Los incentivos importan

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 16/4/2en: https://www.elpais.com.uy/opinion/columnistas/alberto-benegas-lynch/incentivos-importan.html

Dado que en el mundo estamos en plena pandemia abro esta nota periodística con el tema de las vacunas. Como es bien sabido la forma en que se actúa no es la misma cuando uno debe pagar las cuentas respecto a la situación en la que se fuerza  otros a hacerse cargo con el fruto de sus trabajos. Incluso la manera en que se encienden las luces y se toma café no es la misma cuando uno financia que cuando se impone la carga sobre los bolsillos de terceros que se ven compelidos a desembolsos con lo propio.

En este contexto es imperioso que a raíz del Covid se abran todos los canales posibles para conseguir, distribuir y aplicar vacunas, esto es no circunscribir la faena en las áreas estatales sino maximizar las posibilidades a través de centros privados de salud y farmacias al efecto de operar con potentes incentivos para multiplicar buenos resultados. Este no es un problema de mayor o menor buena voluntad en uno o en otro sector, se trata de fortalecer y multiplicar incentivos sobre todo en vista del grave problema de contagios y sin perjuicio de las normas que se establecen para proteger derechos.

Es muy cierto que hay gobiernos que marcan ejemplos nobles en cuanto a la debida transparencia de sus contratos, mientras que hay otros que proceden de modo opaco y pastoso con resultados lamentables en su gestión. A esto último se suelen agregar los tristemente célebres controles gubernamentales de precios que empeoran notablemente los problemas, lo cual viene ocurriendo desde la época de Hammurabi en el antiguo Egipto hace la friolera de 4000 años. En el caso que nos ocupa, a ciertos burócratas no se les ocurre mejor idea que encajar precios máximos a los medicamentos, barbijos y alcohol en gel con lo cual se multiplica la catástrofe sanitaria a lo cual inyectan intervenciones absurdas en las mutuales de medicina con lo que destruyen el sistema actuarial del seguro en perjuicio de los enfermos.

El tema de los incentivos es de larga data en economía, ciencias políticas y derecho en el que la propiedad privada desempeña un rol clave. Garret Hardin en la revista Science ha bautizado el fenómeno con el nombre de “la tragedia de los comunes”: lo que es de todos no es de nadie. En realidad este asunto ya lo trató Aristóteles cuatrocientos años antes de la era cristiana cuando refutó el comunismo de Platón. Nuevamente reiteramos no se trata de la dedicación y la abnegación de las personas involucradas, el tema es de incentivos naturales.

La institución de la propiedad privada permite usar los siempre escasos recursos de la mejor manera puesto que obliga a prestar debida atención a los requerimientos de los demás. Quienes aciertan con los gustos y preferencias de su prójimo obtienen ganancias y los que yerran incurren en quebrantos. Este aprovechamiento de los factores de producción hace que salarios e ingresos en términos reales se incrementen. Por el contrario, los estatismos que fuerzan otros destinos inexorablemente significan despilfarro, lo cual siempre empobrece. Esta es la diferencia central entre países ricos y pobres. En estos últimos, prevalece el atropello del Leviatán con tributos insoportables, inflaciones galopantes, deudas públicas astronómicas, gastos inauditos, a lo cual se adicionan  los déficits de las mal llamadas empresas estatales. Todo esto en lugar de abrir de par en par la energía creativa que genera la sociedad abierta.

Cierro esta nota con tres comentarios desafortunados sobre la idea de pobreza íntimamente vinculada a incentivos y contraincentivos. En primer lugar, refutar la machacona idea de sostener que la pobreza conduce a la delincuencia. Esta afirmación constituye un agravio para nuestros ancestros puesto que todos descendemos de las cuevas y la miseria más espantosa de lo que no se sigue que provengamos de delincuentes. Más aun, es muy frecuente constatar que personas muy modestas en su condición económica cultivan valores de respeto recíproco, mientras otros con ingresos suculentos revelan conductas inmorales por donde se los mire. En otras palabras, los principios éticos que se adoptan no tienen relación causal con el bolsillo, tienen que ver con el cultivarse como seres humanos.

En segundo término, se ha dicho que el populismo cala hondo en lugares pobres, lo cual no ocurre en zonas opulentas o que cuentan con ingresos mayores. Esto tampoco es cierto: antes que nada debemos percatarnos que los países ricos fueron pobres y no abrazaron el estatismo cuando se enriquecieron, de lo contrario hubieran seguido siendo pobres. Otra vez se trata de valores y principios que además de conducir a la decencia conducen a la prosperidad. En tercer lugar, es pertinente subrayar que también se insiste que la pobreza invita a un clima de planes sociales lo cual atenta contra la cultura del trabajo. Sin duda que los llamados planes sociales -esto es la entrega por parte de los aparatos estatales de recursos sustraídos compulsivamente del fruto del trabajo ajeno- degradan la noción del propio esfuerzo al tiempo que crean dependencia malsana con políticos demagogos e inescrupulosos y acentúan inexorablemente la pobreza. Pero esto no es exclusivo de los pobres, a muchos ricos también los estatistas les otorgan planes sociales encubiertos, solo que con otro nombre: se llama proteccionismo aduanero, mercados cautivos, créditos subsidiados, excepciones fiscales, “salvatajes” de deudas y privilegios de todo tipo a expensas de los trabajadores que no tienen poder de lobby.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Más sobre la tragedia de los comunes

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 19/1/21 en : https://eleconomista.com.ar/2021-01-mas-sobre-la-tragedia-de-los-comunes/

Más sobre la tragedia de los comunes

En varias oportunidades me he referido al pasar a esta tragedia pero es hora que le dediquemos una nota especial dada su trascendencia y la manía por repetir el fenómeno.

Descuento que quienes caen en este problema lo hacen con la mejor de las intenciones pero eso no modifica los resultados adversos. Veamos el asunto por partes. En primer lugar, la asignación de derechos de propiedad se hace imprescindible al efecto de usar los siempre escasos recursos del modo más eficiente posible. Si viviéramos en Jauja y hubiera de todo para todos todo el tiempo no habría que proceder en esa dirección. Pero, como no es el caso, es indispensable crear incentivos para que cada cual al efecto de mejorar su posición se vea obligado a mejorar la de su prójimo, sea vendiendo papas, computadores, medicamentos o lo que fuera. En este contexto, el que acierta obtiene beneficios y el que yerra incurre en quebrantos. Desde luego que en este proceso no hay cabida para los llamados empresarios prebendarios que se alían con el poder político para explotar a sus semejantes en base al privilegio.

En segundo término, es muy relevante tener en cuenta que en la medida en que los aparatos estatales se inmiscuyen en los precios inexorablemente lesionan la institución de la propiedad, ya que toda transacción implica trasferencias de derechos de propiedad. Al distorsionar precios se está naturalmente desfigurando las únicas señales que tiene el mercado para operar, es decir, para saber donde invertir y donde no hacerlo según las demandas de la gente. En el extremo -la abolición de la propiedad como pretenden los comunistas- los precios desaparecen por completo y por tanto también desaparece la posibilidad de la contabilidad, la evaluación de proyectos y el cálculo económico en general. Como tantas veces he ilustrado el tema, en esta situación no se sabe si conviene construir caminos con oro o con asfalto y si alguien dijera que con el metal aurífero sería un derroche es porque recordó los precios relativos antes de la expropiación de marras.

