Pensemos juntos en el concepto de la deuda pública externa

Por Alberto Benegas Lynch (h) Publicado el 14/3/20 en: https://www.infobae.com/opinion/2020/03/14/pensemos-juntos-en-el-concepto-de-la-deuda-publica-externa/

 

Adelanto que en el texto que sigue no estoy pensando en determinada circunstancia o en determinado país sino en la formulación de reflexiones que pueden aplicar a todos como un principio general de finanzas públicas circunscriptas al sector externo. Mucho menos estoy pensando en gobernantes que usan como pretexto la dificultad del repago de deudas para al poco tiempo volver a las andadas, siempre para financiar un aparato estatal gigantesco y creciente.

Cuando Thomas Jefferson estaba a cargo de la embajada estadounidense en Francia recibió la flamante Constitución de su país y dijo que si hubiera podido introducir un agregado hubiera sido la prohibición del gobierno de contraer deuda externa, pues eso afecta los patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del gobernante que contrajo la deuda.

En épocas contemporáneas el premio Nobel en economía James M. Buchanan ha consignado lo mismo vía sus sugerencias de reforma constitucional para imponer presupuestos equilibrados. Su énfasis sigue la misma línea argumental que Knut Wicksell sobre la inmoralidad de la deuda pública externa, principal aunque no exclusivamente en sus textos Public Principles on Public Debt y, con Robert Wagner, en Democracy in Deficit.

Sobre los privados que contraen deuda adquiriendo títulos públicos de los diferentes estados nada hay que objetar, dadas las alternativas disponibles eligen proceder de esta manera en vista de los intereses y los reembolsos del capital que se prometen y asumen los riesgos correspondientes, especialmente respecto a insolvencias gubernamentales.

El análisis referido a organismos internacionales de carácter estatal tiene sus bemoles en el sentido de que son financiados coactivamente con recursos provenientes de los contribuyentes de diversos países. Es pertinente detenernos un minuto en el caso del Fondo Monetario Internacional al efecto de ilustrar el punto.

Antes he escrito sobre el FMI pero es del caso reiterar lo dicho en este contexto. Esta entidad fue una creación en Breton Woods inspirada por John Dexter White y John Maynard Keynes, primero como banquero de banqueros centrales y luego como prestamista.

Entre otros, al decir de economistas de la talla de Peter Bauer, Doug Bandow, Robert Barro, Karl Brunner, Ronald Vauvel y Raymond Mickesell, esa institución sirve para financiar a gobernantes ineptos que cuando están por renunciar o, empujados por la realidad a revertir sus fracasadas políticas estatistas reciben cuantiosos recursos a bajas tasas de interés con períodos de gracia al efecto de continuar con aparatos estatales sobredimensionados a los que generalmente aconsejan incrementar aun más las cargas impositivas y otras medidas al efecto de equilibrar sus presupuestos, pero no reducir el tamaño del Leviatán.

Sostienen estos profesionales que ese ha sido el caso repetidamente en Argentina, México, Bolivia, Republica Dominicana, Haití, Indonesia, Irak, Pakistán, Tanzania, la ex Camboya, Filipinas, Ghana, Nigeria, Sri Lanka, Zambia, Uganda, El Salvador, Egipto y Etiopía. En este contexto Harry Johnson ha consignado que “el llamado nuevo orden internacional no es nuevo, ni orden ni internacional sino que es una copia del mercantilismo del siglo XVI”.

En su visita a Buenos Aires, Yuri Yarim Agaev, enviado por Vladimir Bukouvsky -uno de los más destacados disidentes de la ex Unión Soviética junto con Alexander Solzhenistin- informó que luego del derrumbe del Muro de la Vergüenza liberales rusos estuvieron a punto de acceder al gobierno “si no fuera por la apresurada irrupción del FMI que dotó de millones de dólares a miembros de la nomenclatura de donde finalmente surgió el actual gobierno”.

Fue muy difundido el caso del general Mobutu Sese Seko, quien usurpó el poder en Zaire, el mayor receptor de ayuda por parte del FMI en relación a su población. El poder de Mobutu fue absoluto condenando a la gente a los suplicios más horripilantes en un contexto de saqueo permanente que permitió que ese sátrapa acumulara una fortuna de ocho mil millones de dólares de esa época.

