¿Se terminó la inacción fiscal?

Por Adrián Ravier.  Publicado el 31/1/18 en: https://www.infobae.com/opinion/2018/01/31/se-termino-la-inaccion-fiscal/

 

Las bajas de subsidios no tienen como fin bajar el gasto consolidado, sino que se destinan a otros incrementos de gastos como ya ha pasado en los dos años anteriores

En sus dos primeros años de gobierno, Mauricio Macri desarrolló avances graduales pero importantes en distintos ámbitos, pero prácticamente todo el arco de analistas destacó su inacción fiscal. Ni los impuestos, ni el gasto público, ni el déficit fiscal han bajado realmente.

Cambiemos se defiende. Después de las elecciones se dieron cuatro noticias relevantes: se sobrecumplieron las metas fiscales; se acordó un pacto fiscal con las provincias; continúa la baja del gasto al quitar subsidios a los servicios públicos, con sus consecuentes tarifazos en electricidad y gas; se recortará uno de cada cuatros cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional y durante 2018 los funcionarios no van a tener aumentos de sueldo para acompañar la inflación.

El mensaje, sin embargo, es bastante engañoso. Si bien las metas fiscales redujeron el déficit fiscal primario en relación con el PIB de 4,3% en 2016 a 3,9% en 2017, esto no contempla los intereses de deuda que se incrementaron en el mismo plazo del 1,6% al 2,2% del PIB. Con esta información el déficit fiscal financiero se incrementó entre 2016 y 2017 de 5,9% al 6,1% del PIB.

A este saldo habría que agregar también el déficit fiscal de las provincias estimado en 0,9% del PIB. Es por ello que el Gobierno enfatiza en la importancia del consenso fiscal en el que nación se compromete a ceder a las provincias 45 y 75 mil millones de pesos en 2018 y 2019, con la provincia de Buenos Aires como principal beneficiaria. Lo que el pacto fiscal nos está diciendo es que el esfuerzo por reducir el déficit de las provincias también proviene de nación con nuevas transferencias, y no de las jurisdicciones locales.

Al respecto, si bien continúan las quitas de subsidios, es precisamente ese dinero el que nación utilizará para ceder a las provincias por el pacto fiscal. En otros términos, las bajas de subsidios no tienen como fin bajar el gasto consolidado, sino que se destinan a otros incrementos de gastos como ya ha pasado en los dos años anteriores. Recordemos que solo en 2017 las quitas de subsidios económicos fueron de 65.500 millones de pesos, pero los subsidios sociales subieron en 82.300 millones de pesos.

La medida de hoy que recorta cargos y congela sueldos de funcionarios públicos de nación desde luego que va en el buen sentido de corregir el rojo fiscal, pero su impacto cuantitativo es marginal. El ahorro estimado en 1500 millones de pesos que comunicó hoy el presidente Mauricio Macri representaría apenas el 0,012% del PBI.

La noticia, sin embargo, debe tomarse como un gesto bien intencionado en el sentido de mostrar que los esfuerzos fiscales comienzan por casa, previo a un año de negociaciones paritarias de las que depende corregir los desequilibrios fiscal y monetario.

Si concluyó o no la inacción fiscal, es algo que sabremos en los próximos meses. Bien haría a esta Argentina que las provincias y los municipios replicaran el gesto o que la provincia de Buenos Aires aprovechara los nuevos recursos del pacto fiscal para reducir los ingresos brutos que tanto preocupa al oficialismo. Lo cierto es que en materia de impuestos tampoco ha habido avances, considerando que la reforma tributaria tiene impacto nulo de cara al presente y marginal recién después de 2020.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Planificación y libertad

Por Gabriel Boragina. Publicado el 2/7/16 en: http://www.accionhumana.com/2016/07/planificacion-y-libertad.html

 

Es común que se hable del estado-nación como un ser “vivo” con personalidad propia, y que toma “decisiones” y “actúa” como cualquier persona o ser humano. Este antropomorfismo esta tan arraigado que es bastante complicado -por no decir casi imposible- encontrar personas que no se expresen de dicha manera. Pero, si solo fuera una forma de decir, no habría tanto problema como el que existe en la medida que la gran mayoría cree firmemente que con certeza el estado-nación o el gobierno son “personas reales”, entes físicos y concretos que actúan y que deciden de modo separado al resto de los individuos. Son muchas las teorías jurídico-políticas que intentan -desde la antigüedad- justificar la existencia de un estado “autónomo” “independiente” y por encima de los individuos humanos.

Desde hace tiempo, nosotros -con otros- venimos sosteniendo que, entre el estado-nación y los individuos las diferencias reales residen en quienes detentan el poder político. Este poder político se traduce -a nuestro juicio- en la facultad de dictar leyes que puedan ser impuestas a otras personas, para lo cual aquellas personas que se arrogan el poder político se valen de un monopolio, siendo indiferente si este monopolio se lo atribuyen los que legislan, o bien es otorgado por quienes serán legislados.

Los actos de quienes poseen el poder (es decir, de los que ordinariamente se denominan funcionarios públicos) obviamente tienen consecuencias, pero en la medida que tales personas (dada la calidad que se atribuyen o auto-atribuyen) pueden legislar sobre la conducta de otras personas, obviamente influirán (para bien o para mal) sobre los efectos de las decisiones de estas personas que no se hallan en una posición de poder semejante:

“Si el Estado ha de prever la incidencia de sus actos esto significa que no puede dejar elección a los afectados. Allí donde el Estado puede prever exactamente los efectos de las vías de acción alternativas sobre los individuos en particular, es el Estado quien elige entre los diferentes fines. Si deseamos crear nuevas oportunidades abiertas a todos, ofrecer opciones que la gente pueda usar como quiera, los resultados precisos no pueden ser previstos.”[1]

En otros términos, quienes ostentan el poder político-legal, traducido en el monopolio de la creación de leyes que -por definición- se hallan en condiciones de imponer a quienes no gozan de dicho poder (excepto de carácter formal, mediato, o a largo plazo, en virtud de alguna teoría política de representación), y si estas leyes pretenden prever puntualmente la consecuencia de cada acto estatal, ello no deja margen de acción alguno a las personas que se encuentran sometidas al imperio oficial. Si se intentara lo anterior, implicaría que el estado-nación no puede dar resquicio mínimo de libertad individual.

“Las normas generales, o leyes genuinas, a diferencia de las órdenes específicas, tienen que proyectarse, pues, para operar en circunstancias que no pueden preverse con detalle, y, por consiguiente, no pueden conocerse de antemano sus efectos sobre cada fin o cada individuo en particular. Sólo de este modo le es posible al legislador ser imparcial. Ser imparcial significa no tener respuesta para ciertas cuestiones: para aquella clase de cuestiones sobre las que, si hemos de decidir nosotros, decidimos tirando al aire una moneda”.[2]

Lógicamente, si tenemos en cuenta que las leyes son creaciones humanas que están destinadas a tener efectos sobre otras acciones humanas, resulta obvio que aquellas leyes que procuran prever la mayor cantidad de consecuencias posibles de la actividad de otras personas, tienen que necesariamente limitar la libertad de elección -y, por consiguiente- de acción de un número mayoritario de individuos. De aquí a decir que la planificación estatal opera en contra de la libertad humana hay un solo y certero paso. En suma, se trata de individuos que encaramados desde una posición de poder ensayan planificar la vida de sus semejantes. Bien visto, el estado-nación (tal como hoy en día se lo acepta popularmente) se reduce sencillamente a esto último: se le otorga el poder de decidir sobre la vida o destinos de la gran masa de votantes que, paradójicamente, suelen votar proyectos políticos que los sojuzgan y -muchas veces- los humillan al mismo tiempo. Debemos tener en consideración que la gran mayoría de nuestras “leyes actuales” no son más que lo que Hayek bien denomina “órdenes específicas”, las que cada vez están más lejos del concepto de norma general.