En tercer lugar, y aquí viene la tragedia de los comunes, lo que es de todos no es de nadie y los incentivos para cuidar lo propio no son los mismos si se dice que el bien en cuestión pertenece a todos. El comportamiento no es igual cuando uno debe hacerse cargo de las cuentas respecto a lo que ocurre cuando se obliga a otros a pagarlas con el fruto de sus trabajos. Incluso la manera en que se encienden las luces y se toma café no resulta igual cuando uno debe abonar el servicio respecto a la situación en la que terceros se ven forzados a hacerlo.

A contramano de lo que consignamos, hay una muy lamentable tendencia a endiosar lo colectivo y a repudiar lo individual con los resultados que están a la vista, especialmente negativos para los más vulnerables que sufren en mayor grado el embate del despilfarro. Nadie mejor que Jorge Luis Borges para ilustrar el punto: cuando se despedía de sus audiencias solía decir “me despido de cada uno y no digo todos porque todos es una abstracción, mientras que cada uno es una realidad.”

Contemporáneamente, Garret Hardin bautizó lo dicho en la revista Science como la tragedia de los comunes pero el desarrollo inicial se remonta a Aristóteles cuando refutó el comunismo de Platón. Hoy en día se extienden por doquier las políticas de lo colectivo en detrimento de lo individual, con lo que el empobrecimiento se incrementa a pasos agigantados en las diversas áreas. Hay un debate paralelo en cuanto a los denominados “bienes públicos” que se circunscriben a ciertos campos, en esta oportunidad no es el caso comentarlos solo remito a recientes argumentos sobre externalidades, asimetría de la información, el dilema del prisionero y lo que se conoce como el teorema Kaldor-Hicks.

Pero en todo caso, más allá de estos temas se hace necesario revisar la malsana insistencia de colectivizar todo lo que los políticos pueden echar mano comenzando por las tristemente célebres empresas estatales, en realidad una contradicción en los términos puesto que un emprendimiento empresario se traduce en poner en riesgo recursos propios y no de otros por la fuerza. Estas actividades estatales en el momento de su constitución alteran las prioridades de la gente puesto que en libertad le hubieran dado otro destino y si hicieran lo mismo que la gente prefiere no tiene sentido la intervención, sin perjuicio de los conocidos déficit, calidad de servicios y trabas explícitas o implícitas a la competencia.

La tragedia de los comunes se presenta como si fueran actos de solidaridad, sin percatarse que esa virtud solo tiene sentido cuando se lleva a cabo con recursos propios y de modo voluntario.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Tragedia de los comunes

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 4/10/20 en: https://www.elpais.com.uy/opinion/columnistas/alberto-benegas-lynch/tragedia-comunes.html

Hay un asunto que tiñe a todo el espectro del estatismo y es lo relacionado con los incentivos. Economistas de la talla de Ronald Coase, Harold Demsetz y Douglass North han trabajado especialmente en este tema y han publicado numerosos ensayos en la materia.

El eje central de esta cuestión clave reside en comprender que independientemente de las convicciones de cada cual y de su proyecto de vida resultan de gran importancia los incentivos naturales del ser humano al efecto de inclinarse por una u otra acción u omisión. Y en esta línea argumental es importante percatarse que lo que pertenece a una persona y que ha obtenido con el fruto de su trabajo le prestará mayor atención y cuidado respecto a lo que pertenece a otro, además, en una sociedad civilizada, naturalmente no tiene jurisdicción sobre lo ajeno. Entonces aquí tenemos una primera aproximación al aspecto medular de nuestro tema: está en el incentivo de cada uno proteger lo propio y con lo ajeno abstenerse de hacer daño pero no inmiscuirse a menos que sea invitado a hacerlo.

Una segunda derivación del mismo principio general es que lo que es de todos no es de nadie y, por ende, los incentivos a cuidarlo no son lo mismo respecto a lo propio. Para ilustrar lo que venimos diciendo supongamos que una chacra en lugar de tener dueño se dice que es de todos. ¿Quién se esforzará en sembrar si otros pueden cosechar y llevarse el producido? ¿Cómo se imagina el lector será el destino y la administración de su domicilio si se decidiera que es del todo el pueblo?

El sentido de la institución de la propiedad privada es precisamente para darle el mejor uso posible y en el contexto comercial el empleo de los siempre escasos recursos es para atender las necesidades del prójimo sea vendiendo empanadas, automóviles, libros o lo que fuera. El empresario que no sabe atender los requerimientos de los demás incurre en quebrantos y el que da en la tecla obtiene ganancias.

Aristóteles en sus discusiones con Platón sentó las bases de lo que modernamente en ciencia política se conoce como “la tragedia de los comunes” que así fue bautizada contemporáneamente por Garret Hardin en la revista Science.

Ilustremos esto con el caso de las mal llamadas empresas estatales, mal llamadas puesto que la característica esencial de la gestión empresaria es que se asume riesgos con recursos propios y no a la fuerza con el fruto del trabajo ajeno. No se trata de jugar al simulacro. Ahora bien, en el mismo momento en que la “empresa estatal” se constituye significa que se alteraron las prioridades de la gente en el uso de sus recursos y si se dijera que el emprendimiento coincide con lo que las personas hubieran hecho no tiene sentido la intervención. Por supuesto que si además esa entidad arroja pérdidas y es monopólica la situación no puede ser peor.

Tengamos en cuenta que si se pretendieran justificar actividades antieconómicas que de otro modo no se hubieran concertado para atender zonas inviables, debe tenerse presente que las consiguientes pérdidas inexorablemente ampliarán territorios inviables. Pero en todo caso lo que aquí queremos apuntar es que hasta la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma cuando el bien pertenece al titular que cuando lo pagan compulsivamente terceros. En democracia las decisiones tienen el límite del derecho del prójimo, en el extremo la mayoría no puede asesinar a la minoría sin demoler la democracia.

No se trata entonces de personas mejores o peores en el área comercial del aparato estatal respecto al privado, es un asunto de incentivos que marcan comportamientos. Cuando se alaba lo colectivo y se combate lo privado se apunta a lo abstracto y se deja de lado lo concreto. Borges lo ilustraba muy bien cuando se despedía de sus audiencias: “saludo a cada uno porque es una realidad y no digo todos porque es una abstracción”.

Por último, en este contexto no se diga que hay conflictos de intereses entre los particulares y los generales puesto que esto resulta imposible si se establece el respeto recíproco, esto es, la sociedad libre con la consiguiente garantía a los derechos de cada cual donde no aparecen esperpentos como los asaltantes disfrazados de empresarios que en lugar de operar en el mercado abierto se confabulan con el poder de turno para obtener privilegios.

Cuanto más extendida sea la asignación de derechos de propiedad más fuertes serán los incentivos para cuidar y multiplicar lo propio, lo cual en nada se opone a la filantropía ya que la generosidad implica el uso y la disposición de lo propio, de lo contrario disponer coercitivamente de lo que pertenece a otros no es solidaridad sino que constituye un atraco. Esta visión de respeto recíproco mejora la condición de vida de todos pero muy especialmente de los más necesitados puesto que la contención del despilfarro permite incrementar las tasas de capitalización y consiguientemente salarios e ingresos en términos reales. La tragedia de los comunes empobrece. Los países pobres viven el síndrome de esta maldición y lo tragicómico es que se hace en nombre de los más vulnerables que lógicamente son cada vez más vulnerables.

