Carta abierta al nuevo gobierno:

Por Alberto Benegas Lynch (h). Publicado el 20/1/16 en: http://www.cronista.com/columnistas/Carta-abierta-al-nuevo-gobierno-20151130-0020.html

 

Si no aparece algún estropicio adicional del gobierno en funciones que pretenda empañar lo que se ha decidido en las urnas por el voto mayoritario, nos habremos librado de un aparato estatal que no solo ha degradado instituciones fundamentales del sistema republicano sino que ha deteriorado en grado sumo todos los indicadores de la economía.

Esto es indudablemente para celebrar. Sin embargo, dada la bipolaridad de muchos argentinos en cuanto a pasar de la euforia a la depresión, debemos evitar este zigzagueo que ha ocurrido repetidas veces en la decadente historia argentina de las últimas largas décadas. Esto viene ocurriendo desde al golpe fascista de los años 30 que pretendió una Constitución corporativa y estableció el control de cambios, el impuesto progresivo, la banca central, las juntas reguladoras y la embestida contra el federalismo fiscal, un estatismo que fue mucho más acentuado a partir del peronismo y sus imitadores donde el Leviatán estrangula libertades esenciales.

Ahora se presenta una oportunidad de enderezar las cosas aunque más no sea parcialmente. El clima del que no salta es un inglés debe sustituirse por meditaciones calmas y sustanciales.

Es cierto que en el nivel político no puede articularse un discurso que vaya más allá de lo que la opinión pública puede digerir. El problema de fondo es educativo, pero no debe caerse en la ingenuidad de pensar que es suficiente una buena gestión por parte de profesionales competentes puesto que no queremos un campo minado bien gestionado, ni siquiera se trata de seguir con un campo minado sin la lacra de la corrupción. De lo que se trata es de remover las minas.

En este sentido, es insoportable un aparato estatal sobredimensionado. Es imprescindible eliminar funciones incompatibles con un sistema republicano, no simplemente podar porque como en la jardinería la planta crece con más vigor. Resulta indispensable cortar el fenomenal gasto público y centrar la atención en las funciones esenciales de todo gobierno que opera en una sociedad abierta.

Lo que no se hace en los primeros meses no se hará aunque el primer tramo esté cubierto por fundadas denuncias de corrupción del gobierno anterior radicadas en la Justicia a través del debido proceso y cubierto por las medidas saludables respecto a la dictadura venezolana y el inaudito memorándum del sonado caso iraní vinculado a las masacres que son de público conocimiento.

La decencia y las buenas intenciones son condiciones necesarias pero no suficientes para que nuestro país vuelva a ubicarse a la vanguardia de las naciones civilizadas, como cuando venían nuestros ancestros a hacerse la América debido a que las condiciones de vida eran mucho más atractivas que las de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España.

Entonces, no se trata de hacer la plancha y administrar la bomba de tiempo existente y operar con la misma estructura estatista financiado con más deuda, sino de remover cuanto antes el peligro al efecto de transferir recursos a los bolsillos de la gente y así brindar el mejor nivel de vida, especialmente para los más necesitados.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

Presentes griegos en materia fiscal

Por Alberto Benegas Lynch (h). Pubicado el 24/7/15 en: http://economiaparatodos.net/presentes-griegos-en-materia-fiscal/

Homero en la Odisea y varios siglos más tarde Virgilio en Eneida nos relatan la estratagema de invadir militarmente vía el regalo del Caballo de Troya, de ahí “el presente griego” que no solo puede aplicarse a la situación de Grecia hoy con su colosal endeudamiento presentado como una ayuda que hunde a los griegos, sino que puede aplicarse a toda política que aparentemente beneficia pero que en definitiva arruina como es el caso del estatismo en general. 

En esta nota quiero centrar brevemente la atención en un aspecto del antedicho estatismo. Me refiero a las falacias tejidas en torno a la política fiscal que tratamos en los siguientes diez puntos (el decálogo tiene buena prensa), todos de una u otra manera disfrazados de “presentes griegos”: la inexistencia de la traslación fiscal, la idea equivocada de los llamados impuestos al consumo, la relevancia de la curva Laffer, lo destructivo de la progresividad impositiva, una mirada más atenta a los principios de nacionalidad y territorialidad, la variante del valor agregado, el verdadero federalismo fiscal, la noción contradictoria de la “inversión pública”, los ineludibles desajustes de la exención fiscal y el equilibrio de la caja concebido como un fin en si mismo.

1. Los costos de producción no determinan el valor que el consumidor le atribuye al bien o al servicio a través de los precios que paga. El valor procede de la utilidad marginal. Si los costos determinaran los precios no habría quebrantos. El empresario cobra los precios más altos que le permite la elasticidad de la demanda. Si cualquiera de sus costos se elevaran, el empresario obtendrá menores ganancias o incurrirá en pérdidas pero, ceteris paribus, no puede trasladarlos a los precios. Por ello es falso afirmar que en verdad el incremento de impuestos (o para el caso cualquier costo adicional) sencillamente los traslada a los precios sin que cambie la estructura de la demanda (que en el límite puede ser cero). Si, por otra parte, por ejemplo, se triplicaran los impuestos en una comunidad, los precios se elevarán, no porque hubo traslación fiscal sino por la consecuente caída abrupta en la productividad y, por ende, al haber menor oferta los precios suben. Cuando esto ocurre y en la medida en que sucede no debe confundirse con el espejismo de “la traslación”.

2. En finanzas públicas clásicas se clasifican los gravámenes en directos e indirectos. Los primeros gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva (por ejemplo, a las ganancias), mientras que los segundos gravan la manifestación indirecta de la capacidad contributiva (por ejemplo, los gastos). Pues bien, de ello se suele concluir equivocadamente que estos últimos impuestos son “al consumo” sin percibir que todos los impuestos son al patrimonio (no hay forma que se abonen con otra cosa). Si se grava una empresa de chocolates -un bien considerado de consumo- se concluye que ese impuesto es “al consumo” sin tener en cuenta que la referida empresa se hará cargo del tributo con su patrimonio si es que hemos entendido el punto anterior respecto a la supuesta traslación.

Más aun, el contribuyente de jure al ver reducido su patrimonio y la consecuente capacidad de inversión hace que los salarios e ingresos en términos reales disminuyan con lo que aparecen los contribuyentes de facto, es decir, en última instancia todos se hacen cargo de los gravámenes, muy especialmente los más débiles económicamente puesto que por la antedicha utilidad marginal sabemos que un peso para un pobre no es lo mismo que uno para un rico (aunque no sean posibles las comparaciones intersubjetivas ni factible referir esto en números cardinales).

Además, si bien conceptualmente es del todo pertinente aludir a bienes de consumo y bienes de inversión o de capital, ni siquiera resulta posible clasificarlos en abstracto de la acción concreta ya que las valorizaciones son subjetivas (una botella de vino será un bien de consumo si se bebe su contenido y de inversión si se la almacena). Por último en este punto, se da la paradoja que cuando se elevan los impuestos a los bienes de consumo con la idea de preservar la inversión, se produce un cambio en la preferencia temporal al reducirse el patrimonio para hacer frente al denominado “impuesto al consumo” y, por tanto, ¡se reduce aun más la inversión!

3. Como es sabido, la curva Laffer se muestra en un gráfico en donde en la ordenada aparece la presión tributaria y en la abscisa la recaudación fiscal, donde la curva aparece en forma de u acostada con el “vértice” haca la derecha. La curva de marras muestra que al aumentar la presión fiscal se incrementa la recaudación hasta un punto en donde los aumentos adicionales revierten la situación en el sentido de que generan menor recaudación. Esto es debido a las antes mencionadas lesiones en la estructura productiva. El asunto es que se suele sostener que la presión tributaria debe ubicarse en el óptimo fiscal, es decir, donde se obtiene la máxima recaudación con los gravámenes más altos posibles antes de la aludida reversión. Pero esta cuestión no debe ser mirada de esa manera, a saber, con criterio de voracidad fiscal, sino más bien el punto de menor recaudación posible al efecto de garantizar la protección de derechos, es decir, el punto mínimo fiscal.

