preservará las fuentes de trabajo”, sin percatarse que es la población que debe agregar al ya gigantesco peso que debe soportar cotidianamente con el fruto de su trabajo para todavía tener que financiar una aventura adicional. Esto es lo ideal para que se derrumben aún más los salarios e ingresos en términos reales. No son los gobernantes los que contribuyen de su peculio a estas financiaciones (ni ninguna otra), son los habitantes que deben absorber semejantes gastos adicionales lo cual acentúa la bancarrota al tiempo que ahuyenta a inversores potenciales locales y del extranjero pues resulta un riesgo superlativo el atreverse a encarar actividades económicas en un clima semejante.

Lo dicho también alude a una ridícula “soberanía alimentaria” que ha conducido a las hambrunas más espeluznantes en todos lados donde los aparatos estatales pretendieron inmiscuirse en la administración de alimentos, a lo que se acumulan las ya deficitarias empresas estatales. Como es sabido, la característica medular de una empresa es el arriesgar recursos propios, el dar un manotazo y poner en riesgo por la fuerza recursos de terceros no constituye una actividad empresarial. El mismo establecimiento de una empresa estatal significa que inexorablemente se altera la prioridad que establecen los consumidores con los siempre escasos recursos. Si, en cambio, la empresa estatal se ubicara en lo mismo que la gente prefiere no tiene sentido su intervención si va a hacer lo mismo que hubieran realizado las personas libremente con el consiguiente ahorro de gastos burocráticos.

Por lo dicho, politizar la actividad empresarial es lo peor para la salud de la economía. La asignación de los derechos de propiedad permite en una sociedad libre que obtengan ganancias los comerciantes que dan en la tecla respecto a los gustos de sus semejantes y que incurran en quebrantos los que no aciertan. Este proceso sanador contrasta con llamados empresarios, en verdad asaltantes, que se alían con el poder de turno para obtener privilegios que siempre atentan contra el bienestar de la población.

Es reconfortante la reacción y la preocupación por estas medidas alarmantes puestas en evidencia por destacados periodistas, sustanciosos colegas y la parte de la actual oposición liberada de los fracasos estrepitosos del Gobierno anterior. Es de desear que se recapacite antes de caer en el pestilente pozo venezolano donde el “exprópiese” resuena como un alarido mortal.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

¿Vuelve el peronismo a la Argentina?

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 31/10/19 en: https://www.ambito.com/vuelve-el-peronismo-la-argentina-n5062907

Argentina era rica, su ingreso per cápita -en dólares de 1992- era de US$ 3.797 en 1913, encima de Francia (3.452) y Alemania (3.134). Hoy es pobre. Aunque empezó antes, la caída se profundizó con Perón. Ahora, nadie es más peronista que los “antiperonistas” que le atribuyen al líder el ser omnipotente, al punto que él solo causó esta debacle.

El peronismo, que ha dominado la política local durante 70 años, volvería al poder tras ganar las elecciones presidenciales Alberto Fernández apoyado por Cristina Kirchner. ¿Pero, realmente vuelve… o nunca se fue? “No es que nosotros seamos tan buenos”, decía Perón, “sino que el resto son peores”.

Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri son los únicos presidentes “no peronistas” desde la reinstauración de la democracia en 1983. Alfonsín, acosado por la hiperinflación, el caos y el estado de sitio, renunció en 1989. Lo sustituyó Carlos Menem. En 1999 fue elegido Fernando de la Rúa que, en 2001, también renunció en medio de otra fuerte crisis.

Macri terminaría su mandato el 10 de diciembre. ¿Cómo perdió las elecciones? Lo votaron peronistas -su candidato a vicepresidente fue un peronista histórico- y a Fernández lo votaron no peronistas. Macri perdió por dejar un país destrozado, con menos libertad individual, jactándose de aumentar el gasto en asistencialismo y con más empleados y empresas estatales. O sea que la vuelta del peronismo “oficial” es solo la continuidad, con otros matices.

Macri, hijo de un empresario -rico a partir de “privilegios” estatales- con su engañoso discurso “promercado” -cuando había mostrado ser lo contrario- enamoró a empresarios, presidentes y burócratas estatales como los del FMI que le prestaron US$ 57.000 millones -48% de todo lo prestado hoy por el organismo- para seguir agrandando el Estado.

Para más confusión, lo apoyó la derecha conservadora auto denominada “liberal”, pero con poco apego real a la libertad, que insiste en la misma cantinela -igual que el FMI- de un “ajuste” impotable: bajar el gasto estatal recortando sueldos, empleados y jubilaciones, lo que sería una bomba porque, dada la actual situación, crecería la desocupación y la marginalidad.