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

El “fundamento” económico del impuesto

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/05/el-fundamento-economico-del-impuesto.html

 

El impuesto es siempre una confiscación mal que les pese a los juristas y -en particular- a los tributaristas, porque viola la propiedad privada, pero no sólo esta, sino que -además y por, sobre todo- la libre voluntad del obligado al pago.

No existe tampoco ningún “mandato de la colectividad ejercitado por medio de sus representantes legales y que importa la decisión colectiva de hacer entrega al Estado de la parte alícuota del patrimonio particular” salvo en un sentido romántico e idealista de la democracia. Pero, en su significado realista ese mandato es el de una mayoría sobre una minoría que es, en esencia, lo que constituye la base del sistema democrático (el gobierno de una mayoría sobre una minoría) excepto en el raro caso de un resultado por unanimidad.

Pero aun en caso de unanimidad hay derechos que no son votables. El derecho a la vida no puede ser objeto de votación y nadie -ni en democracia o fuera de ella- puede desconocerlo. Si una unanimidad parlamentaria decidiera que los blancos pueden -de aquí en más- esclavizar a los negros (o viceversa) tal ley seria nula por violar el derecho natural. De la misma manera, ninguna unanimidad democrática puede arrogarse derechos sobre lo que es propiedad de otros. Estas cosas no son fruto de elección colectiva, ni de decisión siquiera. La propiedad privada es un hecho que el derecho simplemente se limita a reconocer protegiéndolo. Si democráticamente se decidiera suprimirlo sería imposible, porque implicaría que lo que es de todos no es de nadie, apareciendo “la tragedia de los comunes” explicada por Garret Hardin. Involucraría volver a “la ley de la selva” del “todos contra todos”, disputándose todos, la propiedad exclusiva de las cosas. La civilización es posible gracias al reconocimiento del derecho de propiedad. La barbarie es el resultado de su desconocimiento. Estos derechos -entonces- están mucho más allá de las elecciones y votaciones parlamentarias.

Si el gobierno fuera una necesidad real de la gente no sería necesaria compulsión alguna contra ella para crearlo y sostenerlo económicamente. Lo seria voluntariamente.

“En punto al fundamento económico del impuesto, no existe razón más valedera que la necesidad de mantener al Estado, y la consiguiente exigencia de que todo el mundo brinde su aporte al respecto. De otro modo, probablemente ocurriría el dramático vaticinio de Stuart Mill: “En ausencia de todo gobierno, los fuertes, los ricos, veríanse obligados a protegerse recíprocamente; pero los débiles, los pobres, no podrían escapar a la esclavitud”.”[1]

Sucede que el vaticinio de Stuart Mill se cumplió con los gobiernos incluidos, con los cuales todos, ricos y pobres se han visto reducidos a la esclavitud gubernamental. No era algo difícil de vaticinar: ya estaba ocurriendo en su época, y había sucedido antes de la suya. La fortaleza de los ricos pasó a los gobiernos, volviéndose ricos estos y reduciendo a los antes ricos a la debilidad de la pobreza, excepto en aquellos casos en la que los ricos entraron en alianzas espurias con los gobiernos para obtener ventajas de parte de este. Hoy en día, ricos y pobres se encuentran obligados a protegerse del gobierno cuando tendría que ser al revés. La cita anterior no tuvo en cuenta que basta una ley del gobierno que decrete que los ricos deben entregar su fortuna al poder de turno para que su antigua riqueza pase a ser solo un melancólico recuerdo y su despojo una triste realidad presente. La fuerza la tiene el que hace la ley y la ejecuta. Y eso solo lo pueden hacer los gobiernos, no los ricos.

Véase la contradicción del autor analizado cuando cita a Mill (con quien acuerda) comparado con sus primeras reflexiones sobre los gobiernos de la antigüedad (Egipto, Grecia, Roma, etc..) de los que decía que reducían a la miseria a sus pueblos sin distinción de fortunas. Egipcios, griegos, romanos, etc. no eran pueblos sin gobiernos. Lo que dice Mill era lo que ocurría con los gobiernos antiguos y modernos. Los gobiernos no evitan la esclavitud, sino que esclavizan a sus súbditos apenas tienen la oportunidad de hacerlo. La esclavitud no aparece por la ausencia de gobierno sino por su exceso. En realidad, la esclavitud sólo ha aparecido en aquellos lugares donde primero brotaron los gobiernos.

En consecuencia, el “fundamento económico del impuesto” que da el autor no es tal.

“Es verdad que, a través de los tiempos, varió el carácter de la gravitación del impuesto sobre los diversos factores que incluyen a la sociedad: los magnates, los poderosos, los ricos, los pobres, los totalmente desheredados de fortuna. Es obvio que en los casos de pobres y desamparados, no se debían construir doctrinas jurídico-filosóficas para justificar su exoneración de impuestos. Los hechos de su propia impotencia para hacer frente a cualquier carga fiscal, los colocaban al margen. Pero existían modos muy violentos para hacer que tampoco los absolutamente despojados de bienes materiales se excluyeran de la obligación de contribuir al sostén del Estado y entre ellos, el más conocido, fue la reducción a la esclavitud, al trabajo forzoso, para que, de esta manera, solventara sus deberes.”[2]

En realidad, raro es encontrar alguna época en el curso de la historia en que los gobiernos de cualquier signo que fueran excluyesen a alguien de la obligación de tributar en función de su escasa o amplia fortuna. Mas allá de las elucubraciones jurídicas que hace la cita, en el mundo real todos los gobernantes sometían a todos sus súbditos a la obligación de tributar. Recordemos que el mismo autor que estamos comentando comenzó su artículo exponiendo varios casos de lo dicho. Es más, los pobres eran el resultado directo del impuesto, que reduce la capitalización y -por lo tanto- la riqueza existente. No eran pobres por algún infortunio natural, sino que la causa de su pobreza era el impuesto, aspecto que los juristas -en general- desconocen por su falta de formación económica, lo que es palmario en el autor que analizamos ahora.

Si bien la pobreza es la condición natural del hombre, la riqueza en el pasado reconoce una historia de desfalcos y apropiaciones, cuyos autores eran los fuertes que eran -coincidentemente- los que ejercían el gobierno. Y es por esto que eran ricos, no porque compitieran en un mercado libre de regulaciones estatales, cosa que en no existió hasta bien entrado el siglo XVIII, y en forma germinal. Los ricos del pasado -como hoy- eran los gobernantes, sólo que actualmente se enriquecen de manera algo más sofisticada y menos brutal.

[1] Mateo Goldstein. Voz “IMPUESTOS” en Enciclopedia Jurídica OMEBA, TOMO 15 letra I Grupo 05.

[2] Goldstein, M. ibidem. Op. Cit.

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

La “propiedad” en el peronismo

Por Gabriel Boragina. Publicado en: http://www.accionhumana.com/2020/01/la-propiedad-en-el-peronismo.html

 

Para saber cuál es el pensamiento del peronismo y de los que bajo una denominación u otra adhieren a esta ideología no hay nada mejor que acudir a las fuentes inspiradas por el líder máximo y fundador del movimiento J. D. Perón.

Perón infundió e impulsó la reforma de la Constitución de la Nación Argentina, lo que finalmente logró durante su primera presidencia en el año 1949.

A sus instancias y oficios se derogó la histórica Constitución Nacional de 1853/60 y se impuso otra que tomaba algunas partes aisladas y descontextualizadas de aquella, pero intercalándolas con otras disposiciones que contradecían abiertamente no sólo su letra sino también su espíritu.

En esta oportunidad, nos proponemos analizar que piensa el peronismo acerca de la propiedad privada mediante el estudio de las cláusulas que la constitución peronista establecía.

“(2) La reforma constitucional de 1949 sustituyó el art. 17 de la Constitución anterior por los arts. 38, 39 y 40 redactados en la siguiente forma:

 “Art. 38. La propiedad privada tiene una función social y. en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e Intervenir con el objeto de desarrollar e Incrementar su rendimiento en Interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente Indemnizada. Sólo el Congreso Impone las contribuciones que se expresan en el art. 4». Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invención o descubrimiento por el tiempo que le acuerda la ley. La confiscación de bienes queda abolida para siempre de la legislación argentina. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie en tiempo de paz”.[1]

Como se ve, se derogó la inviolabilidad de la propiedad que consagraba el histórico art. 17 de la Constitución alberdiana, y somete a la propiedad a “obligaciones” …”con fines de bien común”. El “bien común” es una expresión equivalente a la del “interés público” o “general”, y fue introducida por Karl Marx y Friedrich Engels en su obra conjunta titulada El Manifiesto Comunista. El primer punto de este Manifiesto establece literalmente:

“Suprimir la propiedad agraria, cuyas rentas se destinarán a fines de interés público.”

Que es lo que se conoce como la célebre reforma agraria. Nótese el paralelismo de la terminología de este principio comunista con el art. 38 citado que, si bien no habla de suprimir, condiciona tanto la propiedad que prácticamente no deja nada de ella en pie, salvo en lo que el régimen de Perón deseara.

Será de interés, antes de continuar, transcribir los 10 puntos del Manifiesto Comunista de Marx y de Engels, dado que la constitución peronista recoge prácticamente casi todos los puntos de dicho Manifiesto cuyos diez mandatos rezan así:

  1. Suprimir la propiedad agraria, cuyas rentas se destinarán a fines de interés público.
  2. Imponer un duro y progresivo impuesto general sobre la renta de las personas físicas.
  3. Abolir toda institución hereditaria.
  4. Confiscar los bienes de oponentes internos y exiliados políticos.
  5. Nacionalizar el crédito, mediante la implantación de una banca enteramente dirigida por el Estado.
  6. Estatificar asimismo los medios de transporte y comunicación.
  7. Ampliar la esfera de actuación de las industrias estatales.
  8. Imponer a todos la obligación de trabajar.
  9. Asimilar campo y ciudad, mediante el oportuno control de los movimientos migratorios.
  10. Implantar la instrucción pública obligatoria, a través de escuelas y establecimientos exclusivamente regidos por el Estado.[2]

También se advierte que dicho artículo 38° apuntaba a dar cumplimiento con el punto 9 del Manifiesto Comunista.

Que la propiedad privada tiene una función social es cierto, pero no hacía falta que ninguna constitución lo estableciera, porque es algo que se deriva de su propio concepto. La función social de la propiedad consiste en resolver el problema económico de la escasez a fin de que los bienes no se consuman y vuelen por efecto de la “Tragedia de los comunes” formulada por Garret Hardin. Si todo fuera de todos, nadie sería dueño de nada. En consecuencia, entre todos consumirían todo y nadie produciría absolutamente nada, con lo cual toda propiedad desaparecería en cuestión de tiempo, y con ella se esfumarían todos los bienes existentes. Para evitar esta verdadera tragedia la humanidad creó la propiedad privada que es la que permite al propietario producir lo que no haría si la propiedad fuera comunal o estatal.

Por lo demás, si se lee atentamente el artículo en examen, puede advertirse que donde dice “función social” se quiere decir en realidad “función estatal” ya que el resto del articulado y su redacción comienzan a tratar inmediatamente el tema de la reforma agraria. Esa “función social” se concentra pues en “la distribución y la utilización del campo”. Dado que la característica esencial de la propiedad privada es la distribución y utilización de la misma queda claro que -en los hechos- si esa función pasa al “estado” por vía de fiscalización e intervención (como el mismo artículo 38 se ha encargado de establecerlo) ello implica la sistemática disipación de la propiedad privada y -aunque la constitución no lo diga- la instauración de la más pura propiedad estatal, cosa que los artículos posteriores de la constitución peronista se encargarán de aclarar.

Esto concuerda con los encendidos discursos de Perón de la época, en que trataba a los propietarios de “oligarcas” y llamaba a las masas a despojarlos, sin más, colgándolos con alambres de fardo de las tranqueras.

Notamos también la inserción del clientelismo político dentro de la constitución, en donde el peronismo buscaba afanosamente el voto labriego mediante la promesa de convertirlos en dueños de los campos en los que trabajaran, lo que -en los hechos- implicaba la consagración de la más pura y encubierta confiscación. Caso contrario, ¿de qué manera podría el labriego convertirse en propietario de la tierra que cultivaba si el verdadero propietario para quien trabajaba no aceptaba vendérsela o cedérsela?: confiscándole esa parcela para entregársela al labriego o “expropiándosela” lo que esto último -en los hechos- devenía en una verdadera confiscación.

[1] Dr. Carlos Sánchez Viamonte “DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS” EN LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA. Valoración y análisis. Su práctica. Enciclopedia Jurídica OMEBA-Tomo 5 Letra D Grupo 5

[2] (Vid. Manifiesto Comunista (1848), Marx y Engels, págs. 74 y 75 (Progress Publishers), Moscú, 1975, edición en lengua inglesa.)

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE. Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero. Síguelo en  @GBoragina

Acerca del origen de la propiedad

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 17/10/19 en https://www.infobae.com/opinion/2019/10/26/acerca-del-origen-de-la-propiedad/

 

John Locke (Shutterstock)

John Locke (Shutterstock)

Con total desconocimiento de la realidad social, se dice que todos los humanos tienen derecho sobre la Tierra por el solo hecho de haber nacido. Si ese fuera el caso, si todos tuvieran derecho sobre la Tierra, aparecería de inmediato “la tragedia de los comunes” primero expuesta conceptualmente por Aristóteles, un fenómeno así bautizado por Garret Hardin. Es decir, si fuera de todos en verdad no sería de nadie y necesariamente mal utilizada puesto que los incentivos de administrar lo propio es completamente distinto a lo que teóricamente pertenece a todos, tal como revela reiteradamente la experiencia cotidiana.

Dado que los recursos son escasos en relación a las necesidades, se hace imperioso asignar derechos de propiedad a los efectos de darle el mejor uso posible a criterio de quienes compran o se abstienen de comprar en el supermercado y equivalentes. En ese contexto, el que mejor uso le da a su propiedad está sirviendo mejor los deseos y preferencias del prójimo. En otros términos, cada propietario para mejorar o mantener su propiedad debe ofrecer bienes y servicios que agraden a los demás. Si deja inexplorados sus recursos o los explota mal a criterio de otros, incurrirá en quebrantos y se consumirá el capital. Es decir, las posiciones patrimoniales no son irrevocables, cambian de manos según sea su uso y los que dan en la tecla en el gusto de los demás preservarán o incrementarán su patrimonio, por el contrario los que yerran incurrirán en pérdidas.

Como queda dicho, las diferencias de ingresos y patrimonios son, en el mercado abierto, el resultado de las votaciones en el plebiscito que tiene lugar con las transacciones cotidianas. Ahora bien, debe destacarse muy especialmente que nada de lo dicho tiene lugar si en vez de operar en el mercado los operadores reciben privilegios gubernamentales de cualquier naturaleza que sean. En este caso, las diferencias de ingresos y patrimonios son el resultado de una tremenda injusticia debido a que proceden de la vil explotación de así llamados empresarios puesto que nada tiene que ver con la competencia y el favor de la gente sino que surgen de la prebenda de los aparatos estatales que otorgan favores a los amigos del poder.