Entonces, debido a su antes referida trayectoria y a la fuente de recursos de la que echa mano es que autores como los mencionados al comienzo de esta nota sugieren la liquidación de esa entidad, a los que debe agregarse el jugoso ensayo de Anna Schwartz titulado “Es tiempo de terminar con el FMI y el Departamento de Estabilización del Tesoro” y los suculentos libros, por una parte, de Melvyn Krauss titulado Development Without Aid y, por otra, el de Dambisa Moyo titulado Cuando la ayuda es el problema en los que se detallan innumerables casos patéticos de países que reciben cuantiosos recursos en medio de corrupciones alarmantes y dislates económicos fomentados por la ayuda que, como queda dicho, proviene coercitivamente de bolsillos ajenos.

En esta secuencia que presentamos es importante subrayar que no resulta apropiado establecer un correlato de la deuda pública con la privada en cuanto al retorno sobre la inversión en el sentido de evaluar las ventajas de abstenerse de consumir en el presente para la obtención de beneficios en el futuro. En primer término porque no hay tal cosa como “inversión pública”, ya que la naturaleza de la inversión es necesariamente voluntaria al estimar ventajas futuras en relación al presente por lo que se procede a ahorrar y a colocar esos recursos. El uso de la fuerza en la exacción de fondos nunca puede traducirse en inversión; “inversión forzosa” constituye una contradicción en los términos. De lo que se trata en el ámbito gubernamental es del gasto corriente o el gasto en activos fijos pero, como decimos, no tiene sentido ni rigor alguno la parla de “inversión pública”. Si se le arrancara la billetera al lector y el asaltante dijera que le invertirá el fruto del asalto para beneficio del asaltado, quedaría clara la incoherencia puesto que el titular le hubiera dado otro destino al fruto de su trabajo y aun en el supuesto que le hubiera dado el mismo queda el perjuicio del atropello (por otra parte, la única manera de definir preferencias es dejar que el dueño de los recursos las manifieste).

Viene ahora otro asunto también de gran trascendencia y es que todo compromiso efectuado libre y voluntariamente debe ser honrado por quien lo contrajo. En nuestro caso, todas las promesas de repago por préstamos concedidos deben cumplirse, de lo contrario los incumplidores deben sufrir las sanciones correspondientes sin atenuantes.

Pero el asunto adquiere características diferentes si se compromete por la fuerza el patrimonio de personas que no han dado su consentimiento. La conclusión de marras queda clara en las relaciones particulares pero es pastosa cuando es el gobierno el que asume compromiso en nombre de los gobernados.

A esta altura es pertinente detenerse en lo que se conoce en la ciencia política como “el contrato social”, esto es un acuerdo tácito o implícito por el que los gobernantes proceden en concordancia con el resto de los miembros de la sociedad.

También en otra oportunidad he escrito sobre este tema, pero también se hace necesario reiterar parte de lo dicho. Desde Hobbes en adelante, hay una larga tradición que acepta la existencia de un así llamado “contrato original” para la constitución del monopolio de la fuerza, lo cual ha sido refutado enfáticamente por autores como James Burckhard quien llega a la conclusión que “La hipótesis contractual para explicar la fundación de un Estado es absurda” (en Reflexiones sobre la historia universal), en el mismo sentido John Stuart Mill escribió que “la sociedad no está fundada en un contrato” (en On Liberty) y, por otra parte, Joseph Schumpeter afirma que “La teoría que asimila los impuestos a un club o la adquisición de servicios, por ejemplo, de un médico, solamente prueba lo alejada que está esta parte de las ciencias sociales de la aplicación de métodos científicos” (en Capitalismo, socialismo y democracia).

Como explica David Hume, se trata de una ficción por la que nada obliga a los miembros de la comunidad a atender un andamiaje inventado que pretende justificar cierta estructura institucional, así dice: “Es evidente que ningún contrato o acuerdo fue expresamente establecido […este supuesto] no está justificado por la historia ni por la experiencia de ningún país del mundo […] Se dice que al vivir bajo el dominio de un príncipe, todos los individuos han dado un consentimiento tácito a su autoridad por el que prometen obediencia” (en su ensayo titulado “On the Social Contract”). Y en otra obra, el mismo autor concluye: “Si se preguntara a la mayor parte de la gente de una nación si han consentido a la autoridad de sus gobernantes o si han prometido obedecerles, estarán inclinados a pensar de un modo extraño de quien formula la pregunta” (en A Treatise on Human Nature).

En una dirección similar y con mayor extensión, R. E. Barnett apunta que “aquellos que justifican el deber de obedecer la ley en base al ´consentimiento de los gobernados´ deben explicar exactamente como y donde we the people -usted y yo y todos los demás- consentimos en obedecer las leyes [de la jurisdicción en la que vivimos]” (en The Righs Retained by the People) y a continuación en la misma obra afirma que no puede argumentarse seriamente que uno está representado cuando es derrotado el candidato que hemos votado ya que no estamos representados por los actos del gobierno del oponente, justamente el candidato que votamos en contra. Y continúa diciendo que incluso si ganara el candidato que hemos votado, no quiere decir que adhiramos al sistema puesto que eventualmente podemos solo intentar la minimización del mal, para no decir nada de los que no votan o votan en blanco, precisamente como señal de protesta o simplemente porque la legislación hace obligatorio el voto.

Seguidamente escribe Barnett que cuando se hace referencia a un sistema en el que se consiente algo, esto quiere decir que se puede no consentir, de lo contrario pierde por competo el sentido de “consentir o acordar”. Sigue diciendo el mismo autor que en nuestros sistemas políticos resulta muy curioso que se repita que los ciudadanos están “consintiendo” cuando no hay manera de expresar el no consentimiento: “Cara, usted consiente, seca también consiente, no se tira la moneda, ¿adivine qué? Usted también consiente. Esto no es consentir”. Por último Barnett pone de manifiesto el pseudoargumento de que se “consiente” por el mero hecho de haber nacido en tal o cual país, lo cual presupone que el gobierno es el dueño del país en cuestión y del lugar donde uno vive, razonamiento que pretende un correlato del todo improcedente “como si se estuviera viviendo en la casa de otro”. Además, como marcan Michell y Simmons, “los votantes no pueden discriminar entre promesas específicas y deben descansar en promesas generales que no pueden legalmente hacerse cumplir” (en Beyond Politics. Markets, Welfare and the Failure of Buracracy).

Pero a los efectos del argumento supongamos que la ficción del contrato original no fuera tal, ¿el atropello gubernamental no tiene límite? Supongamos que el gobierno decide con apoyo del voto popular decapitar a los rubios. ¿Ellos tiene que ofrecer mansamente sus cabezas? En el caso que nos ocupa en esta nota periodística, cierro con varias preguntas que giran en torno al mismo asunto crucial para que pensemos juntos en posibles respuestas con los lectores: ¿La gente debe aceptar hacerse cargo de cualquier volumen de deuda contraída por su gobierno? ¿No hay límite alguno? ¿Incluso si proyecciones razonables muestran que los pagadores del futuro quedarán literalmente exhaustos sin recursos por ser exprimidos por sus gobiernos para “honrar la deuda”? Siempre hay pensamientos iniciales que pueden eventualmente cambiar paradigmas; esto viene ocurriendo desde el arco y la flecha, que si no se hubiera aceptado estaríamos aun solo con el garrote.

La última vez que lo invité a Buchanan a Buenos Aires se pronunció en los medios por repudiar la deuda pública externa contraída por gobiernos de facto; ahora nos preguntamos si hay limitaciones para el volumen de la deuda gubernamental también en gobiernos considerados de jure. Soy consciente de que estos interrogantes alarmarán al espíritu conservador atado al statu quo. De todos modos, el asunto amerita ser tratado. Es para pensar y también para debatir con colegas. Suele ocurrir que de estos intercambios surgen criterios prudenciales de gran fertilidad.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa. Es miembro del Comité Científico de Procesos de Mercado, Revista Europea de Economía Política (Madrid). Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres, Académico Asociado de Cato Institute en Washington DC, miembro del Consejo Académico del Ludwig von Mises Institute en Auburn, miembro del Comité de Honor de la Fundación Bases de Rosario. Es Profesor Honorario de la Universidad del Aconcagua en Mendoza y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, Presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso y miembro del Consejo Asesor de la revista Advances in Austrian Economics de New York. Asimismo, es miembro de los Consejos Consultivos de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, del Club de la Libertad en Corrientes y de la Fundación Libre de Córdoba. Difunde sus ideas en Twitter: @ABENEGASLYNCH_h

Consensos para bajar la presión tributaria: la Curva de Laffer, Irlanda y Reagan

Por Adrián Ravier: Publicado el 20/7/17 en: https://www.elcato.org/consensos-para-bajar-la-presion-tributaria-la-curva-de-laffer-irlanda-y-reagan

 

Adrián Ravier estima que el gobierno de Mauricio Macri podría simplificar el sistema tributario y reducir la presión tributaria sin necesariamente mermar la recaudación tributaria.

La herencia del gobierno anterior ha sido bastante compleja de desarticular. Ha habido avances en algunos frentes como el monetario y el cambiario, pero han sido claramente insuficientes en el frente fiscal. El gobierno parte de un diagnóstico adecuado. Acepta que la presión tributaria es excesiva para sus pretensiones de recuperar la inversión privada, a la vez que admite el elevado déficit fiscal, que lo mantiene acorralado en su intención de reforma tributaria. El ministro Nicolás Dujovne se ha propuesto para los próximos meses lanzar una reforma tributaria, pero los analistas temen que ésta sólo busque resolver el laberinto fiscal, sin reducir al mismo tiempo la presión tributaria.

Argentina tiene más de 100 impuestos en los tres niveles de gobierno, y las recomendaciones de los especialistas de finanzas públicas sugieren no tener más de 10. Está claro que la simplificación tributaria es necesaria, pero olvidarse de la presión tributaria constituye un error. No debemos buscar reemplazar algunos impuestos con otros nuevos, o elevando las alícuotas de los existentes. Argentina debe eliminar impuestos para alcanzar así el doble objetivo de simplificar el laberinto fiscal y, a la vez, reducir la presión tributaria.

El temor por la recaudación

El gobierno teme que hacerlo pueda implicar una reducción en la recaudación, lo que perjudicaría aun más las metas de acotar el déficit fiscal. Este temor, sin embargo, está infundado. El argumento principal para mostrar el punto no es otro que el conocido modelo de la Curva de Laffer.

La recaudación tributaria surge de multiplicar la “presión tributaria” por una cierta “base imponible”. Si el gobierno estuviera realmente convencido de que la presión tributaria actual inhibe la inversión, entonces debe comprender que desmantelar la mayoría de los impuestos podría impulsar fuertemente la actividad económica y el empleo, lo que incrementaría la base imponible y con ello aumentaría la recaudación. En términos de la Curva de Laffer, parece haber consenso entre los economistas de que la Argentina se encuentra por encima del óptimo.

Otro efecto secundario a la reducción de la carga tributaria es el consecuente impulso en la actividad económica y el empleo, lo que abre soluciones de mercado para muchos de los problemas que hoy el Estado busca resolver por la vía pública. Si reducimos la presión tributaria drásticamente y se crean nuevos puestos de trabajo, entonces el Estado puede reducir el gasto social, porque se reduce el número de necesitados. El efecto es benéfico económica y socialmente.

El consenso sobre la baja en la presión tributaria es tan amplio en economía que hasta ortodoxos y heterodoxos se darían la mano. Los ortodoxos no desconocen que el déficit fiscal es un problema real, pero aplauden desde luego reducir la órbita del Estado para dar lugar al mercado. Los heterodoxos, por su parte, comprenden que reducir la carga tributaria incrementa el ingreso disponible y con ello el gasto en consumo, lo que también da impulso a la demanda agregada en un momento en que la economía real todavía está en una situación delicada.

Irlanda, Reagan y Europa del Este

La evidencia empírica es enorme en esta materia. Quizás el caso más reciente es el de Irlanda, que bajando la presión tributaria logró atraer a numerosas empresas que querían escapar del fisco europeo. El impulso en la actividad económica desarrolló lo que hoy la literatura conoce como “el milagro del Tigre Celta”, básicamente por ser una isla de baja presión tributaria en un océano de Estado Benefactor.

Otro caso digno de mención es el de Ronald Reagan en Estados Unidos, quien bajó la tasa marginal más alta desde el 70 al 28%. En 8 años de gestión, Reagan consiguió reducir la inflación, acelerar el crecimiento económico y mantener prácticamente el mismo nivel de recaudación en relación con el PIB que el que existía cuando llegó al gobierno. Un claro ejemplo del mensaje de la Curva de Laffer.

Si el gobierno además se animara a dejar a un lado el gradualismo, entonces podríamos mirar otros casos emblemáticos en los países del Este de Europa, que emprendieron una transición desde el socialismo hacia las economías de mercado, no dudando en generar un cambio profundo en el frente fiscal para obtener una transformación real de sus economías.

Mauricio Macri está a tiempo de transformar la Argentina, como lo hizo la generación del 37 en tiempos pasados. Pero sin convicción, esta transformación será efímera. La reforma tributaria de Dujovne generará seguramente un impulso positivo en la actividad económica, pero su magnitud dependerá directamente de su convicción para simplificar el laberinto fiscal y también para reducir la presión tributaria.

 

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE. Es profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.

Argentina y el dilema del gasto publico

Por Gabriel Boragina Publicado  el 22/8/17 en: http://www.accionhumana.com/2017/08/argentina-y-el-dilema-del-gasto-publico.html

 

“El gobierno nacional y las provincias anunciaron el acuerdo para dictar una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Con este consenso se espera facilitar el tratamiento en el Congreso y la posterior adhesión de cada jurisdicción. El objetivo declarado es inducir a que en los tres niveles de gobierno se tienda a una administración más transparente y austera del gasto público. Para ello, se fijan límites al crecimiento del gasto público, el empleo y el endeudamiento y reglas para la publicación de información sobre las finanzas públicas.“[1]

Difícilmente estos objetivos se vean realizados con una simple reforma de la ley (en caso de lograrse) si no se modifica la política económica del gobierno. Como ya expresamos en otras ocasiones anteriores, la política económica del poder ejecutivo se encamina decididamente hacia una estrategia de tipo desarrollista. Prueba de ello son los discursos y los hechos concretos del gobierno en los que ambos se orientan a ambiciosos planes de obra pública, los que incluyen tanto la de infraestructura como habitacional. Sabido es que la obra pública, sea que la lleve a cabo el propio gobierno o la concesione a particulares, necesita recursos del Estado, y esos fondos imprescindiblemente se traducirán en incrementos del gasto público. Ergo, dificultosamente se pueda comprometer a través de esta ley mayor austeridad (la que también debería definirse claramente) cuando la política económica de fondo reclama una menor austeridad.

“La Ley de Responsabilidad Fiscal originalmente fue puesta en vigencia en el año 2005, pero a partir del año 2009 las reglas fueron relajadas al punto que se diluyó su operatividad. El argumento utilizado en ese momento para justificar las excepciones fue afrontar las consecuencias de la crisis internacional. La crisis pasó rápidamente, pero el relajamiento en la administración del gasto público se mantuvo. Con las reformas acordadas ahora se procura restablecer el espíritu original que inspiró en su momento la ley.“[2]

A ello hay que sumar lo dudoso que resulta que por medio de una ley se logre evitar los desbordes que, tanto los políticos como quienes los apoyan, promueven para que esas mismas leyes terminen infringidas. La ley se sancionó en 2005 y no consumó sus cometidos, en buen romance significa que ni el propio gobierno de entonces la cumplió ni tampoco hubo una exigencia de la ciudadanía en que se la observe. Ahora se trata de impulsar una nueva ley o una reforma (no queda claro el punto). Pero la cuestión clave sigue siendo el poco respeto de la ciudadanía (políticos incluso) de las leyes, que si bien se declaman, en los hechos se incumplen o se violan, en el mejor de los casos. Artilugios legales basados en la crisis internacional determinaron la inoperatividad de la ley (que técnicamente como tal puede ser excelente).

“Para evaluar la eficacia de las reformas consensuadas resulta pertinente tener en cuenta la dinámica que muestran las finanzas públicas en los tres niveles de gobierno en los últimos años. Según datos del Ministerio de Hacienda entre los años 2005 y 2015 se observa que:

* El gasto público nacional pasó del 14% al 26% del PBI.

* El gasto público provincial pasó del 12% al 17% del PBI.

* El gasto público municipal pasó de 3% a 4% del PBI”

Estos datos muestran que lo que prevaleció en la última década fue una enorme irresponsabilidad fiscal. Sumando los tres niveles de gobierno arroja que el gasto público consolidado pasó del 29% al 47% del PBI. De esta forma, el histórico crecimiento de la presión impositiva no fue suficiente para financiar semejante expansión de las erogaciones del Estado. El resultado es un desequilibrio de las cuentas públicas insostenible. El aspecto más negativo de este proceso es que este aumento de gasto público no brindó más y mejores servicios del Estado. Los resultados educativos, sanitarios, en materia de justicia y seguridad y servicios básicos en general muestran un severo deterioro.“[3]

Gasto público consolidado

Nación, provincias y municipios // En % del PBI

Si se considera que el objeto del gasto público es la educación, la sanidad, la justicia, seguridad y servicios básicos (no se aclara que significa esto último, porque lo básico para unos puede ser superfluo para otros), indicados -al mismo tiempo- que con los niveles de gasto explicitados anteriormente aun así aquellos rubros “muestran un severo deterioro”,¿qué puede esperarse si a todo esto (que a nuestro juicio es excesivo) se le agrega -además- un ambicioso plan de obras públicas que pretende abarcar a todo el país?. La única solución a este dilema es privatizar y desregular toda la economía, remedio que causa rechazo generalizado, ya que se lo asocia a la triste y malograda experiencia adoptada en los años 90 cuando se le dio ese nombre a la trasferencia de monopolios estatales a otros privados, se desreguló muy poco y mal, se financió todo con endeudamiento, y se implantó una política monetaria de tipo de cambio fijo en lugar de libre.

Pero, calculamos que difícilmente el gobierno vaya en esta dirección. El desarrollismo implícito que inspira la filosofía económica del presidente Macri y su equipo es claramente intervencionista, cree en un rol activo del estado-nación en la economía. Pero, adicionalmente, a ese desarrollismo le añade otro ingrediente -que no era propiamente desarrollista- y que es el asistencialismo, que está asociado con el populismo y el estado de bienestar.

“Las reformas acordadas sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal van en el sentido correcto. Sin embargo, resultan insuficientes para devolver sustentabilidad a las finanzas públicas, aun cuando todas las jurisdicciones se ajusten estrictamente a las pautas previstas.“[4]

Aunque los autores del informe no aclaran a qué tipo de insuficiencias se refieren, en el caso de ser las señaladas en los párrafos anteriores por nosotros podemos estar básicamente de acuerdo con ellos. Hace falta una profunda reforma del estado en el sentido apuntado por nosotros más arriba: desregular y privatizar todos los sectores económicos y reservar al gobierno el control de las leyes, la justicia y la seguridad, y… no más.

[1] IDESA. “RÉCORD DE GASTO PÚBLICO CERCENA EL PROGRESO”. Informe del 20 de agosto de 2017 – Número 718 (todas las negrillas corresponden al texto original).

[2] IDESA, Op. Cit. Ídem.

[3] IDESA, Op. Cit. Ídem.

[4] IDESA, Op. Cit. Ídem

 

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.

Gasto público: ¿cambiar o continuar?

Por Roberto H. Cachanosky. Publicado el 16/5/16 en: http://economiaparatodos.net/gasto-publico-cambiar-o-continuar/

 

Conformarse con dejar el gasto público en los niveles actuales es más continuar que cambiar

Si bien soy un ferviente partidario del equilibrio fiscal, confieso que prefiero un gobierno que tenga un déficit fiscal del 0,5% del PBI con un gasto público del 10% del PBI a un gobierno con equilibrio fiscal pero con un gasto público del 50% del PBI. Y mucho quiero tener un gasto del 50% de PBI con un déficit fiscal del 7% del PBI que nos dejó de regalito el kirchnerismo.

Puesto en otras palabras, el problema fiscal no pasa solo por tener las cuentas equilibradas sino que, además, el nivel de gasto público es clave para evitar que el estado se convierta en un estorbo para el crecimiento de los países.

Este punto viene a cuento porque el PRO no parece estar muy entusiasmado por bajar el gasto público. Días pasados, Andrés Ibarra, Ministro de Modernización, sostenía que &”nuestro objetivo con las cesantías no es producir un ahorro presupuestario, sino que el gasto del Estado sea eficiente y productivo para la ciudadanía”, agregando: “No queremos achicar el Estado, sino que éste pueda prestar mejores servicios.&”

Con un gasto público, sumando nación, provincias y municipios, que es equivalente a casi el 50% del PBI, lo que nos propone mi amigo Andrés Ibarra es que sigamos soportando una carga tributaria sideral porque ellos saben mejor que nosotros cómo asignar los recursos que generamos. O, en su defecto, que tomarán deuda para financiar un nivel de gasto público que no podemos financiar con nuestros impuestos. El problema es que ese endeudamiento de hoy son impuestos de mañana cuando haya que pagar la deuda más sus intereses.

El punto al que quiero llegar es que dominar el déficit fiscal dejado por el kirchnerismo, que obviamente nadie está pidiendo que sea eliminado de un día para otro, no es el único problema. El mayor problema, siempre hablando del flanco fiscal, es el enorme gasto público que dilapida los recursos que genera la gente con gran esfuerzo. Hoy día, no hay ninguna relación o contrapartida entre en nivel de gasto público, carga tributaria y servicios que recibe el sufrido contribuyente.

Las finanzas públicas de la economía argentina son como esos edificios en que las expensas son altísimas pero no funciona el ascensor, no hay luz en la escalera y los pasillos están sucios. Aquí pagamos impuestos altísimos pero el estado no cumple con las funciones básicas para las cuales fue creado: asegurar el derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. Se dedica a fundamentalmente a repartir el dinero de los contribuyentes entre gente que no ha generado riqueza, ya sea porque vive de los mal llamados planes sociales o bien por empleados del sector público que cubren cargos que no tienen ningún sentido de existir en un sistema republicano con un gobierno limitado.

Me parece que el gobierno debería rever su posición frente al gasto público. No estoy diciendo que lo baje de un día para otro, pero creo que los gobiernos que marcan puntos de inflexión en la historia de los países son aquellos que cambian la tendencia decadente. Los estadistas no miran las encuestas para tomar decisiones. Lideran el cambio. Los estudios de marketing son para vender jabones, no para reconstruir países. Los países se reconstruyen con una dirigencia política audaz que se anima a iniciar un camino de progreso.

Puedo entender que resolver la herencia que dejó el kirchnerismo es realmente muy pesada y llevará tiempo revertir el destrozo que hizo en esos 12 años en que avasallaron las instituciones y destruyeron la economía. Pero conformarse con dejar el gasto público en los niveles actuales bajo el argumento de administrar mejor los recursos no va muy de acuerdo con la idea de cambiar. Más bien sería un continuar con la explotación del contribuyente con el argumento que ahora hay una explotación más eficiente gracias a una mejor gestión.

No me parece que ese sea el camino de cambio en serio que necesita Argentina. Gestionar bien lo ineficiente no genera crecimiento ni prosperidad.

 

Roberto Cachanosky es Licenciado en Economía, (UCA) y ha sido director del Departamento de Política Económica de ESEADE y profesor de Economía Aplicada en el máster de Economía y Administración de ESEADE

Universidad argentina rechaza a profesor de la Escuela Austríaca:

Por Belén Marty: Publicado el 7/5/15 en http://es.panampost.com/belen-marty/2015/05/07/universidad-argentina-rechaza-a-profesor-de-la-escuela-austriaca/

 

El que quedó ganador del concurso para ser docente de Economía no es economista ni pedagogo, pero dijo que su contrincante “repetiría ad nauseam la palabra libertad”.

Un profesor de Economía que sostiene los postulados de la Escuela Austríaca de Economía fue rechazado como docente en la Universidad Nacional del Comahue de Argentina. En un concurso por quedarse como profesor titular, competía con otros tres candidatos, todos con menor experiencia académica.

La patagónica Universidad del Comahue abrió un concurso que se celebró el 4 de marzo para ser docente titular de la asignatura de Economía. Se presentaron cuatro interesados, entre los que se encontraba el profesor adjunto de la materia.

Pablo Guido tiene una doble licenciatura en Economía y en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador (Buenos Aires, Argentina). Tiene un MBA en el Instituto Eseade y es doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos (España).