“En un mundo donde todo estuviera exactamente previsto, le sería muy difícil al Estado hacer algo y permanecer imparcial. Allí donde se conocen los efectos precisos de la política del Estado sobre los individuos en particular, donde el Estado se propone directamente estos efectos particulares, no puede menos de conocer esos efectos, y no puede, por ende, ser imparcial. Tiene necesariamente que tomar partido, imponer a la gente sus valoraciones y, en lugar de ayudar a ésta al logro de sus propios fines, elegir por ella los fines”.[3]

De forma análoga, donde toda elección humana estuviera puntualmente legislada, sería bastante difícil que cualquier persona no cayera de inmediato en alguna infracción por apartarse un milímetro de lo que el legislador hubiera previsto como objetivo de esa norma destinada a determinar la conducta de un tercero. Recordemos que los actos del estado-nación siempre se proyectan y se plasman a través de leyes (a tales fines, es indistinto que se las llame normas, decretos, resoluciones, es decir su denominación técnico-legal). La legislación es la característica del actuar de los estados, por ello para conocer la índole o la definición política de un estado cualquiera debemos detenernos en el examen de la legislación vigente en el mismo. En este caso, quien planifica la vida de otros, es lisa y llanamente un dictador, sin importar demasiado la forma en que el mismo haya accedido al poder, esto es: si por vía de elecciones votadas o por las de hecho o de facto.

 

[1] Friedrich A. von Hayek, Camino de servidumbre. Alianza Editorial. España. pág. 109-110

[2] Hayek, Camino de servidumbre…ob. cit. 109-110

[3] Hayek, Camino de servidumbre…ob. cit. 109-110

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Nepotismo: ni para todos ni para todas

Por Iván Carrino. Publicado el 18/8/15 en: http://opinion.infobae.com/ivan-carrino/2015/08/18/nepotismo-ni-para-todos-ni-para-todas/

En la semana que pasó, se volvió viral el caso de Delfina, la hija del ministro de Defensa Agustín Rossi, quien, con solo 26 años y una escasa experiencia laboral, fue designada directora del Banco Nación. El Nación es el banco estatal más importante del país y, al cierre del año pasado, administraba activos por 380.881 millones de pesos, un monto superior al total de las reservas del Banco Central.

Uno pensaría que para ser miembro del directorio de un banco, nada menos que la posición de mayor responsabilidad dentro de la institución, no solamente hace falta haber estudiado, sino también contar con experiencia en el sector. Por ejemplo, en la misma página web del Nación puede verse un espacio donde jóvenes estudiantes y jóvenes graduados pueden dejar su CV para comenzar su carrera laboral en la entidad. Y de eso se trata, de comenzar la carrera, desde los puestos de menor jerarquía hacia los de mayor jerarquía, de manera de ir conociendo no solo el funcionamiento del banco, sino también las características de la industria, los clientes, etcétera.

Pero nada de eso sucedió en el caso de la hija de Rossi. El expediente, tal como explicó Aníbal Fernández, llegó al escritorio del jefe de gabinete y este lo firmó “con mucho orgullo”.

Es simple: la designación de Delfina Rossi no dependió de la capacidad, ni del estudio, ni de la experiencia de la joven, sino de la firma de Aníbal Fernández, a quien tampoco se le conoce experiencia en el manejo bancario.

Ahora bien, alguno podrá argumentar que también en el ámbito privado sucede, a menudo, que el que ocupa cargos de jerarquía no es el más idóneo, sino aquel que tiene mejor relación con el de arriba. Es cierto, a veces hay factores intangibles que pesan en estas decisiones y la confianza o la afinidad pueden derivar en un ascenso laboral. Sin embargo, la diferencia está en que, en el sector privado, si la persona contratada o ascendida no resulta apta para el cargo, el costo es asumido por el dueño de la compañía.

En el caso de la administración pública y sus organismos, la situación es diferente. Dado que el Banco Nación tiene acceso ilimitado al presupuesto público por ser una empresa estatal, el costo de las malas decisiones administrativas no es afrontado por nadie en particular, sino por todos los argentinos, que financiamos coactivamente con nuestros impuestos las aventuras de dicha empresa.

El caso de Delfina Rossi no es el único. De hecho, el directorio del Nación también está conformado por un compañero de colegio de Máximo Kirchner, el consuegro de Julio de Vido, y una militante de La Cámpora (organización que logró una verdadera colonización del Estado). Además, hace poco también se conoció que Alejandro Vanoli, presidente del Banco Central, nombró a su pareja y a su hijo en la planta permanente del organismo.

Es que esta es una característica intrínseca del modelo de Estado presente que patrocina el kirchnerismo. A mayor Estado, más y mayores son las empresas estatales, más y mayores son los fondos públicos administrados por funcionarios, más y mayores son las regulaciones y, finalmente, más y mayores son las posibilidades de que aparezcan la discrecionalidad y el nepotismo.

El caso de la hija de Rossi es uno más de esos que nos indigna y nos preocupa como sociedad. Y hasta que no haya un cambio profundo de sistema seguiremos indignándonos con los eternos beneficiarios de la prebenda y el privilegio.

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Los sobornos y su estrecho correlato con los regímenes estatistas.

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 29/10/14 en: http://www.cronista.com/columnistas/Los-sobornos-y-su-estrecho-correlato-con-los-regimenes-estatistas-20141029-0024.html

 

A raíz de una encuesta que tuvo gran repercusión en nuestro medio relativa a la opinión sobre la entrega de fondos o equivalentes a funcionarios públicos, es pertinente alguna reflexión que va más allá de consideraciones estrictamente lingüísticas.
El engrosamiento injustificado de los aparatos estatales que invaden y atropellan los derechos de la gente, abre las puertas a las dádivas como defensa propia. ¿Quién en su sano juicio condenaría que un padre haya sobornado a un oficial de la SS para salvar a su hijo escondido en su casa de los criminales nazis?
Cuanto mayor sea el espacio que abarca el Leviatán, mayor será el estímulo para proceder a la defensa a través del cohecho a funcionarios para que dejen en paz a la gente. Por eso hay un correlato tan estrecho entre regímenes estatistas y los sobornos (no hay más que repasar las inauditas disposiciones stalinistas y hitlerianas para ilustrar el punto).
El que los recibe es siempre y en toda circunstancia un inmoral puesto que está recibiendo algo por hacer lo que debe hacer o para hacer lo que no debe hacer. Sin embargo, el que entrega es también un inmoral si está entregando sobornos para torcer lo que es el deber del funcionario hacer o, de lo contrario, está sobornando a quien, de no mediar el soborno, le arrebataría un derecho debido a regulaciones confiscatorias.
Lo dicho nada tiene que ver con los ladrones de guantes blancos (o no tan blancos) que la juegan de empresarios pero que cuentan con el respaldo del poder para explotar a sus semejantes a través de protecciones al efecto de no tener que competir.
Sin duda que muchos empresarios genuinos no permiten el cohecho debido a que el no registro contable los hace perder el control de la gestión, pero otros se avienen a este proceder para poder existir en el comercio, la industria o el sector bancario.
James Madison, el padre de la Constitución estadounidense, consignó que la función del gobierno consiste esencialmente en la protección de la propiedad privada y un gobierno que no cumple con esta función es ilegítimo. De modo similar opinaba el padre de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi.
Hay mucho de hipocresía en este tema tan delicado y sensible. Gobernantes despotrican contra el soborno mientras se alzan con los dineros públicos y no son pocos los gobernados que públicamente se escandalizan frente al cohecho mientras proceden en dirección opuesta a sus declamaciones.
Y no es cuestión de preguntarse donde está el límite en este espinoso asunto, se trata de que el monopolio de la fuerza concentre su atención primordialmente en la seguridad y la justicia que es lo que habitualmente no hace. No hay mucho misterio en percatarse que lo adquirido lícitamente no debe ser robado por más que el hecho esté apoyado en una orden gubernamental.
Doy un ejemplo de la hipocresía reinante. En este contexto no es infrecuente la doble cara. ¿Cuántas personas se pronuncian apasionadamente por las sandeces nacionalistas y cuando pasan por una aduana esconden en los lugares más increíbles del cuerpo productos extranjeros mejores y más baratos que los locales? y así sucesivamente.
En resumen, el tema no consiste en hacerse el sorprendido con los sobornos en sistemas estatistas sino en recortar las funciones gubernamentales para amoldarse a las mejores tradiciones de la sociedad abierta que hacen posible el progreso.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. En Administración. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.