En cambio, la asignación de derechos de propiedad hace que los más meritorios administren los escasos recursos para bien de los demás, lo cual simultáneamente aprovecha al máximo el capital y maximiza las inversiones, que es el único factor que hace que los salarios e ingresos en términos reales aumenten. Y esto último es el fin y el propósito de la sociedad abierta desde la perspectiva crematística y que permite el respeto recíproco y que cada uno siga su camino sin lesionar derechos de terceros.

Los fundamentos del derecho de propiedad se han ido solidificando a través del tiempo con innumerables contribuciones, básicamente con los trabajos notables de John Locke, Robert Nozick e Israel Kirzner (en ese orden). Paso ahora a resumir muy telegráficamente esta tríada sobre esa institución clave. En ausencia de propiedad privada, por ejemplo, nadie sembrará para que otros cosechen y así sucesivamente, lo cual, entre otros muchos casos, precisamente produjo las hambrunas horribles en tierras norteamericanas a raíz del experimento comunista de los primeros 102 colonos instalados en Plymouth -en lo que luego sería Estados Unidos- que desembarcaron del Mayflower en 1620. Hambrunas detalladas en el célebre informe del gobernador William Bradford (Of Plymouth Plantation) donde resultan claras las razones por las que se abandonó la idea de la propiedad colectiva, cambio también señalado por no pocos economistas y cientistas políticos.

En The Second Treatise on Government, Locke fundamenta el origen de la propiedad del siguiente modo: “Cada hombre tiene la propiedad de su propia persona, a esto nadie tiene derecho más que él mismo. El trabajo de su cuerpo y el trabajo de sus manos podemos decir que son propiamente suyos. Entonces, cualquier cosa que remueva el estado de naturaleza significa que ha mezclado su trabajo y lo ha juntado con algo que es suyo, y, por tanto, lo hace de su propiedad. Lo ha removido del estado común y le ha agregado trabajo lo cual excluye eso del derecho común de otros hombres”.

Es decir, el derecho en la concepción lockeana parte de cada cual sobre sí mismo y se extiende a lo que obtiene lícitamente, el derecho a la vida supone el de mantenerlo sin lesionar derechos de terceros. Pero aparece una complicación cuando Locke agrega lo que se conoce como el lockean proviso y es que “este trabajo es incuestionablemente la propiedad del trabajador, ningún hombre sino él tiene el derecho sobre aquello que ha sido de este modo anexado, por lo menos allí donde hay suficiente que queda para otros”.

Y aquí es donde viene la crítica de Nozick, formulada en su Anarchy, State and Utopia, donde sostiene que este lockean proviso constituye un absurdo puesto que aquella limitación hace imposible el derecho de propiedad ya que al invertir la secuencia en regresión partiendo de la persona que “no dispone de lo suficiente” no se debería permitir que la persona anterior en la cadena pueda apropiarse de lo que le falta, por tanto, esa otra persona no podría ejercer su derecho. A su vez, la situación de esa otra persona “fue afectada” por una tercera al apropiarse de cierta propiedad por lo que ésta tercera persona tampoco tendría derecho a la propiedad y así sucesivamente hasta llegar al ocupante original. En base a esta secuencia argumental el propietario original es el causante de todo lo demás, lo cual conduce a que no podría existir el derecho de propiedad mientras hayan indigentes. Esta argumentación de Nozick limitó las formidables contribuciones de Locke.

Este análisis fue retomado por Kirzner, en Discovery, Capitalism an Distributive Justice, donde con una mirada distinta introduce un nuevo elemento que es el descubrimiento de un valor por parte del propietario original expresado por medio de signos por el que le resulte claro a terceros quien descubrió ese valor del cual se apropia sin que haya tenido propietarios anteriores. Se elimina así el problema del lockean proviso y las objeciones de Nozick, mostrando como el proceso de mercado optimiza la productividad, especialmente para los más necesitados. Los usos y costumbres harán que varíen los aludidos signos exteriores, los cuales deben ser renovados periódicamente al efecto de que resulte claro a quien pertenece esa propiedad.

Es del caso señalar que en la obra mencionada de Nozick también descarta la noción lockeana de “mezclar el trabajo” puesto que sostiene que no resulta claro, por ejemplo, hasta donde se extiende la propiedad de un astronauta que decide limpiar una parcela en Marte: no es claro si es dueño de la parcela o de todo ese planeta. También escribe que no resulta claro que con la construcción de un cerco se es solo dueño de la tierra bajo el cerco hasta el centro de la Tierra (o hasta el otro lado) o si es dueño solo de la tierra cercada. Asimismo, se pregunta cual es la razón de que el mezclar trabajo lo hace propietario en lugar de perder ese esfuerzo, lo cual ilustra cuando se arroja una lata de jugo de tomate al mar y se pregunta si se adueña del océano al mezclarse con sus moléculas o si solo se trata de perder una lata de jugo de tomate. Por último, se cuestiona la razón de sostener que al agregar trabajo necesariamente incrementa el valor del bien, lo cual no sucede, por ejemplo, con un cuadro al que se le tira un frasco de pintura encima, lo cual más bien arruinará el cuadro en cuestión.

Estas reflexiones de Nozick han contribuido a mostrar falencias de Locke y a ponderar las elaboraciones de Kirzner en esta materia.

Antes de cerrar esta nota periodística aludo a tres temas adicionales. En primer lugar, planteamientos en torno a la denominada sobrepoblación y el supuesto deterioro del derecho de propiedad como institución que no serviría para alimentar a muchos que serían excluidos del mercado. A contracorriente de esta conclusión, Thomas Sowell apunta que la sobrepoblación malthusiana no es tal e ilustra su contrafáctico al señalar que en los setenta (cuando publicó su estudio) toda la población del planeta cabría solo en el estado de Texas con 670 metros cuadrados por familia tipo de cuatro personas y que Manhattan tiene la misma densidad poblacional que Calcuta y lo mismo va para Somalia respecto a Estados Unidos. Estas conclusiones son al efecto de destacar que el problema no es la población sino la calidad de los marcos institucionales, precisamente y en primer lugar debido a la insuficiencia de asignación de derechos de propiedad.

En segundo lugar y por último, al margen señalo que hay quienes siguen a Henry George sosteniendo que las cargas fiscales deben concentrarse en la propiedad de la tierra ya que argumentan que el valor de ésta crece con el tiempo cuando se incrementa la población “sin que tenga mérito alguno el propietario”, lo cual -la tesis de la “renta inmerecida”- desconoce que esto, puesto de esta manera, se aplica a todos nuestros ingresos que son fruto de las tasas de capitalización que generan otros, con el lenguaje que de hecho existía antes de nuestro nacimiento, lo mismo con las diversas instituciones y demás externalidades positivas. La renta de la tierra y nuestros ingresos son consecuencia principal del modo en que asignemos recursos y la productividad en línea con las preferencias de terceros y, como queda dicho, según las acciones de otros en el mercado que derivan en el valor de los activos que si el titular no le da el uso adecuado, no podrá retener el bien.