4. Autores como Pigou han concluido que dada la utilidad marginal que venimos comentando y, como hemos apuntado, un peso para un pobre tiene mayor valor que uno para un rico debe aplicarse la progresividad en el impuesto ya que la pérdida del rico será menor que la ganancia del pobre por lo que habrá una ventaja neta para la comunidad. Esto así considerado no se condice con el sentido mismo de la utilidad marginal que debe aplicarse al consumidor que no le da lo mismo asignar sus siempre escasos recursos en cualquier dirección, por lo que habrá una pérdida neta en la medida que los tributos desfiguren sus preferencias, lo cual, adicionalmente perjudicará a los relativamente más pobres debido al consumo de capital que implica la reasignación compulsiva de factores de producción.

Por otro lado, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, lo cual no sucede con los impuestos proporcionales, situación aquella que agrava lo dicho sobre la pérdida neta. También la progresividad se traduce en regresividad ya que, como queda dicho, la contracción en las inversiones en los contribuyentes de jure hace que los salarios se reduzcan con lo que terminan haciéndose cargo en mayor medida los relativamente más débiles (económicamente considerados). En verdad, resulta por lo menos curioso que se mantenga que debe producirse lo más que se pueda y, al mismo tiempo, se castigue progresivamente a los que más producen.

5. Al efecto de evitar la antes referida voracidad fiscal, debe abandonarse el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria para aplicar solo el principio de territorialidad puesto que las obligaciones de respetar derechos por parte de los gobiernos procede dentro de su jurisdicción. No es compatible con una sociedad abierta la persecución fiscal fuera de la jurisdicción correspondiente siguiendo los pasos del ciudadano por el orbe para incrementar la recaudación aunque la empresa o la persona se encuentren en otras jurisdicciones nacionales.

6. Todos los impuestos podrían reducirse al de valor agregado y al impuesto territorial, ambos con alícuotas mínimas proporcionales en lugar de contar con farragosas disposiciones fiscales donde la doble imposición es generalmente la norma y donde el denominado contribuyente debe recurrir a “expertos fiscales” para conocer sus obligaciones, en lugar de liberar a esos personajes para que puedan dedicarse a actividades útiles si se simplificara la legislación respectiva. El impuesto al valor agregado tiene la ventaja que es más económico debido al sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que alivia los controles y puede abarcar a todo el espectro y toda la base fiscal sin discriminaciones ni problemas con los antes aludidos impuestos al consumo y a la inversión. Por su lado, el impuesto territorial se basa en que quienes tienen propiedades en el país en cuestión pero no viven allí se hacen cargo de la parte que les corresponde debido a que el gobierno debe velar por esas propiedades.

7. Las provincias o los estados son los que constituyen la nación en un régimen federal, por ende, son aquellos los que deben coparticipar al gobierno central y no al revés. En ese caso, si se distribuyeran todos los gravámenes entre las provincias o estados, excepto los referidos a las relaciones exteriores y a la defensa, los incentivos operarán en el sentido de que los gobernadores locales tenderán a implantar cargas fiscales razonables a los efectos de que las personas no se muden a la provincia o al estado vecino y, por otra parte, para atraer el mayor volumen de inversiones posible. Estos incentivos a su vez tenderán a reducir el gasto público como consecuencia de una estructura impositiva equitativa (lo cual implica cuidado con el endeudamiento que a la larga o a la corta es financiado con impuestos). Esto es parte fundamental del sentido de evitar los grandes riesgos de contar con un gobierno centralizado y, en el extremo, un gobierno universal. Desde la perspectiva liberal, esta es la única razón que justifica las fronteras: el fraccionamiento del poder.