Antes debe desregularse fuertemente de modo que se expanda la economía, sobre todo el sistema laboral para que el mercado pueda absorber desocupados, deben venderse propiedades estatales lo que permitiría obtener recursos, ahorrar gastos y transferir empleados y así solucionar el déficit fiscal. Pero, primero debe desregularse el sistema sindical fascista de otro modo estos sindicatos -fuertemente politizados- impedirán cualquier movimiento, cosa que Macri y estos “liberales” nunca propusieron.

El anterior gobierno, de Kirchner, subió el gasto del 25 al 48 % del PBI, pero tuvo suerte y dejó un país creciendo al 2,7% anual. Macri aumentó ese gasto en términos relativos logrando una fuerte recesión al punto que el PBI caerá este año -3,1%, subió la presión fiscal, la deuda llevando los intereses al 70%, y la inflación hasta el 57,3% anual -superada solo por Venezuela y Zimbabue- del 27% que había encontrado. Deja en la pobreza a más del 35% de la población y en desempleo al 10% -desde el 9,2% que encontró- con un 50% de trabajadores en el mercado informal y de los restantes, formales, el 15% estatales y solo el 35% son del sector privado cuyos impuestos sostienen un Estado que, entre otras cosas, financia asistencialismo para 21,6 millones de personas.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Ex Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE. Síguelo como @alextagliavini

El recorte del gasto no es una condición necesaria ni suficiente

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 23/7/19 en: https://www.ambito.com/el-recorte-del-gasto-no-es-una-condicion-necesaria-ni-suficiente-n5044236

El establishment conservador -que todo cambia para que siga igual- insiste en que es imprescindible recortar el gasto estatal para que la economía crezca. En rigor, buscan que el Estado pueda seguir con su característica ineficiencia, que lo lleva a ser deficitario, y lo resuelven de modo fácil: recortar gastos, sobre todo sueldos, en lugar de convertirlo en menos ineficiente.

Para el crecimiento del mercado el recorte del gasto estatal no es condición suficiente. De hecho, el primario real cae hace casi 20 meses y, como porcentaje del PBI, va camino de ser el más bajo en diez años. Pero esta caída queda ensombrecida por el aumento de los pagos por la deuda. Y la economía no para de caer.

En el primer semestre de 2019, el resultado primario fue superavitario en 0,15% del PBI. Ingresaron $30.221 M más que los gastados. Pero el pago de intereses creció 118,4% i.a., pasó de 1% a 1,5% del PBI. Así, el resultado primario más financiero fue deficitario en 1,3% del PBI.

Recortar el gasto puede ser contraproducente, caería el consumo y provocaría manifestaciones en contra sobre todo si se basa en la reducción de personal estatal y/o sueldos. En cambio, los gastos podrían solventarse con la venta de las innumerables propiedades estatales como que el superávit primario de junio se debe, en buena parte, a la venta de dos centrales térmicas y una concesión por un total de $44.596 M.

Tampoco es condición necesaria. Lo que debe hacerse es desregular -“desencorsetar”- la economía para que se expanda y vender los innecesarios bienes estatales. Al crecer la economía y disminuir la plantilla estatal por los empleados “privatizados”, se licuará sin traumas el gasto. En particular, deben desregularse las leyes laborales de modo que el mercado absorba los desempleados por Estado.

El principio filosófico es que la violencia destruye, entonces, lo malo del Estado no es que gaste o “invierta”, sino que utilice su monopolio de la violencia -su poder de policía- para recaudar como cuando cobra impuestos que nadie pagaría voluntariamente. Así, cuando el Gobierno dice que los ingresos crecen por encima de los gastos habrá que ver si son voluntarios -como cuando un privado paga por propiedades estatales que desea- o son coaccionados como los impuestos, la inflación -el exceso de moneda de curso forzoso- o las tasas impuestas por el BCRA.

Aun suponiendo que la presión impositiva disminuye, hay que ver si lo hace respecto al PBI privado, que cae, y hay que sumar la inflación y la tasa de interés, que no bajan y, por tanto, no es creíble una reactivación de la economía por mucho gasto que recorten.

En el año, la economía acumula una baja de 4,6% pero, según O. Ferreres, en junio empezó a dar la vuelta y habría crecido entre 2% y 3% i.a. Para los próximos meses se esperan también números positivos, y el año cerraría con una caída del PBI de “solo” 1,4%.