En tercer término, es pertinente volver a insistir en que hay un correlato entre precios y propiedad puesto que en las transacciones las condiciones pactadas surgen del uso y la disposición de lo propio. En la medida en que se afecta la propiedad a través de intromisiones de los gobiernos se desdibujan los precios que hubieran sido distintos de no existir la intervención de marras, por lo que la contabilidad, la evaluación de proyectos y el cálculo económico en general se distorsionan lo que, a su turno, provoca consumo de capital y consecuentemente se contraen salarios.

Por último, invito a mis lectores a que observen los abultadísimos patrimonios -casi siempre malhabidos- de quienes atacan la propiedad desde la cima del poder político, es “la nueva clase” de que nos habla Milovan Djilas.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

EL CASO DE LAS VACUNAS Y LOS CONTAGIOS

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Hace tiempo en uno de mis libros titulado Pensando en voz alta, editado en Lima por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Perú, elaboré sobre el caso de las vacunas en el contexto de enfermedades que se trasmiten, se trate o no de epidemias o pandemias. Ahora vuelvo sobre el asunto de modo conjunto con otro tema conexo que también traté pero de modo separado, cual es el de animales o plantas susceptibles de trasmisión de pestes varias. Me parece que es pertinente analizarlos en un mismo paquete.

En estas situaciones existen grandes posibilidades de lesionar derechos de terceros a través de enfermedades o pestes trasmisoras de diverso grado de peligrosidad y naturaleza. Lo mismo ocurre con la emisión de monóxido de carbono en los pulmones de terceros o, para el caso, cuando se arroja ácido sulfúrico en el jardín del vecino. Según resulten las normas en una sociedad abierta y competitiva se anticipará y castigará la respectiva conducta o el traslado de animales o plantas apestadas. En ambos casos no hay necesidad de dramatizar con los movimientos migratorios o el comercio exterior puesto que el problema también surge dentro de las fronteras y, por ende, también son válidos los cordones sanitarios.

Lo primero es tener en cuenta que en la medida que disminuye el riesgo de lo que Garret Hardin bautizó como “la tragedia de los comunes”, en esa medida se podrá corregir la amenaza o el daño concreto. Y esto se resuelve vía la asignación de derechos de propiedad donde cada propietario decidirá si los moradores en su lugar deben o no deben vacunarse como condición para ingresar a su bar, su club, su medio de transporte, su local bailable, su comercio, su colegio o su carretera o calle.

En esta situación, no solo se decidirá sobre la inoculación de marras sino también sobre los muy diferentes tipos de vacunas en un proceso de prueba y error ya que los experimentos y las investigaciones no son estancos sino que se van modificando a través del tiempo en mercados competitivos en cuyo contexto se contemplan los casos de los alérgicos, motivos religiosos de objeción de conciencia y similares. Por otro lado, la plolitizacón de un tema tan delicado no solo hace de cuello de botella para procesos evolutivos y dinámicos tan necesarios sino que se abren las puertas a corruptelas varias.

Sin embargo, el panorama antes descripto otorga la necesaria flexibilidad al sistema y abre canales y procedimientos para enfrentar los peligros en medio de auditorias cruzadas ya que nadie tiene el monopolio de las medidas precautorias y los respectivos castigos. Además lo dicho abre perspectivas para juzgar los pros y contras de cada una de las vacunas disponibles al momento y se maximizan los incentivos para la investigación y producción de nuevas alternativas en contraste con sistemas cerrados, generalizados e impuestos desde el vértice del poder político.

Idéntico razonamiento es aplicable al ingreso de animales o plantas apestadas y su combate a través de pesticidas, inoculaciones y equivalentes. En estos casos y en los mencionados más arriba respecto a las personas, antes de continuar con el tema es de interés extender el análisis a otras situaciones de diversa complicación y complejidad. Me refiero a la figura de la subrogación en una sociedad libre cuando, por ejemplo, se observa que una mujer embarazada ingiere drogas alucinógenas para usos no medicinales. Cualquiera pude actuar como subrogante y accionar ante la Justicia en defensa de lo que estima es una lesión al derecho de la persona por nacer, y son los tribunales los que se expedirán sobre la razón o sinrazón del caso en fallos en competencia al estilo del common law en sus estadios iniciales en Inglaterra y en la República romana antes del advenimiento del Imperio.

Lo mismo puede decirse de la denuncia y eventual procesamiento de quien posee un animal o una planta que puede trasmitir una peste a sus vecinos o una persona que se considera está incubando una enfermedad contagiosa y peligrosa para la salud de sus congéneres. La aludida subrogación respecto a posible lesión a los derechos de otros también puede eventualmente aplicarse respecto a una persona que deambula por la calle en un estado que se estima no puede controlar su conducta, sea en estado de ebriedad, por exceso de tranquilizantes o lo que fuere. La Justicia resolverá con el debido proceso lo cual implica todas las garantías necesarias puesto que siempre está la espada de Damocles de los excesos inaceptables y aberrantes respecto de medidas precautorias antes de haber cometido un crimen, como los horrores instaurados por Robespierre en la contrarrevolución francesa con los denominados “delitos de intención” (junto con la peor de las afrentas a la prensa y al resguardo a las libertades individuales cual es la censura previa).

Habiendo dicho esto subrayamos que dado que hoy no tiene lugar de modo suficientemente extendido la asignación de derechos de propiedad y hay grandes superficies de la llamada “propiedad pública”, en esta instancia del proceso de evolución cultural las normas entonces no surgen de la competencia abierta de fallos judiciales sino de las legislaturas gubernamentales, por lo que es relevante destacar que en la medida de resoluciones verticales que impongan situaciones monopólicas y no abran posibilidades de flexibilidad, en esa medida la eficiencia para lograr el cometido de prevenir y castigar posibles contagios será subóptima. En esta instancia, por ejemplo, en las aduanas los respectivos vistas debieran requerir certificados de agencias privadas en competencia para asegurarse que lo ingresado del exterior o trasportado en el interior esté debidamente cubierto. Este procedimiento privado evita corrupciones y situaciones de lobby en la que empresarios prebendarios paralizan la entrada de competencia escudándose en enfermedades y contagios inexistentes.

En resumen, cuanto mayor resulte la asignación de derechos de propiedad mejores son las defensas contra estas y otras amenazas, pero mientras eso no se aplique hay que minimizar riesgos a través de la tercerización de contralores en manos privadas. Finalmente consigno que cuando se produce una intoxicación y la repartición encargada de evitarla es estatal, si las manifestaciones en señal de protesta resultaran muy reiteradas, se cambiará a Pedro por Juan en la agencia burocrática del caso pero todo el esquema queda igual. Sin embargo, si la que sufre el embate es una institución privada, digamos la “cinta azul de la calidad” y se produce una intoxicación bajo su garantía desaparece la marca del mercado y los responsables pueden ser castigados sin que la Justicia sea juez y parte como cuando el problema se suscita dentro de la esfera gubernamental con todas las presiones políticas del momento.

Aunque se trate de un asunto distinto, sirve como buen ejemplo de  tercerización y apertura a la competencia la insistencia en que en los aeropuertos cada aerolínea fije sus normas de seguridad con los que tenderán a balancear la debida atención y amabilidad con su clientela con la seguridad en vuelo. Precisamente, como se ha señalado, los ataques espantosos a las Torres Gemelas, en gran medida fueron no solo por la negativa a la mencionada descentralización, sino porque las autoridades del gobierno central no aceptaron que la tripulación recurriera a armas sin detonación tal como se habían producido y propuesto, por lo que los criminales pudieron cometer sus ataques con cuchillitos de plástico y amenaza de una bomba inexistente.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

¿OTRO SOCIALISMO PARA VENEZUELA?

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

En medio  de las trifulcas para sacar al usurpador en el poder y en medio de sacrificios inmensos de la población venezolana, aparecen algunos comentarios de ciertos así llamados “opositores” que sostienen que en realidad no hubo socialismo allí y que por ende hay que aplicarlo.

Estas manifestaciones no solo desconciertan a cualquier persona con un mínimo de sentido común, sino que alarman a todos los que en verdad han renunciado a parte esencial de sus vidas en una lucha sin cuartel para dejar sin efecto el inexorable autoritarismo y la miseria del socialismo.

Vamos por partes, antes que nada debe definirse el socialismo y concretamente el socialismo del siglo xxi aplicado sin piedad en tierras venezolanas. Socialismo deriva de socializar, lo cual significa convertir en común lo que es privado. Para ir al nudo del asunto no hay más que consultar a Marx y Engels que en su célebre manifiesto concluyen que todo su “programa puede resumirse en la abolición  de la propiedad privada”. Y esto es a lo que ha tendido el chavismo en todos los planos posibles.

Tal como se enseña a través de “la tragedia de los comunes” expuesto por  Garret Hardin, lo que es de todos no es de nadie. El cuidado de lo propio deja de existir para en su lugar incentivar a todos en creciente aglomeración para que saquen la mejor tajada de lo común con lo que el bien en cuestión de degrada hasta límites inconcebibles. No hay necesidad de estar actualizado con el teorema de Hardin, ya se había planteado el problema desde Aristóteles cuando refutó el comunismo de Platón donde el primero advertía acerca de los peligros de la destrucción de riqueza a través de la propiedad en común.

Es que los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas. Como no hay de todo para todos todo el tiempo, deben asignarse derechos de propiedad con lo cual el que la administra bien obtendrá ganancias y quien no lo haga incurrirá en quebrantos. Y lo importante es comprender que en el contexto de una sociedad libre la buena administración se traduce nada más y nada menos en la satisfacción de las necesidades de los demás y la mala administración es no dar en la tecla con las demandas del prójimo. Esto es el mercado libre que se opone a comerciantes que se alían con el poder para obtener privilegios y, de ese modo, explotan a sus congéneres.

En esta situación, los aparatos estatales se limitan a proteger y garantizar el derecho de todos y se abstienen del uso de la fuerza para propósitos agresivos de intervención en los arreglos contractuales libres y pacíficos.

Como también es sabido, el debilitamiento de la institución de la propiedad privada bloquea la posibilidad de contabilidades y evaluación de proyectos con lo que se pierde la noción de cuales son las actividades rentables y cuales las perdidosas puesto que se han reemplazado los precios por simples números impuestos por los burócratas que naturalmente nada significan desde el punto de vista económico.

En el caso venezolano la proliferación de esa contradicción en los términos llamada “empresa estatal” ha acumulado pérdidas gigantescas a lo cual deben agregarse manipulaciones monetarias que eliminaron la moneda, cargas tributarias astronómicas, deudas siderales, reformas agrarias que anularon la producción de alimentos y hasta han arruinado su mayor activo que era el petróleo. Es que como ha dicho Milton Friedman “si se estatizara el desierto del Sahara, el resultado será la escasez de arena”.

Resulta crucial comprender que el derroche a que incentiva el socialismo (de cualquier siglo) perjudica muy especialmente a los más necesitados puesto que las tasas de capitalización disminuyen con lo que los salarios en términos reales se contraen.

En resumen, es de desear que recapaciten urgentemente quienes han insinuado la aplicación del “verdadero socialismo” en Venezuela pues de tener éxito en esta descabellada propuesta, se repetirán las hambrunas y las miserias como ha sido el caso de todos los países que han aplicado esas recetas una y otra vez.

Es indispensable liberar la energía creadora y sacar por completo del medio a los megalómanos que todo lo arruinan a su paso.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

¿Otro socialismo para Venezuela?

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 10/5/19 en https://independent.typepad.com/elindependent/2019/05/otro-socialismo-para-venezuela.html

 

Untitled

 

En medio  de las trifulcas para sacar al usurpador en el poder y en medio de sacrificios inmensos de la población venezolana, aparecen algunos comentarios de ciertos así llamados “opositores” que sostienen que en realidad no hubo socialismo allí y que por ende hay que aplicarlo.

Estas manifestaciones no solo desconciertan a cualquier persona con un mínimo de sentido común, sino que alarman a todos los que en verdad han renunciado a parte esencial de sus vidas en una lucha sin cuartel para dejar sin efecto el inexorable autoritarismo y la miseria del socialismo.

Vamos por partes, antes que nada debe definirse el socialismo y concretamente el socialismo del siglo xxi aplicado sin piedad en tierras venezolanas. Socialismo deriva de socializar, lo cual significa convertir en común lo que es privado. Para ir al nudo del asunto no hay más que consultar a Marx y Engels que en su célebre manifiesto concluyen que todo su “programa puede resumirse en la abolición  de la propiedad privada”. Y esto es a lo que ha tendido el chavismo en todos los planos posibles.

Tal como se enseña a través de “la tragedia de los comunes” expuesto por  Garret Hardin, lo que es de todos no es de nadie. El cuidado de lo propio deja de existir para en su lugar incentivar a todos en creciente aglomeración para que saquen la mejor tajada de lo común con lo que el bien en cuestión de degrada hasta límites inconcebibles. No hay necesidad de estar actualizado con el teorema de Gardin, ya se había planteado el problema desde Aristóteles cuando refutó el comunismo de Platón donde el primero advertía acerca de los peligros de la destrucción de riqueza a través de la propiedad en común.

Es que los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas. Como no hay de todo para todos todo el tiempo, deben asignarse derechos de propiedad con lo cual el que la administra bien obtendrá ganancias y quien no lo haga incurrirá en quebrantos. Y lo importante es comprender que en el contexto de una sociedad libre la buena administración se traduce nada más y nada menos en la satisfacción de las necesidades de los demás y la mala administración es no dar en la tecla con las demandas del prójimo. Esto es el mercado libre que se opone a comerciantes que se alían con el poder para obtener privilegios y, de ese modo, explotan a sus congéneres.

En esta situación, los aparatos estatales se limitan a proteger y garantizar el derecho de todos y se abstienen del uso de la fuerza para propósitos agresivos de intervención en los arreglos contractuales libres y pacíficos.

Como también es sabido, el debilitamiento de la institución de la propiedad privada bloquea la posibilidad de contabilidades y evaluación de proyectos con lo que se pierde la noción de cuales son las actividades rentables y cuales las perdidosas puesto que se han reemplazado los precios por simples números impuestos por los burócratas que naturalmente nada significan desde el punto de vista económico.

En el caso venezolano la proliferación de esa contradicción en los términos llamada “empresa estatal” ha acumulado pérdidas gigantescas a lo cual deben agregarse manipulaciones monetarias que eliminaron la moneda, cargas tributarias astronómicas, deudas siderales, reformas agrarias que anularon la producción de alimentos y hasta han arruinado su mayor activo que era el petróleo. Es que como ha dicho Milton Friedman “si se estatizara el desierto del Sahara, el resultado será la escasez de arena”.

Resulta crucial comprender que el derroche a que incentiva el socialismo (de cualquier siglo) perjudica muy especialmente a los más necesitados puesto que las tasas de capitalización disminuyen con lo que los salarios en términos reales se contraen.