8. También en finanzas públicas clásicas se insiste con la denominación de “inversión pública” cuando en rigor constituye una contradicción en los términos. La inversión es eminentemente de carácter voluntario, no puede ser el resultado de la fuerza. Del mismo modo que carece por completo de sentido hablar de “ahorro forzoso” como efectivamente ha intentado imponer algún gobierno descarriado hace relativamente poco tiempo. La inversión consiste en abstención de consumo que es ahorro cuyo destino es siempre la inversión, y se lleva a cabo porque se estima que el resultado de ese destino derivará en un valor futuro mayor que el presente. En los presupuestos nacionales los rubros debieran ser gastos corrientes y gastos en activos fijos pero no “inversiones” por las razones señaladas.

9. A igualdad en el volumen de recaudación, las exenciones fiscales significan que otros deben hacerse cargo de mayores gravámenes por la diferencia. Y si el gobierno del caso declarara que se reducirá el gasto público en la misma proporción de las exenciones para que otros no vean incrementadas sus alícuotas, debe responderse que, entonces, deberían reducirse todas las alícuotas pero no otorgar perdones fiscales que distorsionan los precios relativos, lo cual, a su turno, hace que algunos reglones y áreas aparezcan con rentabilidades artificiales con lo que se asignan recursos de modo que responden a las inclinaciones políticas imperantes y no a lo que resulta económico.

10. No es infrecuente que se otorgue prioridad a tener un balance fiscal equilibrado, es decir, que no haya déficit en las cuentas públicas sin prestar prácticamente atención al volumen del gasto público que es lo verdaderamente relevante. Como decimos, en algunos casos parecería que se centra la atención en este problema sin atender el nivel del gasto estatal que es la verdadera razón de la quita al fruto del trabajo ajeno. No es en modo alguno que deba subestimarse el desorden fiscal en las cuentas, se trata de enfatizar la importancia del derroche que realizan gobernantes en campos que no le competen (muchas veces financiado también con deuda pública interna y externa, tema que hemos abordado en detalle en otros trabajos, del mismo modo que lo hemos hecho respecto a la política monetaria).

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue profesor y primer rector de ESEADE durante 23 años y luego de su renuncia fue distinguido por las nuevas autoridades Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa.

La coparticipación federal y la correspondencia fiscal

Por Adrián Ravier. Publicado el 10/7/12 en http://www.economiaparatodos.com.ar/ver_nota.php?nota=3689 

Dada la precariedad de las cuentas públicas, existe consenso en la necesidad de abrir un diálogo acerca de cambios a la coparticipación federal de impuestos. Son pocos, sin embargo, los estudios que proponen una verdadera modificación del sistema. En su lugar, se promueven distintas formas de redistribuir los ingresos, ignorando la pregunta primordial: ¿Por qué continuar con la coparticipación? ¿Por qué no retornar a un federalismo real, basado en el principio de correspondencia fiscal?

Antecedentes históricos

A principios del siglo XX regía en la Argentina una clara estructura de imputabilidad fiscal. La Nación financiaba sólo un 5 % del gasto público provincial. Este hecho aseguraba un auténtico federalismo fiscal y garantizaba la vigencia del principio de correspondencia.

La correspondencia fiscal supone que existe un vínculo entre las decisiones de gasto adicional del gobierno provincial y el esfuerzo contributivo adicional de los votantes provinciales.

Este principio es la clave para una buena gestión del gasto público; él y sólo él nos asegura que el gasto no excederá el nivel que los votantes están dispuestos a sufragar y nos garantiza que su composición se ajustará a las demandas de la población.

Pese a las advertencias y críticas de prestigiosos constitucionalistas (Bidart Campos, Bielsa, García Belsunce, Giuliani Fonrouge, Jarach y Linares Quintana), a partir de 1935 las provincias cedieron potestades tributarias sustantivas a la Nación. Como consecuencia, la Nación pasó a fijar bases de imposición y alícuotas, creó nuevos tributos y procedió a recaudar y coparticipar (transferir) recursos a las provincias.

En 1939 el nuevo federalismo fiscal aumentó a 29 % la fracción de gasto provincial financiada con transferencias nacionales. Los impuestos creados en la década de 1950 profundizaron todavía más la disociación entre las responsabilidades de gasto y de financiamiento en las provincias, llegando en 1960 a un 47 % del gasto provincial financiado con recursos nacionales. Luego de escalar a un 62 % en 1977, la proporción alcanzó su máximo histórico en  1983, con el retorno a la democracia, al fijarse en 72 %. Varios analistas señalan que nunca fue la Argentina tan poco federal como entonces.
En la actualidad, más del 60% del gasto público de las provincias reconoce financiamiento nacional, circunstancia más propia de una organización unitaria que de una federal.

Ausencia de correspondencia fiscal: Ganadores y perdedores.

El cuadro No. 1 muestra precisamente la ausencia de correspondencia fiscal que gobernó a las provincias argentinas durante el período 2003-2008, considerando que -en promedio- la recaudación de la nación participó en un 60,9 por ciento de los ingresos provinciales.

La situación, sin embargo, no es igual para todas las provincias. Tomando en cuenta los porcentajes de participación de recursos nacionales en los ingresos provinciales, podríamos separar cuatro grupos.

En primer lugar, tenemos aquellas provincias cuyas transferencias tributarias nacionales componen menos de un 60 por ciento de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de la Provincia de Buenos Aires (45,5 por ciento) y Neuquén (56,0 por ciento).

El caso de la Ciudad de Buenos Aires (11,4 por ciento) no es comparable con el resto de las autonomías provinciales si consideramos que percibe servicios de transporte, seguridad o justicia financiados por la nación, que debieran ser sumados a los montos transferidos.

En segundo lugar, contamos con aquellas provincias que reciben de la nación entre un 60 y un 70 por ciento de sus ingresos. Tal es el caso de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Chubut y Santa Cruz.
En tercer lugar, encontramos un grupo de provincias que componen entre un 70 y un 85 % de sus ingresos, con recaudación nacional. Aquí encontramos a Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, San Luis, Salta y Misiones.

Cuadro No. 1: Ingresos Provinciales. Origen Nacional y Provincial. Período 2003-2008*

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía – Argentina

Nota: (1) Representa el total de la recaudación que la nación transfiere a provincias
* El dato 2008 corresponde sólo al primer semestre.

En cuarto lugar, encontramos los casos extremos, en los que ninguna provincia logra recaudar más de un 15 % de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de San Juan, Corrientes, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Formosa. En los siete casos el principio de correspondencia fiscal está quebrado. La mayor ausencia de correspondencia se verifica precisamente en Formosa, provincia que logra recaudar sólo un 5,5 por ciento de sus ingresos.

Consecuencias de la ausencia de correspondencia fiscal

Completo el diagnóstico, podemos observar a continuación algunas implicancias de esta situación:

1. Incentiva el incremento constante del gasto público provincial: La Nación afronta el costo político de recaudar, la provincia recibe el beneficio político de gastar, y el contribuyente mira con indiferencia el ir y venir de fondos. Este desequilibrio vertical conduce a los gobernadores de varias provincias a emprender obras públicas sin considerar la voluntad de los contribuyentes de financiar el proyecto. En todo caso, los recursos no los proveen los ciudadanos de cada provincia, sino el conjunto de la nación.

2. Ausencia de “ciudadanía fiscal”: Nada incentiva al contribuyente a controlar y reclamar una buena gestión del gasto público en su jurisdicción. En otras palabras, el sistema conspira contra el cumplimiento tributario voluntario de los contribuyentes, que deben pagar los impuestos a un nivel de gobierno distinto a aquél que, en general, perciben que les presta o financia el servicio.

3. Incrementa la evasión impositiva: Las causas de la evasión impositiva en la Argentina son varias y complejas, pero el régimen de coparticipación no está exento de culpa. ¿Qué incentivo tiene, por ejemplo, el gobernador de San Juan a colaborar con los inspectores de la AFIP en la detección de evasores, cuando por cada $100 que se recauden gracias a la movilización de su policía y el cierre de negocios y locales la provincia recibiría apenas $1,90? (El gobernador hace esta cuenta: $100 multiplicados por 0,57, que es la participación primaria de las provincias, multiplicados por 0.0338 –según Ley 23.558-, que es la participación secundaria de San Juan, es igual a $1.90). Y con respecto a la Nación, aunque la distorsión de incentivos en este caso es menor, cabe preguntar: ¿no se esforzaría más la AFIP si de cada $100 recaudados, la Nación pudiera gastar $100 en vez de los $43 que le asigna el régimen de coparticipación?
Ya es conocido públicamente la estrategia utilizada por los gobernadores de expulsar a los inspectores de la AFIP cuando estos comienzan a controlar los establecimientos de sus provincias.

4. Premia el lobby: Con regímenes de distribución de fondos como la coparticipación existe un poderoso incentivo para que los gobernadores inviertan mucho ingenio, esfuerzo y tiempo en Buenos Aires, en el intento de modificar las reglas de juego a su favor. Un ejemplo en tal sentido es la promoción industrial basada en exenciones de grandes tributos nacionales sujetos a coparticipación, como IVA y Ganancias. De cada $100 que le cuestan las exenciones al país, una provincia como San Juan pierde $1.90 y gana la radicación industrial, y con ella una variedad de beneficios sobre el empleo, la actividad económica y las rentas generales de la jurisdicción. El saldo es netamente favorable a la provincia, y su consecuencia es obvia e inevitable.

5. Riesgo Moral: El riesgo moral es un concepto que en economía se utiliza para describir una situación en la que un individuo -aislado de la consecuencia de sus acciones- podría cambiar su comportamiento del que habría tenido si hubiera estado expuesto completamente a las consecuencias de sus acciones. Esto describe precisamente lo que ocurre con algunas provincias.
Cuando el gasto público provincial se financia en tan alta proporción con recursos nacionales, la Nación sufre una consecuencia sutil pero recurrente. A los ojos de las provincias, el gobierno nacional se convierte en el responsable último de las caídas de las remesas de fondos, cualquiera fuera su causa.
La paradoja es que históricamente la Nación ha asumido tal responsabilidad y convalidado los déficit de las provincias a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial o bien, a través de la atención directa de los servicios de deuda de los Organismos Multilaterales de Crédito. Esta actitud sesga las finanzas provinciales hacia la bancarrota.

6. Ausencia de transparencia: En la actualidad rige un complejo sistema de remesas basado en: a) la coparticipación federal de impuestos, que distribuye la recaudación de los tres principales impuestos nacionales (Valor Agregado, Ganancias e Internos) de acuerdo con ponderados “mágicos”, después de descontarle una pre-coparticipación para las grandes urbes y otra para el sistema previsional; b) varias coparticipaciones menores y paralelas, que distribuyen otras recaudaciones según criterios ad hoc, y c) aportes del Tesoro Nacional distribuidos en forma discrecional.

No existe un criterio único de reparto, ni existe un organismo único que administre el reparto. Nos movemos dentro de un laberinto fiscal que hace imposible que el votante-contribuyente pueda identificar qué nivel de gobierno o cuál organismo estatal es el que gasta o grava y con qué fin. Está rota, en consecuencia, una relación costo-beneficio que es indispensable para asegurar la eficiente “acción” del estado.

Conclusiones

El reparto de culpas que hoy observamos entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional es el primero de varios que observaremos en los próximos meses, además de una consecuencia lógica de los incentivos del régimen tributario actual.

La Argentina presenta una centralización de sus ingresos en la nación, pero una descentralización en los gastos. Avanzar hacia un federalismo real, implicaría avanzar únicamente en la descentralización de la recaudación tributaria.

Lo que proponemos es que cada provincia se responsabilice por generar los recursos que luego gastará, para así alcanzar responsabilidad fiscal y limitar el crecimiento del gasto. Avanzar en este sentido, supone modificar completamente los incentivos en la administración pública provincial y aun en el contribuyente, además de limitar el poder que hoy posee el ejecutivo a través de su gasto discrecional.

Adrián Ravier es Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Master en Economía y Administración de Empresas por ESEADE y profesor de Macroeconomía en la Universidad Francisco Marroquín.