Aun cuando la cosecha de la campaña 2018/19 alcanzará el récord de 147 M de toneladas, según Agroindustria, y junto a la energía motorizan las exportaciones -crecieron 16% en junio- no compensan la retracción del mercado interno. La industria cae 9,8% i.a. en los primeros cinco meses y no reacciona, desde 2016 hasta fines de 2019 los salarios reales habrán caído 14,3%, el desempleo alcanza el 10,1%, y sube, la pobreza, según la UCA, roza el 35% y va por más.

Con las tasas que fuerza el BCRA, y el dólar artificialmente planchado, la inversión no existe, los ahorros son para la “bicicleta” y el mercado de capitales languidece. Según el IAMC, en el primer trimestre de 2019, el financiamiento a empresas en el mercado de capitales alcanzó u$s820 M, una caída de 72% i.a. Según datos del BM, en 2017, la ratio capitalización bursátil/PBI en Argentina era de 17%, Brasil 46,3%, Chile 106,4%, Francia 106% y EE.UU. 165%.

Tampoco es creíble que la inflación comienza a bajar sustancialmente, a pesar del 2,7% medido en junio y que para julio los analistas calculan entre el 2% y el 2,5%. Y el BCRA anunció que la tasa no bajará de 58% hasta tanto se conozca el próximo dato de inflación, el 15 de agosto y, aunque lo disimule, da señales de que la cosa no va bien. Decidió que la evaluación del cumplimiento de la meta de base monetaria se realizara bimestralmente -en julio/agosto- porque preveía que no se cumpliría en julio, aunque asegura que el promedio se mantendrá en $1.343 M.

Para el BCRA, “los bancos están integrando encajes durante el mes de julio por un monto mayor al requerido para el bimestre, esperándose una integración menor en agosto”. Con más demanda de dinero este mes, que lograba que las licitaciones de Leliq resultaran expansivas, y emisión de pesos para cambiar dólares del Tesoro, el promedio de base monetaria se alejaba de la meta en julio. El BCRA decidió, además, elevar en 3 puntos porcentuales la fracción de los encajes, por los depósitos a plazo fijo, que las entidades están habilitadas a integrar con Leliq (remuneradas).

Con el diario del lunes

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 13/8/18 en: https://www.cronista.com/columnistas/Con-el-diario-del-lunes-20180812-0034.html

No son pocos los administradores de carteras que aconsejan invertir en acciones estadounidenses obnubilados por algunos indicadores superficiales de esa economía y por la perspectiva del cobro de las correspondientes comisiones. Pero bajo esa superficie hay otros guarismos que apuntan en otras direcciones.

Básicamente la preocupación de analistas de fuste estriba en la colosal deuda pública norteamericana, el déficit fiscal creciente debido al simultáneo aumento del gasto estatal junto a la reducción de impuestos y la guerra comercial desatada también por el actual presidente (además de su xenofobia).

Con el diario del lunes

En este sentido, cabe subrayar como un acto de elemental justicia algunos nombres de destacadas personalidades estadounidenses que han publicado trabajos de gran valía dando voz de alarma respecto a los antedichos puntos. Estos son Peter Shift The Real Crash, William Bonner The New Empire of Debt, Doug Casey Crisis Investing, Ron Paul End the Fed, David Stockman Trumped. A Nation on the Brink of Ruin, James Richards The Big Drop y el artículo de Jim Rogers “What´s Coming is Going to be a Mess”.

Por mi parte, aprendiendo de esos maestros, he escrito en este mismo medio y en otros sobre los referidos indicadores que deben tomarse en cuenta ya que nada es irreversible si somos capaces de aprender la lección. Con el diario del lunes todos somos avezados, el asunto es adelantarse al efecto de procurar soluciones a ciertos nubarrones que se divisan en el horizonte. No es posible vivir todo el tiempo y de forma ilimitada de prestado.

El periódico “The Guardian” de Londres destaca que el gobierno chino ha dejado trascender que “está preocupado por la seguridad de sus activos” y Allan Meltzer declara que “Los chinos están inquietos porque tenemos [en Estados Unidos] un nivel de deuda insostenible y no hay visos de corregir el problema”. Por otra parte, el diario señala que autores locales como Ho-jung Hung apunta que “China depende mucho de la salud de la economía norteamericana para sus exportaciones” lo cual también enfatiza David Wyss (de Standard & Poor´s de Nueva York) como un incentivo para no vender bonos.

Ahora que Trump ha declarado una inaudita guerra comercial a China y también a socios de Estados Unidos, la situación empeora. Varios de los profesionales citados más arriba admiten la posibilidad que en un futuro no muy lejano China pretenda el principal en gran escala y no limitarse a cobrar intereses del Tesoro, lo cual anticipan que el morador actual de la Casa Blanca dirá que “es una declaración de guerra” cuando se trata de cobrar acreencias y agregan que en ese caso, aunque hoy parezca inconcebible, Estados Unidos entrará en default.

Se trata entonces de contribuir a que el gran país del Norte en el que todos los espíritus libres han cifrado sus esperanzas, retome la senda que nunca debió abandonar y que fortalezca valores y principios de los Padres Fundadores. Turquía es hoy un accidente.

Gasto, préstamos y crisis

Por Gabriel Boragina Publicado el 20/5/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/05/gasto-prestamos-y-crisis.html

Las tan famosas crisis económicas tienen -en un porcentaje muy alto- una causa común: un elevado gasto estatal. Ya hemos visto que los gobiernos poseen -casi de manera uniforme- una prolongada vocación a incrementar sus gastos, y también hemos estudiado los efectos perniciosos que, en el mediano o largo plazo, se originan por tal práctica. Pero, desde la aparición de los organismos de crédito internacionales, la propensión a subir el gasto estatal se ha visto potenciada, lo que ha dado lugar a diversos tipos de críticas a muchos de esos organismos. En particular a dos de ellos:

«Críticas al FMI y al BM .El rol de ambas instituciones se ha cuestionado seriamente. Algunos sostienen que deberían fusionarse mientras que otros se preguntan si deberían continuar existiendo. Los argumentos más importantes son que aumentan indirectamente el gasto público, que incrementan las tasas impositivas, que su sostenimiento es costoso, que el crédito es fungible y que por su mera existencia crean un problema de moral hazard muy importante. Por ejemplo, en el caso de México (1994-95), estas organizaciones habrían creado las condiciones de seguro implícito a la banca e inversores internacionales que incrementaron el moral hazard y ayudaron a detonar las crisis en el sudeste de Asia en 1997, y luego en Rusia en 1998»[1]

Estas manifestaciones han demostrado ser certeras en un porcentaje muy cercano al cien por ciento de los casos. Obviamente, la sola existencia de un ente (o de varios de ellos) que opera como «banco de bancos», resulta un incentivo muy importante como para que se recurra al mismo a fin de lograr financiación. En el caso de los gobiernos, esos recursos demandados a tales organismos apuntan normalmente a incrementar el gasto público, y se apela a ellos cuando los gobiernos han agotado ya los mecanismos de costeo interno para sostener sus erogaciones. Como hemos señalado, la fuente ordinaria destinada a enjugar las salidas dinerarias del gobierno son los impuestos. Pero, la recaudación fiscal no es infinita, sino que está tasada. Su límite es el de la productividad total de la economía. No obstante, los recursos recaudados suelen encontrar su techo mucho antes de llegar a ese tope. Esto ha sido explicado por el economista americano Arthur Laffer mediante su famosa curva: cuando se supera el punto óptimo fiscal la recaudación tiende irremediablemente a decaer.

«Los créditos de las instituciones multilaterales ablandan la restricción presupuestaria de los gobiernos Es decir aumentan indirectamente el gasto público. En buen español se diría que estos préstamos al verse como “baratos” y de fácil acceso, llevan a los países a gastar más (y no necesariamente mejor). Esto se debe a que la posibilidad de obtenerlos aumenta las presiones políticas de los distintos ministerios y secretarías y subsecretarías para gastar más.»[2]

Lógicamente, si el gobierno conoce de antemano que dispondrá de financiamiento internacional para emprender sus «proyectos», se va diluyendo cualquier aliciente a mantener alguna disciplina fiscal y, por consiguiente, cualquiera limitación presupuestaria va cediendo al mismo compás. En los estados paternalistas, pueblos y gobiernos suelen compartir la visión mal llamada del «estado benefactor» por la cual los gobiernos deberían atender absolutamente todas las demandas de la población que hagan a servicios «sociales» en su más amplio espectro, abarcando educación, sanidad, seguridad social, previsión, etc. Si se entienden estas actividades como funciones «propias del estado», fácil deviene comprender que los recursos necesarios para sostenerlas demandarán aumentos desmedidos del gasto publico. Entonces se acuden a los créditos internacionales:

«La conclusión del profesor Arnold Harberger, después de realizar un estudio sobre el BM, a principios de los ochenta, dejó muy deprimidos a los ejecutivos del Banco. Según Harberger la influencia más importante del BM ha sido la gran competencia que los funcionarios del Banco tenían y adquirían en la evaluación de proyectos de inversión. Los funcionarios del BM al regresar a sus países hacían una gran contribución al evaluar las propuestas de gasto público en sus gobiernos.»[3]

Hemos de suponer cierto tono irónico en la redacción del párrafo que acabamos de transcribir. Lo primero que corresponde aclarar en materia técnicamente económica es que, aun cuando a menudo se los utiliza como sinónimos, los términos gasto e inversión no son equivalentes, de donde «gasto público» no se equipara a «inversión pública». En sana doctrina económica, la «inversión pública» no existe, por cuanto los fondos supuestamente «invertidos» no son propios del gobierno, sino que pertenecen a terceros, concretamente a los mal llamados «contribuyentes» (dado que el que esta forzado a pagar impuestos no «contribuye» a nada, excepto que se conceptúe como posible alguna presunta «contribución» forzada. De nuestro lado, consideramos el vocablo «contribución» como un acto voluntario y no obligado).

Ciertas manipulaciones cambiarias, a los que los políticos y «técnicos» improvisados son tan afectos, combinadas con alto gasto público coadyuvan a potenciar las crisis económicas:

«Así, por ejemplo Argentina en diciembre de 1979, dio a conocer una tabla con la cotización futura del dólar para los próximos meses, día por día. En ese momento, Argentina tenía un ritmo de inflación del orden de 140% anual y la tablita tenía implícito un porcentaje de devaluación anual en el orden de 70%. Naturalmente, desde el arranque, la tasa de inflación, aunque declinante, fue superior a la de devaluación, con lo que se generó una situación de gran distorsión conocida como «atraso cambiario». Este atraso, y el excesivo gasto público financiado con deuda, terminó con la tablita y todo el programa a comienzos de 1981.»[4]

La crisis era fácilmente evitable si se hubieran querido adoptar las únicas medidas razonables que correspondía tomar en la coyuntura señalada. Estas eran muy simples : 1)dejar flotar el tipo de cambio de manera completamente libre sin ataduras políticas de ninguna índole y, 2) reducir o –al menos- no incrementar el gasto público, lo que habría hecho innecesario sufragarlo con empréstitos. No obstante, ninguna de estas sanas recetas fue apadrinada.

[1] Valeriano F. García. Para entender la economía política (y la política económica). Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos México, D. F. 2000. pág. 129

[2] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 129

[3] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 131

[4] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 167/8

Inflación y gasto

Por Gabriel Boragina Publicado el 7/5/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/05/inflacion-y-gasto.html

Existe la creencia, y en algunos casos la convicción, no sólo entre personas comunes sino también entre nombrados economistas que, en tanto la inflación constituye un problema económico, el gasto publico (en rigor, del gobierno) no lo es, o -al menos- no lo es tanto como la primera. No parece advertirse, en muchos casos, que existe una correlación entre esta y aquel. Políticos, periodistas -e incluso- economistas claman por reducir la inflación pero, casi al mismo tiempo, suelen afirmar que el gasto estatal es «inflexible a la baja». Esta muletilla, que tiene mucho de dogma y poco de juicio racional, se ha popularizado a través de los tiempos, hasta convertirse en una especie de máxima económica.

«Quizás exista aún alguna esperanza de que los socialistas democráticos se den cuenta de aquello que sus antecesores, los Conservadores, no observaron, principalmente que la causa fundamental de la inflación es el excesivo gasto del gobierno y que todas las normas sobre precios y salarios en el mundo no acarrearán el bienestar económico hasta que el Gobierno ponga su propia casa en orden.»[1]

La concatenación es clara y debería ser sencilla de observar por parte de los que hablan a diario del tema. Cuando el gasto del gobierno supera un cierto límite (y siempre -o muy a menudo- lo excede) los métodos previstos para sufragarlo ya no son suficientes, y se hace necesario echar mano a otros recursos. Conforme hemos visto antes, la manera legal de costear el gasto gubernamental es a través de los impuestos. Y decimos «legal» en virtud de que así debe estar determinado previamente en la ley de presupuesto de la nación. Cuando los fondos fiscales son inferiores a los gastos, y la curva de Laffer hace sentir sus típicos efectos, los gobiernos recurren a la inflación.

«Tal vez la prioridad número uno sea una disminución, aunque gradual, del gasto público; el gasto del gobierno y su administración deben equipararse con los impuestos si se desea reestablecer el equilibrio monetario en la economía inflacionaria. En un grado mucho menor, los controles de salarios podrían cumplir una función breve y de importancia «cosmética» en la reducción de las expectativas relativas a los incrementos de precios, reduciendo la propensión marginal de los individuos a consumir, y preparando al país para reducciones en la prestación de servicios por parte del Gobierno.»[2]

En realidad, la solución final es reducir el gasto estatal al mínimo indispensable. Para lo cual, como es sabido y tantas veces hemos dicho, se hace necesario redefinir las funciones que debe cumplir un gobierno (a veces se expresa con la alocución «funciones del estado». Es mas preciso hablar de «gobierno» porque el que gasta es este y no el estado-nación en su conjunto). Es importante para ello entender que, allí donde las funciones estatales se expanden implica en forma automática una congrua contracción de las actividades de los particulares (individuos y empresas). Como con meridiana sabiduría ha enseñado el profesor Ludwig von Mises, por cada peso que gasta el «estado» habrá un peso menos para que gasten los privados. Si con el objetivo de costear el gasto estatal el gobierno echa mano a la inflación (conforme lo hace con frecuencia), normalmente los problemas que se pretenden solucionar se agravan, como sucede con las políticas monetarias activas:

«La mayoría de las crisis financieras tienen su origen en causas macroeconómicas y el problema se propaga con base en el sistema de reservas fraccionarias y los seguros de depósito que no cumplen con los criterios de Sjaastad. Entre las causas detonantes de origen macroeconómico están las que surgen de políticas económicas que son inconsistentes en el tiempo. Por ejemplo, ha sido muy común que países con alta inflación hayan usado el tipo de cambio como ancla para estabilizar la economía. La mayoría de esos países fracasaron en estabilizar la economía por no usar una política fiscal congruente con la del tipo de cambio. No lograron la estabilización y terminaron en una crisis bancaria.»[3]

Mas que inconsistentes en el tiempo, cabria hablar de políticas económicas que son incompatibles entre sí. Entre ellas ocupan un lugar destacado los controles de todo tipo, inclusive los mas populares que son los controles de precios. Cabe considerar que fijar el tipo de cambio no es más que un control de precio como cualquier otro, la diferencia distintiva es que lo que se regula es la paridad a que debe estar una moneda respecto de otra, o de un conjunto de diferentes signos monetarios entre sí. En el caso que analiza el autor en comentario, la eclosión vino como consecuencia de no querer reducir la inflación (en verdad, no poder, saber o querer reconocer los orígenes de la misma), y -por las mismas razones- no bajar impuestos, ni tampoco querer resignar la política expansiva del gasto estatal. Y así:

«Por ejemplo, Argentina y Chile durante los primeros años de la década del 1980. Argentina uso una tabla de devaluación prefijada y preanunciada desde diciembre de 1978 hasta febrero de 1981. Su política crediticia también tenía una tabla que era consistente con la tabla del tipo de cambio. Sin embargo, una política fiscal de aumento del gasto público generó un endeudamiento público creciente. También el sector privado se endeudó debido a que había gran liquidez internacional con tasas de interés muy bajas. Cuando fue obvio que la única manera en que el gobierno argentino podía pagar su deuda externa era no pagando la interna, el tipo de cambio fijado explotó. Esto causó un problema muy grande tanto en el portafolio de los bancos como a quienes tenían sus deudas bancarias en dólares, generando una crisis bancaria donde el fraude también encontró un clima propicio.»[4]

El anclaje del tipo de cambio y el sistema de devaluaciones programadas no solucionan -de ninguna manera- una política ampliatoria de gasto estatal que se pretende financiar con los mecanismos habituales: presión fiscal, endeudamiento y –finalmente- inflación, a los que se apela cuando van fracasando los planes de ingeniería social y económica que se elaboran desde las esferas del poder.

[1] Robert L. Schuettinger – Eamonn F. Butler. 4000 Años de Control de Precios y Salarios. Cómo no combatir la inflación. Prólogo por David L. Meiselman. Primera Edición. The Heritage Foundation. Editorial Atlántida – Buenos Aires. Pág. 169

[2] Robert L. Schuettinger – Eamonn F. Butler. 4000 Años de Control…Ob. cit. Pág. 188

[3] Valeriano F. García. Para entender la economía política (y la política económica). Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos México, D. F. 2000. pág. 98

[4] Valeriano F. García. Para entender la economía política…ob. cit. pág. 98

División de poderes versus gobierno limitado

Por Gabriel Boragina. Publicado el 30/1/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/01/division-de-poderes-versus-gobierno.html

Es frecuente confundir gobierno limitado con división de poderes. Pero desde nuestro punto de vista, en modo alguno resultan sinónimos. Generalmente se apela a la clásica división tripartita de poderes (en rigor, vendrían a ser los órganos de un mismo y único gobierno) que los separa en un poder ejecutivo, otro legislativo y uno judicial. Y suele decirse que en esto consiste la «limitación» del gobierno o un gobierno «limitado».