En resumen, es de desear que recapaciten urgentemente quienes han insinuado la aplicación del “verdadero socialismo” en Venezuela pues de tener éxito en esta descabellada propuesta, se repetirán las hambrunas y las miserias como ha sido el caso de todos los países que han aplicado esas recetas una y otra vez.

Es indispensable liberar la energía creadora y sacar por completo del medio a los megalómanos que todo lo arruinan a su paso.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Argentina, otra vez en la encrucijada

Por Alberto Benegas Lynch (h): Publicado el 3/12/18 en: https://www.lanacion.com.ar/2198582-la-argentina-otra-vez-en-la-encrucijada

 

Nos condenamos en una parla machacona sobre la coyuntura y no nos damos espacio para el debate de ideas de fondo, lo que nos condena a repetir errores.

 

Para salir adelante y sortear obstáculos, lo primero es hacer un buen diagnóstico. Venimos a los tumbos desde hace demasiadas décadas. Hay aquí un asunto clave. Muchas personas estiman que los entuertos los deben resolver otros. Consideran que están ubicados en una inmensa platea y que los actores son los que están en el escenario. Un buen método para que se derrumbe el teatro.

 

Ortega y Gasset ha sido muy claro: “Si usted quiere aprovecharse de las ventajas de la civilización, pero no se preocupa usted por sostener la civilización se ha fastidiado usted. En un dos por tres se queda sin civilización”. En esta misma línea argumental los Padres Fundadores en Estados Unidos insistían en que “el costo de la libertad es su eterna vigilancia”.

 

El problema central que nos aqueja es la dimensión elefantiásica del aparato estatal que en lugar de preservar y garantizar derechos los conculca a manos de mandones de distintas características,  pero que consideran que sus semejantes son en la práctica infradotados para manejar sus vidas, haciendas y la educación de sus hijos por lo que, aun con las mejores intenciones, el Leviatán irrumpe en escena y todo lo engulle a su paso.

 

Saint Exupery da en la tecla con la mirada típica del aludido mandamás: “¡Ah -exclamó el rey al divisar al principito- aquí tenemos un súbdito! El principito se preguntó ¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto? Ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos.” He aquí el problema.

 

No importa a que nos dediquemos, sea a la jardinería, a la música, al derecho, la economía, el comercio o la literatura, todos estamos interesados en que se nos respete, por tanto es obligación moral de cada cual el contribuir cotidianamente a que se comprendan los fundamentos de la libertad. La cátedra, el ensayo, el libro y el artículo son los medios más eficaces pero de ningún modo son los únicos. Por ejemplo, reuniones periódicas de muy pocas personas para estudiar y debatir temas clave producen un efecto multiplicador notable en medios laborales, sociales y familiares.

 

Y aquí viene un asunto de la mayor importancia: nos consumimos en una parla machacona sobre la coyuntura y no nos damos espacio para el debate de ideas de fondo, sin percatarnos que con esta rutina nos estamos condenando a repetir errores. Operamos como el can que se quiere morder la cola en círculos histéricos, en lugar de hacer un alto en el camino y centrar la atención en valores y principios de la sociedad abierta que harán que la coyuntura futura se modifique para bien.

 

No somos capaces de aceptar la respuesta al tan citado y poco comprendido interrogante que se plantea Alberdi “¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra”. Si no entendemos esto viviremos permanentemente en estados de emergencia y seguiremos repitiendo aquellas sandeces de podar gastos estatales en lugar de eliminar funciones, hacer el gasto gubernamental más eficiente en lugar de comprender que algo inconveniente cuanto más eficiente peor, enroques de funcionarios en un pesado y contraproducente organigrama, pactar con empresarios prebendarios y sindicalistas basados en legislaciones fascistas, en el contexto de deudas crecientes, impuestos asfixiantes y una economía cerrada para “vivir con lo nuestro”.

 

Y todavía cuando se presentan temas de fondo para salir del atolladero hay quienes tildan con sorna la propuesta como “principista, carente de tacto político y practicidad” sin anoticiarse que nada hay más práctico que una buena teoría y que todo lo que usamos desde la computadora, la medicina, la alimentación y el transporte ha sido la consecuencia de la elaboración de  teorías. Es curioso pero estos críticos son como el perro del hortelano, no dejan hacer y tampoco hacen. Se enfadan con lo que sucede y con lo que se sugiere para modificar los sucesos del momento.

 

En esta nota me circunscribo a un ejemplo de tantos susceptibles de ilustrar la tensión brutal entre la coyuntura y el debate de ideas de fondo. Sin duda que debe trasmitirse y conocerse el día a día pero, reiteramos, es indispensable dar espacio para analizar y discutir ideas de fondo que ayuden a dar un volantazo a nuestro estancamiento que ya va siendo crónico.

 

El ejemplo son las mal llamadas empresas estatales. Mal llamadas porque la característica medular de un emprendimiento empresario estriba en que se asume riesgos con recursos propios y no a la fuerza con el fruto del trabajo de los vecinos. Además, la misma constitución del emprendimiento político de marras inexorablemente significa que se han alterado las prioridades de la gente en cuanto a sus preferencias puesto que si se procede en la misma dirección de lo que el público prefiere no tiene sentido la intervención para duplicar esfuerzos con el consiguiente ahorro de gastos administrativos. Incluso si la “empresa estatal” arrojara ganancias (lo cual es muy poco probable) debe preguntarse si las tarifas no serán demasiado elevadas puesto que la única manera de saber acerca de la conveniencia de lo que se cobra es la competencia en el mercado abierto.

 

Nunca en la presencia estatal hay competencia puesto que para proceder en ese sentido hay que competir lo cual se traduce en la eliminación de todo privilegio que significa sacar la actividad de la órbita política.

 

Resultan tragicómicas las declaraciones sobre las faenas para que la empresa política resulte eficiente sin comprender que el asunto es de incentivos: la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en la empresa privada que en la pública. Los incentivos en las auditorías para evitar corrupciones no son los mismos en un sector que en otro. Es del caso recordar la figura tan demostrativa de Garret Hardin de “la tragedia de los comunes” en cuanto a que lo que es de todos no es de nadie, enseñanza que se remonta a los escritos de Aristóteles.

 

Por supuesto que si se traspasan las así denominadas empresas estatales a monopolios privados la situación empeora ya que en el sector privado sabrán sacar mayor tajada del privilegio, con lo que los ciudadanos se verán aun más explotados y vejados. De lo que se trata es de vender al mejor postor sin condición de ninguna naturaleza en un mercado abierto local e internacionalmente al efecto de que la gente pueda sacar la mejor partida posible de ofertas en competencia.

 

Hay todavía un mito adicional  en este capítulo y es el de la tan vapuleada y poco comprendida noción de soberanía. Envolver la telefonía o cualquier otro bien o servicio en la soberanía constituye una sandez superlativa: en última instancia en una sociedad libre la soberanía reside en los individuos no en las cosas ni en abstracciones. Hablar de la soberanía de una línea de bandera es tan ridículo como hablar de la soberanía de la lechuga.

 

Por último, es del caso enfatizar, por una parte, que no resulta pertinente hacer referencia a los capitales del sector público ya que los capitales son siempre privados solo que en este caso no se asignan voluntariamente  y, por otra, cuando se hace referencia al mercado se está aludiendo a millones de arreglos contractuales que diariamente la gente lleva a cabo, desde la vianda del desayuno hasta la cama en que se duerme. El mercado somos todos.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba.