EL ESTADO VATICANO:

Por Alberto Benegas Lynch (h)

 

Adelanto que esta no es una nota que puedan absorber fanáticos (en realidad, ninguna de las que escribo): es para mentes abiertas que puedan analizar hechos demostrables con prudencia y en profundidad mirando distintos ángulos y capaces de sostener un debate con argumentos.

 

Lord Acton, el gran historiador y profesor decimonónico, el 5 de abril de 1887,  al responder una misiva del obispo inglés Mandell Creighton quien sostenía que a los Papas y reyes había que tratarlos con vara más indulgente que a los ciudadanos corrientes, Acton responde que “no puedo aceptar su criterio en cuanto a que debemos juzgar al Papa y al Rey de manera distinta al que aplicamos a otros hombres con una presunción favorable de que no hacen mal. Si existe alguna presunción debe ser en sentido contrario para los que ocupan posiciones de poder y más aun cuanto mayor sea el poder. La responsabilidad histórica debe estar a la altura de la responsabilidad legal. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente.” Como es sabido, esta última oración encierra el dictum más difundido de Acton pero es de interés recordar el contexto en el que lo escribió al dirigirse a una autoridad eclesiástica.

 

La tesis del presente artículo periodístico consiste en proponer la terminación del Vaticano como Estado, es decir, como estructura política y mantenerlo como asiento de la cabeza de la Iglesia puesto que lo contrario resulta incompatible con aquello de “mi reino no es de este mundo”. Y no solo eso sino que sugiero la liquidación del Banco del Vaticano por las mismas razones, lo cual no es óbice para que se depositen fondos en cualquier banco de la plaza local o internacional, situación en la que no resultarían necesarios los esfuerzos tendientes a corregir las corrupciones mayúsculas en un banco que algunos hasta han calificado de modo insolente como “la banca de Dios”.

 

El Cardenal y teólogo suizo Hans Urs Von Balthasar, ha insistido en que el Vaticano se transforme en un museo lo cual no quita que el papado se mantenga en ese lugar físico o en otro, espacio que también podría operar con independencia bajo distintas figuras del derecho internacional sin necesidad de constituirse en un Estado. En cualquier caso, esta visión despolitizada del Vaticano liberaría a la Santa Sede de todas las actividades que se relacionan directamente y de modo ejecutivo con la política propia de los Estados y que envuelven a la Iglesia en faenas que son consubstanciales a aquellos ámbitos.

 

Como es de público conocimiento, la actual conformación política del Vaticano de cuarenta y cuatro hectáreas se estrenó con el Tratado de Letrán en 1929 firmado por Benito Mussolini con poderes dictatoriales en representación del Reino de Italia. Los límites al poder son condición necesaria para evitar extralimitaciones pero cuando el poder político no solo no es necesario sino, como queda dicho, incompatible con el mensaje evangélico, debe dejarse de lado y también las operaciones bancarias y conexas que así minimizan posibilidades de corrupción como es el caso con el Banco del Vaticano desde que fue creado en 1942 como Instituto para las Obras de Religión (IOR).

 

En la actualidad los múltiples hechos de corrupción salieron nuevamente a la luz en nuestra época debido a las cuantiosas filtraciones de informaciones conocidas como “VatiLeaks” que tanto angustiaron a Benedicto XVI y que lo llevaron a dejar el papado para convertirse en emérito. Las primeras filtraciones fueron realizadas por el mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, y recibidas por el periodista Gianlugi Nuzzi pero finalmente los orígenes fueron de distinta procedencia de círculos vaticanos y se diseminaron por todo el mundo de las noticias.

 

Es sabido también que con anterioridad a 1929 y desde 1870 (luego de la expedición de Víctor Manuel) no había jurisdicción física para la cabeza de la Iglesia y antes, en 1848, se había abolido el poder temporal de los Papas luego de tanta acción bélica del papado en nombre de los denominados estados pontificios, especial aunque no exclusivamente por Julio II (conocido como “el Papa guerrero”) y los hijos del Papa Alejandro VI (muy activamente por Juan y, más aun, por César).

 

Los escándalos son denunciados por muchos dignatarios de la Iglesia a raíz de lo cual se han barajado muy diversos estudios, por ejemplo, los realizados por Vicenzo Gioberti y Luigi Taparelli d´Azeglio y las historias sobre lo que venimos comentando han sido relatadas, entre muchos otros, por autores como Mark Donovan, David A. Yallop y Ryan Thorton en diversas revistas académicas y obras publicadas.

 

Entre otros artilugios, la estructura política del Vaticano se ha usado para cubrir con inmunidad diplomática delitos varios, por ejemplo, en los casos de los escándalos más sonados sobresalen los del Nuncio en la República Dominicana, Josef Wesolowk, el Arzobispo de Boston en Estados Unidos, Cardenal Bernard Law y el archiconocido ex administrador del Banco del Vaticano Paul Marcinkus. También, antes que eso, la referida politización da pie para interpretaciones en cuanto a haberle conferido legitimidad a las tendencias nazis alemanas con el Riechkonkordat de 1933, además de las constantes entrevistas y declaraciones con jefes de estado y políticos del más variado color y especie.

 

Ya Juan Pablo II pidió perdón por la Inquisición, las Cruzadas, las “guerras santas”, la judeofobia y otras barrabasadas como para seguir cargando con responsabilidades y funciones que abren las puertas a la corrupción y a los insondables vericuetos del poder político. La Iglesia ya debe lidiar con bastantes problemas como para involucrarse en los campos mencionados que exceden en mucho su misión específica. También Juan Pablo I intentó en sus treinta y tres días de papado ir al fondo de algunas de las corrupciones sin lograr su cometido, lo demás está por verse.

 

La mejor tradición señala los graves inconvenientes que invariablemente se suscitan cuando se vincula el poder político con la religión, por tanto no es del caso provocar ese vínculo y más bien seguir las enseñanzas de los Padres Fundadores en Estados Unidos que denominaron esta conveniente separación con la sugestiva etiqueta de “la doctrina de la muralla” espantados con las experiencias de las guerras y masacres religiosas en  Europa.

 

Personalmente he conversado sobre lo expuesto con dos sacerdotes y tres laicos entendidos en la materia y han coincidido en lo dicho. Aunque no me han pedido reserva, no me siento autorizado a revelar las fuentes puesto que hasta el momento -por razones diversas- mis contertulios no han hecho públicas sus opiniones sobre el tema señalado. Lo destaco al solo efecto de puntualizar que aquellas reflexiones sobre las antedichas propuestas me han resultado sumamente gratificantes. Mencioné lo del Cardenal von Balthasar porque hizo público su pensamiento respecto a lo comentado.

 

Hay otra faceta de la politización, ya no entendida como las obligaciones de la jefatura de Estado y sus entretelones, sino referidas a ciertas declaraciones sobre asuntos económico-jurídicos que no se condicen con valores y principios éticos de una sociedad libre, que aun realizadas con las mejores intenciones perjudican el bienestar de la gente, especialmente de los más necesitados. Me he ocupado en otras ocasiones de este aspecto crucial, de ningún modo circunscripto a “sacerdotes para el Tercer Mundo” y “teólogos de la liberación”. En esta nota me limito a considerar la faz más directa y crudamente política del Estado del Vaticano que someto a la consideración de mis lectores.

 

Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y Dr. en Ciencias de Dirección. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue profesor y primer rector de ESEADE.

Argentina: La mentalidad autoritaria

Por Gabriel Boragina. Publicado el 23/6/13 en http://www.hacer.org/latam/?p=28667

Normalmente –en la terminología política- se suele designar autoritarismo a una forma de gobierno, cuya característica distintiva es la manera en que se ejerce el poder que detenta. Pero, a veces, es interesante detenerse a indagar cuáles son las causas profundas que subyacen en los modos autoritarios de ejercer el poder, raíces que arraigan y hasta trascienden lo meramente político, que es el lado habitual desde el cual se suele abordar el tema por la mayor parte de los autores. En materia de autoritarismo, lo político es una mera derivación de lo filosófico, como nos da a entender K. R. Popper con las siguientes palabras:

“El hombre puede conocer; por lo tanto, puede ser libre. Tal es la fórmula que explica el vínculo entre el optimismo epistemológico y las ideas del liberalismo.

Al vínculo mencionado se contrapone el vínculo opuesto. El escepticismo hacia el poder de la razón humana, hacia el poder del hombre para discernir la verdad, está casi invariablemente ligado con la desconfianza hacia el hombre. Así, el pesimismo epistemológico se vincula, históricamente, con una doctrina que proclama la depravación humana y tiende a exigir el establecimiento de tradiciones poderosas y a la consolidación de una autoridad fuerte que salve al hombre de su locura y su perversidad. (Puede encontrarse un notable esbozo de esta teoría del autoritarismo y una descripción de la carga que sobrellevan quienes poseen autoridad en la historia del Gran Inquisidor de Los Hermanos Karamazov, de Dostoievsky.)” [1]

Es por esta razón que el autoritarismo ha de negar forzosamente la libertad, pero con la advertencia que esa negación no es consistente, por cuanto lo que el autoritario niega es todas las libertades ajenas, menos la suya propia. Pero no se detiene ahí, porque la negación de la libertad de los demás implica necesariamente en quien lo hace el paso siguiente de imponer su autoridad por sobre todos esos demás, de quienes se niega que sean o puedan ser libres. Quien dice que el hombre no es libre se contradice a sí mismo, (por cuanto para ser coherente debería negar su propia libertad) en la medida que pretenda dirigir a otros. Si, por el contrario, afirma de todos (inclusive de sí mismo) la inexistencia de libertad, se trata simplemente de una mentalidad esclavista (el reconocerse no-libre involucra necesariamente admitirse esclavo).

Sigue K. R. Popper así:

“Pero la teoría de que la verdad es manifiesta no sólo engendra fanáticos —hombres poseídos por la convicción de que todos aquellos que no ven la verdad manifiesta deben de estar poseídos por el demonio—, sino que también conduce, aunque quizás menos directamente que una epistemología pesimista, al autoritarismo. Esto se debe, simplemente, a que la verdad no es manifiesta, por lo general. La verdad presuntamente manifiesta, por lo tanto, necesita de manera constante, no sólo interpretación y afirmación, sino también re-interpretación y re-afirmación. Se requiere una autoridad que proclame y establezca, casi día a día, cuál va a ser la verdad manifiesta, y puede llegar a hacerlo arbitraria y cínicamente. Así muchos epistemólogos desengañados abandonarán su propio optimismo anterior y construirán una resplandeciente teoría autoritaria sobre la base de una epistemología pesimista. Creo que el más grande de los epistemólogos, Platón, ejemplifica esta trágica evolución.”[2]

Precisamente esto se observa en el campo de la política por doquier. Los políticos que aspiran al poder, proclaman en discursos y entrevistas, ser más o menos poseedores y detentadores de esa “verdad manifiesta”. Mientras hablan de “consensuar”, en los hechos y una vez posesos ya del poder, sólo se los observa imponer a troche y moche. Su límite estará dado exclusivamente por aquellos a quienes tales políticos (ya en función de gobierno), intentan someter a cualquier costa. Ejemplo vivo de esta última actitud la encontramos en los populismos latinoamericanos de los Kirchner en la Argentina, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador y el comunismo chavista venezolano, movimientos todos estos que guardan -en lo esencial- una indisimulable similar vocación autoritaria.

A pesar de que estos autócratas –como muchos otros antes que ellos en la historia, tales como sus inspiradores, Hitler, Mussolini y Stalin- invocarán la “autoridad” que les confiere “el pueblo”, no obstante ello, sus actos demuestran día a día que esa “autoridad” que presuntamente declaman haberles sido “delegada”, en rigor se la están auto-atribuyendo ellos mismos. Y aunque esa “delegación” fuere cierta en un primer momento, sus largas permanencias -a cualquier precio- en la cima del poder, indican a las claras, tanto su falta de legitimidad como su ausencia de autoridad, porque ningún ciudadano confiere autoridad para ser atropellado en sus derechos ni para que se restinga su libertad, salvo, claro está, que nos encontremos frente al caso de un pueblo exclusivamente compuesto por serviles esclavos.

Por otra parte, resulta muy ilustrativo recordar la etimología del término, aspecto sobre el cual nos instruye el Dr. Alberto Benegas Lynch (h) de esta manera al referirse a los “derechistas”:

“Por último, tienen una idea autoritaria de lo que significa la autoridad, palabra esta última que según el diccionario etimológico deriva de autor, de creador, con la consiguiente connotación de peso moral, es decir, en este contexto, la autoridad no puede escindirse de la conducta no importa la investidura ni la profesión de quien la detente. En este sentido, el autoritarismo es una degeneración de autoridad. El uso de la fuerza de carácter ofensivo siempre mina la supuesta autoridad de quien la ejerce. En este sentido, como queda dicho, es deber del ciudadano libre el renegar de “autoridades” que se conducen como sátrapas, sea cual sea la posición que ocupen en la sociedad”[3]

Según este enfoque –que compartimos- el autoritarismo sería simplemente el término que sirve para definir el uso de la fuerza de carácter ofensivo, y quien recurre al empleo de esta fuerza ofensiva carece -desde ese mismo momento- de cualquier clase de autoridad.

Notas:

[1] Karl R. Popper. Conjeturas y refutaciones El desarrollo del conocimiento científico. Edición revisada y ampliada – ediciones PAIDOS Barcelona-Buenos Aires-México. pág. 26

[2] K. R. Popper, ob. Cit, pág. 30

[3] Alberto Benegas Lynch (h) “La caja, las normas y la autoridad”. Este artículo fue publicado originalmente en El Diario de América (EE.UU.) el 29 de diciembre 2011

Gabriel Boragina es Abogado. Master en Economía y Administración de Empresas de ESEADE.  Fue miembro titular del Departamento de Política Económica de ESEADE. Ex Secretario general de la ASEDE (Asociación de Egresados ESEADE) Autor de numerosos libros y colaborador en diversos medios del país y del extranjero.