No lo creemos así, por cuanto detentando el gobierno el 100% del poder, y suponiendo una división igual del mismo entre las mencionadas tres ramas de aquel, esto equivaldría a un reparto del poder en un 33,33% para cada una de esas ramas. Lo que implicaría que ese poder se ha dividido en tres, pero en modo alguno se lo ha limitado, dado que la suma de ese 33,33% siempre seguirá dando el mismo resultado: un 100% de poder, o sea, el poder total del gobierno. En el mejor de los supuestos, esto equivaldría a una limitación formal o nominal, pero no efectiva ni real, habida cuenta que desde el punto de vista del gobernado, el gobernante sigue detentando el 100% del poder, solo que dividido entre tres ramas. Poder dividido no es igual a poder limitado.

Nosotros creemos que el poderío político se visualiza mejor si lo contemplamos desde un punto de vista económico. Y desde este ángulo, el poder político no viene a ser algo diferente al poder de gastar y de recaudar las cantidades que serán destinadas a lo que mal se llama gasto «público» y que -en definitiva- no es ninguna otra cosa que simple gasto estatal. Simple pero no inocuo. He aquí lo que consideramos el verdadero límite. En consecuencia, lo que se debe limitar es el gasto estatal y el poder fiscal si lo que se quiere es ponerle límites al gobierno o -en los términos planteados- tener un gobierno genuinamente limitado.

¿Cómo reducir el gasto estatal y el poder fiscal? Lo idóneo seria hacerlo a través de una cláusula constitucional, pero si ello no fuera posible no habría óbice para crearlo a través de una ley dictada al efecto. Podría efectuarse incluso mediante una sencilla reforma a la ley de presupuesto nacional ya vigente, sin necesidad de dictar una norma nueva. Pocas veces se tiene en cuenta que la ley del presupuesto nacional es la clave del poder estatal (y también de su limitación que tratamos ahora).

El problema básico es que el gobierno –a través de la ley de presupuesto nacional- fija primero su meta de gastos y, en función de estos, luego la de sus ingresos para solventar esos gastos. Todos nosotros tenemos un presupuesto. Como particulares los ciudadanos comunes fijamos nuestros gastos en función de nuestros ingresos. Si, por ejemplo, gano $ 100.- se a priori que esa cantidad es la que será el límite de cualquiera de mis gastos. Ergo, el presupuesto personal que elabore no podrá jamás ser mayor a los $ 100.- y si quiero comprar un producto que cuesta $ 200.- también se de antemano que no lo voy a poder hacer (salvo que solicite un crédito con las garantías respectivas, las que de no tener no se me otorgará).

En un sentido por completo inverso, el gobierno (que no genera ingresos propios) si desea comprar ese mismo producto que cuesta $ 200.- lo único que tiene que hacer para obtenerlo es cobrar impuestos a la gente por esa exacta o (lo que ocurre muy a menudo) mayor cantidad, algo que como es sabido, ningún ciudadano del llano puede hacer. La gente común no posee el menor poder para fijar sus propios ingresos, debido a que estos están fijados por el mercado. En cambio, el gobierno si tiene ese poder, porque la fuente de sus ingresos son –precisamente- los ingresos de sus súbditos.

Si realmente se quisiera limitar el poder político, debería revertirse lo señalado en el párrafo anterior, y que el gobierno también –como en el caso de los particulares- fije sus gastos en función de sus ingresos. Porque si realmente queremos un gasto publico bajo, hay que bajar los ingresos del «estado», lo que -en otros términos- implica limitar su poder fiscal fijando un tope de impuestos a cobrar que no pueda en circunstancia alguna ser superado (excepto ocurrencias verdaderamente excepcionales como podría ser una catástrofe natural o una guerra, por ejemplo) pero no en otra situación. Todo lo cual -conforme expusimos mas arriba- se logra mediante una cláusula constitucional que lo diga, o una ley especial, o incorporando una estipulación análoga en la ley de presupuesto nacional ya vigente. En suma, fijar un tope a la recaudación y que los gastos estatales se limiten a ese tope.

Es cierto que el procedimiento puede llevarse a cabo a la inversa, fijando ese tope al gasto. En este contexto, debe establecerse por ley que los impuestos no podrán en ningún supuesto superar ese límite de gastos. No bastará –desde luego- que la disposición meramente lo prohíba, sino que además deberá preverse en su texto una penalidad para el escenario en que la ley se viole por parte de los burócratas de cualquier nivel, con sanciones de extrema gravedad, que impliquen penas pecuniarias y la separación del cargo en la hipótesis de reiteración.

Ahora bien ¿cuál debería ser el nivel del gasto o -mejor dicho- en qué punto debería definirse un gasto estatal como «bajo»?. Esta es una cuestión que podría llegar a ser complicada y que -en primera instancia- seguramente variará de un país a otro. Un parámetro que se nos ocurre podría ser tomar los precios de mercado de la actividad del sector privado y extrapolarlos a la misma actividad o servicio que pretende prestar el sector público. Por ejemplo, en materia de seguridad, educación, salud, etc. (y en la medida que se consideren algunas de estas o todas, funciones a cumplir por el «estado»).

La limitación de gastos e impuestos es una solución poco simpática para los políticos y los burócratas, pero lamentablemente también lo es para muchas otras personas que no entran ni en una ni otra de las dos categorías mencionadas, pero las que, sin embargo, tienen una mentalidad estatista o dirigista. Cuando el consenso mayoritario en un lugar determinado es estatista o dirigista nada podrá impedir un gobierno ilimitado con los consiguientes desajustes económicos (en otras palabras, sociales).

Phil Collins y el ébola.

Por Alejandro Tagliavini. Publicado el 19/9/14 en: http://opinion.infobae.com/alejandro-tagliavini/2014/09/19/phil-collins-y-el-ebola/

Generalmente frente a las crisis los burócratas y políticos suelen proponer mayor intervención del Estado -que ellos manejan y usufructúan- como si no estuviera claro que el Gobierno -cuando es coactivo en base al monopolio de la violencia- sólo destruye, como toda violencia. En cuanto al ébola, por caso, las restricciones a la libertad de movimientos -cuarentena- en algunas poblaciones han causado estragos. Según el coordinador del centro de alertas del ministerio de Sanidad español, el contagio se puede evitar con cierta facilidad, porque solo pueden contagiar los pacientes con síntomas ya desarrollados y, por tanto, predecibles.

Pero, algunos gobiernos, en lugar de aislar a los enfermos para evitar la propagación, han impuesto cuarentenas que “han resultado devastadoras… la gente no podía sacar a sus familiares enfermos y eso provocó que mucha más gente se contagiara”, según Médicos Sin Fronteras y, precisamente por esconderse de las regulaciones estatales, creen que los muertos reales superan en mucho las cifras oficiales. Por otro lado, los pobres son los más afectados por motivos como comer animales infectados, incapacidad de aislar adecuadamente a los enfermos e ignorancia en el cuidado.

Pero la propuesta de los políticos y burócratas consiste en aumentar el gasto estatal, al punto que la ONU pide US$ 1000 millones y países como EEUU contribuirán a este dispendio incluso con tropas militares. Ahora, el gasto estatal es, precisamente, un creador de pobreza ya que es solventado, en el mejor de los casos, por vía impositiva que recae con mucha más fuerza sobre los más humildes dado que los ricos tienen recursos para derivarlos hacia abajo como subir los precios de sus ventas o bajar salarios.

Para remate, la subdirectora de Sistemas de Salud e Innovación de la OMS dijo que es culpa del mercado el que no exista una cura para el ébola, cuando es exactamente al revés. Si los medicamentos, y la medicina en general, no están más avanzadas se debe a las regulaciones estatales que deciden qué medicamentos y qué escuelas medicinales son “legales”, generalmente digitadas por fuertes lobistas. Por caso, por sida murieron unas 36 millones de personas desde 1981 hasta que los pacientes de VIH enfrentaron el exceso de regulación impuesta por los Estados forzando a los gobiernos a dar vía libre a la investigación y ensayos clínicos.

El mercado natural no es un ámbito de materialismo egocéntrico, sino las personas trabajando y cooperando voluntariamente y en paz para el mejoramiento personal y, por ende, social, en contraposición con el Estado que es una imposición coactiva, violenta. Al mercado natural -con ausencia de coacción estatal- lo representan Augusto y Michaela, los padres de Lorenzo Odone, un niño afectado con adrenoleucodistrofia, que descubrieron un remedio para la enfermedad “incurable” de su hijo aun contra la “opinión” de los médicos “legalmente” matriculados. El padre de Lorenzo, quien finalmente murió a los 30 años, había asegurado en una ocasión: “Mi implicación en la enfermedad no viene del amor a la ciencia sino a mi hijo… Debía haber muerto a los 13 años, y hoy tiene 24”.

En 1992 esta historia fue popularizada por la película “Lorenzo’s Oil” (Un aceite para Lorenzo) y Phil Collins compuso una canción, “Lorenzo”, con un poema que Michaela le escribió a su hijo.

Alejandro A. Tagliavini es ingeniero graduado de la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California y fue miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE.