La cláusula gatillo no genera inflación, pero puede destruir empleo

Por Iván Carrino. Publicado el 24/2/18 en: http://www.ivancarrino.com/la-clausula-gatillo-no-genera-inflacion-pero-puede-destruir-empleo/

 

En la discusión salarial argentina, ni el gobierno ni los sindicatos dan en el clavo.

Arranca un nuevo año en Argentina y el debate que ocupa los principales medios de comunicación es el salarial.

Obviamente, la madre de todas las batallas es la pugna que tiene la Provincia de Buenos Aires con los gremios docentes, lo que deriva siempre, casi sin excepción, en una demora de varios días en el comienzo del dictado de clases.

Ahora bien, el tema que está siendo más intensamente conversado en este último tiempo es el de la llamada “cláusula gatillo”. Es decir, una cláusula en el acuerdo salarial que indexe los salarios a la inflación esperada por el gobierno pero que, en caso que ésta no se cumpla, active un alza aún mayor.

Así, un acuerdo salarial con cláusula gatillo se firmaría con un aumento anual del 15% (la meta de inflación del Banco Central para este año), pero si la inflación terminara siendo del 18%, entonces se pagaría un plus por la diferencia.

De haber cláusula gatillo, los salarios de la economía argentina seguirían perfectamente a la inflación.

Para los líderes sindicales y dirigentes de otras fuerzas políticas, esta es la mejor forma de “defender el poder de compra de los trabajadores”. El gobierno, sin embargo, dejó ver que sin esta cláusula especial, el proceso de desinflación sería “más fácil”.

Gobierno y sindicatos están de acuerdo

Algo curioso de este aparente enfrentamiento entre quienes quieren que haya cláusula gatillo y quienes no, es que, en el fondo, ambos  están de acuerdo.

¿Por qué? Porque lo que desean ambos bandos es que los salarios de la economía argentina se ajusten a la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

La diferencia, entonces, estriba en que el gobierno dice que la inflación va a ser 15% y los sindicalistas sostienen que ésta va a ser superior.

En este marco de proyecciones dispares, la cláusula gatillo parece una buena forma de resolver la cuestión. Si la inflación es 15% o menos, la cláusula no se activa; si es más de 15%, los salarios no pierden contra la inflación.

Todo muy lindo, pero…

Los salarios no generan inflación

Una de las formas en que se interpretó lo que dijo el gobierno fue que indexar salarios generaba (o perpetuaba la) inflación.

De acuerdo con un comunicado de los economistas del “Frente Renovador”, como el gobierno ya no sabe qué hacer para controlar la escalada de precios, “la idea es intentar con la vieja receta de retrasar los sueldos”.

El trasfondo de esta teoría sería así: si los sueldos suben menos que la inflación, los trabajadores tienen menos poder de compra y, por tanto, demandan menos. Dado que hay menos demanda, los precios dejan de subir a tasas tan aceleradas. Controlar salarios, entonces, baja la inflación.

Pero el argumento es por lo menos inconsistente: es que si los salarios fueran la causa de la inflación, no habría nunca una ganancia o pérdida en términos reales. Si salarios suben 10%, lo mismo hará la inflación. Si caen 1%, habrá 1% de deflación.

Sin embargo, es perfectamente posible que existan aumentos (o descensos) salariales, sin que esto impulse al alza (o a la baja) el IPC.

Por ejemplo, en una economía con perfecta estabilidad, si el día de mañana todos los salarios aumentan 10%, no hay motivos para que aumente la inflación.

Sin un incremento en la cantidad de dinero, el mayor consumo de los trabajadores habrá sido consecuencia de su mayor productividad (mayor cantidad de bienes), o consecuencia de un menor consumo por parte de los empresarios que decidieron aumentar la compensación de sus empleados.

En cualquiera de los dos casos, no hay mayor inflación.

Es que, como decía Milton Friedman, la inflación es un fenómeno estrictamente monetario y si bien “los sindicatos producen múltiples daños a la economía… uno de los crímenes por los que son totalmente inocentes es el de provocar inflación”.

… pero destruyen empleo

Ahora bien, aun cuando es cierto que los sindicatos que piden cláusula gatillo no generan inflación, también es cierto que no están exentos de generar otros efectos indeseados.

Es que incluso cuando la inflación terminara siendo del 15% anual y la cláusula gatillo no se activara, la indexación salarial, combinada con un mercado laboral rígido como el argentino, es candidata a generar desempleo.