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Es asimismo, profesor de Finanzas Públicas, Política Económica Argentina y Economía en la Universidad Católica Argentina y Profesor de Economía Superior en Eseade y docuente de la Escuela de Negocios en la Universidad Marroquín (Guatemala).

A pesar de este impresionante currículo académico, luego de que un jurado llevase a cabo un minucioso examen sobre cada uno de los postulantes, que incluyó una entrevista personal con cada uno, declaró como ganador al ingeniero Vladimir L. Cares, sin ninguna educación formal afín a esa materia.

Tras conocer la incomformidad de Guido con la noticia, Cares declaró que en el caso de que Guido hubiese estado a cargo de la cátedra habría utilizado “ad nauseam la repetición de la palabra libertad”.

Ambos escribieron cartas de lectores en el diario local Río Negro. Guido, por un lado, manifestó que Cares no solo no tiene formación académica en el área sino que tampoco consta que tenga experiencia docente o publicaciones relacionadas con la ciencia.

Guido, que terminó segundo en el concurso, también dijo que el candidato que terminó tercero es un contador público que trabaja como ayudante de cátedra y que quien quedó en último lugar fue el actual auxiliar y docente de la materia por la que se concursaba.

“Cualquiera de los tres candidatos no ganadores superábamos al seleccionado en primer lugar, ya fuere en lo que respecta a la formación en el área económica o en la experiencia docente en materias de la misma área”, sostuvo Guido.

La ideología como criterio de selección

El académico impugnó el 12 de marzo ante el Consejo Consultivo de la Universidad la decisión del jurado. Pero este ente apoyó de manera no unánime la decisión del jurado.

“¿Cuál es el criterio de selección de profesores existente en la Universidad del Comahue? ¿Es un criterio académico o de otra índole que no alcanzo a dilucidar o comprender? ¿Cómo puede ser que los dos miembros del jurado que eran licenciados en Economía hayan decidido seleccionar, para dictar una materia de Economía, a una persona que no tiene ninguna formación académica en el área, ni tampoco experiencia docente en la misma? ¿Cómo puede ser que fuera elegido en primer lugar aquel candidato que a simple vista debería haber sido colocado en el último orden de mérito en el concurso?”, se preguntó Guido en la carta de lectores.

Canes se defendió de las críticas de Guido y dijo que este “reduce todo el problema a una cuestión de saberes de la disciplina”. Asimismo, advirtió que no está seguro que Guido respete los derechos humanos ya que es un “fiel seguidor de la llamada Escuela Austriaca de Economía, con su encendida defensa del libre mercado”.

Canes añadió que al leer a los referentes de esta escuela “la sensación es esa, de que estamos en presencia de una palabra libertad desganada, confusa, sagrada y peligrosa”. Mencionó que su formación en esta doctrina “neoliberal” estaba marcado por la referencia de nombres como Friedrich von Hayek e instituciones como las universidades Eseade y Marroquin, que tienen “solidas vinculaciones con el Instituto Cato, un think tank norteamericano relacionado con el ultraderechista Tea Party”.

Para Canes, estos institutos “no garantizan alcanzar méritos académicos plurales, sino que, por el contrario, son ámbitos de capacitación de cuadros políticos intelectuales orgánicos del neoliberalismo”.

“Yo no sabia que por tener ciertas ideas que no son las comunistas o las Nazis uno podía dejar de permanecer a una Universidad”, dijo Guido en una entrevista televisiva. Guido expreso que para Cares, ser liberal “es estar a la derecha del demonio, porque no tienes rectitud moral ni respeto a los derechos humanos”.

Otro punto que remarcó Guido es que el estatuto de esa Universidad aclara en sus bases que la casa de estudios es “abierta en materia ideológica, política y religiosa”.

“Yo me pregunto, ¿esa persona [por Cares] que hizo toda su carrera académica dentro de esta Universidad, está respetando estos postulados?”, indicó Guido.

Sobre sus ideas Guido expresó que “el progreso en las ciencias surge del debate y la diversidad; y si no hay diversidad, no hay debate posible”.

 

Belén Marty es Lic. en Comunicación por la Universidad Austral. Actualmente cursa el Master en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE. Conduce el programa radial “Los Violinistas del Titanic”, por Radio Palermo, 94,7 FM.