NO DESEARÁS EL INGRESO DE TU PRÓJIMO.

Por Gabriel J. Zanotti. Publicado el 24/7/16 en: http://gzanotti.blogspot.com.ar/2016/07/no-desearas-el-ingreso-de-tu-projimo.html

 

Realmente lamento que en este momento, donde los ultra-antikirchneristas saltan de alegría cada vez que encuentran una suma no declarada a un kirchnerista, tenga yo que volver a recordar, no solo que el problema del kirchnerismo NO es la corrupción (es más, eso fue nuestra salvación…) sino que el llamado delito de enriquecimiento ilícito es totalmente contrario al liberalismo clásico y a la tradición libertaria. La sociedad argentina particularmente se encuentra obsesionada por cada peso no declarado, por cada centavo que alguien no pueda “justificar ANTE EL ESTADO”,  con lo cual no hace más que ratificar su voluntad y mente socialista y totalitaria. Asi que me permito una vez más ser antipático.

La declaración sobre derechos humanos que TODOS los Lunes publico –redactada por mí y corregida por José Benegas- dice, en su punto 1: “….Toda persona tiene derecho natural al fruto de su propio trabajo, o a lo legítimamente heredado o donado sin fraude. Ello incluye al libre comercio”. A ver si lo aclaramos mejor: ¿cuál puede ser el origen de una suma de dinero? El propio trabajo, la donación, la herencia, los intereses de los mercados de capitales o…. El robo. Listo, no queda otra. Ahora bien, el delito es el robo. Y toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por ende, si alguien piensa que otro robó, que lo acuse y que lo pruebe, de acuerdo a las normas del debido proceso.

Es POR ESO que el punto 3 dice: “….Ninguna persona tiene por qué declarar ante nadie sus ingresos, ni su origen o el destino.” ¿Por qué declarar ante el estado los ingresos? ¿No implica ello violar todo el debido proceso, y considerar a las personas culpables hasta que se demuestre lo contrario? ¿Por qué aclarar el origen de mis bienes? ¿No es toda persona inocente hasta que se demuestre lo contrario?

Y si la respuesta es: para controlar el pago del impuesto a la renta, ello implica no sólo que se considera que el fin justifica los medios, sino que no se ha reparado en la inmoralidad y en el daño económico del impuesto a la renta, que grava recursos que potencialmente podrían haber sido destinados a la inversión. Si se pregunta de dónde va a sacar el estado sus recursos, es que se olvidan dos cosas: uno, que sólo debería haber impuestos indirectos –dejando de lado ahora el tema del anarco-capitalismo-, y segundo, que la mayor parte de ingresos que reciben los estados actuales son para funciones indebidas y desproporcionadas. Debe bajarse el gasto público y por ende drásticamente la presión impositiva para favorecer de este modo el ahorro y la inversión, el único modo de salir de la pobreza generalizada.

Por ende lo lamento mucho por los macristas y demás argentimos obsesionados con las “obras públicas” y con el presupuesto de un estado cuyos ministerios, secretarías y subsecretarías son casi todos completamente inútiles, intervencionistas y violatorios de las libertades individuales. Están equivocados de base en su argumento para la necesidad del impuesto a la renta.

Una buena prueba de la impresionante inmunidad al liberalismo clásico que tienen los argentinos, es que la mayoría de los nuevos funcionarios del gobierno macrista aceptaron ejercer funciones en ministerios y secretarías que, como he dicho, sólo responden a la obsesión reglamentarista e intervencionista de un socialismo cultural. Que un kirchnerista acepte el ministerio del tomate, es coherente. Pero si no, hay que estar del tomate…

Por lo demás, obviamente que deben ser acusados y sometidos a debido proceso los funcionarios sospechados de robar fondos públicos, pero ello NO implica justificar un sistema impositivo y legal contrario a la sociedad libre y las libertades individuales.

Por que ese sistema es precisamente el que incentiva a NO declarar fondos privados legítimamente obtenidos, como un derecho a la legítima defensa ante un ROBO ejercido a la propiedad genuina. Instáurese una sociedad libre, con seguridad judírica, redúzcase drásticamente el gasto público y la presión impositiva, y ya verán cómo todos los bienes no declarados afuera volverán y NO como por encanto. Mientras tanto, se seguirán yendo: y NO es inmoral, lo inmoral es perseguir a quienes se defienden.

 

Lo lamento si con esto les arruino el modo favorito de “cazar kirchneristas”. Al Capone debería haber sido apresado por robo y asesinato. Que se lo haya condenado por la estupidez de no pagar impuestos de dudosa moralidad, fue una derrota para la sociedad libre.

 

Gabriel J. Zanotti es Profesor y Licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), Doctor en Filosofía, Universidad Católica Argentina (UCA). Es Profesor titular, de Epistemología de la Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor de la Escuela de Post-grado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Profesor co-titular del seminario de epistemología en el doctorado en Administración del CEMA. Director Académico del Instituto Acton Argentina. Profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Fue profesor Titular de Metodología de las Ciencias Sociales en el Master en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y miembro de su departamento de investigación.

Descalificaciones invaden el debate en universidad argentina

Por Guillermo Luis Covernton. Publicado el 8/5/15 en http://esblog.panampost.com/guillermo-covernton/2015/05/08/descalificaciones-invaden-el-debate-en-universidad-argentina/

 

Lejos de exponer sus méritos y conocimientos, un profesor universitario recurre a descalificaciones prejuiciosas e ideológicas para criticar a un colega.

 

Diversos observadores, expertos en educación y graduados universitarios se plantean con alarma: ¿es la universidad pública argentina una usina de mediocres ideologizados? La pregunta adquiere vigencia frente a un hecho cuestionado y lamentable: nos referimos al disenso suscitado por el resultado del concurso de una cátedra de economía en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNC) de Argentina.

"Llama profundamente la atención de que sea el aspirante al cargo quien determina cuales son las ideas políticas, económicas y morales aceptables, en vez de ceñirse al estatuto universitario, que es el que fija este marco institucional".  (UPC)

Entre los cuatro candidatos que se postularon para ese puesto, fue designado un Ingeniero en Petróleo, graduado en la misma universidad.  Sin embargo, no había sido el ingeniero quien quedó en la mejor posición para acceder al cargo, sino el Dr. Pablo Guido, cuyo frondoso curriculum incluye un doctorado internacional en la materia, una maestría en Economía y Administración y dos títulos de grado, como licenciado en Economía y en Ciencias Políticas. Con 15 años de docencia universitaria en niveles de grado y posgrado en diversas universidades, y con diversas publicaciones científicas e investigaciones sobre la materia, puede probar las credenciales suficientes para asumir el cargo.

¿Es razonable que ocurra esto? ¿Cuáles pueden ser las razones que alimentan semejante controversia? En primer lugar, nos llama poderosamente la atención que el beneficiado por la controvertida decisión tiene menos méritos que cualquiera de los otros tres aspirantes que concursaron. Lejos de exponer sus méritos, conocimientos y demostrar que es versado en los temas que deberá abordar en la cátedra, solo se limita a descalificar al más idóneo, con argumentaciones que resultan, como mínimo, prejuiciosas e ideológicas.

En un artículo periodístico reciente, el aspirante a profesor destaca sus cuestionamientos a las universidades en las que su rival se formó, y en las que ha dictado cátedra, como si las mismas no estuvieran acreditadas internacionalmente muy por encima de la universidad en la que pretende dictar clases. Pretende sembrar dudas sobre el valor y la integridad académica de filósofos, intelectuales e investigadores laureados con los máximos premios internacionales, solo porque no sostienen sus mismas premisas. Una muestra de los prejuicios ideológicos y de neto corte clasista, muy propios del marxismo cultural que sostiene.

Sencillamente ha pretendido justificar la cuestionable decisión del jurado del concurso, refrendada luego por el consejo directivo de la universidad, pese a la disidencia de los consejeros alumnos —representantes de los verdaderos damnificados—, mediante la descalificación prejuiciosa y arbitraria del más calificado de los aspirantes.

El ingeniero le imputa a su competidor, y a todos quienes se hayan formado o hayan dictado cátedra en alguna de estas muy respetables y bien calificadas universidades, una serie de desvalores y calumnias que no tienen nada que ver con el quehacer académico. Este estilo descalificador y de barricada, que sería inadmisible incluso entre el inexperto alumnado en una universidad de las que realmente trascienden en el país, revela la inexistencia de méritos suficientes.

Asimismo recurre a afirmaciones antojadizas, sin documentarlas con citas de ningún tipo, un comportamiento casi instintivo para quien se dedica a la investigación académica. Pretende adjudicarle a un pequeño grupo de universidades privadas —a las que llama “usinas de ideas conservadoras”— la responsabilidad de los cuestionamientos que pesan sobre la universidad pública, sin percibir su propia responsabilidad y la importancia de sus actitudes, en desmedro de la universidad que busca integrar.

Incurre en una actitud irritante y ambigua cuando abusa de las instituciones formadas al amparo de la Constitución, la tradición de libertad, el derecho a estar en desacuerdo y la apertura intelectual que han caracterizado a las universidades argentinas en sus orígenes para pretender manejar una institución de la cual no es dueño, como si su sola opinión fuera la única determinante.

Su opositor, en cambio, demostrando la entereza moral de las personas educadas, se manifiesta perplejo por la arbitrariedad con la que pretende manejarse la designación de profesores en un ente que debería ser la cuna de la democracia y de los principios republicanos de los ciudadanos.

Universidades Estatales vs. Universidades Privadas

En Argentina tenemos dos tipos de universidades: las que son de propiedad de particulares, que tienen por lo tanto la obligación de ceñirse en sus programas y contenidos a lo que la sociedad en su conjunto prefiere y valora, bajo pena de no conseguir alumnos, no poder cobrar por su servicio educativo, perder su patrimonio y cerrar; y las otras, las que al no tener dueños, sino ser patrimonios estatales, corren el riesgo de caer en manos de grupos de sectarios, que pueden tomar de rehenes a los alumnos, dictar los contenidos que les vengan en gana y seguir dilapidando fondos públicos de pésima manera.

Precisamente, para evitar esto es que la legislación les obliga a concursar cátedras y a someterse a consejos directivos cuyas autoridades deben ser elegidas democráticamente. Y les está vedado actuar arbitrariamente —y mucho menos discriminar— a docentes por razones de diferencias en las ideas políticas, económicas, religiosas o morales de los candidatos.

Nada de esto parece ser percibido por el aspirante a docente universitario que genera todos estos cuestionamientos. Por un lado, afirma que el estatuto universitario exige valores morales, aunque al mismo tiempo demuestra no tenerlos al acusar a su competidor de conductas que no puede acreditar y que se fundan solo en los estudios de este y no en sus acciones. Para el ingeniero, estudiar ciertas ideas podría constituir una actividad delictiva, antidemocrática o antirrepublicana.

Llama profundamente la atención de que sea el aspirante al cargo quien determina cuáles son las ideas políticas, económicas y morales aceptables, en vez de ceñirse al estatuto universitario, que es el que fija este marco institucional. Paralelamente, ignora los artículos del estatuto universitario que obligan a la universidad a ser prescindente en materia ideológica, política, y religiosa, y asimismo a garantizar el pluralismo en materia académica. En sus estatutos no se admiten discriminaciones en los aspectos religiosos, raciales, ideológicos, o económicos. Algo que no solo es obvio, sino que, de ser tolerado, sería ilegal.

De la lectura de las manifestaciones del candidato beneficiado solo se deduce su desconocimiento palmario de la manera en que las personas desarrollan los mecanismos de colaboración social que les permiten a los individuos coordinar sus esfuerzos para el logro del bien común. Esto le impide ver que sus planteos sectarios y facciosos solo se pueden llevar adelante en una institución en la cual los alumnos no pueden hacer más que aceptar las directivas que se les imparten desde arriba, sin poder discutir, cuestionar, debatir ni perfeccionar ninguna de las teorías a las que pretende someterlos.

A nadie que haya asistido a una universidad seria y desarrollado una carrera académica se le escapa que las pretensiones del aspirante a docente no prosperarían en ninguna institución académica de renombre del mundo, ya que estas solo pueden acceder a posiciones de prestigio si hacen gala de apertura mental, respeto por el disenso, pluralismo intelectual, fomento de un clima de debate e intercambio de posiciones diferentes, y progreso de la ciencia mediante el estudio de las más diversas teorías.

Entre los idiotas y la deshonestidad intelectual

Un párrafo aparte merecería tratar de detectar el grado de deshonestidad intelectual y de perversión del carácter que implica el hecho de imputarle a alguien conductas antisociales, antidemocráticas, y contrarias al respeto por los derechos individuales, simplemente por el hecho de haber estudiado en determinada universidad, o por el hecho de que se cuestiona con argumentos clasistas a las personas que piensan diferente a los energúmenos de turno.

Es patético que idiotas —en la acepción griega del término— pretendan confundir al resto de los ciudadanos que financiamos con nuestros impuestos su lamentableperformance, tratando de tomarnos por tales.

Y a la vez, todo aquel que pretende ignorar que las universidades privadas crecen y prosperan, producen investigaciones, trascienden en el exterior y se ubican por encima de muchísimas de las estatales, en todos los rankings internacionales que utilizan metodologías objetivas, hace gala de una absoluta falta de honestidad intelectual. A pesar de cobrar por las enseñanzas que imparten, si las universidades privadas se desvían de su misión se quedarían sin financiamiento.

En la otra vereda se encuentran aquellos que viven tirando de la teta del Estado para luego malgastar los recursos en estériles posiciones ideológicas, perimidas y fracasadas en todas las sociedades en las que se intentó implementarlas, siempre por la fuerza de las bayonetas y nunca en un clima de libertad y respeto por los principios republicanos.

 

Guillermo Luis Covernton es Dr. En Economía, (ESEADE). Magíster en Economía y Administración, (ESEADE). Es profesor de Macroeconomía, Microeconomía, Economía Política y de Finanzas Públicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, (UCA). Es director académico de la Fundación Bases. Preside la asociación de Ex alumnos de ESEADE.