He aquí el verdadero problema. Es que en nuestro país los sindicatos acuerdan ajustes salariales por “rama de actividad”. Así, si una megaempresa automotriz firma un acuerdo con el sindicato de mecánicos por un aumento salarial igual a lo que varía el IPC, éste mismo acuerdo rige también para un taller PYME que podría perfectamente no estar en condiciones de pagar dicho aumento.

Lo mismo pasa en toda la economía. Si los acuerdos salariales cierran todos con ajuste al IPC, habrá empresas que no estén en condición de hacer frente a dichos aumentos en sus costos. Si éste es el caso, entonces les quedarán tres alternativas:

—> bien despiden personal,

—> o bien cierran el negocio,

—> o bien se vuelcan a la economía informal.

Las primeras dos alternativas son infinitamente peores para los trabajadores que un acuerdo donde pierdan poder de compra frente a la inflación. Es que, en dichos casos, el salario cae un 100%, porque el trabajador se queda sin empleo.

En la tercera alternativa, si bien se pierde poder de compra, al menos se preservan las fuentes de trabajo.

Pasando en limpio, ni la cláusula gatillo ni la indexación salarial tradicional generan o perpetúan la inflación. Los precios suben como reflejo de la caída del poder de compra del dinero, cuyo responsable es únicamente el gobierno a través del Banco Central.

Sin embargo, la indexación sí puede generar desempleo, porque hay empresas que sencillamente no están en condiciones de pagar esos aumentos.

La solución a este tema no es eliminar la cláusula gatillo. Ni siquiera lo es bajar la inflación. La verdadera solución es tener un mercado de trabajo mucho más flexible, donde los salarios se fijen libremente entre empresarios y trabajadores, pero atendiendo a cada situación particular.

En pocas palabras, la mejor solución es liberar el mercado laboral.

 

Iván Carrino es Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires y Máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es editor de El Diario del Lunes, el informe económico de Inversor Global. Además, es profesor asistente de Comercio Internacional en el Instituto Universitario ESEADE y de Economía en la Universidad de Belgrano.

Una meta fiscal que no se cumplió, porque no había convicción para concretarla

Por Adrián Ravier. Publicado el 27/12/16 en: http://www.lagaceta.com.ar/nota/713018/economia/meta-fiscal-no-se-cumplio-porque-no-habia-conviccion-para-concretarla.html

 

Con Mauricio Macri nace una nueva forma de hacer política, parecida, quizás, al modo de administrar una empresa. Se fijan metas, se deja trabajar y luego se evalúa la performance. Ha llegado el momento de evaluar a los ministros y Alfonso Prat-Gay tenía una meta fiscal que no cumplió, porque jamás estuvo convencido de ella.

En este primer año se priorizó ordenar la economía, tras la pesada herencia representada en los tres grandes desequilibrios: fiscal, monetario y cambiario. Comenzando por este último, Prat-Gay y Federico Sturzenneger, titular del Banco Central, trabajaron en conjunto para levantar el cepo cambiario, para arreglar con los holdouts y para acceder al crédito externo que le ayude al Gobierno en su estrategia de gradualismo. Sturzenegger, además, logró convencer al mercado de que las metas de inflación son viables, pero Prat-Gay no sólo no logró sus objetivos del segundo semestre, sino que tampoco pudo alcanzar la meta fiscal de 4,8 % de déficit primario que se había planteado. Si el déficit no fue mayor al actual se debe a que el blanqueo ofreció recursos extraordinarios que resultaron en una rueda de auxilio.

El incumplimiento de esta meta fiscal puede recibir variadas lecturas y hasta justificarse por medidas que incluyeron aspectos que estaban fuera del alcance del ministro saliente. Pero las metas de 2017, necesariamente, deben ajustar las tuercas de la cartera de Hacienda y Prat-Gay no está convencido de ello. No sólo descree que sea oportuno ajustar el déficit por las elecciones próximas, sino que su modo de entender la economía desaconseja apuntar al déficit fiscal en un contexto recesivo.

Está fuera de mi alcance comprender si la decisión es política, por la forma individualista de hacer política económica de Prat-Gay y su poco entendimiento con el jefe de Gabinete (Marcos Peña), pero me gustaría creer que Macri comprendió que fomentar la demanda agregada mediante gasto público en 2017 bien puede ser de ayuda para ganar las elecciones y mostrar cierto crecimiento, pero esa tendencia peligrará en 2018 si se pierde otro año en materia de metas fiscales. Me gustaría creer que Macri comprendió que el problema madre que tiene la Argentina es fiscal, y que sólo mediante un ajuste su Gobierno puede terminar con una economía en auge sostenible.

Nicolás Dujovne ha sido la persona elegida para avanzar en el desafío fiscal, y tiene más perfil docente que experiencia en el sector público. El Frente Renovador emitió algún comentario que identifica a Dujovne como un economista ortodoxo que acelerará el ajuste fiscal. Mi lectura, sin embargo, es diferente. Dujovne continúa el gradualismo y el foco se coloca en la comunicación. Vale como ejemplo la siguiente referencia suya: “si el Gobierno lograra mantener el gasto congelado, por los próximos cinco años, y si la economía creciera 3% por año, el gasto en relación con el PBI bajaría de 45% a 39% en 2021. Y si esa estabilidad del gasto permaneciera por diez años, caería hasta 34% del PBI en 2026.”

Con Dujovne no habrá ajustes o recortes de gasto. Las críticas de Dujovne a Prat-Gay o a Sturzenegger no son de fondo sino de forma. Mi lectura de sus notas es que cuestiona la estrategia de comunicación, más que las propias metas fijadas. Da la sensación de que mantendrá el foco en las mismas metas de déficit primario de 3,3% para 2017 (aún cuando el Presupuesto lo estima en 4,2 %); del 1,8 % para 2018 y del 0,3 % para 2019, pero con alguien que está convenido de su importancia.

Además pondrá foco en dos temas centrales: la fuerte presión tributaria, que a Dujovne le parece injusta e inviable, y la enorme proporción de empleo informal, que daría lugar a cierta flexibilización. El mercado ha reaccionado con tranquilidad ante este cambio. El dólar y el Merval prácticamente operaron sin cambios. Pero es más un cambio de nombres que de fondo y sustancial en la política fiscal. Sería deseable que las metas fiscales se construyan sobre el déficit consolidado y no sobre el primario, especialmente en una serie de años donde la Argentina acumulará nueva deuda con su consecuente pago de intereses.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Curioso resultado de una encuesta

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 5/6/16 en: http://economiaparatodos.net/curioso-resultado-de-una-encuesta/

 

La gente identifica al PRO como un partido liberal cuando en rigor no lo es y se esfuerza por no parecerlo

La semana pasada hice una encuesta en Twitter donde tengo unos 41500 seguidores, formulando la siguiente pregunta: ¿Qué partido político cree Ud. que representa mejor las ideas de un mercado libre y un sistema republicano?

Las opciones que elegí como respuestas fueron: PRO, UCEDE (existe en Capital Federal), el Frente Renovador y Ninguno. La encuesta estuvo online 24 hs. y hubo 3.284 votos. El 52% votó por el PRO, el 17% por la UCEDE, el 2% por el Frente Renovador y Ninguno tuvo el 29% de los votos.

El dato curioso es que el PRO hace todos los esfuerzos por mostrar que no tiene nada que ver con el liberalismo ni con el libre mercado al punto de manifestarlo públicamente por medio de algunos de sus funcionarios como Federico Pinedo o el Jefe de Gabinete, Marcos Peña. Por otro lado, adopta medidas económicas que difícilmente pueden ser tomadas como de tendencia liberal, como pueden ser mantener precios cuidados, la no reforma del estado, el manejo del tipo de cambio vía la tasa de interés, el rechazo a privatizar empresas estatales o volver a un sistema de jubilación privado y los ejemplos pueden seguir.

Es importante aclarar que la mayoría de los que son mis seguidores en Twitter tienen algún pensamiento a fin al mío, con lo cual todo parece indicar que la mayoría tiende a identificar al PRO como algo que no es ni quiere serlo: un partido de orientación liberal.

Es curioso como la mayoría o casi todos los partidos políticos de Argentina rechazan las ideas del libre mercado pero, como dice mi amigo Pablo Torres Barthe, al momento de salir a buscar votos los políticos usan las herramientas de capitalismo. Venden su imagen, hacen encuestas de opinión sobre qué quiere la gente y que no quiere la gente. Encargan estudios de mercado para vender sus candidaturas como si fueran a vender algún detergente. En fin, están en contra del capitalismo pero usan sus herramientas para tratar de captar votos.

Pero otro dato no tan curioso es que hubiera algunos comentarios señalando a la UCEDE como un partido del cual habían salido Boudou, Massa y María Julia Alsogaray. Sin duda creo que la UCEDE quedó pegada al menemismo en los 90. Sin embargo, el mismo rigor que le aplican a la UCEDE parece no querer aplicárselo a otros partidos.

Por ejemplo, dentro del gobierno del PRO hay gente que viene del massismo como es el caso de Ricardo Delgado que actualmente ocupa el cargo de Subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal en el ministerio del Interior. O Adrián Pérez que primero militó con Carrió y luego pasó al partido de Massa y ahora ocupa el cargo de Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior en el gobierno del PRO. Se podrá o no coincidir con las ideas de Delgado y de Adrián Pérez, pero no veo la razón para dudar de la honestidad de ambos por venir del partido de Massa como si todos los que militaran en ese partido fueran delincuentes.

El mismo Alfonso Prat Gay, actual ministro de Hacienda, aceptó ser presidente del Banco Central bajo el gobierno de Duhalde, que devaluó, pesificó los depósitos y luego continuó continuo con Kirchner, un hombre con clara tendencia a la tiranía.

Además podemos llenar un voluminoso libro con gente que ha saltado de partido en partido o de gobierno en gobierno. Patricia Bullrich fue ministro de Trabajo en el gobierno de la Alianza o el mismo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, también estuvo en el gobierno de la Alianza.

Diana Conti estuvo en el gobierno de De la Rúa. Pimpi Colombo, ex funcionaria ultra k, estuvo en la lista de candidatos de Domingo Cavallo, en Acción por la República. María Eugenia Estensoro, que luego fue senadora por la CC, fue candidata a diputada por el partido de Domingo Cavallo. Patricia Vaca Narvaja, funcionaria ultrak, fue candidata a diputada con la fórmula Menem-Ruckauf y podría llenar hojas y hojas sobre triples saltos mortales que dan los políticos para permanecer al calor del poder.

Tal vez este estado sobredimensionado, que no le presta ningún servicio al contribuyente al que esquilman y que todo lo traba con regulaciones corruptas es consecuencia de ver la política cómo una manera de hacer negocios personales y no como una tarea transitoria que consiste en administrar la cosa pública en una verdadera república.

Mi impresión es que esa desesperación que tienen en general los políticos por rechazar el liberalismo tiene mucho que ver con no perder el “negocio” de las empresas estatales, de las regulaciones que generan corrupción, de los subsidios que “compran” votos para llegar al poder. En su mayoría, no digo todos, los políticos rechazan el liberalismo porque es una ideología que desmantelaría el aparato de corrupción y opresión en que se ha transformado el estado. Les quitaría el “negocio” de los cargos públicos y de las coimas derivadas del gasto público. Hasta un intendente puede hacer fortunas cobrando coimas por cambiar el código de edificación de una zona de su partido para que, dónde pueden construirse 4 pisos se construyan 2 torres de 15 pisos sin importar el impacto ecológico, el abastecimiento de agua, electricidad y simple hecho de por dónde transitarán tantos autos.

Por el contrario, el discurso progresista cae simpático pero suele esconder la necesidad de manejar un estado gigantesco para poder repartir cargos públicos, coimear con autorizaciones para realizar cualquier tarea y robar con cada uno de los rubros del gasto público.

Es muy probable que algunas personas que se dedican a la política vean el estatismo, el intervencionismo y el distribucionismo como una manera de resolver los problemas de la gente. Es decir, tenga honestidad en su propuesta, pero a medida que va pasando el tiempo todo parece indicar que la política se ha transformado en un negocio muy rentable que necesita de gigantescos aparatos estatales y gasto público para sostener la legión de “colaboradores” que ayudan a llegar al poder.

Por eso creo que el liberalismo es detestado por la mayoría de la dirigencia política. Sencillamente porque si se aplicara una política liberal, se terminaría la política como negocio y los cargos públicos serían transitorios. Administrar por un tiempo la cosa pública y luego volver a su casa y a su negocio personal.

Cada vez me convenzo más que la Argentina no asiste a un debate de ideas de liberalismo versus progresismo, populismo e intervencionismo. El debate de fondo es terminar con la política como negocio personal o si se continúa usufructuando del poder.

El liberalismo terminaría con la política como negocio personal. El resto de las opciones, necesitan alimentarse de mucho aparato estatal y presupuesto para mantener su negocio. Esa es la diferencia entre liberalismo y el resto de las propuestas. El famoso cambiemos no es solo ser eficientes en la administración del estado. Es, fundamentalmente, un desafío ético para terminar con esta historia de tener a un estado que saquea a los particulares en nombre de justicia social, cuando en rigor lo único que buscan es el enriquecimiento ilícito de los que llegan al poder.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE